EDITORIAL DE LAMPADIA

En nuestro Editorial del 11 de abril pasado, un día después de la elecciones, Fiesta electoral y gran oportunidad de avance cívico, dijimos que la segunda vuelta se presentaba como una extraordinaria oportunidad para vivir una lección de civismo y un período de aprendizaje sobre propuestas de gobierno consecuentes con el mandato popular de cuatro quintas partes del electorado: ‘Construir sobre lo avanzado’.

El mandato popular estableció obviamente que se fortaleciera la economía de mercado que había logrado reducir la pobreza, la desigualdad y crear una nueva y gran  clase media emergente. Además, el electorado pidió cambios y reformas, pero no aquellos que días antes de las elecciones presentaron maniqueamente las encuestadoras GFK y Datum, que dejaron consentir que la mayoría de peruanos buscaba un ‘cambio de modelo’, sino como comprobó días después de la primera vuelta IPSOS, los ciudadanos pedían mayormente cambios vinculados a la educación, que combata la delincuencia y la corrupción y que mejore la salud. Ver en Lampadia: El voto del sur: IPSOS, Carranza y la paradoja de Webb.

Lamentablemente lo ocurrido ha sido todo lo contrario.

Al día siguiente de las elecciones, sin haber felicitado al ganador de la primera vuelta, PPK abrió las puertas a acercamientos con la izquierda radical, ofreciéndose a visitar a Santos en la cárcel, para terminar recibiendo un portazo en la cara.

Esta equivocada táctica continuó con las declaraciones de Martín Vizcarra: “Coincido plenamente con los planteamientos de Arana sobre la pobreza”, (el ex cura anti minero nunca hizo un planteamiento para derrotar la pobreza) increíble. Peor aún, repitió lo mismo en varias ocasiones. Cosas parecidas dijo Mercedes Araoz y Gino Costa tuvo la insensatez de reunirse con Salomón Siomi Lerner, líder y supuesto financista de buena parte de la izquierda radical.

Una segunda línea táctica fue la de asociarse con los líderes de los movimientos que no llegaron a la segunda vuelta, Acuña y su gente, Toledo, Urresti, Acción Popular y dejar que el gobierno se fuera vinculando al movimiento de PPK, ya sea a través de la Primera Dama Nadine Heredia o de la intervención abierta de varios ministros  cuestionando los planteamientos de Keiko Fujimori.

La tercera táctica es descalificar el eventual gobierno de Fuerza Popular (FP) por el ‘inconveniente’ control del ejecutivo y legislativo, por que Keiko Fujimori sería una suerte de reencarnación de su padre, por representar la corrupción, el autoritarismo y ser anti democrática. Finalmente, desde PPK para abajo han proferido insultos de diverso calibre.

O sea, en vez de acercarse al líder electoral acogiendo el mandato popular; dejando de tomar en cuenta que PPK solo ganó en tres de 196 provincias; sin registrar que FP controla el legislativo con un contundente número de congresistas, 73 de 130; sin entender que FP es hoy el único partido nacional con presencia transversal con un promedio de 46% del voto en 16 departamentos donde obtuvo el primer puesto, 27% en siete con el segundo lugar y 24% en los dos restantes donde llegó en tercer lugar; PPK y PPK optaron por un enfrentamiento generalizado que está abriendo brechas difíciles de remontar.

Por su lado en Fuerza Popular se produjeron algunas declaraciones muy torpes, como las de la congresista Cecilia Chacón “Fujimori saldría por la puerta grande”; las de Kenji Fujimori “en el supuesto negado que Keiko no gane (…) yo postularé el 2021”; las del congresista Becerril “el Perú no está pidiendo consensos de minorías”; las del congresista electo Petrozzi “con mayoría parlamentaria, las leyes correrán como por un tubo” y otras que se suceden continuamente.

Además, algunas de las propuestas de campaña que no figuran en el plan de gobierno de FP han generado controversias muy importantes. Entre ellas tenemos la de reponer el régimen de “24 X 24” en la Policía Nacional, un retroceso difícil de entender para muchos; y el acuerdo con los mineros ilegales que aparentemente podría despenalizar esa nociva actividad. En ambos casos se ven estas acciones como de corte electorero más que de gobierno.

Por otra lado, KF FP, además de desarrollar una excelente campaña pueblo por pueblo,  también han criticado fuertemente algunas propuestas de PPK, como la de la CTS, y han desarrollado enfrentamientos de corte personal. Por ejemplo: atacar a PPK como traidor por el tema del gas, cobarde por fugarse del país por el terrorismo (“como lo hicieron 3 millones de peruanos” según el propio PPK) y por representar a los grandes empresarios a quienes favorecería (sin embargo, en este caso fue PPK quién puso el tema en agenda cuando dijo: “me dicen que la Confiep apoya a rabiar a KF”).

A diferencia de lo que se dice en los medios, nosotros vemos una andanada desproporcionada de ataques contra KF y FP pues, no solo vienen desde el propio PPK, “yo pagué la educación de mis hijas”, también vienen de su gente, de Mario Vargas Llosa, “(…) se abrirán las cárceles. Los ladrones y asesinos saldrían de los calabozos al poder”, del gobierno, de la mayoría de politólogos y de la gran mayoría de los medios de comunicación. Veamos los extremos a los que se llega:

“(…) al mismo tiempo que los medios que controla han ido cimentando la ficción según la cual el encarcelado ex dictador derrotó a Sendero Luminoso, envió a su líder Abimael Guzmán a la cárcel y sacó al país de la devoradora inflación que lo estaba deshaciendo. Puro mito.” (Mario Vargas Llosa, La Hora Gris, La República, 17 de abril, 2016).

Para variar una de las declaraciones más sabias sobre la coyuntura electoral es la de Don Luis Bedoya Reyes:

“Me preocupa el Perú si PPK gana porque no podrá gobernar. Por eso recordé los casos del 45 con Bustamante y del 63 con Belaunde: las grietas de rivalidad y odio que deja la campaña son gravísimas y el Perú vive un instante extremadamente delicado. Yo creo que ninguno de los dos va a dejar gobernar al otro: si bien es cierto que Keiko va a tener la fuerza del Parlamento, a PPK lo va a heredar la prensa libre. Lo que vamos a tener va a ser una guerra civil no declarada, desde el punto de vista del toma y daca, durante 5 años más”. (El Comercio, 15 de mayo, 2016, página 4).

Más allá de establecer quien es más culpable, el hecho es que la campaña ha tomado un cariz negativo, que como dice Bedoya Reyes afectará al gobierno de los próximos cinco años y además, en nuestra opinión, afectará también las elecciones del Bicentenario, del 2021, pues un gobierno atracado, plagado de inquina no será efectivo para emprender las reformas que necesitamos con carácter de urgencia. Peor aún, al malograrse el entendimiento entre las fueras pro mercado, como lo mandó el voto popular del 10 de abril, y al validarse las posiciones de la izquierda radical anti mercado, dadas las tácticas de PPK y PPK, es muy probable que el 2021 tengamos una final entre las opciones anti mercado.

Para variar, parece que buena parte de nuestra clase dirigente se siente cómoda con los desarrollos del corto plazo, pues no participa del debate nacional, ni exige a los candidatos el cuidar los intereses de largo plazo de la nación.

Finalmente, debemos recordar a PPK que el le dobla la edad a Keiko Fujimori y que es él, quién debe parar esta convergencia anti país. Lampadia 

Nota: Expresamente, no hemos querido tocar hoy los eventos de anoche, el debate técnico, que fue más allá de lo técnico, ni la denuncia de Cuarto Poder (Poder de Cuarta) sobre una investigación de la DEA al congresista de FP, Joaquín Ramírez, que los medios han extrapolado maliciosamente “La DEA investiga audio que relaciona a Keiko Fujimori con lavado de activos”, cuando la representante de la DEA no mencionó a KF (RPP, esta mañana). Ver las escandalosas carátulas de El Comercio y La República sobre el tema (parece que se amplió la ‘concertación’):

En Lampadia creemos que hay momentos en que uno debe recogerse a reflexionar para poder aportar a la sociedad la mejor información y evitar hacer daño a la honra de las personas, sin el debido cuidado y contrastación previa. 

 

Por Gino Costa. Presidente de Ciudad Nuestra y expositor en CADE Ejecutivos 2014

(Perú 21, 05 de Noviembre del 2014)

Hace  bien IPAE Acción Empresarial en proponer, en este CADE Ejecutivos, que se aborden los desafíos fundamentales para hacer del Perú un país del Primer Mundo. Parece que ya sabemos qué hacer para crecer, pero no tenemos tan claro qué hacer para tener las instituciones que apuntalen y sostengan ese crecimiento.

En CADE Ejecutivos 2010, Michael Porter dijo que instituciones sólidas de seguridad y justicia eran un prerrequisito para dar el salto al Primer Mundo. Si ya en el 2010 teníamos

un déficit importante en la materia, hoy la situación ha empeorado, como lo muestran los indicadores del Foro Económico Mundial. Ello no hace sino reflejar el deterioro de las condiciones de seguridad.

A una de las más altas tasas de victimización en el continente americano se le ha sumado un sostenido incremento de la violencia, especialmente homicida, asociada a las extorsiones de todo tipo. Han prosperado también otras formas de criminalidad organizada –como la minería ilegal del oro, el tráfico de terrenos y la corrupción en los gobiernos subnacionales–, como lo demuestran el drama de Madre de Dios y el espectacular poder adquirido por personas como Rodolfo Orellana y César Álvarez.

Quizá el aspecto más preocupante es la penetración del crimen organizado en las instituciones de seguridad y justicia, y en la propia política. Dan cuenta de lo primero las investigaciones que tienen a punto de la destitución al actual fiscal de la Nación y a su antecesor por supuestas complicidades con criminales de alto vuelo; los responsables de investigar y denunciar a los criminales podrían estar comprometidos con ellos. En cuanto a la infiltración en la política, las últimas elecciones nos dieron diversas muestras de la amenaza que este fenómeno representa.

La infiltración de instituciones ya de por sí débiles es el mayor indicador de una descomposición que es urgente e indispensable revertir, porque perder la batalla contra el crimen es perder la del desarrollo y la prosperidad. Es preciso recuperar nuestras instituciones de los corruptos que le hacen el juego al crimen, razón por la que resultan tan alentadoras las actuales investigaciones del Consejo Nacional de la Magistratura y del Congreso de la República contra Ramos Heredia y Peláez Bardales, que deberían concluir en su destitución.

Si el crimen organizado prosperó en los últimos años, fue gracias a la complicidad de sujetos como estos y de otros fiscales, policías y jueces. Por eso, el primer desafío es purgarlos y fortalecer los núcleos sanos de estas instituciones, que felizmente existen, aunque normalmente arrinconados y desatendidos, por no decir abandonados.

El segundo desafío es construir, a partir de estos núcleos sanos, un subsistema de justicia penal con profesionales adecuadamente capacitados y bien remunerados. Esto exige la unificación de los esfuerzos de inteligencia, equipos electrónicos de última generación, debidamente utilizados bajo control fiscal y judicial, además de peritos y laboratorios forenses de primer nivel. En cuanto a la inteligencia financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe contar con la prerrogativa de levantar el secreto bancario y la reserva tributaria de sus investigados, como lo recomienda Gafisud, organismo internacional rector contra el lavado de activos.

Este subsistema necesita, además, de un componente penitenciario con la infraestructura, el equipamiento y el personal capaz de garantizar el necesario aislamiento de los presos de alta peligrosidad, bajo un severo régimen que las mejores prácticas internacionales aconsejan.

El tercer desafío, y quizá el más importante, es contar con el liderazgo político y la capacidad de gestión para hacer realidad este proyecto en un plazo relativamente corto, con lo que se asegura que esté debidamente blindado contra la corrupción. La conducción del esfuerzo debe venir del más alto nivel y exige un acuerdo político básico que le dé sostenibilidad. Se trata de una apuesta para los próximos 30 años, que dote al país de la herramienta de combate contra el crimen organizado que hoy tienen las naciones democráticas más avanzadas del mundo.