EDITORIAL DE LAMPADIA

Así como cada vez que se legisla temas empresariales en el Perú se piensa solo en la gran empresa, aquella con ingentes recursos y con múltiples organismos de apoyo a la gerencia, que van desde un gran departamento contable hasta una gerencia de recursos humanos, pasando por un departamento legal o una asesoría externa de primer nivel, lo mismo sucede con los colegios.

Se les regula pensando en los grandes colegios de Lima, la mayoría de los cuales tiene un importante apoyo administrativo, llámese gerencia administrativa o subdirección administrativa, lejos por supuesto de lo que tienen las grandes empresas, pero que marca una diferencia respecto a la escuela pública o la privada de bajo costo. En los colegios públicos y en la inmensa mayoría de colegios privados, probablemente más del 90% de ellos, el director no tiene ningún apoyo.

Él solo debe hacerse cargo de toda la carga administrativa que le endilga la burocracia del MINEDU y el Estado en general. Debe asumir también, muchas veces con un magro o inexistente presupuesto,

• El mantenimiento de su infraestructura.
• La cantidad de reportes a presentar a la UGEL,
• El llenado del SIAGIE (ese nuevo monstruo que deben alimentar los directores personalmente con información),
• Las fiscalizaciones de la UGEL -cada vez más frecuentes con las facilidades que brinda la “virtualidad”-,

Impiden así que los directores se dediquen a lo que es su verdadera tarea y la más importante: sus alumnos, padres de familia y maestros.

En el caso de la escuela privada, los directores deben cumplir, además de las inspecciones y requerimientos del MINEDU, con las inspecciones de INDECOPI, INDECI, municipalidades, SUNAFIL, Ministerio de Justicia (por el tema de protección de datos) entre otros, con administrar sus escuelas. Realmente, en qué tiempo y con qué recursos se espera que un director de una escuela, por ejemplo, de cien alumnos con una pensión de S/ 200 tendrá la capacidad y los recursos para resolver todas estas demandas, si ni siquiera tiene tiempo para leer El Peruano.

Después nos preguntamos por qué hay tanta informalidad en nuestro país y cómo así ha llegado en tan importante magnitud al sector educación. La respuesta es simple, el Estado se ha vuelto un acosador de todo aquel que produce. Estruja a las empresas por todos lados, impidiendo que los pequeños puedan cumplir toda la normatividad simplemente porque los costos no dan siquiera para estar informados de todo lo que hay que hacer. Es más fácil no tener planilla ni pasar tantos controles, vivir con un alto grado de informalidad, a salto de mata, es cierto, pero así viven hoy más del 70% de peruanos, mientras la burocracia estatal, desde su escritorio, se dedica a multiplicar normas que encarecen el servicio de todos y son imposibles de cumplir para la inmensa mayoría.

Ojalá la providencia se apiade de los peruanos y el próximo gobierno se dedique a desarmar toda esa maquinaria dedicada a asfixiar a las empresas y a los colegios en particular, de manera que, como empresa de servicios que son, los colegios y su director especialmente, se puedan concentrar en su labor educativa y no en satisfacer exigencias absurdas que nada le aportan al país y que por fin detenga a esa burocracia que nos succiona la sangre como una garrapata insaciable. Lampadia

El INDECOPI que nació en 1992 para proteger al consumidor y fomentar la libre competencia, ha terminado convirtiéndose en una institución súper poderosa, peligrosísima para las empresas y onerosa para los consumidores. Tiene en los usuarios de los servicios miles de eficientes fiscalizadores trabajando gratuitamente para él. Cualquiera de ellos, por un módico costo de S/ 36, puede presentar su denuncia y de ahí en adelante es INDECOPI, con su buen staff de abogados, el encargado de continuar la causa, haciéndola suya. Existen, además, por si fuera poco, asociaciones de “protección a los consumidores” que se financian haciendo denuncias y percibiendo, como incentivo, parte de las multas.

Las empresas deben contratar buenos y caros abogados para defenderse y si llegan a ganar la causa no podrán pedir que INDECOPI o el denunciante le reembolsen lo gastado, todo ello por supuestamente “tutelar a la parte más débil”. Lo que realmente sucede y parece que a nadie preocupa es que se incrementan innecesariamente los costos de las empresas y sus ejecutivos deben invertir tiempo valioso para, además de no incurrir en la menor falta, seguir los tediosos procesos legales.

INDECOPI publica además a las empresas sancionadas por sector, pero nunca presenta las estadísticas de los casos que pierde en el Poder Judicial. No existe ningún empacho en empañar el prestigio de las empresas y presentarlas como abusadoras.

No se vaya a pensar que INDECOPI tiene esta actitud porque por un milagro de la naturaleza se ha convertido en una institución estatal con vocación por cumplir eficientemente su función. Realmente se debe a que ellos son al mismo tiempo recaudadores y beneficiarios: las multas que cobra nutren sus arcas, en lugar de ir al Tesoro Público o a los usuarios perjudicados. Se viola, de esta manera, el principio de imparcialidad, nadie puede ser juez y parte. Y ni qué decir de la posibilidad de usar a INDECOPI como un instrumento político en contra de posibles empresarios opositores al régimen de turno.

Además, los miembros de las comisiones y vocales de INDECOPI son profesionales de diferentes ramas que continúan en sus trabajos mientras “imparten justicia” a pesar de que la Constitución en su artículo 146 -en pro de garantizar la imparcialidad de los cargos jurisdiccionales- solo permite ejercer simultáneamente la docencia. En sentido estricto, INDECOPI no ejerce función jurisdiccional, están prohibidos supuestamente, por ende, ese artículo no se aplicaría. Solo los jueces y los árbitros lo pueden hacer. Sin embargo, en los hechos sí ejercen, imparten justicia, aunque lo hayan disfrazado bajo el nombre de “medidas correctivas”. Como si todo esto fuera poco, estos “jueces” son nombrados o propuestos por su propio Consejo Directivo, tremendo poder.

Esto hace que INDECOPI, además de atender los reclamos de los usuarios particulares organice inspecciones de oficio a ver si encuentra algo que los propios usuarios del servicio no han detectado. Los ciudadanos debemos tomar conciencia de que tanto, estas verificaciones como los procesos legales terminan incrementando el costo de lo que adquirimos. No hay otra, si un colegio o clínica, por ejemplo, ha tenido que incrementar su asesoría legal, indiscutiblemente ello va a terminar aumentando el costo del servicio, o sea el valor de adquisición para los usuarios.

Para establecer un sistema más razonable y justo sugerimos tres medidas:

1. Que el INDECOPI devuelva las costas en los casos que impulse la acción de oficio y pierda.
2. Que en caso de perder, los usuarios asuman el 50% de las costas de la parte denunciada y en el caso de las asociaciones de consumidores asuman el 100%.
3. Que el producto de las multas no vaya a INDECOPI sino al Tesoro Público.

Con esto vamos a lograr que los usuarios no hagan denuncias por gusto y que INDECOPI los asesore con mayor seriedad antes de dar curso a cualquier queja. Así, INDECOPI trabajará más trasparentemente al no verse directamente favorecido por sus propias sentencias.

¡Ya es hora de cortarle las uñas al monstruo! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Si hubiésemos tenido Senado, probablemente el Congreso no habría aprobado la ley que modifica el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor para penalizar el acaparamiento, la especulación y la adulteración.

Algún senador se habría encargado de explicar que esa ley es inconstitucional, porque en una economía de mercado no puede haber control de precios; que el control de precios genera lo contrario de lo que busca porque produce escasez y por lo tanto sube los precios, afectando sobre todo a los más pobres. Habría recordado la experiencia que tuvimos con el primer García. Habría señalado que esta ley es un retroceso histórico de casi 30 años.

Lamentablemente tampoco tendremos Senado porque congresistas que eximen de segunda votación la aprobación de una ley como ésta, es muy difícil que quieran aprobar un Senado.

La modificación no establece explícitamente un control de precios, pero lo supone. Señala que la especulación que incrementa los precios de los bienes de servicios esenciales utilizando prácticas ilícitas que no se sustenten en una “real estructura de costos y el correcto funcionamiento del mercado”, aprovechando una situación de mayor demanda por causas de emergencia, conmoción o calamidad pública, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años.

¿Quién determina qué es una “real estructura de costos”? ¿El burócrata? Sobre esos costos añadirá lo que le parecerá una utilidad “justa”, y he allí el precio controlado. Si producir o vender a ese precio no resulta rentable, pues nadie produce. Y allí sube el precio.

Porque los precios en un mercado no se basan en los costos, sino en la oferta y demanda. Si hay poca oferta y mucha demanda, los precios suben. Ese es el “correcto funcionamiento del mercado”. Al subir, los productores producen más, y entonces el precio baja. Los precios son un sistema de señales que indica cuándo debo producir o importar más o menos. Si interferimos ese sistema, nadie sabrá cuando producir o importar más. El “especulador” es un comerciante que está respondiendo a la demanda. Si no puede subir el precio, los productores o los importadores no se enteran de que es negocio producir o importar más. Y nos quedaremos sin el producto.

Si hay libertad económica y libre competencia, la economía sola resuelve el problema. El “acaparamiento” es consecuencia de la falta de libertad y competencia. De la intervención en el mercado. Si yo impongo un precio bajo, algún comerciante comprará todo lo que puede para vender luego más caro, porque sabe que habrá escasez. Pero si hay libertad, apenas falta algo el precio sube y el bien se repone. Y entonces el precio naja. El acaparamiento es consecuencia de la escasez, no su causa.   

La ley, además, penaliza con cárcel entre dos y seis años la cartelización, en lugar de una multa fuerte, como era hasta ahora. Esto anula el programa de clemencia que tenía Indecopi, una suerte de colaboración eficaz para la empresa que denunciara un cartel. Este programa permitió denunciar y desmantelar varios carteles o concertaciones de precios.

Según Ivo Glagliufi, desde el 2012 en que se lanzó, el Indecopi ha recibido 23 solicitudes de clemencia, y hasta la fecha en 6 de los casos resueltos por la Comisión de Libre Competencia se ha aplicado esta figura. Los dos casos más conocidos fueron:

• El del “cártel del papel higiénico”, donde la Comisión declaró a Kimberly Clark y a Protisa (Productos Tissue del Perú S.A.) responsables de llevar a cabo, entre 2005 y 2014, prácticas colusorias ―en la modalidad de acuerdo para la fijación concertada de precios y condiciones comerciales― en la comercialización de papel higiénico y otros productos de papel tisú.
• El denominado “caso Ro-Ro (buques Roll-on, Roll-off)”, de prácticas colusorias entre importantes compañías navieras en el mercado de transporte marítimo internacional de carga rodante.[1]

Esta ley debe ser denunciada por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional. No podemos reemplazar al mercado por la discrecionalidad del burócrata. No podemos seguir anulando los mecanismos que permiten y fomentan el crecimiento. No podemos regresar al pasado de las colas y el hambre. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

El gobierno acaba de publicar un decreto legislativo sobre los contratos entre los colegios privados y los padres de familia, abiertamente atentatorio contra la propiedad privada, la libertad de empresa y la Constitución. En efecto, el DL 1476 interviene groseramente los mencionados contratos obligando a las partes a modificarlos y estableciendo que si los padres no aceptan los nuevos términos tienen derecho a exigir la devolución de una serie de pagos que se hicieron incluso con años de anterioridad, lo que sin duda llevará a la quiebra a muchas instituciones y dejará sin escuelas a aquellos a quienes pretendía beneficiar. El zarpazo intervencionista es tal que, de mantenerse, este DL puede ser el fin de la inversión privada en la educación.

Con cargo a realizar un análisis más detallado del DL, lo que salta a la vista es la abierta violación del artículo 62º de la Constitución:

“La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase”.

El gobierno viola además el derecho constitucional a la libertad de empresa y a la reserva tributaria. Es cierto que la situación de los padres y los colegios es muy complicada, pero esa misma situación ya había llevado a renegociar en la mayor parte de casos. La renegociación tiene que ser voluntaria. Y si bien la cuarentena escolar permanente hasta fin de año generó una situación de tensión y desconfianza entre los padres de familia y los colegios, la verdad es que esa desconfianza fue alimentada en cierta medida por Ministerio de Educación (Minedu). Ello ocurrió con amplia difusión en medios y con la siempre cordial colaboración del INDECOPI, que desde el primer día no tuvo mejor idea que enfrentar a los padres con los colegios.

Por supuesto que los padres tienen problemas serios. Los colegios también. Pero el MINEDU se había demorado, incluso incumpliendo los propios plazos de sus normas, en dar los lineamientos que le correspondía. El Gobierno ha ido alargando la cuarentena de a pocos. Sin embargo, desde el primer día se demandó a los colegios que bajen los precios en porcentajes imposibles, pagando a sus profesores sin cobrar, pero sin tener idea clara de cómo iba a ser la nueva realidad.

El Presidente Vizcarra anunció el 22 de abril que el año escolar iba a ser virtual, probablemente hasta fin de año. Pero la norma con los nuevos lineamientos para el 2020 recién se publicó el sábado 26 de abril por la noche, dando 7 días, que incluían dos feriados -que se cumplieron el sábado 2 de mayo-, para presentar el nuevo plan de recuperación.

Para los colegios era realmente muy difícil, sin esa norma, plantear un nuevo plan de pensiones a los padres. Se han pasado todo el mes de abril trabajando incesantemente para ajustar su servicio a distancia y rehacer sus costos, cada uno desde su perspectiva y particular realidad. Hay colegios con y sin fin de lucro, religiosos y laicos, de bajas y altas pensiones, nacionales y extranjeros, etc. Cada colegio se ha ido manejando con sus padres de la mejor manera posible. Ninguno quiere perder alumnos y todos quieren poder funcionar el 2021.

Pero el MINEDU, INDECOPI, las asociaciones de protección al consumidor (que viven de las multas de INDECOPI) hicieron lo imposible por desprestigiar a la educación privada e incitar a los padres de familia. Populismo clásico. Han cuestionado a los colegios de bajo costo por no dar un servicio a distancia de “calidad mínima”, como si “Aprendo en Casa” fuera suficiente o siquiera comparable al trabajo en tiempo real que están haciendo muchos privados. Y a los colegios más costosos por no sentarse a negociar con los padres, como si se tratara de sindicatos.

Si los padres no están a gusto con el servicio y no pagan, el servicio no puede ser suspendido, como sucede desde hace años. Los padres tienen también la alternativa de pasar sus hijos a un colegio público, que es lo que alienta la gran campaña mediática que está desarrollando el MINEDU. Esperemos que aquellos burócratas que están detrás de estas acciones y cuyos hijos estudian en los colegios más caros de Lima, los trasladen a la escuela pública que es tan buena y superior a la privada.

En esta última década han ido desfilando, uno tras otro, ministros de educación, ocho para ser precisos, cada uno con una visión diferente y con su propio equipo asesor y directivo. Resultado:  absoluta discontinuidad e inexistencia de una política educativa clara y definida. Pero lo que no cambia es la animadversión y el acoso a los colegios privados, en particular a los de bajo costo. Se sostiene que son malos y que están por debajo de los públicos, a pesar de que, por ejemplo, los resultados PISA no avalan esta afirmación ¹. El COVID-19 les ha dado la oportunidad de acelerar el proceso y la están aprovechando.

Pero es irresponsable: van a recibir miles de traslados a través de su plataforma virtual, pero cuando volvamos a lo presencial no van a tener donde ubicar a esos alumnos ni presupuesto para afrontar este mayor gasto.

Es comprensible la situación de los padres de familia, seriamente afectados en sus ingresos, pero es lamentable como algunos se han dejado llevar por esta prédica populista sin percatarse de lo que hay detrás, convirtiendo de la noche a la mañana al colegio que escogieron tan cuidadosamente en un tramposo. De un día al otro se perdió totalmente la confianza. Gran logro de MINEDU e INDECOPI.

Ya consiguieron demoler prácticamente a los colegios de menos de S/ 300 (alrededor de 60%), dejando sin trabajo a miles de personas. ¿Quiénes siguen ahora? Los colegios de pensiones más altas, ese otro 40%, sean de la naturaleza que fuera.

Nadie desde el gobierno ha reconocido el enorme esfuerzo de directivos y profesores de los colegios privados y hasta el Presidente se ha permitido llamarles la atención. Ahora nos encontramos ante un Decreto Legislativo que terminaría de sepultar la inversión en el sector. Triste final. Lampadia

¹ https://www.lampadia.com/analisis/educacion/publicos-y-privados-aliados-por-la-educacion

En los últimos días, a raíz de la crisis sanitaria y socio económica producida por el coronavirus, se ha vuelto a especular sobre la posibilidad de controlar algunos precios.

Esto con el liderazgo del propio Indecopi, llamado a velar por el mantenimiento de una economía sana.

Pues, como puede leerse líneas abajo, en el artículo que publicamos hace un par de años, el intervencionismo de la economía y el control de precios producen efectos contrarios a lo buscado, solo se genera escasez y finalmente el aumento de los precios.

Es un error gravísimo, que es fácil de cometer, pero muy difícil de enmendar. No debemos ir nunca por ese camino.

Del ‘ogro filantrópico` o la ‘mano negra’
Cuando el Estado interviene en los mercados se cae en abismos

Publicado en Lampadia
07/05/2018

Ver artículo sin glosas: https://lampadia.com/analisis/economia/cuando-el-estado-interviene-en-los-mercados-se-cae-en-abismos/

De cómo una intervención en contra del mercado avanza hasta destruir la economía de mercado y desbaratar la producción de bienes y servicios.

Las políticas públicas y las decisiones económicas son el espacio de encuentro y desencuentro de la falta de miras, el cortoplacismo y las buenas intenciones, con la cruda realidad determinada por miles de agentes económicos, personas, empresas e instituciones, que responden a incentivos y oportunidades, y no a normas y regulaciones que interfieren en los mercados.

Líneas abajo compartimos una brillante presentación de Ludwig von Mises, de mayo de 1950, que explica con una gran sencillez, cómo las decisiones de gobierno sobre los mercados, así estén inspiradas en buenas intenciones, pueden desencadenar una serie creciente de regulaciones (cada una para remediar el problema ocasionado por la anterior) que terminan conduciendo al Estado a hacerse de capacidades que sustituyen las funciones del mercado y llevan a las economías a disminuir la inversión, la producción, y el bienestar general.

Este tipo de normas terminan produciendo efectos contrarios a sus enunciados y a sus propósitos. En Lampadia desarrollamos, hace algún tiempo, una sección llamada: ‘Normas-contra-propósito’. Lamentablemente, tal como explica von Mises, en el Perú, este tipo de decisiones de gobierno se siguen multiplicando todos los días, al punto de haber intervenido en nuestro novel mercado de principios de siglo y haber creado una costra de normas, instancias, y enfoques burocráticos que, en esencia, han lisiado a nuestra economía de mercado y hecho tortuosos los espacios de innovación, creatividad e inversión.

(…)

Nuestro Congreso genera normas de este tipo todos los días. Ojalá nuestros lectores nos traigan más ejemplos. Pero ahora, los invitamos a iluminarse con la sabiduría de Ludwig von Mises:

Las políticas públicas de la tercera vía conducen al socialismo

(Primera parte)
Ludwig von Mises
Traducido y Glosado por Lampadia

Middle-of-the-Road Policy Leads to Socialism

Esta disertación se presentó en el University Club de Nueva York, el 18 de abril de 1950.
Mises Daily Articles, Mises Institute, Austrian Economics, Freedom and Peace, 12 de febrero, 2006.

(…)

De cómo el control de precios conduce al socialismo

El gobierno cree que el precio de un bien definido, por ejemplo, la leche, es demasiado alto. Quiere hacer lo posible para que los pobres les den más leche a sus hijos. Por lo tanto, recurre a un precio tope y fija el precio de la leche en un nivel menor que el que prevalece en el mercado libre.

El resultado es que los productores marginales de leche, aquellos que producen al costo más alto, incurren en pérdidas. Como ningún agricultor o empresario individual puede seguir produciendo a pérdida, estos productores marginales dejan de producir y vender leche en el mercado. Utilizarán sus vacas y sus habilidades para otros fines más rentables. Por ejemplo, producirán mantequilla, queso o carne.

Por lo tanto, habrá menos leche disponible para los consumidores, no más. Esto, desde luego, es contrario a las intenciones del gobierno. Que quería que sea más fácil para algunas personas comprar más leche. Pero, como resultado de esta interferencia, la oferta disponible disminuye. La medida se prueba como abortiva desde el punto de vista preciso del gobierno y de los grupos que pretendía favorecer. Produce un estado de cosas que desde el punto de vista del gobierno, es aún menos deseable que el estado previo de cosas, que estaba destinado a mejorar.

Ahora, el gobierno enfrenta una alternativa. Puede derogar su decreto y abstenerse de cualquier esfuerzo adicional para controlar el precio de la leche. Pero si insiste en su intención de mantener el precio de la leche por debajo del que el mercado libre habría determinado, no obstante, evitar una caída en el suministro de leche, debe entonces, tratar de eliminar las causas que hacen que el negocio de los productores marginales no sea rentable. Debe añadir, al primer decreto relacionado solo al precio de la leche, un segundo decreto que fija los precios de los insumos necesarios para la producción de leche, en un nivel tan bajo que los productores marginales de leche no sufran más pérdidas y, por lo tanto, se abstengan de restringir su oferta.

Pero luego, la misma historia se repite en un plano más remoto. El suministro de los insumos requeridos para la producción de leche cae, y nuevamente el gobierno está de vuelta donde comenzó. Si no quiere admitir la derrota y abstenerse de cualquier intervención en los precios, debe ir más allá y fijar los precios de los insumos necesarios para la producción de los insumos necesarios para la producción de leche.

Por lo tanto, el gobierno se ve obligado a ir cada vez más lejos, fijando paso a paso los precios de todos los bienes de consumo y de todos los factores de producción, tanto laborales como materiales, y a ordenar, a cada empresario y a cada trabajador, que sigan trabajando con esos precios y salarios. Ninguna rama de la industria puede dejarse de lado, de esta fijación general de precios y salarios, y de la obligación de producir aquellas cantidades que el gobierno quiere ver producidas. Si algunas ramas industriales se dejan libres, por el hecho de que solo producen bienes calificados como no vitales o incluso como lujosos, el capital y el trabajo tenderían a fluir hacia ellos y el resultado sería una caída en el suministro de aquellos bienes, cuyos precios ha fijado el gobierno precisamente porque los considera indispensables para la satisfacción de las necesidades de las masas.

Pero cuando se alcanza este estado de control general de las empresas, ya no puede haber ningún tipo de economía de mercado. Los compradores, mediante su decisión de comprar o abstenerse comprar, ya no determinan qué se debe producir y cómo. La capacidad de decidir recae en el gobierno. Esto ya no es capitalismo: es una planificación integral por parte del gobierno, es el socialismo. Lampadia

Después de los ataques irracionales contra los alimentos industriales, contra la industria lechera, y otros, les toca ahora el turno a las salas de cine, empresas a las que Indecopi ha afectado sustancialmente en su modelo de negocio.

Líneas abajo compartimos un artículo publicado en el Stanford Business, en diciembre 2009, que parece escrito para el Perú. En él, Marguerite Rigoglioso se pregunta: ¿Por qué cuesta tanto la canchita en los cines?

“Los cines son conocidos por cobrar a los consumidores precios altos por artículos como canchita, refrescos y dulces. ¿Acaso se les está estafando a los cinéfilos?

La investigación del GSB de Stanford y la Universidad de California en Santa Cruz sugiere que existe un método para la ‘locura de los cines’ y uno que, de hecho, beneficia al público espectador. Al cobrar altos precios en snacks y confitería, las casas de exhibición pueden mantener bajos los precios de los boletos.

Aunque los complementos representan solo alrededor del 20 % de los ingresos brutos, significan alrededor del 40 % de las ganancias de los cines”.

De hecho, en el Perú, según la cadena de cines Cineplanet, el 40.7% de sus ingresos provienen de la venta de snacks y confitería (S&C). Ver artículo del diario Gestión del 27 de febrero pasado, El 40.7% de los ingresos de cadena Cineplanet proviene de la venta de snacks y confitería.

Por lo tanto, queda claro que se ha afectado un modelo de negocio sin evaluar sus condicionantes fundamentales.

Además, como podemos ver en los siguientes gráficos publicados por Gestión, los precios de los cines en el Perú son los menores de la región, gracias a su modelo de negocio, el mercado se ha desarrollado notablemente. Veamos:

Nada de esto importa para que, en nuestro país, el regulador, impulsado por la nefasta asociación de supuestos protectores de los consumidores (que ya han hecho mucho daño a los consumidores), y, para variar, con la caja de resonancia de los medios; termine afectando el mejor interés de los propios consumidores, de las empresas, y de la sociedad en su conjunto.

Es sorprendente que el ‘pueblerino sentido común’ de muchos periodistas, aprovechen errores como estos, para armar fiestas de ‘qué horror’, sin analizar las cosas.

Esto se repite una y otra vez en muchos casos. Pareciera que los dueños de los medios habrían abandonado la conducción de sus empresas, donde ahora funciona una suerte de cooperativas de periodistas que han tomado a su cargo el desarrollo de los programas noticiosos, al ritmo de una competencia populachera.

No queremos mencionar casos concretos de periodistas, que están haciendo tremendas performances en esta línea de acción, porque son muy sensibles, las críticas las toman como algo personal. Pero nos preguntamos, en la medida en que, entre un gobierno que ha paralizado la inversión privada en el país, reguladores que salen con sus armas a crear más regulaciones y a cortar los espacios de negocio a las empresas, y periodistas que terminan de impulsar la destrucción de nuestra incipiente economía de mercado, ¿Quiénes van a ser los anunciantes del futuro? ¿Oxfam? ¿Grufides? ¿Cooperacción? ¿Indecopi? ¿Otros reguladores? ¿Aspec?

¿No será hora de organizar asociaciones de ciudadanos para protegernos de los reguladores y las asociaciones que nos dañan, ‘tratando de defendernos’? Lampadia

¿Por qué cuesta tanto la canchita en los cines?

Un profesor de marketing dice que el alto precio de la canchita en la mayoría de los puestos de venta de salas de cine, en realidad beneficia a los cinéfilos.

Marguerite Rigoglioso
Stanford Business
1 de diciembre de 2009
Traducido y glosado por Lampadia

Los cines son conocidos por cobrar a los consumidores precios altos por artículos como canchita, refrescos y dulces. ¿Acaso se les está estafando a los cinéfilos?

La investigación del GSB de Stanford y la Universidad de California en Santa Cruz sugiere que existe un método para la ‘locura de los cines’ y uno que, de hecho, beneficia al público espectador. Al cobrar altos precios en (S&C), las casas de exhibición pueden mantener bajos los precios de los boletos, lo que permite que más personas disfruten de la experiencia de la pantalla grande.

Los hallazgos responden empíricamente a la antigua pregunta de si es mejor cobrar más por un producto primario (en este caso, el boleto de la película) o un producto secundario (la canchita). Poner la prima en los artículos “complementarios”, de hecho, abre la posibilidad de que las personas sensibles al precio vean las películas. Eso significa que más clientes vendrán a los cines en general, y es un buen beneficio para aquellos que están dispuestos a gastarlo en los Gummy Bears.

De hecho, las casas de exhibición de películas dependen de las ventas de complementos para mantener viables sus negocios. Aunque los (S&C) representan solo alrededor del 20 % de los ingresos brutos, significan alrededor del 40 % de las ganancias de los cines. Esto se debe a que, si bien los ingresos por boletos deben compartirse con los distribuidores de películas, el 100 % de las concesiones van directamente a las arcas de los expositores.

En cuanto a los datos de ingresos detallados para una cadena de cines en España, Wesley Hartmann, profesor asociado de marketing en Stanford GSB, y Ricard Gil, profesor asistente de economía en la Universidad de California, Santa Cruz, demostraron que los altos precios de los (S&C) de precios en relación con los boletos de admisión tienen sentido.

Compararon las compras de  (S&C) en semanas con baja y alta asistencia a las películas.

El hecho de que las ventas de concesiones fueran proporcionalmente más altas durante los períodos de baja asistencia sugirió la presencia de cinéfilos “empedernidos” dispuestos a ver cualquier tipo de película, buena o mala, y dispuestos a comprar palomitas de maíz de alto precio. “La lógica es que, si están dispuestos a pagar, digamos, US$ 10 por una mala película, estarían dispuestos a pagar aún más por una buena película”, dijo Hartmann. “Esto se ve subrayado por el hecho de que pagan más, incluso por una mala película, como se ve en la compra de sus complementos. Por lo tanto, para las veces que están en el cine viendo películas buenas o populares, en realidad están obteniendo más calidad de lo que tolerarían en primer lugar. Eso significa que podrías haberles cobrado un precio más alto por el boleto”.

¿Acaso los cines deberían subir los precios de sus entradas? No, dice Hartmann. El grupo de fanáticos no representa al espectador promedio de películas. Si bien los cinéfilos podrían estar dispuestos a pagar, digamos, US$ 15 por un boleto de cine, un teatro que siga esa táctica de fijación de precios pronto se encontraría cerrando sus puertas.

“El hecho de que las personas que van solo para películas buenas o populares consuman mucha menos cantidad de canchita significa que el total que pagan es sustancialmente menor que el de las personas que vendrán a ver cualquier cosa. Si quieres atraer a más consumidores, necesitas mantener los precios de los boletos más bajos para atraerlos”. Los teatros sabiamente compensan el margen, dice, transfiriéndolo a la persona dispuesta a pagar US$ 5 por una caja de canchita.

El trabajo de Hartmann y Gil corrobora lo que los exhibidores de películas han intuido desde el principio. “El argumento de que el precio de los bienes secundarios más altos que los bienes primarios puede beneficiar a los consumidores ha estado circulando durante décadas, pero hasta ahora, nadie ha examinado los datos para ver si es cierto o no”, dice Hartmann.

En otro estudio que examinó teatros españoles, los investigadores descubrieron que los espectadores que compran sus boletos a través de Internet también tienden a comprar más artículos complementarios que aquellos que los compran en la puerta, por teléfono, en quioscos o en cajeros automáticos (esta última opción no tiene pegada en los Estados Unidos). Se necesita más investigación para averiguar por qué, pero por ahora esto sugiere que los cines pueden querer asegurarse de asociarse con un servicio de internet para que ese ticket esté disponible, o incluso realizar la función internamente.

Las personas que vienen al cine en grupos también tienden a comprar más canchitas, refrescos y dulces, encontraron Hartmann y Gil. Si bien esto también merece más investigación, es posible que tales grupos sean familias o adolescentes. “Si ese fuera el caso, es posible que los cines quieran realizar más películas orientadas a las familias o al adolescente para atraer a una multitud más compradora de concesiones”, dice Hartmann.

El análisis de los datos a lo largo de las líneas sugeridas por Hartmann y Gil también puede apoyar otros esquemas de fijación de precios para las empresas que venden complementos, como los parques de béisbol. Llevar a los niños a un juego de pelota puede ser una propuesta costosa para muchas familias, una vez que se tenga en cuenta todos los hotdogs y souvenirs. “Si descubrimos que el esquema de precios actual rechaza tal grupo, la teoría sugiere que la empresa podría querer regalar una gorra o bate de béisbol”, dice Hartmann. “Eso aumenta la calidad de la experiencia y proporciona un incentivo para que las familias vayan”. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Los escándalos de corrupción vinculados a la nefasta penetración económica y política brasilera amenazan con deslegitimar por completo la clase política, derribar el establishment y eventualmente vacar al propio presidente de la República, peligro que aún no ha cesado del todo. Es el momento de dar un giro de tuerca en las políticas y las acciones anti corrupción para mostrar que el sistema en su conjunto es capaz de reaccionar para que estas cosas no vuelvan a suceder y establecer mecanismos que permitan prevenir, disuadir y restar espacio para la corrupción en general en el país.  

ISO Antisoborno en las empresas privadas

En esa línea, Julio Luque, presidente de IPAE, recogió la propuesta de Oscar Espinoza Bedoya en el último CADE, y anunció una iniciativa que podría terminar siendo histórica: que uno de los cinco compromisos de esa institución, sobre el que se rendirá cuentas en el próximo CADE, será “conseguir que el mayor número posible de empresas en el Perú se comprometan con un Programa de Tolerancia Cero a la Corrupción”. Esto podría incluir que las empresas adopten el ISO Antisoborno (37001) que, dicho sea de paso, podría ser establecido como condición para contratar con el Estado.

Se ha formado un comité integrado por Oscar Espinoza, Ricardo Briceño y el propio Julio Luque. Dicho comité ha contratado una consultoría para que identifique los procesos anti soborno que las empresas que se comprometan deban implementar. Esto es lo que hace la diferencia y hace pensar que esta vez sí vamos en serio, porque de esa manera la adhesión o inscripción de las empresas no será solo declarativa, sino que se podrá “auditar” su comportamiento. La inscripción de las empresas se hará posiblemente a partir de marzo, cuando se tenga todos los procesos definidos.   

Un movimiento claro de las empresas grandes, medianas y pequeñas en esa dirección, sin duda ayudaría a cambiar la tendencia y crear un clima de integridad en el país que no tiene precedentes.

Sistemas de integridad y de denuncias en las entidades públicas

Ahora, para que ese impulso que viene del sector privado pueda tener máximo impacto en la creación de un ambiente nacional de honestidad, se requiere un decidido movimiento en la misma dirección de parte del sector público. Lo primero sería el establecimiento de la función de integridad en las entidades estatales. Es algo que se está trabajando en la propuesta del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 que elabora la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).[1] La idea es que en cada entidad pública haya una oficina o una persona que se encargue de monitorear todo lo relativo a transparencia, conflicto de intereses, política de regalos y atenciones, control interno, análisis de riesgos de corrupción, régimen disciplinario y sanciones.

Esto supone, además, como parte de dicha política de integridad, que cada entidad pública implemente un efectivo sistema de denuncias. Para ello se dio el Decreto Legislativo N° 1327, reglamentado incluso mediante el Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, que establece procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar las denuncias realizadas de buena fe de actos de corrupción y sancionar las denuncias realizadas de mala fe, y define medidas de protección a denunciantes. El Ministerio de Justicia no ha terminado de dar los pasos necesarios para hacer lo que le corresponde como rector de este sistema. Este sistema, bien implementado, debería servir de base operativa para lanzar una campaña nacional de denuncias en todos los ámbitos.

[1] Esta propuesta se presentó en un taller en la GIZ a representantes de varias bancadas del Congreso. Para hacerla,toma como base en “Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente” (2017), y el “Informe de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo”, que presentó una propuesta de 100 acciones contra la corrupción en el Perú.

Obra pública

También se requeriría reformar la obra pública, haciéndola más predecible y transparente. La mencionada propuesta del Plan Nacional de Integridad contiene un conjunto amplio de medidas para prevenir la corrupción en la obra pública, tales como fortalecer con el más alto nivel profesional la Central de Compras Públicas (Perú Compras), aprobar un Plan Nacional de Infraestructura que transparente, y haga predecibles las decisiones públicas en los próximos veinte años, políticas de transparencia, entre otras. 

El congresista Javier Velásquez Quesquén ha propuesto la excelente idea de reducir el espacio para que municipalidades hagan obras por administración directa, donde hay mucha corrupción. Y sería bueno estandarizar las obras menores.

Recientemente el ministro de Transportes, Bruno Giuffra, ha anunciado la contratación internacional de un PMO (Project Manager Office) para estandarizar los procesos de licitación y contratación en Provías, sede de los presuntos arreglos denunciados al llamado “club de la construcción”, y para supervisar de manera permanente dichos procesos. También ha presentado al MEF una nueva estructura de personal y remuneraciones, en aplicación de la ley de servicio civil.

La cantidad de proyectos de ley absurdos y contraproducentes que se aprueban irreflexivamente, sin información adecuada y sin análisis costo beneficio de ningún tipo, ha adquirido proporciones alarmantes. El Congreso se ha convertido en un peligro público, en una fábrica de locuras. Quizá la conversación entre el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori ayude a establecer un mecanismo de coordinación para detener exabruptos legislativos, pero no cabe duda que la solución estructural a este problema es  el restablecimiento de una cámara revisora capaz de contener los brulotes demagógicos y populistas de la cámara baja o elevar el número de votos necesario para insistir en una ley observada por el Ejecutivo.

Fuente:  nexos.com

Libro de reclamaciones

Recientemente, por ejemplo, se aprobó ¡por unanimidad! una ley que obliga a todos los proveedores o comercios a nivel nacional –desde las grandes empresas a las micro empresas- a remitir al Indecopi copia de todas las quejas y reclamos consignadas en sus libros de reclamaciones para que esta entidad adopte “las acciones correspondientes”. Por supuesto, violando el artículo 75 de la ley del Reglamento del Congreso que obliga a que todo proyecto de ley venga acompañado de un estudio costo beneficio, aquí no se realizó estudio alguno. Si se hubiese hecho, los congresistas se habrían percatado de que hay aproximadamente 2 millones de empresas en el Perú que estarían obligadas a remitir copia de las reclamaciones al Indecopi, con los costos consiguientes para esas empresas y con un impacto monumental e inviable en las tareas del Indecopi. Esta entidad ha calculado que si cada una de las 2 millones de empresas le remite una hoja de reclamación al mes, la labor del Indecopi en términos de recibir las copias, sistematizarlas, adquirir el software, realizar las estadísticas y el análisis de la información para “adoptar las acciones correspondientes”, sería de tal magnitud que los costos de ese esfuerzo no bajarían de unos 400 millones de soles anuales –varias veces el presupuesto actual de esa entidad que, por lo demás, no viene del tesoro público sino de sus propios ingresos- y obligarían a contratar a alrededor de 10 mil personas para llevar a cabo todas esas tareas.

Tendremos todos los peruanos que pagar por este absurdo. Esto sin contar el hecho de que se desincentiva la iniciativa de la empresa de resolver por sí misma la reclamación. En la actualidad, cuando un consumidor formula un reclamo, el proveedor está obligado a dar respuesta en 30 días, acogiendo o no el reclamo. Si el consumidor no recibe respuesta o esta no es satisfactoria, puede acudir al Indecopi para interponer allí su denuncia. La mayor parte de los casos se resuelven por atención directa del proveedor. Esa negociación directa quedaría anulada. 

Otro efecto secundario de esta norma es que en adelante el Indecopi concentrará sus esfuerzos en la defensa del consumidor, cuando su labor en defensa de la libre competencia es mucho más importante en términos de beneficios para el consumidor.

Prohibición de importación de leche en polvo

Otra ley aprobada por el Congreso, también por abrumadora mayoría, es la que prohíbe el uso de la leche en polvo para la fabricación de leche evaporada, yogurt, quesos y cualquier otro producto lácteo. El resultado será el encarecimiento de la leche evaporada y de los demás productos lácteos, en perjuicio de los consumidores, por la sencilla razón de que hay un déficit apreciable de producción lechera nacional. Esta ley también se redactó sin estudio costo beneficio, desconociendo la realidad. Pues no es cierto, por ejemplo, el argumento de que la leche en polvo disminuye los nutrientes. Según el científico nutriólogo Robinson Cruz, la leche en polvo y la propia leche evaporada reducen la cantidad de vitamina A y D (que luego se repone en el proceso de elaboración), pero no afectan la esencia del poder nutritivo de la leche, que está dada por las proteínas y el calcio que contienen, más allá de las  vitaminas A y D que se pueden agregar al final del proceso productivo. Nuevamente, pues, una ley confeccionada sin información adecuada, cuyos efectos, de promulgarse sin modificaciones, ocasionarán un incremento en el precio y acaso un decremento de la calidad de los productos lácteos.

Injerencia en proyectos inmobiliarios

Allí no queda la cosa. Otra muestra fantástica de la creatividad parlamentaria ha sido el proyecto de ley presentado por Marissa Glave y aprobado en la comisión de Vivienda para la generación de suelo a fin de reubicar o reasentar a la población afectada por desastres naturales, que establece que “los propietarios o promotores de condominios o proyectos edificatorios multifamiliares, deben destinar un porcentaje para vivienda de interés social no menor al 10% de la totalidad de las unidades inmobiliarias que conforman el condominio o proyecto edificatorio multifamiliar, para atender a las familias afectadas por los desastres naturales…”. Una obligación como esa podría tener sentido en proyectos públicos de interés social, pero es una imposición socialista inaudita obligar a los proyectos inmobiliarios privados a reservar el 10% de las viviendas a los damnificados. Sólo a congresistas que no entienden la naturaleza de la inversión privada se les puede ocurrir algo así. Se querrá que no haya más inversión inmobiliaria en el país.

Colegio de historiadores

Otra barbaridad es pretender crear un nuevo colegio profesional, en este caso de historiadores. Algo contra natura, pues lo último que se puede hacer es regimentar la historia a través de típicas acciones gremiales de los colegios. Lo que es más, deberíamos pensar en eliminar los ‘estancos’ y ‘aplanadoras’ en que han devenido todos los colegios profesionales, a los que están sometidos obligatoriamente tantas profesiones.

Sigue la creatividad legislativa

También está en agenda de la misma comisión una modificación al decreto legislativo de obras por terrenos en la que se prohíbe que en los terrenos recuperados o creados por la inversión en encauzamiento de los ríos se pueda hacer inversión inmobiliaria. Lo que sencillamente mata la idea. Nadie va a invertir en costosas obras de encauzamiento de los ríos simplemente para formar tierras agrícolas.

Hay otro tipo de leyes que se aprueban demagógicamente siguiendo corrientes del momento originadas en hechos reprobables. Los tremendos escándalos de corrupción, por ejemplo, llevaron al Congreso a aprobar hace unos meses una ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Esa ley, sumada a la hiperactividad persecutoria por asuntos formales o menores por parte de la Contraloría, no hace sino alejar cada vez más a los buenos profesionales de la función pública y a inhibir a los funcionarios en ejercicio de tomar decisiones, paralizando el Estado y la obra pública. De esa manera empobrecemos el Estado y, paradójicamente, lo hacemos por esa vía más vulnerable aun a la corrupción y, sobre todo, a la ineficiencia. Nuevamente leyes que se aprueban sin mayor análisis y sin estudios costo beneficio serios.

Y así podríamos seguir. Es hora de introducir un control de calidad en las leyes del Congreso. El congresista Alberto de Belaunde planteó un proyecto de ley para crear una oficina de análisis económico e impacto regulatorio de los proyectos de ley, que debería opinar sobre todos los proyectos que se presenten. Es hora de aprobar esa iniciativa, por la salud del país. Además de ello, una bancada tan poderosa como la de Fuerza Popular debería tener también un equipo de economistas y profesionales que filtre los proyectos de ley y los mejore.

Por supuesto, ya es hora, como decíamos al abrir esta nota, que la bancada de Fuerza Popular tome la decisión de aprobar el restablecimiento de la bicameralidad, como garantía de análisis y revisión de la calidad de las leyes. Mientras tanto, es indispensable subir el número de votos para insistir en una ley observada por el Ejecutivo. En el Perú es apenas la mitad mas uno del número legal de miembros del Congreso. En todos los demás países de América Latina es cuando menos los dos tercios. Es imperativo. Lampadia

De un tiempo acá, marcadamente en Lima, se viene configurando una suerte de irritación a flor de piel, que ante cualquier evento presentado por la política o por los múltiples canales de información mediática, desatan reacciones violentas e incontenibles, con ataques destructivos y apurados, que forman tormentas en las que tirios y troyanos son arrastrados a estados de alteración lejanos de lo civilizado y lo razonable.

No estamos hablando de turbamultas populares que lleven a las calles a ciudadanos de a pie. Estamos hablando de alteraciones que se expanden por los espacios de opinión, por los medios (tradicionales y modernos), en los que de pronto se destrozan de mala manera a personas, instituciones y empresas. Estamos hablando de estados de excitación que  capturan a la mayoría de políticos y que los lleva a legislar en una suerte de estado de pánico, donde de la noche a la mañana pueden causar daños al conjunto de la sociedad y, curiosamente, a los ciudadanos más pobres.

Así pasó con la reforma de las AFPs y la ley que permitió el retiro del 95.5% de los fondos; o con los ataques a las empresas constructoras peruanas que desarrollaron obras con los brazos empresariales del imperialismo brasileño, condenando al desempleo a miles de peruanos ajenos a la corrupción; o, más recientemente, con el caso del Ministro de Economía y el Contralor; con el escándalo de ‘la leche que no era leche’.

Pero, como publicó Federico Salazar: Ups, ¡sí era leche! 

Ni la ministra ni los funcionarios ni los congresistas leyeron las normas por las que el producto Pura Vida y otros sí pueden y deben llamarse “leche”. Es muy claro: ¡porque sí son leche!

¿Y todo el escándalo? ¿Acaso todos se equivocaron? Sí, todos se equivocaron. Nadie hizo su trabajo. Nadie documentó su posición.

Parece que muchos creyeron que no se trataba de leche porque tenía una composición “parcial”. Si pretendiéramos que el 100% de la lata fuera leche, el tarro costaría lo que cuesta el tarro azul.

Quitar del mercado estos productos, sin que haya habido fraude alguno o hallazgo de un tóxico en el contenido, es un atentado brutal contra la economía de la gente.

Lo que han hecho es dejar sin leche evaporada al que no puede pagar por las unidades de mayor costo. ¿Cuál es su alternativa? ¿El té? ¿A eso quieren condenar a los más pobres? ¿A tomar té?

Para traer algo de razón al tema de la leche, queremos compartir con nuestros lectores parte de la información que presentó anoche Jaime de Althaus en la Hora N (el único programa de la televisón peruana que no ha sido capturado por los caseritos filo-populistas con tendencias anti economía de mercado; un necesario espacio liberal abierto a las ideas de la modernidad).

Veamos información relevante para la formación de mejores juicios de valor:

En primer lugar, llama la atención la persistencia del sambenito que acusa a la industria lechera de abusar de los ganaderos. Según el siguiente gráfico, durante los últimos 20 años la producción de leche en el Perú se ha más que duplicado, con un crecimiento promedio anual de 4%. No hace sentido que un abuso supuestamente mantenido por un largo plazo, genere semejante crecimiento de los abusados.

Además, durante los últimos 20 años, el precio pagado por la industria a los ganaderos se incrementó en 2.5% anual, sumando un incremento de 60%. Lo que, otra vez, debilita la tesis del abuso.

Desde una perspectiva internacional, como podemos apreciar en el siguiente gráfico, el precio que reciben los ganaderos peruanos es mayor  al de los ganaderos de Nueva Zelanda, la Unión Europea, Colombia, México, Chile, Uruguay y Argentina. En la región solo los brasileños reciben mejores precios.

Del total de la producción lechera peruana, la industria formal adquiere solo el 50%, el 40% se consume en lecherías y queserías artesanales y el 10% se queda en auto consumo directo de porongo y de cría.

Para cubrir la demanda global de productos lácteos industrializados, se importa leche en polvo por el equivalente de 325,000 toneladas de leche fresca por año, en un  15% del consumo total o el equivalente de un millón de latas por día.

Volviendo a nuestro comentario sobre el nivel de irritación que nos embarga, por ahora solo podemos aportar algunos temas que pueden explicar esta suerte de frustración que se pasea por nuestras vidas:

• Furia por la corrupción
• El enfriamiento de la economía
• El estancamiento de los ingresos
• La inseguridad ciudadana
• La devaluación generalizada de los líderes
• La pérdida de confianza en el futuro
• La impunidad de los poderosos
• La ausencia de liderazgo
• La debilidad institucional
• La polarización política
• La crisis política
• La invasión de las redes sociales
• La manipulación de la información
• Los malos periodistas
• La vulgarización de los programas periodísticos y de entretenimiento

Ojalá que esta lista  de debilidades de nuestra sociedad nos ayude a reaccionar y entender la necesidad de tener mayor aplomo y seriedad para enfrentar nuestros tiempos y exigir a los líderes políticos que asuman un mejor comportamiento. Lampadia  

A raíz de la compra de EPENSA por parte del Grupo El Comercio, se han alzado algunas voces que pretenden generar un debate más amplio sobre los efectos y los alcances de la concentración empresarial en distintos sectores de la economía. En el Perú, como en muchos otros países, se optó por una la legislación que no sanciona la posición de dominio en los mercados, pero sí sanciona el abuso de las posiciones de dominio. Por ello, la ley faculta al Indecopi a supervisar el “control de conductas” en todos los sectores de la economía y así garantizar que ninguna empresa realice prácticas que limiten la competencia.

El reciente Proyecto de Ley de “Promoción de la libre competencia y la eficiencia en los mercados para la protección de los consumidores”, promovido por el congresista nacionalista Jaime Delgado, pretende extender el alcance de la política de competencia bajo el enfoque de “control de estructuras” a todos los mercados nacionales, cambiando lo esencial de nuestra estructura legislativa. Bajo esta modalidad, sería requisito que cualquier fusión o adquisición que “califique como acto de concentración” (según algún burócrata) se someta a un proceso de evaluación previa para su  autorización. Es decir, el proyecto de ley propone un radical cambio de enfoque en la aplicación de la política de competencia, pasando de la actual evaluación ex post de conductas, a una evaluación ex ante de las estructuras. Esto implica otorgar un poder discrecional a un burócrata para decidir sobre la vida de las empresas, grave riesgo, habida cuenta de nuestra debilidad institucional, corriendo el riesgo de convertirse en otra Norma-Contra-Propósito.

En la actualidad, solo existe una legislación de este tipo de para el sector eléctrico, donde se realizan controles de las fusiones horizontales y verticales debido a que la actividad de distribución es regulada, por tratarse de monopolios naturales.  Sin embargo, extender este tipo de intervención a todos los sectores de la economía incluyendo “mercados contestables”, es decir, mercados donde no existen barreras de acceso, no tiene sentido. Y es que siendo la economía peruana pequeña y abierta, y teniendo un déficit crónico de inversión, la mejor forma de fomentar la competencia es a través de la eliminación de las trabas burocráticas y las barreras de acceso, así como la promoción de un buen clima de inversión para facilitar la entrada y creación de nuevas empresas.

En esta opinión coincide Alfredo Bullard, socio del estudio Bullard, Falla, Ezcurra, quien nos explicó que a inicios de los 90’s el Perú no aplicó el control de fusiones de forma consciente, por ser un mecanismo insostenible en una economía pequeña y abierta como la nuestra. “Si bien una participación de mercado de 30% o 40% puede ser algo común en el Perú, igual se trata de empresas que son pequeñas a escala internacional”, afirmó el destacado abogado. Coincidió con Lampadia en que el control ex ante de estructuras otorga mucha discrecionalidad y poder a un burócrata, lo cual remarcó, es aún más pernicioso considerando que Indecopi no cuenta con candados institucionales. Además, según Bullard, una iniciativa de este tipo eleva innecesariamente (y considerablemente) los costos de transacción en las operaciones de reestructuración empresarial aún cuando las fusiones no sean denegadas, y limita la posibilidad de que las empresas alcancen economías de escala. Asimismo, destacó que no existe evidencia empírica a nivel internacional, ya sea en la Unión Europea, Chile o Brasil, que demuestre que existan beneficios en la economía que justifiquen un control de estructuras, por lo cual la tendencia mundial será un paulatino cambio de paradigma hacia un control ex post de conductas, como lo viene haciendo el Perú.

José Antonio Payet, socio del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, Mur,confirma que un elemento fundamental a tomar en cuenta es la debilidad institucional del Perú. Según Payet, esta lamentable falencia de nuestro país hace que sea nocivo darle a un funcionario público poder discrecional para que decida la conveniencia de una operación de fusión empresarial, considerando que la decisión administrativa que tome puede luego judicializarse, y con ello haber aún más riesgos de corrupción. Además, la debilidad institucional en el Perú hace que organismos como el Indecopi sean pasibles de captura política, algo que ya se ha observado con la absurda y anti-técnica imposición de medidas antidumping a las importaciones chinas.

En el Perú ya se cuenta con una legislación y con organismos que defienden al consumidor en distintos sectores, como el Osiptel (telecomunicaciones) o la SBS (banca y sistema financiero). Por ello, tratar de extender los tentáculos del Indecopi o de otros “ogros burocráticos”hacia un control previo de estructuras corporativas,resulta muy pernicioso. Además,al considerar el proyecto de Ley que la adquisición de activos productivos de otra firma podría ser un “acto de concentración”, en la práctica una empresa no exitosa incrementaría sus costos de salida del mercado, perdiéndose la oportunidad de rescatar activos productivos que podrían ser rentables en otras manos. Justamente, la generación de estos costos hundidos en las inversiones medianas y pequeñas generaría desincentivosa una mayor competencia, que es lo que se busca fomentar. Lampadia