¿Qué pasó?

Jaime de Althaus

Indicadores publicados recientemente por el INEI revelan que al mismo tiempo que la desnutrición crónica en menores de cinco años bajó de 19% el 2011 a 14.4% el 2015 (y en el área rural de 37% a 27.7%), lo que sin duda es una buena noticia, el porcentaje de niños de 6 a 36 meses con anemia, en cambio, que había venido bajando de 56.8% en el 2007 a 41.6% el 2011, invirtió la tendencia para empezar a subir a partir de ese año hasta llegar al 46.8% el 2014. Luego, el 2015, empezó a bajar nuevamente hasta el 43.5% el 2015, cifra todavía superior a la del 2011, pero indicativa de que por lo menos el fenómeno habría empezado a ser controlado (Datos de de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES, del INEI (http://proyectos.inei.gob.pe/endes/images/PPR_2015.pdf). 

En otras palabras, el gobierno de la inclusión social incrementó la proporción de niños con anemia. Es decir, niños con retraso en el crecimiento y con problemas de atención y concentración en la escuela, dificultad para pensar y razonar y por lo tanto, con serios problemas de aprendizaje. Es inaceptable. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién o quiénes son los responsables?

La anemia está asociada a la falta de hierro en la alimentación. A partir del año 2009 el Estado peruano decidió atacar este problema repartiendo unos sobrecitos con un polvillo que contiene micronutrientes, básicamente hierro, que la madre debe mezclar con la papilla que le empieza a dar al bebé a partir de los 6 meses, y debe hacerlo diariamente durante 6 meses para abatir la anemia. Los años 2009 y 2010 se repartió 60 millones de sobrecitos, cantidad que alcanzaba, según el Dr. Mario Tavera, asesor en nutrición del ministerio de Salud, sólo para el 20% del universo objetivo. Sin embargo, el 2012 hubo una compra efectuada por Pronaa, pero se encontró hongos y se distribuyó muy poco.  

El doctor Oscar Ugarte, que fuera ministro de Salud al final del Gobierno de García, da la siguiente explicación: “Todo indica que un problema de gestión el 2012 hizo que no se comprara este insumo, lo cual repercutió rápidamente en el incremento de la anemia en zonas críticas sobre todo rurales y también repercutió en el promedio nacional los años 2013-2014. Esto se corrigió luego, por eso el 2015 ha vuelto a retomarse la tendencia decreciente de la anemia, aunque todavía es muy alta”.

Y, en efecto, la situación empieza a remediarse a partir del 2014, cuando se compra 164 millones de sobrecitos. El 2015 se adquiere 238 millones, cantidad suficiente para abastecer el 100% de establecimientos de salud de manera continua. Y el 2016 se está comprando millones de sobres[1].

Ugarte agrega: “De acuerdo a la información existente, en el período del ministro Alberto Tejada (el primer ministro de Salud de Ollanta Humala) cambiaron a todos los directores y funcionarios claves y se descompaginaron muchas de las cosas que se venían haciendo. No se hicieron procesos de compra de los micronutrientes, así como tampoco de la vacuna contra el virus del papiloma humano que ya se había comenzado a inicios del 2011, y otros. Eso trajo un retraso que se empezó a superar posteriormente, con la ministra Midori de Habich”.

El Dr. Herberth Cuba, por su lado, considera que una de las causas del aumento de los niveles de anemia ha sido la decisión de administrar el tema de la anemia por medio del Seguro Integral de Salud (SIS), que ha introducido trabas y dificultades para quienes no pertenecen a ese seguro. En el ministerio aseguran que no se requiere estar asegurado en el SIS para recibir los suplementos de hierro, pero Cuba insiste en que en la práctica la cosa funciona de esa manera. Habría que verificar.

De otro lado, el aumento de los índices de anemia no es el único retroceso observado. También se redujo la proporción de menores de 12 meses con vacunas básicas completas, de 77.2% el 2011 a 69.4% el 2015, y la proporción de menores de 36 meses con todas sus vacunas básicas para su edad, de 27.8% a 22.7%.

La explicación que nos da Washington Toledo Hidalgo, Coordinador Nacional de la Estrategia de Inmunización del Ministerio de Salud, sin embargo, no tiene nada que ver con el cambio de gestión. Según él, la caída en la cobertura se debe a que el 2013 hubo un cambio en la vacunación contra la poliomielitis. Hasta el año anterior ésta se administraba sólo por vía oral, pero unos 5 o 6 casos de parálisis flácida post vacunal (que deja secuelas) llevaron a que “los medios y grupos de interés presionaran por el cambio a la vacuna intra muscular. Y así fue, pero en la medida en que varios países hicieron ese cambio al mismo tiempo, se produjo un problema de abastecimiento a nivel mundial. Por eso tuvimos una caída en la cobertura el 2013 y sobre todo el 2014, pero el 2015 empezamos a recuperarnos”. Bueno, pero de todos modos se puede observar que se hizo el cambio de tipo de vacuna sin averiguar si había oferta a nivel mundial.

En todo caso, el hecho de que la cobertura de otras vacunas y servicios sí se haya incrementado en alguna medida, indicaría que no hay un problema generalizado de gestión, sino que éste se habría limitado a la compra de micronutrientes y de la vacuna anti polio. Sólo que allí hay una contradicción, pues la propia ENDES, que  registra una subida en los niveles de anemia entre 2011 y 2015, registra también que subió significativamente el porcentaje de niños que recibió suplementos de hierro (los famosos micronutrientes), y aumentó asimismo el porcentaje de niños con Controles de Crecimiento de Desarrollo (CRED) y, en menor medida, con vacuna Rotavirus (antidiarreica). Lo que es acá directamente contradictorio es la subida de la anemia y del porcentaje de niños con suplementos de hierro a la vez. Y que aparezca este dato en la ENDES sabiendo que no hubo compras de tales suplementos durante dos años. Algo no está funcionado en la ENDES.

Lo que sí es congruente es la evolución descendente de los niveles de desnutrición y el incremento de la cobertura del CRED y, en menor medida, de la cobertura de la vacuna Rotavirus (antidiarrieca), que sin duda colaboran, junto con el propio crecimiento de los ingresos de la población, a reducir los niveles de desnutrición crónica en los niños menores de 5 años.  

Un interesante apunte final respecto del tema de la anemia es el siguiente: esta se redujo de 46.8% a 43.5% entre 2014 y 2015 (luego de haber estado aumentando), pero hubo departamentos en los que disminuyó mucho más y otros en los que empeoró, como podemos ver en el siguiente cuadro: 

PORCENTAJE DE ANEMIA EN NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2014 Y 2015

Si bien a nivel nacional la reducción fue de 3.3%, en Amazonas cayó -14.4%, en Cajamarca -13%, en Huancavelica -10.3%, en Junín -10.1%, para citar los primeros cinco. En Ica, para irnos al otro extremo, la anemia se incrementó en 7.9%. Según los funcionarios del ministerio de Salud entrevistados, esto refleja la eficiencia relativa de los gobiernos regionales respectivos en el manejo de este tema, y por eso los gobernadores regionales de estas cinco regiones fueron distinguidos por el ministro de Salud con un reconocimiento.

Según Arturo Granados, si todas las regiones tuvieran el rendimiento de Amazonas, en tres años quedaría abatida la anemia en el Perú. Sería bueno que el MEF instaure un ‘presupuesto por resultados’  específico para este tema, con incentivos para los que obtienen mejores logros.

Agreguemos también que una estrategia complementaria, y seguramente más efectiva para reducir la anemia, consistiría en la masificación de un programa estilo Sierra Productiva que lleve a incrementar la producción de cuyes y ganado a fin de que los niños ingieran algo de carne y sangrecita en la papilla, lo que supone también una campaña de educación nutricional al respecto. Porque la anemia es producto de la falta de proteínas, de  hierro, que vienen en la carne y la sangre animal. 

Por último, debe advertirse que tampoco la solución es tan sencilla como distribuir sobrecitos con micronutrientes. En la actualidad se promueve que las madres acudan a la posta o el centro de salud para el Control de Crecimiento de Desarrollo (CRED) una vez al mes desde que el niño tiene seis meses. Allí se les entrega una caja con 30 sobrecitos y se les hace consejería sobre cómo preparar la papilla con el polvillo. Pero nada asegura que la madre cumpla, que realmente los mezcle y se lo dé todos los días a su hijo durante seis meses.

El ministerio está empezando a contratar a enfermeras o técnicos de salud recién egresados para que visiten regularmente las casas de las madres con niños pequeños. Pero se necesitaría un pequeño ejército de ese tipo de personal para llegar a un porcentaje significativo de familias y ni siquiera eso es fácil, porque hay zonas peligrosas a las que las enfermeras no pueden ingresar y casas que no dejan entrar a nadie. Aquí el programa debería ir de la mano con el plan de seguridad ciudadana del distrito o el barrio.

Pues un dato importante es que la anemia no es privativa del medio rural, sino principalmente del medio urbano e incluso de los sectores medios o altos. El 2014, cuando el 46.8% de los niños tenía anemia, en el quintil superior esa proporción llegaba al 24%. El asunto, pues, es complejo.

Existe además el problema de que cuando los niños empiezan a comer papilla, a los 6 meses de edad, ya están con anemia. El 64% de ellos lo está, según el Dr. Mario Tavera. Se está planteando, entonces, un proyecto para que los niños ingieran unas gotas de sulfato ferroso desde los 4 meses.  Pero eso todavía no ha sido presupuestado.

En suma, el inexcusable incremento de los niveles de anemia se debió principalmente a la suspensión de las compras de micronutrientes durante los dos primeros años del gobierno de Ollanta Humala, aunque hace falta precisar exactamente cuánto y en qué medida se dejó de comprar. “Ese es uno de los riesgos en el próximo cambio de gobierno si no se garantiza continuidad a procesos que deben ser mantenidos. En salud eso se paga caro, se paga con vidas”, nos dijo Oscar Ugarte. Y tiene razón.

Anexo:

Lampadia

En recientes declaraciones, Adrián Armas, gerente de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCRP), se afirma que “en general, se ha observado un crecimiento de ingresos para las personas en las regiones del país, con una reducción en el coeficiente Gini (desigualdad), pues se ha dado un crecimiento descentralizado”.

La nota periodística que resalta las declaraciones de Armas traen un dato espectacular sobre la disminución de la desigualdad: 

Entre el 2001 y 2015, el Gini bajó de 0.52 a 0.35

Qué otra evidencia de la prosperidad del país podemos pedir para que TODOS reconozcamos la realidad y, desde ella, proyectemos nuestras opciones políticas individuales. No es adminsible que las propuestas de acción se basan en la negación de la realidad o en mentiras abiertas.

Esto se debe principalmente a que el crecimiento económico que ha experimentado el país durante los últimos 15 años ha sido compartido entre sus habitantes. Desde el año 2000, casi una cuarta parte de la población ha logrado salir de la pobreza. A lo largo del país, los hogares de menores ingresos se han beneficiado más del crecimiento que el promedio nacional.

Como se puede ver en el gráfico superior, los coeficientes de desigualdad en el gasto y el ingreso cayeron significativamente en los últimos 10 años, con uno de los ritmos más rápidos de la región: 12.6% frente a un promedio regional de 5.3%. De esta manera, la pobreza y la desigualdad han ido cayendo constantemente todos los años. Es decir, hoy se pueden cuestionar algunos aspectos del modelo, pero nadie puede negar que la desigualdad en el Perú está cayendo por el crecimiento de la economía.

Estas afirmaciones se ven reforzadas con la recién publicada Encuesta Nacional de Hogares 2009 – 2015, del INEI, la cual muestra que en el 2015, el Perú alcanzó una desigualdad (coeficiente de GINI) del gasto de  0.35 a nivel nacional, a nivel de área geográfica para el área urbana fue 0.32 y para el área rural 0.30.

De acuerdo con lo publicado en dicho informe, el grado de desigualdad del gasto en el país entre los años 2009 y 2015, se redujo de 0.39 a 0.35. Estos resultados se explican por el descenso tanto en el área urbana como rural donde ambos se reducen en 0.02 (de 0.34 a 0.32 y de 0.32 a 0.30, respectivamente). Según región natural, la mayor disminución se dio en la Sierra y Selva al pasar de 0.40 a 0.36 y de 0.39 a 0.35 respectivamente. Ver en el siguiente cuadro:

La evolución del grado de desigualdad del ingreso, como afirma el INEI, entre el 2009 y 2015, disminuyó a nivel nacional y en casi todos sus dominios, con la única excepción de la Costa rural que se mantiene en el mismo nivel. A nivel nacional la disminución es de 0.03, pasando de 0.47 en el 2009 a 0.44 en 2015. 

Armas afirma lo mismo que grafican los cuadros del INEI: “cuando se observan los indicadores socioeconómicos de los últimos 15 años, se destaca un crecimiento mayor de los ingresos en los sectores más pobres, que es la gente que vive en las zonas rurales e inclusive en lugares de mayor altura”.

La información presentada por Armas prueba que la economía de mercado peruana ha producido impactos sociales muy positivos y trae abajo todas las mentiras y mitos con los que los grupos anti sistema de la izquierda radical, más otros grupos políticos que en la primera vuelta pretendieron captar votantes torciendo la realidad.

El año pasado, el Banco Mundial también lo confirmó, afirmando que “el crecimiento económico fue el principal impulsor de la reducción de la pobreza y la desigualdad a través de un mejorado ingreso laboral más que por medio de políticas de redistribución, que solo explican 15% de la reducción de la pobreza.” Ver en Lampadia: Crecimiento disminuye la Desigualdad.

El principal componente del crecimiento de la economía es la inversión privada y, como se observa en el gráfico inferior, es mucho mayor a la pública. Sin embargo, gran parte del debate nacional se centra en esta última, cuando debería hacerlo en la privada, que ha representado, según el IPE 24.5% del PBI en el 2013, 19.2% la privada y 5.3% la pública.

Sin embargo, en el último año, la desigualdad no ha variado. Esto refleja el mal manejo del gobierno al haber frenado la inversión y el crecimiento. En Lampadia hemos denunciado que desde el 2011, coincidiendo con el inicio del ‘gobierno de la inclusión’, se han producido dos puntos de inflexión muy graves, tanto en aspectos sociales como económicos. Ver en Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo.

Está claro que el crecimiento económico no es suficiente para superar la pobreza, en especial la extrema. Para cumplir con este objetivo son necesaria políticas específicas que permitan que este sector de la población, por las condiciones en las que se encuentra, salga de esa estancia rápido y de forma sostenida. La pobreza extrema debe apoyarse con programas sociales, pero la solución estructural es traer a los pobres a la economía de  mercado. Eso es lo que ha sucedido, en buena medida, en la sierra rural, según demuestra Richard Webb en su libro Conexión y Despegue Rural. Armas también afirma: “Un libro del ex presidente del BCR, Richard Webb, muestra el crecimiento de los ingresos en estas regiones desde comienzos de siglo y se observa que el porcentaje de autoconsumo ha bajado significativamente, lo cual implica que ahora más personas pueden acceder al mercado”.

Queda entonces claro que la clave para derrotar a la pobreza es crear riqueza. Como hemos explicado anteriormente, el crecimiento económico no es el objetivo del desarrollo, pero es el único medio para lograrlo. Ver: Sin crecimiento económico no hay desarrollo. El crecimiento ha sido la mejor política de inclusión social. Hemos experimentado un proceso muy positivo que debemos fortalecer, precisamente, por lo que aún falta lograr. Todavía existen 6 millones de personas en situación precaria y 980,000 mil pobres extremos. Motivo por el cual, nuestra agenda pendiente debe seguir privilegiando el crecimiento económico, apostando por la mejora de la educación y salud, cerrar las brechas de infraestructuras y lograr un avance importante en la calidad de nuestras instituciones. Lampadia

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó sus cifras sobre la reducción de la pobreza en el Perú durante los años 2009 y 2015 en un informe titulado, “Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2015”. En esta publicación se informa que durante el último año, la pobreza en el Perú disminuyó tan solo un punto porcentual, pasando de 22.8 % en 2014 a 21.8 % en 2015 (un equivalente a 221 mil personas) y la pobreza extrema se habría reducido solamente 0.2 % respecto al 2014, llegando a 4.1 % en 2015.

Es importante remarcar la definición del INEI para la pobreza y pobreza extrema. Según el INEI, “la medición monetaria usa al gasto como indicador de bienestar”. Define a los pobres monetarios como “las personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente  para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos (vivienda, salud, educación, transporte, etc.). Son pobres extremos aquellas personas que integran hogares cuyos gastos per cápita están por debajo del costo de una canasta básica de alimentos”.

De acuerdo con el INEI,  para una persona no sea considerada pobre debe tener la capacidad de consumir más de S/. 303 al mes, que es el monto fijado como el promedio mensual por persona de la canasta familiar. Por otro lado, para salir de la pobreza extremalos peruanos deben tener un consumo mínimo de S/. 161 al mes, que es el costo de la canasta alimentaria mínima del Perú.

En el último año, la pobreza no se ha reducido a los mismos niveles que en años anteriores. Todavía existe una importante brecha entre los sectores urbano y rural. Como se puede observar en el cuadro inferior, mientras que en el área urbana la pobreza es de 14.5 %, en las zonas rurales se eleva a 45.2 %. Y en el caso de la pobreza extrema, a nivel rural es catorce veces mayor que en las zonas urbanas: 13.9 % contra 1 %.

La región del país en la que más se ha reducido la pobreza en el último año es en la selva. En esta región, la pobreza disminuyó 1.5 %, pasando de 30.4 % a 28.9 %. En la sierra y la costa, la pobreza bajó 1.3 % y 0.5 %, respectivamente. Sin embargo, en este mismo periodo, la pobreza extrema se incrementó en 0.4 % en la selva, mientras en la costa y la sierra se redujo en 0.2 y 0.5 %, respectivamente.

Todas estas cifras muestran que, lamentablemente, la situación en el Perú viene desmejorando en los últimos años. Como hemos señalado anteriormente en Lampadia, en 2011 se produjo un punto de inflexión, tanto en aspectos sociales como económicos. (Ver: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo). 

Es justamente esta falta de crecimiento económico y de inversión lo que ha vuelto más lenta la reducción de la pobreza. Este es el caso también del último índice de The Conference Board, en el que muestra que la Productividad Total de Factores (PTF) habría caído en 4.5% el 2014 y 7.8 % desde el 2011. Ver en Lampadia: Veamos la evolución de la productividad con cifras.

Por otro lado, el indicador de Gini (que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos) muestra la misma tendencia que la línea de la pobreza. Para el año 2015, alcanzó 0.44, es decir, se mantiene en los niveles de año 2014. Sin embargo, bajo un análisis a nivel de región, se observa que en la Costa se mantiene estable, mientras disminuye en la Sierra y se incrementa en la Selva.

Analizando los resultados en un período más largo (2009-2015, el último quinquenio), se observa que la desigualdad disminuye a nivel nacional y en casi todos sus ámbitos geográficos, con la excepción de la Costa rural, la cual se mantiene en el mismo nivel. A nivel nacional la disminución es de 0.03, pasando de 0.47 en el 2009 a 0.44 en 2015. Evaluando los resultados a nivel de dominios, la mayor disminución de la desigualdad se presentó en Lima Metropolitana y Sierra urbana (de 0.44 en el 2009 a 0.40 el 2015, en ambos casos), seguido de la Costa urbana y Selva urbana (de 0.40 en el 2009 a 0.37 en el 2015 y de 0.45 en el 2009 a 0.42 el 2015, respectivamente).

Queda entonces demostrado que la clave para derrotar a la pobreza es crear riqueza. El crecimiento económico ha sido la mejor política de inclusión social. Lo contrario ha sucedido, por ejemplo, en Cajamarca, donde más del 50% de la población son pobres. El Jefe del INEI informó que “en el año 2010, cinco departamentos tenían a más del 50% de su población en situación de pobreza y, en el año 2015, solo el departamento de Cajamarca tenía al 50.8% de su población en condición de pobreza”.

En Cajamarca la inversión pública está estancada por mala gestión pública y porque el sector privado ya no genera riqueza, la productividad del agro es de las más bajas del país, seis veces menor que en Arequipa, y grupos anti mineros han impulsado una agenda política anti-inversión que paralizó un proyecto de US$ 4,800 millones en Conga y los demás proyectos de la región, que hubieran generado miles de empleos y encadenamientos productivos. Una región ‘mágica’, que podría ser la más rica del Perú, se encamina sin pausa a la miseria.

Por lo tanto, la verdadera medida contra la pobreza es el crecimiento. Sin él, jamás se podrá luchar ni reducir la pobreza del país. 

Una vez que desarrollemos nuestro gran potencial productivo (minería, energía, forestal, acuicultura, agro exportaciones y turismo), y retomemos la senda de crecimiento sostenido, podremos abordar el tema de la pobreza a futuro y plantear una manera más eficaz de solucionarlo. Un método que ha logrado con eficacia superar la trampa de la pobreza es el planteado por Poor Economics (Ver en Lampadia: Una visión práctica para la superación de la pobreza), el cual confirma la necesidad de desarrollar programas de apoyo productivo, antes que asistencialismo puro, que, por supuesto hay que mantener para casos extremos, pero nominales, acotados y temporales.

Para que el Perú mejore reduzca la pobreza, es necesario que el sector privado alcance una mayor eficiencia e invierta en innovación y tecnología. Para impulsar la producción potencial se requerirán importantes reformas estructurales y así mejorar la productividad, la inversión, el capital humano y el empleo formal. Ver en Lampadia: Destrabemos la construcción de nuestro futuro. Para enfrentar este tremendo reto se tienen que generar recursos financieros suficientes para una mayor inversión y así evitar trabas paralizantes. Esto es clave, ya que no hay desarrollo sin crecimiento económico.

Este objetivo se logra manteniendo un crecimiento alto y sostenido, para lo que hay que retomar la inversión privada en general y, en particular, la de minería. Tenemos que recuperar nuestro crecimiento económico, que es el principal camino para la reducción de la pobreza y la desigualdad, la generación de empleo y la recaudación fiscal. Lampadia

Ayer publicamos un análisis sobre la importancia de que los reguladores financieros promuevan el desarrollo de la demanda para los servicios financieros digitales de y como esto llevaría una mayor inclusión social, en la medida que responda a las necesidades y capacidades de los pobladores. (Ver en Lampadia: Inclusión Financiera: Foco en la demanda (necesidades y limitaciones). Ahora queremos revisar el lanzamiento de la primera billetera digital.

Con más de 40,000 agentes bancarios y 10.6 millones de tarjetas de débito (según un informe de Inclusión Social del BID), el Perú tiene un sector financiero formal relativamente bien desarrollado. Sin embargo, más del 70% de los peruanos están excluidos financieramente. Esto se debe a una gran variedad de razones, como los costos de transacción, el analfabetismo financiero y la falta de accesibilidad en zonas remotas.

Pero uno de las grandes ventajas del Perú para superar estas limitaciones, es el crecimiento acelerado del alcance de los servicios móviles. Los niveles de uso de teléfonos móviles en todo el país, más del 87% de los hogares (según el INEI), muestran el alto potencial para la inclusión financiera a través de la innovación de servicios financieros, en particular con el dinero móvil. 

Probablemente este sea el motivo o la inspiración del proyecto Modelo Perú (una colaboración entre las instituciones financieras, el gobierno y las empresas de telecomunicaciones). Este proyecto acaba de ser lanzado el martes. Se llama Bim (apócope de Billetera Móvil), la billetera móvil de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) que no requiere cuenta bancaria y busca sumar 3.5 millones de usuarios en cuatro años. La proyección, según explicó Carolina Trivelli Ávila, la responsable del sistema, es de contar con 5 millones de clientes en 5 años, lo cual contribuirá a incorporar ciudadanos al sistema financiero, que en la actualidad tiene entre 10 y 12 millones de excluidos. No queda claro que porcentaje de los clientes del sistema sería a personas no bancarizadas.

¿Cómo funciona? Abrir una BIM es fácil, sólo se necesita marcar el *838# desde el celular, llenar los datos del DNI y luego de unos simples pasos se tendrá el acceso al sistema. Para empezar a depositar y retirar dinero, sólo debes acercarse  a cualquiera de los 4 mil agentes corresponsales identificados como agentes BIM.  

Uno de los puntos más publicitados de este proyecto es que no está restringido a los bancos, más bien congrega a más de 30 emisores de dinero electrónico “en una plataforma tecnológica que permitirá la interoperabilidad entre emisores y entre empresas de telecomunicaciones, desarrollando un nuevo medio de pago de una manera más eficiente, rápida y segura” (afirma la página web de Bim).

Sin embargo, ese “beneficio” también trae consigo una falla muy importante: costos relativamente altos para los ciudadanos más pobres. Cada empresa asociada a este proyecto incluye un pequeño costo, el cual se ve reflejado en el costo final de cada transacción hecha. Esto es contraproducente con el fin del proyecto: la inclusión financiera. Dicho de otra manera, se busca aumentar la  incorporación de más peruanos (especialmente de las zonas de menores recursos) a los beneficios del sistema financiero formal, sin necesidad de utilizar dinero efectivo ni contar con la presencia física de las personas para hacer pagos y transacciones e incluso sin tener una cuenta en el banco. Por lo visto el desarrollo planteado sigue los procesos financieros tradicionales en que los costos de los servicios son absorbidos por los clientes, en vez de promover, para el segmento de clientes más pobres, cadenas de valor de bienes y servicios que permitan compartir beneficios marginales con los clientes finales, tal como indicamos se está haciendo en África. (Ver: Inclusión Financiera: Foco en la demanda (necesidades y limitaciones).

Con este esquema no se logrará la inclusión del segmento más necesitado. Mientras que afiliarse al sistema o recargar no tiene costo, sí habrá un costo cada vez que alguien envía o retira dinero. La persona que haga envíos de dinero pagará 0.50 soles por montos menores o iguales a 100 soles. Si el monto está entre 101 y 500 soles la operación cuesta 1.50 soles y transferir más de 500 soles costará dos soles. También se ha previsto un costo cuando se retira dinero en efectivo: Hasta 300 soles costará 1.50 soles y 2.50 soles para montos mayores. En tanto, las consultas de saldo no tienen costo. Ver tarifario:

Estos costos pueden no parecer altos, pero pueden llegar a sumar cargos onerosos en periodo el tiempo. Para una familia pobre, 50 céntimos significan 2 panes. Además, va en contra de la inclusión financiera, que busca la  incorporación de más peruanos (especialmente de las zonas de menores recursos) a los beneficios del sistema financiero formal, sin necesidad de utilizar dinero efectivo ni contar con la presencia física de las personas para hacer pagos y transacciones e incluso sin tener una cuenta en el banco.

Como afirmamos en el artículo de ayer, según el Centro Internacional de Finanzas y Regulación (CIFR): “los esfuerzos para mejorar la inclusión financiera mediante servicios financieros digitales podrían ser desperdiciados si es que no se llega a los consumidores en las condiciones adecuadas. Se afirma que el problema es particularmente apremiante en los mercados emergentes, justamente en dónde los servicios financieros digitales tienen el mayor potencial para mejorar la inclusión financiera.”

Lamentablemente, la mayoría de medios no se han percatado que estos costos son justamente la barrera que limitará la cantidad de usuarios de su billetera móvil. Y no son los únicos. Pronto saldrán al mercado dos competidores más: “Wanda” impulsado por Telefónica del Perú y asociado con MasterCard y “aPanda” del Grupo La República. Las 3 empresas ofrecen en esencia la misma idea, brindar al usuario una alternativa segura al dinero físico, que facilite los pagos y transferencias. Sin embargo, cada empresa tiene ciertos rasgos que las diferencian.

En el caso de Wanda, su principal debilidad se encuentra en su plataforma, la cual solo opera con usuarios del operador telefónico Movistar. Ello dificulta la conformación de un ecosistema natural de pago y transferencia, ya que existen usuarios que podrían tener celulares de empresas de otros operadores.

APanda, por su lado, tiene un costo variable para la transferencia de fondos de la billetera móvil. Cobrará una tarifa plana por cada envío de dinero, así sean 5 o 1,000 soles, pero Scotiabank ha optado por asumir el costo de las transacciones (Según La República). Esto cambiará eventualmente, ya que “se espera que con la reglamentación de la ley se apunte a regular los precios de uso de la infraestructura telefónica de manera justa, apuntando incluso a una ‘tarifa social’.”

Esperamos que estas empresas tomen algunas de las ideas matrices que hemos publicado y mejoren sus propuestas, una muy buena iniciativa, pero falta mejorarla para lograr efectivamente el objetivo final. Esto ya está implementando en otros lugares, como en el África, donde las dificultades para inclusión financiera son mucho mayores que en América Latina. Ya se están haciendo desarrollos muy importantes donde lo que buscan es crear cadenas de valor de bienes y servicios que permitan que los costos operativos de los servicios financieros no sean trasladados a las poblaciones pobres, sino mas bien absorbidos en dichas cadenas de valor.

Tampoco somos los únicos en América Latina. Paraguay fue el primer país de la región en lo que se refiere a una expansión de los servicios de dinero electrónico no bancario y un mayor acceso a la inclusión financiera digital. El veinte por ciento de la población de Paraguay está utilizando medios móviles para realizar sus operaciones y ahora hay más suscriptores de dinero electrónico para móviles que cuentas bancarias en el país.

Otros países de América Latina también están adaptándose rápidamente y creando leyes y regulaciones enfocadas a incrementar la inclusión financiera digital, como por ejemplo en Uruguay, Colombia y Bolivia. La reciente ley de inclusión financiera en Uruguay exige que en los próximos cuatro años todos los organismos de gobierno utilicen métodos de pago electrónico (una de las recomendaciones de EY en su informe “Building consumer demand for digital financial services – the new regulatory frontier”). Además, garantiza una mayor inclusión financiera, ya que la ley fuerza a que estos métodos de pagos electrónicos sean gratis para abrir una cuenta, no incluyan gastos de mantenimiento y no tengan requisitos de saldo mínimo.

En Lampadia celebramos la gran iniciativa inclusiva y tecnológica que se ha hecho, pero esperamos que tomen estas consideraciones para lograr una verdadera inclusión financiera, donde más se necesita. Lampadia

Continuando nuestra cobertura del evento organizado por la Academia Peruana para presentar propuestas de políticas públicas sobre temas estructurales del país, compartimos con nuestros lectores otro importante aporte: Productividad, Competitividad y Diversificación Productiva (2016-2021), desarrollado por Álvaro Quijandría, economista del Banco Mundial en el Perú.

Los documentos mostrados en el evento corresponden a propuestas de reforma del estado, política económica, inclusión social, políticas de ciencia y educación y desarrollo sostenible y medio ambiente. En este caso, el Documento de Productividad y Competitividad propone la búsqueda de inversión en cadenas de valor globales, la reducción de la rigidez laboral y el fortalecimiento de las habilidades de la fuerza laboral.

El crecimiento económico del Perú en la última década es innegable. Nuestro desarrollo se llevó a cabo principalmente por un aumento sostenido en la productividad total de los factores (PTF), la cual contribuyó alrededor de un tercio del crecimiento. Esto se debe principalmente a la adopción de medidas de estabilización macroeconómica (por medio de un régimen cambiario más flexible, disciplina fiscal y baja deuda pública), además de reformas estructurales como la liberalización financiera, del comercio y regulaciones del mercado. Todo esto mejoró la eficiencia en la asignación de recursos y ha dado lugar a un notorio crecimiento de la productividad. Lo que contradice muchas críticas infundadas sobre el desarrollo de la economía peruana durante los primeros años del nuevo siglo. Ver el siguiente cuadro:

En la década del 2001 al 2014, nuestra economía creció en un promedio de 6.4% anual y duplicó el ingreso per cápita. Comparándolo con el desempeño global, su desempeño ha sido impresionante. Casi una cuarta parte de la población ha logrado salir de la pobreza. A lo largo del país, los hogares de menores ingresos se han beneficiado más del crecimiento que el promedio nacional. Asimismo, la desigualdad cayó significativamente en el mismo periodo, con uno de los ritmos más rápidos de la región: 12.6% frente a un promedio regional de 5.3%.

Sin embargo, según Quijandría, existe una notoria limitación al potencial del comercio debido a las restricciones domésticas generadas por las barreras burocráticas. Estas son las mismas barreras que Lampadia viene criticando arduamente, argumentando que se ha formado un ambiente anti inversión privada mediante todo tipo de trabas burocráticas, permisos ambientales, culturales. Un claro ejemplo es el caso de la minería, donde hemos pasado de dos normas en los 90’s a 201 en la actualidad. (Ver en Lampadia: Hacia una minería más (in)sostenible económicamente) Es justamente esta parálisis en la inversión minera lo que ha terminado desacelerando a una de las economías más dinámicas del mundo.

Otro aspecto crucial para la dinamización de la economía es buscar una regulación laboral más moderna y efectiva en la creación de empleo de calidad, a diferencia de la situación actual que ha venido acumulando regulaciones contra productivas, basadas en análisis populistas que solo terminan por afectar de mayor manera a los trabajadores que pretender proteger. Ver el siguiente cuadro, que muestra el nivel dramático de nuestras regulaciones:

Quijandría propone opciones de política para elevar la productividad, la competitividad y la diversificación productiva. Entre ellas se encuentra la promoción de la competencia, la reducción de costos que genera el cumplir con regulación burocráticas anti-propósito, la ayuda a las empresas en sus retos de innovación, resolver las fallas de mercado para facilitar que continuemos el proceso de diversificación y la búsqueda de inversión en cadenas de valor globales. Para lograr estos objetivos, el autor ha planteado una hoja de ruta en tres tiempos (100 días, 1 año y 5 años), en la que se agregan otras medidas importantes como la reducción de la rigidez laboral y el fortalecimiento de las habilidades o capacidades de la fuerza laboral.

En Lampadia consideramos que este es un gran aporte al debate electoral. Presenta información objetiva que permite una buena evaluación de las opciones de políticas públicas y ayuda a desideologizar el debate. Lampadia