Jaime de Althaus
Para Lampadia

Una vez más la noticia son los huaicos, derrumbes e inundaciones. Pero esa noticia ha venido junto con otra, que se vuelve criminal ante tanta catástrofe: que se dejaron de gastar 1,072 millones de soles en prevención de desastres el 2019. Y fueron los gobiernos regionales los que menos ejecutaron en el programa denominado “Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres”. De los 883 millones de soles asignados, gastaron solo 472 millones, apenas el 54%. Del presupuesto total, incluyendo los tres niveles de gobierno, se ejecutó un 67%.

Esta defección nos sirve para llamar la atención sobre una falla clara del régimen descentralizado en el Perú. Y es que el gobierno central no tiene vías claras para intervenir y hacerse cargo cuando un gobierno subnacional no es capaz de ejecutar un programa prioritario o de brindar de manera adecuada un servicio social vital. 

La Constitución establece que el gobierno es unitario y descentralizado, pero no indica que pueda intervenir en el caso de que un gobierno subnacional esté fallando en sus responsabilidades con riesgo económico o social. José Escaffi y Roberto Abusada, sin embargo, argumentan que el ordenamiento legal sí establece claramente una función rectora del Poder Ejecutivo, que éste sencillamente no asume.

En efecto, el artículo artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) establece que es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo:

1. “Diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno”.

Y luego, en el artículo 22.2°, se indica que:

“Los Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas”

El problema es que también se indica que ello se logrará mediante “mecanismos de coordinación” que, siendo claramente insuficientes, por lo general ni siquiera están bien montados. No obstante, el artículo 23.1 de la LOPE va más allá de la labor meramente coordinadora al establecer que es función de los ministerios, entre otras:

“…Cumplir y hacer cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito de competencia, ejerciendo la potestad sancionadora correspondiente”

Pero no se ha regulado cómo un ministerio sanciona a un gobierno o autoridad subnacional que no cumpla o deje de ejecutar parcial o totalmente una política nacional o sectorial. En las leyes de organización y funciones de los ministerios –los pocos que las tienen- no se especifica facultad sancionadora alguna. De fecho, no ha existido sanción jamás.

La medida que sí ha sido aplicada en un par de ocasiones, es la suspensión de entrega de fondos por parte del MEF, según lo dispuesto en el artículo 53° de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley 30115 que a la letra señala:

“53.1 La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) procede a la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias de aquellas unidades ejecutoras o dependencias equivalente en las entidades en donde surjan situaciones de conocimiento público que pongan en riesgo el adecuado uso de los fondos públicos asignados, a la sola solicitud del titular de los siguientes organismos: Contraloría General de la República, Ministerio de Justicia o Ministerio del Interior”.

El abogado Jorge Danós nos recuerda que dentro de este marco legal “la Contraloría solicitó al MEF, el 31 de marzo del 2014, la suspensión temporal de operaciones de las cuentas bancarias del Gobierno Regional de Ancash y, el 22 de abril, de las cuentas bancarias del Gobierno regional de Tumbes”.

Pero esa es una disposición que no viene acompañado de la posibilidad de intervenir directamente en la administración sub-nacional asumiendo temporalmente la gestión sea del manejo económico o de los servicios. Eso es lo que está faltando.

No obstante, José Escaffi discrepa. El considera que el Ejecutivo sí puede intervenir, en aplicación de la siguiente modificatoria de la Ley N° 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales:

“Artículo 90-A.- Situaciones extraordinarias y sostenibilidad fiscal. Se dictan medidas temporales y extraordinarias en materia económica y financiera, conforme al inciso 19 del artículo 118 de la Constitución, cuando los indicadores de desempeño financiero y/o presupuestario de los Gobiernos Regionales comprometan los estándares de gestión previamente establecidos y exista grave riesgo de la economía nacional y del proceso de descentralización. El Congreso tomará conocimiento de dichas medidas y adoptará las decisiones que le correspondan, de acuerdo a la Constitución y la Ley.”

El inciso 19 del artículo 118 de la Constitución dice que corresponde al Presidente de la República:

“Dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso…”

Podríamos conceder que al amparo del artículo 90-A de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sería posible que el gobierno central asuma directamente el programa de prevención de desastres naturales que es motivo de esta nota, porque dicho artículo lo permitiría “cuando los indicadores de desempeño financiero y/o presupuestario de los Gobiernos Regionales comprometan los estándares de gestión previamente establecidos”. Hasta allí está claro, y se podría aplicar incluso a cualquier servicio, pero a continuación el texto del artículo agrega otra causal concurrente: “y exista grave riesgo de la economía nacional y del proceso de descentralización”. Causal muy difícil de satisfacer, que prácticamente mata el artículo.

Siempre es posible dar un decreto de urgencia, sin embargo. Pero el propio inciso 19 del artículo 118 de la Constitución restringe los decretos de urgencia a “materia económica y financiera”. Escaffi, no obstante, insiste en que eso cubre también cualquier servicio o función deficitarios, porque las normas presupuestales, que son materia económica y financiera, se refieren a niveles de servicio y a estándares de desempeño y resultados, por más que estemos en un sector de servicios. Ese artículo sí habilitaría al gobierno central a intervenir en un gobierno regional cuando hubiese una notoria falencia en el desempeño de alguna función.

Nunca ha ocurrido, sin embargo. Acaso porque la norma no es suficientemente clara. O por temor de las autoridades nacionales a asumir el papel que les corresponde.

Quizá esta deba ser materia de la agenda legislativa del congreso complementario. Si le alcanza el tiempo. Lampadia

Carlos E Gálvez Pinillos
Para Lampadia

Una vez más estamos asistiendo a un episodio de huaicos y desastres naturales de alta periodicidad. En esta oportunidad nos está impactando en el sur, pero con amenaza de impactar en el centro y norte de Perú, donde tuvimos episodios similares el año 2017, cuando se habló de la “reconstrucción con cambios”.

Hace 92 años a Mirave lo sepultó un huaico y no se hizo nada para reubicarlo

Paradójicamente, ya desde hace algunos años observo las discusiones sobre la disponibilidad de agua para nuestros poblados y la actitud de rechazo a la propuesta del sector minero de:

• construir reservorios de agua en las alturas,
• sembrar Quenuales en la rivera de los ríos para rellenar el acuífero a lo largo de estos,
• canalizar o construir túneles que evite que el agua de los ríos, aquella que muchas veces ha sido previamente turbinada por centrales hidroeléctricas, se vea impactada por todo el desmonte (basura, cascajo, árboles y ramas) arrojado por los pobladores ribereños antes de llegar a las plantas de tratamiento de agua como La Atarjea y Huachipa (este último punto merece análisis aparte).  
• Y lo más importante, regular las avenidas en época de lluvia y soltarla de manera regulada y limpia en el estío, convirtiéndose en un aliado estratégico del país,

La falta de autoridad del gobierno, ha permitido a lo largo de la historia que en las quebradas “inactivas” se instalen una serie de poblados, con alto riesgo de sufrir catástrofes ante huaicos en época de avenida. Sabemos, porque lo hemos visto, que INDECI y cada uno de los institutos armados, al igual que varias instituciones del Estado, cuentan con mapas topográficos y fotografía satelital que, están cargados en sistemas de cómputo con software especializado, que permiten simular el impacto que una avalancha o avenida extraordinaria de agua tendría sobre estas áreas geográficas y sus poblaciones. No quiero profundizar en el monitoreo de las zonas de riesgo usando el satélite peruano, comprado en el gobierno anterior, porque hay gran discusión respecto a su real operatividad.

Ya sabemos también la respuesta tradicional de los funcionarios del Estado respecto a la “imposibilidad” de impedir que la población se instale en cierto lugar o su posterior reasentamiento, cuando ya se instalaron.

Lo que es absolutamente inaceptable es que el Estado gaste nuestros impuestos en construir instalaciones en esos lugares.

• Baste observar que en Moquegua, esta semana, ha quedado inutilizada una moderna instalación del poder judicial construida en zona de huaico,
• Que en Aplao se ha destruido el centro poblado en el que se invirtió en habilitación urbana, incluyendo instalaciones eléctricas, construido también en zona de huaico. 
• Lo mismo ha sucedido en el centro poblado de Mirave al que también se proporcionó habilitación urbana en esas zonas de alto riesgo, al igual que su estadio, concluido hace pocos años, cuando ya en el año 2015 se había dispuesto la reubicación del poblado.

Todos estos son actos de corrupción.

Comentario especial merece el puente Montalvo, pues los ingenieros saben que los diseños para cualquier infraestructura que se construya sobre ríos y quebradas, deben prever grandes retornos históricos y evaluar el comportamiento del cauce ante dichos eventos, además de prever el mantenimiento permanente de tales cauces.

¿Si el Estado no es capaz de impedir que se construya obra pública en zona de huaico, qué podemos esperar de su capacidad para impedir que los privados construyan en ella?

Por supuesto que la respuesta será, que las autoridades local o regional lo hicieron sin conocimiento del gobierno central.  Ahí está precisamente el talón de Aquiles de una “regionalización” y “descentralización de gobierno” mal entendida. No es posible que el gobierno central se desentienda del manejo de los gobiernos municipales y regionales, al margen que algunos ministerios han descentralizado sus funciones y otros no, haciendo imposible la adecuada coordinación y ejecución de planes en esa “Torre de Babel “.

Es tragicómico escuchar a Gobernadores Regionales y alcaldes hablar de la zonificación económica y ecológica, con algunos propósitos anti-mineros (lo que no les corresponde), pero, por otro lado, no son siquiera capaces de tomar control del asentamiento de poblados, lo que sí es propio de su competencia.

¿Cómo es posible que estas autoridades fomenten y den licencia de construcción, en esas zonas de alto riesgo y peligro, sin ser sancionadas con pena de cárcel? ¿Dónde está el rol normativo del gobierno central que no establece las “zonas rígidas” para construir y sancione a estas autoridades sub-nacionales?  La corrupción no es sólo recibir coima o robar un fajo de billetes. Corrupción es construir en un lugar bajo riesgo y/o autorizar el gasto de recursos públicos bajo condiciones que, de antemano sabemos traerá destrucción de esa obra y muerte de los ciudadanos que ahí se instalen.

Más me apena observar que políticos con experiencia, Presidencia de la República (4 años GR Moquegua, 1 año Ministro de Transportes y partícipe de la “reconstrucción con cambios”) y PCM (4 años GR de San Martín y dos veces Premier), que cuentan con un “Vice ministerio de gobernanza territorial”, permitan se diga que “de aquí en adelante se restringirá estas construcciones…”. ¿Qué nos pasa? ¿Nadie puede asumir las responsabilidades de las cosas que ocurren durante el gobierno que, quieran o no, inició el año 2016, trayendo la experiencia de estar en la gestión pública por tantos años?

En cualquier país civilizado del mundo, el Estado planifica y define los lugares donde se puede instalar un poblado. Este plan considera que no se ubique en zona de riesgo y diseña habilitación urbana con zonas de expansión futura. Las instalaciones públicas tales como; municipalidad, comisaría, posta médica u hospital, colegio público, así como la mejor ubicación de la planta de tratamiento de agua y punto de conexión de suministro eléctrico.  Sólo así se procede a poblar la zona, haciendo que la ubicación de las instalaciones públicas/oficiales se convierta en un “núcleo oficial” que atraiga la instalación de la población, evitando que esta se aleje de él.

Pero no, aquí se ofrece persistir en el error a cambio de votos y botamos los fondos públicos a capricho del reyezuelo local de turno para lograr la aceptación popular. Lamentablemente el que gobierna debe decidir racionalmente por el bien común y no crear condiciones de riesgo que, a futuro, producirán damnificados.

Después de esta cadena de errores y vacíos, la pregunta es: ¿quién es el responsable?  A este paso jugaremos al “yo no fui fue Teté “¿??? Lampadia

Ayer tuvimos que volver a publicar uno de nuestros análisis sobre el tema de la corrupción, ilustrándolo con la galería de gobernadores regionales (13) que enfrentan cárcel o graves acusaciones de corrupción. Ver: ¿No quieren evitar la corrupción?​

Hoy queremos destacar la difícil gesta de un gobernador regional, Fernando Cillóniz, que está empeñado en combatir la corrupción y los comportamientos disfuncionales en la región Ica, un gran ejemplo que debemos ponderar y apoyar. Veamos su nuevo despacho:

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 7 de abril de 2017
Para Lampadia

¡Vamos! Un poco de cultura lingüística no nos viene mal. Consultemos al Diccionario de la Real Academia Española. Pathos es un vocablo griego que significa “estado de ánimo, pasión, emoción, sufrimiento”. Y Patético – que viene de Pathos – significa “que es capaz de mover y agitar el ánimo (de la población) infundiéndole afectos vehementes, y con particularidad, dolor, tristeza o melancolía.

Con respecto al título de este artículo, no me refiero a Hugo, Paco y Luis; los tres patitos mataperros, hijos del legendario Pato Donald. Me refiero – más bien – al trío conformado por los congresistas Segura, Oliva y Elías – cada cual más patético que el otro – quienes durante las emergencias del verano pasado no hicieron nada relevante; excepto criticar, alarmar y figuretear.

En el caso de las dramáticas inundaciones, huaicos, roturas de vías y puentes, epidemias de Dengue y Sika, etc. estos personajes se aprovecharon del drama humano, e intentaron crear en la población un sentimiento de odio hacia sus autoridades, acentuando el dolor, tristeza y melancolía de los damnificados. En el sentido etimológico de la palabra (Pathos), los citados congresistas crearon un argumento patético.

Efectivamente, lejos de observar con objetividad y responsabilidad la magnitud de la tragedia; en vez de identificar y procurar atender las necesidades de la población afectada; y contrario a fomentar la ayuda y solidaridad entre la ciudadanía; estos “padres de la patria” se dedicaron – exclusivamente – a criticar a las autoridades, y crear una falsa impresión de inacción en los tres niveles de Gobierno… Nacional, Regional y Local.

¡Qué diferencia comparados con los buenos congresistas y dignos periodistas que alentaron a la población, a unirse y ayudarse mutuamente para hacerle frente a la tragedia, y orientar a las autoridades respecto de las necesidades más apremiantes de los damnificados!

Felizmente, el pesimismo y el negativismo en nuestro país son minoritario. La grandeza de la mayoría de peruanos es admirable. En el caso de Ica, me queda claro que sin el apoyo – prontísimo y efectivísimo – del Gobierno Central y las Fuerzas Armadas y Policiales… no la hacíamos. Lo mismo se puede decir de los alcaldes provinciales y distritales; de las Juntas Vecinales; de las empresas iqueñas que ayudaron a más no poder; de la Defensoría del Pueblo; de los voluntariados nacionales e internacionales; del Obispado de Ica y – sobre todo – de Cáritas y la Madre Reina. Y – modestia aparte – del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) que me honro en presidir, que sesionaba todos los días – incluidos domingos y feriados – para gestionar la ayuda a los necesitados y la reparación de daños, de la manera más eficiente posible. A todos ellos… ¡gracias totales!

Sin embargo, en medio de la tragedia y el caos, Segura me echaba la culpa del brote de Dengue. Felizmente – y a mucha honra – incluyó a la Ministra de Salud en la colada, a pesar de que ella estuvo presente en Palpa, junto a todo su equipo de control epidemiológico, dirigiendo y dando las pautas precisas para el control de la epidemia. ¡Qué ingrato! Oliva se dedicó a posar para la foto al lado de un tractor viejo e inoperativo – de los cuales tenemos decenas – para cacarear acerca de la incapacidad del Gobernador Regional. ¡Qué posero! Y Elías… ¡dale que dale con la destitución del Director Regional de Salud! ¡Qué patético!

Así es la vida en el mundo de la gestión pública iqueña… y por lo que me cuentan mis pares, parece que fuera de Ica, la cosa es parecida. A ese respecto, considero que no debemos quedarnos callados frente al comportamiento patético de algunos malos políticos. Precisamente, estos artículos periodísticos me permiten transparentar mi experiencia – apasionante y fascinante – de estar inmerso en la política regional.

¡Viva la política buena… que todavía queda! ¡Viva la democracia… que promueve la tolerancia y la discrepancia! ¡Viva la libertad de prensa y opinión… que me permite – entre otras cosas – reciprocar las críticas del trío de Pathos! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El diluvio que nos ha caído y nos sigue cayendo encima parece una maldición, pero puede terminar siendo una bendición si convertimos la reconstrucción en el nacimiento de un nuevo país. Para eso, sin embargo, dos son los requisitos:  uno, definir un gran proyecto que aglutine, cautive y movilice a todos, un proyecto que vaya al fondo de los problemas para que no se repitan consecuencias devastadoras como las que estamos viendo, que modernice y formalice la ocupación urbana y territorial del país y acondicione y domestique las cuencas, ríos y quebradas, y de paso transforme el Estado para hacerlo posible. Y dos, diseñar una organización estatal encargada de la ejecución de este proyecto que funcione con rapidez y eficiencia.

En cuanto a lo primero, el gobierno debería ir designando desde ahora una oficina que empiece el trabajo de recopilar toda la información que existe en el propio Estado y en el sector privado. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), el Instituto Geofísico Peruano, Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET), los ministerios de Agricultura, Vivienda y otros, así como consultoras e institutos privados, y expertos, tienen mucha información acerca de las cuencas, zonas de riesgo, estudios hidrológicos, invasión de cauces, ordenamiento urbano, etc. Deberían ser convocados para juntar esa información en una sola plataforma informática, y a partir de allí formular propuestas discutiéndolas de manera abierta y creativa con representantes de los organismos especializados, partidos, gobernadores regionales y alcaldes, consultoras, expertos, institutos y gremios empresariales. Quizá el CEPLAN o el CENEPRED puedan encargarse inicialmente de esta tarea formuladora.

Oscar Schiappa Pietra considera que esa plataforma informática centralizadora debería servir también para que a través de ella se realicen los procesos administrativos y técnicos, desde la elegibilidad de los proyectos hasta las órdenes de desembolso, pasando por los avances en la ejecución, a fin de asegurar la prontitud, objetividad y transparencia en los procesos de toma de decisión. Instituciones como el Banco Mundial o la consultora McKinsey pueden colaborar en la implementación técnica de este instrumento. En una primera etapa, esa plataforma debiera servir para efectuar un inventario de afectación.

Reubicar a la población de las fajas marginales y zonas de riesgo

El Plan debería comenzar por identificar, efectivamente, todo aquello que ha sido dañado y deba ser reconstruido. Pero no se trata de reconstruir todo tal como estaba. Se trata de definir estándares en función de criterios preventivos (ver anexos 2 y 3).

De otro lado, la reconstrucción deberá aprovechar para reubicar en ciudades satélite de una sola vez a todas aquellas personas que estén ocupando las ‘fajas marginales’ de los ríos y quebradas y las zonas de alto riesgo. Estamos hablando, según la ANA, de más de 100 mil familias. Una tarea ciclópea que demandará no solo una gran voluntad política sino, además, un acuerdo político, un compromiso nacional y una organización estatal capaz de hacerlo. Y requiere proponerles a las personas que deban trasladarse unas ciudades satélite atractivas y condiciones financieras favorables (ver anexo 1).

La voluntad política parece estar dada. El propio Presidente Kuczynski ha anunciado el proyecto de la siguiente manera: “¿Qué vamos a hacer? Primero, darle oportunidad a los peruanos a que vivan en lugares aptos, tenemos que controlar las municipalidades para que no permitan el tráfico de terrenos en quebradas y cerros luego alguien cobra su ‘coimisión’, eso no queremos porque estamos viendo los resultados la gente está viviendo en lugares que no deberían estar. Pero no basta decir váyanse de aquí, tenemos que darles una alternativa y en las grandes ciudades del Perú que están rodeadas por inmensos terrenos vacíos, baldíos, tenemos que desarrollar esas áreas. Por eso en Lima quiero poner tren de cercanía desde barranca hacia Ica, eso va a abrir un transporte fácil hacia la ciudad. Por ejemplo, si estamos en las pampas del sur antes de Chilca, se podría llegar al centro de Lima en un tren rápido, en 25 minutos… Todo eso haría que la gente estuviera viviendo en lugares aptos, planos, donde se pueda poner agua potable, desagüe, drenaje, pistas asfaltadas, que es lo que no se puede poner si uno vive en la punta de un cerro que es un montón de roca donde no se puede poner servicios básicos”.

Leopoldo Monzón, por su parte, ha identificado los lugares donde podrían construirse pequeñas ciudades satélite, pero aledaños a donde vive ahora esa población que debe ser reubicada, con servicios especiales y formas de financiamiento (ver anexo 1).

Ahora bien, los decretos de urgencia que se han dado hasta ahora no satisfacen estos propósitos. El Decreto de Urgencia 04 dispone “que el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI podrá efectuar el levantamiento de información de las viviendas afectadas, colapsadas e inhabitables y el catastro de daños en las zonas declaradas de emergencia, realizando la identificación de la ocupación de los titulares y/u ocupantes de las viviendas y demás predios de dichas zonas, emitiendo el Informe de catastro de daños con datos sobre la titularidad o dominio de predio y la situación física”.

Pero eso no cubre necesariamente a todas las personas que están dentro de las fajas marginales o de las zonas de alto riesgo. Debe aprovecharse para hacer un trabajo integral de una vez por todas. La pregunta es cómo identificamos a las personas que deban ser trasladadas. Para ello encontramos dos conceptos distintos en el propio Estado peruano: uno es el de “fajas marginales” de los ríos y quebradas, y el otro es el de “zona de alto riesgo no mitigable”. 

La “faja marginal”, establecida en la Ley de Recursos Hídricos, obliga a mantener un área intangible en ambas márgenes de los cursos de agua correspondiente a una franja algo mayor a lo que sería la mayor avenida posible. La encargada de fijar y mantener mediante hitos los linderos de dicha “faja marginal” en todos los ríos, es la ANA, y para ello dio la Resolución Jefatural 153-2016.

En cambio, la “Zona de muy alto riesgo no mitigable”, creada en la ley Nº 29869, ley de reasentamiento poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable, es “aquella donde existe la probabilidad de que la población o sus medios de vida sufran daños o pérdidas a consecuencia del impacto de un peligro, y que las implementaciones de medidas de mitigación resultan de mayor costo y complejidad que llevar a cabo la reubicación de las viviendas y equipamiento urbano respectivo”. Son los gobiernos locales los encargados de determinar esas zonas (siguiendo los lineamientos técnicos emitidos por el CENEPRED) y de ejecutar el reasentamiento de la población involucrada. Como es obvio, esto no se ha ejecutado.

Podemos aplicar la ley de Recursos Hídricos que establece la intangibilidad de las fajas marginales, o podemos aplicar la ley de reasentamiento poblacional. O ambas. El decreto de urgencia 04 ha optado por la segunda, obviando la primera. Establece que se reubicará a los damnificados que se ubiquen en zonas de alto riesgo no mitigable, para lo cual se les otorgará un Bono Familiar Habitacional – BFH en la modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva, y se reconstruirá la vivienda de los damnificados que se ubiquen en zonas de riesgo mitigable, para lo cual se les otorgará un BFH en la modalidad de Construcción en Sitio Propio.

La primera observación que podemos esbozar es que sólo serían reubicados los que viven en zonas de alto riesgo no mitigable, lo que significa que los otros, que viven en zonas de riesgo mitigable, reconstruyen sus viviendas en la propia zona de riesgo. A nuestro juicio, este criterio debería ser controlado por el de la aplicación de las “fajas marginales”. 

La segunda observación es que no se menciona en ninguna parte la construcción de ciudades satélite ni nada parecido. Esto preocupa porque lo que no puede ocurrir es que sencillamente se entregue un bono habitacional a la familia para que ella levante por autoconstrucción su casa y lo haga donde le parezca.

Y lo tercero es el esquema institucional. El DU 04 juega con la ley de reasentamiento poblacional mencionada, que encarga la identificación de las poblaciones en alto riesgo y su reasentamiento, a los gobiernos locales. Esto no ha funcionado. Por el contrario, muchos candidatos a alcaldes prometían habilitar zonas de alto riesgo y luego como alcaldes cumplían su promesa. De hecho, Abelardo de la Torre, jefe de la ANA, informa que su entidad tiene inventariadas a 500,000 personas directamente expuestas a estos desastres y 500,000 más que podrían ser perjudicadas. Y que la ANA ya advirtió esto a los alcaldes, pero estos no han hecho cumplir la ley (Perú21, 25-3-17).

La ley de recursos hídricos, en cambio, establece que la ANA es precisamente la encargada de fijar y defender las “fajas marginales” en los ríos y quebradas. El hecho de que esto sea responsabilidad de la ANA y no de los gobiernos locales, facilitaría un plan nacional de reubicación en ciudades satélite ejecutado por el órgano de reconstrucción. Como fuere, por lo menos para la ejecución del plan de reconstrucción, la responsabilidad de identificar a las poblaciones en riesgo que deban ser reubicadas debería estar en manos del órgano de reconstrucción en asociación con la ANA y el ministerio de Vivienda.

Controlar los ríos, quebradas y acondicionar las cuencas

Ahora bien, una vez liberadas las fajas marginales de los ríos y quebradas y las zonas de riesgo, será posible realizar todas las obras necesarias para amansar los caudales y prevenir las inundaciones (encauzamientos, enrocados, diques de control, buenos puentes, etc.) que no se pueden hacer cuando las riberas están ocupadas. El propio Presidente Kuczynski señaló la necesidad de que los ríos del Perú tengan murallas en las partes urbanas, escalonar el agua para que la velocidad de la corriente no tumbe todo a su paso, así como construir buenos pilares para los puentes (ver anexo 2). Deberá comenzarse por los puntos de alta vulnerabilidad ya evidenciados.

Técnica usada por los incas en prácticamente todos los cauces de agua. Se trata de recuperar la herencia de ese legado cultural (Carlos Paredes)

El Ing. Hidráulico Jaime Valdez llama la atención acerca de la necesidad de un Plan Integral de Encauzamientos o Defensas Ribereñas: no arreglar solo uno o dos puntos en el curso de un río sino todo de manera integral, porque de lo contrario los arreglos puntuales se pierden y el río se vuelve a colmatar. Si el río está encauzado en todos sus puntos críticos, no se vuelve a llenar y no es necesario gastar cada año en descolmatarlo. Propone comenzar este año con los puntos de alta vulnerabilidad y pasar luego a los de segunda importancia.

En la actualidad todo lo que se refiere a defensas ribereñas es competencia de los gobiernos regionales, que, por lo general, según Ismael Benavides, han hecho muy poco en ese tema debido a falta de prioridad y presupuesto. La Oficina de Reconstrucción, de la que hablaremos luego, deberá ejecutar directamente estas obras o encargarlas de manera muy precisa a los gobiernos regionales.

Una tarea paralela será la forestación de las partes altas, la construcción de zanjas de infiltración, la descolmatación de las represas y la construcción de nuevas, entre otras obras orientadas a retener e infiltrar el agua en las laderas.  Es decir, el acondicionamiento y manejo de cuenca.

Por supuesto están las carreteras, puentes y los establecimientos públicos dañados. Los puentes tienen que hacerse con la cimentación suficiente y debería haber fuertes penalidades cuando no se respete la norma técnica (ver anexo 3). 

Para no hablar del acondicionamiento urbano, comenzando por las ciudades de la costa norte en las que llueve y en las que es necesario construir de una vez sistemas de drenaje pluvial. Pero la cosa va más allá. Se necesita planes urbanos que se respeten. Se trata de erradicar para siempre las invasiones por medio de un desarrollo urbano planificado. Pasar a otro nivel en el desarrollo de las ciudades. Y esto supondrá acuerdos con los gobiernos locales.

Organización del Estado

Ahora bien, ¿cómo debería organizarse el Estado para llevar a cabo todo lo anterior y un conjunto de otras tareas complementarias que no tenemos espacio de detallar acá? El presidente Kuczynski ha desechado la idea del Zar de la reconstrucción que él mismo propuso, y anuncia que “todo se hará a través del presidente del Consejo de Ministros, como corresponde”.

Leopoldo Monzón propone crear un Oficina de Reconstrucción dependiente justamente del Presidente del Consejo de ministros, que tendría que tener un jefe y cinco sub oficinas (ver diagrama), una de ellas de planificación. Podría tener un directorio presidido por el Premier e integrado por varios ministros y representantes de los gobiernos sub-nacionales y del sector privado. Pero, señala, es importante que esa Oficina tenga capacidad de gasto y de contratación. Es decir, que no sea solo una oficina de coordinación. A nuestro juicio, esta Oficina de Reconstrucción debería concentrar recursos en un Fondo de Reconstrucción y licitar los proyectos directamente por medio de cualquiera de las modalidades que aparece en el gráfico, aunque también debería poder encargar parte de las obras a ministerios y gobiernos sub nacionales según sea lo más apropiado.

Hay obras, sin embargo, como carreteras y puentes, relativamente autónomas del resto, cuya ejecución puede estar a cargo directamente del Ministerio de Transportes. No así todo lo que tenga que ver con reasentamiento poblacional, acondicionamiento de cursos de agua, cuencas y ordenamiento urbano.

En los casos en los que la Oficina de Reconstrucción tenga que encargar obras o tareas a los gobiernos regionales o locales, Oscar Schiappa Pietra propone la modalidad francesa de “contratos programa”, por medio de los cuales se firman acuerdos muy específicos entre el gobierno central y los gobiernos sub-nacionales estableciendo la entrega de dinero contra indicadores de avance muy puntuales y mecanismos de auditoría que podrían ser desempeñados por organismos internacionales. Estamos hablando de una suerte de APP pero dentro del propio Estado, donde el gobierno nacional contrata al gobierno sub-nacional. Esta modalidad evita desvíos de dinero y corrupción e incentiva la ejecución rápida y eficiente de los proyectos.

Oscar Schiappa Pietra propone, además, que el Gobierno contrate a organismos internacionales de primer nivel (Banco Mundial y Banco Interamericano; y en menor medida a Naciones Unidas y GiZ de Alemania) para que planifiquen y ejecuten las obras bajo la modalidad ‘Llave en Mano’. “Esto simplificaría inmensamente los procesos de construcción, garantizaría una acelerada y eficaz ejecución, y reduciría sustancialmente los masivos riesgos de corrupción. Esos organismos tienen vasta experiencia a nivel global ejecutando obras bajo tal modalidad”, explica.

Construcción institucional

La ejecución de este gran proyecto de construcción nacional es el escenario para empezar a redefinir las competencias entre niveles de gobierno por líneas de servicios. Para comenzar, en todo aquello que ha fallado: carreteras y puentes, planeamiento urbano, construcción de defensas ribereñas, manejo de cuencas, titulación de la propiedad. Establecer con claridad qué le corresponde a cada nivel, restableciendo la capacidad de rectoría, gestión y control del gobierno central y recertificando a los gobiernos sub-nacionales en las competencias que les correspondan en la cadena de valor del servicio en cuestión. Lo mismo se debe hacer en Salud y Educación.

Se trata de redistribuir funciones y competencias de una manera tal que se asegure el funcionamiento del gobierno unitario y la eficiencia del servicio. 

Estamos hablando de la recuperación de la capacidad de control territorial por parte del Estado Central y la profesionalización y des-patrimonizalización de los gobiernos sub-nacionales. Y específicamente de la construcción de un nuevo ordenamiento territorial y urbano predecible y organizado, que supone la formalización de la ocupación del territorio, planes urbanos respetados, el fin de las invasiones, titulación de la propiedad y pago de impuestos prediales.

Pero todo esto supone también la reforma profunda del sistema judicial y policial, pues ya sabemos que la ocupación indebida de las zonas de riesgo ha sido frecuentemente organizada por traficantes de terrenos y mafias de usurpadores, en connivencia con alcaldes, policías, fiscales y jueces. Eso tiene que acabar si queremos que el gran proyecto de reconstrucción se pueda aplicar en estos temas.

Y supone aprobar la reforma política pues necesitamos partidos políticos presentes en el territorio de modo que las autoridades locales estén conectadas con instancias políticas nacionales y sean responsables ante ellas.

Estamos hablando, en última instancia, de la construcción institucional del país a todo nivel. Lampadia

Anexo 1: Ciudades satélite
Leopoldo Monzón ha identificado los lugares, aledaños a las zonas de riesgo, donde se pueda fundar ciudades satélites donde trasladar a las personas que deban ser reubicadas. Propone que en estas ciudades satélite se construyan plantas de tratamiento de 3,000 lt/día a 1’000,000 lt/día, para dotar de agua de 10 a 3,000 casas respectivamente, dependiendo de la zona de intervención y los daños ocurridos, y además que cada casa tenga un tanque para almacenar agua y un biodigestor para el tratamiento de los sólidos y líquidos que ahora terminan en los ríos del Perú. El agua tratada en el biodigestor se podrá utilizar para riego de jardines que circundarán las casas y los residuos sólidos se podrán utilizar como abono cerrando un círculo virtuoso nuevo con servicios ambientales cercanos a países del primer mundo. (ver imágenes 1 y 2)[1]. 

Por supuesto, a las personas debe ofrecérseles además un buen mecanismo de financiamiento de sus nuevas viviendas que les permita pagar una parte relativamente menor del costo total. Para ello se tiene a la mano los mecanismos de Techo Propio, y propone ampliar el Bono de Buen Pagador a un 50% del valor de la inversión  financiando el resto a 20 años con tasas de interés muy bajas, tratándose de soluciones de este tipo.[2] 

Monzón agrega que “el capital público y privado intervendrían incorporando centros comerciales, parques industriales, Colegios, Centros de Salud, etc. en estas ciudades satélite, generando puestos de trabajo para los pobladores de la zona. De esa manera la plusvalía de las casas construidas deberá incrementarse en 5 años en un 250%, en base al estudio de benchmarking de crecimiento de valor realizado en zonas sostenibles (Proesmin 2015)”.[3] La construcción de estas ciudades se haría mediante las distintas modalidades disponibles: APPs, Iniciativa Privada, Obras por Impuestos, Inversión pública o acuerdos de cooperación con países amigos.

Anexo 2: Acondicionamiento de los ríos
Será necesario tomar nota de los conocimientos acumulados por los ingenieros peruanos. Tanto Carlos Paredes como el Ingeniero Jaime Valdez, por ejemplo, señalan la necesidad de optar por estructuras de encauzamiento de tipo flexible tales como enrocados y gaviones, en lugar de muros de concreto armado o de gravedad que son estructuras rígidas que colapsan por ruptura o son socavadas. Los gaviones (canastas de mallas de alambre rellenas de piedra) solo funciona, apunta, en ríos del norte que no arrastran piedras grandes que rompen los gaviones, aunque Paredes sostiene que sí funcionan bien en ríos de la Sierra, por lo menos en algunos ríos.

Manejo de gaviones con enmallado de piedras: Responden mucho mejor que diques de concreto armado porque soportan presiones disminuyéndolas a través del filtrado del agua entre las piedras y produciendo ligeros desplazamientos. Los muros de contención se quiebran fácilmente y se inutilizan (Carlos Paredes)

El Ing. Jaime Valdez llama la atención acerca no arreglar solo uno o dos puntos en el curso de un río sino todo de manera integral, porque de lo contrario los arreglos puntuales se pierden y el río se vuelve a colmatar. Si el río está encauzado en todos sus puntos críticos, no se vuelve a llenar y no es necesario gastar cada año en descolmatar.

Además –señala- los nuevos puentes deben evitar estrechar el ancho del cauce o colocar pilares intermedios que generan alta vulnerabilidad; tanto en los pilares como en los estribos, especialmente por problemas de socavación local.

Y advierte lo siguiente: cualquier estructura hidráulica que se proyecte en el cauce de un río, debe considerar la ocurrencia de una avenida probable para 100 o 200 años de periodo de retorno; que para el caso del río Rímac este caudal es de 450 a 500 m³/s. Si todos los desastres ocurridos en los últimos días fueron ocasionados por un pico de caudal de solo 120 m³/s; ¿qué podríamos esperar si realmente se presenta la avenida de diseño de 450 a 500 m³/s?

Anexo 3: Cuestiones de ingeniería
¿Por qué se han caído tantos puentes?

Según el ingeniero Enrique Felices, “un puente tiene tres partes: cimientos, estructura y superestructura. Las tres deben estar bien diseñadas y construidas, individualmente y como conjunto. En el puente de San Juna de Lurigancho falló la cimentación; en el de Virú claudicó la superestructura.

Si un ingeniero (de los 200,000 que hay en el CIP) trabaja con plazos y honorarios mínimos, casi con seguridad hará un mal diseño (por ejemplo, para los estudios de suelos no analizará hasta la profundidad debida y asumirá que en la zona hay un ” suelo conocido”). Después, el constructor no corregirá la deficiencia porque una mayor excavación hasta encontrar un suelo apropiado, o el cambio del tipo de cimentación, implicará un adicional de obra que debe aprobar la Contraloría. ¡No gracias!  Años más tarde llueve, crecen los ríos y cataplún: cientos de puentes abajo”.

El ingeniero Raúl Delgado Sayán, por su parte, asegura que los puentes no pueden ni deben colapsar. Explica que “normalmente los puentes no colapsan por la estructura misma de arriba o superestructura (por donde transitan los vehículos), sino porque fallan sus apoyos o las estructuras de soporte (subestructuras). Con los ríos en máxima creciente a consecuencia de los huaycos, colapsan porque el rio socava (proceso de erosión acelerada) estos soportes, que por lo general están sin pilotes de anclaje, porque los construyen así. La cimentación de apoyos intermedios en el lecho de los ríos o en las márgenes derechas e izquierda, deben ser de cimentaciones profunda, o sea con pilotaje. ¿Por qué no lo son? Pues muy sencillo, porque cuestan más y si lo hacen así “no pasan el SNIP”. 

“La definición del SNIP es que debe escogerse como mejor alternativa aquella que cumpla el objetivo al menor costo, cuando lo que debe primar es la alternativa “optima” (técnica y económicamente) que cumpla con el objetivo. Se usa la comparación beneficio/costo que siempre escoge la de menor precio y por lo tanto menor calidad sin considerar una relación más amplia de beneficio/costo con incorporación del factor riesgo y durabilidad”.

“Tenemos la cultura de adjudicar las obras al más barato, sin analizar la solución de ingeniería que cada uno de los postores propone; así están hechos nuestros reglamentos. Pero en ingeniería ” lo barato cuesta muy caro” porque las obras se deterioran y destruyen muy rápido.

Excluir barrages tipo Creager

El ingeniero Jaime Valdez señala que las obras hidráulicas que se proyecten sobre lechos de río deberán evitar cambiar o modificar el régimen y/o equilibrio natural de los mismos; especialmente los concernientes a sus pendientes. En ese sentido, debe excluirse el diseño de barrajes tipo Creager, y optar por los barrajes llamados tipo Grampa o indio y preferiblemente barrajes móviles, que permitan el libre tránsito de la mayor cantidad de sedimentos del río. En el gráfico adjunto se esquematiza la dinámica fluvial que genera cada uno de los barrajes indicados.

Un barrage es un dique transversal que se construye para levantar nivel de agua de modo que pueda ser captada por las márgenes a fin de regar o de llevarla a una planta de tratamiento de agua. En los ríos torrentosos, cuando el dique es vertical (Creager), se llena de arena y rebosa agua limpia que, al tener más poder de socavación, erosiona los puentes ríos abajo. Lo mejor es el barrage inclinado, tipo grampa o indio, para permitir paso de los sedimentos y no romper el equilibrio natural del río. Lo ideal es el barrage móvil, que se levanta y deja pasar todo. La atarjea es así

Anexo 4: Proyecto: “Conducción fuera del cauce del Río Rímac entre Moyopampa y la Atarjea”, diseñado por CESEL, con estudios definitivos
Consiste en llevar el agua de las centrales hidroeléctricas de Moyopampa y Humapaní y a la planta de la Atarjea, por medio de un túnel (que ya está construido en parte), y aprovechando tres caídas para generar electricidad. Como explica Raúl Delgado Sayán, con este proyecto “nunca más viviremos el “via Crucis” de falta de Agua que estamos viviendo actualmente; SEDAPAL recibiría un agua mucho más limpia, con lo cual la ciudadanía a su vez recibiría agua potable garantizada de mucho mayor calidad. Sedapal se ahorraría muchísimo dinero en el tratamiento (cloro, esfuerzo de separación de residuos sólidos, coagulantes, etc.), además de la posibilidad de generar hasta 60 MW adicionales de electricidad.

SEDAPAL que recibiría 25 m3/seg de agua limpia, sin sedimentos, ya turbinada (mucho más de lo que necesita la Atarjea actualmente) y una ventaja adicional es que en las épocas de muy fuertes crecidas, le ahorraríamos al rio la carga de 25m3/seg, lo cual le daría un pequeño colchón adicional para evitar desbordes; es decir si el caudal actual fuera 100m3/seg, no soltamos en Huampani 25m3/seg, entonces en todo ese trayecto solo tendríamos 75 m3/seg.”.

[1] Ver propuesta de ciudades satélite en Leopoldo Monzón: Inundiaciones, ¿más de lo mismo?
[2] Op Cit
[3] Idem

Durante los últimos meses hemos pasado de una grave sequía a fuertes lluvias y  huaicos que han afectado gravemente la vida de muchos peruanos y destruido importantes infraestructuras públicas. En el Perú no sabemos reservar agua para los períodos secos, ni protegernos de las avenidas descontroladas. Nuestro país es el octavo en disponibilidad de agua, pero vivimos como si tuviéramos un importante estrés hídrico. Lo que es más, como se ve en el mapa líneas abajo, se nos considera como vivimos y no como somos, un país con abundancia de agua.

El pasado 22 de marzo se celebró el Día Internacional del Agua en un mundo donde 1,800 millones de personas no tienen acceso al agua potable.

Según las Naciones Unidas, “Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es más necesaria que nunca. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente”.

La importancia del agua trae consigo una gran necesidad: gestionar bien el recurso. En el Perú, la cobertura y calidad del servicio de agua y saneamiento deja muchísimo que desear. El servicio de abastecimiento se mide por horas, cuando ya debería ser todo el día, y las pérdidas de agua (ya sean físicas o por facturación) son de aproximadamente 50%. Además, la mitad de las EPS en el Perú están en falencia financiera, por lo que no pueden brindar un servicio adecuado a la población, ni llegar a más peruanos que todavía carecen de agua y desagüe.

La causa de los problemas en agua y saneamiento no es la escasez del recurso: como ya hemos mencionado en Lampadia (Ver: Superemos los mitos sobre el agua), el Perú cuenta con vastos recursos hídricos, ya que somos el octavo país con más agua dulce del planeta. El problema está en haber politizado la gestión del agua, con el consiguiente mal manejo que desde hace varios años vienen llevando acabo las empresas prestadoras de servicios (EPS). Lamentablemente, no sabemos aprovechar el recurso, pues no cosechamos el agua, ya sea en grandes represas o reservorios menores y familiares.

The Economist también considera que la escasez del agua a nivel mundial no es un tema de falta del recurso (especialmente porque dos tercios del planeta están compuestos por agua), sino por un problema de mala administración. Y es que, como afirma la revista inglesa, “cuando algo es demasiado barato, la gente lo malgasta”.

Según The Economist, “La clave para gestionar mejor el agua es el precio adecuado, dando a los consumidores una razón para no desperdiciarlo y a los inversores un incentivo para construir la infraestructura para su suministro. Se necesitan grandes sumas: más de US$ 26 trillones entre 2010 y 2030, según una estimación. Sin embargo, antes de que el agua pueda tener un precio adecuado, debe quedar claro quién es el propietario (o, más exactamente, quién tiene derecho a extraerlo de los ríos, acuíferos, etc.)”.

La solución es clara. De la misma manera en que se reestructuraron los servicios públicos de electricidad y comunicaciones para lograr brindar una mejora sustancial de los servicios. Ahora debemos despolitizar el manejo de las empresas, profesionalizar su gestión e involucrar, mediante APPs u otros mecanismos,  al sector privado en la operación de los servicios de agua y saneamiento.

Hasta ahora, la politiquería anti sector privado no ha permitido que se entienda que la combinación ‘sector privado y supervisión pública’ es largamente superior a la gestión pública que nadie controla y que cada cierto tiempo recibe recursos del Estado, para volverlos a mal usar. Solo así se podrá lograr un manejo eficiente y financiar los 53 mil millones de soles que se requieren para cerrar la brecha de infraestructura de saneamiento existente (según Milton Von Hesse) y así llegar a la meta del Plan Nacional de Inversiones para el Bicentenario (2021). Ver en Lampadia: Cambiemos los paradigmas sobre el agua.

El servicio de agua y desagüe en el Perú es el tema social más importante y, lamentablemente, no se está solucionando como se debe. Es necesario cambiar de paradigmas para lograr una reforma que cause un impacto positivo en nuestros ciudadanos y nos brinden los servicios que los peruanos merecemos. Lampadia

Agua: la realidad en seco

The Economist
5 de noviembre de 2016
Traducido y glosado por Lampadia

“Miles han vivido sin amor; ni uno sin agua”, observó W.H. Auden. Omitió añadir que, al igual que con el amor, muchas personas tienen una fuerte aversión moral a pagar por el líquido que sustenta la vida. Algunos sienten que el agua es un derecho y, por lo tanto, debe ser libre. Otros presionan a los gobiernos para que subsidien su distribución a grupos favorecidos. Todo esto se traduce en grandes y evitables resultados.

El agua cubre dos tercios de la superficie de la Tierra. No se agota cuando se consume: simplemente sigue circulando. Entonces, ¿por qué los investigadores del MIT predicen que a mediados del siglo, más de la mitad de la humanidad vivirá en zonas de estrés hídrico, donde la gente está extrayendo cantidades insostenibles de las fuentes de agua dulce disponibles?

Una razón es que a medida que la población del mundo crece y se vuelve más rica, usa más agua. Otro es el cambio climático, que acelera los ciclos hidrológicos, haciendo que los lugares húmedos sean más húmedos aún y los lugares secos, más secos. El World Resources Institute, un grupo de expertos, clasificó a 167 países y encontró que 33 enfrentan un estrés hídrico extremadamente alto para 2040 (ver mapa). Pero gran parte del problema proviene de la pésima gestión del agua, y eso es algo que deberían reflexionar los funcionarios que se reúnen en la polvorienta Marrakech esta semana para la próxima ronda de conversaciones anuales sobre el clima de la ONU. Una parte crucial de la adaptación a un mundo más cálido es definir cómo asignar el agua de manera más eficiente.

Cada persona necesita beber sólo unos pocos litros al día, pero se necesitan cientos de litros para cultivar alimentos y miles para poner una porción de carne o cerdo en la mesa. La agricultura representa el 70% del consumo de agua y la industria representa la mayor parte del resto. Debido a que los agricultores y los jefes de las fábricas son políticamente poderosos, suelen pagar muy poco por su agua. Algunos pagan los costos operacionales de su suministro, pero no la infraestructura que le permitió salir del grifo. Muchos no pagan por utilizar los acuíferos subterráneos -la India bombea dos tercios de su agua de riego de esta manera. Cuando algo es demasiado barato, la gente lo malgasta. La industria china utiliza diez veces más agua por unidad de producción que la media de los países ricos, por ejemplo. Los agricultores en lugares resecos como California crecen con sed de cultivos comerciales como las paltas, que fácilmente podrían ser importados de algún lugar más húmedo.

La clave para gestionar mejor el agua es el precio adecuado, dando a los consumidores una razón para no desperdiciarlo y a los inversores un incentivo para construir la infraestructura para su suministro. Se necesitan grandes sumas: más de US$ 26 trillones entre 2010 y 2030, según una estimación. Sin embargo, antes de que el agua pueda tener un precio adecuado, debe quedar claro quién es el propietario (o, más exactamente, quién tiene derecho a extraerlo de los ríos, acuíferos, etc.). Australia ha liderado el camino en la creación de un sistema transable de derechos de agua.

Cuentas actuales

El objetivo es asegurarse de que el agua llegue a aquellos que pueden hacer el mejor uso de la misma. El cálculo de cuánto se está utilizando, y cuánto realmente debe ser utilizado, es esencial. En Australia los viejos derechos (típicamente pertenecientes a los terratenientes) fueron reemplazados con acciones que otorgan a los titulares una proporción de las asignaciones anuales. Esto significa que la única manera que una persona pueda tener más agua es si otra persona tiene menos. Dos mercados han surgido: uno en el cual las asignaciones estacionales de agua disponibles se pueden negociar, y otro en que las partes pueden compartir.

Para que el sistema funcione, se debe tener especial cuidado en asegurar que los derechos de agua comerciables se asignen de manera justa y abierta. La “cadena de bloques”, una tecnología criptográfica que permite a los extraños hacer registros a prueba de violaciones de quién posee qué, podría ayudar.

Conseguir que la política del agua sea correcta no sólo fomentará la conservación cotidiana; también estimulará el desarrollo de tecnologías como la carne artificial (que utiliza mucho menos agua que la real) y la desalación más barata. La alternativa es probar que Mark Twain estaba en lo correcto cuando dijo: “El whisky es para beber; el agua es para pelear”. Lampadia

Más allá de la terrible situación política generada por el gobierno socialista de Rafael Correa, el estado actual de la economía y el deterioro generalizado de la situación del país, Guayaquil ha logrado desarrollar una infraestructura de clase mundial, para enfrentar los huaicos, desbordes y riadas.

Los primeros dos meses del 2016 fueron muy problemáticos para Guayaquil. Sufrieron tres días de intensas lluvias, llegando a 89 mm (litros por metro cuadrado). En los tres casos coincidió con una marea alta en la costa, lo cual impidió que el agua de la lluvia se evacuara con facilidad a través del sistema de alcantarillado. La intensa lluvia inundó calles y vías de alta circulación vehicular, obstaculizó el tráfico y creó gran desorden en la ciudad. 

Pero pocos meses después, el Puerto Principal puso en funcionamiento un sistema de válvulas para reducir los efectos de las inundaciones, especialmente para evitar problemas como cuando las mareas altas coincidan con fuertes precipitaciones.

El sistema de válvulas consta de “dispositivos de orificio variable que se utilizan en los desagües del alcantarillado pluvial. Cambian su área de apertura respecto a la presión interna y al caudal, para evitar el paso del flujo en la dirección contraria”, afirmo Carolina Chico, jefa de Proyectos de Obras de Interagua, concesionaria del servicio en Guayaquil a cargo del proyecto para el Diario El Comercio de Ecuador. Para entender más sobre cómo funciona el sistema, ver video de EMAPAG-EP (Ente Municipal de Regulación y Control de Guayaquil):

Este desarrollo de Ecuador, en Guayaquil, debería ser un ejemplo a seguir para el Perú. Ya es hora de desarrollar esquemas de protección ante los recurrentes huaycos que destruyen vidas y bienes cada cierto tiempo. Ahora tenemos que salvar la emergencia, pero no debemos parar hasta desarrollar infraestructuras permanentes en las zonas más sensibles del país. Lampadia