Cada día va quedando más claro que detrás de los conflictos, como quiera que se les llame, hay varias agendas y jugadores que están muy lejos de expresar protestas y propuestas de buena voluntad.

Los recientes eventos de Puente Piedra, no dejan dudas de la presencia de elementos anti sociales que deben responderse firme e ingeniosamente. El ejecutivo debe plantear un compromiso público anti impunidad por parte de la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso y el propio Ejecutivo y crear los mecanismos que nos permitan superar situaciones como las de la primera marcha en Puente Piedra, donde, mientras el Ministro del Interior denunciaba la presencia de senderistas, el Sistema Judicial liberaba a todos los detenidos.

En la segunda marcha el Ejecutivo se puso las pilas, uso ‘drones’, aseguró elementos probatorios y tras la liberación de la mayoría de los intervenidos hasta ahora quedan algunos detenidos. Pero no sabemos por qué no se aplican los procesos de flagrancia. Esperemos que este esfuerzo del Mininter rindan frutos subiendo el costo del delito.

Estimados lectores, especialmente los que se sienten lejos del tema minero, lo de Puente Piedra permite entender algunos aspectos de todo tipo de conflictividad. Empecemos a seguir las noticias de la parálisis de la inversión minera, pues solo la opinión pública puede legitimar las necesarias y difíciles acciones que requiere tomar el Estado para superarla.

Gregorio Santos y la izquierda se suman a protesta por peaje. Fuente: Correo

Minería y Conflictividad Social 2017

Camilo Ferreira y Franco Olcese
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El primer semestre del gobierno de PPK nos ha permitido ver algunos elementos de la manera cómo el presente gobierno enfrenta y enfrentará la conflictividad social ligada a la gran minería. El Adelanto Social es el más visible de sus instrumentos. El Adelanto consiste en una intervención pro desarrollo realizada por Estado en el entorno de los proyectos mineros de manera previa a que entre en operación.

La premisa del gobierno es que ese Adelanto permitirá que el entorno social perciba los beneficios de tener un proyecto minero de manera previa al pago de Canon por parte de las empresas. Supuestamente, esto facilitaría un mayor grado de confianza de la población local en el gobierno nacional y permitiría articular intereses locales con el porvenir del proyecto en las fases iniciales del proyecto. El Adelanto social es útil, pero sólo impacta sobre las expectativas de los sectores moderados, y no reduce las dinámicas locales de extracción de rentas o réditos políticos, así como la propagación de la narrativa anti-minera entre la población. Por ello podemos esperar que el Adelanto sea, como máximo, una herramienta de efectividad parcial sobre la conflictividad. Sin los otros elementos, el Adelanto puede dar una idea de seguridad al gobierno, pero puede fracasar en prevenir los conflictos.

Los casos de Saramurillo, Las Bambas y Chumbivilcas han sido bastante informativos respecto a las políticas de facto de este gobierno frente a acciones de fuerza existente o potenciales. En todos estos casos la reacción del gobierno ha sido la instalación de una Mesa de Dialogo con participación ministerial, a veces con la participación de varios ministros. Estas mesas han sido efectivas en la desmovilización temporal de protestas y bloqueos, pero también han servido para legitimar y empoderar a los líderes de las posturas radicales.

En aquellos casos en los que las agendas de los movilizados y los objetivos del Estado no se encuentran muy distanciados, las mesas de diálogo pueden ser útiles para facilitar una convergencia entre las partes. Sin embargo, en aquellos casos en los cuales las agendas de los movilizados están sumamente enfrentada a los objetivos del Estado, difícilmente estas mesas llevaran a una mayor viabilidad de los grandes proyectos de inversión.

Por el contrario, la Mesa puede transformarse en un mecanismo mediante el cual se le da representatividad legítima a actores sociales y políticos claramente anti-mineros. Adicionalmente las Mesas facilitan asociar -frente a la opinión pública-  a los ministros a los resultados del dialogo. Lo que los hace políticamente responsables de lo que ocurra y ello genera vulnerabilidades al gobierno e incrementa la capacidad de los anti-mineros para infligir costos políticos a los miembros del gabinete. 

Estas Mesas, hasta ahora, se realizan mientras el Estado no realiza ningún esfuerzo efectivo por implementar el imperio de la ley en las zonas de conflictos o contrarrestar la influencia de la narrativa anti-minera. En los últimos meses se ha visto el archivamiento de las denuncias a todos los dirigentes de las violentas protestas en el caso Conga, la liberaciones sistemáticas tras los desmanes en Puente Piedra, la continuidad del bloqueo del acceso principal a “Las Bambas” sin ninguna respuesta del Estado, la falta de castigo a quienes bloquearon el Marañon en Saramurillo, etc. La impunidad frente a los actos de violencia en la protesta social es prácticamente total y no se percibe una estrategia efectiva para abordar este problema.

Lo que Podemos Esperar

En el caso de Las Bambas hay una clara brecha entre la propuesta del Gobierno y las demandadas de la Plataforma de Lucha firmada por múltiples autoridades, frentes de defensa y organizaciones sociales de las provincias de Grau y Cotabambas. En el caso del Gobierno, el mismo propone financiar un plan de desarrollo con un valor estimado de 2,000 millones de soles y el asfaltado de la ruta de los camiones que llevan el mineral de Las Bambas. En el caso de la Plataforma de Lucha se solicita una participación de 50% del valor de la producción de Las Bambas (un imposible económico), una repetición de los trámites ya aprobados y la renegociación de los acuerdos que la Empresa ha tenido con las comunidades en su entorno.

Lo que hace más complejo el caso, es que la participación en la producción de la empresa ha sido una parte integral discurso de los líderes del movimiento social en Cotabambas. Ahora, dicho liderazgo no puede renunciar fácilmente a semejante pedido sin socavar su propia imagen frente a sus bases. Por ello es esperable que en algún momento se reinicien las acciones de fuerza mientras se sostenga la amplitud de la brecha entre la propuesta gubernamental y las demandas de las organizaciones sociales, y el Estado deje la sensación de que el uso de la violencia no tiene costos para quienes la aplican.

En el caso de Tía María el Gobierno apuesta por la represa de Paltiture (que incrementaría el acceso de agua para la población del valle del Tambo) como eje de una solución al rechazo de la población hacia el proyecto Tía maría. El problema es que la presa por si sola no alteraría las actitudes de la población hacia el proyecto de Tía María, ni sus temores hacia el impacto ecológico del proyecto en el valle del Tambo. Si la preocupación por una potencial disputa por el agua entre la mina y los pobladores fuera la única causa del rechazo, el aviso que hizo la empresa de que utilizaría agua desalinizada hubiera tranquilizado a la población, sin embargo, esa tranquilidad no se dio.

A estas alturas, las condiciones sobre el terreno manifiestan una correlación social adversa hacia el proyecto y muestran la efectividad del trabajo de “agitación y propaganda” por parte los anti-mineros en Islay y en Cocachacra en particular.  Un estudio de la Asociación Civil Labor[1] muestra que un 72% de la población es partidaria de la suspensión del proyecto y un 87% desea la revisión de EIA del Proyecto por un tercero. En el distrito de Cocachacra, el epicentro del conflicto, la suma de los votos de Gregorio Santos y Verónica Mendoza llega a 59%, mientras que el resto de Arequipa llega al 29% esto nos señala que el conflicto por Tía María ha afectado claramente las dinámicas políticas en su entorno cercano. Esto es un poderoso indicador del grado en el que la narrativa anti-minera ha calado. En esta narrativa la actividad minera afectaría gravemente a la agricultura y la salud de la población, y acabaría o contaminaría las fuentes de agua, además de exponer al agro y la población a polvos tóxicos originados en el tajo minero. Por otro lado, dentro de esta narrativa, el Gobierno Central se haya supeditado a las Empresas Mineras por lo que su rol de fiscalización y control no es confiable.

Para quienes consideren que la minería les traerá semejantes afectaciones, la construcción de importantes obras de infraestructura es un factor desmovilizador poco efectivo frente a los temores a lo que se percibe como una amenaza devastadora a la agricultura y a la salud de las personas. Tampoco en las medidas del gobierno se ven acciones contra el aparato de represión a disidentes instaurado por los anti-mineros en la zona, ni tampoco a la instrumentalización de las instituciones locales (Ej. Junta de Regantes) como aparatos de movilización en acciones violentas.

Como los temores de la población están estructurados en un discurso multi dimensional, los cambios en su actitud serán lentos y tendrán que responder a las diversas dimensiones de la narrativa anti-minera. Por todo ello, es poco probable que la visita de PPK, sin la debida preparación, resulte efectiva para desactivar las resistencias al proyecto. Lo que puede pasar con su visita es que los grupos anti-mineros aprovechen la presencia del Presidente para generar un evento político negativo para el gobierno.

Conclusiones

La política de las Mesas de Dialogo conseguirá desmovilizar momentáneamente algunos conflictos. Sin embargo, es una estrategia desbordable por la magnitud de la conflictividad.  Existe un número limitado de ministros para participar en las Mesas, hay una importante brecha entre las demandas de los movilizados y las posibilidades de cumplimiento por parte del gobierno. La impunidad implica que “patear la mesa” con acciones violentas no implica ningún costo para los dirigentes. Ese desequilibrio se da en una situación en que al gobierno no se le ocurre ninguna iniciativa para modificar la correlación de fuerzas políticas en las áreas en conflicto.

Esto lleva a considerar que las medidas a ser aplicadas por el gobierno no podrán reducir de manera decisiva la conflictividad ni en los casos de Tía María ni en Las Bambas por lo que podríamos esperar que estos conflictos cumplan roles protagónicos a lo largo del 2017.

Podemos esperar entonces la dinámica en la que se da una acción de fuerza, se manifiesta la pérdida de autoridad del Estado, se plantea una Mesa de Dialogo, y tras un periodo se da el reinicio de las acciones de fuerza como mecanismo de negociación. Si el gobierno no modifica sus políticas de gestión de conflictos, es muy probable que el año 2017 sea aquel en el que se haga evidente las limitaciones de la actual doctrina estratégica para conflictos sociales seguida por el gobierno. Veamos si van a darse cuenta antes que sea demasiado tarde, o si vamos asistir de nuevo el desperdicio de una gran oportunidad para impulsar el desarrollo del Perú.

Se necesita que el gobierno tenga líneas de acción claras en la generación de bienestar local, retroceso de la narrativa antiminera, debilitamiento del aparato de movilización antiminero y establecimiento del monopolio de la fuerza a cargo del Estado.

En Superemos los conflictos políticos prolongados – Propuestas para reducir la conflictividad (6 de 6), aquí en Lampadia, se ha sugerido estrategias y acciones para construir las condiciones institucionales y políticas para la reducción de la conflictividad, y en El rol del Estado en la Reducción de la Conflictividad – Propuestas para reducir la conflictividad (5 de 6), se explicó el rol que el Estado debe cumplir para ser efectivo en el corto y en largo plazo. Nos hemos preocupado en indicar medidas viables en las situaciones actuales. Sabemos que las propuestas indicadas no son perfectas, pero pueden ser un buen punto de partida para cambiar las actuales tendencias al aumento de la conflictividad y retomar la ruta del desarrollo nacional.

En todo caso, se necesita que el gobierno tenga líneas de acción claras en la generación de bienestar local, retroceso de la narrativa antiminera, debilitamiento del aparato de movilización antiminero y establecimiento del monopolio de la fuerza a cargo del Estado. Lampadia

El acoso al que está sometida la economía peruana por parte de grupos anti-mineros y, últimamente, por grupos que pretenden parar el desarrollo turístico, está dándose con un grado de impunidad alarmante, con una sensación de desapego del gobierno y con un grado de ignorancia por parte de los medios, que nos hacen temer que tenemos por delante un largo período en el que no se podrá recuperar el ritmo necesario de inversión privada, que nos permita crecer y generar recursos fiscales para afrontar un mínimo programa de gobierno que movilice el desarrollo de las infraestructuras sociales y económicas, además, por supuesto, de las reformas institucionales que requieren de un gobierno con liderazgo, que mire hacia delante y no un conjunto de ‘bomberos sin mangueras’ que todavía no identifican el origen del incendio.

Fuente:  www.pulsoregional.pe

En Lampadia venimos difundiendo análisis concienzudos sobre la conflictividad y hemos creado una biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo, que presenta un conjunto de materiales que permiten juzgar la situación que se ha venido creando durante los últimos años, situación que se ha agravado sustancialmente desde el inicio del gobierno de PPK.

El nuevo gobierno inició su gestión con una economía estancada, con una persistente caída de la inversión privada, muy bajo nivel de demanda interna y un creciente déficit fiscal. En el corto plazo, el ajuste fiscal del MEF enfría la economía, corta el impulso de inversión pública y da una señal de aguantarse al sector privado. En el mediano y largo plazos, los conflictos sociales desalientan la recuperación de la inversión privada y reducen la futura disponibilidad de recursos fiscales para la  gestión del gobierno que estaba llamado a orientarse a reactivar la economía.

Lamentablemente, en los medios hay mucho cinismo y caras que se ponen de costado para juzgar la conflictividad anti-inversión. Si a esto le sumamos un gobierno que no llega a establecer una avenida de comunicación con la población, en la que puedan alertar al país sobre estas afrentas, es posible que nos estemos encaminando a perder años cruciales para nuestro desarrollo.

Desde acá hacemos un llamado a la reflexión y a la acción. Hoy se inicia un nuevo CADE, que es un espacio adecuado para hacerlo. No perdamos más tiempo. 

Ver la segunda entrega sobre las herramientas anti-mineras:

Herramientas Anti-Mineras II

El impacto de los documentales Anti-Mineros

Camilo Ferreira y Franco Olcese
Centro Wiñaq
Para Lampadia

“Hija de la Laguna[1]”, “Tambogrande: Mangos, Muerte, Minera”, “Operación Diablo”, “A Tajo Abierto”, “Choropampa: El Precio del Oro”, “La Batalla del Cobre[2]”, “Luz de Agosto” Son nombres que no resuenan entre los filmes más vistos por las mayorías nacionales. Son títulos de largometrajes documentales con un claro sesgo ideológico hostil a la inversión minera. A estas filmaciones se le agregan decenas de cortos documentales con el mismo sesgo.

Este tipo de producción no es exclusiva del Perú, la conflictividad anti-extractiva ha resultado ser un rico rubro de producción en Argentina, México, Colombia, Costa Rica, Chile y Ecuador.

A causa de la poca difusión pública de estos documentales se podría considerar que más allá de generar satisfacción emocional entre activistas ideologizados no podría tener efectos sobre la dinámica política de la conflictividad social ligada al sector extractivo.

Sin embargo, como explicaremos en el presente artículo, algunos mecanismos de los documentales terminan siendo instrumentos con capacidad de incidir sobre las dinámicas políticas presentes en los conflictos sociales.

Características y Uso

Los documentales anti-mineros tienen un conjunto de particularidades que los diferencian de los documentales con preocupaciones ambientales. El documental anti-minero se dedica a impulsar una agenda ideológica concreta y no hace esfuerzos por brindar afirmaciones con fundamento empírico o técnico. Lo importante en el documental anti-minero no son los hechos sino la narrativa. Los hechos que presenta están filtrados y moldeados en función de alimentar la narrativa, en el más claro sentido de la propaganda.

Los documentales anti-mineros tienden a cumplir la siguiente narrativa:

En primer en lugar se da una descripción idílica del estilo de vida rural al que se le presenta  amenazado por la actividad extractiva. Se sustenta la imagen de una población que vive en un entorno hermoso y llevando una vida que, sin ser materialmente prospera, expresa los ideales del “buen vivir”. 

Posteriormente se muestra que esta “pobreza feliz” se ve amenazada por las grandes empresas extractivas que destruirán el “buen vivir” en estos territorios. Para fundamentar esta amenaza se menciona lo nocivas que son las sustancias involucradas en un proceso minero, sin hacer mención a cuál es el nivel de riesgo efectivamente enfrentado por la población en caso se dé un proyecto extractivo. También se muestran impactos ambientales de empresas mineras en otras localidades de mundo sin importar si este impacto se dio con la aplicación de tecnologías ya anticuadas o radicalmente distintas a las que se aplicarían en el proyecto a ser atacado.

La fundamentación de estas amenazas se da mediante testimonios de pobladores de la zona y de expertos presentados como neutrales pero que, por lo general, son activistas hostiles a la minería.

La lucha contra el proyecto es otro de los aspectos a ser relatados en estos documentales. Esta debe representar a una población que se enfrenta a una poderosa empresa que tiene de su lado al poder del Estado. Los intereses políticos o de extracción de rentas por parte de los movilizados durante el conflicto social, son cuidadosamente ocultados. El significado moral del conflicto es importante: este se caracteriza como un acto de resistencia ante el abuso y el maltrato, una lucha desigual del débil en contra el fuerte. Los líderes de los movilizados son presentados como motivados por sentimientos altruistas y por movidas preocupaciones por las poblaciones locales.

El mensaje que busca transmitir es el de un enfrentamiento épico entre los desposeídos y los todopoderosos en el que se desnuda en toda su plenitud como la policía, la prensa y los políticos se someten al poder de las grandes empresas extractivas. La hostilidad a las actividades extractivas es mostrada como una lucha guiada por valores éticos que merece ser apoyada.

Implicancias Estratégicas

A pesar de la baja exposición pública, estos documentales cumplen un conjunto de roles importantes en la dinámica de los conflictos sociales, especialmente para ciertos públicos estratégicos hacia los cuales se dirige.

Sobre los donantes: Existe competencia entre las diversas ONGs respecto al acceso a donaciones por parte de la cooperación internacional. En buena medida, este acceso se verá afectado por la fuerza con la cual “la causa” que se pretende defender sea vista como relevante en los círculos de donantes del “primer mundo”. Los documentales anti-mineros son vistos en estos círculos y sirven para poder posicionar un conflicto en su mente. Los ayuda a identificar oportunidades interesantes de donación y de captación de fondos. Esa decisión de los donantes lleva a una mayor canalización de recursos hacia las ONGs involucradas en estos conflictos.

Sobre los voceros y periodistas: Estos documentales sirven para “municionar” con mitos e ideas a periodistas y líderes de opinión, tanto en el Perú como en el exterior, propensos a la  hostilidad hacia la minería. Por sus simpatías y afinidades ideológicas, esas personas están dispuestos a asistir y a creer en estos documentales.

Los documentales brindan una narrativa coherente que es fácilmente absorbible por quienes los ven. Los argumentos que se emiten son posteriormente repetidos por estas personas, como voceros y periodistas, en sus apariciones mediáticas con lo que se despliegan los mensajes provistos en estos documentales en múltiples plataformas y llegan a un publico amplio. Ellos operan como reproductores de los mensajes ante otros públicos objetivo.

Sobre los activistas: Entre las personas con simpatía por la narrativa anti-minera, la exposición a esta clase de documentales tiene un significado emocional y de identificación que propicia una mayor dedicación de tiempo y esfuerzo al activismo anti-minero. Ellos se sienten útiles trabajando por una causa que les parece noble. El documental les ayuda a construir esa ilusión.

Existen múltiples espacios potenciales para dedicarse a la política entre las personas con profunda insatisfacción hacia el actual modelo de desarrollo. Entre estos individuos, los documentales brindan el inicio de un marco interpretativo post extractivista que puede inspirar su acción inmediata y su formación política futura. Son instrumentos importantes de captación de nueva militancia política anti-minera y anti-sistema.

 Efectividad de la Herramienta

El efecto de esta herramienta sobre estos públicos depende de múltiples factores. La difusión del documental es el más obvio de estos factores, conforme más personas vean el documental o los derivados mediáticos del mismo mayor será el impacto. Entre los derivados mediáticos se encuentran los tráileres del documental, las notas periodísticas, y las entrevistas en medios de comunicación a sus actores y realizadores.

La imagen de independencia política e ideológica es otra condición. Múltiples públicos rechazarían un producto considerado como radical o adscrito a una ideología. Por ello, los mensajes son canalizados mediante casos que puedan ser percibidos como reales, y con personajes locales, que de preferencia se evidencien en declaraciones como las del realizador de “Hija de la Laguna” en las que declara que el suyo: “No es un documental anti-minero sino en favor del agua”[3]. La caracterización de un documental de este tipo como anti-minero radical reduce la capacidad de incidencia de este producto sobre los públicos no radicales.

La resonancia con los públicos externos es otro factor, ello se ve afectado por la medida en la que instituciones internacionales tales como OXFAM, Amnistía Internacional y la CIDH le hayan brindado relevancia al tema. Esta resonancia afecta de manera especial el efecto del documental sobre las ONGs internacionales en especial sobre su acceso a recursos.

La credibilidad pública del documental también es importante. Si seconsidera que las informaciones vertidas en el mismo son sesgadas o inexactas el mismo pierde efectividad como herramienta de difusión de la narrativa anti-minera. En especial menos medios de comunicación se encontrarán dispuestos a dar relevancia al documental realizando, y emitirán menos notas periodistas elogiosas o entrevistas a sus realizadores. Por ello, esos documentales siempre buscan brindar elementos que aparenten base factual para la historia que cuentan.

Lampadia

Camilo Ferreira y Franco Olcese

Centro Wiñaq

Para Lampadia

Introducción

Ubicada en la provincia de Cotabambas en Apurímac y operada por MMG Limited, de China, “Las Bambas” es el mayor proyecto minero, actualmente, en operación en el Perú, representando una inversión superior a los 10,000 millones de dólares. Tras los retrocesos de los proyectos Tía María y Conga, el futuro de “Las Bambas” representa la más crítica señal respecto a la viabilidad de la gran minería en el Perú en etapa de operación, siendo el sector minero, una de las principales fuerzas detrás de la recuperación del crecimiento económico de los últimos meses.

Como toda gran operación minera, “Las Bambas” se ha dado dentro de un complicado entorno social. La población en la provincia de Cotabambas llega a 46,000 habitantes, eminentemente rurales (81.6%[^1]). A esto se adiciona que el 90% de la población tiene como lengua materna el quechua,^[2] la tasa de pobreza llega al 88% y a 70% en el caso de la pobreza extrema.^[3] En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en esta provincia, el Frente Amplio obtuvo un 56%, Democracia Directa de Gregorio Santos obtuvo 16% (totalizando, las fuerza anti-mineras un 72%), y Fuerza Popular 17%.

Es de esperar que los profundos cambios económicos y sociales desencadenados por una inversión de esta magnitud en semejante entorno esté a asociada a fuertes dinámicas sociales. Estas dinámicas llegaron a un nivel dramático en setiembre del año 2015 cuando se dio un conflicto social en el que lamentablemente, se produjeron enfrentamientos que generaron un saldo de 6 fallecidos[⁴] y la posterior instalación de una Mesa de Diálogo.

Hasta hace poco “Las Bambas” se encontraba amenazada por otro conflicto social. Manifestantes de Quehuira y de las comunidades vecinas de Allahua, Choquecca, Antuyo  y Pumamarca bloquearon uno de los accesos a la mina, aunque la empresa fue capaz de sacar su producción por una vía alterna. Y más aún, la empresa logró llegar a acuerdos con los dirigentes para desbloquear la vía.

Las fuerzas anti-mineras están desplegando líneas de acción que, de ser exitosas, llevarían a que el actual gobierno enfrente su primer conflicto social de gran dimensión, intentan que “Las Bambas” enfrente una conflictividad que implique un permanente riesgo para sus operaciones y que se constituya en un “cerco social” inviabilizando cualquier posible expansión u modificación futura de la operación. Además, estas líneas de acción son un riesgo potencial de seguridad para las personas, para vidas humanas y por último, podrían infringir costos a la Empresa que afecten los niveles de producción y por ende los impuestos que abona al Estado. 

Sin entrar en juicios de valor, en el presente artículo detallaremos algunas de las principales líneas de acción de los anti-mineros hacia las Bambas y describiremos algunas de las implicancias estratégicas de dichas líneas. Por anti-mineros no nos referimos a organizaciones o actores que se encuentren dedicadas en la plenitud de sus esfuerzos a la abolición de la minería, damos este apelativo a aquellos actores que de manera consistente –y con una agenda oculta- porque públicamente dicen una cosa y en privado hacen otra, promueven y financian  actividades que reducen la viabilidad social de la actividad minera formal.

La Nación Yanawara

La población del entorno de “Las Bambas” es masivamente quechua hablante, rural y con un bajo nivel de conectividad con el resto del país. Esto facilita la consolidación de una identidad local alrededor de la idea de la “Nación Yanawara”. Se está impulsando la idea de que las poblaciones en el entorno de “Las Bambas” deben luchar por su reconocimiento como pueblo indígena por parte de las instituciones del Estado.

Si el Estado reconociera a estas poblaciones como pueblos indígenas, esto tendría amplias consecuencias sobre la legitimidad de las Bambas, las resoluciones del Estado y los acuerdos con las comunidades que viabilizaron el proyecto. Aceptar a la población del Área de Influencia como pueblo indígena, permitiría el despliegue de un conjunto de “herramientas de lucha” que facilitaría enormemente el accionar hostil hacia “Las Bambas”.

En primer lugar se podría reclamar que los acuerdos con las comunidades cuyas tierras fueron adquiridas para poder realizar el proyecto no han cumplido con los requisitos de la Consulta Previa y el Acuerdo 169 de la OIT sobre los derechos de los Pueblos Indígenas^[5]. Ambos cuerpos jurídicos detallan un conjunto de principios y prácticas en el relacionamiento entre Estado, Empresa y Pueblos Indígenas. Estos principios y prácticas no fueron requeridos al momento en el que la Empresa llegaba a acuerdos con las comunidades campesinas de la zona, según la legislación aplicable.

Una vez dado el reconocimiento como pueblo indígena a la “Nación Yanawara”, los radicales podrían estar en mucho mejores condiciones para exigir, como ya lo vienen haciendo, la nulidad de TODOS los acuerdos entre la empresa minera y las comunidades. Los mecanismos de presión podrían ser tanto las acciones directas tales como marchas y tomas de carreteras, la incidencia mediática y el Litigio Estratégico.[⁶]

Un momento crítico para esta línea de acción es el próximo censo a ser realizado el año 2017 el cual incluiría una pregunta (¿sembrada?) de auto-identificación como pueblo indígena.  Es de esperar que en aquellas zonas en las que una mayoría se reclame como indígena, se genere una fuerte campaña política para que las mismas se añadan al Registro de Pueblos Indígenas que lleva el Ministerio de Cultura. A esto se agrega la interpretación de los radicales tienen respecto a al significado de “Derecho de Autodeterminación” mencionado en el Acuerdo 169.

Existen fuertes incentivos para que las poblaciones del entorno de los proyectos extractivos se proclamen indígenas, independientemente de cual sea su identidad cultural.  El ser declarado como indígena brinda a las comunidades una posición de mayor fuerza respecto a las empresas y al gobierno central. Facilita iniciar Litigios Estratégicos[⁷], tener acceso a recursos internacionales para las movilizaciones, genera una mayor empatía en la prensa, pone en duda la totalidad de acuerdos previamente negociados, y permite que se pretendan ubicar al margen del marco normativo y jurídico del país.

Hay una confluencia de actores interesados en fomentar la construcción de una fuerte identidad indígena en el entorno de las Bambas. ONGs ecologistas e indigenistas que podrían tener un mejor caso para justificar desembolsos de la cooperación, buscadores de rentas locales y políticos radicales ligadas al nacionalismo indígena^[8] verían facilitado el avance de sus objetivos políticos o “lentejeros”. Esta convergencia por el reconocimiento de la “Nación Yanawara” reúne las características necesarias para ser el mejor propiciador de conflictividad asociada a “Las Bambas”.

La Acumulación del Agravio

Juzgar los impactos ambientales de un proyecto enorme como “Las Bambas” requiere de un conocimiento técnico y de una disponibilidad de tiempo que muy pocos tienen como para revisar expedientes de mil 500 folios. Un Estudio de Impacto Ambiental tiene miles de páginas difíciles de evaluar por quienes no tienen una formación especializada. Por ello, la eventual decisión de una mayoría de personas respecto a la idoneidad de un proyecto extractivo no se da dentro de la esfera técnica. A pesar de que el discurso político menciona los impactos ambientales como elemento central no es ahí en donde se disputa la postura que asumirán los diversos públicos involucrados en un conflicto social.

En buena medida, el público y los líderes de opinión se decantarán por aquellos que tengan una aparente mejor caracterización ética. En simple, apoyarán a los “buenos” frente a los “malos”. Por ello, son tan importantes las denuncias de abusos hacia la población local que los anti-mineros realizan de manera sistemática y que difunden en tiempo real principalmente en las mismas redes sociales, en formato de mensajes mandados a través de las redes sociales, con baja llegada al gran público. Sin embargo, estos mensajes, sí son observados por periodistas y líderes de opinión y podrían afectar la actitud de los mismos hacia los proyectos y operaciones mineras.

El efecto de las denuncias sobre los conflictos emergen cuando la conflictividad incrementa y pasa a tener relevancia política nacional, ahí es que las consecuencias de este proceso de demolición de la caracterización ética se hacen visibles. La predisposición negativa de algunos periodistas y líderes de opinión llevan a una cobertura negativa por parte de la prensa, a entrevistas favorables a los anti-mineros, reportajes que sirven de propaganda para los radicales, entrevistas hostiles a los voceros de la empresa, etc. Esto lleva a una erosión del soporte de la opinión pública a una operación minera mientras el conflicto se mantenga[⁹].

En el caso de Las Bambas, frente a la opinión publica nacional, se están dando denuncias respecto a MMG Limited en múltiples aspectos. Se le ha acusado de haber comprado las tierras en las que opera a 20 céntimos el metro cuadrado, de haberse apropiado de las tierras de los campesinos abusando de su ingenuidad, de realizar audiencias públicas trayendo personas ajenas a las comunidades e impidiendo el ingresos de los lugareños, de tener a la Policía Nacional como “mercenaria” a sus órdenes, modificaciones inconsultas al proyecto, hacer firmar a niños y ancianos a favor del proyecto, hacer lobby con el Estado para aprobar cambios en su Estudio de Impacto Ambiental junto con un largo etc. No es la primera vez que se ve este “paquete” de acusaciones contra una empresa minera. Podemos ver los mismos argumentos y hasta los mismos adjetivos en el entorno de otros proyectos que estas mismas organizaciones han tratado o están tratando de obstaculizar en el Perú. Es que el conflicto como la probreza también sus fuentes de ingresos para aquellos que hablan en nombre de los peruanos más excluidos y necesitados.

Además, se están elaborando los contenidos “académicos” tales como estudios u conferencias, entrevistas a supuestos técnicos para intentar invalidar cambios en Estudios de Impacto Ambiental aprobados por el Estado, cuyos nombres no pueden revelar por razones de seguridad ¿de quién y por qué necesitan  protegerse?, reportajes escritos y audiovisuales que facilitan caracterizar a la MMG Limited como una empresa que abusa de manera sistemática de los campesinos y vulnera sus derechos. Una vez que la caracterización ética haya socavado la imagen de la empresa, las acusaciones respecto a ‘impactos’ medio ambientales aumentan en credibilidad.

La construcción de un historial de abusos por parte de MMG Limited facilita la coordinación de diversos actores sociales en su contra. Una vez que una empresa ha sido caracterizada como un abusador en serie de campesinos, se hace más fácil que diversos actores políticos se articulen en la realización de acciones en su contra.  Aquellos actores sociales a los que les resulta conveniente que se les vea como opositores al “monstruo” minero convergerán naturalmente en la realización de acciones hostiles al ente caracterizado como abusador.

No basta con tener una conducta socialmente responsable para evitar que se caracterice a una empresa como generadora de agravios contra la población de su entorno. El caso de Máxima Acuña nos muestra claramente que es posible generar artificialmente un agravio[¹⁰] y que buena parte de la prensa está dispuesta a participar activamente en la propagación de una mentira que de tanto repetirla se convierte en verdad.

En el caso de las Bambas dado su valor simbólico como mayor emprendimiento minero del país, ello no sólo genera grandes expectativas en una población de ha vivido por décadas sumida en la pobreza ante la poca presencia del Estado sino que provoca el natural alineamiento de quienes consideran que hay que golpear al “Modelo Primario Exportador” en su puntos más débiles.

Afectación Ambiental

El núcleo de la narrativa anti-minera consiste en la visión de la actividad minera a gran escala como antagónica a la actividad agrícola. Esa supuesta contradicción es repetida, aunque exista evidencia de que ambas pueden convivir de manera armónica no sólo en el Perú sino en otros países con presencia de gran minería. En especial como una amenaza a la cantidad y calidad de agua disponible para la población. En el caso de “Las Bambas” lo reciente de su puesta en operación reduce la credibilidad entre la prensa nacional de versiones respecto a que la explotación minera estaría acabando con el suministro agua en la cuenca en la que este proyecto se encuentra ubicado. La minería moderna usa tecnología de punta, la misma que permite reciclar el consumo de agua en el procesamiento del mineral.

Si bien todavía no se han acumulado los “estudios técnicos”[¹¹] que brinden credibilidad en el aparato mediático nacional respecto a la acusaciones de impactos medio ambientales en el suministro agua, ya se están realizando las primeras denuncias al respecto al impacto del polvo levantado por los camiones que trasladan mineral desde las Bambas.[¹²]

Sin embargo, en la zona rural de Cotabambas y su vecina provincia de Grau los ataques a las Bambas en el frente ambiental son sistemáticos y sostenidos. El discurso de los dirigentes de los Comités de Lucha y Frentes de Defensa hace hincapié permanentemente, en los supuestos efectos devastadores de las operaciones mineras sobre el ambiente local. Estos efectos imputados son los que legitiman los pedidos compensatorios tales como “una participación de 50% en las utilidades” y un “justi-precio” de 5,000 dólares por metro cuadrado en los territorios adquiridos por MMG.

Con el paso del tiempo la ideología de la “cabecera de cuenca” y las “fuentes naturales de agua” puede mutar de ser un mero recurso discursivo para presionar a MMG Limited hacia una creencia con la que la población se encuentra profundamente comprometida y que guiará su acción social y política a futuro. Los resultados de años de “concientización” anti-minera se pueden ver en Majaz, Quilish, Conga y Tía María donde los radicales han conseguido una masa movilizable local que ha logrado bloquear las inversiones.

Conclusión

En el corto plazo las actuales movilizaciones contra “Las Bambas” están asumiendo un carácter eminentemente distributivo en el que los movilizados tienen como principal motivante el acceso a una fracción de la renta generada por el proyecto. Sin embargo, ello va mudar.

En el mediano plazo existen un conjunto de dinámicas que pueden llevar a consecuencias aún más negativas, tanto para Las Bambas como al resto del sector minero y el país. En primer lugar la instrumentalización de la lucha por la identidad indígena como un mecanismo de pugna permanente con las empresas extractivas bajo una correlación de fuerzas claramente más favorable a las fuerzas radicales de la que se da actualmente. En segundo lugar, se puede generar una carga de agravios atribuibles a Las Bambas que deje el proyecto sumamente vulnerable a los conflictos sociales para convertirlo en una piñata mediática. Finalmente, la propagación de la ideología de la “cabecera de cuenca y las fuentes naturales de agua” entre las poblaciones rurales del entorno de un proyecto puede llevar a que el mismo termine enfrentando “un cerco social” que inviabilice cualquier expansión posterior de la operación.

Lampadia

El domingo pasado, en el importante programa de cierre de semana de Canal 4, ‘Cuarto Poder’, se entrevistó a Máxima Acuña de Chaupe, la campesina cajamarquina que mantiene una agria disputa con la compañía minera Yanacocha, una empresa formal que es monitoreada por diversas instituciones, desde bolsas de valores a sofisticados analistas, al haber ganado el premio ambientalista Goldman.

En la entrevista se presentó a la señora Chaupe como una víctima de la abusiva minera. No se comunicó a los televidentes que habían razones objetivas para dudar de los reclamos de la señora, como que su caso fue presentado, difundido y defendido por la nada objetiva ONG Grufides, la plataforma del ex cura Arana, verdadero dueño de Tierra y Libertad (Arana: “Verónika solo es vocera del Frente Amplio”), que sin embargo fue ampliamente derrotado en Cajamarca en las últimas elecciones por Gregorio Santos. Tampoco se indicó que después de las denuncias de la señora Chaupe, que reclamaba que la minera quería dejarla sin su única propiedad, se probó que ella y su marido tenían nueve otras propiedades.

Además, Cuarto Poder le dio el espacio a la señora para que haga otra denuncia falsa, esta vez una muy extremista: que la empresa quería asesinarla y que habían disparado a su familia y a su propiedad.

Canal 4 no contrastó nada de esto con la otra parte o con terceros. Finalmente, los conductores del programa se deshicieron en elogios melosos y exagerados a una figura cuestionada por personas respetables, ajenas a la empresa minera.    

Curiosamente, La República, 18 de abril del 2016, socio de Canal 4 y enemigo del grupo de El Comercio, difundió la noticia del premio con el mismo espíritu que dicho canal, propiciando el mito a pesar de haber publicado en sus páginas, un año antes, el informe de Ricardo Uceda que glosamos líneas abajo. La República informó: “La campesina peruana se hizo merecedora del premio por su defensa del medio ambiente en el conflicto con la empresa minera Yanacocha”.

Contrariamente a ‘Cuarto Poder’ y a La República, RPP (19 de abril 2016) se refirió al tema dando el contexto correcto: ¿Quién es Máxima Acuña y por qué su premio genera tanta polémica? “Tras recibir el premio Goldman (el Nobel medioambiental) su causa ha generado opiniones divididas”.

Ningún medio puede alegar ignorancia sobre el tema, veamos:

En julio del  2015 publicamos en Lampadia: El negocio de la fabricación de mitos: En estos días estamos siendo testigos de la fabricación de un nuevo mito: “La Hija de la Laguna”. Un documental de Ernesto Cabello que será propalado en los cinemas peruanos con el apoyo del Ministerio de Cultura. La cultura implica la verdad, la rigurosidad y la transparencia. Pues este documental no sigue ninguno de estos preceptos. En esta nota comparamos el mito de Máxima Chaupe con el de la guatemalteca Rigoberta Menchú (no dejen de leer la denuncia de Xavier Sala i Martín).

En agosto del 2015 publicamos en Lampadia el artículo de Camilo Ferreira y Franco Olcese: ‘Documental’ con agenda ideológica oculta – Manipulación política de la cultura: “La Hija de la Laguna: se consigue apoyo financiero del Estado para falsear la realidad”.

Además, los productores y conductores de Cuarto Poder podrían también haberse informado con la nota de Ricardo Uceda, el periodista de investigación más respetado del país que escribe sus informes en La República. Ver: El pantanoso caso Chaupe, 24 de febrero del 2015: (Glosado por Lampadia)

La versión de Grufides [por los Chaupe]

La historia fue explicada oficialmente por la ONG Grufides, fundada por el dirigente de Tierra y Libertad Marco Arana. (…) Los Chaupe lo compraron legítimamente a un tío. Pruebas: un certificado de posesión sobre dieciocho hectáreas otorgado por la comunidad campesina de Sorochuco (…). Después la empresa adquirió tierras colindantes. Y con el mayor descaro, pretendió apropiarse de la propiedad de los Chaupe. En forma ilegal y abusiva, Yanacocha intentó desalojarlos mediante salvaje actuación policial.

La versión de Yanacocha

En 1996 y 1997, Conga compró 496 hectáreas a la comunidad campesina de Sorochuco. Comprendía el predio que los Chaupe reclaman como suyo. Las tierras le pertenecían a esa comunidad, con títulos irrefutables. Los documentos de compraventa fueron firmados por sus representantes calificados, incluyendo a Samuel Chaupe, padre del esposo de Máxima, avalando la transferencia de Tragadero Grande. Evidencia fotográfica satelital demuestra que es falso que el terreno en disputa haya estado ocupado por los Chaupe desde 1994. Estos recién ingresaron ilícitamente en agosto del 2011, cuando estalló el conflicto de Conga.

Cuando los Chaupe quisieron invadir sus terrenos en 2011, la empresa los denunció penalmente y pidió a la policía desalojarlos. Existe un video demostrativo de que no hubo la violencia que se denuncia.

Todos somos Máxima

Pero la fuerza moral de la denuncia procede del testimonio de Máxima. Es convincente su discurso de que la explotación de esas tierras es el único recurso de su familia para subsistir. Máxima, La Dama del Lago, es una víctima: una campesina indigente que lucha por sobrevivir.

Es la versión de los Chaupe y de sus defensores. En agosto del 2013, en la víspera de que un juzgado de Celendín los sentenciara por usurpación, Máxima Chaupe declaró al canal Portafolio Periodístico que recibía amenazas de Yanacocha, y que si la empresa la mataba quería ser enterrada en Tragadero Grande. “Es el único terreno que tengo”, añadió. Después de esta sentencia, su abogada Mirtha Vásquez, de Grufides,  dijo que los Chaupe defendían su única propiedad, y que no tenían otro lugar adónde ir.

Nueve propiedades

Por eso fue pasmosa la revelación que hizo el 9 de febrero, en TV Norte, el periodista cajamarquino Luis Mego. Los esposos Chaupe tenían título de propiedad de seis predios en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín: Chilin, Agenco I, Agenco II, La Tuna, Aluche. Además, poseían otros tres –Sigues, La Playa de Sigues y La Nueva Chica– en el distrito de Huasmín. No es que sean terratenientes ni mucho menos: las chacras, en conjunto, suman solo diez hectáreas.

Los títulos de dominio en favor de los Chaupe en la SUNARP indican que en cada caso acreditaron “posesión directa, continua, pacífica y pública” por ese tiempo. Y que fue constatada la explotación económica de los predios. Los registros fueron obtenidos en 2004 y 2005. ¿Cómo, durante el lustro anterior, estuvieron ocupando estos terrenos y al mismo tiempo Tragadero Grande?

La otra vía

Mirtha Vásquez, de Grufides, abogada de los Chaupe, respondió que estos terrenos eran “una herencia”. Mego dijo que los documentos de SUNARP  demuestran lo contrario. Vásquez también señaló que las propiedades carecían de valor. Pero la inspección del Ministerio de Agricultura reporta tierras cultivadas y cría de animales. Cualquier agrotécnico demostraría que estas chacras son mejores que el duro y helado territorio de Conga. 

Los Chaupe están en todo su derecho de hacerse de predios ocupados por cinco años. Pero haber mentido acerca de su “única propiedad” echa sombras sobre toda la historia y deja mal paradas a organizaciones de derechos humanos que los defendieron.

Es una lástima que algunos de los programas periodísticos del país, a pesar de contar con los mejores recursos y capacidades habidas y por haber, asuman posiciones tan irresponsables como la exhibida por Cuarto Poder, el último domingo. También es lamentable la falta de reacción de la clase dirigente peruana, que ve pasar mitos elefantiásicos por sus puertas, sin indignarse y comunicar sus pareceres a la opinión pública.

‘Por esto y muchas cosas más’, nos parece que Cuarto Poder se está ganando el sobrenombre de “Poder de Cuarta”. Lampadia

Siguiendo con el análisis de la conflictividad vinculada a los proyectos extractivos, presentamos a continuación un ensayo que evalúa las propuestas de compartir las utilidades de los proyectos y/o empresas con las comunidades del área de influencia de los mismos. Este planteamiento parece ser un mecanismo irresponsable para enfrentar los conflictos en el corto plazo, con el riesgo de generar comportamientos disfuncionales en el mediano y largo plazos.

Este análisis forma parte de nuestra biblioteca virtual sobre: Recursos Naturales y Desarrollo, y ha sido preparado por nuestros colaboradores del Centro Wiñaq, Camilo Ferreira y Franco Olcese.   

¿Utilidades versus Conflictos?

Por Camilo Ferreira y Franco Olcese, Centro Wiñaq

¿Se podrán reducir los conflictos con las Empresas Mineras mediante el reparto de utilidades?

En campaña electoral, los candidatos proponen lo que sea necesario para llamar la atención y capturar intenciones de votos. En los medios vemos una colección de soluciones mágicas, de ideas nuevas y geniales que pueden resolver los problemas que nos aquejan por largo tiempo. Uno de esos problemas es la paralización de proyectos mineros por la conflictividad social. El problema es que algunas de esas ideas no son nuevas, ni geniales ni menos mágicas. Veamos un ejemplo.

Durante la presente campaña electoral, los candidatos han propuesto diversas alternativas virtuales para afrontar la conflictividad social ligada a proyectos extractivos: Cambio en la Constitución para que los dueños de la tierra sean también dueños del sub-suelo[1], consulta previa con carácter vinculante[2], que las comunidades de los alrededores de los proyectos se beneficien con participación directa en las utilidades de las empresas, etc.  Al hacer estas propuestas, los candidatos buscan convencer a sus audiencias de que la solución propuesta por ellos será la bala de plata que destrabará los miles de millones de dólares paralizados en proyectos y que con ellos el país retornará a la senda del crecimiento. Algunos creen haber tenido la gran idea, la idea que nadie tuvo antes que ellos y que puede solucionar un problema que todos quisiéramos verlo ya solucionado. Uno de esos problemas es la conflictividad social ligada a los proyectos mineros. En nuestra opinión, estas propuestas son una forma de evadir las responsabilidades de los gobernantes, pues implican dejar las soluciones efectivas a procesos cuestionables y mayormente inviables.

En nuestro enfoque, los conflictos sociales relacionados a la minería son complejos y no tienen una solución mágica. Pensamos que la conflictividad social es un fenómeno que requiere un paquete de medidas que, si funcionan bien, reducirían la conflictividad paulatinamente.

Nuestra pregunta es: ¿La participación directa de la población, del entorno de los proyectos extractivos, en las utilidades de las Empresas Mineras llevaría a una reducción significativa en la conflictividad social?

El argumento detrás de esta idea es bastante simple y aparentemente sensato. Brindar a las comunidades una participación en las utilidades o en el accionariado de las empresas asociaría directamente el desarrollo de sus comunidades con el éxito minería (A).  Esta participación llevaría a un alineamiento de intereses entre las empresas mineras y las comunidades (B). Se esperaría entonces que este alineamiento de intereses generara una paz social que viabilizaría la realización de múltiples proyectos mineros paralizados (C),favoreciendo así la reactivación económica (D).La lógica es: “A” lleva a “B,” “B” lleva a “C” y “C” lleva a “D.” El argumento es simple, y todo argumento simple es atractivo, especialmente en períodos de elecciones. Solo falta ver si es verdadero o falso.

Esta expectativa respecto de las consecuencias de una participación en las utilidades surge de una interpretación sobre-simplificada de los conflictos sociales asociados a las industrias extractivas. La sobre-simplificación ocurre por olvidarse de uno de los actores clave, los anti-mineros, y de los efectos de su acción sostenida. Hace pocos meses, el gobierno se dejó llevar por una idea de este corte.

Durante los últimos años, Perú ha desdibujado su relación entre el aprovechamiento de sus recursos naturales (RRNN) y sus líneas de desarrollo. Lo que es más, se ha llegado a contraponer, en el discurso, la explotación de los recursos naturales con el crecimiento, la diversificación de la producción y la inclusión. Además se le ha imputado al sector de RRNN características negativas con las comunidades y el medio ambiente.

La verdad es que desde la promulgación de la nueva Constitución de 1993, en la cual se viabilizó el regreso de la inversión privada al país, el sector que se dinamizó más rápido y con mayor profundidad fue el sector minero. En buena medida, la espectacular reconversión del Perú, desde un país empobrecido, sin inversión y sin confianza en el futuro; hacia un país brioso, que por más de una década superó el crecimiento de los demás países de la región y del mundo en su conjunto, que bajó la pobreza a menos de la mitad, disminuyó la desigualdad y mejoró todos los indicadores sociales con un crecimiento “pro-pobre y pro-clase media”; se debe, en gran parte, al crecimiento de la inversión privada, (en la cual la inversión minera es un componente importante) , sus encadenamientos sectoriales y su oferta de recursos fiscales que, por primera vez en nuestra historia, permitió que el Perú financiara el incremento del gasto público sin incurrir en déficits fiscales.

Sin embargo, de la mano del gobierno del ‘nacionalismo’ desde la campaña electoral hostil a la inversión de Ollanta Humala, su primer gabinete dirigido por Salomón Lerner G., la crítica de los luego ministros de la Producción y de Transportes y Comunicaciones, Ghezzi y Gallardo, con su libro y la impronta por forzar una diversificación productiva en busca de ‘nuevos motores de crecimiento’, la falta de activismo pro-minero de los líderes de opinión y de los gremios empresariales, más la claudicación del gobierno ante las afrentas de los conflictos anti inversión llamados ‘conflictos sociales’ (mediante actos de violencia y difusión de ideologías como la del pos-extractivismo, la debilidad conceptual y la vocación por el escándalo y la noticia fácil de muchos medios de comunicación); el Perú, a diferencia de sus competidores mineros, como Canadá, Australia y Chile, ha abandonado su principal palanca financiera para su desarrollo.

En Lampadia, conscientes de la debilidad conceptual y la falta de participación cívica sobre la temática de la explotación de nuestros RRNN, hemos creado una nueva Biblioteca Virtual especializada en los “Recursos Naturales y el Desarrollo”, con el propósito de fomentar un mayor y mejor debate sobre estos temas de gran impacto para la vida nacional.

Esta sección tendrá cinco partes con la siguiente estructura:

Minería y Desarrollo

Análisis, documentos y opiniones que buscan explicar la relación entre la actividad minera y el desarrollo económico y social, tanto en su espacio de influencia directa como para el país en conjunto, identificando los potenciales de sinergias intersectoriales o encadenamientos productivos.  Para ello se mostrarán evidencias empíricas –sustentadas en datos tangibles– contrastándolas con los enfoques más ideológicos.

Minería y Medio Ambiente

Análisis, documentos y opiniones que explican como la tecnológica moderna, los estándares nacionales e internacionales y la supervisión de los reguladores y de la sociedad, determinan que la minería moderna sea ambientalmente sostenible. Busca mostrar también como el potencial técnico y financiero del sector minero puede incrementar el acceso de la población de su entorno a mayores y mejores servicios ambientales.

Conflictividad

Análisis, documentos y opiniones que buscan rescatar la experiencia local e internacional en el manejo de los conflictos ligados a los recursos naturales; analizando los enfoques vigentes, sus fortalezas y limitaciones. Su propósito es contribuir a que el Estado y el sector extractivo dispongan de marcos conceptuales y metodológicos para evitar la deslegitimación de sus actividades.

Pos-Extractivismo

Análisis, documentos y opiniones que buscan explicar la filosofía, los objetivos, las herramientas y los procedimientos de la principal corriente ideológica hostil a la minería: el pos-extractivismo.  Se busca visibilizar las implicancias que esta ideología tiene para el desarrollo social, económico e institucional del país, especialmente en las regiones donde se encuentran los recursos naturales.

Otras Industrias Extractivas

Análisis, documentos y opiniones relacionados a otras industrias extractivas diferentes a la del sector minero: hidrocarburos, hidroeléctricas, energías no convencionales, forestaría, etc. Se busca visibilizar el gran  potencial de desarrollo que estos sectores ofrecen al país.

Colaboradores

La biblioteca virtual de Recursos Naturales y Desarrollo contará con los aportes y colaboraciones de los especialistas en estrategia de desarrollo de RRNN, los directores del Centro Wiñaq, organización dedicada a fortalecer la institucionalidad democrática y la sostenibilidad del desarrollo social y económico:

Sebastiao Mendonça Ferreira

Autor, investigador y consultor internacional en planeamiento estratégico, finanzas y gestión del conocimiento. Profesor visitante del (MIT) Massachusetts Institute of Technology 2006-2011. Presidente del Centro Wiñaq.

Camilo Ferreira

Economista de la Universidad San Ignacio de Loyola, Perú. Investigador del Instituto Acción y de Soluciones Empresariales a la Pobreza, asesor en planeamiento estratégico en el sector publico y privado: tecnología, medios, minería, etc. Consultor sénior y fundador del Centro Wiñaq, Perú.

Franco Olcese

Ingeniero Industrial de la PUCP, con postgrado en la Universidad de Paris en Gestión en Países en Desarrollo. Experiencia en consultoría en Perú y Francia, en el sector financiero, de consumo masivo y minero. Consultor sénior y fundador del Centro Wiñaq, Perú.

Invitamos a nuestros lectores a aprovechar este espacio de reflexión y a participar en los debates que iremos proponiendo. Lampadia

En mayo pasado, en Lampadia descubrimos los planteamientos del pos-extractivismo que habían sido adoptados por todas las izquierdas peruanas. Presentado como una propuesta de nueva minería, tal como lo analizan Camilo Ferreira y Franco Olcese en su ensayo “¿Una Nueva Minería o No Más Minería?”, es parte de la maniobra izquierdista para dejar al país sin esa industria tan importante para nivelar el desarrollo del Perú.

Desde entonces, hemos venido insistiendo en que estas ‘propuestas’ sean analizadas por los gremios empresariales y por los partidos políticos, pero parece que la gente solo tiene tiempo para los temas de corto plazo y no da importancia al debate de ideas, por más equivocadas que puedan ser.

Una responsabilidad fundamental de la clase dirigente es asumir su rol de análisis de la realidad y comunicación con la opinión pública para formar una población más informada y un mejor sentido común sobre los temas nacionales más importantes.

Ver nuestras publicaciones previas al respecto de la absurda propuesta del pos-extractivismo:

Pos-extractivismo: Autarquía y empobrecimiento

Todas las izquierdas peruanas apuestan por la pobreza

Organizaciones peruanas no reaccionan a la amenaza del “pos-extractivismo”

Complot Anti-Desarrollo al descubierta

En ese sentido, nos complace presentar a continuación (pdf) el ensayo referido y saludarlo como una contribución muy positiva al debate nacional. Lampadia

Comentario de Lampadia:

Como hemos comentado en Lampadia (ver: Ministerio de Cultura apoya falta de cultura – El negocio de la fabricación de mitos), nuestro Ministerio de Cultura propicia (dizque sin querer queriendo) la creación de mitos y la malformación política de los ciudadanos.

Este es claramente el caso del ‘documental’ de la Hija de la Laguna en que un documentalista pertinaz sigue consiguiendo apoyo financiero del Estado para falsear la realidad en la forma de un documental.

Además, como destacan los autores de la siguiente nota, un jurado compuesto de extranjeros otorga el premio al ‘documental’ que considera inacabado pero “necesario y urgente” de [difundir], jurados a los que ya ha recurrido anteriormente el Ministerio de Cultura.

Ver líneas abajo el excelente análisis de Camilo Ferreira y Franco Olcese:

¿Hija de la Laguna: Necesaria y urgente?

“Tomando en cuenta que es un ensamblaje preliminar y siendo evidente que al proyecto le falta considerable trabajo de edición para encontrar el hilo conductor que unifique sus diferentes subtramas, el jurado la premia por ser necesaria y urgente, no solo en un contexto peruano, sino global.

Jurado del  Concurso Nacional de Proyectos de Post Producción de Obras de Largometraje 2013 del Ministerio de Cultura justificando su decisión de continuar financiando Hija de la Laguna”.

Del Acta Final del Jurado.

Miembros: Juan José Luzuriaga Franco (Ecuador), Javier Andrés Andrade Morales (Ecuador) y Micaela Sole Malcuori (Uruguay).

¿Hija de la Laguna: Necesaria y urgente?

Autores: Camilo Ferreira y Franco Olcese

Centro para el Diseño de Estrategias

Para justificar su ideología contraria al desarrollo, los seguidores locales de corrientes anti-extractivistas, especialmente Europeas, inventan ficciones que son presentadas a la sociedad como si fueran trabajos documentales. Lo que toman de la realidad son algunos fragmentos que, combinados con versiones distorsionadas de los hechos, son incrustados en una narrativa prefabricada. Lo que dejan de mostrar de la realidad son los elementos más importantes para entender los dilemas reales y las posibles rutas de progreso de la población rural Andina. Su amor por la ideología está por encima de su aprecio por los dramas reales de la población. Lamentablemente estas acciones llegan a ser financiadas por el Estado Peruano.

La narrativa de la película.

Una Empresa minera transnacional intenta realizar una mina de oro a tajo abierto en una zona de población indígena de Cajamarca. Dicha actividad devastará, de manera inevitable, las cabeceras de cuenca de las zonas circundantes. Estas caberas de cuencas son críticas por que de ellas surge el agua que alimentan los valles de una zona idílica y habitada por campesinos cuya alegría proviene de la conexión con la tierra y que no aspiran el “desarrollo” que la inversión podría traer para ellos y para sus hijos. Esos campesinos tienen una relación mística con el medio ambiente, están felices en su pobreza, y ante la amenaza de los cambios que pueden venir con la empresa minera piden a la Mama Yacu (Madre Agua) que les ayude (Para nada de esto hay evidencia empírica confiable, pero esto no preocupa a los autores de la obra).

La Empresa tiene a las instituciones del Estado (la PNP y la Presidencia de la República) sometidas y las manipulan para que actúen de acuerdo a sus intereses. Ante la resistencia de la población, la Empresa usa su poder malvado para reprimir abusiva y violentamente a los campesinos pobres locales y forzar su expulsión de las tierras ancestrales que legítimamente ocupan. Para satisfacer su avaricia la empresa deja a los campesinos sin agua pues sus operaciones “asesinan” las fuentes de este líquido (según esta idea los cerros son seres vivos que no deben ser tocados, y los conocimientos de geología e ingeniería no interesan).  Adicionalmente, la minería empeora los problemas sociales pues atrae el alcoholismo y la prostitución. Prueba de estos efectos se perciben en las inmediaciones  a las operaciones de minería (informal) presentes en Madre de Dios (para los autores de la película tampoco interesa que Madre de Dios sea selva baja y esté a dos mil kilómetros de Cajamarca, y que allá se aplique una tecnológica totalmente distinta).

Afortunadamente existen defensores del agua, como el padre Marco Arana y otros líderes, que con coraje y sin temor a perder su vida se enfrentan al extractivismo. Altruistamente, esos líderes impiden que se destruyan las fuentes de alimento de la población urbana y protegen el ecosistema en el que los campesinos pueden mantener su “estilo de vida” cualitativamente superior a la modernidad del occidente (índices de mortalidad infantil y esperanza de vida son indicadores poco relevantes, según ellos). Los problemas de la pobreza, de las enfermedades y del envejecimiento precoz son secundarios ante la belleza de sus tradiciones.

Aunque se percibe claramente la carga ideológica y la descripción fantasiosa de este relato, este es el mundo que nos retrata Hija de la Laguna el promocionado documental financiado por el Estado Peruano a través del Ministerio de Cultura.

No son antimineros pero siempre actúan en contra de la minería

La Hija de la Laguna es el más reciente de los documentales que ha producido Guarango Producciones. Desde su fundación en 1994 ha producido los siguientes largometrajes, todos documentales: De Ollas y Sueños, Tambogrande, Operación Diablo, Choropampa: El Precio del Oro e Hija de la Laguna.  El primer documental trata sobre la gastronomía peruana, todos los demás desarrollan una narrativa anti-minera consistente. Tanto es así que dichos documentales son utilizados en las acciones de adoctrinamiento (llamada concientización) de los grupos anti-extractivistas, y son exhibidos como herramientas de propaganda dirigida a la población a ser radicalizada.  El 80% de la producción de largometrajes de Guarango es hostil a la minería, y el 60% se enfoca en Minera Yanacocha específicamente. Guarango es un claro ejemplo los llamados “artistas comprometidos,” dispuestos a utilizar sus obras para avanzar su agenda ideológica para brindar información sesgada y dedicarse a la manipulación de la población campesina en función a sus objetivos.

El caso de Hija de la Laguna ha sido el más reciente y más visible caso de esta conducta hostil a las actividades mineras modernas. Este documental tuvo recientemente amplia cobertura mediática al informarse que su tráiler tuvo un número sorprendente de 5,7 millones de vistas a finales de agosto de este año.  Queda por entender por qué esta sorprendente aceptación en redes sociales no se traduce en público interesada por asistirla en las salas de cine. Comparando con otra película peruana reciente vemos que Asu Mare tuvo muchísimo menos visitas al tráiler y muchísimo más asistencia a los cines. Hija de la Laguna va por las 8,000 asistencias, en tres semanas y muy probablemente no supere las 10,000 mientras que Asu Mare, hacia su tercera semana, llegó a los 2.1 millones de espectadores, a pesar de que su tráiler tuvo 3,1 millones de vistas. Hija de la Laguna manifiesta un muy reducido ratio espectadores en cine y vistas al tráiler. Esto es sin dudas un fenómeno interesante, y genera la pregunta: Si una parte importante de las visitas al tráiler de Hija de la Laguna no fue obtenida artificialmente vía robots o contratada a empresas de promoción digital, como se explica una diferencia tan notable entre las dos películas?

En entrevista con el Diario Correo TV, Ernesto Cabello, director del documental, afirmó que la cinta “no es un documental anti(-minero), es un documental a favor del agua”.  Sin embargo, existen varios elementos que hacen pensar que este documental sí es principalmente hostil a la minería y que intenta sustentar una posición política anti-extractivista que el director no ha querido manifestar abiertamente. Su postura hostil al progreso es indefendible, así que él se presenta como defensor de un recurso natural. Nadie puede estar en contra del agua. El agua es un elemento mítico dentro de una narrativa anti-minera. Así su falta de perspectiva de futuro se oculta detrás del espejo de agua de las lagunas.

Para sustentar su posición, el director presenta como documento una historia que es una versión tergiversada e incompleta de la realidad, ocultando así los miles de otros casos de campesinos que con mucho esfuerzo e inteligencia están avanzando en sus aspiraciones. El documental no mapea ni documenta ninguna de las buenas prácticas que podrían servir de inspiración o de pistas de progreso para el campesinado Cajamarquino. Sin embargo, un trabajo así está más allá de las posibilidades de quienes quieren mantener a los campesinos en su estado de pobreza tradicional.

Aquí se comparten algunas apreciaciones, que ayudarán al lector a tener un retrato un poco más completode la realidad que el documental dice describir.

Medias Verdades y Mentiras Completas.

Cabello utiliza varias figuras de asociación para inducir las ideas que promueve en la audiencia.  Una de esas asociaciones es el grupo conceptual: indígena, tradición y quechua. Esta condición indígena tradicional es representada en la protagonista de la cinta, la señora Nélida Ayay. Si la misma protagonista de la película puede o no puede hablar Quechua no es importante. Lo que sí es importante es que, a pesar de ser mayoritariamente rural, el98% la población campesina Cajamarquina habla español, siendo el Quechua utilizado por menos del 2% de la población. Es bastante astuto de parte del director presentar el quechua como representativo de la población cajamarquina, a pesar de no serlo. Racialmente, más del 80% de la población peruana tiene trazos indígenas, así que en un escenario urbano casi cualquier campesina puede ser fácilmente vista como representante de culturas ancestrales. El propósito de esa tergiversación es incrementar el “exotismo indígena” de la historia ante las audiencias urbanas, especialmente internacionales, que asocian una lengua indígena con la condición social de grupo indígena marginal, remanente de una cultura ancestral, y ocultar así las características culturales modernas de la gran mayoría de la población peruana. La misma señora Nélida es una estudiante universitaria, de derecho.

También llama la atención que, la “Granja Porcón,” cerca de la cual vive la protagonista, es la máxima representante de la campiña Cajamarquina y realiza una próspera actividad agropecuaria y de piscicultura con aguas que salen, previamente tratadas, de las actividades mineras. El documental oculta que los principales líderes de la Granja Porcón tienen una postura favorable a la presencia de la minería en Cajamarca, y que, con esa cooperación, han logrado cambios notables en la calidad de vida de sus miembros. Esos logros son tan positivos y tan visibles que la Granja Porcón se ha un vuelto destino turístico reconocido. Esta es una realidad que el documental ha buscado ocultar.

Cabello además, muestra al personaje de la señora Chaupe como el símbolo del cajamarquino de las zonas aledañas al proyecto Conga que, supuestamente, se opone al ingreso de la empresa minera. Lo que oculta Cabello es que señora Chaupe es una migrante reciente que viene de fuera de la zona (instaló su vivienda el 2011, según fotos de Google Earth) y no representa el sentir de las 32 comunidades que viven en los alrededores de Conga. La señora Chaupe es una excepción de oposición en un área geográfica con una postura social abrumadoramente favorable a la minería. Dichas comunidades, de las zonas circundantes, se han pronunciado repetidas veces a favor de la actividad minera y en contra de los grupos hostiles que cruzan sus terrenos para hacer manifestaciones, pero este hecho es silenciado en el documental.

En realidad, la gran mayoría de personas que participan en las manifestaciones exhibidas en el documental son de zonas alejadas al proyecto Conga. La misma zona de Porcón Bajo, donde vive la protagonista Nélida es cerca de las operaciones actuales de Yanacocha y de la ciudad de Cajamarca, donde las comunidades también apoyan a la minería, y está bastante alejada de las áreas de influencia económica o ecológica del proyecto Conga, al cual ella se opone. Es evidente la intención de Cabello de manipular al público que desconoce los detalles de la geografía humana local.

En Hija de la Laguna se omite también información relevante sobre los “defensores del agua”  a los que en muchas oportunidades se les presenta como altruistas luchadores sociales pronunciándose o participando en manifestaciones públicas hostiles a la minería. En varios momentos ellos son presentados como si fueran personas que sacrifican sus intereses personales para servir a la comunidad.  Para tener un “retrato más completo”, sería bueno mencionar que los líderes anti-mineros han ascendido económica y políticamente en base a la promoción de la conflictividad. El más notable es el señor Gregorio Santos preso por acusaciones de corrupción, quien pasó de ser un desconocido profesor para transformarse en Gobernador Regional y en referencia nacional de la lucha anti-minera. Otros ejemplos son: Milton Sánchez miembro de Tierra y Libertad quien vive de combatir a la minería y que ha justificado en múltiples oportunidades la represión violenta de cualquier voz disidente a su prédica anti-extractivista en Celendin (http://www.lampadia.com/politica/stalinismo-en-cajamarca) y Edy Benavides, ex-miembro del grupo violentista de Antauro Humala, quien gracias a la oposición a Conga ha logrado elegirse alcalde de Bambamarca.

Con el apoyo de anti-extractivistas Europeos y Americanos esos líderes han sido favorecidos con financiamientos voluminosos y/o con viajes internacionales. Sus ingresos económicos personales se han multiplicado varias veces gracias a la promoción de los conflictos. Nunca le interesó, ni les importa que esa conflictividad haya generado una crisis económica cuyos los costos de están siendo pagados por las empresas y por la población Cajamarquina. Mientras los ingresos de la población local caen, los suyos aumentan. Como explica Sir Paul Collier de Oxford: los conflictos violentos, a pesar de sus terribles costos sociales, pueden ser muy rentables para algunos líderes.

Es notable que el único anti-minero presentado con nombre y apellido es Marco Arana(hoy pre-candidato presidencial) a quien le viene muy bien aparecer en un documental retratado como un líder pacificador, parecido a Gandhi, justo a puertas de su próxima campaña electoral. Al señor Arana  se le sigue denominando  “Padre” en el documental a pesar de haber sido expulsado de la Iglesia Católica. Los padres de la Iglesia Católica son vistos como personas honradas y bien intencionadas. No era conveniente hacer explícita su expulsión. Además, para una persona con ambiciones presidenciales, es muy conveniente y oportuno ser presentado elogiosamente en un documental, y especialmente si el documental es financiado por el Ministerio de Cultura. 

El autor del documental no es Nazi ni está próximo a esa ideología, pero tu obra sí aplica varios de los principios de propaganda de Goebbels. El más destacable es el principio de simplificación. El propagandista Nazi recomendaba identificar a un único enemigo y articular la narrativa hacia ese enemigo. En el documental dicho enemigo es la minería.  En esa línea, se muestran a todos los tipos de minería como si fueran homogéneos: la destructiva minería ilegal en la selva peruana, la minería cooperativista sin estándares ambientales o laborales en Bolivia y a la minería moderna en Perú.  Con esta simplificación, un espectador poco informado puede creer que la falta de estándares de la minería ilegal (contaminación ambiental, precariedad técnica, abusos sociales, evasiones fiscales, etc.) son similares a los estándares de la minería moderna. Ocultando que las operaciones de la minería moderna son rigurosamente auditadas por organismos nacionales e internacionales. El documental oculta la enormidad de la brecha entre las prácticas ambientales y niveles tecnológicos entre las operaciones mineras presentadas. Semejante generalización es equivalente a decir que todas las personas críticas a la  minería son “terroristas anti-mineros.”

En una de las escenas finales, se caracteriza a las mineras como vengativas.  Supuestamente la empresa habría despedido al padre de Nélida, por la participación de su hija en manifestaciones contra Conga. No hay evidencias de ello, pero esto es secundario para el director. El documental oculta que los hijos de varios dirigentes anti-mineros trabajan permanentemente en las empresas mineras que operan en la región. ¿Por qué las mineras se habrían ensañado con un personaje menor como Nélida, que no representa amenaza, y no contra conocidos anti-mineros con capacidad de organización y de dirección política? La imagen de perseguida siempre genera solidaridad en el público. No es sorpresa que ello sea un componente del documental-fantasía.

La escena de la Sra. Máxima Chaupe ordeñando vacas a 4,300 metros de altitud es una distorsión adicional de la realidad. Es conocido que el ganado vacuno no puede sobrevivir largo tiempo a esa altitud, y que en varios de los otros terrenos de la Sra. Chaupe en pisos ecológicos más adecuados, estas vacas podrían estar mucho mejor que en la puna. Como era de esperarse, al finalizar la filmación esos animales fueron retirados para evitar su muerte. Cada vez que sea necesario hacer otra filmación, los pobres animales serán trasladados y obligados a sufrir de asfixia parcial. El reconocido periodista Ricardo Uceda puso en evidencia las habilidades de la Sra. Chaupe para ocupar 9 terrenos y lograr su adjudicación, evidenciando su conocimiento detallado del funcionamiento de los Registros Públicos. La astucia del director consiste en combinar dos distorsiones (las imágenes de Nélida y Chaupe) para generar una impresión de verdad.

El Rol del Estado.

En el ensayo “Poder político y gobierno minero,” escrito por Francisco Durand, se sostiene la tesis filo-marxista de la subordinación del Estado Peruano a los intereses de la minería trasnacional. Según esa concepción, la “todopoderosa” minería controlaría al Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en función a sus intereses. Lo interesante es que el Estado, supuestamente controlado por la mineras, haya premiado a Hija de la Laguna tanto en su etapa de preproducción, producción y distribución.  Será que las empresas mineras están manipulando el Estado para financiar “documentales” que distorsionan la realidad en contra de sus actividades productivas?

Hija de la Laguna es uno de múltiples casos en que los anti-extractivistas canalizan fondos públicos de manera exitosa para financiar su activismo anti-minero. Este caso, como muchos otros, evidencia la existencia de diversas corrientes de pensamiento al interior del Estado Peruano en relación a las industrias extractivas. Evidencia también que la hipótesis de una posición única del Estado en este respecto tiene por objetivo descalificar las acciones del Estado para hacer que se cumplan las leyes cuando los anti-mineros utilizan la violencia para lograr sus objetivos políticos. La realidad es que cualquier revisión de los documentos de los grupos anti-extractivistas muestra que la deslegitimación de las instituciones públicas constituye un componente fundamental de su narrativa anti-minera.

En Conclusión.

Conceptualmente, un documental es una herramienta para hacer visible una realidad particular. Por ello, todo documental asume un compromiso ético con la fidelidad hacia los hechos y con la necesidad de mostrar las varias facetas de la realidad (principio del balance). Pero si información clave es omitida, si se mencionan las falsedades ya anteriormente desmentidas, el documental pierde su función como un recurso para entender la realidad y se transforma en una herramienta poco honesta de propaganda política.  Desde el punto de vista cinematográfico no era necesario esconder esa realidad, salvo que evidenciarlo hubiera puesto en riesgo el deseado financiamiento de un  Ministerio de Cultura que recompensa la simpatía a la ideología más que la cultura.

El Estado peruano ha premiado a Hija de la Laguna a pesar de las deficiencias técnicas y artísticas evidentes y reconocidas por el mismo jurado (cita el inicio de estas notas) . La pregunta que surge es: Porqué el jurado ha puesto a un lado los requerimientos de objetividad/fidelidad y perspectiva múltiple que debe tener toda obra que se presenta como un trabajo documental? La justificación del jurado para premiar una obra deficiente ha sido su opinión de lo “necesario y urgente” del documental. Es decir que lo premiado no ha sido no la calidad artística, su realismo o la riqueza de datos de Hija de la Laguna, ni menos su poder analítico, sino el criterio de que los argumentos desplegados durante el documental son de urgente difusión entre el público. Para qué y para quiénes es urgente y necesario promover argumentos que se sustentan en una versión distorsionada de la realidad de la población rural andina? Porqué es urgente y necesario promover una ideología contraria al desarrollo? Porque ocultan su pensamiento detrás de la defensa de los recursos naturales?

Con tantas distorsiones reconocidas, una afirmación de necesidad y urgencia solo puede ocurrir a un jurado ideológicamente alineado con el discurso anti-extractivista, a un jurado que está dispuesto a poner sus simpatías ideológicas por encima de la calidad artística de la obra y de su responsabilidad ética con el público nacional e internacional. El jurado que premió ese deficiente documental ha contraído una deuda con los públicos que esperan su buen criterio. Lampadia