Propuestas para reducir la conflictividad anti-minera (3 de 6)

Lampadia junto con el Centro Wiñaq, está formando una biblioteca virtual especializada sobre: Recursos Naturales y Desarrollo, que se nutre de diversos artículos y ensayos para mostrar con rigurosidad la grave situación de parálisis de las inversiones mineras y otras, a la que nos ha llevado las prácticas anti-mineras.

La siguiente contribución de Sebastiao Mendonça Ferreira para Lampadia, la tercera sobre las propuestas para combatir la conflictividad anti-minera, siempre desde la perspectiva de un enfoque estratégico y sistemático, se refiere al importante rol que debieran desarrollar los gremios mineros.

El Rol de los Gremios

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

El gremio minero fue creado para representar los intereses colectivos de su sector, es decir, los de las empresas mineras, petroleras y de energía que operan en el Perú. Sin embargo, los anti-mineros han logrado paralizar proyectos mineros importantes y bloquear cerca de USD 21 mil de inversiones en los últimos años. Ello significa que los gremios empresariales, y el minero en particular, necesitan adaptar su accionar a las nuevas condiciones de la conflictividad que enfrentan. Algunas ideas en ese sentido.

El desafío de la Opinión Pública

A pesar de la importancia extraordinaria de la minería para la economía peruana, (exportaciones, participación en el PIB, generación de empleo en zonas alejadas de Lima, encadenamientos multisectoriales y contribución determinante a la recaudación fiscal),[1] una parte significativa de la opinión pública nacional es contraria a sus actividades. Ello es verdad a nivel nacional, y aún más verdad en las regiones mineras.

La opinión pública depende de las prácticas empresariales pasadas y presentes, del manejo adecuado de los impactos positivos y negativos de la minería, a nivel local, y nacional, y del accionar sistemático de los grupos que, por intereses políticos, difunden una narrativa contraria a la minería, así como por los silencios de los gremios, empresas y personas vinculadas a los sectores atacados.

La opinión pública es vital para la sostenibilidad de la minería. Si la opinión pública es favorable, los gobiernos tienen mayor convicción para tomar las medidas necesarias para al desarrollo de las actividades mineras. Si la opinión pública es negativa, los aventureros políticos encuentran condiciones favorables para especular con los temores de la población y para presionar a los gobiernos, y los gobiernos dudarán en cumplir sus obligaciones legales.

Iniciativas prioritarias:

1. Conocer las creencias de la población y la narrativa anti-minera: Promover estudios en profundidad sobre las razones por las cuales los diversos sectores de la población temen o no desean la minería, y hacer visible el sistema de creencias valores y estereotipos en que se sustentan esas ideas. Una vez entendido esto, analizar la narrativa de los grupos anti-mineros, entender la lógica con la cual ellos influencian a las poblaciones locales y a la opinión pública nacional, y desarrollar una narrativa en la cual la minería y el desarrollo sostenible sean entendidos y valorados por la población.[2]
2. Frenar el daño producido por ideas falsas y rumores: Promover la realización de estudios e investigaciones serias sobre los impactos de la minería sobre la economía local y sobre el ambiente.  Los resultados de esos estudios deberían ser difundidos para evitar que los líderes de opinión y la misma población sea confundida con falsedades y rumores.
3. Capacitar a los formadores de opinión: Realizar eventos periódicos con formadores de opinión y estudiosos interesados en minería, para que entiendan mejor los aportes y los riesgos reales de la actividad minera, descifren la narrativa anti-minera, mejoren el nivel de rigor en la descripción e interpretación de los eventos, y contribuyan a mejorar la actividad minera y su legitimidad en la sociedad peruana.[3]
4. Promover actividades de comunicación permanentes que vayan formando un sentido común cercano a la inversión privada, el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y los circuitos de valor compartido generado por los grandes proyectos para la sociedad en su conjunto.

Desarrollo Compartido

La minería puede ser un poderoso motor del desarrollo regional y nacional. Pero, ello requiere que los líderes, empresas e instituciones locales tengan una visión compartida de progreso regional y del rol que la minería puede tener para contribuir a ese progreso. La creación de consensos sociales favorables a la minería dependen mucho de que los actores locales tengan esa visión compartida.

Para adquirir esa visión los actores locales necesitarán conocer experiencias prácticas en sus mismas regiones, que funcionen como laboratorios para explorar diversas modalidades de generación de sinergias entre la minería y las demás actividades, que permitan apreciar las mejores maneras para lograr que la minería contribuya a dinamizar las otras actividades.

Estas experiencias podrían aprovechar el enfoque ”Shared Value” desarrollado por Michael Porter[4] y experiencias exitosas de desarrollo rural ya validadas por programas como “Sierra Productiva,”[5] moldeándolas en propuestas de desarrollo local que combinen las potencialidades económicas locales, y las capacidades de las empresas, de la sociedad civil (Cámaras de Comercio, organizaciones de desarrollo, colegios profesionales, universidades, etc.) y de autoridades locales como los Gobiernos locales, Gobierno Regional, oficinas del Gobierno Central, etc.

Iniciativas prioritarias:

1. Promoción de iniciativas de Desarrollo Compartido: Los gremios empresariales podrían apoyar (coordinación, diagnóstico, diseño y soporte técnico) a la puesta en marcha de experiencias piloto de Desarrollo Compartido. Esas experiencias piloto pueden ser pequeñas, en una escala viable para los recursos financieros posibles de canalizar en el corto plazo y manejable para los actores locales listados arriba. 
2. Uso del Canon: Esos proyectos de Desarrollo Compartido deberían orientar el uso de Canon y de parte de las actividades de Responsabilidad Social de las empresas mineras,[6]  y podrían, además, canalizar recursos del gobierno central para la creación de la infraestructura y condiciones que fueran necesarias.
3. Intercambio de experiencias: Tal como hace el equipo de Shared Value en Harvard, los  gremios peruanos podrían organizar eventos regulares de intercambio de experiencias de Desarrollo Compartido, y visitas in situ, para acortar la curva de aprendizaje, avanzar en la escala y propagar más rápido los buenos resultados.

Prácticas empresariales

En los últimos años (básicamente por exigencia de sus matrices) las empresas mineras han mejorado los estándares de sus prácticas operativas, ambientales y sociales, así como la transparencia de sus reportes en Responsabilidad Social Corporativa,[7] en Gestión Ambiental (ISO 14.000),[8] y en Derechos Humanos.[9] Los resultados fueron positivos en sus países de origen: En la medida en que la opinión pública se ha ido informando de esos nuevos estándares, la legitimidad de las empresas ha mejorado.

Sin embargo, en el Perú estos estándares y reportes son poco conocidos y menos entendidos. Además, los periodistas y la opinión pública nacional no tienen como chequear si estos estándares son efectivamente cumplidos en Perú. La población no sabe si las empresas mineras con certificación ambiental internacional están o no están contaminando en el Perú. Ese desconocimiento deja espacios para la propagación del temor y para que grupos contrarios a la minería lancen campañas de rumores contra las empresas, y haciendo difícil a las empresas corregir esos rumores.[10]

Acciones constructivas:

1. Referencia creíble: Los gremios podrían establecer revisiones periódicas de las prácticas de las empresas, para verificar el cumplimiento en el Perú de los estándares globales en los temas operacionales, ambientales y sociales. Los indicadores considerados en esos estándares deberían ser adaptados localmente de modo a responder a la geografía local y a las preocupaciones de la población peruana, especialmente en las zonas mineras. Esas revisiones periódicas deberían identificar los aspectos en los que las empresas necesitan mejorar, y verificar si los problemas anteriores están siendo corregidos.
   La calidad técnica de esas revisiones es un prerrequisito, pero no es suficiente. Tampoco es suficiente la publicación de algún boletín técnico con los reportes.
2. Conocimiento Público: El conocimiento y credibilidad ante la opinión púbica peruana es un factor crítico. Para lograr ese conocimiento y credibilidad en la opinión pública, la organización responsable de dicha auditoria deberá publicar los resultados estableciendo un sistema de categorías del grado de cumplimiento de las diversas empresas, y realizar reuniones periódicas con los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. Esos informes deben constituirse gradualmente en la referencia de la sociedad peruana sobre la calidad de las prácticas de las empresas mineras. Sus pareceres deben tener alta respetabilidad en todo sentido.
3. Reconocimiento a los mejores: Podría generarse un premio, tipo diploma en Responsabilidad Social, a las empresas que alcancen excelencia en sus prácticas operacionales, sociales y ambientales. Las ceremonias de premiación podrían constituirse en una plataforma para explicar a la población los avances que la minería está alcanzando en el país en esas tres áreas. 
4. Experiencia de Australia: En Australia ya se ha creado un sistema local de revisión de las prácticas de las empresas mineras, realizado por una organización independiente, como él que sugerimos aquí, y las conclusiones de un estudio de 2006 afirman que han sido muy positivas para el mejoramiento de sus prácticas operativas, ambientales y sociales de las empresas mineras, y para la legitimidad de la minería. [11]