Yo no fui fue Teté

Carlos E Gálvez Pinillos
Para Lampadia

Una vez más estamos asistiendo a un episodio de huaicos y desastres naturales de alta periodicidad. En esta oportunidad nos está impactando en el sur, pero con amenaza de impactar en el centro y norte de Perú, donde tuvimos episodios similares el año 2017, cuando se habló de la “reconstrucción con cambios”.

Hace 92 años a Mirave lo sepultó un huaico y no se hizo nada para reubicarlo

Paradójicamente, ya desde hace algunos años observo las discusiones sobre la disponibilidad de agua para nuestros poblados y la actitud de rechazo a la propuesta del sector minero de:

• construir reservorios de agua en las alturas,
• sembrar Quenuales en la rivera de los ríos para rellenar el acuífero a lo largo de estos,
• canalizar o construir túneles que evite que el agua de los ríos, aquella que muchas veces ha sido previamente turbinada por centrales hidroeléctricas, se vea impactada por todo el desmonte (basura, cascajo, árboles y ramas) arrojado por los pobladores ribereños antes de llegar a las plantas de tratamiento de agua como La Atarjea y Huachipa (este último punto merece análisis aparte).  
• Y lo más importante, regular las avenidas en época de lluvia y soltarla de manera regulada y limpia en el estío, convirtiéndose en un aliado estratégico del país,

La falta de autoridad del gobierno, ha permitido a lo largo de la historia que en las quebradas “inactivas” se instalen una serie de poblados, con alto riesgo de sufrir catástrofes ante huaicos en época de avenida. Sabemos, porque lo hemos visto, que INDECI y cada uno de los institutos armados, al igual que varias instituciones del Estado, cuentan con mapas topográficos y fotografía satelital que, están cargados en sistemas de cómputo con software especializado, que permiten simular el impacto que una avalancha o avenida extraordinaria de agua tendría sobre estas áreas geográficas y sus poblaciones. No quiero profundizar en el monitoreo de las zonas de riesgo usando el satélite peruano, comprado en el gobierno anterior, porque hay gran discusión respecto a su real operatividad.

Ya sabemos también la respuesta tradicional de los funcionarios del Estado respecto a la “imposibilidad” de impedir que la población se instale en cierto lugar o su posterior reasentamiento, cuando ya se instalaron.

Lo que es absolutamente inaceptable es que el Estado gaste nuestros impuestos en construir instalaciones en esos lugares.

• Baste observar que en Moquegua, esta semana, ha quedado inutilizada una moderna instalación del poder judicial construida en zona de huaico,
• Que en Aplao se ha destruido el centro poblado en el que se invirtió en habilitación urbana, incluyendo instalaciones eléctricas, construido también en zona de huaico. 
• Lo mismo ha sucedido en el centro poblado de Mirave al que también se proporcionó habilitación urbana en esas zonas de alto riesgo, al igual que su estadio, concluido hace pocos años, cuando ya en el año 2015 se había dispuesto la reubicación del poblado.

Todos estos son actos de corrupción.

Comentario especial merece el puente Montalvo, pues los ingenieros saben que los diseños para cualquier infraestructura que se construya sobre ríos y quebradas, deben prever grandes retornos históricos y evaluar el comportamiento del cauce ante dichos eventos, además de prever el mantenimiento permanente de tales cauces.

¿Si el Estado no es capaz de impedir que se construya obra pública en zona de huaico, qué podemos esperar de su capacidad para impedir que los privados construyan en ella?

Por supuesto que la respuesta será, que las autoridades local o regional lo hicieron sin conocimiento del gobierno central.  Ahí está precisamente el talón de Aquiles de una “regionalización” y “descentralización de gobierno” mal entendida. No es posible que el gobierno central se desentienda del manejo de los gobiernos municipales y regionales, al margen que algunos ministerios han descentralizado sus funciones y otros no, haciendo imposible la adecuada coordinación y ejecución de planes en esa “Torre de Babel “.

Es tragicómico escuchar a Gobernadores Regionales y alcaldes hablar de la zonificación económica y ecológica, con algunos propósitos anti-mineros (lo que no les corresponde), pero, por otro lado, no son siquiera capaces de tomar control del asentamiento de poblados, lo que sí es propio de su competencia.

¿Cómo es posible que estas autoridades fomenten y den licencia de construcción, en esas zonas de alto riesgo y peligro, sin ser sancionadas con pena de cárcel? ¿Dónde está el rol normativo del gobierno central que no establece las “zonas rígidas” para construir y sancione a estas autoridades sub-nacionales?  La corrupción no es sólo recibir coima o robar un fajo de billetes. Corrupción es construir en un lugar bajo riesgo y/o autorizar el gasto de recursos públicos bajo condiciones que, de antemano sabemos traerá destrucción de esa obra y muerte de los ciudadanos que ahí se instalen.

Más me apena observar que políticos con experiencia, Presidencia de la República (4 años GR Moquegua, 1 año Ministro de Transportes y partícipe de la “reconstrucción con cambios”) y PCM (4 años GR de San Martín y dos veces Premier), que cuentan con un “Vice ministerio de gobernanza territorial”, permitan se diga que “de aquí en adelante se restringirá estas construcciones…”. ¿Qué nos pasa? ¿Nadie puede asumir las responsabilidades de las cosas que ocurren durante el gobierno que, quieran o no, inició el año 2016, trayendo la experiencia de estar en la gestión pública por tantos años?

En cualquier país civilizado del mundo, el Estado planifica y define los lugares donde se puede instalar un poblado. Este plan considera que no se ubique en zona de riesgo y diseña habilitación urbana con zonas de expansión futura. Las instalaciones públicas tales como; municipalidad, comisaría, posta médica u hospital, colegio público, así como la mejor ubicación de la planta de tratamiento de agua y punto de conexión de suministro eléctrico.  Sólo así se procede a poblar la zona, haciendo que la ubicación de las instalaciones públicas/oficiales se convierta en un “núcleo oficial” que atraiga la instalación de la población, evitando que esta se aleje de él.

Pero no, aquí se ofrece persistir en el error a cambio de votos y botamos los fondos públicos a capricho del reyezuelo local de turno para lograr la aceptación popular. Lamentablemente el que gobierna debe decidir racionalmente por el bien común y no crear condiciones de riesgo que, a futuro, producirán damnificados.

Después de esta cadena de errores y vacíos, la pregunta es: ¿quién es el responsable?  A este paso jugaremos al “yo no fui fue Teté “¿??? Lampadia