CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

La ratificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva demoró mucho más de lo necesario por las fuertes pugnas internas en el gobierno, como lo demuestran las críticas de algunos cerronistas a su designación.

Esa es una buena noticia, aunque los directores designados por el Ejecutivo son, por lo menos, rosaditos. Y el efecto ha sido inmediato, el dólar ha bajado, aunque no lo suficiente. Todavía falta la designación de los otros directores por el Congreso y la ratificación.

El otro acontecimiento que ha suscitado esperanzas es la salida del impresentable Guido Bellido de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Sólo en un gobierno como el de Pedro Castillo podía ocurrir que un individuo de esas características ocupara el más importante cargo en el gabinete ministerial.

Pero su reemplazo, aunque también ha suscitado expectativas en algunos, no ofrece ninguna garantía de estabilidad ni moderación. Mirtha Vásquez es una anti minera del grupo del ex cura Marco Arana que ha causado mucho daño al país. Fue una de las que más contribuyó a impedir que saliera adelante el proyecto cuprífero Conga –más de 4,000 millones de dólares de inversión- en 2011, que hoy ya estaría produciendo, generando dólares y empleos, en un contexto de alza de precios de ese mineral.

Vásquez, Arana, el corrupto Gregorio Santos y todas las izquierdas, han hecho todo lo posible por arruinar al país y a los peruanos, hacerlos más pobres. Y luego se han beneficiado políticamente del aumento de la pobreza.

Hay que ser para iluso creer que Vásquez ha cambiado sus ideas extremistas, incluyendo la de instalar una asamblea constituyente, al integrarse a un gobierno comunista.

Lo que existe son disputas entre diversas facciones por los puestos de poder, aunque todos los grupos tienen idénticos propósitos estatistas y autoritarios.

El reemplazo de un cerronista por una aranista solo es un maquillaje que sirve para fomentar ilusiones, mientras ellos siguen avanzando en sus objetivos de controlar a las FF.AA. y la Policía Nacional, liquidar al Congreso y convocar a una constituyente.

Ellos necesitan algún tiempo para alcanzar sus metas. Pero tampoco pueden demorarse demasiado porque cada día que pasa va quedando en evidencia que son incompetentes y corruptos, y eso va mermando su respaldo.

Un ejemplo de la manera chapucera y desastrada como manejan el gobierno, es la revelación que hizo Ciro Gálvez a Milagros Leyva en Willax TV: el no renunció, cuando llegó a Palacio el día de la juramentación del nuevo gabinete un empleado le dijo que ya no era ministro y que se fuera por la puerta trasera.

Ahí posiblemente han cometido un delito, porque al día siguiente se publicó en el diario oficial la resolución aceptando su renuncia firmada por Castillo y Bellido, renuncia que según Gálvez no existía en ese momento. En 2005 hubo un escándalo parecido porque se nombró ministro de RR.EE. a Fernando Olivera y se publicó la resolución firmada –supuestamente- por el PCM Carlos Ferrero. Como Ferrero estaba en desacuerdo con ese nombramiento, se negó a firmar la resolución hasta que Olivera renunció.

Con un desgobierno como el actual, con algunos parches en el pésimo gabinete –que empeora con individuos como el de Carlos Gallardo y Luis Barranzuela-, es evidente que el Perú seguirá deslizándose en el abismo. Lampadia

Luis Vargas Barbieri, Director del Semanario Minas y Petróleo
Para Lampadia

El rotundo fracaso de las organizaciones políticas anti-mineras lideradas por Gregorio Santos, Marco Arana y Jorge Rimarachín, tanto en las elecciones para gobernador de la región como para las de alcaldes provinciales y distritales, fue el hecho de mayor trascendencia del proceso electoral del 7 de octubre último en la región Cajamarca. En consecuencia, como lo señaló un residente cajamarquino, experto en la agricultura de esa región, que prefiere el anonimato: la minería ha dejado de ser satanizada (en Cajamarca) y podrá trabajar en armonía con los nuevos alcaldes”.

Si bien Gregorio Santos no fue candidato a ningún cargo, él es el líder anti-minero más importante de la región Cajamarca. En consecuencia, al haber quedado su organización política el MAS en tercer lugar, con el 18.6% de los votos, es evidente que esa organización política y su líder máximo han perdido gran parte del capital político que demostraron tener en las elecciones regionales y municipales del 2014, en que con el 44.3% de los votos válidos, ganaron la elección para gobernador regional.

Por su parte, Ramiro Díaz el candidato del Frente Amplio (liderado por Marco Arana) y Jorge Rimarachín, tuvieron votaciones insignificantes del 3.6% y el 2.0 %, respectivamente.

Al no haber alcanzado ninguno de los candidatos a gobernador el 30% de los votos válidos, Walter Benavides de Alianza para el Progreso, que obtuvo el 23.4% y Mesías Guevara de Acción Popular con el 21.3% tendrán que ir a una segunda vuelta en diciembre. Ninguno de ellos rechaza la minería.

¿Cómo explicar esta evolución en el electorado? Nuestro informante cajamarquino nos dice que actualmente el 50% del electorado cajamarquino tiene menos de 30 años y de este total la mitad tiene menos de 21. Este electorado tiene mayor cultura, está ávido de que el progreso también llegue a Cajamarca y está consciente de que la minería puede ayudar para mejorar el abastecimiento de agua en la región.

De las ocho listas que participaron en las elecciones regionales de Cajamarca 7 pertenecen organizaciones políticas sin trayectoria anti-minera: Alianza para el Progreso, que tuvo como candidato a Walter Benavides (23.5% de los votos); Acción Popular con Mesías Guevara (21.3%); Podemos con Absalón Vásquez (11.9%). Cajamarca Siempre Verde, con Enrique Mosqueira (9.7%) y el Frente Regional de Cajamarca con Lilian Cruzado (9.4%).

En la otra orilla, tres listas representaron a organizaciones políticas y/o candidatos con una trayectoria anti-minera ampliamente conocida: El MAS, con Porfirio Medina gobernador interino de esa región (18.5%).  El Frente Amplio con el profesor Ramiro Díaz (3.6%) y Democracia Directa, con el ex congresista anti-minero Jorge Rimarachín (2.0%).  

Una importante consecuencia de esta catastrófica derrota de la izquierda anti-minera es que de los 19 consejeros que le corresponden a la región Cajamarca, solo uno pertenece a una organización política de la izquierda radical, el MAS.  Cabe señalar que ese único consejero ganado por la izquierda radical fue uno de los tres que le corresponden a la provincia de San Ignacio. La cual se haya en el extremo norte en el mapa de Cajamarca y en consecuencia muy alejada de las zonas que tienen riqueza minera.

ALCALDÍAS PROVINCIALES

De las 13 alcaldías provinciales, los partidos nacionales y los movimientos regionales de centro y centro izquierda ganaron 12 y los movimientos de la izquierda radical anti-minera solo una.

Alianza para el Progreso ganó las municipalidades provinciales de Cajabamba, Celendín, Contumazá, San Marcos y San Miguel; Cajamarca Siempre Verde las de Cutervo, San Pablo y Santa Cruz, Acción Popular las de Chota y Jaén; Restauración Nacional la de Hualgayoc y el Frente Regional de Cajamarca la de la provincia de Cajamarca.  

El MAS por su parte al ganar las elecciones de alcalde para la provincia de San Ignacio, fue la única organización política de la izquierda radical capaz de ganar una alcaldía provincial en la región Cajamarca.

ALCALDÍA PROVINCIAL DE CAJAMARCA

En esta provincia se ubican las operaciones de Minera Yanacocha y los proyectos de Conga y Michiquillay y parte del de Galeno. De ahí la enorme importancia que tienen los resultados electorales para la elección de alcalde en esta provincia.

El alcalde electo de la provincia de Cajamarca, el abogado Andrés Villar del Frente Regional de Cajamarca, tiene una visión ecológica ambiental de cosecha de agua con reservorios grandes y medianos y micro reservorios familiares. Para lograr este propósito no hay otra opción que complementar la inversión pública con la privada y en Cajamarca inversión privada es sinónimo de financiamiento logrado con el apoyo de las empresas mineras. Cabe resaltar que la relación de la minería con los alcaldes, puede llegar a ser más importante que la de aquella con los gobiernos regionales, opina nuestro informante anónimo.

Los candidatos a la alcaldía provincial de Cajamarca, con ideologías de centro y centro izquierda concentraron el 91.2 % de la votación, los de la izquierda antiminera solo el 8.8% y por consiguiente sólo tendrán un concejal de los 13 de esa municipalidad. 

ALCALDÍA PROVINCIAL DE CELENDÍN

En el caso de la provincia de Celendín, en cuyo distrito del mismo nombre se ubica el proyecto El Galeno y en los de Huasmín y Sorochuco, parte del proyecto Conga, triunfó con el 35.4% de los votos José Marín Rojas, ex alcalde de Huasmín, quien postuló por Alianza para el Progreso, quedando en segundo lugar el candidato de Somos Perú con el 32%; mientras que el único partido de la izquierda radical que participó fue el Frente Amplio, que apenas alcanzó el 2.7% de los votos. De este modo de los nueve concejales de la alcaldía provincial de Celendín, cinco pertenecerán a Alianza para el Progreso, 3 a Somos Perú y uno a Acción Popular. Mientras que la izquierda anti-minera no logró colocar ningún concejal.

De todos los alcaldes electos en Cajamarca, José Marín es probablemente el que tiene una mejor trayectoria en sus relaciones con la minería.  En el 2008, como alcalde del distrito de Huasmín, obtuvo financiamiento del Fondo de Solidaridad Cajamarca (FSC), que administra recursos voluntarios de la minera Yanacocha, para lograr que con una inversión de 250 mil nuevos soles se avanzara con la instalación del servicio de agua potable, para beneficiar a más de 600 habitantes de la comunidad de Santa Rosa, de ese distrito.

La popularidad, dentro de la población de Celendín de José Marín, fue la causa de que, en el 2014, en vísperas de las elecciones para alcalde de Celendín, en las que él participó, sus enemigos políticos le colocaran una bomba casera en la puerta de su vivienda. Los activistas del MAS fueron los principales sospechosos de la colocación de esa bomba.

ALCALDÍA PROVINCIAL DE CHOTA

En esta provincia, en el distrito de Querocoto se ubica el importante yacimiento de La Granja. La mayor votación para la alcaldía provincial la obtuvo Acción Popular con el 34.4%, quedando segunda Alianza para el Progreso con el 27.2%, tercero el MAS con el 16.1% y cuarto Podemos con el 11%. En consecuencia, de los 11 concejales 6 le pertenecerán a Acción Popular, 3 a Alianza para el Progreso, uno al MAS y uno a Podemos.

ALCALDÍAS DISTRITALES

En el distrito de La Encañada, en el que se ubican varios de los depósitos de minera Yanacocha, incluyendo parte del de Conga y también el importante yacimiento de Michiquillay de Southern, el alcalde electo es el exalcalde Leoncio Vera, que participó como candidato de Alianza para el Progreso. En este distrito la derrota de los anti-mineros fue total, ya que, a pesar de haber participado con tres candidatos, solo pudieron do alcanzar en conjunto el 5.2% de los votos.

Otros distritos con importantes proyectos mineros, como se ha señalado anteriormente, son los de Huasmín y Sorochuco en Celendín. El Frente Amplio que fue la organización política de la izquierda radical más votada, solo alcanzó a tener el 6.6% de los votos válidos. Cifra con la cual no le alcanza ni siquiera para tener en concejal en el consejo municipal distrital de Huasmín.

En el caso de Sorochuco, la ONPE no reporta ninguna votación para las organizaciones políticas de ese sector ideológico. Lampadia

Durante los últimos días, hemos sido testigos de múltiples acontecimientos a nivel nacional e internacional, que es conveniente revisar y no perder; el análisis de estos acontecimientos debe ayudarnos a formar un sentido común del mundo que nos toca vivir.

Cumbre de las Américas

El novel Presidente Martín Vizcarra, presidió una exitosa cumbre regional que transcurrió sin ningún problema, confirmando la capacidad del Perú para organizar grandes convocatorias internacionales.

Las ausencias de Donald Trump y Raúl Castro, no se sintieron como debilidades de la cumbre. La de Trump, se debió obviamente al tema de Siria, y la de Castro ya no es relevante, más bien envió algunos activistas con el afán de molestar.

Además, como ya sabíamos, se evitó la presencia del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que fue criticado y rechazado por los países que no dependen de las prebendas del chavismo, y defendido por sus socios del socialismo del siglo xxi y por sus beneficiarios.

En cuanto a los acuerdos de la cumbre, ver en Lampadia: Los compromisos de la Cumbre de las Américas.

Aportes desde los extremos del continente americano

Recogemos dos mensajes importantes desde el extremo norte y sur de América. Justin Trudeau, ese líder joven y carismático de Canadá (el país más cercano a EEUU) asumió la defensa del libre comercio, tal como sugerimos en Lampadia que haga el gobierno peruano (ver: Retomemos el libre comercio).

Desde el sur, Sebastián Piñera, el flamante presidente de Chile, estuvo muy activo en los medios, y compartió sus ideas sobre la lucha contra la corrupción. Veamos:

1. Transparencia
2. Reglas claras
3. Mínima discrecionalidad de funcionarios del Estado

“Y si todo lo anterior falla, se debe contar con un Poder Judicial que sepa identificar, investigar, juzgar y castigar, para evitar la impunidad”. Todo con la ayuda de la tecnología moderna.

El show del Canciller cubano

En la asamblea de jefes de Estado, luego de las palabras del vicepresidente de EEUU, Mike Pence, el Presidente Vizcarra le concedió el uso de la palabra al canciller de Cuba, con las cuales terminó la reunión. Bruno Rodríguez Parrilla, de Cuba, acusó a EEUU de todos los crímenes imaginables contra los derechos humanos; una perorata que más pareció una subliminal confesión de parte, por los crímenes de la propia Cuba (feliniano).

EEUU o China, ¿Cuál es el mejor amigo?    

Días antes de la cumbre, desde EEUU nos hicieron llegar el mensaje del gobierno de Trump, en el sentido de que los países latinoamericanos debíamos elegir a nuestro ‘país amigo’ entre EEUU y China.

Ya en Lima, el Secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, corrigió el mensaje diciendo que “Latinoamérica no tiene que elegir entre China o EEUU, aunque es un mejor socio”.

La crisis de Siria

Como anunciamos en Lampadia el jueves pasado (El mundo pasa a una fase confrontacional), se agravó la situación internacional y se dio el ataque armado de EEUU en Siria, a las instalaciones vinculadas a las armas químicas usadas por el genocida Bashar-Al-Assad.

Hace ocho años, Barack Obama, entonces presidente de EEUU, amenazó a Siria con atacar si se probaba el uso de armas químicas. Se probó, pero Vladimir Putin le advirtió a Obama que no se corra el riesgo de intervenir y este se replegó a EEUU.

Esta vez, el agresivo presidente de EEUU, advirtió y cumplió. Trump atacó en una operación relámpago y, gracias a Dios, Putin solo advirtió que, si esto vuelve a suceder, “inevitablemente llevará al caos de las relaciones internacionales”. Por su lado Emmanuel Macron de Francia, indicó que este ataque “era necesario para recuperar la credibilidad de la comunidad internacional”.

Mañana reportaremos en profundidad sobre este terrible proceso.

Venezuela

Mientras tanto la situación en Venezuela se viene agravando día a día. Lo representantes de Maduro en Lima y el presidente de Bolivia, Evo Morales, acusaron a EEUU de la crisis humanitaria de los venezolanos por el bloqueo a Venezuela. Una mentira descarada, pues EEUU ha tomado acciones punitivas contra individuos acusados de narcotráfico y corrupción y, además, sigue comprando petróleo a Venezuela. No hay ningún bloqueo. Más bien, el régimen genocida de Maduro, digitado desde Cuba, no permite que los países amigos de la población venezolana envíen ayuda humanitaria para palear la falta de alimentos y medicinas.

Continúan los ataques contra el gobierno de Vizcarra       

Increíblemente, estando el Perú en una situación muy delicada en lo económico, institucional y político. Los enemigos del régimen no dan tregua y no permiten que Martín Vizcarra consolide su liderazgo y su gobierno, que ha sido saludado con gran deferencia por todos los mandatarios de la región en Lima.

Puede entenderse que los enemigos políticos continúen sus acciones. También puede entenderse que los medios de ‘medio pelo’ sigan buscando notoriedad debilitando la salud de la Nación. Pero no puede entenderse ni aceptarse que los medios serios (dizque) continúen promoviendo preferentemente la opinión de críticos del gobierno y haciendo reportajes que lo debilitan.

Dios los cría y ellos se juntan

En la llamada ‘cumbre de los pueblos’, los activistas anti-sistema, anti-inversión, anti-comercio-internacional y anti-globalización. O sea, los que propician mayor pobreza para los peruanos, se han solazado imaginando espacios políticos que en gran mayoría hemos rechazado permanentemente.

Un anuncio concreto es la alianza de Gregorio Santos con Antauro Humala, según lo anunciado por el primero. El mensaje de Antauro fue: “fusilar a todos los ex presidentes y desechar la Constitución del 93”. Guerra avisada no mata moros.

Congresistas en la Luna

En el Congreso siguen avanzando normas y proyectos del más puro populismo, que solo producen impactos contrarios a sus supuestos aportes. Es la de no acabar, la leche, la canchita, y últimamente los parqueos libres en centros comerciales (una medida expropiatoria), configuran la destrucción paulatina de la capacidad del Perú de producir bienestar y ciudadanos globales.

La soledad de PPK

No queremos terminar esta nota sin comentar como se debe sentir PPK, alejado del poder (por sus terribles falencias), especialmente en días en que en Lima se producía una reunión internacional de primer orden, probablemente, el ambiente en que PPK se sentía más cómodo.

Terrible. No puede ser de otra manera. Pero eso tiene jugar con el bienestar de los peruanos forzando una candidatura que no tenía nada que ofrecer, y peor aún, una vez en el gobierno, asumir la política de odio y confrontación, que nos ha hecho tanto daño a todos.

El Perú es infinito

Más allá del devenir de los tiempos, afuera y en nuestra Patria, no nos olvidemos que “El Perú es Infinito”. Tenemos todo para ser ciudadanos exitosos en el concierto internacional. Solo necesitamos una mejor clase dirigente, y especialmente, mejores gobernantes. Para ello, los ciudadanos debemos estar conectados con la realidad que nos toca vivir y desarrollar un sentido crítico agudo, que nos permita distinguir entre la
carne y el hueso, a la hora de votar.

Pero, además, todos debemos tener más presencia en el debate nacional. Se trata de nuestro país y del futuro de nuestros hijos y nietos. Lampadia   

Después de las elecciones de abril del 2016, los políticos peruanos cometieron el grave error de no respetar el mandato del voto popular y optar por políticas pro democracia y pro mercado. Máxime, si el gobierno anterior había desandado el camino del desarrollo integral y paralizado la inversión y el crecimiento.

En el caso del gobierno de PPK, se crearon brechas con Fuerza Popular y se pasó a coquetear con los perdedores de la opción electoral, las desorientadas izquierdas, que habían planteado el cambio de Constitución y políticas anti mercado y anti inversión privada.

Lamentablemente, este coqueteo continúa hasta días recientes. Por ejemplo, Mercedes Araoz, declaró hace pocos días que iban a buscar el diálogo, y que porque no se podía hacer esto con la izquierda.

Pero, el gobierno recibió otra ‘cachetada’, como la que le dio Gregorio Santos a PPK, al día siguiente de la primera vuelta electoral, cuando declaró que lo visitaría en la cárcel, y Santos dijo que no lo recibiría. Pero el gobierno sigue esperando que la izquierda le dé una mano. No importa que ellos fueran los que plantearon la vacancia.

Pero lo que ya supera todos los límites, es la pasividad del gobierno con las actitudes y planteamientos de las izquierdas de los últimos días. Los del Frente Amplio (que no es ni ‘frente ni amplio’), vuelven a pedir la vacancia. Y los de ‘Nuevo Perú’, se juntan en Cajamarca, con Verónika Mendoza a la cabeza, con Gregorio Santos, uno de los radicales que destrozó el crecimiento de Cajamarca, y que, desde su libertad, por fallas procesales, ha estado incendiando el llamado corredor minero del sur.

Nuestras fuentes nos dan la siguiente información:

• Se estarían organizando movilizaciones radicales y bloqueo de carreteras
• Una escalada de protestas contra el gobierno de PPK, con la participación de Santos, del etnocacerismo y de Joys Edward Quiroga Vargas, presidente del centro de intercambio cultural Inkarrislam
• Cuestionamientos a los contratos de estabilidad jurídica con el propósito de desestabilizar la minería
• Ver las expresiones del aviso de Cunarc-Perú:

“Sistema neoliberal (…) nuevas elecciones presidenciales y congresales (…) fundar una nueva república con una nueva constitución (…) exigir que se vayan todos (…) realizar la asamblea constituyente de los pueblos del norte (…) fortalecer las rondas campesinas, que deberán ampliar sus alianzas con otros sectores progresistas”

A esto hay que agregar las expresiones de la resiente junta de Santos, Verónika Mendoza y otros, en Cajamarca, que entre otras perlas, plantean nuevamente el cambo de constitución.

Está pues muy claro, que las izquierdas de todo pelaje y los movimientos anti sistema se quitaron sus caretas y, aprovechando la debilidad del gobierno de PPK, pretenden liderar un ‘putch’ para desestabilizar al país.

Por lo tanto, ha llegado la hora de trazar una línea divisoria con todas esas propuestas y con sus propiciadores. El Perú tiene que optar por defender los deseos de las grandes mayorías de peruanos, comprometidos con una democracia que respete los cánones de nuestra Constitución y, una economía de mercado que respete la inversión privada para recuperar el crecimiento de la economía y consolidar el desarrollo integral y sostenible.

El gobierno de PPK no puede seguir coqueteando con esas izquierdas desestabilizadoras. Fuerza Popular debe parar sus aprontes populistas y asumir las propuestas reformadoras que planteó su plan de gobierno. Los medios de comunicación deben dejar de actuar como cajas de resonancia de la verborrea de las izquierdas y movimientos anti patriotas. La clase dirigente no politizada, debe hacer escuchar su voz para ayudar a los ciudadanos entender la gravedad del momento que vivimos y orientar la acción ciudadana hacia la sensatez y la prosperidad.

Tracemos una buena línea que marque la diferencia entre las necesidades de los peruanos de buena voluntad y los aventureros que solo juegan a la captura del poder, para implantar sus empobrecedoras y decimonónicas ideas. Lampadia

Cada día va quedando más claro que detrás de los conflictos, como quiera que se les llame, hay varias agendas y jugadores que están muy lejos de expresar protestas y propuestas de buena voluntad.

Los recientes eventos de Puente Piedra, no dejan dudas de la presencia de elementos anti sociales que deben responderse firme e ingeniosamente. El ejecutivo debe plantear un compromiso público anti impunidad por parte de la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso y el propio Ejecutivo y crear los mecanismos que nos permitan superar situaciones como las de la primera marcha en Puente Piedra, donde, mientras el Ministro del Interior denunciaba la presencia de senderistas, el Sistema Judicial liberaba a todos los detenidos.

En la segunda marcha el Ejecutivo se puso las pilas, uso ‘drones’, aseguró elementos probatorios y tras la liberación de la mayoría de los intervenidos hasta ahora quedan algunos detenidos. Pero no sabemos por qué no se aplican los procesos de flagrancia. Esperemos que este esfuerzo del Mininter rindan frutos subiendo el costo del delito.

Estimados lectores, especialmente los que se sienten lejos del tema minero, lo de Puente Piedra permite entender algunos aspectos de todo tipo de conflictividad. Empecemos a seguir las noticias de la parálisis de la inversión minera, pues solo la opinión pública puede legitimar las necesarias y difíciles acciones que requiere tomar el Estado para superarla.

Gregorio Santos y la izquierda se suman a protesta por peaje. Fuente: Correo

Minería y Conflictividad Social 2017

Camilo Ferreira y Franco Olcese
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El primer semestre del gobierno de PPK nos ha permitido ver algunos elementos de la manera cómo el presente gobierno enfrenta y enfrentará la conflictividad social ligada a la gran minería. El Adelanto Social es el más visible de sus instrumentos. El Adelanto consiste en una intervención pro desarrollo realizada por Estado en el entorno de los proyectos mineros de manera previa a que entre en operación.

La premisa del gobierno es que ese Adelanto permitirá que el entorno social perciba los beneficios de tener un proyecto minero de manera previa al pago de Canon por parte de las empresas. Supuestamente, esto facilitaría un mayor grado de confianza de la población local en el gobierno nacional y permitiría articular intereses locales con el porvenir del proyecto en las fases iniciales del proyecto. El Adelanto social es útil, pero sólo impacta sobre las expectativas de los sectores moderados, y no reduce las dinámicas locales de extracción de rentas o réditos políticos, así como la propagación de la narrativa anti-minera entre la población. Por ello podemos esperar que el Adelanto sea, como máximo, una herramienta de efectividad parcial sobre la conflictividad. Sin los otros elementos, el Adelanto puede dar una idea de seguridad al gobierno, pero puede fracasar en prevenir los conflictos.

Los casos de Saramurillo, Las Bambas y Chumbivilcas han sido bastante informativos respecto a las políticas de facto de este gobierno frente a acciones de fuerza existente o potenciales. En todos estos casos la reacción del gobierno ha sido la instalación de una Mesa de Dialogo con participación ministerial, a veces con la participación de varios ministros. Estas mesas han sido efectivas en la desmovilización temporal de protestas y bloqueos, pero también han servido para legitimar y empoderar a los líderes de las posturas radicales.

En aquellos casos en los que las agendas de los movilizados y los objetivos del Estado no se encuentran muy distanciados, las mesas de diálogo pueden ser útiles para facilitar una convergencia entre las partes. Sin embargo, en aquellos casos en los cuales las agendas de los movilizados están sumamente enfrentada a los objetivos del Estado, difícilmente estas mesas llevaran a una mayor viabilidad de los grandes proyectos de inversión.

Por el contrario, la Mesa puede transformarse en un mecanismo mediante el cual se le da representatividad legítima a actores sociales y políticos claramente anti-mineros. Adicionalmente las Mesas facilitan asociar -frente a la opinión pública-  a los ministros a los resultados del dialogo. Lo que los hace políticamente responsables de lo que ocurra y ello genera vulnerabilidades al gobierno e incrementa la capacidad de los anti-mineros para infligir costos políticos a los miembros del gabinete. 

Estas Mesas, hasta ahora, se realizan mientras el Estado no realiza ningún esfuerzo efectivo por implementar el imperio de la ley en las zonas de conflictos o contrarrestar la influencia de la narrativa anti-minera. En los últimos meses se ha visto el archivamiento de las denuncias a todos los dirigentes de las violentas protestas en el caso Conga, la liberaciones sistemáticas tras los desmanes en Puente Piedra, la continuidad del bloqueo del acceso principal a “Las Bambas” sin ninguna respuesta del Estado, la falta de castigo a quienes bloquearon el Marañon en Saramurillo, etc. La impunidad frente a los actos de violencia en la protesta social es prácticamente total y no se percibe una estrategia efectiva para abordar este problema.

Lo que Podemos Esperar

En el caso de Las Bambas hay una clara brecha entre la propuesta del Gobierno y las demandadas de la Plataforma de Lucha firmada por múltiples autoridades, frentes de defensa y organizaciones sociales de las provincias de Grau y Cotabambas. En el caso del Gobierno, el mismo propone financiar un plan de desarrollo con un valor estimado de 2,000 millones de soles y el asfaltado de la ruta de los camiones que llevan el mineral de Las Bambas. En el caso de la Plataforma de Lucha se solicita una participación de 50% del valor de la producción de Las Bambas (un imposible económico), una repetición de los trámites ya aprobados y la renegociación de los acuerdos que la Empresa ha tenido con las comunidades en su entorno.

Lo que hace más complejo el caso, es que la participación en la producción de la empresa ha sido una parte integral discurso de los líderes del movimiento social en Cotabambas. Ahora, dicho liderazgo no puede renunciar fácilmente a semejante pedido sin socavar su propia imagen frente a sus bases. Por ello es esperable que en algún momento se reinicien las acciones de fuerza mientras se sostenga la amplitud de la brecha entre la propuesta gubernamental y las demandas de las organizaciones sociales, y el Estado deje la sensación de que el uso de la violencia no tiene costos para quienes la aplican.

En el caso de Tía María el Gobierno apuesta por la represa de Paltiture (que incrementaría el acceso de agua para la población del valle del Tambo) como eje de una solución al rechazo de la población hacia el proyecto Tía maría. El problema es que la presa por si sola no alteraría las actitudes de la población hacia el proyecto de Tía María, ni sus temores hacia el impacto ecológico del proyecto en el valle del Tambo. Si la preocupación por una potencial disputa por el agua entre la mina y los pobladores fuera la única causa del rechazo, el aviso que hizo la empresa de que utilizaría agua desalinizada hubiera tranquilizado a la población, sin embargo, esa tranquilidad no se dio.

A estas alturas, las condiciones sobre el terreno manifiestan una correlación social adversa hacia el proyecto y muestran la efectividad del trabajo de “agitación y propaganda” por parte los anti-mineros en Islay y en Cocachacra en particular.  Un estudio de la Asociación Civil Labor[1] muestra que un 72% de la población es partidaria de la suspensión del proyecto y un 87% desea la revisión de EIA del Proyecto por un tercero. En el distrito de Cocachacra, el epicentro del conflicto, la suma de los votos de Gregorio Santos y Verónica Mendoza llega a 59%, mientras que el resto de Arequipa llega al 29% esto nos señala que el conflicto por Tía María ha afectado claramente las dinámicas políticas en su entorno cercano. Esto es un poderoso indicador del grado en el que la narrativa anti-minera ha calado. En esta narrativa la actividad minera afectaría gravemente a la agricultura y la salud de la población, y acabaría o contaminaría las fuentes de agua, además de exponer al agro y la población a polvos tóxicos originados en el tajo minero. Por otro lado, dentro de esta narrativa, el Gobierno Central se haya supeditado a las Empresas Mineras por lo que su rol de fiscalización y control no es confiable.

Para quienes consideren que la minería les traerá semejantes afectaciones, la construcción de importantes obras de infraestructura es un factor desmovilizador poco efectivo frente a los temores a lo que se percibe como una amenaza devastadora a la agricultura y a la salud de las personas. Tampoco en las medidas del gobierno se ven acciones contra el aparato de represión a disidentes instaurado por los anti-mineros en la zona, ni tampoco a la instrumentalización de las instituciones locales (Ej. Junta de Regantes) como aparatos de movilización en acciones violentas.

Como los temores de la población están estructurados en un discurso multi dimensional, los cambios en su actitud serán lentos y tendrán que responder a las diversas dimensiones de la narrativa anti-minera. Por todo ello, es poco probable que la visita de PPK, sin la debida preparación, resulte efectiva para desactivar las resistencias al proyecto. Lo que puede pasar con su visita es que los grupos anti-mineros aprovechen la presencia del Presidente para generar un evento político negativo para el gobierno.

Conclusiones

La política de las Mesas de Dialogo conseguirá desmovilizar momentáneamente algunos conflictos. Sin embargo, es una estrategia desbordable por la magnitud de la conflictividad.  Existe un número limitado de ministros para participar en las Mesas, hay una importante brecha entre las demandas de los movilizados y las posibilidades de cumplimiento por parte del gobierno. La impunidad implica que “patear la mesa” con acciones violentas no implica ningún costo para los dirigentes. Ese desequilibrio se da en una situación en que al gobierno no se le ocurre ninguna iniciativa para modificar la correlación de fuerzas políticas en las áreas en conflicto.

Esto lleva a considerar que las medidas a ser aplicadas por el gobierno no podrán reducir de manera decisiva la conflictividad ni en los casos de Tía María ni en Las Bambas por lo que podríamos esperar que estos conflictos cumplan roles protagónicos a lo largo del 2017.

Podemos esperar entonces la dinámica en la que se da una acción de fuerza, se manifiesta la pérdida de autoridad del Estado, se plantea una Mesa de Dialogo, y tras un periodo se da el reinicio de las acciones de fuerza como mecanismo de negociación. Si el gobierno no modifica sus políticas de gestión de conflictos, es muy probable que el año 2017 sea aquel en el que se haga evidente las limitaciones de la actual doctrina estratégica para conflictos sociales seguida por el gobierno. Veamos si van a darse cuenta antes que sea demasiado tarde, o si vamos asistir de nuevo el desperdicio de una gran oportunidad para impulsar el desarrollo del Perú.

Se necesita que el gobierno tenga líneas de acción claras en la generación de bienestar local, retroceso de la narrativa antiminera, debilitamiento del aparato de movilización antiminero y establecimiento del monopolio de la fuerza a cargo del Estado.

En Superemos los conflictos políticos prolongados – Propuestas para reducir la conflictividad (6 de 6), aquí en Lampadia, se ha sugerido estrategias y acciones para construir las condiciones institucionales y políticas para la reducción de la conflictividad, y en El rol del Estado en la Reducción de la Conflictividad – Propuestas para reducir la conflictividad (5 de 6), se explicó el rol que el Estado debe cumplir para ser efectivo en el corto y en largo plazo. Nos hemos preocupado en indicar medidas viables en las situaciones actuales. Sabemos que las propuestas indicadas no son perfectas, pero pueden ser un buen punto de partida para cambiar las actuales tendencias al aumento de la conflictividad y retomar la ruta del desarrollo nacional.

En todo caso, se necesita que el gobierno tenga líneas de acción claras en la generación de bienestar local, retroceso de la narrativa antiminera, debilitamiento del aparato de movilización antiminero y establecimiento del monopolio de la fuerza a cargo del Estado. Lampadia

El componente más efectivo de la izquierda, Tierra y Libertad, el partido del ex cura Arana decide ir a las últimas elecciones con los colores del novísimo intento de confluencia política de la izquierda peruana, el ‘Frente Amplio’ (FA).

Fuente: larepublica.pe

Arana, sin embargo, pierde las elecciones internas del FA ante Verónika Mendoza, la anterior socia de Nadine Heredia. Aparentemente, Arana habría perdido previamente su aureola de ‘santón’, después de la vapuleada que recibió en Perumin, unos meses antes. Finalmente, en unas muy cuestionadas elecciones parlamentarias por Cajamarca, Arana logra un curul por el FA y empieza a cercar su pequeño espacio de poder, entrando en el tradicional rito de la izquierda de subdividir cúpulas en más cúpulas.

Así pasa el FA de tener un bloque de 20 congresistas a 10 por un lado, cercanos a Verónika Mendoza, y otros 10, de los cuales el tiempo irá dando cuenta.

En consecuencia el llamado Frente Amplio devino en no ser ni frente, ni amplio.

Lastimosamente, el Presidente electo del Perú, don Pedro Pablo Kuczynski, optó el lunes 11 de abril, a las 8:30 de la mañana, ante la pregunta del periodista del diario Correo, en la puerta de su casa, por acercarse a las izquierdas, afirmando su deseo de visitar a Gregorio Santos en la cárcel (Santos se negó a recibirlo). Ver en Lampadia: El 67% de los peruanos votaron por construir sobre lo avanzado

Esta opción habría sido producto de una decisión política de aparente inspiración en las artes de la política mexicana priista. Una suerte de traición al voto ciudadano que se refugió en PPK sin imaginar un giro de la ‘real politik’ del siglo XX.

Desde este posicionamiento, más allá de cualquier acción de FP, el partido PPK ha hecho todo lo posible por evitar un natural entendimiento entre las fuerzas pro mercado (PPK y FP), jugando a exacerbar las contradicciones pero cuidando que la pita no se rompa del todo. Esto ha restado gobernanza al país y, aunado a la frustración del estancamiento de la inversión y las magras perspectivas de crecimiento económico, ha debilitado sustancialmente la confianza en el gobierno de PPK.

El reto del gobierno de los últimos años del segundo centenario, no es cualquier cosa. Además de tener que ponernos al día en nuestro nivel de desarrollo (ver Desarrollo integral y oportunidades para todos), tenemos que superar unos próximos años en que los giros y curvas de la política y economía global conllevan altísimos niveles de incertidumbre y riesgos de discontinuidades que pueden restarnos capacidad de crecimiento, que solo pueden ser compensadas con mejores desarrollos internos.

Esperamos que si la conciencia sobre el reto de lograr un gobierno extraordinario, las dificultades externas, las duras pruebas de la realidad de un gobierno que en seis meses ha perdido popularidad y efectividad para hacer crecer la inversión y el crecimiento, enfrentar la conflictividad (política) social y la posibilidad de construir una convergencia política auspiciosa; no han sido suficientes para que el partido de PPK se acercara a un socio político más sólido con el que pueda enfrentar en mejores condiciones los elementos indicados.

Esperamos que la dilución del frente que no era ni frente ni amplio, el desvanecimiento de la pareja elegida para el baile el 11 de abril, sí puedan llevar a PPK y a Peruanos por el Kambio a girar estratégicamente hacia un gobierno de concertación, con agenda pública, con Fuerza Popular. Lampadia    

Según las declaraciones de PPK a Oppenheimer, su popularidad depende de las expectativas de la prosperidad futura de la población. Asumiendo esto como un factor de base, tendríamos que decir que el crecimiento de la economía puede representar la base de las expectativas y, por lo tanto, tendríamos que esperar que los distintos funcionarios del régimen privilegien el crecimiento o, por lo menos, que no lo debiliten.

Si además tomamos en cuenta que el mediocre crecimiento actual está soportado en un 50% por el sector minero, por la entrada en producción de los últimos proyectos que lograron evitar su paralización por el apronte anti-minero que paralizó a los demás, tendríamos que concluir que para lograr un mayor impulso del crecimiento, tendríamos que reactivar el sector minero y poner en camino los grandes proyectos, actualmente paralizados.

Pues contrariamente al enfoque de gestión gubernamental que se necesita para crecer, el Ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo y el nuevo jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la PCM, Rolando Luque, estarían jugando otro partido. Resulta que el primero ha declarado que la inversión minera “empezará a reactivarse paulatinamente a partir de mediados de 2018”. Y el segundo considera que en el Perú “en general hay razones para protestar”; “no comparte la tesis de la conspiración política como explicación de la conflictividad social”; relativiza la solidez de los EIA y las audiencias públicas y; plantea que la policía haga un uso proporcional de la fuerza para enfrentar los actos de violencia (pedrada con pedrada). Veamos en profundidad el caso del jefe de la ONDS:

Sobre el nombramiento del Rolando Luque

Rolando Luque ha sido recientemente nombrado Jefe de la ONDS.  Este puesto es crítico para el futuro de la conflictividad social en el Perú y para la viabilidad de múltiples inversiones de las que depende el futuro económico del país.

La ONDS es el cargo con mayor influencia sobre la estrategia general del gobierno nacional a la hora de enfrentar un conflicto social. Por ello la designación de su Jefe tiene importantes consecuencias sobre la conflictividad social y sus dinámicas. Con el fin de tener indicios respecto a que se puede esperar a partir de su nombramiento hemos analizado sus presentaciones, documentos y declaraciones desde su pasado puesto en la Defensoría del Pueblo como Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y sus declaraciones una vez nombrado en el cargo de la ONDS. Presentaremos un análisis de las afirmaciones de Luque en diversos aspectos.

Significado Social de los Conflictos

Rolando Luque en “Conflictos Sociales y Respuestas Sociales: Del Orden Interno a la Protección de Derechos”[1] afirma:

“Pero, además de romper la insularidad, el conflicto revela un desequilibrio previo, una asimetría perjudicial reñida con el principio de igualdad sobre el que se erige el Estado Democrático.  Entonces el conflicto, de ser visto como algo condenable pasa a transformarse en una oportunidad …”

En la visión del Rolando Luque los conflictos de originan en una “asimetría” entre actores sociales y por ello se constituyen en una “oportunidad” para cerrar esta brecha. Más adelante Luque elabora aún más esta visión:

“El conflicto puede convertirse en el momento propicio para dar saltos hacia situaciones nuevas que mejoren las relaciones entre unos y otros, siempre que sea adecuadamente manejado”

Si bien es emocionalmente reconfortante el ver como “oportunidad” a los conflictos; la verdad es que en general estos no llevan a “situaciones nuevas” en el que hayan mejorado las relaciones entre actores sociales. En los conflictos más emblemáticos, lo que se ha visto es que los conflictos llevan a dinámicas de violencia y radicalización que vuelven más difícil  llegar a acuerdos futuros. La romántica visión del Rolando Luque no encuentra asidero en ningún ejemplo que pueda observarse en la historia reciente del Perú, sea Conga, Tía María o Las Bambas. Esta visión puede sonar agradable al oído pero es una mala guía para la acción.

Para Rolando Luque los conflictos podrían servir para visibilizar la problemática social de los sectores olvidados ante el resto de la sociedad.  Para Rolando Luque las asimetrías entre los actores sociales atenta contra la democracia. Creemos que es positivo reducir las asimetrías sociales, pero ésta es una interpretación con indiscutible carga ideológica puesto que la democracia es un régimen político que puede y debe darse independientemente de la desigualdad al interior de la sociedad.

Violencia y Fuerzas del Orden

En  “Memoria, Posconflictos y Nuevos Conflictos Socio-ambientales”[2] Rolando Luque afirma:

“…los civiles que no son parte de una organización criminal, no son una banda de secuestradores, tampoco es el narcotráfico ni el terrorismo, estamos hablando de ciudadanos que un buen día salieron a las calles a protestar porque consideraban que había algo injusto que los perjudicaba. En esa condición podemos estar cualquiera de nosotros, desde luego las trasgresiones a la ley tendrán que ser investigadas y sancionadas en su momento, pero el trato que se espera se dé a estas personas no puede ser el de un delincuente. En ese sentido la Policía Nacional tiene que experimentar un cambio muy fuerte”.

En entrevista en Radio San Borja se reafirma en estas ideas[3] dejando en claro que considera que quienes participan en protestas deben enfrentar consecuencias disímiles a las que enfrentan otros ciudadanos frente al mismo accionar. Para el Rolando Luque la motivación que tenga una persona detrás de los actos ilícitos que pudiera cometer debería afectar el actuar de las fuerzas del orden. Según ese pensamiento, un acto de violencia con una motivación política, como protestar, debería recibir un trato distinto a un acto de violencia con un propósito privado. Nos preguntamos si para Rolando Luque ¿los “Espartambos” que asesinaron a cadenazos al Sub Oficial Alberto Vásquez Durand,  eran personas como “nosotros” que un buen día decidieron ejercer su derecho de protesta (violenta) frente a la injusticia de la sociedad peruana?

En entrevista a Perú21[4] durante el apogeo del conflicto en Islay Rolando Luque afirmó:

“los pobladores de Islay no son delincuentes, pueden cometer algunos delitos, pero serán identificados“

“Sí se puede identificar a unas minorías muy violentas, que son las que están atacando a la población civil, ese es un grupo cuyo objetivo no parece ser el diálogo”

La simpatía del Rolando Luque por los manifestantes, incluidos los manifestantes violentos, y sus esfuerzos por defender la reputación de los mismos se hace patente con estas declaraciones. Al parecer no hay nivel de violencia que pueda llevarlo a condenar a un movimiento social. Considerar que los “Espartambos” son personas que “al parecer” tienen por objetivo el diálogo hace patente una interpretación con alta simpatía política hacia ellos. Obviamente ninguno de los delincuentes entre los manifestantes en Tía María afronta una condena penal hasta ahora, y no hemos encontrado registro que muestre su indignación o preocupación por esta impunidad. En ese entendimiento, la muerte de los policías no constituye crimen, son solo costos colaterales de una justa protesta en una sociedad desigual. Una filosofía bastante desigual respecto a los derechos de los ciudadanos en una sociedad.

Según el Código Penal, quien comete un delito, ya sea por bloquear una carretera, destruir propiedad privada o atacar a la policía pasa a ser un delincuente en ese momento. Pero para Rolando Luque no debería ser tratado así pues podría estar cerrando “asimetrías” entre actores sociales por lo que por cometer delitos no implica que sean tratados como delincuentes. ¿Entonces, es la intencionalidad política lo que determina si un acto de violencia es un crimen? Ya hemos vivido este debate en los años 80s. Justificar actos de violencia porque pueden estar cerrando brechas sociales es una postura ética discutible, por lo menos.

Fuente: Diario Correo.  http://cdne.diariocorreo.pe/thumbs/uploads/articles/images/s-30-diarios-recibian-espartam-JPG_604x0.jpg

Su Posición frente a los anti-mineros

Rolando Luque ha considerado en reiterados momentos como “Teoría de la Conspiración” el señalar el rol protagónico de fuerzas políticas anti-mineras detrás de gran parte de la conflictividad ligada a los grandes proyectos extractivos. En Lampadia (ver “Lentejas, Votos y Donaciones”) hemos analizado en reiteradas ocasiones como los grupos que promueven los conflictos tienen objetivos políticos. Lo afirmamos basándonos en sus declaraciones, en sus publicaciones y en sus acciones. Es preocupante que el Jefe de la ONDS no visualice a estos actores claves en el conflicto.  Pero, aún más preocupante y llamativo es que los líderes de esos grupos hayan saludado su designación en la jefatura de la ONDS como si se tratara de una victoria política para ellos. Ingenuos ellos no son, entonces ¿porqué lo celebran?

Por ejemplo, la coordinadora de ONGs post extractivistas, Red Muqui, afirma en su cuenta de Facebook:

“Desde Red Muqui saludamos la designación del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad. Reconocemos la experiencia y conocimiento de Rolando Luque en la gestión y políticas de prevención de Conflictos Sociales”

 Fuente: Cuenta de Facebook de Red Muqui.

Gregorio Santos en su cuenta de Twitter celebra su nombramiento pero se lamenta que Rolando Luque no tenga un mayor poder de decisión:

“Conozco al señor Luque su capacidad para poner sobre la mesa temas complejos de un conflicto. El fondo es que no tiene decisión política.”

Para el Rolando Luque, considerar que Gregorio Santos ha tenido un rol importante en los conflictos mineros de Cajamarca es teoría de la conspiración. ¿Sería bueno entonces que alguien nos explique por qué Gregorio Santos celebra el nombramiento del Rolando Luque?

Fuente: Cuenta de Facebook de Gregorio Santos

Como se visualiza en la respuesta de CooperAcción, ellos también saludan la designación de Rolando Luque.  Sin embargo, llama la atención que el Twitter ha sido borrado de su cuenta. Aunque en cambio, en su cuenta de Facebook sí saludan el nombramiento de Rolando Luque:

Fuente: Cuenta de Facebook de CooperAcción

En el portal Noticias SER de claro sesgo anti-minero proclama en su editorial[5]:

“Aunque queda poco espacio queda para el optimismo, la designación de Luque, ex Adjunto de la Defensoría del Pueblo en el tema de conflictos, es una de las pocas buenas noticias de las últimas semanas.”

Es decir, aquellos que obtienen réditos políticos y económicos de la conflictividad social con objetivos post-extractivistas saludan el nombramiento de Rolando Luque como una buena noticia. ¿Por qué será? ¿Será que lo que es bueno para los anti-mineros es bueno para el Perú?

La afinidad con algunas de las ideas post-extractivistas se puede apreciar en la siguiente frase:[6]

“Los teóricos de la modernidad sostienen que la visión unilineal del desarrollo surgida del siglo XVIII europeo ha entrado hace tiempo en crisis. La reacción contra la minería tiene que ver con ese cuestionamiento a una modernidad excluyente y altamente costosa para los pueblos. La fascinación por la máquina y el cálculo ya no tiene el efecto de antes.”

Estas ideas que podrían ser expresadas por Marco Arana, por Eduardo Gudynas, o por Boaventura de Souza Santos, son opiniones de la persona en la cual el gobierno de PPK colocó su confianza para lograr “destrabar” los grandes proyectos mineros que enfrentan resistencia social. La estrategia de reactivación minera de este gobierno es demasiado sutil, pues no se hace visible para los ojos de los humanos comunes.

Manejo de los Conflictos

En declaraciones a Peru21[7], cuando la entrevistadora afirma que “del manejo de los conflictos económicos depende mucho la gobernabilidad del país y la marcha de la economía, sobre todo en el campo minero”, la respuesta de Rolando Luque carece del elemento económico. “La gestión de los conflictos sociales tiene como consecuencia preservar a las personas que participan en escenarios de riesgo.  La vida, la integridad física, la tranquilidad social son valores superiores que deben ser protegidos”. Es decir, gestionar los conflictos para él no tiene ninguna relación con desarrollar los proyectos mineros.   No menciona que los proyectos mineros pueden desarrollarse cumpliendo esos valores superiores y que además es la propuesta de diversas empresas mineras ligadas a conflictos.  Dada su visión irreal de cómo gestionar los conflictos, una solución post-extractivista en la que todos los proyectos mineros son bloqueados cumpliría completamente con sus objetivos. Si ya no hay empresas mineras funcionando, ya no habrían conflictos y todo sería paz.

Cuando se le preguntó a Rolando Luque si el conflicto de Tía María fue muy politizado, él responsabilizó a la empresa minera por no haber propuesto la desalinización del agua desde el principio (aunque luego fue propuesta por Southern) y por su mal manejo con las comunidades. Según él la politización del conflicto es consecuencia exclusiva de esos errores de la empresa. Sin embargo, el conflicto llegó a su apogeo aún después que quedaba bien claro que el proyecto usaría agua de mar. ¿Si el problema era sólo el agua, porqué entonces continuó escalando el conflicto? Rolando Luque evita hablar de personajes locales con claro interés político en el conflicto, como Tierra y Libertad, o las “lentejas” de Pepe Julio Gutiérrez como causa de la politización. Es como si no se hubiera enterado por los medios, o que en su forma de pensar los anti-mineros y los intereses políticos no existen, o son productos de teorías conspirativas. El actuar de Tierra y Libertad, donde militaba Pepe Julio Gutiérrez, ni el protagonismo de Gregorio Santos en Conga, no existen. Son solo teorías de conspiraciones.

Según Rolando Luque los radicales extremos no tienen una presencia orgánica en las movilizaciones anti-mineras. En una entrevista a El Comercio[8], Rolando Luque afirma:

“En lo que respecta a que habría radicales extremos que están parando los proyectos mineros, esto no es más que una conjetura, siempre válida y previsora en un país que padeció el delirio terrorista y que aún no consolida su democracia. Sabemos que merodean los conflictos y hasta logran infiltrarse en organizaciones sociales, pero de una presencia orgánica no hay rastro. En estos conflictos como en otros, lo que sí tenemos plenamente identificados son a las comunidades campesinas, pueblos indígenas, frentes de defensa, federaciones, asociaciones, rondas campesinas, etc. y mucha población no organizada”.

No estamos afirmando que la oposición a la minería está formada por terroristas anti-mineros, sin embargo el terrorismo no es la única manifestación posible del extremismo ni de la violencia. Como se sabe gran parte de los frentes de defensa están controlados por organizaciones políticas radicales tales como Patria Roja o Tierra y Libertad, mientras que muchas federaciones de rondas campesinas están bajo la influencia del movimiento MAS Democracia que promueve la candidatura presidencial de Gregorio Santos. Y sabemos que entre los anti-mineros hay otras corrientes políticas aún más radicales y más inclinadas a la violencia que estas dos.

Interlocutores legítimos y procesos de consulta

En la última entrevista con Perú21 parecería que Rolando Luque no tiene claro quiénes son los interlocutores válidos en casos de conflicto.  Él considera que no es suficiente hablar con las dirigencias (“en muchos casos estas monopolizan el discurso”).  Sin embargo, tampoco cree que los métodos actuales de consulta masiva como las Audiencias Públicas sean un buen sistema (“Nunca se llegó a discutir las observaciones del impacto ambiental [en Tía María].  Hubo una audiencia pública, pero ese modelo no permite llegar a profundidad”).  Y en otra parte, ante la pregunta si los Frentes de Defensa (creadas ad hoc en coyunturas de conflicto) tienen representatividad para dialogar, Luque responde “Hay frentes que son representativos, y otros que no lo son”.  Según su experiencia “En la mayoría de los casos he encontrado dirigencias racionales dispuestas a resolver los problemas sin querer estirar el conflicto por un interés político”.  En cambio, según nuestra experiencia, gran parte de los frentes de defensa quieren estirar al máximo el conflicto y lo hacen por algún interés político o económico de sus dirigentes.

El Debate Técnico

En otra parte de la entrevista afirma “En términos técnicos no hay nada que no pueda superar, y si hay algo que no es posible, el Estado debe pronunciarse y decir esto afecta al ambiente, etc. El Estado tiene que actuar con franqueza frente a las comunidades y decir si hay problemas presupuestales o imposibilidad de acceder a una demanda.  De mi experiencia, cuando las cosas se explican, la gente acepta”. Es preocupante que esta misma persona haya estado como Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo mientras ocurrían conflictos emblemáticos como Conga y Tía María, diga que no haya visto como la población puede ser manipulada por rumores falsos.  ¿Acaso los permanentes acciones de monitoreo participativo del agua emanada de las operaciones de Yanacocha, firmadas mensualmente por el mismo Gobierno Regional de Cajamarca hacen varios años, han podido superar los temores de la población? ¿Acaso en Cajamarca la población le creyó en el Estado como garante de que el agua no estaba contaminada?

Los dirigentes anti-mineros han obtenido prestigio político y recursos económicos desplegando un discurso en el que oponerse a un proyecto de inversión implica “defender la vida y el medio ambiente.” Explicarle técnicamente que este discurso es falso no cambia en nada sus incentivos políticos, y los seres humanos reaccionan a los incentivos.

Por ejemplo: Si Marco Arana se dejara convencer técnicamente que el Proyecto Conga es positivo para el desarrollo de Cajamarca, que con un buen manejo del agua este recurso podría conservar y aumentar su disponibilidad para la población, y proclamara abiertamente su apoyo a este proyecto, ¿qué le pasaría a su carrera política basada en la hostilización de la minería? El Sr. Arana tiene muy clara la respuesta a esta pregunta.

La postura de Rolando Luque requiere, para ser correcta, que los dirigentes opositores a los proyectos de inversión estén dispuestos a cometer suicidio político, puesto que tendrían que aceptar frente a su potencial electorado que durante todos años se han dedicado a mentirles. Rolando Luque ignora que más allá de lo que realmente crean estos dirigentes, la naturaleza maximalista y polarizadora del discurso con el cual crecieron hace que tengan pocos márgenes de maniobra para la sensatez política.

Rolando Luque cree que se encuentra en otro país para declarar esto, o simplemente no se ha interesado en aprender de los golpes que el Estado recibió mientras él era representante de la Defensoría del Pueblo. Las declaraciones de Rolando Luque al respecto demuestran una amplia ignorancia respecto a la naturaleza del accionar anti-minero. Una importante línea de acción de los post-extractivistas consiste en demoler la credibilidad del Estado y de cualquier fuente que brinde análisis técnicos que contradigan sus rumores y versiones alarmistas respecto a las consecuencias de los grandes proyectos de inversión.

Las declaraciones de Luque en su última entrevista a Perú 21 son sintomáticas de esta postura, en las que considera que los representantes de las organizaciones opuestas al Proyecto Conga estuvieron a un día de suscribir el acta para iniciar un proceso de diálogo.  Según él, a pesar del clima social hostil al que se había llegado en el momento que se suspendió el proyecto, los alcaldes iban a consultar con sus bases y luego regresar con una propuesta para el diálogo.  En el conflicto más fuerte que ha sufrido nuestro país en los últimos años, él imagina que estuvo a un día de entrar en proceso de diálogo, que la población, las organizaciones sociales y sus dirigencias iban a cambiar su posición de un día para el otro, sin ninguna evidencia que los sustente. La falta de conocimiento de cómo funciona la política en las provincias y pueblos del Perú es sorprendente. En la mente de Rolando Luque, un proceso de diálogo podría contrarrestar los efectos de décadas de trabajo político y construcción de narrativa de los anti-mineros en Cajamarca, el cual ya había calado profundamente en el sistema de creencias de la población.

Ante la pregunta “¿Le interesará destrabar Tía María?”, Rolando Luque no fue capaz de responder sí.  Todas las preguntas de la entrevista que buscaban obtener una muestra de interés del nuevo Jefe de la ONDS por destrabar proyectos mineros, fracasaron.  Todas sus respuestas fueron ambiguas e indirectas. Él no ha tenido ninguna expresión que evidencie un compromiso, aunque fuera moderado, con la reactivación minera.

La “Ingenuidad” de Rolando Luque

En entrevista a Nicolás Lúcar, con motivo de las protestas en Tía María, Rolando Luque afirma:

“En el 90% de los casos hay razones para protestar. No se trata de razones políticas o ideológicas o de que detrás hay un proyecto o un líder que está manipulando”

En los conflictos ligados a los grandes proyectos de inversión es clarísima la agenda ideológica y política detrás de los mismos. En Tía María, Espinar y Conga el rol de organizaciones políticas radicales tales como Tierra y Libertad y Patria Roja, hoy MAS Democracia, ha sido protagónico. Negarlo es un ejercicio de fantasía política.

Posteriormente afirma:

 “en el caso de las dirigencias hay progresos, tenemos ahora dirigencias mucho más pragmáticas y menos ideologizadas, más enteradas de los problemas que del ataque, de la visión amigo/enemigo o de ir directamente a la medida de fuerza, hay una cierta pausa reflexiva, se quiere resolver el problema”

Esto lo dijo el 2014, en la actualidad las autoridades locales y dirigentes de organizaciones sociales opuestas a Tía María mantienen su postura respecto a que todo diálogo pasa por aceptar la inviabilidad del Proyecto Tía María. Al parecer este mayor pragmatismo y menor ideologización no ha cambiado en un ápice la postura de estos dirigentes. La pausa reflexiva podrá existir en la mente de Rolando Luque, pero no en pensamiento de los grupos anti-mineros radicales, invisibles para él.

Más adelante Rolando Luque afirma:

“los dirigentes están siendo observados por la comunidad  y la única manera que mantengan su prestigio es si consiguen logros”

Personajes como Gregorio Santos, Marco Arana, Oscar Mollohuanca o Edy Benavides han obtenido logros electorales gracias a su protagonismo en la oposición a la minería. Gracias a ello han llegado a la Gobernación de Cajamarca, al Congreso de la República, la Alcaldía de Espinar y la Alcaldía de Bambamarca. Ello ocurrió a pesar de que con los conflictos no han obtenido ninguna mejora en el bienestar de la población de sus localidades, sino lo contrario. Rolando Luque no entiende que, una vez que la narrativa anti-minera se implanta en una zona, la “defensa del agua y la vida” pasa a ser suficiente requisito para recibir el reconocimiento de la población. Ya no es necesaria la obtención de “logros,” que pudieran abrir espacio para un acuerdo.

Implicancias de su Nombramiento

Rolando Luque ha manifestado ciertas propuestas positivas tales como hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos y fortalecer el seguimiento preventivo de los mismos. Ello puede resultar útil en aquellos conflictos en los que no se esté dando una accionar político sistemático de los post-extractivistas.

En aquellos casos en los que el conflicto es permanentemente alimentado por el accionar anti-minero el enfoque de Rolando Luque colapsaría. Él no entiende los motivos reales detrás de las movilizaciones ni los incentivos del accionar de los dirigentes anti-mineros (en su opinión los anti-mineros ni siquiera existen). Sin entender el fenómeno y sus orígenes, es muy difícil tener ideas efectivas para reducir las movilizaciones ni evitar la ocurrencia de eventos violentos.

Para Rolando Luque los dirigentes “anti-mineros” son personas confundidas a las que simplemente hay que explicarles las cosas. También cree que los manifestantes violentos, por que tienen motivos políticos, merecen un trato especial por parte de la policía y a ley. Además, los conflictos son oportunidades para que la sociedad cierre las asimetrías entre sus ciudadanos. No por nada lo anti-mineros están tan contentos con su nombramiento.

 Si los conflictos son oportunidades, no hay porque preocuparse de ellos, sino que hay que  aprovecharlos para generar las transformaciones que, en su opinión, necesita el Perú. ¿Quién pagará los costos de los conflictos y de esas transformaciones? Seguramente, Rolando Luque no está pensando en asumir esos costos. Para esto están las empresas mineras que en su opinión son la parte privilegiada en las asimetrías sociales. Ellas deberán pagar los costos. Además del costo social de un menor crecimiento, menor recaudación fiscal y menor tasa de reducción de la pobreza y la desigualdad.

Dada esta doctrina esperaríamos que en el caso de los conflictos sociales ligados a la gran inversión extractiva el accionar de Rolando Luque sea en el mejor de los casos inefectivo, cuando no directamente favorable a los anti-mineros que saludaron su nombramiento. En el peor de los casos el nombramiento de Rolando Luque por PPK podría ser semejante al nombramiento de De Echave por Humala como vice-ministro de Gestión Ambiental el 2011, el cual se dedicó, desde el interior del Estado, a propiciar mayores niveles de conflictividad en Conga. ¿Cuál será el conflicto Conga de Rolando Luque? Es muy probable que sea en la provincia de Cotabambas.

El nombramiento de Rolando Luque reduce significativamente la posibilidad de que este gobierno aproveche la oportunidad brindada por la alta aprobación de la que actualmente dispone para impulsar la gran inversión extractiva en el Perú. Para cuando las consecuencias de este error sean evidentes, el gobierno ya no dispondrá del capital político del que hoy dispone, y la correlación de fuerzas será más favorable a los anti-mineros y sus intereses. ¿Será que el gobierno está claro para quién está trabajando en este caso?

Lampadia

Los halcones del partido de Peruanos Por el Kambio (PPK), después de haber desplegado sus alas bajo las nubes negras de la anti política, en que, inclusive, llevaron al propio Pedro Pablo Kuczynski a proferir insultos que no parecían salir de su alma, se aprestarían ahora para emprender una nueva fase de anti política, la de una confrontación abierta entre el ejecutivo y el legislativo.

Veamos como se llega a esta lamentable situación:

• El 10 de abril la población electoral optó por que en el Perú siguiéramos construyendo sobre lo avanzado. Entre los votos de FP, PPK y algunos otros, registramos que aproximadamente un 80% de los ciudadanos rechazaron el cambio de modelo económico, una nueva Constitución y a los políticos anti sistema.
• El 11 de abril, PPK, desconociendo el mandato popular, opta por acercarse a la izquierda tradicional en vez de buscar la convergencia de las posiciones políticas afines, como pidió el electorado y, anuncia que buscaría a Gregorio Santos en la cárcel.
• Durante la segunda vuelta se va pronunciando paulatinamente, sin pausa y con un agravamiento continuo, una confrontación que llegó a insultos y acusaciones mutuas del más grueso calibre.
• Todo esto fue aderezado por un carga montón mediático en contra de Fuerza Popular que tuvo su epítome en la falsa imputación sobre una investigación de la DEA a Keiko Fujimori por lavado de activos que propaló Canal 4 en su programa ‘Poder de Cuarta’.
• Finalmente, alguien muy poderoso manipuló un audio enviado por José Chlimper al Canal 5 y pone la ‘banderilla de fuego’ a una campaña política vergonzosa.

Después de la victoria de PPK en la segunda vuelta, siguen y se profundizan los aprontes de los voceros de PPK tendiendo puentes de plata a la izquierda radical. Sheput declara “dialogante” al ex cura Arana y Bruce afirma que el plan de gobierno del Frente Amplio es mejor que el de PPK en temas de corrupción y medio ambiente. (Sic). Ver en Lampadia: ¿Qué le pasa a la gente de PPK?.

Luego vino el jueguito de si pido o no pido disculpas, o si las pido y las relativizo y finalmente las exigencias para que KF felicite a PPK y le ofrezca apoyo pleno en el Congreso, sin más ni más, ‘había que voltear la página y punto’.

Ahora se empieza a configurar otro escenario, el de una estrategia de gobierno que optaría por buscar la confrontación abierta del ejecutivo con el Congreso.

Esto lo anunció hace unos días Martín Vizcarra en una entrevista con Jaime de Althaus, pero nadie lo tomó en serio. Lamentablemente, parece que si era así.

La estrategia que se estaría armando consiste en acercarse a los gobiernos regionales y locales para hacer una alianza de gobierno que permita acorralar a la mayoría parlamentaria de FP, como si esta fuera contraria a las necesidades del pueblo. Ver el siguiente esquema gráfico que muestra cómo hemos ido alejándonos de los escenarios de convergencia y se estaría yendo directamente a los de confrontación.

No hace falta ser mago para prever que esto podría devenir en un gran fracaso político que solo jugaría a favor de los perdedores del mandato popular, las izquierdas radicales anti sistema, anti modernidad y anti globalización.

Lo curioso de esta estrategia tan infantil, es que los agentes de PPK siguen pensando, que así como en la segunda vuelta, lograron movilizar al establishment del país en contra de FP, acercándose a las cúpulas partidarias de la izquierda y a los dirigentes regionales, podrán ahora pasar por encima de las clases populares que le dieron a FP mayoría parlamentaria y que, ha pesar de la contra campaña, votaron en un 50% por ellos.

Por otro lado, buena parte de los medios nacionales vienen presentando a Verónika Mendoza en un rol que no le corresponde, para que ella se de el lujo de cuadrarlos como le da la gana. Ver titular del diario Exitosa:

Lastimosa situación para un país que tuvo la opción de desarrollar escenarios mucho más positivos. 

Lampadia 

Los planteamientos políticos para cambiar la Constitución renacen cada cierto tiempo y, hasta ahora, no hemos puesto estas ideas en el cajón de trastos. El tema apareció por primera vez durante el gobierno de Alejandro Toledo, donde después de señeros debates, el tema fue descartado en el Acuerdo Nacional. Posteriormente, la propuesta se convirtió en el ‘Leitmotiv’ de Javier Valle Riestra, cosa que terminó en la recolección de firmas y un nuevo proyecto en el Congreso. Finalmente, el tema fue traído a la campaña electoral por la candidata del Frente Amplio, Verónika Mendoza (VM) y Gregorio Santos de Democracia Directa.

En esta última ocasión, después de toda el ‘agua que corrió debajo del puente’, buena parte de los medios recogieron el tema como una opción política ‘interesante y audaz’, dejando, en la parte posterior de nuestros cerebros, la sensación de que el asunto podría ser necesario.

En nuestra opinión, VM cometió un error político al tocar el tema en el debate presidencial. En general, los políticos más radicales, al final de las campañas, tratan de limar las aristas de sus propuestas, buscan aggiornarse para disminuir los votos contrarios y pasar por el aro electoral. Puede ser que este error sea uno de los factores de la derrota de VM, pues lo último que quiere el pueblo es inestabilidad y prorrogar el estancamiento de la economía.

Los aprontes refundacionales han sido parte de los contrastes electorales en el Perú y Latinoamérica, pues permiten hacer planteamientos llamativos sin tener que hacer precisiones de perfilamiento de las políticas públicas, algo que los políticos populistas carecen.

Pensamos que los peruanos debiéramos tener muy claro, que estas acciones políticas (como las desarrolladas en el siglo XXI en Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua) deben ser descartadas para siempre del debate político. En estos países, solo sirvieron para permitir las eternas reelecciones de sus líderes y para malograr el desarrollo de sus países.

En estos días, Chile, de la mano de su presidente, Michelle Bachelet, se ha sumergido en el cambio constitucional, con consecuencias muy malas para su economía y con un manejo nada democrático, que hace prever un enfoque más orientado al poder político que al desarrollo del país.

Como afirmó Niall Ferguson, el historiador británico hace casi un año, “Chile  está ejerciendo su derecho a ser estúpido”. Ver en Lampadia: Chile sigue ejerciendo su derecho a ser estúpido. Y el cambio constitucional sería la cereza en la torta de la estupidez.

El siguiente video de cuatro minutos, presentado por el diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, explica con claridad los daños que está produciendo el proceso y los engaños con que se está conduciendo a la población a la estructura de un país con la visión de Bachelet, que sería más cercana a la de la República de Alemania Democrática antes de la caída del Muro de Berlín. Ver en Lampadia: Diálogo de Conversos de Roberto Ampuero y Mauricio Rojas.

Ver también en Lampadia: Chile por el mal camino y Chile: Límites al Crecimiento, 

Los peruanos debemos ir madurando en la política como lo hemos hecho en lo económico con la nueva clase media emergente, que ha abandonando los reclamos sociales a los políticos populistas, consolidado la orientación de nuestra gente hacia el trabajo como camino a la prosperidad. Lampadia

El pasado 11 de abril propusimos en Lampadia (El 67% de los peruanos votaron por construir sobre lo avanzado) que en la segunda vuelta electoral aprovechemos la extraordinaria oportunidad de vivir unos días de civismo, un período de aprendizaje y reflexión sobre propuestas serias que nos permitan a los ciudadanos ponderar las políticas públicas que pueden llevarnos al desarrollo integral, revisando las agendas de gobierno con énfasis en los cómos.

Así se evitarían los tradicionales enfrentamientos politiqueros y se recogería el mandato popular que optó por dos fuerzas pro economía de mercado que están supuestas a seguir construyendo sobre lo avanzado.

Lamentablemente, las cosas parecen ir por otro lado. PPK y PPK, en vez de desarrollar una compulsa constructiva con Fuerza Popular (FP), parecen preferir un autodestructivo acercamiento con la izquierda tradicional con gestos y frases que solo pueden ser calificadas como un despropósito.

Por ejemplo, en la mañana del 11 de abril, al día siguiente de las elecciones, sin haber felicitado a Keiko por el resultado de la votación, PPK deslizó la posibilidad de visitar a Santos en la cárcel, para terminar desairado por el líder de Democracia Directa. Además, Martín Vizcarra, el candidato a la primera vicepresidencia, declaró a los pocos días que “con Marco Arana coincidimos plenamente en lo que queremos como resultado para la pobreza” (Arana, el ex cura anti minero, no ha hecho nunca una propuesta para superar la pobreza). Mercedes Araoz y Juan Sheput hicieron invocaciones parecidas. Esta es una estrategia de alianzas destructiva para el país, pues, conociendo a nuestras izquierdas, no durará siquiera dos meses, porque para ellos el voto por PPK sería un componente de su estrategia anti-sistema, terminarían atacando PPK, aún antes de que asuma su eventual gobierno.

Consideramos que el enfoque de PPK para la segunda vuelta es un error grave no solo para su colectivo político, sino, especialmente, para el Perú, porque para convocar el respaldo de la opinión pública a las medidas de reactivación económica y a las reformas que necesita el país, o sea para neutralizar la izquierda radical, que contará  con una bancada agresiva y numerosa, se va a necesitar un gobierno sólido y con una postura política coherente.

La incoherencia de PPK es grave, considerando sus debilidades políticas estructurales. Veamos:

• Ningún otro presidente electo habría sacado menos votos en la primera vuelta. PPK logró apenas  21% de los votos válidos. El 2006, Alan García sacó 24.3%.
• No hay que olvidar que parte de estos votos fueron una opción táctica de terceros  que votaron para impedir que el Frente Amplio llegue a la segunda vuelta, y otra parte ha sido producto de la exclusión de Guzmán y Acuña. ¿Cuantos fueron los votos propios de PPK? ¿Cuántos son los peruanos que lo defenderán en una situación de dificultad?
• Ningún otro presidente, en muchas décadas, tendría una bancada más reducida en el Congreso, pues tan solo el 18% de los congresistas ingresarán por su agrupación. En el inconcluso primer gobierno de Belaúnde, la bancada oficialista llegó al 28% del congreso, 10% más que PPK. Además, no debemos olvidar el antecedente de que de los 18 congresistas que ingresaron con PPK el 2011, ninguno siguió vinculado a él cinco años más tarde. Tampoco hay que olvidar que, su capacidad de comando y control sobre su propia organización política (PPK) se muestra muy limitada. El manejo del conflicto con Heresi no habla bien de su capacidad política.
• Ningún otro presidente seria electo al cargo con una edad más avanzada. Belaúnde, en 1980, representa el máximo histórico con 68 años.
• Ningún otro presidente obtuvo en primera vuelta una representación geográfica y poblacional tan reducida. Solo ganó en una región, en tres de 196 provincias (perdió en 98.5% de las provincias). En la mayoría de ellas ha quedado en 3º o en 4º puesto. Los  conflictos sociales surgen principalmente en las regiones donde PPK tiene muy escaso respaldo político.
• Ningún otro presidente llegaría al poder apoyado por una coalición o convergencia política con tantos intereses contrapuestos y hostilidades profundas.
• La izquierda que hoy lo apoya, lo hace por oposición al Fujimorismo, y se volverá su más radical opositor, para posicionarse como alternativa para el 2021.
• Además, en este proceso, habría generado brechas complicadas con FP.

Consecuencias:

• Si mantiene dicha estrategia (inconsistente), con las debilidades indicadas, el eventual gobierno de PPK no tendría capacidad de hacer mucho, sería muy vulnerable para la izquierda anti-sistema.
• Su capacidad para resolver algún conflicto como Tía María o Conga, cuando los  genere la izquierda anti-sistema, sería muy reducida, abriendo el camino para que esos conflictos se escalen o multipliquen.
• Su capacidad de hacer reformas dependerá del apoyo de FP para pasar cualquier iniciativa en el Congreso, pero ¿Qué razones tendría el FP para asumir los costos políticos de las reformas en defensa del gobierno de PPK? ¿Qué podría ofrecer PPK a FP desde una situación de debilidad? FP ya ha anunciado que su eventual estrategia pasaría por otorgar facultades legislativas en vez de aprobar las normas en el Congreso.
• La imagen de estabilidad política ganada por el Perú en la primera vuelta, se deterioraría rápidamente por las inestabilidades e inconsistencias del gobierno de PPK.
• La mediatizada y desarticulada colaboración con FP, que no sería la de una acción de gobierno consistente que produzca resultados claros, facilitaría que la izquierda desprestigie las políticas públicas ‘pro-modelo’, beneficiándose de una confrontación esencialmente política que propicie espacios al populismo.

Esperamos que PPK y PPK entiendan el callejón sin salida al que parecen estar entrando. Sus aprontes hacia las izquierdas pueden ser una táctica electoral políticamente entendible, pero son al mismo tiempo una traición al mandato popular que rechazó el tener en la segunda vuelta una alternativa anti-mercado. Lampadia

Anti mineros pierden elecciones nacionales. Líder de Tierra y Libertad (ex cura Arana) no logra curul por Cajamarca en el Congreso, pero su enemigo (anti minero), Santos, gana el voto por la región de Cajamarca y distritos mineros muestran una cercanía electoral con el radicalismo anti minero que no exhiben las regiones de las que forman parte. El siguiente análisis  forma parte de nuestra biblioteca virtual sobre: Recursos Naturales y Desarrollo, en la que documentamos el ambiente en que se dan las inversiones mineras.  

Los resultados electorales sirven de radiografía política del país. Estos resultados contribuyen a entender las dinámicas sociales y políticas que alimentan las fuerzas anti-sistema, y la importancia que los conflictos mineros tienen para el crecimiento de esas fuerzas. Si bien esas fuerzas han quedado terceras en las elecciones recientes ello no significa que no constituyan una amenaza a la continuidad del desarrollo del Perú. 

Los Resultados

Las elecciones del pasado 10 de abril han servido  para identificar cuál es el estado de las fuerzas políticas en diversas regiones y gracias a los resultados de la ONPE podemos verlo inclusive a nivel distrital. Esto brinda una oportunidad de conocer el clima político en zonas rurales en las que los mecanismos privados de observación de la opinión pública tales como las encuestas son de una precisión limitada, acceso restringido o de un costo prohibitivo. Los resultados de estas elecciones nos han permitido analizar el estado de diversas fuerzas políticas en los alrededores de ciertos proyectos mineros donde se han desarrollado conflictos.

Existen dos fuerzas políticas que se han mostrado hostiles al desarrollo de proyectos mineros por motivos ya sean ideológicos o de conveniencia política: Democracia Directa y el Frente Amplio.  En el caso de Democracia Directa, esta organización lanzó como candidato a Gregorio Santos quien tiene como principal carta de presentación frente a la opinión pública su oposición frontal al Proyecto Conga; en el caso del Frente Amplio su candidata ha sido protagónica en azuzar activamente la conflictividad en el caso de Espinar. Además la principal organización del llamado Frente Amplio es Tierra y Libertad, un partido de ideología abiertamente post extractivista, es decir, contraria a la actividad minera, a la extracción de petróleo y a la construcción de represas hidroeléctricas.

En el presente artículo consideraremos el agregado del voto por estas opciones, como un indicador de una postura hostil hacia la minería. En Lampadia ya se ha publicado varios artículos acerca de la posición de estas fuerzas políticas. (Ver  El Plan de Gobierno de Verónika Mendoza acerca de la minería , Todo Vale para llegar al poder y ¿Una Nueva Minería o No Más Minería?).

Lo que señalan los resultados es claro y varios medios de comunicación ya lo han mostrado: la alta votación alcanzada por estas fuerzas políticas anti-sistema es notable en los distritos mineros.  Sin embargo, quisimos hacer un análisis numérico de los resultados distritales, y los comparamos con los resultados obtenidos en sus respectivas regiones. De esta manera podemos ver como el voto anti-minero se incrementa o no conforme se “acerque” a la zona de un proyecto minero que este bajo el ataque de esos grupos.

Para esto hemos generado un Indicador de Radicalidad Local (IRL), que se calcula con el voto anti-minero en un distrito donde se encuentra un proyecto minero divido entre el voto anti-minero en la región del proyecto.  Con esto identificamos que tanto más anti-minero es ese distrito específico comparándolo con su región. De esta manera podemos poner el voto anti-minero en perspectiva y se pueden identificar con claridad los efectos políticos de la cercanía a un proyecto en relación al clima político promedio de la región.

En la siguiente gráfica presentamos el IRL para algunos proyectos mineros en los que se han dado altos niveles de conflictividad social. La data ha sido tomada de los resultados electorales reportados por la ONPE.

En la gráfica podemos observar que, salvo en el caso de las operaciones de Yanacocha, donde el IRL es menor que 1, todas los demás proyectos se encuentran en distritos en que el voto anti-minero supera al promedio de su región.

Análisis que se desprenden

1. Se puede generar un clima de conflictividad social aún en regiones en los que las fuerzas favorables al actual modelo de desarrollo son ampliamente mayoritarias. En el caso de Lambayeque y Piura las suma de los votos de Fuerza Popular y PPK llego a 66% y 67%, respectivamente. A pesar de ello en los distritos en los que se darían los proyectos Majaz y Cañariaco los anti-mineros obtuvieron 59% y 47% respectivamente. Es decir, los grupos anti-mineros pueden provocar una dinámica de conflictividad social que genera un “micro-clima político” en el entorno a un proyecto, diferenciándose de las posturas políticas predominantes en la región. Tanto en el caso de Majaz como en el de Cañariaco la oposición social ha llevado a la paralización de los proyectos. Los elevados IRL nos indican cuando se da este fenómeno.
2. Los IRL asumen valores mayores a 1 en la mayoría de los casos. Ello nos señala que
   la cercanía a un proyecto minero conflictivo sí está asociado a un incremento en la aversión a la minería y a la economía de mercado. Ello significa que la sensación de agravio de la población se incrementa con la cercanía a un proyecto, y evidencia que los esfuerzos de responsabilidad social de las empresas mineras en su entorno no son capaces de contrarrestar la incidencia de los anti-mineros ni de neutralizar las dinámicas de búsqueda de rentas de algunos grupos de la población. Estos datos muestran que la versión de la historia contada por los anti-mineros se impone, casi invariablemente, en las zonas conflictivas. Ello representa una limitación importante de los enfoques de Responsabilidad Social con los cuales trabajan las compañías mineras en el Perú. Las empresas mineras han invertido muchas decenas de millones de dólares en su entorno, y han contribuido con el canon, pero las posturas de la población en los entornos de los proyectos son más negativas que donde no han hecho ninguna inversión, ni ha llegado nada o casi nada de canon.
3. En el caso del proyecto Conga, un proyecto que nunca operó y que no ha tenido ningún impacto sobre la población local, el patrón de los Índices de Radicalización se cumple. Sin embargo en el caso del área de operaciones de Yanacocha, una mina que ha operado por más de 20 años, este patrón no se cumple. El caso de Yanacocha en Cajamarca es una anomalía a nivel nacional. ¿Cómo se explica entonces que, siendo la misma empresa, en el caso de Conga la cercanía al proyecto genere una especial aversión; mientras que en el caso de las operaciones de Yanacocha (en cuyo entorno se dieron los conflictos importantes como Combayo y Cerro Quilish), el apoyo a las opciones anti-mineras sea menor que en el resto de la región?

Una hipótesis que puede darse es la cercanía de las operaciones de Yanacocha a una ciudad de gran magnitud como Cajamarca. Por un lado una ciudad como Cajamarca tiene mayor potencial para encadenarse económicamente a las operaciones mineras que comunidades rurales.  Una ciudad puede brindar una diversidad de servicios a la empresa minera y a sus empleados, realizando actividades económicas con una complejidad muy superior. Además, si la actividad minera se reduce, los costos económicos se hacen mucho más visibles para la población. Otro factor consiste en la viabilidad para las fuerzas anti-mineras para generar un “Cerco Cognitivo” en el entorno a un proyecto minero (este concepto ha sido detallado en un artículo previo, ver el enlace). El éxito del cerco cognitivo requiere de prácticas de intimidación social y física a quienes disientan de la postura anti-minera; y requiere además del control de la mayoría de canales de comunicación creíbles de la comunidad (maestro, sacerdote, presidente de rondas, etc.). En un entorno rural esto se facilita dada la baja presencia del Estado y de los sectores más claros sobre las ventajas de la actividad minera, y por la menor cantidad de medios de comunicaciones e instituciones independientes. En una ciudad como Cajamarca los sectores medios ligados al comercio y a los servicios son mucho más numerosos, y resulta más difícil para los anti-mineros reprimir a la totalidad de voces disidentes.

4. La hostilidad de la población no se deriva mecánicamente de la inviabilidad de un proyecto. Las Bambas pudo construirse a pesar de una población, al parecer más hostil, que en el caso de Tía María. En Las Bambas el apoyo a los anti-mineros bordeaba el 70% mientras que en Tía María el apoyo a dichos grupos fue de 50%. Ello nos señala que la viabilidad depende de un conjunto de factores adicionales al rechazo poblacional tales como la fortaleza de las organizaciones anti-mineras, las estrategias de negociación de las empresas con las elites locales, la voluntad del Estado y de la Empresa, el tipo  y el estadio de avance de un proyecto. La hostilidad de la población sin embargo es un factor de riesgo crítico y tarde o temprano surgirán los actores políticos que la canalizaran en hacia un escenario conflictivo aun si el proceso requiere de años para darse.  En el caso de Las Bambas, un proyecto minero de importancia estratégica para la economía nacional, este alto Índice Radicalización Local señala la existencia de un caldo de cultivo que favorecería a actores políticos anti-sistema, para que puedan generar conflictos que dañen las operaciones en la zona.

Conclusiones.

Estos resultados electorales son consecuencia, no solamente de los errores que las empresas hayan podido cometer, sino también del trabajo político prolongado que organizaciones anti-mineras, muchas ligadas a ambos partidos que hemos definido como anti-mineros. Años de trabajo de Responsabilidad Social, de inversiones sociales y de relacionamiento comunitario pueden ser destruidos por la sistemática labor de zapa de los grupos anti-sistema.

Las empresas mineras con proyectos conflictivos tienen un largo camino por recorrer, en especial de un trabajo con las comunidades que responda a las acciones políticas hostiles de las que son víctimas.  Las empresas deben brindar respuestas coherentes con la naturaleza de la amenaza que se yergue sobre ellas, y las amenazas están conducidas por organizaciones políticas.

El hecho que los resultados de los anti-mineros en los distritos donde hay conflictividad minera hayan sido altos, pone en duda la efectividad de la Responsabilidad Social como herramienta, y de la efectividad de estas inversiones para mejorar la relación con las comunidades; al igual que las mesas de diálogo como mecanismos para reducir la conflictividad.  En estos distritos, ambos mecanismos han sido aplicados durante años, sin poder neutralizar la incidencia de los anti-mineros sobre la opinión pública de las comunidades.

Estos resultados no pueden ser subestimados por las empresas mineras, o van pagar muy caro en términos de conflictos, paralizaciones y daño a su reputación. Lampadia

La candidata del Frente Amplio (FA), Verónika Mendoza (VM), al estilo de los países del ALBA, ha propuesto implantar una nueva constitución a través del Parlamento o la acción popular, del mismo modo que el radical reo candidato Gregorio Santos. Curiosamente, el candidato de Acción Popular, Alfredo Barnechea, juega con la idea de “otro modelo”, sumándose así  a este tipo de propuestas, que invocan el respaldo falaz de encuestas mal hechas, que transmiten la falsa sensación de una población que estaría optando por cambios radicales y no por cambios en la calidad de los servicios del Estado, empezando por seguridad ciudadana y combate efectivo de la corrupción. 

Mendoza lleva de candidato a la primera vicepresidencia al ex cura Marco Arana y en su equipo a gente que representa una visión estatista y expresa una oposición abierta a la inversión privada, especialmente contra la minería. Arana y Santos, en consonancia y competencia, fueron los responsables de las asonadas anti mineras contra el proyecto de Conga en Cajamarca, con lo cual no solo condenaron a esa magnífica región a la mayor pobreza del país, sino que también arrinconaron al gobierno, que desde entonces no ha sido capaz de proteger los proyectos de inversión. Por su lado Barnechea parece por momentos haber regresionado a las ideas que dieron luz al Acción Popular Socialista de fines de los 60,  que terminó traicionando al propio Belaunde, sumándose a los planteamientos con los que se ilusionó en la dictadura militar.

Esta gente no quiere entender que los países que han logrado la prosperidad, lo han hecho promoviendo sectores privados pujantes e innovadores que han multiplicado la inversión de emprendimientos pequeños y grandes sin las trabas burocráticas e ideológicas que han paralizado la inversión en el Perú los últimos años. Nuestro propio país es un testimonio formidable de los impactos positivos de la inversión privada en la economía y las condiciones sociales. Después de superar treinta años de parálisis por el estatismo militar y su cola democrática con Belaunde-2 y García-1, las dimensiones del Perú cambiaron a la fórmula: 90-90-90.

90-90-90, porque aproximadamente el 90% del empleo, la inversión y los ingresos fiscales, los generó el nuevo sector privado que pudo hacer la verdadera gran transformación desde el estancamiento hasta el crecimiento con reducción de la pobreza y la desigualdad. Por lo tanto, quienes pretendan gobernar o medir el país con los instrumentos del siglo pasado, sólo nos llevarán a un estrepitoso fracaso.

Sin embargo, más allá de los verdaderos enfoques políticos de las izquierdas tradicionales, transparentados en el debate presidencial del domingo pasado, pareciera que después del mismo, habrían reparado que desde el punto de vista de la campaña (no de los planes de gobierno), de las acciones tácticas, no sería conveniente seguir hablando de cambiar la Constitución.

Es así que al día siguiente (lunes), un economista del FA, de visión estatista, que cree en el ‘poder’ del Estado para resolver todos los problemas del país, Oscar Dancourt, enfatizó en el programa la Hora N que para hacer los cambios económicos que plantea (salvo en lo relativo a la nacionalización de la ‘molécula’ de gas, un ejemplo de  renacionalización de los recursos naturales), no se necesitaría cambiar la Constitución. El martes, otro conspicuo miembro del FA (de las canteras de Tierra y Libertad de Arana), en el programa De las 5 a las 7,  de RPP, le echó agua fría al pedido de una nueva Constitución, como una evidente corrección táctica, sin cambiar  la esencia de sus ideas.

Lo que es más, la propia candidata del FA, Verónika Mendoza, al día siguiente del debate, cambió el contenido de su discurso, dejó de hablar del cambio de Constitución, y pasó a ofrecer una “revolución productiva y educativa”, con la eficiencia de un cassette recién grabado.

Pero debe  señalarse  que una revolución productiva es imposible de realizarse con un cambio de Constitución. En otras palabras, un cambio de Constitución paralizaría la producción del país por lo menos por dos años. Durante ese tiempo se debatiría y procesaría la nueva carta, y nadie podría invertir con un horizonte de mediano plazo, sin conocer el ambiente normativo futuro.

Un ejemplo reciente y cercano de cómo el anuncio de una nueva Constitución paraliza la inversión, es el caso de Chile, donde Bachelet-2 incorporó el planteamiento a su programa de gobierno. Ver: Una agenda anti inversión, Chile sigue ejerciendo su derecho a ser estúpido y Diálogo de Conversos.

El FA ha caído, pues, en una trampa estratégica. Por un lado habla de revolución productiva (a pesar de descartar el desarrollo de los grandes proyectos) y por otro amenaza con una nueva Constitución que nos paralizaría por lo menos por dos años y que muy probablemente ampliaría de manera considerable el espacio de inversión para el  Estado,  terminando por inhibir para siempre una inversión privada dinámica e innovadora.

Más claro ni el agua: un eventual gobierno del FA desestabilizaría al país, regresaríamos a la falta de inversión, a industrias locales protegidas que nos endilgarían productos caros y de mala calidad, para beneficio de los productores amigos del régimen, la escasez y las colas. Eso sí, habría mucho trabajo en el Estado, en las agencias reguladores, ministerios y nuevas empresas públicas, donde los miembros de las cúpulas de la izquierda tradicional y los profesionales que no pudieron prosperar compitiendo en el sector privado, serían nuestros nuevos ‘señores feudales’.

¿Es esto lo que necesitan nuestros jóvenes? ¿Queremos que nuestros hijos y nietos  tengan que migrar a un EEUU más reacio a la migración, ya no a hacer la América, sino a ser ciudadanos de segunda clase? Lampadia