Como lo demuestra el comportamiento de una serie de indicadores económicos y sociales de la actividad agraria en el país, desde la entrada en vigencia de este régimen especial en el año 2001, se ha observado un crecimiento inusitado y exponencial de la agroexportación, algo jamás antes visto en toda nuestra historia republicana. Estos hechos los ha reflejado muy bien la Sociedad de Comercio Exterior – ComexPerú en una reciente presentación que compartimos al final del artículo.

Veamos los indicadores más destacables:

• Un incremento de la formalidad en el empleo del sector, que ascendió a casi 20 puntos porcentuales en la costa.

• Posicionamiento de las empresas agrarias entre los principales empleadores a nivel nacional. Entre las empresas del rubro a destacar se encuentran Complejo Agroindustrial Beta (5°), Camposol (7°), Danper Trujillo (8°), Sociedad Agrícola Virú (9°) y Sociedad Agrícola Drokasa (19°).

• Un aumento considerable de la participación de la mujer en la fuerza laboral del sector, la cual está considerada entre las más altas en toda la economía.

• Un incremento significativo de la contribución a las arcas del Estado por parte del agro gracias al crecimiento económico experimentado por dicho sector.

• Un crecimiento exponencial de las agroexportaciones las cuales se multiplicaron por 10 en las últimas dos décadas.

• Exportaciones que además son altamente productivas, lo cual se sustenta en su formidable capacidad para equilibrar la balanza comercial (ver Lampadia: La Nueva Agricultura Peruana), y por ende, en constituirse como importantes fuentes de divisas. Así, en el Perú usamos tan solo 180,000 hectáreas de cultivo de productos agroindustriales, a cambio de 2’570,000 hectáreas de cultivo en productos tradicionales que se cultivan en el resto del mundo, lo cual nos hace 14 veces más productivos respecto al resto del globo en este rubro.

• Ello sin mencionar nuestro posicionamiento como líderes mundiales en varios de los mercados internacionales de agroexportación.

Así, recientemente se vienen discutiendo algunos cambios a la ley, así como su prórroga por 10 años más, a propósito del dictamen emitido por el Ministerio de Agricultura y Riego (en adelante, Minagri); sin embargo, ambas iniciativas no están encausadas hacia lo que debiera ser por amplio margen la prioridad de este sector: la vigencia permanente del régimen especial agrario.

Según cálculos de ComexPerú, la renovación de la Ley de Promoción Agraria, dándole un horizonte de largo plazo, permitiría alcanzar un millón de puestos de trabajo directos y dos millones de puestos indirectos, en un sector (agroexportación) que además representa el 3% del PBI y el 11.4% del trabajo formal del sector privado. Asimismo, permitirá:

• Duplicar el empleo formal en los próximos 5 años.
• Potenciar los beneficios para los peruanos en las zonas más alejadas del país ej. Inversiones de palmito en selva (Amazonas).
• Acercar al ciudadano oportunidades de empleo y esperanza de un futuro mejor.
• Otorgar seguridad jurídica y predictibilidad a las inversiones para asegurar la ejecución de los proyectos de irrigación.
• Consolidar al Perú como potencia agroexportadora y proveedor de alimentos a nivel global.

Por otra parte, es menester señalar que entre los aciertos de esta discusión impulsada por el Minagri, es que la ministra ha mostrado la intención de hacer efectiva su aplicación al sector forestal y acuícola. Consideramos que de darse tal suceso, se promovería una mayor dinámica económica a ambos sectores, cuyo enorme potencial aún ha sido poco explorado por nuestras autoridades, en particular, el sector forestal.

Lamentablemente la ministra ha declarado: “El dictamen es por 10 años y nosotros hemos conversado con el Congreso, porque lo que tenemos que encontrar es un régimen, que vaya acercándose al general, porque ya sabemos que es temporal”.

Lo que quiere decir que Fabiola Muñoz no entiende la importancia del sector para las más caras necesidades del país, empleo y formalización.

Esperamos que la discusión en torno a la vigencia permanente del régimen especial agrario pueda ser ponderada en las sesiones próximas que se darán en el Congreso. Aún estamos a tiempo de seguir generando desarrollo en el sector que más empleo genera en nuestro país. Lampadia

A continuación, compartimos la presentación completa elaborada por ComexPerú respecto del éxito del sector agroexportación en las últimas dos décadas.

Este mes se aprobó el reglamento de la Ley Forestal (N° 29763, promulgada en el 2011), mediante el cual se  implementaría un mecanismo imprescindible para poner en valor una de nuestras fuentes de recursos renovables más importantes y que el Perú ha descuidado desde siempre: nuestro sector forestal en general y los cultivos forestales en particular.

Perú es el único país de América Latina que no ha desarrollado plantaciones forestales, eficientes y competitivas. Esto es inaceptable considerando que el 82.4% del país (106 millones de hectáreas) se encuentra cubierto de áreas forestales. Somos el segundo país en América Latina y el onceavo en el mundo con mayor área de bosque, lo que muestra el enorme potencial de nuestro patrimonio forestal. Pero además, lo que es más importante aún, solo en la sierra, tenemos siete millones de hectáreas deforestadas y, por lo tanto, con solo promover la reforestación en esa zona, tendríamos la posibilidad de crear riqueza en las mejores condiciones ambientales posibles. 

La aprobación de este reglamento nos abre las puertas a participar y aprovechar un mercado de commodities global cuya demanda continuará  en aumento y que su precio es básicamente inelástico. Al 2050, la población mundial llegará a aproximadamente 9 mil millones de personas y, según el BCRP, cada persona consumirá alrededor de 0.5 m3 de madera al año, llegando a un total de demanda de madera rolliza de 4,500 millones de m3 al año.

Esto explica el incremento mundial de cultivos forestales. Los países que han desarrollado su industria forestal lo han hecho a través de plantaciones (o cultivos) forestales comerciales con tecnología de punta. Entre ellos se encuentra Chile, Ecuador y Uruguay, entre otros, que ya han tomado acciones para impulsar decididamente los cultivos forestales con fines comerciales.

Por ejemplo, Chile cuenta con dos millones de hectáreas de bosques para explotación comercial lo que le permite exportar más de 6,700 millones de dólares anuales y emplear a 250 mil personas. Más de 6 mil empresas participan en la industria forestal chilena, considerando una diversa gama de actividades económicas. Las dos principales empresas forestales de Chile -Arauco, que forma parte del grupo industrial Angelini, y Empresas CMPC del grupo Matte- están hoy día entre las más grandes del mundo. Como hemos señalado en Lampadia (Madera: Fabulosa reserva productiva), el potencial de desarrollo del sector forestal en el Perú debería ser del orden de cinco veces el de Chile, y constituye un buen ejemplo de una magnífica oportunidad que se está desperdiciando para generar una producción forestal de más de US$ 35,000 millones anuales, dando empleo de calidad a toda la población de la selva y a buena parte de la de la sierra.

El Perú no puede seguir quedándose atrás. Es por eso que celebramos la aprobación de los reglamentos que permitirán la vigencia de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Vale la pena destacar los beneficios de esta normativa, que marca un hito histórico y nos impulsa hacia la multiplicación de nuestra riqueza.

Lo más importante es notar que las nuevas normas permitirán impulsar la reactivación del sector forestal que espera duplicar las exportaciones de productos maderables de US$150 millones a US$300 millones anuales en dos años. Además se espera reducir las importaciones en 50% al 2021. En 6 años se podrán cosechar los primeros cultivos. Asimismo, se espera que contribuyan a controlar la tala ilegal mediante el fomento del mercado de madera formal, así como el impulso a iniciativas como el Pacto Nacional por la Madera Legal.

Algunos de los beneficios del reglamento son responder a las demandas y necesidades de los usuarios, reconocer los derechos de las organizaciones indígenas, promoverla inversión forestal, incentivar la legalidad y es importante destacar que ha sido producto de un proceso participativo entre Estado y las organizaciones civiles, usuarios del bosque y sus recursos.

Además, según la Directora Ejecutiva del SERFOR, Fabiola Muñoz, se promoverá la creación de 500,000 nuevos puestos de trabajo directos, vinculados al impulso de los cultivos forestales con fines comerciales en tierras públicas y privadas. La meta al 2030 es que de las 10 millones de hectáreas deforestadas, se puedan reforestar por lo menos 2 millones de hectáreas.

Entre los beneficios resaltamos la reducción de las trabas burocráticas. El Estado estaría tomando, sorprendentemente, un enfoque más facilitador y promotor que controlista, simplificando los procedimientos y volviendo muchos de ellos on-line (al estilo de la India) para una mayor fluidez de los procesos. Según la representante del Serfor, “hay trámites administrativos que han visto reducidos sus tiempos de gestión en 75% u 80% a raíz de la publicación del reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre”. “En los casos de la Declaración de Manejo hemos reducido casi el 95% del tiempo”, añadió. Estos trámites solían demorar entre dos meses y un año.

En el caso de las concesiones para el aprovechamiento de productos maderables, manifestó que el Estado no solo redujo trámites, sino que también fijó una serie de incentivos.

 “El Estado está promoviendo un manejo integral del territorio, ya que antes si uno quería aprovechar recursos como la madera se tramitaba una concesión forestal maderable, o si se quería aprovechar un recurso como la castaña entonces se debía gestionar una concesión de castaña, pero el Estado no tenía muchos incentivos para que en un solo territorio haya un manejo de varios recursos a la vez”, puntualizó.

Tenemos que aprovechar la favorable coyuntura para cultivos forestales de alta calidad. Además de contar con una situación geográfica favorable, tenemos 10 millones de hectáreas aptas para reforestación, de las cuales 7 millones están en la sierra, 2.5 en la selva y 0.5 en la costa.  

En el país hay un potencial de reforestación que no se ha desarrollado por erradas políticas proteccionistas de recursos y por normas híper controlistas, aderezadas por normas discontinuas que generan desincentivos a los operadores de calidad y dejan el espacio abierto para los taladores ilegales y demás corruptelas. Las áreas deforestadas y degradadas, resultado de actividades agrícolas y ganaderas mal manejadas pueden ser recuperadas por reforestación. Sin embargo, la actividad de reforestación aún es marginal en el País en relación con su potencial. Las autoridades no han percibido aún el potencial de los cultivos forestales para recuperar áreas degradadas y mejorar los ingresos. En el país aún no se ha cerrado el ciclo de plantación-manejo-cosecha, que garantizaría el abastecimiento permanente de las industrias.

Con el fin de determinar mejor los derechos que tiene cada quien en la zona de selva, el reglamento dispone “realizar una zonificación forestal, respetando los usos y costumbres tradicionales. Sobre esa base, se permitirá la cesión en uso de tierras forestales en las comunidades, las mismas que mantendrán la posesión, uso, disfrute, aprovechamiento y reivindicación de tierras de producción y recursos forestales y fauna silvestre.”

Sin embargo, este reglamento solo incentiva la inversión de los pequeños y medianos empresarios, ya que se establece que los concursos para las concesiones entre 5,000 y 10,000 hectáreas con fines maderables se den a favor de medianos y pequeños empresarios.

Esta es la gran falla del reglamento: se debería incentivar la inversión de grandes operadores forestales para generar el desarrollo de una gran industria que traiga tecnología de punta y genere amplios encadenamientos. La nueva forestería del Perú, debiera mover la aguja de nuestra economía, como lo hizo la minería desde los años 90.

Las inversiones extranjeras pueden contribuir a superar las limitaciones tecnológicas que actualmente existen, promoviendo la creación de clústeres industriales en los que se dé valor agregado a la producción forestal (maderas, pulpas, no maderables, recubrimientos, etc.), mejorando las infraestructuras de transporte, apoyando la investigación y aumentando la vinculación de las economías locales con los mercados extranjeros. Se puede generar un claro y positivo de encadenamiento, desde las empresas corporativas a nivel internacional, a las autoridades locales, empresarios y funcionarios de gobierno a nivel local. 

Es importante fomentar los incentivos a nivel local, las comunidades y los pequeños y medianos empresarios, pero para poder desarrollar el enorme potencial del sector forestal, debemos incentivar la presencia de grandes operadores globales.

Mientras que es notable el esfuerzo del Estado por modernizar la política forestal, debería otorgarse una mayor atención a la promoción de la inversión privada en cultivos o plantaciones forestales, reforestación, principalmente en la sierra, entre otras actividades que generarán grandes beneficios económicos y sociales al país, así como el de la ampliación de la frontera de la formalidad. Lampadia