Jaime de Althaus
Para Lampadia

La reciente decisión de una corte del Poder Judicial de anular la delirante acusación del fiscal José Domingo Pérez contra Pedro Pablo Kuczynski, para quien pedía nada menos que 35 años de prisión como si se tratara de un asesino en serie o del jefe de una banda terrorista y genocida, acusándolo que haber formado una organización criminal con su secretaria y su chofer, confirma una vez más el carácter estrafalario, desenfrenado y politizado de las actuaciones de ese funcionario del Ministerio Público. Como ha señalado Augusto Álvarez Rodrich, los US$12.2 millones que el fiscal afirma que PPK ‘lavó’ resultan de la suma de los ingresos declarados por él en una década provenientes del sector privado incluyendo honorarios y directorios. Como fuere, el fiscal había desdeñado considerar los peritajes y los informes financieros aportados por la defensa, en lo que configura un modus operandi típico de este señor.

Como el caso de Ricardo Briceño, donde no solo no consideró los descargos y explicaciones, ni miró los hechos, sino que fue más allá fabulando un fraude de Briceño contra la propia CONFIEP -pese a que ésta lo desmintió-, para darle más de dos millones de soles a Keiko Fujimori pese a que nunca se habían dado porque se usaron en una campaña de defensa de la economía de mercado. La Corte Superior ordenó anular la decisión del juez Zúñiga de pasar a juicio a Briceño, pero resulta que procurador del Poder Judicial, sumándose a la locura, ha apelado, perpetuando la pesadilla.

A Pérez no le interesan los hechos ni la verdad ni la justicia. Lo que le interesa incriminar a sus fantasmas políticos, a sus enemigos ideológicos, o construirse la imagen de gran luchador contra la corrupción a costa de la verdad y de las personas.

El problema es que con eso comete abusos irreparables. El debería ser denunciado por la destrucción del honor y la estabilidad sicológica de muchos ciudadanos. Allí están el ex ministro de economía, Miguel Castilla o el exfuncionario Alberto Pasco-Font, absurdamente involucrados y acusados. Dos personas intachables.

Para no hablar de Ollanta Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori, sometidos a injusta y abusiva prisión preventiva por donaciones de campaña que no eran delito pero que fueron criminalizadas con el argumento forzado e insostenible de que se trababa de lavado de activos, cuando ni el origen de los fondos era delictivo, ni los receptores tenían por qué sospechar que pudieran serlo. Hasta Lourdes Flores ha sido imputada.

Aquí no solo se ha destruido a las personas. José Domingo Pérez y el equipo Lava Jato han dinamitado la clase política y por ende la democracia en el Perú, llevando a la cárcel a líderes de partidos importantes como si fueran criminales de altísimo vuelo, y tipificando a los partidos como organizaciones criminales. Hasta alguien como Luis Pasara ha condenado severamente los excesos inconmensurables de estos fiscales.

En una democracia sin partidos, los pocos esfuerzos de construcción partidaria en marcha, como el Partido Nacionalista y Fuerza Popular en este caso, fueron exterminados o debilitados en extremo, dejando al país sin un centro izquierda popular y sin una derecha popular que pudieran representar a parte importante de una sociedad que ahora rechaza la política y a los políticos.

Todo esto se hizo con el concierto del gobierno de Vizcarra, que arremetió contra un congreso visto como el reducto precisamente de Fuerza Popular, congreso al que había que cerrar de la misma manera como que había que enviar a prisión a la líder del fujimorismo. Y ello con el apoyo de la prensa que se compró el cuento de la lucha anticorrupción y disfrutó de las primicias deslizadas desde esa fuente de propaganda destructiva que fue y sigue siendo el equipo LavaJato.

Las guerras santas son dañinas. Crean demonios y adjudican culpas. No caigamos en una tampoco desde el otro lado. Las imputaciones a Zoraida Avalos, por ejemplo, deben merituarse en su exacta dimensión. Hay que romper la retaliación. Lampadia

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Un juez declaró fundado el recurso del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y anuló la acusación que el fracasado fiscal José Pérez había formulado luego de seis años de supuestas investigaciones. Un fracaso más del politizado y prevaricador magistrado, que ha gastado millones de soles del erario público en pesquisas que no han logrado ninguna condena.

Lo que ha sí ha conseguido ese individuo es acosar y perseguir a los adversarios de la coalición vizcarrista, sobre todo a los incómodos para los caviares, y proteger a los amigos, socios y allegados a estos.

Un caso flagrante es el de Susana Villarán que, según abundantes evidencias, recibió coimas por más de diez millones de dólares siendo alcaldesa de Lima para las campañas de revocatoria (2013) y electoral (2014). A pesar de las pruebas, han pasado muchos años y no hay resultados judiciales tangibles.

A PPK lo han tenido con prisión domiciliaria por años, le han incautado todas sus propiedades y, absurdamente, le inventaron una supuesta organización criminal con su secretaria Gloria Kisic y su chofer José Bernaola, con el propósito de mantenerlo procesado. Y luego, sobre bases endebles, pidieron una extravagante condena de 35 años, como si fuera un criminal terrorista que hubiera asesinado a muchas personas.

Pérez adelantó la acusación sin esperar algunos peritajes porque quería publicitar su tremenda denuncia, antes de fugarse del Ministerio Público.

En realidad, por lo que se conoce hasta ahora, las actividades de PPK pueden ser reprochables, pero parece muy difícil que puedan ser sancionadas como delictivas. Haber realizado operaciones financieras para Odebrecht cuando no era funcionario público y cuando esa empresa no era cuestionada por actos de corrupción, no es un delito. Puede criticarse por criterios éticos, pero no judiciales.

A diferencia de Alejandro Toledo o Villarán, nadie lo ha señalado como receptor de coimas cuando ocupó cargos en el Estado.

Todo indica que lo que está detrás de ese ensañamiento es el odio caviar por haber indultado a Alberto Fujimori en diciembre de 2017, lo que motivó que se obtuvieran los votos necesarios para su vacancia en marzo de 2018, incluyendo los de caviares de la propia bancada que él había llevado al Congreso. Los keikistas solos no hubieran podido hacerlo. (PPK renunció poco antes de la votación sabiendo que el resultado era inevitable).

En suma, la crisis política que comenzó con la defenestración de PPK tuvo varios responsables, no solo los keikistas, como después se ha querido hacer creer. Fueron decisivos los caviares e izquierdistas -que se aliaron con su sucesor, el Lagarto- y también el propio PPK que cometió gruesos errores políticos.

Los fiscales politizados y prevaricadores desempeñaron un rol fundamental en esta trama, persiguiendo no solo a PPK sino a todos los adversarios de los caviares, logrando luego capturar la fiscalía de la Nación con la impresentable Zoraida Avalos, que había llegado a fiscal suprema como parte de una trama corrupta, como denunciaron en su momento los periodistas Ricardo Uceda y Rodrigo Cruz en La República y El Comercio.

Usaron descaradamente el caso de la red de corrupción “Cuellos blancos” para sus propósitos políticos, demoliendo al fiscal Pedro Chávarry para poner a alguien que se prestara a su juego, como Ávalos y, finalmente, crearon la Junta Nacional de Justicia como un instrumento para mantener su influencia o control sobre el sistema judicial.

En síntesis, la deleznable labor de Pérez en la fiscalía ha servido a los objetivos políticos de los caviares y no ha tenido ningún resultado judicial verificable. Peor aún, ha favorecido descaradamente a Odebrecht y a las corruptas empresas del “Club de la Construcción”, cuyos responsables han salido prácticamente indemnes a pesar de los delitos cometidos. (Ver Manuel Romero Caro, “Caso Lava Jato: fracaso total”, Expreso, 22/5/23).

Y ahora, en el colmo de la desfachatez y la desvergüenza, ese sujeto pretende huir de la fiscalía y convertirse en juez superior. Y los caviares quieren hacer con Patricia Benavides lo que hicieron con Chávarry, para entronizar nuevamente a la impúdica Ávalos.

Lampadia

Por: Patricia Benavides
Expreso, 13 de Mayo del 2023
Escrito por: Wilber Torres

Señala que no será ella quien entregue su investigación de grado, para evitar «que hagan escarnio» de ello.

Durante la ceremonia de celebración del 47° aniversario de creación del Ministerio Público, la titular de esa institución, Patricia Benavides, se pronunció e hizo frente a los sectores políticos que cuestionan la obtención de sus grados académicos para deslegitimar su labor.

“Desde que decidí investigar a la corrupción en el poder, he recibido amenazas de muerte contra mí y contra mi familia en el intento de que fuerzas oscuras traten de detener nuestro trabajo. Esta referencia personal no la hago por mí, pues sabré defenderme en el espacio correspondiente, sino porque a través de mi persona se pretende deslegitimar a la institución que hoy represento y eso no lo voy a permitir”, manifestó durante su discurso.

Benavides aseveró con firmeza haber cumplido con todos los requisitos de la ley para ostentar el cargo de fiscal de la nación y aseguró haber guardado silencio todo este tiempo para “no ser parte de un circo”.

“Se ha dicho que no tengo tesis, ante ello he guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan cinco minutos de fama a costa de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción.”, dijo.

“Si tengo los grados es porque sustenté y presenté las tesis, pero no seré yo quien las entregue el producto de largos meses de intenso trabajo para que hagan escarnio de él”, agregó.

Benavides también denunció que existe un interés en tener a una Fiscalía sometida a sus intereses. “Aquí se han encontrado con una fiscal de verdad, que no acepta dictados de nadie, más que de la ley”, concluyó.

Por: David Reyes Zamora
Gestión, 8 de Mayo del 2023

Caso Toledo: sin pruebas, la Fiscalía criminalizó por años a servidores públicos de alto nivel. ¿Hasta cuándo esperaremos a que se retracte?

Por suerte, existe la presunción de inocencia, aunque poco importe en el Perú. Y aunque poco importe para el fiscal José Domingo Pérez, que en el caso de Alberto Pasco Font y Sergio Bravo Orellana se equivoca o —lo que es peor y cuestionable— se equivoca adrede. A lo largo de los últimos seis años, ha menoscabado públicamente la honra de estos dos profesionales, con una acusación criminal que nunca logró sustentar y de la que solo hay evidencia de que es un fiasco. ¿Por qué? Para lograr su cometido de extraditar a Alejandro Toledo, sin salvaguardar otra reputación más que la suya.

Pasco Font y Bravo son procesados por colusión con Odebrecht y sus socios en la concesión de la Interoceánica Sur, como miembros del Comité de Infraestructura de Proinversión de entonces. No hay pruebas: ni con quiénes concertaron, ni cuándo ni dónde, ni cómo se favorecieron. Si hay, en cambio, declaraciones de los colaboradores eficaces a su favor, que son selectivamente ignoradas.

Jorge Barata, exdirector ejecutivo de Odebrecht en el Perú, ha dicho explicitamente que “no” se coludió con el comité. Incluso se quejaba -recuerda- por la ampliación de los plazos y porque las bases no se adecuaban a su propuesta (¡por eso le redujo la coima a Toledo!). Para Barata, Proinversión solo le generaba contratiempos, con un “cuerpo técnico muy fuerte, muy sólido”, de “funcionarios de alto nivel, bien calificados” y con “un nivel de independencia bastante fuerte” (sí, como Pasco Font y Bravo, dos consultores internacionales de peso y trayectoria). A Bravo hasta lo describe como “una persona muy dura, muy difícil” y “muy poco influenciable”, a la que ni él y ni su equipo lograron ablandar. Y de Pasco Font dice que era “un tipo muy serio, muy profesional”.

Solo las adendas, rediseños y arbitrajes le permitieron obtener utilidades a Odebrecht, según Barata: el proyecto no era rentable- coima incluida- como lo aprobó Proinversión. Barata hasta reconoce que se frustraba” en las reuniones con Pasco Font y Bravo Orellana. ¿Los colmeó de alguna manera? “No”, responde. El fallecido Josef Maiman, quien administró la coima de Toledo a través de sus empresas, declaró en Israel que nunca supo que Odebrecht les haya entregado dinero a los miembros del comité y que él tampoco lo hizo. En Lima, la Fiscalía ha sacado a otros del proceso por la sola declaración de Maiman, pero insiste con Pasco Font y Bravo Orellana, pese a que Barata y Maiman coinciden en que son inocentes. ¿Por qué? Porque si no, no traía a Toledo. Pero ya lo hizo y, aunque no avalamos el cómo, ¿no puede soltar ahora a quienes usó como chivos expiatorios?

Sin esta colusión inventada, el delito de cohecho que cometió Toledo ya habría prescrito y no era extraditable: ahora que está aquí, puede ser procesado y condenado por lavado de activos. Pero a costa de lo que hoy celebramos como un triunfo, se dañó a profesionales -Pasco Font y Bravo no son los únicos-, se les condenó al ostracismo en la administración pública, y se les obstaculizó sus carreras y sus vidas. Este viernes se reanuda la audiencia del caso. ¿Será tiempo de justicia?

Fernando Rospigliosi
CONTROVERSIAS
Para Lampadia

Con la extradición de Alejandro Toledo los fiscales Rafael Vela y José Pérez pretenden recobrar protagonismo y atribuirse ese éxito en la lucha anticorrupción. Y a la vez, están cuestionando a la fiscal de la Nación Patricia Benavides, que desde el comienzo de su gestión se convirtió en el blanco de los ataques de caviares y comunistas por las investigaciones que impulsó contra Pedro Castillo y sus secuaces.

Vela y Pérez pretenden repetir lo que hicieron el 2019 cuando, como parte de la coalición vizcarrista, lograron defenestrar al entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry, que intentaba investigar al Lagarto y llevar adelante el proceso de Odebrecht y del club de la construcción de manera profesional, sin interferencias políticas. Lo consiguieron y ubicaron en su lugar a la preferida de los caviares, Zoraida Ávalos, con los resultados conocidos.

No obstante, ahora la situación ha cambiado. Ya no tienen a un socio y patrocinador como Martín Vizcarra en la presidencia, y después de seis años ha quedado en evidencia que, en realidad, no combatieron con eficacia el esquema de corrupción del caso Lava Jato, sino que protegieron descaradamente a los principales corruptores, perjudicaron los intereses del país y sus resultados son cercanos a cero.

Sin embargo, Vela y Pérez siguen siendo sostenidos por la poderosa mafia caviar, a la cual sirven y de la cual se sirven, y apoyados por los intereses de los que han resguardado en los casos donde han participado y a los que probablemente van a favorecer en el futuro.

Y el gobierno, cada vez más caviarizado, si bien no tiene la fuerza para hacer lo que hizo el Lagarto en su momento, podría sumarse al bando de los fiscales politizados y prevaricadores.

El caso Toledo

Como ha recordado Aldo Mariátegui, fue Oscar Libón en “Correo” que dirigía Mariátegui en 2013, quien investigó el caso de las propiedades que aparecieron a nombre de la suegra de Alejandro Toledo que, obviamente, fue usada como testaferro. Las explicaciones del ex presidente en ese caso eran inverosímiles y en esa oportunidad llegué a la siguiente conclusión:

“Todas las evidencias mostradas hasta ahora indican que el ex presidente Alejandro Toledo posee una enorme fortuna que no puede provenir de ingresos legales, obtenidos honestamente de su trabajo, sino que son producto de la corrupción. Es decir, que durante su gobierno aprovechó del poder para enriquecerse ilícitamente”. (“Toledo y la corrupción”, La República, 22/9/13).

Y luego agregaba:

“Si esto es así, si se demuestran las acusaciones, significaría que tuvo que existir una red de corrupción en su gobierno, grande o pequeña, porque obviamente Toledo no podía hacerlo solo. Lo que implica que tuvo cómplices en cargos importantes”.

“Usualmente el enriquecimiento ilícito de los gobernantes y funcionarios, la plata grande, llega a través de sobornos procedentes de las obras, las compras y las licencias. Eso implica que al otro lado de la mesa hubo empresas que pagaron coimas e intermediarios que arreglaron los negocios ilícitos”.

“En síntesis, son tres grupos que participan en las redes de corrupción: políticos con poder y funcionarios públicos; empresarios que pagan para obtener beneficios; y promotores que facilitan los sobornos”.

En ese momento no se conocían los negocios oscuros de Odebrecht, otras empresas brasileras y el club de la construcción, cosa que se descubrió varios años después.

El asunto es que han pasado muchos años desde que estallara el escándalo Lava Jato en Brasil, y seis años después que Vela y Pérez se hicieran cargo del caso, los grandes corruptores –y beneficiarios- están libres, en muchos casos ni siquiera fueron procesados y pagaron (o están pagando en cómodas cuotas) reparaciones insignificantes en relación a las utilidades que obtuvieron.

Solo algunos políticos han sido procesados, y las investigaciones claramente han sido direccionadas para favorecer a algunos y perjudicar a otros.

La fiscal Benavides podría enmendar las cosas. Está en sus manos. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia 

El caso de Ricardo Briceño, ex presidente de la CONFIEP, acusado por José Domingo Pérez de haber de haber cometido fraude contra la propia CONFIEP al haber desviado a la campaña de Keiko Fujimori dos millones de soles donados por empresas para una campaña en defensa de la inversión, es increíble. Al punto que ha tenido que interponer un hábeas Corpus, según ha revelado su abogado, el constitucionalista Luciano López.

De acuerdo con lo explicado en el programa Punto Final, el tema es delirante.

Según la acusación fiscal, Briceño (que ya ni siquiera era presidente de CONFIEP, porque su periodo había terminado) convocó a una reunión a varios empresarios para que donaran un aporte a una campaña comunicacional en defensa de la inversión. Las donaciones se produjeron y acto seguido -según el fiscal- Briceño destinó ese dinero no a la campaña mencionada sino al financiamiento de la campaña electoral de Keiko Fujimori, para lo cual falsificó los balances y estados financieros del gremio omitiendo que la finalidad de esos ingresos era solventar la campaña política de dicha candidata. ¡Como si la campaña de defensa de la inversión no hubiera existido! Todo el mundo vio la campaña por televisión y allí están las facturas.

Es decir, Briceño, según esta fabulación, habría engañado y cometido fraude contra la propia CONFIEP. Por supuesto, la CONFIEP desmintió en un comunicado que haya sido agraviada por su expresidente. Incluso aclaró que Briceño ni siquiera manejó esos fondos. Y que estos se destinaron, efectivamente, como todo el mundo sabe, a la campaña televisiva por la inversión.

Y, naturalmente, la fiscal María León Pizarro, de la segunda Fiscalía Corporativa de la Victoria, a la que el propio José Domingo Pérez le había encargado que investigara y fundamentara esta acusación, archivó el caso declarando que no procede formalizar la investigación preparatoria contra Ricardo Briceño porque no se encontró evidencia alguna de fraude contra la persona jurídica mencionada.  

Pese a que el caso ya había sido archivado por la propia fiscal a quien él encargó el tema, José Domingo Pérez insistió en la acusación y el juez Zúñiga no archivó el caso.

Por eso, explicó Feliciano López, Briceño ha interpuesto un hábeas Corpus, porque acá se está violando el principio de la cosa decidida y el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Por tanto, se viola su derecho a la libertad personal porque se le lleva indebidamente a un juicio cuestionando su inocencia con una absurda acusación.

Lo que hay acá es un abuso, una voluntad ofuscada de acusar a como dé lugar, no solo inventando hipótesis delictivas que solo pueden provenir de una intención persecutoria irrefrenable que busca obsesivamente su propósito sin mirar los hechos, sino pasando por alto la resolución de una fiscal que, por supuesto, no encontró nada delictivo.

En realidad, la principal imputación del fiscal a Briceño es, cuando no, lavado de activos, que es la figura que usó, también de manera forzada e impropia, para otorgarle carácter delictivo a las donaciones de campaña a Keiko Fujimori y a Ollanta Humala, entre otros. Las donaciones de campaña no eran delito, y como se trataba de criminalizar a los políticos y a sus partidos, sobre todo si eran de oposición al régimen de entonces, se usó indebidamente la figura del lavado de activos. La consecuencia fue la destrucción de parte importante de la clase política.

Y la destrucción de las personas. En este caso, como no tenía cómo convertir en lavado de activos la actuación -por demás inexistente- de Briceño en este asunto, se le ocurrió la fantasía del fraude a la persona jurídica como delito fuente. Pero esto fue archivado por la fiscal León Pizarro. Pese a ello, sigue acusando a Briceño de lavado de activos. A una persona que ni siquiera era ya presidente de CONFIEP, que no pidió ni manejó los fondos, los cuales se usaron efectiva y probadamente en una campaña de comunicación en defensa de la inversión, y no para financiar la campaña política de Keiko Fujimori.

Hay 54 imputados o acusados en el caso cócteles. ¿En cuántos de ellos se habrá inventado historias imaginarias como esta para mantener a los imputados con la espada de Damocles por algo que ni siquiera fue delito? Es hora de detener estos abusos. Lampadia

Por: Aldo Mariátegui
Perú21, 13 de Febrero del 2023

“A ver si la fiscal de fiscales Patricia Benavides pone un poco de orden en el MP”.

En un país normal sería un tremendo escándalo que se filtren adrede a la prensa, desde una fiscalía y en un documento secreto, los nombres de todos los militares que habrían participado en la defensa de un aeropuerto contra el ataque de una masa vandálica.

Pero, como el Perú no es un país “normal” (¿y merece ser llamado un “país?), esa situación acaba de suceder. Al semanario que lo publicó no queda más que felicitarlo por la primicia, pero a la Segunda Fiscalía Penal Provincial Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho le cabe una sanción muy severa, especialmente a su titular Karen Obregón, aquella a quien la foto y los elogios en la nota revelan como la casi segura “filtradora”. No solo porque el soplo pone en riesgo la seguridad de los militares y prejuzga en contra de ellos (“responsables de la masacre”, les ponen), sino porque el resultado puede ser que simplemente las Fuerzas Armadas decidan ya no defender a una sociedad que luego les descuartiza. A ver si la fiscal de fiscales Patricia Benavides pone un poco de orden en el MP, que desde hace buen tiempo es una feria de filtraciones con fines políticos.

Otro que debería ser sancionado es el juez Víctor Zúñiga, a cargo del “caso cocteles”, porque no es imparcial y ya hasta parece coludido con los fiscales de ese proceso. Hasta la misma La República de Mohme le cuestiona por su actuación (el resto calladitos).

No solo ha permitido la devolución por nueve veces del expediente a los fiscales para subsanar errores (ya tres era un récord en el “control formal” y se debió archivar), sino que lo ha autorizado por décima vez ya en una etapa siguiente del proceso (“control sustancial”) donde NO se pueden presentar devoluciones. Peor aún: como la décima e irregular devolución no subsanó la falla, Zúñiga ha autorizado algo legalmente inaceptable: que las 47 subsanaciones pendientes sean orales e ilimitadas… ¿La Junta Nacional de Justicia existe o son una banda de payasos que no hará nada ante estas barbaridades?

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La denuncia constitucional presentada por la valiente Fiscal de la Nación, contiene imputaciones que comprometen directamente al presidente Castillo.

Patricia Benavides: ”Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal, resulta criminal y abominable” 

Aquí algunas de las denuncias de la Fiscalía:

• Pedro Castillo Terrones “planificó, organizó, dirigió y controló actividades criminales de la organización valiéndose de su posición de jefe de Estado”
• Se le acusa por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada
• La organización criminal dirigida por él tuvo como órganos operativos: el gabinete en la sobra, un órgano congresal, un brazo familiar, un brazo lobista, un brazo obstruccionista, y un brazo ministerial y de altos funcionarios.
  
  
• En el caso PetroPerú, “el investigado Castillo, habría recibido la suma de 2 millones de soles parte de Karelim López al través del secretario general Bruno Pacheco, como contraprestación de la influencia ejercida en los funcionarios y servidores”.
• “Luego de conseguir la designación de Hugo Chávez Arévalo como gerente general de Petroperú, el presidente Castillo recibió, por intermedio de Bruno Pacheco, un sobre de dinero con S/ 30 mil”
• “La presunta organización criminal, a través de su líder Pedro Castillo, habría ordenado quemar el cuaderno de ocurrencias de sus edecanes y la desaparición de cuatro celulares, en el contexto que se desarrollaba la diligencia de allanamiento en Palacio de Gobierno. Beder Camacho se encargó de desaparecer los celulares en la playa La Punta…”
• La presunta organización criminal también desplegó diferentes acciones destinadas a desprestigiar, amedrentar y obstruir las labores de la Fiscal de la Nación:
  • Desprestigio: Beder Ramón Camacho Gadea se habría comunicado de improviso con Hildebrandt en sus Trece, ofreciendo información sobre la señora Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas.
  • Amedrentamiento: “Seguridad del Estado detectó dron sobrevolando casa de fiscal de la Nación”
  • Obstrucción: “…al interponer denuncias penales contra la suscrita, por interpósitas personas, que mantendrían vinculación [directa y/o indirecta] contra los integrantes de la presunta organización y/o con congresistas de la República del partido político Perú Libre”

El presidente Castillo no puede permanecer en el cargo. 

Pero ¿es viable la denuncia Constitucional presentada por la Fiscal de la Nación? En buena cuenta ella argumenta en favor de una interpretación convencional del artículo 117 de la Constitución, que le permitiría al Congreso acusar al presidente de la República por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones, pese a que esos delitos no están previstos en dicho artículo constitucional.

Sostiene que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por el Congreso de la República el 2004, establece en su párrafo 2 del artículo 30:  

“Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer o mantener, de conformidad con su ordenamiento jurídico y sus principios constitucionales, un equilibrio apropiado entre cualesquiera inmunidades o prerrogativas jurisdiccionales otorgadas a sus funcionarios públicos para el cumplimiento de sus funciones y la posibilidad, de ser preciso, proceder efectivamente a la investigación, el enjuiciamiento y el fallo de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención”.

Asimismo, el párrafo 6 del mismo artículo referido señala que:

“Cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer, en la medida en que ello sea concordante con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, procedimientos en virtud de los cuales un funcionario público que sea acusado de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención pueda, cuando proceda, ser destituido, suspendido o reasignado por la autoridad correspondiente, teniendo presente el respeto al principio de presunción de inocencia”. 

En buena cuenta, estas disposiciones permitirían inaplicar el art. 117 de la Constitución, que establece que solo se puede acusar al presidente por cuatro causales entre las cuales no figuran los hechos imputados. Natale Amprimo, sin embargo, sostiene que no es posible dar un salto conceptual de esa naturaleza. 

Pues, de otro lado, la propia Constitución establece en su artículo 57 que: 

“Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República”.

Y esto no ha ocurrido. Sin embargo, el constitucionalista Aníbal Quiroga sostiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha subordinado las constituciones a la mencionada Convención, y que el orden interno de un Estado no puede ser invocado para incumplir un tratado internacional. Domingo García Belaunde, no obstante, argumenta que la modificación de la normatividad interna la debe hacer el propio Estado, no la Corte.  

Este será el dilema que tendrá que considerar la subcomisión de acusaciones constitucionales. 

Según el artículo 89 del reglamento del Congreso, “El acuerdo aprobatorio de una acusación constitucional, por la presunta comisión de delitos en ejercicio de sus funciones, requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso, sin participación de los miembros de la Comisión Permanente. El acuerdo aprobatorio de suspensión requiere la misma votación”. 

Los miembros de la comisión permanente son 33. Significa que esa aprobación tendría que hacerse con la mitad más uno de 97 congresistas: 49. Una vacancia, en cambio, se aprobaría, como sabe, con 87 congresistas. Si fuera constitucionalmente viable, el camino de la denuncia constitucional resultaría más factible. Tomaría 3 meses. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Según el diccionario, prevaricato es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público, dé una disposición arbitraria a sabiendas de que tal resolución es injusta y/o contraria al texto expreso de la ley.

Por estos días la prevaricación se ha convertido en el delito más común entre nuestras autoridades de gobierno, la fiscalía, el poder judicial y el JNE, entre otros. Vemos cómo, según estimados de la Contraloría General de la República, la corrupción entre los gobiernos regionales, municipales y gobierno nacional, ha perjudicado al país por 22 mil millones de soles, en el año 2020. Tenemos regiones donde el impacto de la corrupción alcanza a más de 26% del presupuesto asignado, mientras que en los más “honestos”, este perjuicio alcanza al 11% del presupuesto.

“Gracias” a la paralización económica del 2020 y, con ella, la paralización de obras públicas (principal fuente de corrupción), nos han robado 1 mil millones de soles menos que en el 2019, en que la pérdida se estima en 23 mil millones de soles. Por supuesto que los departamentos con mayor corrupción, son aquellos donde hay mayor pobreza y/o cacicazgo político local y regional. Es curioso el caso de Puno, departamento que, para fines prácticos, se ha liberado de la carga tributaria y legislación laboral, lo que le permite una gran actividad comercial (contrabando), turística y productiva, pero de pequeñas y numerosas empresas locales que no pagan impuestos, lo que significa menor dependencia del gasto público y, en consecuencia, la pérdida por corrupción es de “sólo 8.6%”, la menor del Perú.

Según lo publicado por GESTIÓN, en el 2020 se encontró 6,698 funcionarios públicos responsables de faltas administrativas y delitos de corrupción causantes de esas pérdidas, pero lo trágico es que, si bien la Contraloría General de la República gestionó ante el Congreso la legislación que le permita sancionar a los funcionarios que sean encontrados responsables de tales actos y el Congreso aprobó la ley, el Ejecutivo la ha observado. Esto no hace más que retroalimentar el concepto de que, en el Estado se puede cometer faltas y delitos, pero nada pasará, puesto que no habrá una sanción inmediata (más de tres años), como consecuencia de los hallazgos de la gestión de la Contraloría y una acción de control “sin dientes”, no sirve para nada.

Por supuesto, este sentimiento “empodera” a los malos funcionarios para continuar tomando decisiones contra la ley, no sólo en obra pública, sino también en organismos reguladores y supervisores u otras entidades de la administración pública, cuyo impacto económico nadie mide. En esos casos, al “administrado” no le queda más que judicializar su reclamo y, aun teniendo la razón, el sistema judicial se lo reconocerá varios años después, cuando el daño a la economía del país ya no tiene remedio, ni se identificará al causante del daño.

Otro grupo de prevaricadores está en el JNE, ONPE y RENIEC, donde, tal como se ha observado en este proceso electoral, han actuado y resuelto contra la ley, al extremo de haber permitido que varios terroristas sentenciados y liberados lleguen al congreso, acumulando además cuando menos 45 actos de prevaricato que, al final están inclinando la balanza electoral en contra de la voluntad ciudadana.

El ejecutivo, además de haber obstruido la posibilidad sancionadora de la Contraloría, tiene también lo suyo, pues desde el año 2000, entre Valentín Paniagua y Diego García Sayán, indultaron por Resolución Suprema a por lo menos 34 terroristas sentenciados, que en los años posteriores se infiltraron en la administración del Estado y desde ahí han socavado las bases de todo lo positivo que se pudo realizar en la década de los 90s. Luego de dos décadas de destrucción de la educación pública, creación de trabas a la gestión pública y crecimiento de una burocracia parásita, hemos llegado a una situación de control del aparato del Estado y de la educación por parte de la izquierda.

En el sistema judicial, las cabezas del Poder Judicial y de la Fiscalía de la Nación, al igual que la Junta Nacional de Justicia, por supuesto que acompañados de ciertas ONG y muchos representantes de la prensa, actúan con un evidente “doble racero”. Por ejemplo, en el caso de corrupción de los “Dinámicos del Centro”, a quienes la Fiscal Bonnie Bautista identificó ejecutando actos de corrupción en el GRJ, les encontró maletas de dinero, producto de tales actos y les acumuló varios miles de llamadas telefónicas que los incrimina, así como WhatsApp con coordinaciones ilegales respecto a la conducción en las mesas de votación, los han liberado. Lamentablemente, el Fiscal Superior Omar Tello, jefe de las Fiscalías Anticorrupción, con anuencia de la Fiscal de la Nación, pospuso el allanamiento y detención de 38 investigados por un lapso de dos semanas, dándoles tiempo suficiente para huir y desaparecer pruebas. No obstante, se encontró todo lo antes mencionado. Además, el juez superior de Junín, Ever Bello, quien tendría que ver con el caso de Vladimir Cerrón y sus secuaces, es amigo y ex asesor de Cerrón en el GRJ.

A las ONG (persecutoras de la corrupción “dizque”), que normalmente filtran toda información de sospechas de delito, en este caso les han comido la lengua los ratones y paralelamente, la jueza de Junín, July Baldeón, ha liberado a esa gavilla de delincuentes “por falta de elementos de convicción” para decretar una prisión preventiva de 36 meses, sin el más mínimo resuello de esas ONG.

Como se puede observar, podemos denominar al año 2021, el “año de los prevaricadores”. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

La coyuntura política ha colocado al empresario Pedro Olaechea como líder del Congreso. En su primer acto pronunció un discurso que todo peruano de bien suscribe y que representa (como no se había visto desde el 2016 ni en los discursos de PPK o KF), el verdadero mandato electoral de ese año: respeto al modelo constitucional, crecimiento económico, inversión y desarrollo para superar la pobreza.  La respuesta que recibió al día siguiente fue un puntapié. El presidente Vizcarra, lejos de buscar el consenso y tomar esa flor para armar en conjunto una agenda por él Perú, siguió el mandato imperativo de la izquierda y anuncio planteó el adelanto de elecciones.

Esta semana, pese al puntapié presidencial, nuevamente Pedro Olaechea ha extendido la mano al Presidente Vizcarra y le ha vuelto a ofrecer una agenda conjunta de trabajo entre ambos poderes, es decir lo que el Perú necesita para que ese 1`365,000 de jóvenes “ninis” que ni estudian ni trabajan, encuentren empleo, oportunidades y futuro. El Presidente Vizcarra, ha aceptado reunirse, pero nada hace pensar que cambie su posición confrontacional luego de la reunión.

¿Cuál es el reto entonces del presidente del Congreso?

¿Debe devolver nuevamente los golpes del Poder Ejecutivo?  ¿Debe dar paso a los pedidos de vacancia de un presidente que negocia con los extorsionadores sociales del Sur y abdica de preservar el orden y la paz? ¿Debe dar cabida a la censura de los ministros ornamentales de este gobierno que sólo secundan y no gobiernan? ¿Debe impulsar las investigaciones a los negocios presidenciales en la Interoceánica de Odebrecht?  ¿Debe fiscalizar los millonarios gastos de publicidad del Poder Ejecutivo en los canales y diarios que silencian los escandalosos audios presidenciales con muertos, violaciones y escándalos de farándula?  ¿Debe fiscalizar los favores presupuestales a gobernadores regionales dispuestos a acompañar en la foto al presidente Vizcarra cada que lanza algún desafío por consejo de su asesor argentino?

Tal vez. Este puede ser un camino.

Sin embargo, a mi juicio no es el mejor camino o por lo menos no debe ser el más importante.

El camino que debería seguir es el de pasar a ser un verdadero líder y conducir al Congreso en una dirección distinta de aquella que siguieron sus tres predecesores. Debe olvidarse de la pequeñez de su bancada y apropiarse de la magnitud del mandato electoral del 2016 con la cual coincide su discurso, voluntad ciudadana a la cual por fin alguien representa y que supera el 70% de los peruanos. Debe asumir el reto de liderar entonces no sólo al Congreso, sino a esa voluntad popular a la que abandonaron primero Kuczynski y Keiko Fujimori en sus absurdas disputas y de la que reniega el presidente

Vizcarra para dejar traslucir el polo que rojo que llevaba adentro, que recién advierte la gobiernista revista Caretas.

En este camino, el presidente del Congreso tampoco debe tener temor a legislar. El Perú no puede darse el lujo de tener un presidente que tenga miedo a gobernar y un líder del Congreso que también tenga temor a legislar. Su reto, por lo tanto, es ese.

• El Congreso debe hacer la gran reforma de la inversión privada que impulse a las pymes como motor de la formalización, la recaudación razonable y la generación de empleo mínimamente digno.
• El Congreso puede impulsar los motores de nuestra economía mediante una legislación promotora de la inversión hidrocarburífera, de las inversiones en energías limpias, de la minería, del turismo y de la agro exportación.
• El Congreso debe detener la asfixia estatal que consume en licencias, permisos, autorizaciones, certificaciones, tasas, inspecciones y estudios previos los escasos recursos de pequeños, medianos y grandes empresarios antes de que se haya producido un sol o se haya generado un solo puesto de trabajo.
• El Congreso debe poner tope al crecimiento de la planilla estatal que se incrementa cada período de gobierno a nivel nacional, regional y local, impidiendo que los recursos vayan a obras y se consuman en gasto corriente.
• El Congreso debe revisar una descentralización de enfoque preferentemente público que no ha atraído inversiones en las regiones y que sólo ha aportado gobernadores y autoridades en prisión.
• El Congreso debe alentar la depuración de la Corte Suprema y la Fiscalía de la Nación ante la inoperancia de las improvisadas reformas impulsadas por el Presidente Vizcarra que han cambiado todo para que nada cambie, dando paso para ello a la tramitación de las acusaciones constitucionales que el artículo 99 de la Constitución permite y bajo cuyo trámite se puede hacer mucho más para enfrentar la corrupción a este nivel.
• El Congreso debe elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, 6 de los cuales ya han cumplido su mandato.

El Congreso puede hacer mucho más, sin interferir en la labor del Poder Ejecutivo y aún a pesar de él. El reto de Pedro Olaechea es sin duda muy grande. Tendrá que ser un líder sin miedo a legislar. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Abogado
Para Lampadia

El activismo judicial y su patología el Populismo Judicial (ver en Lampadia), comienzan con los reiterados y populares pedidos de detención preliminar y detención preventiva solicitados por los fiscales Juárez Atoche, Pérez, Vela y otros como parte de sus acciones contra la corrupción pública.

Sin estos pedidos de parte de los fiscales, los jueces no hubieran podido resolver nada y estarían en el usual anonimato en que normalmente se mantienen, del cual sólo han salido por conceder las detenciones de Ollanta Humala, Nadine Heredia, Keiko Fujimori, Alan García, PPK, Luis Nava y últimamente de Susana Villarán.

El activismo comienza entonces en la Fiscalía y en particular en el equipo Lava Jato, que ha resultado muy popular en ciertos sectores de la población y que ha llamado también la atención en el extranjero. Haberse convertido en el terror de la clase política debe ser la causa de esa popularidad. Sin embargo, estas luces de la labor persecutoria de estos fiscales se pueden apagar si no se corrigen algunos despropósitos y si ellos, como muchos sospechamos, saltan a la vida política en el plazo menos esperado.

El cruce del Rubicón

Los Fiscales tienen varias cosas que explicar al país:

1.- ¿Cual es la razón por la cual sólo ciertos sectores de la prensa tienen acceso a las informaciones privilegiadas y a las primicias de su actuación?

2.- ¿Por qué razón se tienen decenas de solicitudes de prisión preventiva y sólo un caso con acusación? ¿Sirve de algo tener detenidos preventivamente si no se tienen condenados?

3. ¿Cual es el criterio para determinar la oportunidad y el sujeto de los pedidos de detención preliminar y prisión preventiva?

4.- ¿Por qué razón si el Tribunal Constitucional estableció un criterio contrario a la prisión preventiva generalizada y sin motivación calificada, ellos la siguen solicitando sin contar con procesos iniciados, ni acusaciones, desoyendo el mandato del Tribunal Constitucional?

A mi modo de ver las cosas esto es posible porque los fiscales han cruzado una línea y están, a decir de Luigi Ferrajoli, generando “la sospecha de una instrumentalización política de la jurisdicción”.

Este jurista italiano, es el padre del garantismo penal y una autoridad del neo-constitucionalismo, ha sido juez y conoce mejor que nadie el conflicto entre justicia y política en la sociedad italiana, donde jueces y fiscales vienen investigando por décadas las distintas formas de deshonestidad y corrupción política. En su 9º regla acerca de la deontología jurídica aplicable a los magistrados (entiéndase en este caso fiscales), afirma “la novena y última regla deontológica consiste no solo, como es obvio, en no someter el juicio penal a fines políticos, sino también en no dar lugar siquiera a la más lejana sospecha de una instrumentalización política de la jurisdicción (…)”[i] como sucedió en el caso de tres fiscales italianos Ingroia, de Magistris y Di Pietro, los cuales luego de ser conocidos por sus investigaciones, dieron vida a una lista electoral encabezada por uno de ellos, promovida por el otro y con la contribución con el partido político personal del tercero de ellos. Para Ferrajoli, esta “imagen perjudicial socava la credibilidad de la magistratura, además de las mismas investigaciones que han dado a conocer estos magistrados”[ii].

El destino de los fiscales peruanos parece estar escrito. Tendrán que ser fiscales para siempre y hacer de su carrera en la magistratura un apostolado, al final del cual sus excesos sean entendidos como parte del fragor de sus acusaciones y de la pasión de sus persecuciones. Si dan el salto a la política que muchos sospechamos, alegando su derecho a la participación política o cualquier otra razón, nos habrán dado crédito a quienes creemos que ellos han cruzado la línea hace mucho tiempo. La historia dará su veredicto. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 20 de abril de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

El compromiso político que propició nuestro triunfo en las elecciones regionales pasadas fue “gobernar en el nombre del agua, la salud, la educación, y la justicia”. Algo parecido a la Santísima Trinidad del Cristianismo: Padre, Hijo, y Espíritu Santo.

En el caso del Gobierno Regional de Ica – como si se tratara de una religión – nuestra “señal de la cruz” tiene 4 grandes prioridades: agua, salud, educación, y justicia. Inclusive, nos persignamos cuando la pronunciamos en voz alta.

En artículos anteriores me he referido – ampliamente – al agua, la salud, y la educación. Y aunque se les pudra el hígado a nuestros detractores, no pueden negar que hemos tenido logros importantes en esos tres ámbitos. Obviamente, queda un largo camino por recorrer, pero es un hecho incuestionable que tenemos más agua, gracias a los reservorios que hemos construido en la Sierra. Es – también – incuestionable que tenemos más agua potable en los hogares; que la atención en nuestros hospitales ha mejorado; que hemos reducido los casos de Dengue; y que la educación ha mejorado mucho. Incluso, nuestros logros en deporte, cultura y ciencia están claramente cuantificados en nuestro medallero olímpico escolar.

¡Pobres criticones! A regañadientes han tenido que tragarse varios sapos. Tantos que hasta tufo a batracio les ha salido. En fin… ¡allá ellos con sus rabias e indigestiones!

Ahora – más bien – quisiera referirme a la 4ta. gran prioridad de nuestro compromiso de gobierno: la JUSTICIA… rubro en el cual también tenemos logros importantes. Si no, que lo digan los 30 funcionarios corruptos que hemos destituido del Gobierno Regional. Y otros tantos que hemos suspendidos temporalmente… sin goce de haberes.

A ese respecto se podría decir que el “Sistema de Justicia” no funciona como debiera. Me refiero a instituciones como la Policía, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario. Incluso, el Congreso de la República y los Consejos Regionales. A los que habría que agregar otras instituciones como los Colegios Profesionales, la Prensa, y toda una gama de Asociaciones y ONG’s que – supuestamente – ejercen JUSTICIA en nuestro país.

Pues bien – repito – ese “Sistema de Justicia” no funciona como debiera. Prueba de ello… la corrupción. Y su prima hermana… la impunidad. Peor aún, todas las instituciones antes mencionadas están infiltradas por gente corrupta. CORRUPCIÓN… “ese virus social que lo infecta todo”. (Palabras del Papa Francisco).

La única JUSTICIA que funciona – al menos en el Gobierno Regional de Ica – es la “Justicia Administrativa”. O sea, la que nos ha permitido sancionar – rápidamente, y con todas las de la ley – a decenas de servidores corruptos que se juraban intocables. Médicos que abandonaban sus guardias y cobraban como si nada. Funcionarios que cobraban viáticos con facturas falsas. Trabajadores que “vendían” todo tipo de licencias o permisos. Enfermeras que lucraban con medicamentos robados. Jefes que cobraban cupos a sus subalternos. Coimeros que sobrevaloraban todo tipo de compras y contrataciones inútiles. Y muchos etcéteras más.

Ninguno de los delitos antes mencionados fue detectado – y menos sancionado – por ninguna de las instituciones del “Sistema de Justicia”. Al contrario… ¡algunos congresistas y consejeros regionales se pusieron del lado de los corruptos! ¡Cuántos policías y fiscales forman parte de las mafias de la corrupción! Y ¿Qué me dicen de los dirigentes del Colegio Médico de Ica y los periodistas chantajistas? ¡Son unos pandilleros!

Las cosas claras y el chocolate espeso. El problema No. 1 de nuestro país es la corrupción. Y el No. 2 la impunidad. El “Sistema de Justicia” no funciona. Lo único que funciona – cuando existe la voluntad y las agallas para aplicarla – es la Justicia Administrativa. En ese sentido, vamos a seguir sancionando la corrupción con el máximo rigor. ¡Así ejercemos JUSTICIA en favor de la ciudadanía!

En el nombre del agua, la salud, la educación… y la JUSTICIA. ¡Amén! Lampadia