Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Para Lampadia

Descentralizar el Perú es una necesidad impostergable. Siempre lo entendí así. Sin embargo, la descentralización que estamos viendo en los últimos 20 años es un fracaso.  

• La descentralización puesta en marcha por el gobierno de Toledo con una enmienda constitucional el año 2002 ha engendrado 25 gobiernos regionales, gobernadores, consejeros y más burócratas. Ha sido una descentralización política, para beneficio de los políticos regionales, no para beneficio de los ciudadanos.
• Esta reforma no abordó la atomización municipal que venimos experimentando desde 1940. Los municipios distritales han pasado de 1064 en 1940 a 1881 en 2020 y los municipios provinciales, de 122 a 196 en el mismo período, sin que nuestro territorio haya crecido 1 km2. Tenemos más alcaldes, más regidores y más burócratas que se devoran los presupuestos en sueldos, dietas, consultorías y gasto corriente, recursos que nunca llegan a los ciudadanos.
• Las regiones y las municipalidades no han alentado la inversión privada ni el empleo formal. Sólo han descentralizado la gestión política, no han alentado la generación de riqueza y empleo, única forma de pasar a una descentralización económica sostenible.  Eso explica porque más del 50% del PBI se sigue generando en Lima y que el 86.9% de los ingresos tributarios del país los siga generando también en Lima.
• Las regiones y las municipalidades se han convertido en el principal obstáculo para la inversión privada seria, formal y de largo alcance. La retórica anti minera, anti empresa y anti inversión ha sido protagonizada en muchos casos por gobernadores y alcaldes en Cajamarca, Ancash, Arequipa, Cusco o Junín y se ha traducido en pedidos de “licencias sociales”, “chantajes”, “juicios”, “cupos”, “mesas de dialogo” y “coimas”.
• Pese a la actitud anti inversión de las autoridades descentralizadas, sólo la minería les ha aportado 40,000 millones de soles en la década del 2011 al 2020, por concepto de canon y regalías. En el Cusco, sólo Camisea ha generado 33,000 millones de soles desde el 2004 al 2020, la mitad de lo cual se ha quedado en esta Región. Sin embargo, la población de todas las regiones que reciben canon no ven obras, ni infraestructura, ni servicios decentes de salud o educación. Sólo vemos corrupción, gobernadores y alcaldes presos o prófugos y, para poner un dato oficial, 8,081 funcionarios públicos con responsabilidades civiles, administrativas o penales según la Contraloría[i]. No es casual que las regiones con más recursos sean aquellas que tengan más funcionarios procesados.
• Las actividades económicas que se han desarrollado en el interior del país lo han sido a pesar y muchas veces en contra de las regiones y las municipalidades. Son los empresarios los que han generado empleo en los valles de la costa, empleo y encadenamientos en la sierra minera, innovación y empleo en las zonas turísticas. Lo han hecho por el potencial minero, hidro energético, gasífero, agrícola y turístico de nuestras regiones, no por el apoyo o el impulso de las autoridades descentralizadas.
• El mal gasto público no se reducido por dividirlo en 25 regiones, se ha multiplicado por 25. La mala política no ha mejorado por descentralizarse, se ha multiplicado 25 veces, con 25 clases políticas regionales. La corrupción estatal no ha disminuido al acercar la decisión a las regiones, se ha amplificado. El presupuesto público, que siempre fue visto como un botín por los políticos, ahora tiene 25 apetitos regionales. El inversionista, grande o chico, ya no solamente debe pasar por el “peaje nacional” para concretar su proyecto.

En suma, aunque podemos seguir mostrando los síntomas del fracaso de la descentralización política de estos últimos 20 años, lo que hemos logrado es engendrar 25 clases políticas regionales que han decidido trasladar su “dinamismo” al ámbito nacional.

Los presupuestos regionales ya quedaron pequeños y van por más.

Vizcarra ya lo hizo desde Moquegua a Palacio, traicionando a quienes lo apadrinaron. Castañeda, Santos, Simons o Acuña ya lo intentaron, sin éxito.  Cerrón lo está por conseguir desde Junín, sin disimulos y muy abiertamente.

¿A quien auparán ahora los gobernadores regionales reunidos en el Cusco? ¿No sería mejor que se reúnan para hacer mea culpa sobre 20 años de fracaso de una descentralización que sólo los ha beneficiado a ellos? Lampadia

[i] https://doc.contraloria.gob.pe/estudios-especiales/documento_trabajo/2020/Calculo_de_la_Corrupcion_en_el_Peru.pdf

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Lima, 2 de abril de 2021
Para Lampadia

El entrecomillado se debe a que la expresión proviene de algunos funcionarios estatales, muchos en realidad – sobre todo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) – respecto al uso de fondos del presupuesto público de nuestro país. Es decir, de los – aproximadamente – S/. 180,000 millones que el Sector Público gastó el año pasado. Presupuesto que – dicho sea de paso – ha venido creciendo alrededor de 5% por año, durante los últimos varios años. Y que representa más o menos el 20% del Producto Bruto Interno (PBI). O sea, estamos hablando de plata grande.

A lo que quiero llegar es que una cosa es el gasto público en sí, y otra cosa la calidad del gasto. Para entendernos mejor… una cosa es gastar en consultorías tipo Richard Swing, y otra cosa es gastar en mejorar las remuneraciones de los buenos maestros, jueces y médicos del Estado. Por sólo citar un ejemplo.

Bueno pues, el problema es que nuestro Estado es más de gastar en lo que sea, en vez de gastar bien. – “Gasten… gasten en lo que sea” – así opera el Estado. De allí vienen las consultorías – tipo Richard Swing – que incrementan enormemente el gasto público, pero que no sirven para nada.

Es más, dada la coyuntura de inestabilidad política y cercanía a las elecciones presidenciales y congresales, y a consecuencia de la perniciosa costumbre de cambiar ministros y funcionarios a cada rato, el Estado ha paralizado muchos programas de educación, salud, agua y saneamiento, apoyo alimentario, pistas y veredas, formalización de pequeños empresarios, etc. – tanto a nivel central, como a nivel regional y local – excepto las consultorías. Peor aún, éstas han venido creciendo – en vez de decrecer – durante los últimos varios años. Incluso, durante este fugaz gobierno. De allí mi sugerencia de denominar a este Gobierno como “Gobierno de Flotación e Inoperancia” en vez de “Gobierno de Transición y Emergencia”.

A este respecto, la prensa – casi toda la prensa – ha jugado en pared con los propulsores del “gastar en lo que sea”. Efectivamente, muchos periodistas sólo se fijan en los gastos de las diversas dependencias del Estado, más no en la calidad del gasto. Las famosas expresiones “no han gastado lo presupuestado”, o peor aún “han devuelto parte del presupuesto” los pintan de cuerpo entero.

Gastar menos de lo presupuestado debería ser – en algunos casos – un mérito, en vez de un demérito. Todo depende de la calidad del servicio prestado. Si un funcionario público brinda un mejor servicio con menos gasto, debería merecer un reconocimiento, no una crítica. En este caso, el ahorro es una buena palabra… una palabra que denota eficiencia, austeridad, responsabilidad y capacidad de gestión.

Pero en el Estado – y en casi toda la prensa – la cosa es al revés. El que gasta más – aunque sea en consultorías – está bien. Y el que gasta menos – aunque brinde buenos servicios, y haya sido capaz de ahorrar – está mal. ¡Absurdo!

Tan absurdo que hacia el final de cada año, las dependencias estatales entran a una vorágine de gasto – sin sentido y a la loca – precisamente para salir bien en la foto del gasto público.

Es hora valorar la calidad del gasto y el ahorro. Es hora de parar las consultorías inútiles en el Estado. Es hora de parar el pernicioso “Gasten… gasten en lo que sea”. Lampadia

La Cuadratura del Círculo es un espacio producido por IIG – Infraestructura Institucionalidad y Gestión, con la colaboración de Lampadia como media partner.

Presentamos nuestro video semanal esta vez sobre el eterno problema del gasto en proyectos de inversión. Participan Fernando Cillóniz, Gonzalo Prialé y Jaime de Althaus.

Las opiniones vertidas por los participantes no necesariamente representan la opinión institucional de IIG sobre los temas tratados.

Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Para Lampadia, desde el Cusco

A finales de noviembre el gobierno ha hecho gala de la exitosa colocación de bonos por 10,200 millones de soles y en la primera semana de diciembre, en el encuentro con gobernadores regionales, ha quedado en evidencia la poca capacidad de gasto de las regiones y la flexibilidad del gobierno en materia presupuestal. Han quedado, por lo tanto, sobre la mesa, dos temas sobre los cuales es necesaria una reflexión en una perspectiva distinta: DEUDA Y GASTO PÚBLICO.

Según el MEF[i], la deuda pública en MILLONES DE DÓLARES, al 30.09.2019 (sin considerar la exitosa emisión de noviembre) es la siguiente:

El principal de esa deuda equivale a 51,197 MILLONES DE EUROS, cerca de 1,317 MILLONES DE EUROS más que el año 2018 y cerca del doble de la deuda pública del período comprendido entre los años 2009 y 2000, que se mantuvo por debajo de los 26,000 MILLONES DE EUROS.[ii]

La consecuencia de este crecimiento de la DEUDA PÚBLICA peruana es que a su vez la DEUDA PÚBLICA PERCÁPITA (es decir lo que debe cada habitante) ha pasado de 943 € /habitante del año 2,000 a 1,559 € /habitante en el año 2018, según las cifras disponibles a la fecha, pese a que la deuda ya no representa el 44,91% del PBI como era en el año 2000, sino únicamente el 26,15% del PBI el año 2018. Muy lejos quedó el record del año 2008, donde la deuda percápita era de apenas 803€ /habitante. Dicho de otro modo, la deuda que carga en su espalda cada peruano, es casi el doble de la deuda que cargábamos el 2008.

La pregunta que cae de madura es la siguiente. ¿Por qué debemos cada vez más?

Aquí algunas respuestas muy simples, que pueden estar sujetas a aclaraciones, precisiones y correcciones, pero sirven para la reflexión que les planteamos:

• La primera es obvia, porque el estado peruano se presta más dinero del exterior y de sus ciudadanos.
• La segunda respuesta fluye de ver las diminutas cifras del rubro ‘DEUDA ATENDIDA’ desde el año 2009 a la fecha: estamos pagando poca deuda, buena parte de los pagos se van a intereses y en el caso de la deuda externa, otra parte se van a comisiones. Veamos el cuadro siguiente:

• La tercera respuesta tiene que ver con el gasto del Estado. El estado gasta cada vez más y por ende, necesita más crédito. Estamos gastando dinero prestado.
• Si a esto le agregamos que el país, cada vez produce menos (caída del crecimiento del PBI) y por ende tiene menos impuestos y recaudación, tendremos que no existen fuentes sanas de recursos para el gasto y por ello se sigue recurriendo a la deuda pública.

En este contexto de MÁS DEUDA, resulta cuestionable el pobre nivel de ejecución presupuestal del Estado peruano (sin ingresar en el análisis a la calidad del gasto público que es un tema más serio todavía). Solamente sobre la base de los montos presupuestados, según la misma fuente del MEF[iii], al 19 de diciembre de 2019, el AVANCE en la ejecución del presupuesto es del 78,1% a nivel nacional. En los gobiernos regionales el avance es del 78,5 % y en los gobiernos locales solamente del 64,3 %. En términos monetarios quiere decir que sobre el presupuesto institucional modificado (PIM) del año 2019 hay sin ejecutar cerca de 41,669 millones de soles, equivalentes a 11,201 MILLONES DE EUROS, que serán gastadas de manera precipitada, cuando no irresponsable en lo que resta del año. ¿No sería este el momento para pensar en destinar estos recursos a un objetivo más sano para la economía como reducir la deuda pública?

Creo que este es un debate que debe abrirse a pesar de la oposición de autoridades locales, regionales, burócratas o contratistas con el estado. La combinación entre MÁS DEUDA Y MAL GASTO es una combinación letal para el futuro del país y es necesaria una reflexión por encima de los lugares comunes que se manejan sobre esta materia.

Si, con esta medida se quisiera además alentar el consumo, se haría muy bien en destinar una parte significativa de estos recursos, provenientes de la incapacidad de gasto del estado, al pago de la deuda interna a maestros, jubilados, trabajadores estatales, acreedores al estado, expropiados de reforma agraria, acreedores indemnizatorios del estado y otros, que destinarán un alto porcentaje de estos ingresos al consumo y/o inversión local.

El gobierno, que ha hecho gala en el último GORE REGIONAL de su capacidad de ‘chocolatear’[iv] los presupuestos regionales para permitir que gasten más los gobiernos regionales, bien podría dictar una medida similar para que los recursos no utilizados y no comprometidos, se destinen a reducir la deuda pública peruana, en lugar de que se destinen a adquisiciones improductivas o queden en manos de la corrupción estatal.

Si no enfrentamos este serio problema, la DEUDA PERCAPITA seguirá creciendo y los jóvenes deberán soportar y pagar con su trabajo e impuestos en el futuro, una DEUDA PERCAPITA que al paso que vamos, superará fácilmente los 2,000 € / habitante. Si hay algo por lo cual debieran protestar los jóvenes, debería ser por esto y pedir MENOS DEUDA Y MENOR Y MEJOR GASTO PÚBLICO. La combinación actual de MÁS DEUDA Y MÁS Y MAL GASTO PÚBLICO es insana para el futuro del país.

En los últimos años hemos recaído, hemos vuelto a poner trabas a la producción, tenemos que restablecer la libertad económica para que nuestros maestros y servidores públicos tengan mejores sueldos, más capacitación, más tecnología y así más peruanos tengan acceso a un derecho fundamental: Educación de Calidad.

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Jaime de Althaus
Para Lampadia

Walter Aduviri quiere una nueva Constitución. No solo él, buena parte de la izquierda desea lo mismo. Hasta el ministro de Justicia, Vicente Zevallos, se ha sumado. No les gusta el capítulo económico de la Carta Magna. No quieren la relativa libertad económica que allí se establece. Anhelan un Estado más grande, más presente en la economía, un Estado empresario y dirigista, que ellos quisieran manejar con superpoderes. Es decir, algo parecido a lo que tuvimos con Velasco Alvarado, porque no hay una tercera vía.

Pero veamos, por ejemplo, el efecto que tuvo ese añorado modelo en un sector muy vinculado a sus bases, el educativo. El siguiente cuadro, tomado de una investigación de Cesar Guadalupe y otros de la Universidad del Pacífico, muestra la evolución del gasto público por estudiante entre 1950 y el 2015, gasto público que refleja principalmente el salario de los maestros.

Como vemos, en el gráfico, el gasto público anual por estudiante subió aceleradamente entre 1950 y 1966, cuando teníamos un modelo de crecimiento que algunos denominan peyorativamente “primario exportador”. El giro hacia el modelo proteccionista, intervencionista y estatista comenzó a darse, como sabemos, hacia finales del primer gobierno de Belaunde, pero alcanzó su esplendor en los 70 con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, y llegó al éxtasis durante el primer gobierno de Alan García, creador del dólar MUC, de controles de precios y del intento de estatizar la banca. Pues bien, durante esas dos décadas de gran impulso socialista es que se produce la caída abismal del gasto público educativo, que, repetimos, expresa principalmente el desplome de las remuneraciones de los maestros. ¿El Sutep quiere regresar a esas épocas?

El gasto en educación –y por lo tanto los salarios magisteriales- recién empieza a recuperarse a partir de los 90, justamente después de la nueva Constitución del 93 que cambia el modelo económico y pasa a una economía más libre, menos intervenida y con menos empresas públicas, ya privatizadas. Esta nueva economía, más productiva, genera más excedentes y más impuestos, que permiten empezar a recuperar el gasto social, educativo en este caso.  

Nótese que el gasto por estudiante de 1970 recién se recupera el 2007. ¡Perdimos 37 años! Peor aún, si vemos bien el gráfico, advertimos que el nivel de 1966 recién lo recuperamos el 2013, ¡47 años después! La izquierda quiere regresar a un tipo de Constitución que nos hizo perder casi 50 años de desarrollo educativo y magisterial, y pide el cambio de aquella que ha permitido no solo recuperar sino superar los máximos niveles anteriores. No solo eso: ¿cuánto estaría ganando un maestro ahora si el Perú no se hubiese desviado hacia la izquierda en su modelo económico? Habría que hacer la proyección.

Pero en el caso de Aduviri debe haber una confusión, porque en su plan de gobierno explica que su propuesta “implica insertarnos en base a nuestras tradiciones dentro de una economía libre de mercado y el proceso de globalización… Pero las condiciones de libre mercado y la inversión privada, no debe implicar que se destruya nuestro medio ambiente, se nos robe nuestros recursos, se nos robe nuestras oportunidades de desarrollo, se nos robe nuestra cultura”. ¿Aduviri adhiere al libre mercado? De hecho, Puno es una tierra de capitalistas emergentes. No solo eso. Su plan plantea “…formalizar nuestra economía en una región el 80% es excluida por la falta de comprensión del estado”. Y allí da en el clavo.

Lo que ha pasado en los últimos años, sobre todo desde el gobierno de Ollanta Humala pero en alguna medida también desde antes, es que ha ido restableciendo un intervencionismo de baja intensidad. La Constitución se está asfixiando, como escribió Lampadia. Las actividades económicas, las empresas, están cada vez más trabadas por una profusión de normas que las ahogan y les impiden despegar. Probablemente a eso se refiere el plan de gobierno de Aduviri: el 80% de la economía es excluida por normas tributarias, laborales, sectoriales y administrativas de todo tipo que impiden trabajar porque imponen una carga demasiado  costosa en tiempo y dinero.

De lo que se trata es de tirar esa carga por la borda y derogar esas leyes y normas absurdas para facilitar los negocios y las inversiones y devolverles cancha libre. Se trata de dejar respirar nuevamente a la Constitución. Coincidimos completamente con Aduviri en ese punto.

Lo que no se entiende, en ese marco, es su posición frente a la inversión  minera. Quisiera aplicar el modelo boliviano, que es la sobrecarga absoluta, impuestos y regalías prohibitivas, salvo acaso para el que ya está produciendo, al que no le queda más remedio que tirar para adelante, si es que puede. Pero no solo carece de facultades para eso como gobernador regional, sino que con dicho modelo lo único que lograría, si pudiera aplicarlo, es que nadie invierta. Adiós al magnífico proyecto de Corani, que es un  modelo de desarrollo comunal y tiene el respaldo pleno de las comunidades (ver en Lampadia: El secreto de la minería peruana), y adiós al proyecto del litio, que puede traer grandes beneficios a la región y al país.

Si impidiera esas inversiones estaría agregando dos graves daños adicionales al país y a su propia gente, cuando todavía no ha pagado por el primero, que fue la movilización que detuvo el proyecto Santa Ana y destruyó propiedad pública y privada en Puno. No ha expiado hasta los delitos cometidos ni menos ha reembolsado los 108 millones de soles que, como recuerda Fernando Rospigliosi en El Comercio,[1] ahora el Estado peruano debe pagarle a Bear Creek a consecuencia de esa asonada. Lampadia

Hace muchas semanas estamos pensando en escribir sobre lo poco que hemos aprendido de la aritmética básica de la economía. Esto se ha hecho especialmente evidente durante la reciente campaña electoral, tanto en los pliegos interrogatorios de los medios, incluyendo a los periodistas más destacados, como en la boca de los propios candidatos.

“Hay que invertir 6% del PBI en educación”. “Se necesita 3% del PBI en infraestructuras”. “La salud requiere 4% del PBI”. Etc. Etc. Nadie repara que desde un punto de vista proporcional, solo tenemos 100% para gastar. Y los que lo hacen, empiezan a ver donde se puede gastar menos para financiar tal o cual cosa o, lo que es peor, se propone alegremente el uso de nuestras reservas, la posibilidad de recurrir al endeudamiento público y/o al aumento de las tasas nominales de impuestos.

Lo sorprendente, es que nadie repara en el único pozo inmenso en el que podemos encontrar prácticamente todos los recursos que necesitamos: EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA. Por ejemplo, si crecemos al 7% anual, duplicaremos el presupuesto del Estado en 10 años, sin tomar en cuenta una mejor recaudación. Así lo hemos hecho con cierta facilidad durante muchos de los últimos años y así lo posibilita nuestro potencial productivo y de mejora de la productividad.

Con un enfoque en el crecimiento como fuente de recursos para aumentar la inversión del Estado, tanto el uso de reservas como el del endeudamiento, cobran relevancia como puentes temporales para superar inflexiones o baches y, hasta para adelantar ciertos procesos de inversión comprometiendo recursos futuros específicos para, por ejemplo, ‘el adelanto social’ vinculado a los proyectos de inversión privados en el desarrollo de recursos naturales. El análisis del uso de los recursos del Estado no puede ser estático, tiene que ser dinámico en el tiempo.

Cuando alguien nos hable de que el Estado haga mayores inversiones en cualquier rubro, debemos pedirle que lo haga desde un enfoque de crecimiento, con la visión de un modelo ‘ganar-ganar’. De lo contrario, estaría pretendiendo que repartamos la ‘torta actual’, distribuir lo que tenemos, establecer decisiones arbitrarias en la asignación de gastos o hacer un mal uso de nuestras reservas y/o capacidad de endeudamiento.     

Como hemos explicado en Lampadia, durante los últimos 20 años nuestra economía ha crecido alto y sostenido. Esto permitió que los ingresos corrientes del Estado crezcan en 46 veces entre 1990 y el 2000 y, 167 veces hasta el 2015. 

El siguiente artículo de José Carlos Saavedra de Apoyo Consultoría nos permite abordar este tema tan importante aprovechando sus razonamientos y también, demostrando con tanta facilidad en análisis estáticos.

“No hay lonche gratis”

José Carlos Saavedra, Director de análisis macroeconómico de Apoyo Consultoría,

El Comercio, Domingo 26 de junio del 2016

Glosado por Lampadia

“El Estado (el sector público) solo dispone de los recursos que recauda a través de impuestos, más aquellos que puede conseguir endeudándose”.

Según una encuesta de Ipsos realizada en abril de este año, la población desearía que el próximo gobierno se concentre en mejorar la educación, la salud y la seguridad ciudadana. 

En línea con eso, Peruanos Por el Kambio ha propuesto incrementar el presupuesto público de educación a 6% del PBI, el de salud a 4% del PBI y el del Ministerio del Interior a 2% del PBI al 2021. Es decir, el plan es incrementar el presupuesto en esos tres rubros, de 8% hasta 12% del PBI en cinco años. Sin duda, esto permitiría financiar mejoras significativas.

Un incremento de 4% del PBI del presupuesto en cinco años, que representa unos US$ 6,900 millones, no es ningún problema si se relaciona con un crecimiento, incluso mediocre, de 4% anual, que daría un incremento acumulado del presupuesto de US$ 7,600 millones. O sea, aún sobraría algo más para otras inversiones. (Estos cálculos se basan en un PBI de US$ 173,000 millones al 2015 y en ingresos del Estado de 20% del PBI).

Si crecemos al 7% anual el incremento acumulado del presupuesto sería de US$ 14,600 millones. 

Para la inversión en educación también debe considerarse el aporte del setor privado, que ya contribuye con 3% del PBI. Lamentablemente, el ministro de educación actual no considera que el sector privado pueda dar aportes valiosos, ni siquiera validando experiencias exitosas que puedan adoptarse en el sector público. Grave error.

Sin embargo, como bien decía el Nobel de Economía Milton Friedman, “no existe tal cosa como un lonche gratis”. Es decir, estas propuestas implican una cuenta que todos deberemos pagar como sociedad. Entonces, cabe preguntarse si el Estado tendrá recursos suficientes para cumplir con las metas mencionadas.

Fijar las metas de gasto público como porcentaje del PBI puede generar confusión sobre la disponibilidad de dinero que realmente tiene el gobierno para gastar. El PBI representa el valor de la producción de toda la economía peruana, que incluye al sector público y al privado.

El Estado (el sector público) solo dispone de los recursos que recauda a través de impuestos, más aquellos que puede conseguir endeudándose. El monto que recauda el Estado Peruano equivale actualmente a solo el 20% del PBI total, un porcentaje bajo cuando se compara con otros países de la región. Este es el tamaño de la torta que el Estado debe asignar a diferentes rubros, como educación, salud, seguridad, infraestructura, programas sociales, justicia, etc.

Muy bueno el análisis de J.C. Saavedra, pero no repara en el crecimiento.  

Sumas y restas

Esta primera aclaración es muy importante, pues la meta de gasto al 2021 mencionada anteriormente (12% del PBI en educación, salud y seguridad) implicaría utilizar 60% de lo recaudado en estos tres rubros.

El restante 40% de los recursos recaudados, u 8% del PBI, debería alcanzar para todo lo demás. Actualmente, ‘todo lo demás’ (que incluye entre otras cosas el gasto en programas sociales, infraestructura de transporte) cuesta 15% del PBI, así que tendría que bajar a poco menos de la mitad. Imposible.

¿Qué quiere decir esto? ¿Qué no se debe gastar más en educación, salud o seguridad? No. Quiere decir que, si realmente queremos que el Estado gaste más en estos rubros, la recaudación como porcentaje del PBI debe aumentar. Al ser gastos permanentes, tienen que financiarse con ingresos permanentes, no con deuda.

El problema en el Perú no es que el gobierno dé poca importancia a estos tres rubros en la distribución del presupuesto, sino que el Estado dispone de recursos limitados. El presupuesto en educación es un ejemplo claro. Cuando este se compara con el de otros países de la región, como porcentaje del PBI es uno de los más bajos (3.7% del PBI). Pero cuando se lo compara como porcentaje del presupuesto (17% del presupuesto), el Perú ya no está en la cola. De hecho, bajo esta medición se puede decir que el Estado peruano gasta en educación una mayor porción de sus recursos que sus contrapartes en Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador.

Algunas alternativas

Si realmente se quiere incrementar el presupuesto en educación, salud y seguridad como está planeado, tarde o temprano el nuevo gobierno deberá buscar nuevas fuentes de ingresos fiscales permanentes, y priorizar aquellas que distorsionen menos la economía.

En términos generales, hay tres alternativas: subir tasas impositivas, reducir la evasión tributaria y eliminar algunas exoneraciones. De ellas, reducir la evasión tributaria es la medida políticamente más viable y la manera más sana para incrementar la recaudación permanentemente.

Nuevamente, con una visión estática, pierde la oportunidad de explicar la importancia del crecimiento económico.

Reducir la evasión del IGV y del Impuesto a la Renta que pagan las empresas permitiría financiar buena parte del incremento del presupuesto planeado por el gobierno entrante. Esto requiere un esfuerzo enorme por parte del Estado, en términos de coordinación, fiscalización y focalización. Pero sobre todo, requiere que, como sociedad, estemos dispuestos a pagar la cuenta de las reformas y dejemos de evadir tanto.

Evidentemente, hay que privilegiar el crecimiento como base de la expansión sostenible del gasto y además, considerar una participación adicional del sector privado en el financiamiento de muchas de nuestras necesidades a través de APPs, OXI y otros mecanismos de apoyo.

Esperamos que nuestros trolls no digan ahora que solo hablamos de crecimiento económico. Ya hemos dicho cien veces que este no es el objetivo del desarrollo, pero sí es el medio para lograrlo. Cosa que deberíamos tener muy clara cuando hablemos de la acción del Estado.

Finalmente, queremos enfatizar que el 100% del presupuesto del estado es dinámico en una economía exitosa que crece y hace lo mejor de sí misma para beneficio de todos sus ciudadanos.

Lampadia

Los peruanos somos innovadores innatos, como se evidencia por nuestra adaptabilidad y espíritu positivo y de emprendimiento. Como afirma el nuevo informe de Innovación del IPE, “la inversión en innovación es crucial para continuar en la senda del desarrollo”. Este informe continúa con la iniciativa del IPE por añadir propuestas de políticas públicas para la árida campaña electoral.

Sin embargo, en los últimos 9 años, el Perú ha retrocedido 16 puestos en el Pilar de Innovación según el Global Competitiveness Report del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés). Nos mantenemos muy debajo de otros países en la región, como Colombia, México y Chile (ver gráfico inferior).

A pesar del excepcional crecimiento económico de Perú hasta hace pocos años, la innovación no ha aumentado como debería. Los factores que lo obstaculizan incluyen los bajos incentivos en investigación e innovación y el bajo gasto público en ciencia y tecnología (R&D) e investigación y desarrollo (I+D) en comparación con otros países con niveles similares de desarrollo. El presupuesto total de R&D ejecutado por CONCYTEC en 2013 fue de US$ el 17.4 millones y en 2012 fue de sólo US$ 5 millones. Este nivel de inversión es extremadamente bajo en comparación con sus pares de la región: el presupuesto de Colombia para la investigación (COLCIENCIAS) ascendió a US210 millones en 2012, mientras que Chile gastó US$ 546 millones para R&D (CONICYT) en 2013.

Sin embargo, no deja de ser cierto, que el sector privado nacional sigue innovando en sus procesos productivos y adaptando nuevas tecnologías. Este aspecto de la innovación no se recoge en las estadísticas oficiales. Por ejemplo, la empresa Silicon Technology del clúster de ATEM en Los Olivos, desarrolló un simulador del rayo atmosférico para probar la resistencia de aisladores de alta tensión y transformadores que se producen en dicho clúster. este desarrollo acaba de ser reconocido por el establishment peruano y hace pocos días se ha anunciado la certificación de Silicon Technology como CITE de Energía.

Uno de los principales factores causantes de la baja innovación en el Perú son las barreras que el mismo gobierno le impone a las empresas, reduciendo su productividad y yendo en contra del crecimiento. Las barreras de entrada y los altos costos de operación y expansión reducen el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Según un informe del Banco Mundial, Perú, siguiendo la senda del éxito, “una gran cantidad de empresas informaron que el exceso de  licencias y permisos eran una importante limitación a la complejidad general de los procedimientos reglamentarios, llegando a un puntaje de 20.4 % en el Perú, comparado al promedio de la OCDE de 5 %. Esto les reduce a las empresas su capacidad para crecer, ampliar e innovar. Casi el 30 % de estas empresas identificó licencias comerciales y permisos como una limitación importante.” Esto se puede observar en el cuadro más abajo.

Como afirma el IPE: “En lo que respecta a los obstáculos para innovar, la mayoría de empresas considera que es muy caro y que hay ausencia de personal calificado. Por ello, una de las propuestas del IPE es la creación de un Fondo Soberano de Riqueza (FSR), el cual permitiría un mayor acceso al financiamiento sostenible y barato para actividades de innovación.”

Es indispensable destrabar la inversión y recuperar el crecimiento del país para mejorar el desempeño de Perú en temas estructurales, sofisticación empresarial e innovación. Por otra parte, una burocracia gubernamental ineficiente y la corrupción han sido constantemente clasificadas como restricciones principales para las empresas.  (Ver en Lampadia: Destrabemos la construcción de nuestro futuro)

Según el IPE, en los últimos años el gobierno ha empezado a aumentar significativamente la inversión en investigación e innovación para fomentar la transformación productiva de la economía (mayor valor añadido y mayor diversificación industrial) y mejorar la colaboración entre los investigadores, las universidades y el sector privado. El objetivo es generar nuevas ventajas competitivas basadas en la innovación y con ello garantizar nuevas fuentes de crecimiento en el largo plazo.

Sin embargo, una de las claves para la innovación es invertir en la investigación y la educación superior. Así que, antes de este país puede llegar a ser un líder en innovación, debe comenzar por las principales reformas en el campo de la educación.

El IPE concluye que uno los problemas más importantes que enfrenta la innovación en el Perú es la falta de recursos. Por ejemplo, dice el informe, “todos los fondos administrados por Innóvate Perú representan solo la quinta parte de lo que tendríamos que invertir para alcanzar los niveles de inversión en I+D de México.”

Por lo tanto, sus recomendaciones incluyen la creación de una institución autónoma para que esté a cargo de la innovación, mucho mejor financiada. Además se insiste en el uso del Fondo Soberano de Riqueza para formar asociaciones entre universidades nacionales e internacionales y mejorar las infraestructuras y el equipamiento de laboratorios e implementar un programa de repatriación de científicos peruanos.

Tenemos que tomarle más importancia a la innovación de nuestro país ya que ésta se traduce en mayor competitividad para seguir encaminados en una senda de desarrollo. Lampadia

Varios millones de brasileños marchan casi todos los días exigiendo la renuncia o destitución de su presidenta, Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores (PT) del, ahora devaluado semi Dios, Lula da Silva.

En los últimos 20 años Brasil ha vivido por un proceso dramático. Primero, bajo la conducción de Fernando Henrique Cardoso, adoptó políticas económicas ortodoxas y recuperó la posibilidad de optar por el desarrollo sostenido. Luego de Cardoso, que deja el gobierno el 2002, entra el PT con Lula y se encuentra con una economía bien ajustada y con los impactos positivos del súper ciclo de crecimiento de principios del nuevo siglo. Efectivamente Lula, a pesar de su aislacionismo comercial, en una época de integración, puede gozar de un importante crecimiento y capacidades fiscales que le permiten reducir la pobreza de manera importante, mediante programas masivos de apoyo social.

Lamentablemente, el PT con Lula y Dilma, se enrosca en políticas aislacionistas y proteccionistas, promueve el mercantilismo del sector empresarial, coopta las disidencias con recursos fiscales, multiplica y profundiza los programas asistencialistas y se zambulle en niveles de corrupción desbordados. A pesar de todo esto, Brasil se convierte en una estrella del Olimpo y despega como parte de los BRIC hacia un desarrollo ‘imparable’.

Pero cuando se acabaron las condiciones externas que permitían tener los hornos produciendo energía a todo vapor, perseveran en el error, y viene el colapso paulatino e imparable hacia la peor crisis desde 1930. Brasil pierde así, de la mano de su muy soberbia izquierda, su gran oportunidad de desarrollo. Hoy es solo un recuerdo, una frustración y una crisis que no termina de tocar fondo, que por supuesto, se agrava por la pérdida de confianza generalizada y los destapes de corrupción en lo más alto del mundo político y empresarial.

Al mismo tiempo, surge la acción de un sistema judicial que, dadas las condiciones suficientes, se avoca a perseguir la corrupción en lo más alto del establishmnet político y empresarial del país. Un proceso encomiable, que habrá que estudiar más adelante, que pone como protagonistas de la sociedad, a un grupo de jóvenes jueces que podrían sentar las bases para el nacimiento de un nuevo Brasil, más humilde, menos corrupto y más realista.

Pero para que todo esto se asiente debidamente, así como se han encarcelado a las cúpulas empresariales corruptas, es necesario cortar de raíz las estructuras políticas incapaces y corruptas, empezando por la propia presidenta de la República, Dilma Rousseff, como lo plantea la muy seria publicación internacional, The Economist, ojalá mediante la renuncia y no a través de procesos políticos complejos de expulsión. Veamos algunas líneas argumentales de The Economist al respecto:

La crisis política de Brasil: hora de irse

La empañada presidenta debería renunciar ahora

26 de marzo, el 2016

The Economist

Traducido y glosado por Lampadia

Las dificultades de Dilma Rousseff se vienen agravando durante meses. El masivo escándalo que rodea a Petrobras, implica a varias de las personas más cercanas a ella. La economía de Brasil sufre su peor recesión desde la década de 1930, en gran parte debido a los errores de su primer mandato. Su debilidad política ha hecho que el gobierno sea casi impotente frente al aumento del desempleo y la caída de los niveles de vida. Sus índices de aprobación son apenas de dos dígitos y millones de brasileños han salido a las calles para cantar “¡Fora Dilma!” (“Fuera Dilma)”.

Ahora ha perdido todos los vestigios de credibilidad, pues el 16 de marzo pasado, Rousseff tomó la ‘extraordinaria’ decisión de nombrar a su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, como su jefe de gabinete. Ella interpretó esto como una movida astuta. Lula, se pensó, es un operador político sagaz que podía ayudar al presidente a sobrevivir el intento del Congreso para destituirla y tal vez incluso, estabilizar la economía. Sin embargo, sólo unos días antes, Lula había sido detenido brevemente para ser interrogado por orden de Sergio Moro, el juez federal a cargo de la investigación de Petrobras (Lava Jato), por sospechas de que el ex mandatario se habría beneficiado del esquema de sobornos. Los fiscales en el estado de Sao Paulo acusaron a Lula de ocultar su condición de propietario de un condominio frente a la playa. Él niega estos cargos. Al adquirir el rango de ministro del gobierno, Lula tendría inmunidad parcial: sólo el Tribunal Supremo del país [afín al gobierno] podría continuar la investigación. Sin embargo, otro juez suspendió cautelarmente el nombramiento de ministro.

[The Economist] ha sostenido durante mucho tiempo que, o bien el sistema judicial o los votantes, no los políticos que están tratando de impugnarla, deben decidir el destino del presidente. Pero la contratación de Lula parece un intento burdo de frustrar la acción de la justicia, incluso si eso no era su intención, sería su efecto. Este fue el momento en que el presidente optó por los estrechos intereses de su tribu política sobre el estado de derecho. Por lo tanto, ella se ha presentado a sí misma incapaz de continuar  en la presidencia.

Es muy importante cómo sale de Planalto. Las democracias representativas no deben regirse por las protestas y los sondeos de opinión.

Hay tres maneras de eliminar Rousseff que descansan sobre bases más legítimas. La forma más rápida y mejor para que Rousseff salga de Planalto sería que renuncie antes de ser destituida.

Su partida ofrecería al Brasil la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero la renuncia del presidente no resolvería por sí misma los problemas de Brasil.

Sacar a Brasil de su desastre, requiere un cambio mayor: el control del gasto público, en particular sobre las pensiones; revisar las leyes fiscales y laborales que destruyen el crecimiento; y la reforma de un sistema político que fomenta la corrupción y debilita a los partidos políticos.

Esto ya no se puede aplazar. Aquellos que cantan “¡Fora Dilma!” en las calles reclamarán la victoria si se le expulsa. Sin embargo, para la victoria del propio Brasil, esto sería sólo el primer paso. Lampadia

El nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri, se ha movido a un ritmo acelerado para recuperar al país de los doce años de políticas económicas y sociales equivocadas que implantaron los gobiernos de los Kirchner, los acólitos del socialismo del siglo XXI y amigos del ALBA, del nefasto Hugo Chávez. Argentina, fiel a su larga maldición del populismo ‘institucionalizado’ hace 64 años por Perón (su primer gobierno fue del 1952 al 1955), volvió a caer en manos de irresponsables que continuaron llevando al país desde una situación expectante, con un PBI pc equivalente al 71.6% del de EEUU en 1913, a uno que solo equivaldría al 19.3% en el 2010.

De entrada, Macri eliminó los impuestos a la exportación (que llevaron a que Uruguay exportara más carne que Argentina) y devaluó el peso en un 30% con respecto al dólar (el nivel del mercado negro). El objetivo es claro: devolverle la confianza a los inversores extranjeros y promover que los argentinos traigan de vuelta los fondos que mantienen fuera del país.

Si bien se espera que las reformas fiscales y una moneda más débil beneficien las exportaciones del país, también traerá ciertos problemas, consecuencia inevitable de los indispensables ajustes. La depreciación de la moneda está aumentando la inflación, la cual cerró el año pasado en 27% según el FMI. Standard & Poor’s estima una inflación de 35% para fines de este año. 

Si los salarios reales no se mantienen al día con el aumento de los precios al consumidor, un peso más débil dañará el consumo privado, el cual, a su vez, afectará negativamente el crecimiento. Bajo la administración de Kirchner, el crecimiento fue impulsado artificialmente por el gasto público y políticas populistas, tales como subsidios generalizados al consumo de  energía. Macri está intentando cambiar los motores del crecimiento económico mediante la atracción de más inversión. También está avanzando con la revisión de los subsidios a los servicios públicos, tratando de mantenerlos para los más pobres, con el fin de reducir el déficit presupuestario. Los analistas de JP Morgan comentan que:

“Para reequilibrar el equilibrio monetario y fiscal y apoyar el crecimiento en el mediano plazo, será necesario que la economía sufra una severa devaluación que empujará a la economía de vuelta a la recesión en el corto plazo. La resolución de estos problemas se destaca como fundamental para aumentar la inversión y poner en marcha el crecimiento”. 

Por otra parte, el gobierno espera llegar a un acuerdo con los fondos especulativos por la restructuración (quita) de la deuda pública. Macri envió a sus negociadores a EEUU para proponer un pago de US$ 6,500 millones de los US$ 9,000 que reclaman. Dos de los seis acreedores principales han aceptado. Ese dinero saldrá de la emisión de nuevos bonos.

La lógica de la propuesta es contundente: Actualmente Argentina no tiene acceso a los mercados de deuda tradicionales y debe financiarse a tasas muy costosas. Una vez hecho el arreglo con los acreedores belicosos, podrán bajar el costo del financiamiento a tal punto que el menor pago de intereses compense el costo del arreglo. Los anuncios de Macri en el Foro Económico Mundial en Davos (evento al que nunca asistieron los Kirchner), ofreciendo volver a auditar las cuentas públicas, ha permitido que EEUU de su consentimiento para que Argentina reciba créditos multilaterales de instituciones como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Además, Macri ha disminuido o eliminado la mayoría de las barreras a la agroexportación, recurso clave de la economía del país. Este fue el caso de los cereales como el trigo o carne de res. Los productores de soja, los principales exportadores del país, han visto una reducción de las tarifas fiscales de 30 a 35% en dos semanas: una gran ayuda para una economía en desaceleración.

Luego de más de una década de dominio de los Kirchner, la agenda de reforma de Macri es una gran ayuda para la economía argentina que, como Venezuela, desperdició los mejores años del súper ciclo de precios de los commodities, al punto que en vez de haberse enriquecido, terminó empobrecido, endeudado y con la imperiosa necesidad de llevar a cabo dolorosos ajustes.

Además, Argentina ha estado sumida en un clima de corrupción generalizada y represión económica. Esto produjo disminuciones muy pronunciadas de los 10 indicadores de libertad económica del país, incluyendo el control del gasto público, la libertad laboral y la libertad de empresa. Gravemente obstaculizada por la interferencia del Estado, la economía formal se estancó, mientras crecía la actividad de la economía negra. 

A finales de 2015, las políticas imprudentes de los Kirchner ya habían afectado gravemente el crecimiento económico del país. Las cifras oficiales del PBI no se publican, pero el FMI indica que su economía se está contrayendo.

Si Mauricio Macri promueve el crecimiento económico a largo plazo, desmantela las políticas populistas de los Kirchner, fomenta la estabilidad, la inversión extranjera y la competencia, podrá aspirar a cambiar la suerte de Argentina y corregir un descalabro de más de cien años que ha hecho que los argentinos pierdan la disciplina y estamina necesarias para tomar el espacio del país exitoso que les robó el populismo. Esperemos que siga así y que logre corregir el curso de una de las economías más grandes de Latinoamérica. Lampadia

El tema de la desigualdad, como lo explica Andrés Velasco en el siguiente artículo de Project Syndicate que glosamos más abajo, ha entrado al debate político y a los medios de información sin el debido cuidado y rigurosidad que un asunto tan importante requiere.

Como hemos venido presentando en Lampadia, el ciclo virtuoso que hemos tenido en el Perú hasta su interrupción el 2011 (ver: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo), ha generado, junto con un crecimiento mayor al del resto del mundo y especialmente, de la región, una muy importante reducción de la pobreza y de la desigualdad. Ver en Lampadia: La minería: generó un ciclo virtuoso de crecimiento y El 2014 terminó nuestro ciclo virtuoso de desarrollo – ahora necesitamos acumen y una agenda de desarrollo efectiva.

La reducción de la desigualdad no es común para procesos de crecimiento alto y sostenido. Lo normal ha sido que cuando un país crece alto y sostenidamente, se acentúe la desigualdad. Pero en el caso del Perú, hemos tenido un crecimiento pro-pobre y pro-clase media, que lamentablemente ha pretendido ser desconocido por el mundo político, especialmente por los movimientos anti-inversión y anti-economía de mercado.

Dice Velasco: “Por lo tanto, la afirmación que con frecuencia se escucha de que el aumento de la desigualdad es el hecho económico central de nuestros tiempos, probablemente se deba a una disparidad de otro tipo: el impacto desproporcionado que los medios noticiosos y los expertos de países ricos tienen en los debates internacionales”.

Efectivamente, en los países más desarrollados, como EEUU y Europa, se ha producido un incremento de la desigualdad y, las noticias y los artículos y ensayos referidos a su realidad han inundado los análisis sobre la desigualdad en todo el mundo. La verdad es que ésta ha disminuido en los países emergentes que han absorbido buena parte de la producción global y que con la recuperación de los precios de los commodities del nuevo siglo (contrariando la teoría de la dependencia de la CEPAL), han logrado un incremento importante de riqueza en los países más pobres, como, notoriamente, se produjo en el Perú.

El artículo de Velasco y los enlaces a los estudios que refiere, muestran este tema con una perspectiva rigurosa, que incluye los impactos de las políticas redistributivas que se hicieron posibles gracias al crecimiento económico indicado. Ver líneas abajo el análisis de Velasco:

Nueva luz sobre la desigualdad del ingreso

Andrés Velasco, ex candidato a la presidencia de Chile, profesor de desarrollo internacional. Octubre, 2015. Project Syndicate. Traducción de Ana María Velasco

Los discursos de los políticos sobre la desigualdad tienden a ser parcos en cuanto a hechos, pero expansivos en cuanto a propuestas ideológicas. Una explicación caritativa para la baja calidad del discurso público sobre la desigualdad del ingreso en las economías en desarrollo y emergentes, es que en ellas los datos acerca de la distribución del ingreso suelen ser escasos o dudosos. Sobre un tema de la importancia de éste, los debates por lo general generan más calor que luz.

Pero esto podría estar llegando a su fin a través de un nuevo conjunto de estudios. Liderado por Nora Lustig, profesora de economía especializada en América Latina, un equipo del “Commitment to Equity Institute” de la Universidad de Tulane ha desarrollado extensas bases de datos relacionados con el estado de la distribución del ingreso, y asimismo con los efectos de las políticas públicas relativas a dicha distribución. De importancia crucial es que las cifras son similares a través de un conjunto amplio de países de ingresos medios y bajos, y también concuerdan con los datos existentes en relación a países avanzados. Las conclusiones preliminares que están surgiendo de estos estudios van a iluminar los debates políticos – y probablemente desagradar a los ideólogos tanto de derecha como de izquierda.

Empecemos, como afirma Lustig en un estudio reciente, con el hecho de que la desigualdad del ingreso a nivel mundial no va en aumento. La forma más frecuente de medir la desigualdad es empleando el coeficiente de Gini, el cual asigna el valor cero a la igualdad perfecta y 100 a la desigualdad perfecta (cuando una sola persona recibe todos los ingresos). En los países para los cuales existen datos, el puntaje promedio de este coeficiente (no ponderado según la población) declinó levemente, de 39 a 38, en el período 2000-2010.

Efectivamente, en los países ricos, durante este mismo período, el puntaje se elevó – de 29,8 a 30,4. Pero, en América Latina cayó estrepitosamente, de un escandaloso 55,1 en 2000 – que hacía de este continente la región más desigual del mundo – a un 50,2, todavía muy alto, diez años después. El valor de Gini también disminuyó en el sur de Asia. En el África Sub-sahariana, donde los datos son menos ciertos, parece haber permanecido relativamente constante.

Todavía más, la desigualdad al parecer está bajando precisamente donde era más aguda para empezar. Esto es válido para regiones, especialmente América Latina, tanto como para países, por ejemplo, Brasil y Sudáfrica.

Por lo tanto, la afirmación que con frecuencia se escucha de que el aumento de la desigualdad es el hecho económico central de nuestros tiempos, probablemente se deba a una disparidad de otro tipo: el impacto desproporcionado que los medios noticiosos y los expertos de países ricos tienen en los debates internacionales.

Otro conjunto de resultados que por cierto no va a ser del agrado de los derechistas fanáticos, es que las políticas fiscales redistributivas pueden tener y, de hecho, están teniendo, un impacto significativo en la reducción de la desigualdad. En una comparación de países de ingresos medios de Asia, África y América Latina, Lustig muestra que los coeficientes de Gini después de los impuestos y las transferencias (incluido el valor monetario de la educación y de los servicios de salud) son contundentemente más bajos que los correspondientes a los de los ingresos iniciales generados en el mercado.

La caída promedio para los nueve países emergentes que Lustig compara – entre ellos, Sudáfrica, que es en extremo desigual – es más de tres puntos (55,7 a 52,5). El mismo ejercicio, que trata a las pensiones como consumo diferido y, por lo tanto, abstrae del papel redistributivo de las pensiones entre las poblaciones de más edad en las economías avanzadas, arroja una caída de siete puntos en Estados Unidos y de un poco más de nueve puntos en la Unión Europea. Es decir, los países emergentes están progresando – aunque podrían hacerlo considerablemente más.

Sin embargo, esto no significa que los activistas deberían exigir mayores impuestos y más gasto público en todas las circunstancias. La calidad de los programas fiscales es de importancia fundamental. El tamaño del sector público en Brasil es casi el doble del de Chile – donde la recaudación tributaria anual equivale a alrededor del 20% del PIB, en contraste con alrededor del 40% (las estimaciones varían) en Brasil. En este último, además, el gasto social (tratando, otra vez, a las pensiones como consumo diferido) también es el doble: 16% en comparación con 8% del PIB en Chile.

De acuerdo a Lustig, no obstante, el efecto en la desigualdad que tiene la redistribución por parte del gobierno, es el mismo en los dos países: una caída de casi cuatro puntos en el coeficiente de Gini. Lo que Lustig no explora es que el contraste es aún más agudo si uno toma en cuenta que, en relación al PIB, el gobierno brasileño gasta considerablemente menos en infraestructura que el chileno. Es difícil no llegar a la conclusión de que parte del gasto público en Brasil sirve más bien para mantener convenientemente callados a ciertos grupos de interés políticos.

Un caso que vale la pena señalar es el de Bolivia, donde los gobiernos izquierdistas han aumentado de manera considerable el gasto en el sector del bienestar social. Sin embargo, según lo revela otro estudio, debido a que las transferencias monetarias no están enfocadas exclusivamente en los pobres sino que son universales, su efecto distributivo en general no es progresivo sino neutral.

Otro elemento de rotunda importancia es que los impuestos y las transferencias no constituyen la única forma de luchar contra la desigualdad. En estudios anteriores, Lustig y sus colegas muestran que una prima salarial en declive – es decir, una disminución en la brecha salarial entre trabajadores con mayor o menor preparación – explica parte del descenso en el coeficiente de Gini en los países latinoamericanos. No es fácil desentrañar el papel que desempeñan la oferta y la demanda en la reducción de la prima salarial, pero al parecer ambos factores han incidido.

Por el lado de la demanda, las devaluaciones de los tipos de cambio hicieron que las exportaciones no tradicionales se volvieran más competitivas y ayudaron a elevar la demanda de obra de mano relativamente no especializada. Por el lado de la oferta, un fuerte aumento en los años de escolaridad, y especialmente el acceso a estudios superiores, produjo un notable incremento en el número de profesionales y otros trabajadores altamente capacitados, lo que contribuyó a disminuir sus sueldos relativos.

Todo esto es positivo para la distribución del ingreso, pero los procesos políticos resultantes permanecen tensos. Es posible que los activistas estudiantiles que exigen (junto con el resto de la sociedad) una distribución más justa de los recursos, no deseen enterarse de que el aumento en el número de profesionales con frecuencia obedeció a la rápida y polémica expansión de universidades privadas – a veces con fines de lucro – y que esto explica parte de la disminución de la desigualdad.

De manera similar, a los hombres y mujeres jóvenes que con dificultad llegaron a la universidad con la expectativa de lograr una remuneración relativamente alta, al graduarse no les agrada descubrir que, por ejemplo, los sueldos de periodistas y psicólogos aumentan de modo mucho más lento que los de técnicos en computación o de operarios de maquinaria. En efecto, esta frustración es algo subyacente (aunque no siempre de forma manifiesta) en muchas de las últimas protestas estudiantiles en América Latina y en otros lugares del mundo.

En resumen, la desigualdad del ingreso resulta ser políticamente controvertida cuando empeora, como también cuando tiende a declinar. Estudios como los dirigidos por Lustig iluminan las inevitables controversias y, así, éstas podrían dejar de conducir a simples animosidades para dar paso a la creación de políticas mejores. L

En la Reunión Anual del Banco Mundial y el gobierno peruano, se analizaron los desafíos que enfrentan el Perú y muchos países emergentes en la medida que buscan transformarse en economías de más alto ingreso. Se destaca que el Perú, una de las economías de más rápido crecimiento de América Latina, se ha beneficiado de sólidas políticas macroeconómicas (las bases para un crecimiento sostenido) pero todavía encara desafíos en ciertos sectores.

Se resaltó la experiencia de Perú, que podría resultar útil para muchos otros países de ingreso mediano que buscan impulsar el crecimiento y, simultáneamente, lograr avances en materia de inclusión social y prestación de servicios a los pobres. Para ello es fundamental acelerar el aumento de la productividad. En esta Reunión Anual se presentó el documento: ‘Perú, siguiendo la senda del éxito’, en el que se destaca la productividad para impulsar el crecimiento económico.

Perú ha emergido como una nueva estrella de crecimiento económico. Tan sólo en la última década, su economía creció en un promedio de 6.4% anual y duplicó su ingreso per cápita. Comparándolo con los estándares globales, su desempeño ha sido impresionante, como se puede observar en el gráfico inferior. Esto se debe principalmente a la adopción de medidas de estabilización macroeconómica (por medio de un régimen cambiario más flexible, disciplina fiscal y baja deuda pública), además de reformas estructurales como la liberalización financiera, del comercio y regulaciones del mercado.

Mejor aún, el crecimiento económico experimentado por el país fue compartido entre sus habitantes. Desde el año 2000, casi una cuarta parte de la población ha logrado salir de la pobreza. A lo largo del país, los hogares de menores ingresos se han beneficiado más del crecimiento que el promedio nacional. Asimismo, la desigualdad cayó significativamente en el mismo periodo, con uno de los ritmos más rápidos de la región: 12.6% frente a un promedio regional de 5.3%.

Es muy importante notar que según el Banco Mundial, “el crecimiento económico fue el principal impulsor de la reducción de la pobreza y la desigualdad a través de un mejorado ingreso laboral más que por medio de políticas de redistribución, que solo explican 15% de la reducción de la pobreza.“ Esto también se viene diciendo hace mucho en Lampadia: Al menos 80% de la reducción de la pobreza es por el crecimiento y Perú: Crecimiento disminuye la Desigualdad.

El crecimiento del Perú en la década del 2000, según el informe, se llevó a cabo principalmente por un aumento sostenido en la productividad total de los factores (PTF). Fueron justamente la estabilización macroeconómica y las reformas estructurales en las dos últimas décadas los motivos por los que mejoró la eficiencia en la asignación de recursos y ha dado lugar a un mayor crecimiento de la productividad, como se puede observar en el siguiente gráfico. En la década de 2000, la PTF contribuyó alrededor de un tercio de crecimiento. 

Sin embargo, es importante notar que en el análisis de productividad por regiones, la actividad económica se concentra en la zona costera, contribuyendo casi el 80 % de la producción nacional. Además, las regiones de Lima y Callao representan el 34 % de la población del país y el 48 % de la producción nacional.

En general ha habido una cierta convergencia gradual de la producción entre las regiones, pero todavía se tiene que reducir la brecha. Un proceso de la productividad sostenida podría ayudar a las regiones rezagadas a ‘ponerse al día’ y elevar la productividad agregada y los ingresos, así como reducir aún más las desigualdades regionales.

El documento acota que los éxitos económicos de Perú fueron respaldados por condiciones externas favorables en la última década y que también se ha acelerado su convergencia económica a niveles de ingreso más altos. Sin embargo, enfatizó que Perú, al igual que otros países de ingresos medios, “ahora tiene que afrontar el reto más difícil: llegar a ser un país de ingreso alto.”

Indicó, en ese sentido, que a pesar de las mejoras significativas en el Perú sigue habiendo brechas en infraestructura en diferentes sectores, así como problemas burocráticos.

En el caso de infraestructuras, a pesar de mejoras significativas, las brechas de infraestructura en todos los sectores siguen siendo grandes. El gasto de capital público se ha incrementado en los últimos años, pasando de 3.8 % del PBI en 2000 a 6.1 % del PBI en 2013, un desarrollo muy positivo. Pero las brechas de infraestructura en todos los sectores son todavía grandes. Por ejemplo, la infraestructura de transporte y logística, que es la columna vertebral del comercio interior y el comercio internacional, está menos desarrollada en comparación con algunos países competidores relevantes, como se puede observar en el gráfico inferior. La cobertura de las carreteras y el porcentaje de carreteras pavimentadas es relativamente baja y con conectividad limitada entre las zonas más importantes de agricultura, consumo y las zonas de exportación. Además, existe una limitada capacidad para vincular la producción a los puertos y aeropuertos para la exportación. (Lampadia: Estrategia para el financiamiento de las Infraestructuras)

Otro factor muy importante son las barreras que el mismo gobierno le impone a las empresas, reduciendo su productividad y yendo en contra del crecimiento. Las barreras de entrada y los altos costos de operación y expansión reducen el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Según el informe, “una gran cantidad de empresas informaron que el exceso de  licencias y permisos eran una importante limitación a la complejidad general de los procedimientos reglamentarios, llegando a un puntaje de 20.4 % en el Perú, comparado al promedio de la OCDE de 5 %. Esto les reduce a las empresas su capacidad para crecer, ampliar e innovar. Casi el 30 % de estas empresas identificó licencias comerciales y permisos como una limitación importante.” Esto se puede observar en el cuadro más abajo.

Es indispensable destrabar la inversión y recuperar el crecimiento del país para mejorar el desempeño de Perú en temas estructurales, sofisticación empresarial e innovación. Por otra parte, una burocracia gubernamental ineficiente y la corrupción han sido constantemente clasificadas como restricciones principales para las empresas.  (Ver en Lampadia: Destrabemos la construcción de nuestro futuro)

El mundo no tiene ninguna razón para exagerar los avances del Perú. Por lo tanto, debemos tomar sus desinteresados consejos y apreciaciones con seriedad. Lamentablemente, en el país se niegan nuestros avances para construir plataformas políticas, algo que combatiremos todos los días en este portal. Lampadia