Detrás de la oposición a los proyectos mineros, más allá de las debilidades de las empresas y del Estado, se ocultan las ‘Fuerzas Anti-Mineras’, que son determinantes en el desarrollo de los acontecimientos.

El siguiente gráfico nos muestra su estructura.

Veamos cuales son sus elementos:

1.- El Pos-Extractivismo

La izquierda peruana está detrás del “pos-extractivismo” que en el caso del Perú no es otra cosa que una propuesta para:

• Abandonar nuestros recursos naturales
• No desarrollar industrias que exporten
• Alejarnos del exterior

Quieren convertirnos en una sociedad de pastores pobres y viejos. Pobres porque produciríamos lo mínimo para el sustento diario y viejos porque nuestros jóvenes se irían del Perú a ser parte de la modernidad y del mundo global.

En Lampadia hemos exigido que renuncien a esta ideología, pero ningún miembro de la izquierda lo ha hecho. Ellos siguen apostando por ese mundo idílico sin producción. Ver:

Izquierda propone un país de miserables – Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento

La verdad sobre las izquierdas peruanas – Exigimos que se renuncie al ‘pos-extractivismo’

Todos los conflictos anti inversión, y especialmente los anti-mineros, se sustentan políticamente en el pos-extractivismo. En otras palabras, detrás de los conflictos hay oculto un ¿racional? perverso y destructivo de la prosperidad.

2.- El Rédito Político

Los conflictos anti inversión y anti mineros son un mecanismo extraordinario de ‘Movilidad Política’. Sus dirigentes cobran rápidamente una gran notoriedad pública.

Por ejemplo, en el caso de Tía María, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, ha pasado de ser un oscuro y cuestionado líder local, acusado de violaciones, a convertirse en el líder de la baraja anti sistema nacional, en solo un mes.

3.- El Rédito Económico

Las comunidades pueden y tienen que beneficiarse de los proyectos mineros, mejorando su productividad y su infraestructura, pero no de manera perversa, extorsionando a las empresas. 

Lamentablemente, los conflictos anti mineros también ofrecen a diferentes grupos de dirigentes una alta rentabilidad económica.

Veamos por ejemplo el caso de Las Bambas. Todos los comuneros de Fuerabamba recibieron una vivienda de tres pisos y siete habitaciones, más un millón de soles en el bolsillo. Mediante el conflicto buscan más rentas. Pero además sus dirigentes y sus ‘abogados’ se han embolsado grandes sumas de dinero.

Siempre se puede ganar alguito más, el proceso no tiene límites.

4.- El Eco Mediático

Sin embargo, nada de esto sería posible sin el ‘eco mediático’, que ha venido sirviendo como plataforma de divulgación de los relatos y las acciones de los anti-mineros.

Ha llegado el caso de que medios nacionales como América Televisión y Canal N recurran a los instigadores de los conflictos, como referentes sociales y políticos. Ver, por ejemplo, las entrevistas de ambos medios a José de Echave ad portas del conflicto contra Tía María.

5.- La Licencia Social

Finalmente tenemos la Licencia Social, que no es un elemento de los conflictos, pero es el paraguas de sus componentes.

Como tal, la Licencia Social no está definida en ningún espacio regulatorio, pero es un concepto muy atractivo que permite sustentar todo tipo de propuestas y cuestionamientos.

En el Perú, la legislación minera contempla un amplio espacio de participación de la sociedad a lo largo del proceso de aprobación de los proyectos mineros, específicamente, a lo largo del desarrollo de los Estudios de Impacto Ambiental. En ellos se consulta a la población, se hacen talleres y asambleas, y se recogen, naturalmente, una serie de inquietudes.

Pero los anti-mineros pretenden crear un espacio de definición adicional de la viabilidad de los proyectos a la medida de sus particulares estrategias de oposición, la Licencia Social. Estrategias bajo la cuales siempre dicen que no se oponen a la minería, pero…

La minería es el mejor medio para generar riqueza y para sacar al país de su condición de atraso. El potencial de generación de riqueza del sector tiene la capacidad para que enfrentemos las brechas sociales y económicas en educación, salud, infraestructuras y tecnología, que aún no podemos superar. Además, debe permitirnos enfrentar con éxito nuestra inserción en el espacio de la ‘cuarta revolución industrial’.

Renunciar a la renta minera es, por lo tanto, un crimen de lesa patria, y los enemigos de la minería son en esencia, enemigos del Perú.

Para probar que estos procesos van más allá de Tía María, veamos el movimiento contra Quellaveco, que supuestamente hizo todo bien. Además, la inspiración ideológica del pos-extractivismo se puede comprobar observando la oposición de las izquierdas a la ampliación del régimen agrario. Ellos, las izquierdas, no quieren minería y no quieren exportación de alimentos.

Más claro que el agua. No nos dejemos engañar, la minería, en cualquiera de sus proyectos, es el campo de batalla para mantener al país en la pobreza y llevar a los pos-extractivistas a la riqueza y al poder. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El 31 de julio –dentro de 9 semanas- se vence el plazo de vigencia del Estudio de Impacto Ambiental de Tía María, y aun el proyecto no recibe luz verde de parte del gobierno. En febrero, poco antes del foro mundial de minería PDAC en Canadá, ocasión en que las grandes empresas y los fondos de inversión están viendo el Perú, hubo declaraciones del ministro Francisco Ísmodes y del propio presidente de la República que sugerían la posibilidad que se diera por fin la licencia de construcción, pero ello no ha ocurrido hasta ahora.

Los que aquí se enfrentan son, por un lado, el Perú entero que necesita activar su enorme potencial minero para dar un salto de crecimiento y bienestar para convertirnos en país desarrollado, y un pequeño grupo de opositores ideologizados que no atiende razones sino solo pequeñas posiciones de poder. Que se oponen, en suma, al desarrollo del país.

Porque, como se ha demostrado mil veces, no hay acá afectación ambiental. Pero ese pequeño grupo, que logró infundir temor en la población del valle del Tambo, es cada vez más pequeño y la población le hace cada vez menos caso. Ello ha sido consecuencia del cambio de conducta de la empresa Southern, que desde hace más de dos años estableció en el valle una serie de programas sociales y de apoyo productivo que han ido sembrando confianza en la población. Uno de ellos, por ejemplo, consistió en un convenio con el Gobierno Regional para que las postas médicas del valle, que solo atendían de 8 am a 4 pm, lo hicieran las 24 horas del día. La empresa asumió el costo adicional. Fuera de eso, ha entregado los estudios definitivos para dos hospitales y para agua potable en todo el valle, programas de capacitación en ganadería y en algunos cultivos, matemáticas para todos digital, etc.

El proyecto tiene más aceptación

Esta nueva política de la empresa ha tenido resultados tangibles. Los 6 alcaldes distritales anteriores de la provincia de Islay eran anti-mineros, pero en las elecciones de noviembre pasado, salvo uno, no se oponen al proyecto si se resuelve el problema hídrico, como veremos. Eso cambia radicalmente la correlación política porque parte de la financiación y el apoyo logístico a las movilizaciones anti Tía María en el pasado provino de las municipalidades.

En noviembre y diciembre el Ministerio de Energía y Minas realizó 7 talleres informativos sobre el proyecto sin resistencia alguna y con participación ciudadana. Las oficinas informativas de la empresa en los pueblos del valle no son hostilizadas.

Opositores están disminuidos

Ante los anuncios algo ambiguos arriba mencionados de que se podría dar licencia de construcción al proyecto, en marzo, 130 personas se reunieron para formar el Frente Amplio Defensa del Valle del Tambo. Este Frente ha venido organizando marchas semanales, pero con un número reducido de participantes que, al decir de informantes, ha venido cayendo semana a semana. En la última marcha realizada el jueves pasado, desfilaron unas 250 personas en lugar de las 1,200 o más que marchaban dos o tres años atrás.

El principal líder anti Tía María del valle, Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios de Riego, ha sufrido un duro golpe: su Junta se ha partido y se ha formado una nueva, valle arriba, que lo ha desconocido. Esta nueva Junta está a favor del proyecto minero. Además, Cornejo está sometido a “reglas de conducta” dictadas por el Poder Judicial, de modo que no puede participar en manifestaciones. Por lo demás, de acuerdo a nuestras informaciones, los anti-mineros en Islay están divididos.

La represa de Yanapuquio

Los alcaldes de Islay emitieron el 27 de marzo un comunicado señalando que “no puede haber un proyecto minero sin haber solucionado el problema hídrico”, y solicitaban buscar los mecanismos para concretar la represa de Paltuture. Era, en buena cuenta, un visto bueno a Tía María condicionado a la construcción de la obra hidráulica.

El problema es que parte del espejo de agua de esa eventual represa estaría en la región Puno, cuyo pasado gobernador, como si se tratara de otro país, presentó una medida cautelar contra la obra en el Poder Judicial. No se puede realizar. Ante ello, sin embargo, el ministerio de Agricultura ha identificado otra represa cuyo espejo de agua se encontraría íntegramente dentro de la región Moquegua. Se trata de la represa de Yanapuquio. Sus aguas habría que dividirlas entre Moquegua y el valle del Tambo, que queda en Arequipa, pero eso no sería problema.

De modo que la condicionalidad puesta por los alcaldes estaría resuelta. Pese a ello, el viernes, luego de una reunión con el Primer Ministro, han expresado reservas, pero puede ser una posición negociadora. Sólo hace falta, en realidad, la decisión política del gobierno, y solo quedaría planificar bien una estrategia policial para prevenir actos de violencia que eventualmente pudieran ocurrir, pese a que el grupo contrario es cada vez menor y que la oposición al proyecto se ha reducido.

Beneficios

Por lo demás, sería conveniente ir difundiendo los beneficios que traería el proyecto a la zona. Para comenzar, la regalía y el canon se multiplicarían por 10. El canon para la municipalidad distrital de Cocachacra pasaría de 3.4 millones de soles al año a 33 millones de soles.

Esto sin contar el empleo que generaría esta inversión de $1,400 millones de dólares: 9,000 puestos de trabajo en la etapa de construcción y 4,800 empleos permanentes entre directos e indirectos.

Por supuesto, la señal nacional e internacional para el clima de inversión sería extraordinaria. Los fondos de inversión globales están mirando lo que ocurra con Tía María, que se ha convertido en un proyecto icónico. Su lanzamiento sin duda significaría un punto de inflexión, sobre todo si a ello se suma la creación de condiciones institucionales para la inversión minera en otras zonas del país.

La llave

Por lo demás, Tía María es la llave para un paquete de nuevas inversiones de la propia Southern que, de salir, aprobaría invertir en otros proyectos tales como una nueva fundición y refinería en el sur ($1,350 millones de dólares), además de proyectos de otros operadores, como los de Zafranal, la expansión de Toromocho, La Granja, Cañaris, y Apurímac Ferrum, entre otros.

Además, el Perú tiene que aprovechar la incertidumbre que existe en México para la inversión, que podría llevar a la Southern a poner casi todas sus fichas en nuestro país.

Tía María tiene una importancia estratégica para el relanzamiento de la inversión minera en el Perú y para la consolidación del clima de inversión en general. El gobierno tiene la obligación de autorizarla. Y no podría sino beneficiarse de ello. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Acompañado de 200 funcionarios y empresarios nacionales, el ministro en Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, acudió a la convención minera de Toronto a persuadir a las empresas mineras del mundo a invertir en el Perú. Llevaba esta vez como argumento el índice de los países más atractivos para la inversión minera, en el que el Perú había mejorado 8 puestos pasando del puesto 36 al 28 entre 104 territorios, desplazando por primera vez a Chile al puesto 29. Por supuesto, se cuidó de no mencionar que en el otro índice, el de percepción de políticas,  que incluye la percepción de directivos y ejecutivos acerca de la interpretación y aplicación de regulaciones existentes, las regulaciones ambientales, impuestos, la incertidumbre acerca de reclamos de tierras en disputa y las áreas protegidas, infraestructura, acuerdos socioeconómicos, estabilidad política, asuntos laborales, seguridad entre otros, el Perú figuraba en el puesto 54, allí sí bastante detrás de Chile, por ejemplo. 

Y es que nuestro país no ha encontrado aun la fórmula institucional para convertir la ventaja geológica en ventaja económica y social. Es decir, para prevenir los conflictos sociales y establecer una relación armoniosa entre inversión extractiva y comunidades o poblaciones circundantes ni para contrarrestar la acción de buscadores de rentas políticas o económicas ni  menos aun para aprovechar la mina como una palanca para el desarrollo rural.[1] El hecho es que una parte importante de la cartera de proyectos mineros que el ministro presentó y que bordea los 46 mil millones de dólares, no tiene visos de realizarse dadas las condiciones políticas y sociales imperantes en algunos proyectos.

El ministro, sin embargo, explicó a los inversionistas que hay ahora una nueva estrategia que no solo busca la simplificación administrativa para facilitar la exploración y la aprobación de los estudios de impacto ambiental, que son kafkianos, sino también crear un entorno social favorable a las inversiones. Esto último mediante la puesta en marcha del llamado Fondo de Adelanto Social, creado en el decreto legislativo 1334  y mediante la creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Fondo de Adelanto Social
La idea del Fondo de Adelanto Social es precisamente adelantar intervenciones en etapas tempranas de cada proyecto, pero es algo que todavía está en diseño y aun no se ha reglamentado. Al respecto, Cesar Delgado Sayán, de Cesel, ha propuesto hace ya un tiempo que dicho Fondo ejecute un plan de desarrollo que nazca de un Estudio de Desarrollo Integral que se realizaría de manera paralela al Estudio de Impacto Ambiental y ha propuesto una arquitectura institucional para ello. De esa manera no solo se ejecuta un plan bien concebido, sino que se ata el desarrollo local a la inversión minera de modo que la mina aparezca como parte de la solución y no del problema.

Viceministerio de Gobernanza Territorial: el Estado en el territorio
La idea del viceministerio de gobernanza territorial, por su parte, es la de contar con una autoridad que pueda coordinar a los sectores y a los gobiernos regionales y locales en el territorio no sólo para acompañar y fortalecer la acción de los gobiernos sub nacionales, sino, en lo relativo a los conflictos, para identificar un pedido o un reclamo social en el momento en que nace a fin de atenderlo eficiente y rápidamente. Es decir, coordinar al Estado para que resuelva problemas, hacer efectiva su presencia en el territorio.

Para ese fin el nuevo viceministerio junta tres oficinas que estaban separadas: la Secretaría de Descentralización, la ex Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, ahora llamada Secretaría de Gestión Social y Diálogo, y la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial. Por medio de la Secretaría de Descentralización se conseguiría la coordinación inter gubernamental e intersectorial.

La idea fue crear una instancia -el Viceministerio- que tuviera más peso político que la ex Oficina Nacional de Diálogo, precisamente para lograr las coordinaciones inter sectoriales e inter gubernamentales en el territorio, algo que aquella Oficina nunca pudo conseguir. El nuevo Viceministerio sería –repetimos- un gran órgano coordinador del Estado en el territorio para atender los pedidos o reclamos antes de que escalen y, en general, para manejar las situaciones que se presenten. Se trata de darle presencia y capacidad de gestión al Estado, algo que no tiene. No solo no la tiene. En ausencia de partidos políticos, con frecuencia ocurre que el Estado (gobiernos sub nacionales) es capturado por intereses mafiosos o disruptivos que forman parte del problema de la conflictividad, no de su solución.

Para recuperar presencia y capacidad de la autoridad central del Estado en el territorio, el Viceministerio tendrá oficinas en las zonas conflictivas y en las regiones, implementadas sobre la base de las que tenía y aun tiene la Oficina Nacional de Diálogo, pero potenciadas. Según Javier Fernández Concha, Vice ministro de Gobernanza Territorial, la idea es que los alcaldes, por ejemplo, ya no tengan que venir a Lima para hacer gestiones sino que las hagan en esas Oficinas, que tendrían capacidad de resolución y coordinación intersectorial.

Alerta temprana
Una tarea de esas Oficinas será tener un sistema de alerta temprana que emita reportes de información preventiva, incorporando para esa tarea a subprefectos y teniente gobernadores por ejemplo. Eso a fin de detectar un pedido social apenas se gesta, a fin de atenderlo en el acto. Para poder atenderlo es que las Oficinas desconcentradas tendrán poder de coordinación con los sectores y gobiernos subnacionales.

En ese sentido, al Viceministro no se le escapa la necesidad de evaluar la conveniencia de que la estructura de subprefectos y tenientes gobernadores pase del ministerio del Interior a la PCM, o que, cuando menos, la PCM tenga la rectoría de ese sistema.

Dar solución al pedido social desde que nace es clave, pues un reclamo no atendido se convierte en un escenario atractivo para la aparición de actores externos que buscan obtener rentas económicas o políticas exacerbando las demandas, incluyendo nuevas y eventualmente alentando medidas de fuerza que terminan violentando el orden legal. Sebastiao Mendonca explica, en reciente libro publicado por Lampadia,[2] cómo buscadores de rentas políticas y económicas aprovechan los sentimientos de agravio que una mina pudiera generar, la diferenciación social propia de una economía dual que se agrava cuando aparece la mina, y una institucionalidad estatal débil o ausente, para difundir un relato anti minero y movilizar a poblaciones para las cuales termina siendo más fácil desarrollar una forma conflictiva de extraer rentas de la empresa minera que integrarse productivamente a la economía moderna.

¿Cómo desactivar la dinámica perversa?
Según Javier Fernández Concha, “cuando ingresan otros actores por lo general se empieza a desnaturalizar el pedido original y se incluyen otras demandas  más radicales hasta que llega un momento en el que se pierde el control y ya no se sabe bien por qué razones se está uno movilizando y adoptando medidas de fuerza. Es en esas circunstancias que se instalan las mesas de diálogo, pero en ese momento los funcionarios firman cualquier cosa con tal de resolver la crisis. Las mesas de diálogo se convierten, así, en mesas de capitulación, de rendición, y generan entonces un inventario de compromisos imposibles de cumplir, que luego se convierten en el germen de un nuevo conflicto porque alimentan la actividad de actores externos, en un círculo vicioso ya establecido”.   

El problema es que hay zonas del territorio nacional en las que esa dinámica perniciosa se encuentra ya instalada de manera regular. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el corredor minero del Sur. ¿Qué hacer entonces para desactivar  esa dinámica perversa allí donde ya está arraigada? Lo primero que se requiere, según Fernández Concha, es un buen diagnóstico de campo acerca de cuál es la causa del conflicto, que comienza por identificar el pedido social original que debe ser atendido y cuáles son los componentes e intereses que luego se han agregado, diferenciándolos del pedido originario. Esto implica identificar a su vez al conjunto de actores y micro poderes presentes y el papel que juega cada uno: la propia empresa, autoridades, rondas campesinas, comerciantes, acumuladores políticos, asesores económicos que buscan comisiones, ONGs, minería informal o ilegal, etc.[3]

La información será recogida directamente por los funcionarios de las Oficinas desconcentradas de la PCM antes mencionadas, pero también pidiéndosela a los sectores, gobiernos locales, sub prefecturas y comisarías. Sobre la base de ese diagnóstico se trazará una estrategia distinta para cada zona, porque cada zona es un sub mundo. El Viceministerio también se propone elaborar un análisis de las minerías informal e ilegal, a partir del mapa respectivo del INEI, a fin de elaborar estrategias caso por caso, sea para formalizar, para persuadir a los dueños de las concesiones, para hacer interdicción o para la reconversión en otra actividad.  

Cuando hablamos de conocer la dinámica de las relaciones entre los distintos actores y micro poderes locales para tratar de influir en ella, estamos hablando, en buena cuenta, de manejo político, acompañado de capacidad ejecutiva, para desactivar dinámicas viciosas. Estas Oficinas deberían tener promotores en el terreno que informen correctamente y deberían, asimismo, tal como recomienda Mendonca en su libro, formar a los líderes locales tales como presidentes o ex presidentes de las comunidades, profesores rurales, religiosos, empresarios rurales, etc., en temas tales como verificación del buen uso de los recursos provenientes de la mina, cómo verificar los impactos ambientales reales de la actividad minera, negociación y acuerdos con las empresas mineeras, institucionalidad de control de las empresas mineras. Y también deberían infundir tecnologías que aumenten la productividad de la economía campesina, como veremos. 

Aplicar la ley
Pero mientras no se logre desactivar las dinámicas viciosas y un conflicto degenere en acciones de cualquier naturaleza que violenten el marco legal, el Estado debe ser capaz de aplicar la ley y sancionar al infractor. Eso requiere un trabajo mucho más afiatado con la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Significa fortalecer la inteligencia policial, la capacidad de fundamentar bien las denuncias por parte del Ministerio Público, y establecer una jurisdicción nacional para juzgar los casos de violencia. Es obvio que la impunidad es un aliciente para el desarrollo de estrategias violentas, de modo que sin duda una de las tareas de la PCM será coordinar con esas instituciones para establecer una política que permita desincentivar métodos de lucha delictivos.

Desarrollo rural e incorporación al mercado 

Pero no solo se trata de atender un pedido cuando se gesta, desactivar dinámicas conflictivas instaladas y sancionar las violaciones de la ley, sino, además, y sobre todo, procurar y facilitar el desarrollo rural y local para que las comunidades puedan incorporarse con todo su potencial a la economía de mercado.

Estamos hablando de que las familias puedan instalar en sus chacras las tecnologías de Sierra Productiva (mini reservorios, riego por aspersión, pastos cultivados, etc.) a fin de aumentar exponencialmente la productividad de sus labores e incrementar sus ingresos en la medida correspondiente. Uno de los efectos secundarios de esta transformación es que la mina ya no será vista como un blanco de reclamos para obtener recursos de todo tipo, o como un objeto de extorsión en última instancia, sino como un mercado para los productos de las unidades productivas familiares. Es decir, se pasaría de una dinámica de oposición a una de complementariedad. La diferenciación social, en lugar de agravarse, tendería a reducirse, restando bases sociales a los buscadores de rentas económicas y políticas, a los emprendedores destructivos.[4]

Javier Fernandez Concha no tiene en su radar todavía algo como Sierra Productiva, pero si ve la necesidad de elaborar planes de desarrollo concertados que partan desde abajo, desde los caseríos, y que tengan una visión compartida. Así como empoderar a líderes locales y fortalecer la capacidad de gestión de las propias comunidades y organizaciones sociales para manejar fondos sociales, por ejemplo.

A nuestro juicio, el Viceministerio de Gobernanza Territorial debería tener como brazo ejecutor al programa Sierra Productiva, que allí donde se ha introducido ha tenido siempre un gran efecto pacificador y constructivo. La gente, concentrada en su negocio y en su propio progreso, se olvida del conflicto salvo cuando es realmente justo, y más bien busca oportunidades para ampliar su mercado. Esa es la solución.

Pero para esto sería interesante que las empresas mineras aprendan a relacionarse con su entorno comunal de una manera mucho más creativa y productiva, al estilo del modelo aplicado por Bear Creek en Corani, Puno, que basa su relación con las comunidades no en ofrecerles empleo en la mina sino en convertir sus ventajas comparativas en competitivas (ver en Lampadia:  El secreto de la minería peruana) Familias que vendían lana de alpaca en bruto, ahora venden hilados y ropa inteligente y antiséptica enhebrada con hilos de plata -obteniendo ingresos 25 veces superiores-, protectores solares sobre la base del ichu, una cerveza artesanal a partir de una fruta silvestre local, entre otros productos desarrollados a partir de los recursos locales. Los propios ingenieros de la mina trabajan, junto con jóvenes locales, en la investigación y desarrollo de esos productos. 

Sebastiao Mendonca, por su parte, formula en su libro un conjunto de prácticas que las empresas minerías deberían desarrollar para reducir la conflictividad: prevenir los sentimientos de agravio, dinamizar las cadenas locales de valor, manejo preventivo de la conflictividad, construir legitimidad, mecanismos de comunicación, fortalecer la institucionalidad local y mejorar las acciones de responsabilidad social.[5]

La Sociedad Nacional de Minería, a su vez, no ha sido capaz de difundir ni capitalizar en relato social eficaz los activos ambientales y las buenas prácticas de desarrollo comunal que han desarrollado algunas de sus asociadas. No las ha sistematizado. En general, aun hace falta construir el sentido común de la minería como palanca del desarrollo nacional y de la propia diversificación productiva. La minería debe ser vista como parte de la identidad nacional. La batalla tiene que darse también en el terreno ideológico si queremos que nuestro país aproveche sus recursos para conquistar el desarrollo para todos. Lampadia

[1] Sobre la manera como buscadores de rentas políticas y económicas aprovechan la diferenciación social propia de una economía dual que se agrava cuando aparece la mina, una institucionalidad estatal débil o ausente y empresas y gremios poco inteligentes, leer el libro recientemente publicado por Lampadia “Para reducir la Conflictividad Minera”, de Sebastiao Mendonca Ferreira.

[2] Ver “Para Reducir la Conflictividad Minera”, Sebastiao Mendonca Ferreira, Publicación de Lampadia

[3] Según Mendonca, los actores o grupos conflictivos son de dos tipos: (a) organizaciones políticas y ONG que, por razones de ideología e intereses, no quieren que la minería dinamice el progreso del Perú, y (b) los emprendedores destructivos que, por intereses económicos buscar generar dinámicas de extracción de rentas con las cuales puedan beneficiarse (p. 23).

[4] Ver el mencionado libro de Sebastiao Mendonca.

[5] Ver “Para reducir la Conflictividad Minera”, capítulo V, Lampadia.

No sólo enfrentamos a una población mundial en rápido crecimiento (las Naciones Unidas predice que para el 2050 seremos 9 mil millones de personas), sino que también la esperanza de vida será mucho mayor. Este implica un importante crecimiento de la producción de alimentos. Los agricultores de todo el mundo se enfrentan a un gran reto: producir más con menos recursos y ser sostenibles. 

La producción de alimentos del mundo necesita duplicarse en los próximos 35 años, con un 50% menos de uso de tierra y recursos naturales. Según la WWF, los agricultores con mejor rendimiento del mundo son aproximadamente 100 veces más eficientes que los menos productivos, siendo los últimos responsables de la mitad del impacto ambiental. Los sistemas más eficientes y de alto rendimiento usan menos ‘inputs’ por kilogramo de producto final y generan menos emisiones. La cantidad de terreno utilizado es menor, dejando más espacio para la naturaleza, la urbanización y la recreación.

¿Cuál es la clave del éxito? Los avances tecnológicos. Es la única manera que la producción de alimentos pueda aumentar en un 70% para el año 2050 (meta trazada por la FAO para lograr abastecer la gran demanda de alimentos), y esto tiene que ser logrado a pesar de la limitada disponibilidad de tierras cultivables, la creciente necesidad de agua dulce (la agricultura consume el 70% del suministro de agua dulce del mundo) y otros factores menos predecibles, tales como el impacto del cambio climático, que, según un informe reciente de la ONU, podría dar lugar, entre otras cosas, a cambios en los eventos de temporada en el ciclo de vida de plantas y animales.

En las últimas décadas, ya hemos logrado avanzar en la producción de alimentos. Como se puede ver en los gráficos inferiores, hemos mejorado en nivel de nutrición adecuada y disminuido en desnutrición en los últimos quince años. Tenemos que continuar esta tendencia, pero ahora considerando un menor uso de tierra y una cantidad aún mayor de personas.

La mejor manera de abordar este dilema es aumentando la calidad y cantidad de la producción agrícola mediante el uso de tecnologías para hacer granjas más “inteligentes” y más conectadas a través de la llamada “agricultura de precisión”, también conocida como la “agricultura inteligente” (smart agriculture). Lo que necesita es un gran salto de productividad en el campo.

Es algo que ya está sucediendo. Empresas agrícolas recogen grandes cantidades de información de rendimiento de los cultivos, mapean los suelos, utilizan fertilizantes, datos meteorológicos, maquinaria, etc.

Sin embargo, en el futuro, la agricultura inteligente irá un poco más lejos. Desde máquinas de ordeño automático hasta drones para analizar la data, los observadores de la industria dicen que la tecnología está volviendo a la agricultura más precisa y eficiente. De acuerdo con Tractica (una empresa que se centra en el análisis de la interacción humana con la tecnología), el mercado mundial de robots agrícolas se incrementará de US$ 3 mil millones en 2015 hasta US$ 74 mil millones de dólares en 2024.

Y es que los robots están comenzando a transformar la agricultura en EEUU, arando y cortando los pastos autónomamente vía la llamada agricultura de precisión, un enfoque basado en los datos de los cultivos, siembras y cosecha. Según el último informe del Bank of America Merrill Lynch Global Research, en los próximos 10 años, los robots podrían convertirse en los principales granjeros.

En Japón, ya se está implementando la primera granja completamente robotizada del mundo y estará lista el próximo año. La cuarta revolución industrial permitirá que, pronto, una sola fábrica produzca más de 30,000 cabezas de lechuga todos los días, con 98% menos de agua, un 30% menos de energía y 50% menos participación de los seres humanos.

Esta granja, desarrollada por una empresa llamada Spread, será capaz de cosechar cultivos en cantidades nunca antes vistas. En el interior, utilizará lámparas LED en lugar de luz solar y almacenará las plantas en bastidores verticales, permitiendo que el crecimiento del cultivo sea más fácil de controlar y más productivo (con tecnologías similares a las de los cultivos hidropónicos). Con una automatización completa, la granja aumentará su producción de lechuga a 30,000 cabezas por día. La instalación también proporcionará beneficios ambientales como el reciclaje del agua utilizada y costes laborales reducidos. Spread espera exportar su tecnología a todo el mundo en un futuro próximo.

Un último punto, menos tecnológico pero igual de revolucionario, es un proyecto de ley en Francia (diciembre 2015) en el que se obliga a los supermercados de más de 400 metros cuadrados a donar la comida que descartan para bancos de alimentos, alimentación animal o abonos. El objetivo final es reducir la mitad de los desperdicios al 2025.

Aproximadamente un tercio de los alimentos producidos en todo el mundo se desperdician: hogares (42%), industria alimentaria (39%), restaurantes y servicios alimentarios (14%) y comercios y distribución (5%). Esto es teóricamente alrededor de cuatro veces la cantidad de alimentos necesarios para alimentar a más de 800 millones de personas que sufren de hambre. (Ver video sobre la gesta contra los desperdicios)

En el caso del Perú, nos hemos convertido en una de los diez primeros países proveedores de alimentos en el mundo y nuestras agroexportaciones crecieron a un promedio de 16% anual entre 2005 y 2015 (ver gráfico inferior). Este sector se ha convertido en una de las principales actividades económicas que impulsan el desarrollo del país, acompañando a la minería en la generación de empleo formal rural y divisas para nuestro país. 

El desarrollo de la agricultura en el Perú es un segundo brazo de la revolución de la gastronomía, pues sin nuestros ingredientes locales, esta no podría haber llegado a generar una oferta tan singular y valiosa. Por eso, es importante apoyar a este sector que tiene tanto potencial. Además, se podrían aprovechar los avances tecnológicos que están cambiando la industria y las tendencias del futuro.

En el Perú, ya hay desarrollos empresariales que ofrecen sistemas de agricultura de precisión, lo que conllevará a la reducción de costos debido a una menor utilización de elementos químicos como fertilizantes. Esto podría ser el comienzo de un repotenciamiento del sector agrícola, reflejando una mayor competencia e innovación que el modelo de escala industrial que ha dominado durante décadas.

Sin embargo, aún subsisten millones de campesinos en la sierra rural que aún no han podido adoptar las tecnologías del siglo XX, como el riego tecnificado y, por lo tanto, su productividad sigue siendo muy baja. En esencia, un campesino de un minifundio alto-andino solo dispone del secano (la lluvia) para regar sus tierras. Ésta se produce en promedio durante tres meses del año y logra un pobrísimo crecimiento de los pastos naturales de solo 5 cm. anuales, con el que solo se puede alimentar a animales famélicos, con la consiguiente debilidad de su cadena productiva. A lo cual hay que agregar su imposibilidad de integrarse a los mercados que demandan productos de buena calidad, permaneciendo básicamente en una agricultura de subsistencia o teniendo que migrar temporalmente para trabajar fuera de sus tierras y completar sus ingresos.

Esta tragedia se resume en las siguientes palabras: Baja productividad agrícola.

Sierra Productiva

Sin embargo, por más que vaya a parecer increíble, en el Perú se han desarrollado programas privados como el de: ‘Sierra Productiva’ que permiten superar todas las debilidades explicadas líneas arriba: El programa aprovecha las diversas fuentes de agua que abundan en la sierra para cosecharla en reservorios familiares. Se apoya en las pendientes para generar presión de agua. Instala riego por aspersión. Reemplaza los pobres pastos naturales por cuatro variedades de pastos cultivados que, con el riego permanente, dan hasta cinco cosechas de un metro al año (pasando de 5 cm a 5 metros, hasta 100 veces más). Esto dispara la productividad del predio de forma extraordinaria y permite desarrollar todas las cadenas productivas aparentes para cada zona. La abundancia de productos de buena calidad facilita la integración comercial de los agricultores. Finalmente se logra un salto cualitativo en la calidad de vida de los campesinos y en su autoestima, algo tan importante como su mejora socio-económica. Además, los costos del programa son bastante reducidos.

¿La pregunta del millón es y por qué no se ha multiplicado este programa?

Pues por la irresponsabilidad de los gobiernos peruanos del nuevo siglo, período de desarrollo del Programa de Sierra Productiva (SP). Desde inicios de siglo, los gobiernos de Toledo, García y Humala, han ‘perdido’ la oportunidad de sumarse a esta iniciativa, que de manera privada ya ha llegado a más de 60,000 unidades familiares. Pero hay más de un millón de familias esperando desarrollos de este tipo, las que mientras tanto han sido incorporadas a programas asistencialistas de reparto de dinero, que además de todos sus vicios, destruye la dignidad de esta maravillosa gente, que cuando pasan al siglo XVI al siglo XX se convierten en los ciudadanos más sanos y entusiastas del país. En el gobierno actual se creó en el MIDIS, el programa Haku Wiñay (Mi Chacra Emprendedora), un remedo de SP de muy reducido impacto.

Como hemos visto, el futuro de la alimentación de los seres humanos depende del aumento de productividad que se pueda lograr aplicando nuevas tecnologías. Estas deben ser incorporadas a nuestra exitosa agricultura moderna. Pero además, debemos hacer el salto del siglo XVI al siglo XX para los campesinos alto-andinos con las tecnologías tradicionales de riego y otras completamente amaestradas. Esperamos que el próximo gobierno apoye el desarrollo del programa de Sierra Productiva, una excelente iniciativa que podría potenciarse en la modalidad de una APP (asociación público privada). Hasta ahora, solo el partido de Fuerza Popular ha anunciado su intención de desarrollarlo. Lampadia