Herencia que la SUNAT y el MEF deben recusar
Hoy en día está en proceso de desarrollo ‘la buena SUNAT’ que ofreció el gobierno de PPK y encargó a Víctor Shiguiyama. Durante el gobierno del nacionalismo, se dio rienda suelta a los fiscalizadores para que encontraran nuevos pozos de eventuales recursos fiscales. Esto llevó a comportamientos disfuncionales, pues el personal del ente recaudador tenía beneficios monetarios directos vinculados a la recaudación.
Así fue que durante los últimos años, los fiscalizadores de la SUNAT empezaron a cuestionar todo tipo de normas tributarias y prácticas de supervisión, que al reinterpretarse por ellos, podían generar nuevas fuentes de recaudación. Lo mismo pasó con acciones de control menores, por las que se empezaron a cuestionar y observar multiplicidad de gastos.
Estas prácticas determinaron que por algún tiempo, las empresas terminaran pagando más impuestos que los determinados por las tasas nominales del impuesto a la renta. Pero, además, en algunos casos (como el que analizamos líneas abajo), se generaron conflictos mayores por la incidencia de cambios de reglas de juego que tenían altos impactos económicos en una serie de empresas.
El sistema de incentivos que se estableció en la SUNAT distorsionó completamente la gestión de la institución y contrarió su misión.
La SUNAT ha llegado incluso a poner en entredicho la sacrosanta vigencia de los contratos de estabilidad tributaria, que en contra de los relatos de los enemigos de la economía de mercado, no exoneran del pago de ningún impuesto, solo establecen que las normas tributarias vigentes a la firma del contrato se mantengan por el plazo de los mismos. En otras palabras, si los impuestos suben, las empresas con convenios seguirán pagando lo establecido al momento del contrato y, si los impuestos bajan, las empresas seguirán pagando las tasas más altas, a no ser que renuncien a los contratos. Estos contratos establecen garantías que promueven la inversión privada y no pueden ser modificados ni dejados sin efecto unilateralmente por el Estado.
La siguiente sumilla explica la importancia de dichos contratos:
Contratos de estabilidad tributaria
A inicios de los años 90, el Reino Unido (RU) devaluó la Libra Esterlina en 15%, los inversionistas consideraron que el ajuste había corregido los desbalances y se volcaron a invertir.
Al mismo tiempo, Brasil hizo una devaluación de 15%, pero ésta fue considerada el inicio de un problema mayor, y los inversionistas salieron de sus posiciones.
¿Qué explicó la diferencia en el comportamiento de los inversionistas? – La historia. Mientras el RU tenía una reputación impecable y merecía la confianza de los inversionistas, Brasil llevaba atrás una larga historia de incumplimientos que lo hacían un país no confiable.
Como sabemos los peruanos, cuando en los años 90, en el Perú se crearon las condiciones internas para atraer inversiones mineras y otras, teníamos que establecer un mecanismo que permitiera que nuestra mala historia crediticia, no inhibiera inversiones de largo plazo. Solo en los años 80 tuvimos dos cortes del pago de la deuda externa, primero con Belaunde el 82, y luego con García el 86.
Fue así como el Perú recurrió a establecer ‘Convenios de Estabilidad Jurídica’ y ‘Contratos de Estabilidad Tributaria’, que permitieron una gran dinamización de las inversiones y toda la recuperación económica y social del Perú hasta la primera década del 2000.
Hasta hace pocos años, el respeto de estos contratos ha sido clave para mantener el prestigio del Perú como un serio receptor de inversiones extranjeras.
Si esta anotación no es suficiente para hacer notar la necesidad de garantizar predictibilidad tributaria a los inversionistas, veamos el primer antecedente histórico en el Perú:
Velasco Alvarado hizo el primer contrato de estabilidad tributaria en el Perú con Southern Copper Corporation, entonces propiedad de la compaña estadounidense, Asarco, para el desarrollo del proyecto de Cuajone en Moquegua.
Hoy día, producto de la ‘mala SUNAT’, uno de los casos contenciosos más importantes y notorios es el de la compañía minera Cerro Verde. Veamos:
- En los últimos 20 años se celebraron 24 convenios entre el Estado e inversionistas.
- Estos trajeron inversiones superiores a US$ 17 mil millones.
- Cerro Verde firmó su contrato en 1998 con vigencia hasta el 2013.
- El 2004, se crearon las regalías mineras.
- Las regalías mineras no eran aplicables a Cerro Verde, pues su contrato tenía vigencia hasta el 2013.
- Desde el 2013, la SUNAT le exigió a Cerro Verde el pago de las regalías supuestamente dejadas de pagar.
- Cerro Verde inició procesos judiciales para que se declare la nulidad de las resoluciones que desconocían el Contrato de Estabilidad.
- El Juzgado Constitucional de Arequipa desestimó una acción de amparo de Cerro Verde.
- Los procesos judiciales están pendientes.
- Los gobiernos de García II y Humala comprometieron a Cerro Verde a realizar aportes adicionales mediante el Programa de Solidaridad con el Pueblo, llamado Aporte Voluntario y el Gravamen Especial Minero (GEM), además del impuesto a la renta y del reclamo de las regalías.
- El Aporte Voluntario se diseñó para que las compañías con Contrato de Estabilidad no sujetas al pago de las regalías, las compensaran.
- Lo mismo sucedió con el Gravamen Especial Minero.
Lógicamente, el cobro de regalías, pretendido por el fiscalizador, en adición a los pagos del Aporte Voluntario y del Gravamen Minero se convertían en un pago doble.
Vista de las instalaciones mineras con el Misti, Chachani y Pichu Pichu al fondo. Fuente: www.mineriaonline.com
Además de las obligaciones tributarias, Cerro Verde desarrolló un importante programa de ‘inversiones sociales’ en Arequipa como una Planta de Agua Potable, el cofinanciamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el Cono Norte de Arequipa, la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR La Enlozada). En los diversos programas de inversión no productivos, desarrollados en la Región Arequipa, entre el 2005 y 2016, Cerro Verde aportó hasta US$ 190 millones.
Planta de agua de La Tomilla
En los documentos adjuntos se puede apreciar la descripción de las operaciones de Cerro Verde, el detalle de sus aportes no productivos y el impacto del proyecto en Arequipa y el Perú:
Más allá del caso específico de Cerro Verde, es importante hacer notar que este tipo de litigios hacen mucho daño a todas las partes:
- Impacto directo en las empresas involucradas en los largos y complicados reclamos judiciales.
- Dañan de manera muy importante el prestigio del país, lo que determina un mal ambiente de inversión que redunda en menores inversiones y mayores costos de inserción global.
- Daña importantemente la consolidación de la ‘la buena SUNAT’ en proceso de desarrollo.
Es muy claro que el Estado necesita recursos fiscales para afrontar las muchas tareas pendientes en su mochila, pero estos no se pueden obtener de cualquier manera, y menos dañando el largo plazo del sector productivo y el prestigio del Perú como un buen destino de inversiones. Ojalá, la actual dirección de ‘la buena SUNAT‘ se avenga a colaborar en la resolución de este tipo de conflictos, no originados por sus actuales directivos. Lampadia