1

Se aprobó el segundo proyecto de reforma constitucional

EDITORIAL DE LAMPADIA

El Congreso aprobó anoche el segundo proyecto de reforma constitucional, el referido a la financiación de los partidos.

El cambio más importante es el que dispone que “sólo se autoriza la difusión de propaganda electoral en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto”. Esto significa que los partidos y candidatos ya no podrán comprar spots radiales y de televisión, sino que estos tendrán que ser colocados en las franjas electorales que el Estado compre en las estaciones de radio y los canales de televisión.

Esta disposición tendrá varias consecuencias. La primera es que tenderá a haber mayor igualdad entre las agrupaciones políticas desde el punto de vista del acceso de sus mensajes de propaganda al gran público. Ello ya no dependerá de los ingresos que para tal efecto logre recaudar el partido. Esto sin duda beneficia a las organizaciones políticas menos proclives a recibir financiamiento de fuentes empresariales o ilegales.

Pues la segunda consecuencia es que los partidos necesitaran, efectivamente, mucho menos recursos para desarrollar sus campañas porque es sabido que el gasto mayor en el que incurren en una campaña electoral es precisamente en el de la propaganda televisiva y radial. Esto podría ser calificado como un avance desde el punto de vista democrático.

Y una consecuencia derivada de esta es que, por esa misma razón, tenderá a haber menos dependencia de fuentes ilegales.

Además, en este mismo sentido, se establece que “el financiamiento privado se realiza a través del sistema financiero con las excepciones, topes y restricciones correspondientes”. Se incorpora así en la Constitución algo que ya estaba en la ley: la bancarización de los aportes. Eso es importante. Y, felizmente, se retiró del texto final la prohibición a las empresas formales de hacer contribuciones en las campañas. Esta prohibición, sin embargo, se mantiene en la ley.

Otra consecuencia debería ser que, en la medida en que los candidatos al congreso ya no puedan comprar publicidad en esos medios, pues el voto preferencial pierde el principal instrumento que tenía para potenciarse. Por esa razón, pero sobre todo porque si el Estado va a invertir mucho más dinero en financiar las campañas de los partidos vía la compra de espacios publicitarios, no tiene sentido que al mismo tiempo propugne un tipo de voto que atenta contra la unidad y consistencia de los partidos al fomentar la competencia y la lucha fratricida entre los candidatos del mismo partido y la emisión de mensajes diferenciados. Por lo tanto, no debería prosperar la parte de la propuesta del proyecto del Ejecutivo que restablece la bicameralidad que, si bien elimina el voto preferencial para la elección de senadores, lo mantiene en los distritos binominales para elegir diputados.

Asimismo, igualmente, si el Estado va a aportar –vía compra de espacios en la televisión y la radio- una cantidad de recursos mucho mayor que en el pasado en beneficio de los partidos, resulta fundamental ir a una reforma que apunte a reducir drásticamente el número de partidos eliminando aquellos que no lo son en realidad. Para ello son buenos los distritos binominales pero también requisitos más fuertes para mantener la inscripción partidaria y para ingresar al Congreso.

Ahora bien, sería importante, si luego se va a aprobar la absurda reforma constitucional que prohíbe la reelección de los congresistas, que en una ley posterior se establezcan incentivos para que las empresas puedan donar recursos para crear think tanks en los partidos a fin de que los congresistas que no puedan ir a la reelección inmediata puedan reciclarse en ellos hasta la siguiente elección. Esto a fin de paliar el sabotaje a la formación de una clase política experimentada que implica la no reelección de congresistas. El mecanismo de impuestos por partidos para este fin podría ser una opción muy interesante. También debería crearse en el nuevo congreso bicameral –si se aprueba- o en el actual, una o dos oficinas de estudios parlamentarios en las cuales también se pueda contratar a congresistas que por razón de la no reelección se encuentran en periodo sabático. Lampadia