Rafael Venegas
Para Lampadia

Esta conocida expresión urbana se utiliza cuando algo prohibido sucede en presencia y ante la pasividad o falta de acción de quienes deberían impedir que suceda.

Por lo tanto, es perfectamente aplicable a lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Estamos permitiendo que una banda de malos peruanos, aprovechándose de las debilidades de la población y utilizando métodos vedados, se apoderen del país y de sus instituciones, para saquearlo en nombre del ¨pueblo¨ y a vista y paciencia de todos. 

¿Qué nos pasa? ¿Por qué lo permitimos? 

¿Vamos a dejar que destruyan nuestro país sin que hagamos nada? 

Lo que está sucediendo no es un hecho político, es el avance de un grupo delincuencial que se ha encontrado con el poder, sin tener la mas mínima preparación, para dar rienda suelta a sus instintos corruptos. Las pruebas están claramente a la vista y las consecuencias serán desastrosas si permitimos que esto continúe.

La repartija de cargos públicos incrementando mas aún la burocracia y la incapacidad estatal, la corrupción generalizada aprovechando estos cargos, el tráfico de influencias y el abierto apoyo a la ilegalidad, narcotráfico e impunidad, son las características que este escandaloso, corrupto e incapaz gobierno ha mostrado en menos de seis meses a vista y paciencia de todos. 

Además, para que todo esto pase desapercibido, generan situaciones políticas extremas para distraer la atención pública y de la prensa. Entre ellas el nombramiento de ministros y altos funcionarios públicos impresentables, las amenazas de expropiación, el apoyo a desmanes públicos, los pactos con la informalidad, entre otras infames tácticas. 

Por eso la única solución para detener esta debacle es la inmediata vacancia o destitución de este nefasto gobierno. Felizmente, la Constitución y los códigos legales nos dan las herramientas necesarias y suficientes para poderlo hacer. Sólo es cuestión de decisión firme, valentía y patriotismo de quienes tienen el deber representativo de ejecutarlo. 

Como se trata de corrupción y delincuencia, el camino normal sería a través de las instituciones encargadas de impartir el orden y la justicia. Sin embargo, como todos sabemos, estas están totalmente tomadas y parcializadas con el fraude y la corrupción. Estas incluyen a las fiscalías, las cortes de justicia, el nefasto sistema electoral y hasta la vergonzosa e inútil Junta Nacional de Justicia (JNJ). Lamentablemente este camino no nos conducirá a ninguna parte.

Por eso, la solución está en los mecanismos de defensa amparados por la Constitución y que deben ser ejecutados en primera instancia por el Congreso y en último caso por vía de la insurgencia ciudadana o la participación de las FFAA.  

Aquí no estamos hablando de izquierda vs. derecha, ni de ricos vs. pobres, ni de dueños vs. trabajadores. Aquí se trata de los buenos peruanos honrados y trabajadores vs. los malos peruanos corruptos y aprovechadores. 

Repito que esto no es un tema político, es un tema delincuencial, sino revisen los ¨ensayos de laboratorio¨ que se han llevado a cabo en varias regiones y municipios liderados por políticos corruptos de izquierda, como en Junín, Puno, Ancash, Cajamarca y Arequipa, entre muchos otros. 

Como acaba de confesar el dirigente máximo de PL, su objetivo era lograr pasar la valla electoral para no perder su inscripción, ya que el plan de largo plazo de la izquierda radical aún no estaba a punto.

Jamás soñaron con ganar las elecciones, menos aún cuando obtuvieron sólo el 10.5% de los votos en primera vuelta. Nunca pensaron que la ayuda de los anti fujimoristas, los ¨cojudignos¨, los caviares, la pandemia y el fraude electoral avalado por los entes electorales y el gobierno caviar de turno, los llevaría del 10.5% al 50.5% en la segunda vuelta. Pero así sucedió a vista y paciencia de todos. 

 En nuestro país, la izquierda ha sido exitosa en la implementación del plan de largo plazo ideado por el foro de Sao Paulo. Han logrado cumplir sus dos principales objetivos:  

1. Penetrar las mentes de los jóvenes y las personas vulnerables a través de la toma del sector educación y la lucha de clases.

2. Penetrar las instituciones públicas y hacerse de los cargos que toman las decisiones.

Sin embargo, no lo han conseguido solos, ya que han contado con la importante ayuda de sus adoctrinados y acomodados seguidores (los caviares), así como de los vergonzosos medios de comunicación, salvo contadas excepciones. 

También es necesario reconocer que contaron con un apoyo indirecto de la clase empresarial, ya que ésta prefirió gozar del crecimiento económico y la bonanza, manteniéndose alejados e indiferentes de la política y del quehacer diario del país. Craso error, que debe ser analizado en detalle y corregido para que no vuelva a ocurrir. 

Esta fue la plataforma que le sirvió a este corrupto y delincuencial grupo de malos peruanos, que sin saber cómo, se han hecho del poder y lo están aprovechando al máximo para saquear al país.  

La buena noticia es que toda esta pesadilla si tiene una posible solución legal y constitucional la cual está a vista y paciencia de todos.

Ante la ausencia de la primera línea de defensa, es el Congreso quien tiene el deber de hacerle frente a esta gran amenaza, en defensa de la población que representan. 

Para esto se cuenta con las herramientas necesarias y suficientes en la Constitución. No sólo en el artículo 113, que regula las causales de vacancia, sino también en los artículos 99 y 100, que han sido expuestos y sugeridos por la magistrada y ex presidente del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma.

El artículo 99 dice a la letra: ¨Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al presidente de la República; a los ministros de Estado; a los miembros del TC y de la JNJ; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de cesado en estas¨.

El artículo 100 dice: ¨Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad¨

“Más claro ni el agua”. 

Entonces, señores congresistas, está en sus manos el futuro del Perú y de los peruanos. Ya dejen de escudarse en “la gobernabilidad”, la cual no es posible en un escenario donde reina la corrupción y la impunidad.  

Es hora de que los congresistas del grupo “intermedio”, que son los que tienen la decisión en sus manos, asuman con valentía y patriotismo su rol de defensa de la población a la cual representan y decidan en favor del Perú y de los peruanos. 

Si se comportan como deben, tengan la seguridad que toda la población se los reconocerá y agradecerá.

En el supuesto negado que el Congreso no se comporte a la altura requerida, tendremos que pasar a las dos siguientes líneas de defensa. ¡Para lo cual se necesitará un eficaz liderazgo, mucha valentía y un gran patriotismo! Lampadia

Rafael Rey Rey
Para Lampadia

Hace pocos días se hizo finalmente público el escándalo económico de los cobros ilegales en la llamada “Pontificia Universidad Católica del Perú” y de la increíble “justificación” de la ilegalidad cometida por parte de su entonces rector. Como resultado del mismo han sido destituidos además del rector Marcial Rubio Correa, los Vicerrectores Pepi Patrón Costa y Carlos Fosca Pastor. Por algún motivo, que en su momento conoceremos, algunos periodistas y medios de comunicación trataron de minimizar el escándalo. No es la primera vez que eso sucede. Tampoco es la primera vez que las autoridades de esa universidad, ayudados por determinados periodistas y medios de comunicación, mienten sobre asuntos sobre los que no quieren que se conozca la verdad.

En las líneas que siguen resumo la verdad de otros hechos sobre los que se ha mentido sin escrúpulos en declaraciones, entrevistas, artículos y “reportajes ad hoc”. Se trata del problema legal entre la universidad todavía llamada “católica” y el Arzobispado de Lima. Una explicación más detallada se puede leer en el libro “La herencia de la Riva Agüero: Que la verdad se haga luz e ilumine sobre las tinieblas”, en el que Natale Amprimo Pla explica y relata con detalle la historia y donde se pueden revisar todos los documentos oficiales sobre este otro penoso escándalo que muestra a lo que pueden llegar algunos en su afán de poder y de manipulación. 

Don José de la Riva Agüero (1985-1944) principal benefactor de la entonces Universidad Católica (en adelante “la universidad”), realizó varios testamentos. En el de 1933 estipuló que a su muerte cedía el usufructo de sus bienes a la universidad y que, si ésta seguía existiendo 20 años después de su muerte, le cedía también la propiedad de los mismos. Sin embargo, en su último testamento, de 1938, introdujo dos cambios radicales: eliminó el usufructo y el condicional sobre la existencia de la universidad y erigió a ésta en automática heredera y propietaria de sus bienes, pero, para la administración de los mismos, estableció como condición insustituible una Junta de Administración (en adelante “la Junta”), de carácter perpetuo, compuesta finalmente por el rector de la universidad y un representante del arzobispo de Lima.

Fallecido Riva Agüero algunos parientes suyos reclamaron la propiedad de los bienes argumentando que, según testamento de 1933, aunque su usufructo correspondía a la universidad, la propiedad de los mismos le correspondería recién al cumplirse 20 años de su muerte, es decir en 1964. Entonces la universidad hizo valer judicialmente la última voluntad de Riva Agüero expresada en el testamento de 1938 y, conforme al mismo, el Poder Judicial sentenció que la propiedad de los bienes correspondía a la universidad desde la muerte de Riva Agüero y su administración a la Junta. Durante 50 años la labor de la Junta fue ininterrumpida y fructífera, hasta que en 1994, sus integrantes, Salomón Lerner Febres y Carlos Valderrama Adrianzén, se arrogaron la atribución de “interpretar” el testamento, y, apartándose de la voluntad de Riva Agüero, de lo establecido por el Poder Judicial, de lo inscrito en los Registros Públicos y de la propia práctica ininterrumpida de la universidad, decidieron que en adelante fuera la propia universidad y no la Junta, la que administraría los bienes heredados.

Trascurrieron 11 años sin que se conociera lo anterior, y de pronto en 2005, siendo ya Arzobispo de Lima Monseñor Cipriani, se presentó un día a las oficinas del arzobispado el representante del Colegio Juan XXIII con la preocupación de haber recibido una comunicación del rector de la universidad en la que se exigía al colegio que comprara el inmueble por US$ 5.5 millones de dólares o que lo desalojara. Explicó entonces que, años atrás, el terreno había sido entregado en uso para la fundación y funcionamiento del mencionado colegio, no por la universidad sino por la Junta. Estudiados los documentos, los abogados concluyeron que correspondía solicitar al rector una reunión de la Junta. Para sorpresa de todos, el rector contestó que en 1994 la misma había decidido que, en adelante, sería la universidad la que se ocuparía de la administración de los bienes de la herencia de Riva Agüero.

Finalmente, cuando el representante del arzobispo insistió en que la Junta fuera convocada, puesto que, por voluntad testamentaria de Riva Agüero, ésta había sido instituida a perpetuidad, la universidad respondió con una demanda judicial contra el arzobispado de Lima aduciendo que éste amenazaba la propiedad de sus bienes y la autonomía universitaria. Tramitada la demanda, la universidad pierde en todas las instancias y el Poder Judicial sentencia a favor del arzobispado.

Perdida la causa en el Poder Judicial la universidad decide recurrir al Tribunal Constitucional (TC) mediante un recurso de agravio constitucional en contra el arzobispado.

Luego del estudio y análisis del caso, el TC sentencia a favor del Arzobispado de Lima afirmando:

1. que la propiedad de los bienes no ha estado ni está amenazada por el arzobispado.
2. que se debe convocar a la Junta de Administración, la misma que tiene el derecho de administrar a perpetuidad los bienes de la universidad heredados de Riva Agüero.
3. que la pretensión de la Junta de “interpretar”, el testamento es ineficaz y no tiene efectos jurídicos.
4. que el recurso de agravio interpuesto por la universidad es infundado.

Hasta el día de hoy, sin embargo, la universidad se niega a cumplir con la sentencia del TC y sigue administrando ilegalmente los bienes que recibió en legado condicionado.

Estos son los hechos reales. Es muy probable que el lector haya “conocido” una historia muy distinta. Falsa, por cierto. La que vendieron las autoridades de la universidad ayudados por muchos periodistas y medios de comunicación: Que el cardenal Cipriani había querido apropiarse de la universidad. Que él había denunciado a la universidad iniciando así el problema legal. Que el arzobispado pretendía tergiversar la voluntad testamentaria de Riva Agüero. Como se puede comprobar, es todo lo contrario. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 17 de agosto de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

Aunque el Congresista Segura diga lo contrario, el brevete de su hija es falso. Tan falso como que la joven nunca dio ningún examen para obtener su licencia de conducir. Aunque… valgan verdades – en aquel entonces – la corrupción era el común denominador en el Gobierno Regional.

En ese sentido, Segura podría haber dicho… así era la nuez. Pero no… insiste en que el brevete es legal. Incluso, varias veces lo ha mostrado ante la prensa. Como si mostrándolo demostraría su legalidad. ¿Acaso la mafia – a la cual Segura recurrió – no vendía brevetes “con todas las de la ley… sin tener que dar exámenes de manejo”?

En fin… ahora quisiera referirme a la probidad de la Doctora Rossana Vera Pariona – nuestra Directora Regional de Transportes – y su liderazgo en la reforma de dicha importante dependencia regional.

La mafia de los brevetes se embolsicaba no menos de 100 mil soles diarios. Echemos pluma. Las coimas para las licencias A-I (Automóviles Particulares) variaban entre S/. 500 y S/. 700 cada una. Las más caras incluían el “delivery”. Las A-II (Vehículos para Transporte Público de Pasajeros) costaban entre S/. 700 y S/. 1,500. Y las A-III (Transporte de Carga Pesada) entre S/. 1,500 y S/. 3,000 cada una. 

100 brevetes truchos al día… multiplicados por una coima promedio de S/. 1,000 cada una. Ahí están los S/. 100 mil diarios. Además, se sabe que todas las tardes se reunían los mafiosos – en la oficina del director de turno – para la repartija correspondiente. La cual incluía a tramitadores, funcionarios y… “hasta el Número 1”. Obviamente… los ciudadanos honestos que postulaban a un brevete legal (de verdad) eran tratados con la punta del pie. Así era la nuez.

Bueno pues… en Ica se acabaron las coimas para obtener licencias de conducir. Los que pagan plata a algún tramitador… lo hacen de puro mongos. Nuestra Directora Regional de Transportes y su equipo, lograron lo que – para muchos – era “La Misión Imposible”.

Pero… la mafia no se ha quedado tranquila. El contraataque está reflejado en la andanada de denuncias calumniosas dirigidas contra la Doctora Vera y mi persona. Efectivamente, las denuncias de los Flores Camargo, los de la Fuente, los Gavilano, la prensa chantajista – incluso de Segura – son puras calumnias.

A ese respecto, ¡qué ridículos quedan esos mafiosos cuando fungen de moralistas! Ni sus Mamás les creen. Y eso va para todos aquellos que se regocijan cuando alguien de mi entorno es ampayado in fraganti. ¡Claro que hay corrupción en el Gobierno Regional! Mil veces lo he dicho y reconocido. Pero nadie puede negar que estamos luchando contra ella… a capa y espada.

Por ello va mi invocación a los fiscales de Ica, para que sepan distinguir la paja del trigo. ¿Cuándo una denuncia tiene fundamentos… y cuándo se trata de un ardid de la corrupción?

El hecho es que – en Ica – el que aprueba los exámenes de manejo, recibe su licencia de conducir… en el acto. ¡Sin coimas! Eso es probidad. Eso es eficiencia. Eso es bienestar para los iqueños. Eso es seguridad ciudadana. Eso es la nueva Dirección Regional de Transportes. ¡Un aplauso para ellos! Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 11 de mayo de 2018
Para Lampadia

En los bajos mundos de la corrupción en el Estado, los de arriba les cobran a los empresarios. Los de abajo les cobran a los ciudadanos. Y los periodistas le cobran a los de arriba. Los únicos que no le cobran a nadie son los ciudadanos. Así es la nuez.

A los hechos me remito.

• Un presidente de la República corrupto le cobró a un contratista corrupto. En realidad, no fue un solo presidente… fueron más. Pero, en fin. El de arriba le cobró a un empresario. Check.
• Un servidor público abusivo le cobró a un ciudadano que no tenía porqué pagar por un servicio público gratuito. El de abajo le cobró a un ciudadano. Check.
• Y un periodista chantajista le cobró a un alcalde coimero para no delatar sus corruptelas. El periodista le cobró al de arriba. Check.

Así es la nuez.  

En los bajos mundos de la corrupción, las cosas suceden por algo. El corrupto es un animal racional. El fin justifica los medios. El de arriba recupera lo que le paga al periodista con lo que le cobra al empresario. El empresario recupera lo que le paga al de arriba con los sobrecostos que le cobra al Estado. El de abajo y el periodista se la llevan fácil sin tener que pagarle a nadie.

El chantaje – burocrático y periodístico – es un negocio muy lucrativo… lo cual no implica que no sea sucio. El único pagano que no le cobra a nadie es el sufrido y maltratado ciudadano. Así funciona la corrupción en el Estado. Así es la nuez.

El punto es que la corrupción es ilegal. Además – y, sobre todo – es injusta, inmoral… y cruel. Me refiero – obviamente – ante la ciudadanía. Para muchos la corrupción es repugnante. Pero para los corruptos… nada que ver. Así es la nuez. Sin embargo, ha llegado a tales niveles de podredumbre que se ha tornado insostenible y explosiva.

Ojo. Los de arriba no son – sólo – los presidentes de la República corruptos. Los de arriba son – también – los funcionarios que cobran coimas a empresarios corruptos. Por ejemplo, los Congresistas, Consejeros Regionales, o Regidores que cobran 5% por gestionar obras para sus regiones; o por promulgar leyes o normas con nombres propios. Los de arriba son – también – los ministros, gobernadores, o alcaldes que cobran 10% – o más – por adjudicar a dedo obras a contratistas corruptos. También los Policías o Jueces que cobran cupos a traficantes ilegales de tierras, drogas, madera, oro, etc. Todos esos – y muchos más – son los corruptos de arriba.

Los de abajo son todos los funcionarios y servidores públicos que cobran indebidamente a los ciudadanos de la calle. Pueden ser médicos o maestros que cobran coimas a pacientes o estudiantes. Servidores que “venden” todo tipo de licencias o permisos. Policías o Fiscales que cobran cupos a delincuentes callejeros en vez de denunciarlos de acuerdo a ley.

Los corruptos de arriba son menos, pero cobran más. Incluso, cobran en dólares. Los corruptos de abajo cobran menos, pero son más. Y los periodistas chantajistas son unos cuantos que cobran más o menos. Al final – dólares o soles… coimas más, coimas menos – todos son la misma porquería.

ACLARACIÓN: En nuestro país hay autoridades honorables y capaces, a quienes hay que identificar y defender para que nos gobiernen con eficiencia y dignidad. Hay – también – muchos servidores públicos honestos y serviciales a quienes hay que agradecer y – sobre todo – respetar. Y estupendos periodistas que buscan insistentemente historias relevantes basadas en la verdad, y que denuncian la corrupción con objetividad y valentía. Es cuestión de identificarlos y respaldarlos para que los peruanos progresemos en lo moral y en lo material.

Pero también hay de los corruptos… a quienes hay que desenmascarar públicamente y denunciar como corresponde. Tolerancia cero con esos miserables. Así debería ser la nuez. Lampadia