Conflictos Mineros y Resultados Electorales

Anti mineros pierden elecciones nacionales. Líder de Tierra y Libertad (ex cura Arana) no logra curul por Cajamarca en el Congreso, pero su enemigo (anti minero), Santos, gana el voto por la región de Cajamarca y distritos mineros muestran una cercanía electoral con el radicalismo anti minero que no exhiben las regiones de las que forman parte. El siguiente análisis  forma parte de nuestra biblioteca virtual sobre: Recursos Naturales y Desarrollo, en la que documentamos el ambiente en que se dan las inversiones mineras.  

Los resultados electorales sirven de radiografía política del país. Estos resultados contribuyen a entender las dinámicas sociales y políticas que alimentan las fuerzas anti-sistema, y la importancia que los conflictos mineros tienen para el crecimiento de esas fuerzas. Si bien esas fuerzas han quedado terceras en las elecciones recientes ello no significa que no constituyan una amenaza a la continuidad del desarrollo del Perú. 

Los Resultados

Las elecciones del pasado 10 de abril han servido  para identificar cuál es el estado de las fuerzas políticas en diversas regiones y gracias a los resultados de la ONPE podemos verlo inclusive a nivel distrital. Esto brinda una oportunidad de conocer el clima político en zonas rurales en las que los mecanismos privados de observación de la opinión pública tales como las encuestas son de una precisión limitada, acceso restringido o de un costo prohibitivo. Los resultados de estas elecciones nos han permitido analizar el estado de diversas fuerzas políticas en los alrededores de ciertos proyectos mineros donde se han desarrollado conflictos.

Existen dos fuerzas políticas que se han mostrado hostiles al desarrollo de proyectos mineros por motivos ya sean ideológicos o de conveniencia política: Democracia Directa y el Frente Amplio.  En el caso de Democracia Directa, esta organización lanzó como candidato a Gregorio Santos quien tiene como principal carta de presentación frente a la opinión pública su oposición frontal al Proyecto Conga; en el caso del Frente Amplio su candidata ha sido protagónica en azuzar activamente la conflictividad en el caso de Espinar. Además la principal organización del llamado Frente Amplio es Tierra y Libertad, un partido de ideología abiertamente post extractivista, es decir, contraria a la actividad minera, a la extracción de petróleo y a la construcción de represas hidroeléctricas.

En el presente artículo consideraremos el agregado del voto por estas opciones, como un indicador de una postura hostil hacia la minería. En Lampadia ya se ha publicado varios artículos acerca de la posición de estas fuerzas políticas. (Ver  El Plan de Gobierno de Verónika Mendoza acerca de la minería , Todo Vale para llegar al poder y ¿Una Nueva Minería o No Más Minería?).

Lo que señalan los resultados es claro y varios medios de comunicación ya lo han mostrado: la alta votación alcanzada por estas fuerzas políticas anti-sistema es notable en los distritos mineros.  Sin embargo, quisimos hacer un análisis numérico de los resultados distritales, y los comparamos con los resultados obtenidos en sus respectivas regiones. De esta manera podemos ver como el voto anti-minero se incrementa o no conforme se “acerque” a la zona de un proyecto minero que este bajo el ataque de esos grupos.

Para esto hemos generado un Indicador de Radicalidad Local (IRL), que se calcula con el voto anti-minero en un distrito donde se encuentra un proyecto minero divido entre el voto anti-minero en la región del proyecto.  Con esto identificamos que tanto más anti-minero es ese distrito específico comparándolo con su región. De esta manera podemos poner el voto anti-minero en perspectiva y se pueden identificar con claridad los efectos políticos de la cercanía a un proyecto en relación al clima político promedio de la región.

En la siguiente gráfica presentamos el IRL para algunos proyectos mineros en los que se han dado altos niveles de conflictividad social. La data ha sido tomada de los resultados electorales reportados por la ONPE.

En la gráfica podemos observar que, salvo en el caso de las operaciones de Yanacocha, donde el IRL es menor que 1, todas los demás proyectos se encuentran en distritos en que el voto anti-minero supera al promedio de su región.

Análisis que se desprenden

1. Se puede generar un clima de conflictividad social aún en regiones en los que las fuerzas favorables al actual modelo de desarrollo son ampliamente mayoritarias. En el caso de Lambayeque y Piura las suma de los votos de Fuerza Popular y PPK llego a 66% y 67%, respectivamente. A pesar de ello en los distritos en los que se darían los proyectos Majaz y Cañariaco los anti-mineros obtuvieron 59% y 47% respectivamente. Es decir, los grupos anti-mineros pueden provocar una dinámica de conflictividad social que genera un “micro-clima político” en el entorno a un proyecto, diferenciándose de las posturas políticas predominantes en la región. Tanto en el caso de Majaz como en el de Cañariaco la oposición social ha llevado a la paralización de los proyectos. Los elevados IRL nos indican cuando se da este fenómeno.
2. Los IRL asumen valores mayores a 1 en la mayoría de los casos. Ello nos señala que
   la cercanía a un proyecto minero conflictivo sí está asociado a un incremento en la aversión a la minería y a la economía de mercado. Ello significa que la sensación de agravio de la población se incrementa con la cercanía a un proyecto, y evidencia que los esfuerzos de responsabilidad social de las empresas mineras en su entorno no son capaces de contrarrestar la incidencia de los anti-mineros ni de neutralizar las dinámicas de búsqueda de rentas de algunos grupos de la población. Estos datos muestran que la versión de la historia contada por los anti-mineros se impone, casi invariablemente, en las zonas conflictivas. Ello representa una limitación importante de los enfoques de Responsabilidad Social con los cuales trabajan las compañías mineras en el Perú. Las empresas mineras han invertido muchas decenas de millones de dólares en su entorno, y han contribuido con el canon, pero las posturas de la población en los entornos de los proyectos son más negativas que donde no han hecho ninguna inversión, ni ha llegado nada o casi nada de canon.
3. En el caso del proyecto Conga, un proyecto que nunca operó y que no ha tenido ningún impacto sobre la población local, el patrón de los Índices de Radicalización se cumple. Sin embargo en el caso del área de operaciones de Yanacocha, una mina que ha operado por más de 20 años, este patrón no se cumple. El caso de Yanacocha en Cajamarca es una anomalía a nivel nacional. ¿Cómo se explica entonces que, siendo la misma empresa, en el caso de Conga la cercanía al proyecto genere una especial aversión; mientras que en el caso de las operaciones de Yanacocha (en cuyo entorno se dieron los conflictos importantes como Combayo y Cerro Quilish), el apoyo a las opciones anti-mineras sea menor que en el resto de la región?

Una hipótesis que puede darse es la cercanía de las operaciones de Yanacocha a una ciudad de gran magnitud como Cajamarca. Por un lado una ciudad como Cajamarca tiene mayor potencial para encadenarse económicamente a las operaciones mineras que comunidades rurales.  Una ciudad puede brindar una diversidad de servicios a la empresa minera y a sus empleados, realizando actividades económicas con una complejidad muy superior. Además, si la actividad minera se reduce, los costos económicos se hacen mucho más visibles para la población. Otro factor consiste en la viabilidad para las fuerzas anti-mineras para generar un “Cerco Cognitivo” en el entorno a un proyecto minero (este concepto ha sido detallado en un artículo previo, ver el enlace). El éxito del cerco cognitivo requiere de prácticas de intimidación social y física a quienes disientan de la postura anti-minera; y requiere además del control de la mayoría de canales de comunicación creíbles de la comunidad (maestro, sacerdote, presidente de rondas, etc.). En un entorno rural esto se facilita dada la baja presencia del Estado y de los sectores más claros sobre las ventajas de la actividad minera, y por la menor cantidad de medios de comunicaciones e instituciones independientes. En una ciudad como Cajamarca los sectores medios ligados al comercio y a los servicios son mucho más numerosos, y resulta más difícil para los anti-mineros reprimir a la totalidad de voces disidentes.

4. La hostilidad de la población no se deriva mecánicamente de la inviabilidad de un proyecto. Las Bambas pudo construirse a pesar de una población, al parecer más hostil, que en el caso de Tía María. En Las Bambas el apoyo a los anti-mineros bordeaba el 70% mientras que en Tía María el apoyo a dichos grupos fue de 50%. Ello nos señala que la viabilidad depende de un conjunto de factores adicionales al rechazo poblacional tales como la fortaleza de las organizaciones anti-mineras, las estrategias de negociación de las empresas con las elites locales, la voluntad del Estado y de la Empresa, el tipo  y el estadio de avance de un proyecto. La hostilidad de la población sin embargo es un factor de riesgo crítico y tarde o temprano surgirán los actores políticos que la canalizaran en hacia un escenario conflictivo aun si el proceso requiere de años para darse.  En el caso de Las Bambas, un proyecto minero de importancia estratégica para la economía nacional, este alto Índice Radicalización Local señala la existencia de un caldo de cultivo que favorecería a actores políticos anti-sistema, para que puedan generar conflictos que dañen las operaciones en la zona.

Conclusiones.

Estos resultados electorales son consecuencia, no solamente de los errores que las empresas hayan podido cometer, sino también del trabajo político prolongado que organizaciones anti-mineras, muchas ligadas a ambos partidos que hemos definido como anti-mineros. Años de trabajo de Responsabilidad Social, de inversiones sociales y de relacionamiento comunitario pueden ser destruidos por la sistemática labor de zapa de los grupos anti-sistema.

Las empresas mineras con proyectos conflictivos tienen un largo camino por recorrer, en especial de un trabajo con las comunidades que responda a las acciones políticas hostiles de las que son víctimas.  Las empresas deben brindar respuestas coherentes con la naturaleza de la amenaza que se yergue sobre ellas, y las amenazas están conducidas por organizaciones políticas.

El hecho que los resultados de los anti-mineros en los distritos donde hay conflictividad minera hayan sido altos, pone en duda la efectividad de la Responsabilidad Social como herramienta, y de la efectividad de estas inversiones para mejorar la relación con las comunidades; al igual que las mesas de diálogo como mecanismos para reducir la conflictividad.  En estos distritos, ambos mecanismos han sido aplicados durante años, sin poder neutralizar la incidencia de los anti-mineros sobre la opinión pública de las comunidades.

Estos resultados no pueden ser subestimados por las empresas mineras, o van pagar muy caro en términos de conflictos, paralizaciones y daño a su reputación. Lampadia