Rafael Venegas
Para Lampadia

Esta conocida expresión urbana se utiliza cuando algo prohibido sucede en presencia y ante la pasividad o falta de acción de quienes deberían impedir que suceda.

Por lo tanto, es perfectamente aplicable a lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Estamos permitiendo que una banda de malos peruanos, aprovechándose de las debilidades de la población y utilizando métodos vedados, se apoderen del país y de sus instituciones, para saquearlo en nombre del ¨pueblo¨ y a vista y paciencia de todos. 

¿Qué nos pasa? ¿Por qué lo permitimos? 

¿Vamos a dejar que destruyan nuestro país sin que hagamos nada? 

Lo que está sucediendo no es un hecho político, es el avance de un grupo delincuencial que se ha encontrado con el poder, sin tener la mas mínima preparación, para dar rienda suelta a sus instintos corruptos. Las pruebas están claramente a la vista y las consecuencias serán desastrosas si permitimos que esto continúe.

La repartija de cargos públicos incrementando mas aún la burocracia y la incapacidad estatal, la corrupción generalizada aprovechando estos cargos, el tráfico de influencias y el abierto apoyo a la ilegalidad, narcotráfico e impunidad, son las características que este escandaloso, corrupto e incapaz gobierno ha mostrado en menos de seis meses a vista y paciencia de todos. 

Además, para que todo esto pase desapercibido, generan situaciones políticas extremas para distraer la atención pública y de la prensa. Entre ellas el nombramiento de ministros y altos funcionarios públicos impresentables, las amenazas de expropiación, el apoyo a desmanes públicos, los pactos con la informalidad, entre otras infames tácticas. 

Por eso la única solución para detener esta debacle es la inmediata vacancia o destitución de este nefasto gobierno. Felizmente, la Constitución y los códigos legales nos dan las herramientas necesarias y suficientes para poderlo hacer. Sólo es cuestión de decisión firme, valentía y patriotismo de quienes tienen el deber representativo de ejecutarlo. 

Como se trata de corrupción y delincuencia, el camino normal sería a través de las instituciones encargadas de impartir el orden y la justicia. Sin embargo, como todos sabemos, estas están totalmente tomadas y parcializadas con el fraude y la corrupción. Estas incluyen a las fiscalías, las cortes de justicia, el nefasto sistema electoral y hasta la vergonzosa e inútil Junta Nacional de Justicia (JNJ). Lamentablemente este camino no nos conducirá a ninguna parte.

Por eso, la solución está en los mecanismos de defensa amparados por la Constitución y que deben ser ejecutados en primera instancia por el Congreso y en último caso por vía de la insurgencia ciudadana o la participación de las FFAA.  

Aquí no estamos hablando de izquierda vs. derecha, ni de ricos vs. pobres, ni de dueños vs. trabajadores. Aquí se trata de los buenos peruanos honrados y trabajadores vs. los malos peruanos corruptos y aprovechadores. 

Repito que esto no es un tema político, es un tema delincuencial, sino revisen los ¨ensayos de laboratorio¨ que se han llevado a cabo en varias regiones y municipios liderados por políticos corruptos de izquierda, como en Junín, Puno, Ancash, Cajamarca y Arequipa, entre muchos otros. 

Como acaba de confesar el dirigente máximo de PL, su objetivo era lograr pasar la valla electoral para no perder su inscripción, ya que el plan de largo plazo de la izquierda radical aún no estaba a punto.

Jamás soñaron con ganar las elecciones, menos aún cuando obtuvieron sólo el 10.5% de los votos en primera vuelta. Nunca pensaron que la ayuda de los anti fujimoristas, los ¨cojudignos¨, los caviares, la pandemia y el fraude electoral avalado por los entes electorales y el gobierno caviar de turno, los llevaría del 10.5% al 50.5% en la segunda vuelta. Pero así sucedió a vista y paciencia de todos. 

 En nuestro país, la izquierda ha sido exitosa en la implementación del plan de largo plazo ideado por el foro de Sao Paulo. Han logrado cumplir sus dos principales objetivos:  

1. Penetrar las mentes de los jóvenes y las personas vulnerables a través de la toma del sector educación y la lucha de clases.

2. Penetrar las instituciones públicas y hacerse de los cargos que toman las decisiones.

Sin embargo, no lo han conseguido solos, ya que han contado con la importante ayuda de sus adoctrinados y acomodados seguidores (los caviares), así como de los vergonzosos medios de comunicación, salvo contadas excepciones. 

También es necesario reconocer que contaron con un apoyo indirecto de la clase empresarial, ya que ésta prefirió gozar del crecimiento económico y la bonanza, manteniéndose alejados e indiferentes de la política y del quehacer diario del país. Craso error, que debe ser analizado en detalle y corregido para que no vuelva a ocurrir. 

Esta fue la plataforma que le sirvió a este corrupto y delincuencial grupo de malos peruanos, que sin saber cómo, se han hecho del poder y lo están aprovechando al máximo para saquear al país.  

La buena noticia es que toda esta pesadilla si tiene una posible solución legal y constitucional la cual está a vista y paciencia de todos.

Ante la ausencia de la primera línea de defensa, es el Congreso quien tiene el deber de hacerle frente a esta gran amenaza, en defensa de la población que representan. 

Para esto se cuenta con las herramientas necesarias y suficientes en la Constitución. No sólo en el artículo 113, que regula las causales de vacancia, sino también en los artículos 99 y 100, que han sido expuestos y sugeridos por la magistrada y ex presidente del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma.

El artículo 99 dice a la letra: ¨Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al presidente de la República; a los ministros de Estado; a los miembros del TC y de la JNJ; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de cesado en estas¨.

El artículo 100 dice: ¨Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad¨

“Más claro ni el agua”. 

Entonces, señores congresistas, está en sus manos el futuro del Perú y de los peruanos. Ya dejen de escudarse en “la gobernabilidad”, la cual no es posible en un escenario donde reina la corrupción y la impunidad.  

Es hora de que los congresistas del grupo “intermedio”, que son los que tienen la decisión en sus manos, asuman con valentía y patriotismo su rol de defensa de la población a la cual representan y decidan en favor del Perú y de los peruanos. 

Si se comportan como deben, tengan la seguridad que toda la población se los reconocerá y agradecerá.

En el supuesto negado que el Congreso no se comporte a la altura requerida, tendremos que pasar a las dos siguientes líneas de defensa. ¡Para lo cual se necesitará un eficaz liderazgo, mucha valentía y un gran patriotismo! Lampadia

Opinión libre de Rafael Venegas
Para Lampadia

No hay duda que todos tenemos motivos mas que suficientes para protestar y de manera muy enérgica. La ciudadanía esta harta, indignada, frustrada y muy enojada. La desbordante corrupción a todo nivel, la vergonzosa impunidad, la creciente crisis moral, la pandemia mal manejada, la crisis económica debido a la ignorancia y populismo de un infame congreso y la peor de todas, la nefasta crisis de gobernabilidad generada por una desgastada, corrupta e irresponsable clase política.

Un verdadero festival de caprichosas interpretaciones constitucionales, abuso del poder para uso propio, clientelismo a diestra y siniestra, populismo barato, inmunidad descarada, blindajes vergonzosos, cierre del parlamento, renuncias y vacancias presidenciales. Es decir, un escenario de una pobreza política sin precedentes que ya tocó fondo. Nuestra democracia está en la UCI y el oxigeno está en manos de incapaces, corruptos e irresponsables.

Por supuesto que dan muchas ganas de protestar, de salir a las calles, de gritar y de hacer mucho ruido, aunque sea como desahogo. Sin embargo, hay que tener en cuenta tres riesgos que pueden jugar muy en contra de estas manifestaciones pacíficas: La proliferación de contagios del Coronavirus, la suspensión de garantías que dan a la policía facilidades para reprimir y el aprovechamiento de la situación por una minoría de malos peruanos.

Estoy seguro de que la enorme mayoría de los peruanos que están protestando en las calles o ¨caceroleando¨ desde sus ventanas, están genuinamente hartos y preocupados por todos estos motivos. Sin embargo, hay una minoría infiltrada que es profesional en estas lides y que sus motivaciones son muy diferentes a las de la mayoría. Hay que identificarlos, repudiarlos y entregarlos a las autoridades.

En esta minoría imprudente se destacan tres grupos: Los irresponsables y trasnochados políticos que quieren aprovecharse de la situación para ganar adeptos para la próxima elección. Dan lástima y vergüenza ajena. Luego están los vándalos que provocan a la policía e incitan al resto para generar caos y vandalismo para luego saquear y robar.

Y la peor de todas, los profesionales del caos, digitados desde el foro de Sao Paulo. Esta mafia que acaba de hacer lo mismo en Chile y Colombia, tienen la rojísima consigna de generar el caos generando vandalismo y hasta muertes, en busca de introducir su trasnochada ideología vía una nueva constitución. Esto lo acaban de conseguir Chile.

Solo basta escuchar las declaraciones de algunos jóvenes que protestan, para darnos cuenta de que ya están haciendo su trabajo aquí también. A todo esto, se suma un sector de la prensa sospechosamente activa en crear y publicar dramáticamente el caos.

En esta protesta hay diferentes motivaciones válidas, pero parece no haber un propósito único y claro, aunque todo apunta a la imperiosa necesidad de renovar totalmente a la desgastada y corrupta clase política.

¡No me siento representado por un desconocido usurpador! ¡No me siento representado por un presidente corrupto y mentiroso! ¡No me siento representado por un congreso incapaz y populista, con mas de la mitad de sus miembros denunciados ante la justicia! ¡Me siento inseguro e indefenso ante una justicia corrupta y una creciente delincuencia!

¿Botamos al usurpador? ¿Regresamos al felón? ¿Qué se vayan todos? ¿Cerramos el irresponsable y populista congreso? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué se vayan todos y se convoque a elecciones generales?

La buena noticia es que esto ya está en camino, ya que las elecciones están programadas para abril. Estamos a solo cinco meses, tiempo ajustado para desplegar un proceso transparente y eficiente que permita a los partidos hacer sus elecciones internas y a los votantes de estar bien informados.

Estoy escribiendo esto el lunes 16 y se acaba de elegir al tercer presidente de la república, en solo una semana. Lo cuestionable es que se ha elegido entre los miembros del impresentable congreso, que es repudiado por la ciudadanía. Esta claro que este presidente tampoco será la solución para el problema de fondo y poco podrá hacer para controlar las crisis que nos agobian.

Sin embargo, debemos exigirle al menos estas cuatro cosas: Calmar a la ciudadanía, encarar adecuadamente la pandemia, controlar la economía para que no siga deteriorándose y garantizar elecciones justas y transparentes en la fecha programada.

Los ciudadanos tenemos el derecho (y el deber) de protestar pacíficamente, ¨cacerolear¨ y gritar cuando sintamos que los que nos representan no están haciendo bien su trabajo y más aún cuando están abusando del poder que les hemos confiado. Para eso tenemos VOZ y debemos alzarla cuando esto sucede. Sin embargo, para que el esfuerzo valga la pena y sea eficaz, tenemos que complementarlo con nuestro VOTO responsable y muy bien informado. La VOZ y el VOTO son nuestras únicas armas y debemos usarlas eficazmente.

¨De nada sirve protestar como un león, si vas a votar como un burro¨
(Verdad Anónima).

Para que no suceda esto debemos utilizar la misma fuerza de la indignación que usamos en las protestas, para exigir que el proceso electoral se respete y cumpla de la manera mas transparente para que así podamos elegir a quienes verdaderamente nos representen.

¨Protestemos como leones, pero también votemos como leones¨

Lamentablemente las reglas ya están dadas y favorecen a los irresponsables y corruptos que las establecieron y no habrá tiempo para reformarlas, por lo que tendremos que acatarlas. Dado esto, tenemos que actuar como leones exigiendo, vigilando y controlando a la autoridad desde hoy, hasta que se proclame al nuevo presidente de la república.

Empecemos por exigirle información detallada y transparente vía medios masivos y especialmente por vía virtual. Aquí la prensa puede convertirse en un jugador relevante, informando veraz y transparentemente a la ciudadanía. ¡Debemos estar informados en exceso!

También debemos demandar que el proceso de revisión y ¨filtrado¨ de los candidatos sea muy riguroso, transparente y enfocada mas en el fondo que en la forma. Las hojas de vida deben revisarse exhaustivamente y publicarse para que la ciudadanía tenga la posibilidad de presentar tachas sin miedo. Aquí la tolerancia debe ser cero. Si lo consignado no es veraz, debe eliminarse al candidato sin miramientos.

No podemos permitir que participen personas con pasados turbios, felones, corruptos, sentenciados, denunciados consuetudinarios, ¨caseritos¨ del poder judicial y de la policía. Tampoco queremos a personas que han demostrado que privilegian sus motivaciones individuales envés de las colectivas, personas sin la debida experiencia, que no han hecho nada relevante en su carrera, o que no tienen la preparación adecuada. Menos aún los que mienten en sus hojas de vida. Escojamos a personas nuevas, pruebas, preparadas, con comprobada experiencia profesional y con vocación de servicio. Tenemos que ser muy críticos y selectivos con los que nos quieren representar. ¡No nos quedemos callados, actuemos como leones!

En el frente de los candidatos presidenciales aparte de lo anterior, tenemos que exigirles que presenten y publiquen sus planes de gobierno y que nos expliquen cuales son sus planes para solucionar las cuatro crisis (de salud, económica, política y moral). Además, deben presentar a las personas que conformaran su equipo de gobierno. Esta información debe ser presentada oportunamente, al menos tres meses antes de la elección, para que toda la ciudadanía pueda revisarla y así votar muy bien informada.

Es importante también influir y educar a nuestro entorno para que se informen bien antes de votar. El voto responsable y bien informado junto con nuestra voz de protesta, es la combinación perfecta para deshacernos de una vez por todas, de esta trasnochada, corrupta e irresponsable clase política y salvar a la verdadera democracia que hoy agoniza.

Por eso no debemos olvidarnos que:

¨De nada sirve protestar como un león, si vas a votar como un burro¨ Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 3 de mayo de 2019
Para Lampadia

¡Detesto a los corruptos! Los corruptos se sirven de todos sus poderes para dejar secuelas de miseria en la gran mayoría de la población. Pueden ostentar cualquier cargo en el Estado o en la Sociedad Civil. Lo estamos viendo. Desde presidentes de la república, hasta humildes porta pliegos. Médicos o maestros. Empresarios o periodistas. Jueces, fiscales o policías. Corrupto puede ser cualquiera.

Son unos caraduras. Les gusta fungir de moralistas. Son grandes teatreros. Pasan de la risa al llanto con total naturalidad. Para defenderse recurren a argumentos inimaginables. Manejan el cinismo y la hipocresía con mucha destreza.

Ninguna prueba resulta suficiente para que reconozcan sus delitos. Niegan sus caligrafías. Desconocen sus voces. “El video ha sido editado” espetan espontáneamente cuando son filmados en flagrancia.

Por otro lado ¡detesto la impunidad! La impunidad es la madrina de la corrupción. La impunidad proviene de autoridades judiciales corruptas. Por eso ¡no nos vengan con que el Ministerio Público y el Poder Judicial son los paradigmas de la integridad en nuestro país! ¿Acaso Hinostroza no fue Juez Supremo Titular? ¿Acaso Águila no fue presidente del Consejo Nacional de la Magistratura? Y ¿quiénes eligieron a Águila? Pues nada menos que los máximos representantes de la Corte Suprema de Justicia, la Junta de Fiscales Supremos, las Universidades públicas y privadas, y los Colegios Profesionales. Es evidente… ¡casi todo el sistema de justicia – de arriba a abajo – estaba metido en la mazamorra!

¡Detesto el derecho inquisitorial! Las prisiones sin sentencias – o peor aún, sin acusaciones – son una manifestación de ello. Nuestras cárceles están llenas de presos sin sentencia. ¡40 mil, dicen los que saben! ¡Cuántos serán inocentes! ¡Cuántos estarán siendo chantajeados por fiscales y jueces corruptos!

“Por la ley y la moral”. Así actuaban los inquisidores medievales para quienes todas las denuncias – incluso las anónimas – eran válidas. Estamos viviendo prácticas inquisitoriales donde la voz de cualquiera manda sobre la justicia y la verdad.

No perdamos de vista que la justicia en nuestro país es – en términos generales – paupérrima y muy corrupta. Por eso es tan importante acertar en el caso Lava Jato. Lava Jato es nuestra máxima esperanza. Y los Cuellos Blancos también. ¡Que caigan los poderosos! ¡Que los corruptos vayan a la cárcel!

Para ello, los procesos judiciales tienen que estar perfectamente ajustados a la justicia y la verdad. Los corruptos se aprovecharán del más mínimo error para tirárselos abajo. Recordemos que estamos luchando contra cuatro poderes recontra bravos: el poder político, el poder económico, el poder mediático… ¡y el propio poder judicial! Y los poderosos no se van a rendir así nomás.

En ese sentido, vemos mucha valentía y determinación de parte de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. ¡Excelente! Pero ¡por qué no acusan! Vemos muchas prisiones preventivas, pero casi ninguna acusación. Eso no está bien. ¿Por qué no acusan a Toledo? ¿Por qué tardaron tanto en acusar a Humala y Nadine? ¿Por qué Keiko está presa sin ninguna acusación?

¡Acusen! ¡Juzguen! Pero rápido. Y luego – si los casos lo ameritan – metan a los corruptos a la cárcel. Pero no al revés. Repito. Nadie quiere ver a los corruptos libres. Pero peor es ver a inocentes en prisión. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 20 de abril de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

El compromiso político que propició nuestro triunfo en las elecciones regionales pasadas fue “gobernar en el nombre del agua, la salud, la educación, y la justicia”. Algo parecido a la Santísima Trinidad del Cristianismo: Padre, Hijo, y Espíritu Santo.

En el caso del Gobierno Regional de Ica – como si se tratara de una religión – nuestra “señal de la cruz” tiene 4 grandes prioridades: agua, salud, educación, y justicia. Inclusive, nos persignamos cuando la pronunciamos en voz alta.

En artículos anteriores me he referido – ampliamente – al agua, la salud, y la educación. Y aunque se les pudra el hígado a nuestros detractores, no pueden negar que hemos tenido logros importantes en esos tres ámbitos. Obviamente, queda un largo camino por recorrer, pero es un hecho incuestionable que tenemos más agua, gracias a los reservorios que hemos construido en la Sierra. Es – también – incuestionable que tenemos más agua potable en los hogares; que la atención en nuestros hospitales ha mejorado; que hemos reducido los casos de Dengue; y que la educación ha mejorado mucho. Incluso, nuestros logros en deporte, cultura y ciencia están claramente cuantificados en nuestro medallero olímpico escolar.

¡Pobres criticones! A regañadientes han tenido que tragarse varios sapos. Tantos que hasta tufo a batracio les ha salido. En fin… ¡allá ellos con sus rabias e indigestiones!

Ahora – más bien – quisiera referirme a la 4ta. gran prioridad de nuestro compromiso de gobierno: la JUSTICIA… rubro en el cual también tenemos logros importantes. Si no, que lo digan los 30 funcionarios corruptos que hemos destituido del Gobierno Regional. Y otros tantos que hemos suspendidos temporalmente… sin goce de haberes.

A ese respecto se podría decir que el “Sistema de Justicia” no funciona como debiera. Me refiero a instituciones como la Policía, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario. Incluso, el Congreso de la República y los Consejos Regionales. A los que habría que agregar otras instituciones como los Colegios Profesionales, la Prensa, y toda una gama de Asociaciones y ONG’s que – supuestamente – ejercen JUSTICIA en nuestro país.

Pues bien – repito – ese “Sistema de Justicia” no funciona como debiera. Prueba de ello… la corrupción. Y su prima hermana… la impunidad. Peor aún, todas las instituciones antes mencionadas están infiltradas por gente corrupta. CORRUPCIÓN… “ese virus social que lo infecta todo”. (Palabras del Papa Francisco).

La única JUSTICIA que funciona – al menos en el Gobierno Regional de Ica – es la “Justicia Administrativa”. O sea, la que nos ha permitido sancionar – rápidamente, y con todas las de la ley – a decenas de servidores corruptos que se juraban intocables. Médicos que abandonaban sus guardias y cobraban como si nada. Funcionarios que cobraban viáticos con facturas falsas. Trabajadores que “vendían” todo tipo de licencias o permisos. Enfermeras que lucraban con medicamentos robados. Jefes que cobraban cupos a sus subalternos. Coimeros que sobrevaloraban todo tipo de compras y contrataciones inútiles. Y muchos etcéteras más.

Ninguno de los delitos antes mencionados fue detectado – y menos sancionado – por ninguna de las instituciones del “Sistema de Justicia”. Al contrario… ¡algunos congresistas y consejeros regionales se pusieron del lado de los corruptos! ¡Cuántos policías y fiscales forman parte de las mafias de la corrupción! Y ¿Qué me dicen de los dirigentes del Colegio Médico de Ica y los periodistas chantajistas? ¡Son unos pandilleros!

Las cosas claras y el chocolate espeso. El problema No. 1 de nuestro país es la corrupción. Y el No. 2 la impunidad. El “Sistema de Justicia” no funciona. Lo único que funciona – cuando existe la voluntad y las agallas para aplicarla – es la Justicia Administrativa. En ese sentido, vamos a seguir sancionando la corrupción con el máximo rigor. ¡Así ejercemos JUSTICIA en favor de la ciudadanía!

En el nombre del agua, la salud, la educación… y la JUSTICIA. ¡Amén! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es imposible luchar eficazmente contra la delincuencia organizada y no organizada si el Poder Judicial se convierte eventualmente en un instrumento de los poderes mafiosos para defender sus posiciones e incluso para conquistar nuevos territorios. Es imperativo que el Dr. Duberly Rodríguez, presidente de la Corte Suprema, adopte decisiones que pongan coto a la cantidad de decisiones judiciales que destruyen sistemáticamente el principio de autoridad.

Las cautelares en jurisdicciones ajenas

Tenemos el caso de las empresas azucareras de Lambayeque, donde reina la ley de una selva en la que se enfrentan grupos mafiosos, algunos de ellos con ejércitos de sicarios y reguero de muertos, por el control administrativo de la empresa. Y, por supuesto, el instrumento para tomar la administración y desplazar al otro es algún juez de una jurisdicción lejana, eventualmente respaldado por la propia Corte Superior de Lambayeque. Hemos sido testigos, hace poco, de cómo un juez de Bongará en Amazonas, instaló en la administración de la azucarera Tumán al grupo llamado el CLAN, destituyendo al directorio presidido por Felipe Cantuarias que había sido debidamente elegido en una junta de accionistas. ¿Cómo puede un juez de Bongará dictar una medida cautelar en relación a una empresa situada en Lambayeque?

Duberly Rodriguez me respondió en entrevista publicada en El Comercio que impedir que un juez pueda dictar una medida cautelar para otra jurisdicción, requiere ley, y que hay un proyecto en el Congreso que no se aprueba. Pero no lo hemos visto reclamando y tampoco tomando medidas internas que, interpretando la ley vigente, puedan limitar o precisar los casos en los que se pueda dictar tales medidas.

Los casos son incontables. La gota que rebalsó el vaso fue la orden de excarcelación de Samuel Roncal Miñano, procesado por el asesinato de un inspector de la Sunat en Chiclayo, y preso en la cárcel de Chiclayo. Esta orden fue dada por un juez de Paz Letrado ¡de Amazonas!, que atendió un habeas corpus a favor de Roncal. Felizmente el funcionario del INPE que recibió la notificación adujo una falla formal que debía ser subsanada, lo que dio tiempo al ministerio del Interior para protestar hasta que la propia Corte Superior de Amazonas dio como explicación que esa notificación había sido ¡falsificada! Pero no lo había sido. Fue una manera de salir del paso. 

No hay procesados por bloqueos de carreteras y aeropuertos

El Poder Judicial no puede ser un instrumento del delito y el desorden. El ministro de Justicia, Enrique Mendoza, me confirmó en una entrevista reciente publicada en El Comercio, que no existe un solo procesado por los delitos de bloqueo de carreteras, toma de aeropuertos, ataques a la propia Policía y otros cometidos en las distintas movilizaciones de los últimos años. Y cuando le pregunté a Duberly Rodriguez si no debería establecerse una jurisdicción nacional para juzgar esos casos, donde las presiones locales amedrentan a fiscales y jueces, rechazó tal posibilidad. El Poder Judicial ni siquiera ha considerado incluir esa clase de delitos entre los que pueden ser procesados por los juzgados de flagrancia, que sería una manera quizá más efectiva de responder a estos casos.

Habeas Corpus contra estados de emergencia

Pero ahora resulta que se presentan habeas corpus contra los estados de emergencia. Por ejemplo, el Frente Único de Defensa de los Intereses de Challhuahuacho y dos organizaciones más han presentado una demanda de Habeas Corpus ante el Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas, Saúl Cansaya Flores, para que se levante el Estado de Emergencia en el distrito de Chalhuahuacho. El juez ha admitido a trámite el recurso y ha notificado al Procurador Público de la PCM.

Reposición de policías y ascensos

Para no hablar de la cantidad de policías que pasan al retiro por renovación de cuadros, que es una facultad del Ejecutivo, y que son repuestos por el Poder Judicial, poniendo piedras en el camino de la reforma y la depuración policial. Entre agosto del 2016 y octubre del 2017, 169 policías han sido reincorporados por orden judicial, como podemos ver en el siguiente cuadro:

Entre ellos, hay 10 generales reincorporados. ¿Cómo se puede llevar a cabo una reforma de la institución policial si es saboteada de esta manera por el Poder Judicial? Los juzgados constitucionales Primero, Cuarto y Noveno son los más prolíficos en estas disposiciones.

Pero no son solo las reposiciones. Hay algo más increíble aun: ¡hay ascensos por orden judicial! En efecto, la Policía nos informa que “el Poder Judicial mediante sentencias y medidas cautelares en los procesos de amparo viene ordenando lo siguiente; 1) Otorgamiento de puntaje por algún concepto; 2) Se le permita participar en el proceso de ascensos incluso de los que ya culminaron; 3) Ordenen su incorporación en el cuadro de aptitud; 5) Ordenen su inclusión en el Cuadro de Merito para el Ascenso; 6) Derecho de pasar lista de revista Adicional en situación de actividad en vía de regularización; 7) Otorgamiento de condecoraciones y felicitaciones; 8) Otros derechos que el personal policial no ostentaba al momento de interponer su demanda de amparo; estos derechos son otorgados por un juez constitucional luego de ordenar su reincorporación; y a través de los procesos contenciosos administrativos y laborales se viene concediendo ascensos automáticos encubiertos”.

Es decir, no solo no se advierte en el Poder Judicial un esfuerzo genuino de reforma y depuración interna, sino que algunos jueces se esmeran en entorpecer las políticas de reestructuración, mejoramiento y moralización de la institución policial, tan difíciles de llevar a cabo por la manera como se han institucionalizado corruptelas de todo tipo.

No se puede detener fiscales ni jueces

No solo eso. El artículo 454 del nuevo Código Procesal Penal establece un procedimiento contra los jueces y fiscales que cometen delitos de función que remite la acusación y el juzgamiento a la instancia inmediata superior, con lo que le resulta muy difícil a la policía detener a fiscales o jueces comprometidos en las investigaciones que se llevan a cabo. De hecho, vemos que se detiene a policías vinculados a organizaciones criminales, pero nunca a fiscales ni jueces. Esto tiene que cambiar.

La revolución institucional que el país requiere necesita una voluntad política clara y decidida de todos los estamentos: el Congreso, el Ejecutivo y el sistema judicial. Necesitamos un acuerdo político sobre esto, y un compromiso auténtico de las autoridades de estas instituciones. De lo contrario la delincuencia ganará la batalla y el Estado peruano no será capaz de implantar el imperio de la ley en el territorio. Lampadia

Hablamos mucho de Lava Jato, pero ha llegado el momento de hablar sobre el ‘Pos-Lava Jato’. Así como en el Perú hemos caído en la terrible corrupción venida desde el Brasil, ahora debemos seguir de cerca, no solo el proceso de persecución de los delincuentes, también debemos aquilatar y copiar las estrategias de los jueces y fiscales brasileños para implantar una profunda reforma judicial que vaya a las profundidades del eco-sistema pro corrupción que está instalado en las entrañas del sistema judicial.

Es digno de destacarse la estrategia de validar el proceso de reforma mediante un mandato claro de la opinión pública. Los promotores de ‘Las 10 Medidas’, previamente a llevar su propuesta de reforma, han recabado 2’000,000 de firmas de ciudadanos y han validado así un proceso que no debiera poder ser saboteado por los defensores del statu-quo.

Veamos con mucho cuidado el informe de Sebastiao Mendonca sobre ‘Las 10 Medidas’ contra la corrupción. 

Reforma Anti-Corrupción

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

La corrupción se desarrolla y se institucionaliza en los países en que la legislación lo permite. Es decir, si hay altos niveles de corrupción en las élites políticas es porque la legislación del país, de alguna manera, brinda estabilidad a la corrupción e impunidad a los corruptos. En el caso de Brasil, la operación Lava Jato ha puesto en evidencia los niveles de corrupción existentes y las deficiencias de la actual legislación, y ha puesto a la orden del día la necesidad de una reforma anti-corrupción.

La necesidad de la Reforma Anti-Corrupción

Hace muchos años que la legislación brasileña es tolerante a la corrupción, generando un sofisticado laberinto de leyes que hace casi imposible condenar y castigar a los crímenes de cuello blanco. Ello es verdad para los corruptos en general, y es aún más verdad para aquellos políticos corruptos que cuentan con foro privilegiado: ministros, diputados, senadores, presidentes, altos funcionarios, etc. Las investigaciones de Lava Jato han puesto en evidencia para la opinión pública que la actual legislación brasileña ofrece a los corrutos una serie de mecanismos para lograr la impunidad y para ocultar los resultados del robo.

A pesar de ese marco legal, la Operación Lava Jato ha logrado avanzar. Sin embargo, de no corregirse ese marco legal, puede suceder que Lava Jato resulte siendo un evento efímero en la historia de la sociedad brasileña. Por ello, la asociación de fiscales federales, los líderes de Lava Jato y algunos movimientos sociales liberales están promoviendo una Reforma Anti-Corrupción conocida en Brasil como las 10 Medidas Contra la Corrupción.[i]

Para ayudar a grabar en la opinión pública, los promotores de la reforma anti-corrupción han agrupado los cambios legales alrededor de grupos de medidas, como una analogía a los 10 mandamientos.

La premisa de los promotores de las 10 Medidas Contra la Corrupción es que la corrupción es resultado, en primer lugar, del marco legal e institucional, y no es parte de un destino inevitable de los países.

Antes de presentarlas al Congreso de la República, los promotores de las “10 Medidas” realizaron una campaña nacional, estado por estado, explicando su necesidad y recogiendo firmas, recibiendo el respaldo de más de 2 millones de ciudadanos. Actualmente, ese paquete de normas está en la Cámara de Diputados, siendo objeto de una dura lucha entre los promotores de las medidas, los críticos a algunos de sus elementos y los defensores del actual statu quo legal.

La tragedia de nuestro sistema judicial se traduce en la impunidad que generan los procesos anacrónicos con que funciona,  los vacíos legales, las absurdas fallas de coordinación entre sus estamentos, la saturación de las cárceles y la corrupción.

La necesaria reforma del sistema de justicia es una de las tareas más importantes que debe enfrentarse en los próximos años. Consecuentes con este imperativo nacional, en Lampadia hemos creado una biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI (Sistema Judicial), especializada en el diseño y desarrollo del sistema que necesitamos. El siguiente artículo sobre el caso de la reciente escandalosa liberación de los 5 ‘marcas’, debe servir para analizar sus concomitantes y guiarnos a darle contenido. 

Jaime de Althaus

La liberación de una peligrosa banda de 5 marcas porque la acusación fiscal le llegó al juez 5 minutos después de que se habían cumplido las 24 horas de detención, indignó a la Policía y también a la ciudadanía. No vamos a entrar al rosario de acusaciones mutuas: la Policía le echó la culpa a la fiscal y ésta a la Policía y también al juez. Lo que interesa es analizar si aquí falló el sistema o las personas o si hubo corrupción. Es algo que el Ministerio Público debería investigar y comunicar a la opinión pública.

Mientras tanto podemos adelantar lo siguiente. Lo primero que se puede advertir es que en la era de la tecnología de las comunicaciones, sigamos con procedimientos pretéritos. Cesar Azabache lo dijo en La Hora N: “¿Por qué no pueden coger un teléfono y advertirle al juez que necesitan una orden judicial y pasarle por correo electrónico la información mientras se dirigen al juzgado? Acá todavía siguen con papeles escritos para todo. Cuando interrogan le preguntan al detenido si tiene cicatrices, marcas o señas, y si las tiene hay que describirlas en la declaración: ¿no hay cámaras fotográficas o celulares para tomar fotos?”.

Azabache agrega: “Las cosas están confundidas: en todo el hemisferio cuando un policía detiene a un delincuente, hay un plazo que puede ser de 24 horas para que juez verifique que se trata de la persona indicada, que está bien detenida y que no la están golpeando… Aquí pensamos que además hay que presentar todos los cargos penales en su contra. Entonces el tiempo no alcanza. Por eso, se le pide autorización al juez para mantenerlo detenido a fin de completar la investigación, organizar un caso. Es la llamada convalidación”.

Hay que señalar que en Lima no está vigente aun el nuevo Código Procesal penal (NCPP) que contempla esa posibilidad: pedir 7 días más para preparar el caso antes de llevarlo al juez. Además, lo que ocurre es que los cinco ‘marcas’ fueron capturados en flagrancia, y ni siquiera el NCPP considera la posibilidad de extender a 7 días el plazo de detención de 24 horas, antes de entregar el caso al juez, cuando se trata de flagrancia. Por eso el Fiscal de la Nación, el presidente de la Corte Suprema y el Ministro del Interior decidieron, en la reunión que tuvieron luego de producido este escandaloso hecho, presentar al Congreso dos propuestas legislativas:

a. Modificación de la Ley para que en los casos de flagrancia proceda la convalidación de la detención preliminar hasta por siete días.

b. Modificación del artículo 2, inciso 24, literal f de la Constitución Política del Perú para que el plazo de detención por flagrancia se amplíe de 24 a 48 horas.

Según Azabache, lo segundo no sería necesario si se aprueba lo primero, entendiendo que de lo que se trata con las 24 horas no es de llevarle al juez todo el caso investigado y preparado sino solo lo necesario para que éste verifique que la detención ha sido bien hecha.

Pero lo que llama la atención es que este caso pudo haber sido presentado por la Fiscal no como uno de flagrancia sino de crimen organizado. Pues se trata de una banda. Y si bien el NCPP no está vigente en Lima, sí lo está para los casos de crimen organizado. De modo que la Fiscal hubiese podido pedir incluso 15 días de detención previa para armar bien el caso y presentarlo al juez. Pero no lo hizo. Lo presentó como uno de flagrancia.

Es cierto que los delincuentes fueron capturados cuando estaban a punto de cometer un atraco, es decir, de manera flagrante, pero, según parece, eso no fue fruto de la casualidad sino de un seguimiento que se había hecho durante un mes. En efecto, el director de Defensa Legal de la PNP, Máximo Ramírez, explicó que los criminales fueron capturados tras realizar una labor de inteligencia durante un mes. Y el comandante Flavio Esquivel Villafane, jefe de la Divincri Carabayllo, declaró indignado que al liberarlos “echaron por los suelos el trabajo de investigación policial y el sacrificio de mi personal para que estos delincuentes estén en la calle”.

Entonces no se trataba de un caso de flagrancia sino de seguimiento a una organización criminal, que cabe dentro del supuesto de la ley que adelanta el NCPP en Lima para los casos de crimen organizado. La fiscal pudo pedir 15 días adicionales, más aun si se encontró drogas. Si esto es así y no lo hizo, cabe plantear la hipótesis de que aquí hubo corrupción, sea a nivel de la fiscalía o del juez. O cuando menos supina incompetencia. Eso es lo que hay que investigar. 

Lampadia    

El siguiente artículo de Jaime de Althaus que formará parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI, nos demuestra que la orientación de esta nueva norma va en contra de los intereses nacionales. Como se ha explicado anteriormente, uno de las mayores causas de los crecientes niveles de criminalidad en el Perú, es la impunidad, agravada por la falta de carcelería efectiva por los delitos menores, como producto de la laxa normativa actual.

Pues, por más increíble que pueda parecer, el proyecto del nuevo código amplía los espacios posibles para penas sin carcelería efectiva. Pareciera que el proyecto se ha escrito para ser aplicado en Noruega, donde se están cerrando las cárceles por falta de reos.

En todos los aspectos de la vida del país tenemos normas perniciosas, contradictorias, sobrepuestas y que se exceden largamente en el número de ellas, al mismo tiempo que traen un menor nivel de gobernanza. Es inaceptable que una revisión de un código tan importante sea diseñada para agravar nuestros males institucionales.

El proyecto del nuevo código penal no reduciría la inseguridad ciudadana

La discusión en torno al proyecto del nuevo Código Penal se ha centrado en problemas de inconsistencia y falta de proporcionalidad en la duración de las penas: delitos menos graves tienen penas más altas que otros más graves, y en el tratamiento benevolente a ciertas formas de discriminación, etc. Pero hay un aspecto aún más importante y en el que este proyecto retrocede reduciendo la posibilidad de dar una respuesta eficaz al problema de la inseguridad ciudadana, específicamente a la altísima tasa de victimización por delincuencia que nos asola, que es la más alta en América.

Hemos sostenido que la causa principal de tan alta tasa delincuencial radica en la impunidad: los delincuentes no son atrapados o si lo son, con frecuencia no se les castiga si el delito que han cometido tiene una pena de cuatro años o menos pues el juez tiene la facultad de suspender la ejecución de ese rango de penas, y eso es lo que hace. Pero lo que se ha olvidado es que según el artículo 29 del código penal, el juez tiene la facultad de aplicar penas privativas de la libertad efectivas de dos días o más. No lo hace porque no hay centros de detención locales o municipales donde los reos puedan cumplir penas cortas, y no tiene sentido enviar a Lurigancho a un sentenciado por una semana o un mes o tres meses.

Entonces lo que hemos propuesto es que las municipalidades construyan pequeñas carceletas para esa clase de delitos y que –en Lima- la justicia penal se descentralice a los distritos. Es decir, que en cada distrito haya cuando menos un juez, un fiscal y una pequeña carceleta, para hacer posible el castigo efectivo de los delitos menores, que son los que en mayor cantidad afectan a la población, y suprimir entonces la impunidad, que es la madre de la delincuencia. Sin impunidad, la tasa de victimización se encogería sensiblemente.  Esta es la solución que demandan, de otro lado, los juzgados de flagrancia para que se vuelvan realmente efectivos. Sin ella, caen en lo mismo: no pueden condenar a pena efectiva.

Pues bien, ocurre que el proyecto del código penal anula la posibilidad de condenar a penas privativas de la libertad cortas. Según el artículo 31.2 del proyecto “la pena privativa de la libertad tiene una duración mínima de dos años”, ya no de dos días. Increíble. No solo eso: el artículo  72 del proyecto de nuevo código penal establece que el juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que “la condena se refiera a pena privativa de la libertad no mayor de 5 años”. Es decir, sube de 4 a 5 años la pena cuya ejecución puede ser suspendida. Con lo que la esperanza de reducir la impunidad se aleja aun más.  

Al mismo tiempo, sin embargo, el proyecto sube las penas a varios delitos  cuando de nada sirve subir las penas si estas no se ejecutan o si en la base de la pirámide delictiva lo que reina es la impunidad total y, por lo tanto, la ley de la selva. Lampadia

Como parte de nuestro repositorio sobre ‘El Estado del Siglo XXI’, publicamos el siguiente artículo el Juez Superior Titular Bonifacio Meneses, coordinador por el Poder Judicial de la implementación de los juzgados de flagrancia recientemente establecidos, que han permitido sentenciar en menos de 72 horas los casos de flagrancia y otros como los de familia, dando un paso gigante en la reducción de la impunidad en nuestra sociedad, evalúa los avances, críticas, peligros y déficits de estos procesos tal como están funcionando a un mes de ser implantados, y formula recomendaciones. Ver el Estado del Siglo XXI.

El proceso inmediato como respuesta a la inseguridad ciudadana

RATIO LEGIS DEL Decreto Legislativo 1194

Bonifacio Meneses Gonzales

Juez Superior Titular del Sub Sistema Anticorrupción

Coordinador Nacional para la implementación del D. Leg. 1194

El Código Procesal Penal del 2004 establece, para los efectos de juzgamiento, por un lado, un proceso ordinario o común (Libro III), y por otro, los procesos especiales de simplificación procesal (Libro IV), dónde se advierte la acusación directa, la terminación anticipada y el proceso inmediato. 

El decreto legislativo Nº 1194, que entró en vigencia el 29 de noviembre del 2015, modifica los artículos 446, 447 y 448 del Nuevo Código Procesal Penal antes referido, principalmente en cuanto al proceso inmediato.

Este es un proceso especial que se aplica en cinco supuestos: i) delincuencias acaecidas en flagrancia, ii) confesión sincera, iii) convicción evidente iv) conducción en ebriedad o drogadicción; y v) omisión a la asistencia familiar. Este procedimiento ha potenciado la eficiencia y eficacia del sistema.

A un mes de funcionamiento los “juzgados de flagrancia” han  resuelto de manera definitiva más de dos mil causas. Los beneficios han sido altos: han disminuido los presos sin condena; ha permitido la resolución del conflicto de manera muy cercana al evento, potenciando la aplicación de salidas alternas del conflicto; se ha logrado responsabilizar a los autores de hechos delictivos y e imponer la reparación civil por el hecho dañoso.

Al mismo tiempo se ha potenciado los principios acusatorios (oralidad, inmediación, publicidad, contradicción, igualdad de armas, entre otros), han disminuido los costes de la justicia al suprimir los tiempos de espera y retardo judicial injustificado, y el Poder Judicial tiende a lograr mayor legitimidad institucional. 

Decisiones que deben tomarse para el mejor desarrollo del proceso inmediato

• Ponderar estadísticamente la carga procesal que tendrán los despachos. 
• Determinar si se cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente a la reforma legal.
• Valorar la experiencia del plan piloto de Tumbes a efecto de no repetir posibles errores o deficientes estructurales y de personal.
• Potenciar la utilización de la tecnología como instrumento dentro de la justicia.
• Estandarizar la gestión de procesos mediante la utilización de ingenieros industriales siguiendo la experiencia chilena en el tema.
• Establecimiento de una comisión multipartita para las decisiones administrativas de funcionamiento donde participen representantes de la defensa pública, abogados, Justicia, Jueces, administrador del Poder Judicial, policía administrativa y traslado de detenidos.
• Creación de una oficina de justicia restaurativa de modo que se potencie la utilización de salidas alternas al conflicto, pues de lo contrario es probable que conlleve un hacinamiento carcelario importante.
• Capacitación agresiva a operadores del sistema, fiscales y abogados en destreza y litigación oral, y a los jueces en conducción de audiencias. Esto con talleres, seminarios y pasantías.

Problemas por resolver

Si bien los procesos inmediatos reducen los plazos de resolución de dos años a un promedio de tres días (hay casos que se han resuelto en menos de una hora), debe prestarse atención a posibles riesgos:

1. No todo delito en flagrancia es de simple y sencilla resolución. El Ministerio Público debe realizar una proyección objetiva responsable respecto a la causa. Precisamente el artículo 446.2 permite excepcionar la tramitación mediante proceso especial en asuntos que por su complejidad requieran una mayor investigación. Ese mismo control debe ser replicado por defensores y jueces al momento de la audiencia de incoación del proceso (también llamada audiencia de fijación de competencia).
2. Libertad probatoria, cadena de custodia y prueba. Si bien el nuevo sistema acusatorio propugna el principio de libertad probatoria (todo puede ser probado por cualquier medio lícito), esto no debe conllevar una ligereza en cuanto a los datos, medios y órganos de prueba; asegurar la  cadena de custodia y la utilización de prueba científica.
3. Si bien se trata de un proceso que debe desarrollarse en pocos días, esto no conlleva un menosprecio de las garantías judiciales del imputado. De este modo, bajo criterios de pertinencia, utilidad, necesidad y conducencia debe ponderarse la búsqueda de las pruebas que incriminen y que descarten responsabilidad. El proceso inmediato no es un proceso de condenas; es un medio de simplificación procesal, no de supresión de garantías. Debe tenerse claro el principio de inocencia que protege a todos las personas. 
4. Estado de Derecho: los jueces somos depositarios de la ley y la Constitución. Hemos jurado cumplirla. El juez debe actuar de modo transparente, público y bajo control social en la función que cumple. El juez debe autocontenerse; no responde a criterios de populismo punitivo, encarcelamiento desmedido, presiones sociales o mediáticas. En resumen el juez no es un agente de publicidad o mecanismos de promoción personal; los jueces no deben tener la ligereza de ser autoproclamados como “mano de hierro”, o que surja alguna una competencia entre jueces por ser “el más rápido”, o el que más pena impone. La publicidad es hacia el proceso y la Justicia, no hacia el juez. Resultan inadmisibles “poses” publicitarias de jueces sobre los actos que por ley les corresponde cumplir o que mediante sus sentencias pretendan imponer una determinada moralidad o modelo de comportamiento religioso.
5. Sanción Penal Producto de la complejidad de los casos: es posible que delitos en flagrancia o en los otros supuestos del Art. 446 sean ordinarizados (no tramitados mediante el proceso especial). A nuestro criterio la posible pena a imponer debería ser una alerta importante. Un caso cuya consecuencia sea pena perpetua debería atenderse en un proceso ordinario, con una búsqueda amplia de prueba y un análisis dogmático serio desde la teoría del delito acreditando la acción penalmente relevante, la tipicidad objetiva y subjetiva, la antijuridicidad material y formal y por supuesto la culpabilidad como juicio de reproche,  superando así cualquier tipo de duda sobre la responsabilidad criminal del justiciable.  Debe superarse cualquier tipo de causas de atipicidad, justificación o exculpación. Incluso la existencia de algún error de tipo o prohibición. 

Critica existente al proceso inmediato

El nuevo sistema ha generado algunas críticas tales como:

a) Proceso mediático populista: la existencia del proceso nuevo y expedito ha conllevado un mayor interés público y difusión mediática. La justicia debe ser brindada con transparencia, rendición de cuentas y de frente a la ciudadanía. Por ello la mayor cobertura mediática no resulta ni inoportuna ni mucho menos nefasta, sino correspondiente a los controles sociales propios de la democracia.

b) Inversión del estado de inocencia criminal: la determinación de culpabilidad sólo es alcanzada a través de una sentencia penal firme. Cualquier otra visión resulta contraria a la ley y los Tratados Internacionales. El sometimiento de una persona a un proceso penal (sea por flagrancia o no) conlleva el otorgamiento de todas las garantías judiciales entre ellas la aplicación ineludible del principio de inocencia.

c) Negociación penal como solución al conflicto: la utilización de salidas alternas al conflicto es la forma más resocializante ante el delito. Sobre las negociaciones para evitar el juicio asumiendo la responsabilidad (terminación anticipada) deben ser cumplidas conforme a los extremos de la pena prevista por la ley y en un equilibrio procesal, es decir sin que se convierta en un ejercicio de poder/control; o incluso en medio extorsivo o vindicativo para el sometimiento del justiciable. Incluso la utilización de ese instituto debe ser moderada, por cuanto se convierte en un instrumento de condenados sin juicio.

d) Justicia desigual. El proceso especial no establece juzgamiento diferenciado para personas. Se trata de un proceso simplificación procesal establecido para casos de simple y sencilla resolución que pueda resolverse a pocos días de acaecido el evento; casos distintos deberán ser atendidos mediante el proceso ordinario. Ambos procesos se encuentran contenidos en la ley y deben respetar las garantías judiciales de las personas procesadas.

e) Desproporción de sanciones penales. La fijación de la sanción penal no depende del tipo de proceso (ordinario o especial) sino de los extremos de la pena fijados por el legislador. 

Debe invertirse en nuevos establecimientos de reclusión temporal de las personas detenidas en flagrancia, transporte de detenidos, personal administrativo judicial, salas de audiencias con tecnología moderna (acceso a internet incluso).

También resulta urgente reducir los extremos mínimos de la pena bajo criterios de proporcionalidad y dosimetría penal. Debe existir una reforma integral a las sanciones penales desde el tipo penal. En caso que esto no sea posible, ponderar la posibilidad de establecer nuevos límites para acceder a salidas alternas o la utilización de brazaletes electrónicos como medios de cumplimiento las sanciones penales. Lampadia

Continuando con nuestra investigación sobre los conflictos socio-políticos que  asecha las inversiones importantes en el Perú, presentamos a continuación un nuevo despacho, esta vez sobre un tema verdaderamente espeluznante, la utilización política de las víctimas de la violencia. Ver los análisis anteriores en Recursos Naturales y Desarrollo.

Si revisamos los conflictos mineros de los últimos 5 años, Tía María, Conga, Majaz, Las Bambas, y otros, encontramos que la violencia ha sido un componente saltante en los noticieros. Presenciamos lamentables pérdidas de vida (activistas, pobladores o policías) y deterioro del Estado de Derecho en las zonas de los conflictos. Los muertos y heridos de los conflictos mineros son de los tres lados, sin embargo, solo un lado busca beneficiarse políticamente de estas tragedias humanas.

El problema para el Perú es que una de las partes gana con la violencia y ha hecho de ella un componente fundamental de sus métodos de lucha.

La violencia utilizada por los anti-mineros en los conflictos puede ser calificada como Violencia Política, es decir violencia utilizada para fines políticos: “Entendemos por Violencia Política a ‘un repertorio de acciones colectivas que involucra gran fuerza física y causa daño a un adversario con la intención de imponer objetivos políticos’” (Della Porta, 1995, p. 2)[1].

¿Como se benefician los anti-mineros con la violencia política?

Asumiendo que los anti-mineros son actores racionales, con objetivos estratégicos de largo plazo, y que la violencia para ellos es un instrumento político, surge la pregunta: ¿Por qué usan la violencia en los conflictos?

Algunos creen que es un problema de nivel educativo o de tradiciones culturales de la población local, pero de acuerdo con las teorías políticas modernas (Besley & Persson, 2011)[2] el uso de la violencia es parte de la racionalidad del conflicto, es decir, la violencia es usada por los anti-mineros porque es útil, y efectiva, y muchas veces, es el método menos ‘costoso’ para lograr sus objetivos políticos.[3]

La observación de los conflictos mineros de los últimos años nos permite constatar que los anti-mineros se ‘benefician’ con la violencia de seis maneras:

1. Empoderar e intimidar: La violencia sirve para empoderar a los manifestantes y para intimidar a la población local. Con la violencia, los manifestantes muestran su fuerza, su capacidad de hacer daño, especialmente a la población local. Con la amenaza implícita de los actos de violencia, los demás pobladores, por temor a represalias, se inhiben de expresar sus opiniones. Con el monopolio de la voz del ‘pueblo’, los manifestantes lanzan sus consignas, y el silencio de la población, de las mayorías silenciosas, da la sensación de unanimidad en la protesta. Ejemplo de esto se dio el 31 de Marzo del 2015 cuando el profesor Robert Vásquez Roncal fue golpeado por las rondas de Celendin por brindar un curso sobre emprendimiento empresarial financiado parcialmente por Minera Yanacocha. El curso no trataba el tema minero, pero su realización enviaba el mensaje tácito de que la minería podría traer beneficios para la población.

2. Control cognitivo: La violencia es utilizada por los anti-mineros para reprimir las voces discrepantes, para evitar que los periodistas locales cuestionen las falacias de sus narrativas, para evitar que ellos u otros pobladores puedan emitir explicaciones alternativas para la población. Ello ocurre especialmente en ciudades pequeñas y zonas rurales del país. Acalladas las voces discrepantes, los anti-mineros consolidan la hegemonía de su narrativa en la mente de la población local.[4] El artículo de Lampadia “Stalinismo en Cajamarca”[5] nos explica como la intimidación y agresión a medios de prensa discordante con la predica anti-minera es una práctica recurrente y efectiva en la generación un espacio mediático monocorde en las inmediaciones de un proyecto minero.[6]

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