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La hora de los partidos y de la sociedad civil

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Este es el momento de los partidos políticos y de la sociedad civil. Si el gobierno de Dina Boluarte va a permanecer hasta el 2026, tiene que mejorar la calidad de la gestión, designar mejores ministros en carteras clave y promover la aprobación de reformas económicas y políticas. Esto para recuperar la confianza de los inversionistas a fin de volver a crecer, generar empleo y mejorar los ingresos de la población. De lo contrario, si seguimos como vamos, el 2026 puede ser pasto de outsiders antisistema. Las cosas tienen que cambiar.

El problema es que la presidenta Boluarte no tiene fuertes incentivos para mejorar.

Ella no tiene partido político interesado en llegar bien al 2026, y tampoco tiene un Congreso que le exija.

El propio Congreso carece de incentivos para demandar resultados por la misma razón:  a la mayor parte de los congresistas no les interesa el 2026 porque carecen de partido y tampoco pueden reelegirse, de modo que priorizan intereses particulares inmediatos. De las 13 bancadas, solo 6 corresponden a partidos políticos, y dos de esas seis (Avanza país y Renovación Popular) no tienen contacto con el partido respectivo.

La única manera de romper este círculo vicioso es desde afuera. Desde los partidos y desde la sociedad civil.

La elección de la mesa directiva puede ser un punto de partida: quienes negociaron la lista 1 no fueron los congresistas sino los partidos, al más alto nivel. Esa coordinación (del “bloque democrático”) a nivel de partidos debería mantenerse ahora para acordar unas bases de plan de gobierno para el 2026, que aplique quien gane. Esas bases servirían de orientación y directiva a las bancadas respectivas para avanzar en la aprobación de reformas necesarias

En su mensaje al Congreso la presidenta planteó algunas reformas en temas tales como seguridad, inversión público-privada y OXI, simplificación de regímenes tributarios, sistema de pensiones, meritocracia y reforma política. El Congreso debe aprobar las facultades solicitadas y los proyectos de ley respectivos. Pero puede además avanzar en reformas pendientes tales como:

  • Ventanilla única en minería, formalización minera, gobernanza minera y canon
  • Reforma laboral inclusiva
  • Reforma de la Salud
  • Ley de contrataciones con esquemas colaborativos
  • Reforma de la gestión del agua potable

En esa línea, es indispensable además que el Congreso desarrolle una oposición constructiva pero exigente, que fiscalice, entre otros temas:

  • El avance la meritocracia (una vez promulgado el decreto legislativo sobre la ley Servir)
  • El avance de la simplificación administrativa y regulatoria (aplicación rigurosa de los Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), que ya es obligatoria)
  • La digitalización de todos los procesos de compras y licitaciones
  • El destrabe de los proyectos de inversión públicos y privados
  • La celeridad y simplificación en el otorgamiento de permisos mineros
  • La formalización de la minería informal
  • La tecnificación de la agricultura familiar
  • La supresión de las colas en los hospitales y la atención en el primer nivel de salud

La oposición de centro derecha debe ser, además, mucho más exigente con la calidad de los nombramientos. Salud y Essalud son casos clamorosos. No solo eso: la designación de ministros altamente calificados, expeditivos y de perfil más político en los ministerios de Economía y Energía y Minas sin duda ayudaría restablecer la confianza de los inversionistas. Pues los ingresos fiscales han caído abismalmente, el gasto aumenta generosamente y no hay inversión privada, tampoco minera. Necesitamos otros ministros para que eso cambie. .

Y puede cambiar, si el Congreso se vuelve serio y si la sociedad civil y los gremios empresariales salen de su letargo y deciden llevarle al gobierno propuestas de reformas y también de personas de alta calidad que puedan asumir responsabilidades ministeriales o directivas. Este es un gobierno carente de recursos políticos y profesionales. Si se va a quedar hasta el 2026, necesita la colaboración de la sociedad civil. Lampadia




Justicia para todos

Jaime Spak
Para Lampadia

“Si la justicia existe, tiene que ser para todos,
nadie puede quedar excluido,
de lo contrario ya no sería justicia”
Paul Aster

 

“Leyes hay, lo que falta es justicia”
Ernesto Mallo

Si unimos las dos frases precedentes, podemos colegir que en el Perú la justicia tiene dos serios problemas:

  • Existen muchas leyes, pero no se aplican adecuadamente.
  • No todos son medidos con la misma vara.

Sin embargo, es irónico, porque un país en donde la justicia es muy cuestionada tiene a tres presidentes en la cárcel.

Un cuarto presidente y su esposa están en pleno juicio y en breves meses se dictará sentencia.

Es muy probable que corran el mismo destino.

Pero por otro, lado casos más sencillos, como dos sicarios que fueron aprehendidos junto con uno de los delincuentes más buscados, “Maldito Cris “, fueron liberados por una fiscal pusilánime y probablemente deshonesta.

Un abogado de un estudio muy importante maneja sin licencia de conducir, choca a una movilidad escolar y deja a una niña de nueve años gravemente herida, que se debate entre la vida y la muerte en la UCI de una clínica local y este sujeto es liberado.

Parecería una paradoja, personajes del más alto nivel están en la cárcel y delincuentes comunes y flagrantes están en libertad.

Para que un país pueda progresar debe de existir una justicia igualitaria.

En diferentes artículos anteriores, indique, que uno de los problemas más graves que padece el Perú es la corrupción.

A mayor corrupción, menor justicia.

Luego de estos años de incertidumbre que venimos padeciendo, ha llegado la hora de encarar de frente y sin tapujos el tema de la justicia en el país.

Estamos hartos de tantos escándalos a todo nivel.

El ciudadano de a pie, siente que la justicia en el Perú nunca será igual para todos.

Entonces tenemos que tomar el toro por las astas y de una vez por todas adecentar la justicia.

Hay tantos ejemplos en el pasado, de casos emblemáticos que faltarían hojas para enumerar todos.

Sin embargo, es una realidad que un país tan rico como el Perú la corrupción, unida a la injusticia, nos han robado el futuro.

Miles de millones de soles que han ido a parar a bolsillos de gente inescrupulosa, ha impedido el crecimiento de nuestra patria.

Recordemos el caso de los inservibles barcos Pachitea y Mantaro que costaron 64 millones de dólares, los caso Guvarte, Volmer, Villa Coca, en el segundo gobierno de Belaunde.

En todos ellos estuvieron involucrados, ministros, militares y líderes del partido.

¿Qué les paso?

Nada

Sin embargo, luego de la renuncia por fax de Fujimori y en medio del gobierno de Paniagua, se apreso a la mayor cantidad de altos mandos militares involucrados en millonarios robos.

Cuando el poder judicial desea actuar de manera certera, lo hace, no importando quien este sentado en el banquillo de los acusados.

Tenemos los más recientes casos, Lava Jato, el Club de la Construcción, los Cuellos Blancos del Puerto, el reciente caso de Marka Group, los amigos y familiares de Castillo.

Es decir, la gran mayoría de involucrados son gente que ostenta poder político o económico.

Una de las maneras más certeras de empezar a combatir la corrupción es que personajes intocables, sean juzgados con todas las garantías y si son sentenciados, pues que la cárcel sea su destino.

Es urgente que se empiece a incomodar a los que ostentan poder.

Tenemos que hacer una profunda reingeniería de nuestro aparato judicial.

No podemos seguir esperando años de años, para que un juez decida un caso sencillo.

Muchos de los que delinquen por primera vez, no aprecian la delgada línea que separa el bien del mal.

Ahora viene la pregunta del millón, ¿quién fiscaliza a los fiscalizadores?

Como podemos hacer para adecentar el poder judicial.

Como podemos hacer para que el ministerio público, tenga gente capaz e incorruptible.

Como lograr que los congresistas no ingresen por sus intereses particulares.

¿Como hacer que la justicia funcione?

Hay jueces probos, y ellos son los que deben de ser los que adecenten el poder judicial.

No es posible que la junta de fiscales solo la conformen cinco magistrados y entre ellos se eligen.

La corrupción es el arma que más se usa para enriquecerse.

Dentro de tres años, si no sucede nada extraordinario, habrá nuevas elecciones en el Perú.

Tenemos tres años para hacer reformas.

Lamentablemente estas reformas pasan por el congreso.

Con este congreso es imposible que se logre nada.

Hay demasiada gente incompetente y deshonesta en estos momentos.

Por eso insisto que la presidenta Boluarte tiene la gran oportunidad de cambiar las cosas.

¿Será capaz de hacerlo?

Nombre un consejo de jueces que ya no ejercen, pero que han destacado por su honestidad para que sean lo que inicien este cambio.

Debe de convertirse en una dama de hierro y hacer reformas profundas.

Será el inicio para que la justicia sea igual para todos. Lampadia




Justicia de papel

La reforma integral del sistema de justicia del país es una tarea histórica pendiente.

Publicado por Gestión
17 de julio de 2018
Adrián Simons Pino
Abogado procesalista y profesor universitario
Glosado por Lampadia

Cada vez que ocurre un escándalo como el que ahora ocupa la atención de todos los medios, nos acordamos de una tarea histórica pendiente: la reforma integral del sistema de justicia. ¿Será más de lo mismo? ¿Seguiremos siendo víctimas de los mismos discursos prometiendo reformas? ¿Veremos las mismas fintas disfrazadas de reformas parciales mediocres? ¿Para que todo siga igual, hasta que surja un nuevo escándalo? Como todavía hay quienes no perdemos la esperanza de que nuestros gobernantes asuman por primera vez, con valentía y responsabilidad, la difícil tarea de hacer una reforma en serio, haré un breve diagnóstico de la situación y algunas propuestas radicales para intentar cambiar las cosas.

1. Nombramiento de jueces y fiscales. De acuerdo con nuestra Constitución, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tiene esa función. Ese sistema ha fracasado. También como sociedad hemos fracasado. Lo más grave es que los miembros del CNM que han sido cuestionados, su designación fue responsabilidad del sector privado: colegios profesionales, universidades privadas y Colegio de Abogados de Lima. Hemos sido incapaces de nombrar personas con trayectoria académica e intachable hoja de vida. Ha llegado la hora de hacer algo diferente: reformemos urgentemente la Constitución para fundar un nuevo sistema de elección de jueces y fiscales y de control de los mismos. ¿Qué propongo? Crear una Escuela Judicial encargada de seleccionar a los futuros magistrados. Pero para evitar que la ignorancia organizada se infiltre nuevamente, es preciso crear un blindaje académico. Para que eso funcione lo ideal es recurrir a la cooperación internacional, de modo tal que el nombramiento sea fruto de los méritos académicos y no de favores gestionados bajo la mesa. Ser juez debe ser un honor y no la última alternativa. Los jueces deciden si una norma es constitucional, deciden sobre nuestra propiedad, sobre nuestra libertad. No puede estar esa función en manos de cualquier persona. Un juez debe ser alguien especial. La carrera judicial no debe ser vista como la última opción a falta de trabajo.

2. Nuevo sistema de control. Es una realidad histórica que los órganos de control, sean del Poder Judicial o de la Fiscalía, no hayan funcionado. Se requiere crear un órgano constitucional autónomo ajeno a los jueces y fiscales, que tenga a su cargo la fiscalización, investigación y sanción. Tal órgano podría denominarse Contraloría de la Magistratura, el cual estaría a cargo de personas de diversas especialidades y ajenas por completo a la labor de juzgar.

3. Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Tenemos una LOPJ que va a cumplir 30 años y, como veremos, está absolutamente desfasada con nuestra realidad. Necesitamos urgente una nueva LOPJ que contenga una estructura funcional del sistema judicial. Por ejemplo, que la gerencia del mismo esté a cargo de una organización altamente especializada. Los jueces no deben perder su tiempo en administrar el funcionamiento del sistema. Los jueces deben dedicarse por entero a la labor que les hemos encomendado: resolver los casos de manera eficiente y rápida.

4. Nueva Corte Suprema. La vieja y vetusta LOPJ determina la cantidad de jueces supremos en un número de 20, de los cuales solo 15 tienen la labor de juzgar a través de tres salas supremas (civil, penal y constitucional). Sin embargo, la realidad ha sobrepasado cualquier límite. ¡Nuestra Corte Suprema ha colapsado!

A diciembre del 2017 nuestra actual Corte Suprema tiene más de 60,000 casos. Quien lea esto diría: ¡esto es humanamente imposible! Que 15 hombres soporten tamaña cantidad de procesos para resolver. Bueno, como en el Perú lo provisorio se convierte en eterno, se decidió hacer clones de las salas supremas y crear salas transitorias. Hoy tenemos nueve salas supremas que hacen un total de 45 jueces supremos. Y, ¿quiénes integran las salas clones?, ¿si solo tenemos 15 jueces titulares? Pues, se convoca a jueces superiores o de segundo grado, para que durante un tiempo indeterminado ejerzan el cargo de jueces supremos provisionales. Esta es una situación inédita en la región. Ningún país con una justicia medianamente decente tiene una Corte Suprema que funcione de esta manera.

Bajo esta triste realidad, es imposible tener una Corte Suprema que cumpla con su rol esencial: crear derecho, generar confianza y predictibilidad en sus decisiones. Debemos afrontar el problema no solo con reformas constitucionales y legislativas; también debemos diseñar un nuevo perfil de juez para nuestro país.

Si no reaccionamos ahora, lo que he descrito será peor, y nuestros jueces supremos seguirán haciendo lo que hacen hasta hoy: luchar contra el reloj de la historia y perder en el intento. Lampadia




Reformas que afectarían nuestras libertades

Reformas que afectarían nuestras libertades

En Lampadia nos felicitamos por tener acceso a la siguiente reflexión anónima de alguien evidentemente informado, especializado y comprometido con la salud cívica del país, sobre el devenir de la aplicación de la ley y la cautela de los derechos de los ciudadanos en una sociedad regida por la democracia y el Estado de Derecho.

Nuestro preocupado especialista nos alerta acerca de las posibles perniciosas consecuencias de tres reformas que estarían en curso: la eventual autonomía de la Procuraduría,  derechos inadecuados que se otorgarían a la Unidad de Inteligencia Financiera y facultades impropias para el levantamiento del secreto de comunicaciones.

Consideramos que el análisis siguiente es muy consistente y extraordinariamente valioso. Debe llamar a la reflexión y debate sobre las normas en cuestión por parte de los ciudadanos más informados al respecto, para salvaguardar la mejor salud de nuestra sociedad. No sigamos dejando más vacíos y lejanías en el noble deber de diseñar nuestro futuro como el de una sociedad democrática, justa y próspera.

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Por ‘Colaborador Desconocido’

Traducido y editado por Lampadia

Hay planes para modificar la legislación vigente sobre (1) el status de la PROCURADURÍA, (2) de la Unidad de Inteligencia Financiera y (3) el levantamiento del Secreto de Comunicaciones.

A pesar de que, en principio, modificaciones para mejoras son siempre bienvenidas, es sorprendente y alarmante el poco debate profesional público sobre estos temas tan importantes. Las discusiones son principalmente dirigidas por los promotores de dichos planes quienes, por supuesto, tratan de ‘vender’ sus ideas y tienen de su lado a los medios más importantes, desafortunadamente, sin la debida reflexión, pues estos temas navegan bajo la bandera popular de la lucha contra la corrupción.

PROCURADURÍA (PRO): El objetivo de esta pretendida modificación es otorgarle a la PRO un estatus autónomo. Sin embargo, antes de considerar este plan en detalle, uno debe primero discutir, en principio, si la PRO es necesaria o beneficiosa en absoluto (aparte de ser simplemente los departamentos legales de los ministerios e instituciones del gobierno). La mayor parte de los países occidentales no tienen una PRO en absoluto, sino sólo una Fiscalía. Interesantemente, la mayoría de esos países tienen un sistema judicial que funciona mucho mejor que el de los países que tienen una PRO además de la Fiscalía. Por lo tanto, parece que las razones para tener un sistema de justicia satisfactorio no residen tanto en la forma del sistema, sino en su cultura.

El cambio propuesto no garantiza automáticamente una mejor PRO. Más bien puede empeorar: mientras más autónoma es una institución, más potencialmente propensa es al abuso, y/o puede, a su tiempo, convertirse simplemente en una  fuente de corrupción adicional. Los promotores del plan desean asegurar calidad mediante la introducción de estándares profesionales más altos para los miembros de la procuraduría; sin embargo, ser recto y no corrupto no es un tema de estándares profesionales, sino de carácter (y ¿cómo se evalúa el carácter?).

Otro aspecto es la importancia del equilibrio entre el investigador/acusador y el investigado/acusado. Lo ideal sería que las partes (aunque en un sentido estrictamente  formal, la Fiscalía es la parte en el proceso) tengan iguales derechos e “instrumentos”.  En realidad, sin embargo, este no es el caso, pues la Fiscalía, como la parte   investigador/acusador, tiene muchos instrumentos soberanos  a su disposición (ya sea directamente o mediante aprobación judicial) y puede, por lo tanto, hacerle la vida miserable al investigado/acusado, aunque dicha parte sea todavía legalmente inocente. Una PRO autónoma desplazará el equilibrio ya  inexistente aún más en favor de la parte que investiga/acusa, ya que una PRO autónoma es, como el Ministerio Público, parte de la organización estatal y va a buscar -al igual que cualquier institución- fortalecer su propia imagen, para demostrar su derecho a existir y para ganar influencia y  poder. Ésta  es también la razón por la que la PRO debe pagar, como cualquier otra parte, los costos judiciales, etc., causados por sus actos y no debe estar exenta de hacerlo, como está planeado. Los promotores de la propuesta enfatizan constantemente que la Procuraduría “sólo” actúa como un “abogado” del Estado; si es así, no debe tener más derechos que el abogado que representa a la parte investigada/acusada. Dicho sea de paso, el argumento de ser sólo un “abogado del Estado”, es erróneo, puesto que un abogado nunca es autónomo en lo que concierne a su cliente.

Otra tema abierto es el del control de la PRO y sus miembros, porque cualquier institución requiere una supervisión y control constante y, de ser aplicable, sanción. Estos problemas no se han planteado en absoluto hasta el momento.

Y por último, el gobierno, que representa al Estado, debe tener el derecho a intervenir en el trabajo de la Procuraduría en casos de interés nacional.

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): el levantamiento del secreto bancario es una interferencia muy seria en los derechos básicos y en los asuntos personales de los ciudadanos. En consecuencia, tiene que haber un umbral muy alto para levantar el secreto bancario, y bajo ninguna circunstancia esta interferencia excepcional debería convertirse en algo usual. En la mayoría de los países, esta medida requiere la autorización de un juez: aquí en el Perú se encuentra, hasta el momento, por lo menos en manos del Fiscal de la Nación. Permitir ahora a la UIF (e incluso a otras partes en las investigaciones), la misma facultad, causará un manejo totalmente arbitrario de esta facultad. La UIF es una institución especial: opera en la trastienda, sus informes son anónimos y sus funcionarios no pueden hacerse responsables de sus actos ni son estos apelables. Un gran porcentaje de sus reportes no tiene ningún fundamento legal sólido, pero está lleno de conjeturas, suposiciones, insinuaciones y generalizaciones al estilo de “no podemos descartar”. Un enfoque de este tipo puede traer algunos aspectos e información que soporten el trabajo de la Fiscalía, pero no puede formar la base para otorgar la facultad esencial de levantar el secreto bancario, puesto que nadie que no sea responsable y cuya decisión no sea apelable, debe nunca tener la posibilidad de interferir con los derechos de otros, ni poder dañar potencialmente a alguien que todavía es inocente ante la ley. Permitir que la UIF tenga el derecho de levantar el secreto bancario para acceder directamente a información de las cuentas, significa que esta medida extrema se convertirá en una práctica cotidiana, y no en una medida de último recurso. La consecuencia sería que el investigado/acusado estará sujeto a una “muerte civil”, aunque todavía se encuentre bajo la presunción de inocencia, ya que los bancos, normalmente, van a cerrar inmediatamente sus cuentas, líneas de crédito, etc. y no permitirán una re-apertura de cuentas antes que el caso haya sido archivado (en tiempos de progresiva bancarización se puede vivir sin amor y sexo, pero no sin una cuenta bancaria). Esto destruirá la vida de la parte investigada/acusada, como, por ejemplo, fue el caso de “Santa Natura” que fue erróneamente investigada/acusada por la UIF y la  PRO. Por lo tanto, antes de conceder a la UIF dicha atribución, uno tendría que cambiar en primer lugar el marco legal y la base de operación de la UIF, para que sea ‘accountable` y responsable [“liable”], para hacer sus decisiones apelables y ponerla bajo un eficaz control y supervisión. Puesto que la UIF se opondrá a dejar su espacio secreto de trabajo (en parte por buenas razones), no debe recibir la atribución propuesta. Dicha atribución debe mantenerse solamente en manos de la Fiscalía (o transferírsela al Poder Judicial), más aún desde que los datos bancarios están difícilmente sujetos al periculum in mora, porque la información se refiere a hechos dados, que no pueden ‘escaparse’ ni esconderse. Ésta es otra razón para discutir una forma alternativa de obtener la información pertinente, que no debe tener un efecto dañino en la parte afectada.

Por cierto, el sistema actual de reportar transacciones monetarias “sospechosas” tiene un defecto de nacimiento: las partes informantes (bancos, etc.), así como la UIF, deberían solamente tener el derecho de clasificar transacciones como “inusuales” (que es de por sí un término neutral) y no, como es el caso ahora, como “sospechosas” (que es de por sí un término negativo); luego el fiscal debería tener el derecho y la obligación de clasificar el tema como “sospechoso” (y, acusable, de ser aplicable) o “no-sospechoso” y, finalmente, se debe mantener el derecho y la obligación del juez de calificar la causa en el sentido de estar dentro o en contra la ley, y por lo tanto emitir la sentencia correspondiente. Nadie, cuyas decisiones no acarreen responsabilidad, y/o que no se puedan apelar, puede tener el derecho a calificar una cuestión como “sospechosa” y, por lo tanto, causar potencialmente un daño injusto y sustancial a la parte agraviada.

Secreto de Comunicaciones: Lo indicado líneas arriba se aplica por analogía al plan de otorgar a cualquier parte encargada de una investigación, el derecho de levantar el secreto de las comunicaciones de la parte investigada. Por supuesto, pueden ocurrir situaciones extremas que justifiquen acciones judiciales inmediatas. Sin embargo, otra vez, debe haber mecanismos restrictivos y de control, puesto que de otra manera el levantamiento del secreto de comunicaciones se convertirá en una práctica cotidiana. Y, como el ejemplo de otros países (EE.UU., GB, Alemania, etc.) y del Perú ha demostrado, las avanzadas tecnologías para interferir las comunicaciones telefónicas, emails e internet etc., han causado abusos significativos. Por lo tanto, se requiere ajustar  y no flexibilizar las facultades para intervenir.  

En general: la sustancial corrupción en marcha, el aumento de la tasa delincuencial, el desempeño insatisfactorio de varias ramas gubernamentales y estatales diferentes (incluido el Parlamento y el sistema fiscal/judicial), han generado una profunda frustración y una fuerte reacción de parte del público, de ciertos grupos e individuos, así como de los medios. El objetivo de poner fin a los fracasos o al menos reducirlos es altamente entendible y justificado; sin embargo, la forma en que se expresa la consternación y la forma en que se busca el remedio, son en gran parte erróneas, y no conducirán a una mejora de la situación. Por el contrario, puesto que los remedios buscados actualmente están motivados en parte por bases ideológicas, en parte por razones de  beneficio político y en parte también como una “guerra” personal y por lo tanto  tomados sin mayor escrutinio por los medios y por el público, simplemente, un mal sustituirá a otro. La única manera de conseguir mejoras y cambios, radica en abordar los temas “sine ira et studio” (“sin odio y sin sesgo”) y sin aplicar un estilo “twitter” y “facebook”, si no de forma profunda, mesurada y equilibrada.

La calentada atmósfera (populista), impulsada por la reciente campaña electoral, ya ha producido significativas consecuencias negativas: (a) la presunción de inocencia, introducida en el siglo II DC por el emperador romano Antonino Pío (y que incluso forma parte de la ley islámica ), se está perdiendo cada día más y más, (b) las sustentadas sospechas iniciales se están sustituyendo por sospechas generalizadas y vagas, (c) muchas y  exageradamente largas detenciones preventivas en espera de juicio se imponen, pese a que debieran ser lo más excepcionales y cortas en la privación de la libertad de una persona que todavía está bajo la presunción de inocencia, causando así un daño duradero a su vida y su familia, (d) los jueces son censurados con dureza sin que los críticos conozcan los detalles del caso y de la sentencia o (e) a los jueces se les dice por adelantado cómo tienen que ser las sentencias, (f) existe la intención de  invertir la jerarquía de los delitos y las sanciones correspondientes, evolucionadas durante miles de años, (g) la estricta confidencialidad de las investigaciones individuales es sustituida por fiscales y procuradores que  buscan ser el centro de atención del público y por filtraciones intencionales, (h) la ley y la justicia se politizan para obtener pingues beneficios económicos y políticos, (i) y los medios de comunicación y la calle usurpan los campos y funciones que no se supone sean los suyos, etc. etcétera. Es muy difícil encontrar otro país fundado en la democracia, que esté tan lleno de diarias sospechas,  investigaciones, denuncias, etc. etc., como el Perú, envenenando, por lo tanto, el tejido básico de la convivencia  cotidiana.

Además existen ciertos individuos y grupos que, posiblemente con las mejores intenciones, han comenzado una cruzada personal, obsesionados como Robespierre  con traer la salvación al país (por cierto, es interesante estudiar el lenguaje corporal de aquellas personas). Implementar sus intenciones significaría establecer la dictadura de la letra de la ley; sin embargo, cualquier dictadura, incluyendo la dictadura de la letra de la ley, es el mal. En la historia, cada vez que se ha tratado de realizar un ideal sin aplicar simultáneamente el sentido de la realidad y el pragmatismo, el sentido de la razón y las proporciones, sin tomar en cuenta la naturaleza humana, se ha terminado en un desastre, en lo contrario de lo que se intentaba (“el camino al infierno está plagado con buenas intenciones”).

La democracia y el Estado de Derecho no son formas ideales (no existen formas ideales). Tienen muchos puntos débiles. Sin embargo, este es el precio a pagar por  cierta libertad personal y para vivir dentro de un sistema social que da, comparativamente, una alta protección contra fallos soberanos arbitrarios, decisiones y persecuciones, contra la tendencia de los gobiernos y los políticos a abusar de la ley como un pretexto para aumentar su poder e influencia y restringir la libertad de los ciudadanos, así como contra los entes privados que (ab)usan de la ley para ajustar cuentas personales u obtener ventajas personales. Quién no esté dispuesto a pagar el precio del Estado de Derecho, asume el riesgo de perder la libertad (relativa) y que la sospecha, la arbitrariedad, la persecución, el prejuicio, los pre-juicios, abusos, etc., se hagan cargo. Debemos ser muy conscientes de este riesgo, pues cualquiera de nosotros puede ser, en cualquier momento, la próxima víctima inocente.

Ya es hora de encontrar un enfoque adecuado y medido de los problemas, sin ideología, sin politizar, sin buscar titulares baratos en los medios de comunicación, sin entrar en las cruzadas demagógicas, sin buscar soluciones inmediatas para problemas que tomarán años, si no décadas, en ser resueltos. Una de las mayores y más difíciles tareas de un estado de derecho es de buscar un justo balance entre el derecho de los ciudadanos a vivir en orden y seguridad en un lado, y su derecho a vivir en libertad personal y bajo una mínima interferencia del Estado, en el otro lado. Dicha tarea forma un constante acto de balancear, donde no existen soluciones simples, generales y populistas, sino una constante ponderación caso por caso. Sería una tarea noble y  muy importante de los medios de comunicación serios, tomar el liderazgo de tal reconsideración y reflexión, abordando estos temas de gran complejidad en profundidad y de manera equilibrada, objetiva y viable.

Lampadia

 




El MMM y los planes de Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio

¿Alcanzarán las reformas propuestas en los planes para superar las metas señaladas en el MMM?

 

Jaime de Althaus

Lampadia

 

Hay un cierto contraste entre el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) recientemente publicado por el MEF, y los planes de gobierno de Peruanos Por el Kambio (PPK) y Fuerza Popular (FP). En términos generales, el MMM advierte más riesgos en la economía global que dichos planes y es más conservador. Considera una tasa de crecimiento de mediano plazo de 4% a partir del 2018, mientras que PPK la pone en 5%. Postula un déficit fiscal de 1.8% del PBI el 2017 y 1.3% el 2018, mientras que el plan de PPK proyecta una déficit fiscal de 3% del PBI hasta el 2019.

El MMM plantea reducir el déficit fiscal sin afectar la inversión pública, lo que supondría aumentar la recaudación y reducir gasto no prioritario a fin de no reducir el gasto corriente necesario, que más bien tendría la presión de aumento que vendrá del avance de la reforma magisterial y de la del Servicio Civil. De otro lado, el MMM no incluye un incremento del endeudamiento externo ni tampoco una mayor utilización del Fondo de Estabilización Fiscal, como sí lo plantea el Plan de Fuerza Popular. Menos aún aconseja reducir tasas impositivas (PPK) sino más bien incrementar la eficiencia de la fiscalización tributaria a fin de reducir los niveles de evasión que aún son altos “y combatir la evasión de corporaciones internacionales que transfieren recursos hacia países de baja fiscalización”.

La pregunta que debemos hacernos es hasta qué punto ambos planes de gobierno están incluyendo las reformas y políticas necesarias para conseguir un crecimiento de mediano plazo superior al 4% así como una recaudación fiscal y una reducción de gasto no prioritario que permita financiar a la vez el desarrollo de la infraestructura y la consolidación de reformas que requieren aumento del gasto corriente (servicio civil, magisterial, Policía, Judicial). La necesidad de reformas profundas es tanto más necesaria cuanto existe el riesgo de que el entorno económico mundial se agrave si se desatan problemas financieros contenidos y la China crece menos aún de lo esperado, que ya es menor al 6%.

El examen de ambos planes permite encontrar coincidencias en torno a las siguientes reformas y políticas:

1. Eliminación drástica de trámites, requisitos y exigencias en todos los sectores, para impulsar inversión privada y destrabar proyectos de infraestructura.

2. Gobierno electrónico, digitalización del Estado, plataforma de interoperabilidad, integración de las bases de datos.

3. Profundizar la reforma del Servicio Civil y gestión por resultados en todos los niveles.

4. Afianzar la carrera magisterial meritocrática y mejorar los aprendizajes usando tecnologías de la información y pedagogía constructiva.

5. Reforma de la inversión pública:

  • PPK: Nueva Proinversión que verá toda la obra pública y público-privada. Tendrá el banco de preproyectos de inversión y realizará los estudios de cada preproyecto. Tendrá un presupuesto quinquenal de preproyectos y priorizará los proyectos de inversión en base a una evaluación económica y social de los beneficios y contará con un sistema de monitoreo. Tendrá oficinas en todos los Gobiernos Regionales y locales.
  • Fuerza Popular: Creación de un Sistema Integrado de Planeación de Políticas Públicas, que comprenderá funciones de planeación de la implementación de políticas y de inversión, así como de coordinación de dicha implementación entre niveles de gobierno. Tendrá Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) que tendrán a su cargo la identificación de las prioridades del Estado relacionadas con los servicios así como con la adecuada operación de los procesos de inversión pública.
  • Ambos plantean impulsar y simplificar las APPs.

6. Descentralización: Fortalecimiento del control y de la capacidad del gobierno central para reformar y monitorear  los servicios y entregar recursos a cambio de resultados.

  • Ambos plantean la reforma de la Contraloría (todos los auditores pasan a la Contraloría; fiscalizar resultados y dolo antes que cumplimiento de normas).
  • PPK: la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) y la  descentralización de Proinversión.
  • FP:  Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) para acordar metas, reformar y garantizar los servicios de educación, salud, agua y saneamiento y la inversión pública.
    • Transferencias a gobiernos sub nacionales condicionadas a la reducción de brechas.

Pero ninguno de los dos planes plantea que el gobierno central pueda intervenir o sustituirse temporalmente en casos de falencia de algún servicio, ni tampoco una redistribución de funciones y competencias ni un proceso de recertificación de capacidades.

7. Formalización:

  • Régimen especial temporal con tasas menores para mypes:
    • PPK: 10% del Impuesto a la Renta por 10 años, o Impuesto 2,5% de las ventas, a empresas que facturen hasta 2,300 UIT.
    • FP: Tributación cero durante los dos primeros años para las nuevas MYPES, y luego tarifa  progresiva.
  • IGV:
    • PPK: Reducción del IGV hasta el 15%.
    • FP: Pagar IGV cuando se reciban los ingresos, etc.
  • Incentivos a empresas que contraten jóvenes.
  • PPK: ¿Seguro  de desempleo en lugar de CTS (2.5% del sueldo) y reducir el sobrecosto de los beneficios laborales en 10 puntos (PPK)?
  • Reforma de la SUNAT (reorganizar, facilitar)
  • Titular comunidades campesinas y nativas
  • Formalización de la minería informal:
    • PPK: Nuevo Banco de Fomento Minero que adquirirá producto de los mineros
    • FP: Legislación diferenciada por  costa, sierra y selva, valla más baja. Pero se acaba de anunciar un acuerdo que despenaliza la minería ilegal.

No obstante, ninguno de los dos planes plantea flexibilizar la legislación laboral, sino fortalecer Consejo Nacional de Trabajo para lograr consensos que permitan quizá flexibilizar. Tampoco queda claro cómo sería una reforma integral de sistema de pensiones luego de la aprobación de las ley que permite retirar el 95.5% del fondo acumulado en la AFP al momento de jubilarse. 

8. Coincidencias en políticas productivas:

  • “Adelanto social” en minería.
  • Masificación del gas, petroquímica y modernización de PetroPerú.
  • Extender Sierra Productiva (FP) o Haku Wiñay (PPK) a toda la sierra rural.
  • Profundizar la diversificación productiva.
  • Impulsar la investigación, ciencia y tecnología.
  • Multiplicar el turismo.
  • Plantaciones forestales en sierra y selva: 1 millón de has.
  • Ley fomento de acuicultura (solo FP).

9. Políticas de reactivación:

  • Impulso fiscal: (déficit 3%, utilización del FEF). Estas propuestas no están contempladas en el Marco Macroeconómico Multianual.
  • Impulso tributario: (solo PPK). Propone reducir el IGV 3 puntos, incluir toda la inversión como gasto a fin de reducir el impuesto a la renta y mantener la reducción al impuesto a  la renta dictada por este gobierno. Fuerza Popular plantea derogar esa reducción.  

En conclusión, sea quien fuera que llegue a la presidencia, aplicará –si cumple su plan de gobierno- un conjunto de reformas que ayudarán a reanimar la inversión, mejorar la productividad de la economía y subir la tasa de crecimiento potencial. Sin embargo, hay dos temas clave en los que las propuestas son deficitarias: la reforma de la descentralización y la reforma laboral. Sin eso, será difícil mejorar apreciablemente la capacidad de gestión y calidad del gasto público y formalizar la economía y el trabajo a fin de multiplicar la inversión y aumentar la recaudación. Además, los planes entrañan un incremento significativo del gasto en nuevos programas propuestos, pero no se indica qué gastos o programas se reducirían para hacer eso posible, aunque sí se propone una nueva institucionalidad planificadora y priorizadora.

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