Álvaro Díaz Castro
Abogado en Derecho de la Empresa y Minero
Para Lampadia

“A veces no es cuestión de tener ideas nuevas, sino de dejar de tener ideas antiguas” Edwin H. Land

Hay consenso en el sentido que la exploración minera formal tiene importancia gravitante para asegurar el crecimiento del sector y del país, a la par que se van consolidando los sectores industriales, de servicios, turísticos, agrarios, innovación y pesqueros. De igual forma, estamos de acuerdo con que todas las actividades productivas y de servicios deben ser social y ambientalmente responsables. También se sabe que “de cada 1000 depósitos con presencia de mineral, 100 se convierten en prospecto minero, 10 se convierten en proyectos mineros y uno se convierte en mina” (Ing. Henry Luna C. -hoy Presidente de INGEMMET- – Lampadia 25 de mayo 2015). Son, sin la menor duda, emprendimientos de altísimo riesgo de inversión.

Si se halló ese uno en mil, lograr poner en operación una mina tiene su propia historia que requeriría no otro artículo sino algunos libros, para explicar los cientos de permisos requeridos para ello.

Volvamos a la exploración minera formal; es una labor de alto riesgo, costosa, temporal y bajo impacto ambiental y social, muy localizada (poca área) y controlada. No utiliza ni genera extraños reactivos o materiales peligrosos, excepto algunos comunes como combustible o bentonita (especie de cemento sellador).  Emplea equipos de perforación, palas, picos, depósitos impermeabilizados, camionetas, carpas y cocinitas portátiles. Claro que esto, más la mano de obra, permisos y logística, demanda algunos millones de dólares en inversión por cada exploración.

Y cuesta más porque, aun cuando es de mínimo impacto ambiental y de bajo riesgo en términos de seguridad, los gobiernos (en especial el del anterior quinquenio) han venido imponiendo trámites y requisitos complicados, además de plazos reales interminables para cada paso administrativo, solicitando también opiniones de aquí, de allá y de más allá, en una vorágine de desconcierto total. Por ejemplo, en alguno de esos momentos, querían que se presente una constancia de Registros Públicos, sin reparar que esta entidad no estaba facultada para emitirla (pero alguien pensó que era buena idea). Se tuvo que convencer a Registros Públicos para que diera algún tipo de certificación para satisfacer al burócrata que hacía tal requerimiento impulsado por “consultores-tramitólogos” o algún promotor del empleo en tramitomanía.

La realidad es la que señala Miguel Cardozo – CEO de Altura Minerals “Usted no puede pedir que un inversionista venga aquí y tenga que pasarse dos años para obtener un permiso y perforar…”; agrega Eugenio Ferrari presidente de la pasada proEXPLO “Hubo una secuencia de cambios y contracambios que se dieron en los últimos 10 años, que lamentablemente no ayudaron a que la exploración se dinamice…” (diario Gestión del 31 de mayo 2017).

Pero, si se logra iniciar la labor de exploración es necesario buscar un equivalente al libro de álgebra de Baldor frente a problemas antitécnicos o imprecisiones que aparecerán. No hay tablita de respuestas correctas al final del libro. Solo queda el persignarse y contar con ingenieros, abogados y técnicos que ayuden a salir de este” leguleyesco” laberinto: “nosotros hemos sentido que la legislación de exploraciones no ha tenido relación con la realidad de las exploraciones…. La regulación actual es muy inflexible, muy restrictiva y toma mucho tiempo” declaró Luis Marchese – presidente de la SNMPE.

Pongamos un ejemplo de la extraña forma de promocionar las inversiones en exploraciones: el Impuesto General a las Ventas (IGV) tiene la característica de que se aplica con el “efecto cascada”; es decir, uno paga el IGV al proveedor de bienes o servicios (a quien se le compra algo); este IGV pagado es un crédito fiscal a deducirse del IGV que a la empresa le paguen por los bienes que venda (la fórmula sería: IGV cobrado en la venta menos IGV pagado en las compras). Resulta, sin embargo, que en exploraciones sólo se compra y nada se vende.   Recién se venderá cuando el yacimiento se construya como mina y opere; recordemos, será sólo un caso de cada cien proyectos de exploración.

En todos los casos existe un crédito fiscal (dinero inmovilizado) que no se puede usar.   Para ello, se habilitó la devolución definitiva del IGV. Más que un beneficio es una equidad tributaria. 

El único tema es que para poder aplicar a la aprobación de dicha devolución uno debe tener el estudio de factibilidad de la exploración hecho y presentarlo, pero no podrá hacer valer ninguna compra efectuada para el proyecto de exploración hasta que no se apruebe el contrato de inversión correspondiente (por el cual autorizan la devolución definitiva del IGV). Este trámite dura algunos meses, tiempo en el cual es muy probable que el proyecto se ejecutó y cerró (recordemos que los proyectos de exploración son temporales). Por tanto, carece de objeto tener el contrato de inversión aprobado a destiempo. Cierto es que permiten se traslade a otra fase del proyecto y otro proyecto, pero quién sabe si habrá otra fase o proyecto, lo que no habrá es recuperación del IGV.  

Tal supuesta facilidad, que no es sino un acto de trato justo con el IGV, no resulta tan eficiente como se indica en los manuales para atraer la inversión minera al Perú.

Pero con todas sus deficiencias, ahora, tampoco existe. La comisión de economía del Congreso, haciendo gala de las mejores prácticas taurómaticas “chichuelinas” y “verónicas”, dice que ha concluido la posibilidad de este régimen de devolución del IGV, porque ningún ministerio lo sustentó como ellos desean, pese a tener clara conciencia de la importancia y trascendencia del tema, simplemente no saben / no opinan y dejan que, aunque hago daño al futuro del país, allí termina la vigencia de la norma. Actualmente se está tratando de revivir la norma, pero nadie puede ver con claridad el futuro de tal paciente.

Por supuesto, en el corto plazo, la larga fila de proveedores y trabajadores formales vinculados a las exploraciones serán directamente afectados con la muy probable reducción de estos proyectos. En el mediano y largo plazo, no habrá más proyectos nuevos que impulsen la economía formal peruana.

Nuestro vecino del norte, Ecuador, se ha puesto como objetivo más que duplicar la actividad minera al 2021, para ello lo primero que ha determinado, entre otras medidas, es la devolución del IGV.  Chile ha proyectado que recibirán inversiones mineras por más de 65 mil millones de dólares.

Recordemos que, al 2011, sólo el 0.28% del territorio peruano se había explorado y sólo se había explotado 0.82% de las reservas minerales, es decir, los rangos de producción son mínimos (Guía de negocios e inversión en el Perú 2014/2015 – Ministerio de Relaciones Exteriores/EY/Proinversión – pág.71), y lo más probable es que con las políticas y normativa existentes no cambié mucho el panorama.

Sin embargo, el crecimiento del PBI peruano en los últimos 20 años ha sido el mayor de América Latina con un 151.1% y con una de las más bajas inflaciones (Paulo Pantigoso – El Comercio 01 diciembre 2018). La actividad minera es la que explica gran parte de estos buenos 20 años y puede sustentar muchos años más si se dejara de trabarla. En realidad, en Perú, nunca ha habido un “boom minero”, de haberlo habido estaríamos produciendo y exportando no menos que Chile que nos duplica, por ejemplo, en exportación de cobre.

Siempre me ha dejado esa sensación de que la ubicación a media tabla de Perú en el Índice Fraser (que mide la competitividad de los países/estados mineros en el mundo) es el resultado del discurso de un Estado, gobierno tras gobierno, diciendo “sí; pero no”. Lampadia

Al cumplir 50 años del alunizaje, se vislumbra una nueva era espacial. “Los próximos 50 años se verán muy diferentes. La caída de costos, las nuevas tecnologías, las ambiciones chinas e indias y una nueva generación de empresarios prometen una era audaz de desarrollo espacial”.

Para empezar, esta nueva era estará signada por una intensa participación de la inversión y liderazgo del sector privado. “En la última década, la inversión privada ha aumentado a un promedio anual de $ 2 mil millones al año, o el 15% del total, y se prevé que siga aumentando”, según reporta The Economist. Esto se debe a la mayor eficiencia del sector privado: “Según la NASA, el desarrollo de cohetes Falcon de SpaceX le habría costado a la agencia US$ 4 mil millones; a SpaceX le costó una décima parte de eso”.

Por otro lado, se espera que el turismo desempeñe un rol importante en los futuros viajes espaciales, así como la explotación de minerales.

Además, también se han multiplicado los países que desarrollan aventuras espaciales, con China, India y Japón.

Un problema pendiente es que no existen protocolos que gobiernen la presencia en el espacio, algo que debe resolverse lo más pronto posible, tanto por el tema de uso de armas, como por su aprovechamiento económico.

Veamos el artículo de The Economist al respecto

Los próximos 50 años en el espacio
Comienza una nueva era de exploración espacial

Para prosperar necesitará un Estado de Derecho y un sistema de control de armas

The Economist
18 de julio de 2019

El momento en que, hace 50 años, Neil Armstrong colocó su pie en la superficie de la Luna inspiró asombro, orgullo y asombro en todo el mundo. Este periódico argumentó que “el hombre, desde este día en adelante, puede ir a donde quiera que en el universo su mente lo desee y su ingenio se consiga … a los planetas, más temprano que tarde, el hombre ahora está seguro de ir”. Pero no. El aterrizaje en la Luna fue una aberración, un objetivo logrado no como un fin en sí mismo, sino como un medio para señalar las extraordinarias capacidades de Estados Unidos. Ese punto, una vez hecho, no requería rehacerlo. Sólo 571 personas han estado en órbita; y desde 1972 nadie se ha aventurado mucho más lejos en el espacio que Des Moines desde Chicago.

Los próximos 50 años se verán muy diferentes. La caída de costos, las nuevas tecnologías, las ambiciones chinas e indias y una nueva generación de empresarios prometen una era audaz de desarrollo espacial. Es casi seguro que involucrará turismo para los ricos y mejores redes de comunicaciones para todos; a la larga, puede implicar la explotación de minerales e incluso el transporte masivo. El espacio se volverá cada vez más como una extensión de la Tierra, un espacio para empresas y particulares, no solo para los gobiernos.

Pero para que esta promesa se cumpla, el mundo necesita crear un sistema de leyes que gobierne los cielos, tanto en tiempos de paz como, en caso de que así sea, en la guerra.

El desarrollo del espacio hasta ahora se ha centrado en facilitar la actividad más abajo, principalmente las comunicaciones por satélite para la radiodifusión y la navegación. Ahora dos cosas están cambiando. Primero, la geopolítica está avivando un nuevo impulso para enviar a los humanos más allá de la órbita baja de la Tierra. China planea atraer a la gente a la Luna para el 2035. El gobierno del presidente Donald Trump quiere que los estadounidenses regresen allí para el 2024. La caída de los costos hace que esto sea más asequible que antes. Apollo costó cientos de miles de millones de dólares (en el dinero de hoy). Ahora decenas de miles de millones son el precio del billete.

En segundo lugar, el sector privado ha alcanzado la mayoría de edad. Entre 1958 y 2009, casi todos los gastos en el espacio fueron realizados por agencias estatales, principalmente la NASA y el Pentágono. En la última década, la inversión privada ha aumentado a un promedio anual de $ 2 mil millones al año, o el 15% del total, y se prevé que siga aumentando. SpaceX, la firma de cohetes de Elon Musk, realizó 21 lanzamientos satelitales exitosos el año pasado y está valuada en $ 33 mil millones. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, vende sus acciones en la compañía cada año para pagar Blue Origin, una empresa espacial. Virgin Galactic planea hacerlo público este año con una valuación de $ 1.5 mil millones. Además del capital y las ideas, el sector privado proporciona una eficiencia mucho mayor.

Según la NASA, el desarrollo de cohetes Falcon de SpaceX le habría costado a la agencia US$ 4 mil millones; a SpaceX le costó una décima parte de eso.

Existen o están al alcance dos nuevos modelos comerciales: el gran negocio de lanzar y mantener enjambres de satélites de comunicaciones en órbitas bajas y el nicho de turismo para los ricos. El próximo año es casi seguro que veamos a los pasajeros de Virgin y Blue Origin en excursiones suborbitales que ofrecen la emoción de la ingravidez y una vista del borde curvo de la Tierra contra el cielo negro del espacio. Virgin afirma que podría llevar a casi 1,000 aventureros adinerados al año para el año 2022. SpaceX está desarrollando una “Starship” reutilizable más grande y mucho más capaz que sus Falcons. Yusaku Maezawa, un magnate de la moda japonesa, ha hecho un pago inicial para un viaje de Starship alrededor de la Luna; él tiene la intención de ir con un equipo de artistas tan pronto como 2023.

Tales posibilidades podrían hacer que los ingresos anuales de la industria espacial se dupliquen a $ 800 mil millones para 2030, según el banco UBS. Aún más en el futuro, el desarrollo espacial podría rehacer cómo vive la humanidad. El señor Musk espera enviar colonos a Marte. El señor Bezos, el hombre más rico del mundo, quiere ver a millones de personas que se ganan la vida en las estaciones espaciales, quizás antes de que la huella de Armstrong marque su centenario.

En un momento en que la Tierra se enfrenta a malas noticias sobre el cambio climático, el lento crecimiento y la tensa política, el espacio parece ofrecer una razón sorprendente para el optimismo. Pero no es ni una panacea ni un agujero de buey. Y para cumplir su promesa, hay que resolver un gran problema y evitar un riesgo peligroso. El gran problema es el desarrollo del estado de derecho. El Tratado del Espacio Exterior de 1967 declara que el espacio es “la provincia de toda la humanidad” y prohíbe los reclamos de soberanía. Eso deja mucho espacio para la interpretación. América dice que las empresas privadas pueden desarrollar recursos basados en el espacio; el derecho internacional es ambiguo.

¿Quién tendría el mejor reclamo para usar el hielo en los polos de la Luna como soporte vital? ¿Se debería permitir a los colonos marcianos hacer lo que les gusta al medio ambiente? ¿Quién es responsable de las colisiones de satélites? El espacio ya está abarrotado: más de 2,000 satélites están en órbita y la NASA rastrea más de 500,000 piezas individuales de escombros a velocidades de más de 27,000 kilómetros por hora.

Tales incertidumbres magnifican un peligroso riesgo: el uso de la fuerza en el espacio. La capacidad sin paralelo de Estados Unidos para proyectar su fuerza en la Tierra depende de su amplia gama de satélites. Otras naciones, sabiendo esto, han construido armas contra satélites, como Estados Unidos lo ha hecho. Y la actividad militar en el espacio no tiene protocolos ni reglas de combate bien probados.

Estados Unidos, China e India están aumentando rápidamente sus capacidades destructivas: cegando satélites militares con láseres, bloqueando sus señales a la Tierra o incluso haciéndolos explotar, causando que los escombros se dispersen por todo el cosmos. También están convirtiendo a sus fuerzas armadas hacia el espacio. Trump planea establecer una Fuerza Espacial, la primera nueva rama de las fuerzas armadas desde que se creó la fuerza aérea en 1947. En la víspera del desfile militar anual del Día de la Bastilla, el 14 de julio, Emmanuel Macron, presidente de Francia, también anunció la formación. de un nuevo comando del espacio.

En el cielo como en la tierra

Es un error promover el espacio como un salvaje oeste romántico, una frontera anárquica donde la humanidad puede deshacerse de sus cadenas y redescubrir su destino. Para que el espacio cumpla su promesa se requiere gobernanza. En un momento en que el mundo no puede ponerse de acuerdo sobre las reglas para el comercio terrestre de barras de acero y soja que pueden parecer una gran pregunta. Pero sin él, el potencial de todo lo que se encuentra más allá de la Tierra, en el mejor de los casos, esperará otros 50 años para cumplirse. En el peor de los casos, el espacio podría sumarse a los problemas de la Tierra. Lampadia

Recientemente, la Comisión de Economía del Congreso aprobó la exclusión de la devolución del IGV y del Impuesto de Promoción Municipal a las actividades de exploración mineras y de hidrocarburos, a partir de 2019.

Según diversas fuentes del Poder Legislativo, la aprobación de esta ley se da como consecuencia de un desinterés por parte del Ministerio de Economía (MEF) y del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para sustentar una posición a favor de la prórroga de la devolución de estos impuestos, con argumentos económicos sólidos.

El desinterés mostrado por parte de las entidades competentes del Ejecutivo en este tema no se explica si consideramos que esta medida no hace más que vilipendiar y castigar la inversión de dos sectores de la economía peruana, en particular, la minería, que es uno de los pilares de nuestro modelo de desarrollo actual [Ver en Lampadia: El sorprendente valor agregado de la minería].

Esta medida es muy alarmante por su impacto en el crecimiento futuro del país. Entendemos que se ha producido porque el Perú ha perdido la línea de gobernanza, y hoy nos debatimos en una enajenante confusión de la pequeña política.

Tal como indicó recientemente Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), en Gestión, la actividad de exploración tanto en minería como en hidrocarburos es de alto riesgo y por ende, no correspondería gravársele con el IGV en caso no se encontrara recurso natural alguno.

Sin embargo, ahora que ya no existirá la devolución de este impuesto, es altamente probable que muchas de estas inversiones en exploración, por su naturaleza riesgosa, ya no sean rentables y por ende la medida resulte ser un fuerte desincentivo a la actividad exploratoria de ambos sectores. Máxime, si los países que compiten con nosotros por inversiones mineras y petroleras, si lo hacen.

Esto se agrava aún más si consideramos que la exploración es aquella fase de la actividad que permite el descubrimiento de nuevos pozos petrolíferos o minas, y por ende, la formulación de nuevos proyectos y la expansión de nuestro potencial minero y de hidrocarburos.

Pero más importante aún, esta medida nos quita competitividad global ya que otros países mineros como Canadá, Chile y Australia, cuentan con este beneficio tributario e inclusive están realizando avances en torno a este. Por ejemplo, recientemente el Gobierno de Chile, en el marco de su reforma de tributaria, ha propuesto un proyecto de ley en el que plantea una reducción del plazo para recuperar el IVA -homólogo del IGV en Perú- por inversiones realizadas en activo fijo, de 6 meses a 2 meses y una reducción del plazo de respuesta de 60 a 5 días. Este tipo de medidas que buscan incentivar el crecimiento, el emprendimiento, la inversión, el ahorro, y el empleo en múltiples sectores productivos es hacia donde debemos dirigir nuestras políticas públicas.

En esta línea, este proyecto de ley no otorga certeza jurídica y ni da predictibilidad hacia los inversionistas de ambos sectores, quienes ya han comprometido enormes recursos para el año entrante. Esperemos que pueda ser observado a la brevedad posible para el bien de todos los peruanos, cuyas familias sustentan sus ingresos, directa o indirectamente, de estas actividades económicas.

Líneas abajo compartimos la nota al respecto de Gestión. Lampadia

DESDE EL 2019
El Estado ya no devolvería el IGV a la exploración minera y de hidrocarburos

El presidente de la Comisión de Economía, Carlos Bruce, dijo que esta decisión se tomó porque el MEF y el MEM no sustentaron los beneficios de la devolución de IGV a estas actividades.

Javier Prialé
Gestión
6 de diciembre de 2018

Luego de 16 años, las actividades de exploración minera y de hidrocarburos dejarían de tener el beneficio tributario de devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal.

Esto porque la Comisión de Economía del Congreso aprobó un proyecto de ley en el cual se excluye a estas dos actividades de la devolución de ambos tributos.

Si bien la propuesta original planteaba prorrogar la vigencia de este beneficio tributario tanto para exploración minera como la de hidrocarburos hasta el 31 de diciembre del 2021 –pues vence el 31 de diciembre de este año– durante el debate hubo oposición a que esto se dé.

El presidente la Comisión de Economía, Carlos Bruce, explicó que la razón principal para la oposición de los parlamentarios para ampliar la devolución del IGV a estas actividades es que no se tuvo la sustentación adecuada de los beneficios de esta medida por parte de los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas.

Afirmó que estos debieron enviar una evaluación de los impactos de la medida. “Si esa evaluación no está hecha, el Congreso no puede actuar de manera autómata renovando por renovar”, dijo a Gestión.

En el predictamen elaborado por la comisión se precisa que se pidió opinión al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre el mencionado proyecto de ley y la respuesta fue que no se formulaban observaciones.

“No solo es opinar diciendo no tengo ningún inconveniente. Eso no es ninguna respuesta”, afirmó Bruce.

Fuentes del sector empresarial aseguraron que con esta decisión del Congreso se estaría “matando” la exploración en el país.

Responsabilidad del MEF
El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, se pronunció sobre esta decisión del Parlamento y dijo que es un tema que lo está viendo el MEF, ya que es su competencia.

Sin embargo, consideró que sí es necesario que las actividades de exploración minera y de hidrocarburos tengan un régimen de devolución de impuestos, ya que se trata de una inversión de riesgo y una medida de este tipo permitirá para mantener la competitividad del sector frente a otros países.

“Cuando se hace una inversión de riesgo lo que se le debe permitir a la empresa minera que explora es recuperar el IGV que es un crédito fiscal, como lo recupera cualquier empresa que opera en nuestro país”, afirmó.

Se incrementa el riesgo
Para el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, el quitarle el beneficio de devolución de IGV a la exploración minera y de hidrocarburos le incrementa el riesgo a estas actividades.

“El IGV es un impuesto al valor agregado, es decir, se tiene que agregar valor para que exista el impuesto. Si uno explora y encuentra nada ¿qué valor se agregó? Están incrementando el costo del fondo que está poniendo a riesgo en la exploración, que es riesgo puro. Lo que va a traer como consecuencia es una reducción de la actividad exploratoria”, precisó.

AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA

Alimentos y transporte seguirían exonerados de IGV hasta el año 2021
La Comisión de Economía incluyó en su decisión ampliar la exoneración del IGV hasta el 2021 para los productos incluidos en los apéndices I y II del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, dentro de los cuales se encuentran los alimentos, el transporte, la primera venta de inmuebles, entre otros. Igualmente, se aprobó la prórroga de la devolución de impuestos que gravan las adquisiciones con donaciones del exterior e importaciones de misiones diplomáticas y otros, así como la emisión de dinero electrónico efectuada por las empresas emisoras. En ambos casos también hasta el 2021.

Todos estos cambios tributarios iban a ser debatidos ayer por el pleno del Congreso, pero se levantó la sesión y no se llegó a discutir. Si no se aprueban, los productos pagarán IGV desde el 1 de enero del 2019.

La comisión se manifestó en contra de derogar el ISC a casinos y tragamonedas.

NÚMERO CLAVE
13%
cayó la exploración minera hasta octubre 13%
Entre enero y octubre la inversión en exploración minera sumó US$ 327 millones y representó el 8.8% del total del sector.

EL DATO
Devolución. De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), para el 2019 se estimó que se devolvería por IGV a la exploración en hidrocarburos unos S/ 28.7 millones y en minería llegaría a S/ 44.8 millones. Estos montos quedarían en el Estado.

OPINIÓN
Medida va en contra de la competitividad

Pablo de la Flor
Gerente General de la SNMPE
La no renovación de este tratamiento tributario va a tener una incidencia sumamente negativa sobre las inversiones en la exploración minera y de hidrocarburos. Nosotros necesitamos reactivar estas inversiones, sobre todo en el caso concreto del sector hidrocarburos, porque sin ello no será posible incrementar la producción, de allí la gran importancia que tiene mantener las reglas de juego y no cambiarlas como estaría ocurriendo a consecuencia de esta decisión del Congreso. En el caso del sector minero, si bien hubo un incremento en la inversión en exploración en los últimos dos años, este año hubo un pequeño retroceso. Pero un cambio de reglas resulta sumamente adverso para estos flujos de inversión. Esta decisión nos hace mucho menos competitivos. Este beneficio tributario lo tienen Canadá, Chile y Australia. Estamos yendo contra la corriente. Es un total contrasentido. Lampadia

Todos hablan ahora de cómo podemos beneficiarnos por el aumento de los precios de los metales como el Cobre y el Zinc. Con ello se generan mayores ingresos por exportaciones, mayores recursos fiscales y disminuye el déficit fiscal.

Pero si no desarrollamos nuestros proyectos, y solo nos contentamos con los mejores precios de la producción actual, estamos perdiendo una gran oportunidad de generar riqueza. Este es el momento de iniciar inversiones. Pero para lograrlo, se requiere que el gobierno y el gremio minero, le expliquen a la población los grandes beneficios que podemos obtener y comprometer el apoyo de la población para contrarrestar las asonadas anti-mineras de quienes promueven las ideologías de la pobreza y viven del conflicto.

Como sabemos, los buenos precios no son eternos. No aprovechar estos momentos e impulsar las inversiones mineras es un acto de irresponsabilidad supina.

Veamos en qué estamos:

La mirada desde Chile

Las ilusiones oficialistas

Las inversiones mineras en el Perú se expandirían 20% este año y superarían los US$ 5,000 millones, afirmó el MEM recientemente, resaltando que este crecimiento se debe mayormente a los cambios normativos como la simplificación administrativa y la creación de condiciones sociales en los entornos mineros para que los proyectos puedan desarrollarse y seguir las operaciones.

Además, el Perú recientemente presentó una cartera de inversiones en minería proyectada para los próximos 10 años, tanto en exploración, explotación y ampliaciones, que supera los US$ 58,000 millones en la Feria Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) 2018. También promocionó los proyectos Colca y Jalaoca, cuya convocatoria a concurso se abrió el viernes pasado. Nótese que en la relación presentada no figura Tía María.

La cartera estimada de los proyectos mineros es descentralizada y se ubica en regiones como Cusco, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Arequipa, Junín, Piura, Áncash, Huancavelica y Lambayeque.

Aterrizando

Según el Mercurio de Chile, el Banco Central de Reserva del Perú, en uno de sus últimos informes, calculó que la inversión minera llegaría a US$ 6.529 millones durante los años 2018 y 2019. Por su lado, según estimaciones que han realizado el Consejo Minero y la Sonami, la industria minera chilena invertirá US$ 7 mil millones en el 2018. El doble de inversión que el Perú.

Además, según el último estudio de 2017 del Instituto Fraser, el Perú fue desplazado del primer puesto de América Latina por Chile como “jurisdicción favorita para invertir en minería”. El estudio se basa en una encuesta que evalúa cómo las dotaciones mineras y los factores de política pública (impuestos e incertidumbre regulatoria) afectan la inversión en exploración minera.

Entre las razones del salto chileno, el Instituto Fraser destaca “una disminución en la preocupación por el sistema legal de Chile (-16 puntos), régimen impositivo (-14 puntos) y base de datos geológicos (-13 puntos).

A pesar de las bondades objetivas del proyecto minero que está más cerca de efectivizar inversiones, Tía María, y de una importante campaña de Southern Copper para generar el apoyo de la población del valle de Cocachacra, en Arequipa, que aclara todas las dudas y mitos sembrados alrededor del proyecto, los representantes del gobierno, tanto en su momento, Cayetana Aljovín como ministra de Energía y Minas, como la actual ministra, Ángela Grossheim, siguen omitiendo toda referencia al proyecto, dando la impresión de que estuviera vetado (por pura y llana cobardía).

¿Qué debemos hacer?

Recordemos que, al contrario de los mitos anti-mineros, el Perú ha mejorado a pasos agigantados gracias al crecimiento de este sector. La inversión privada, liderada por la minería, ha permitido un crecimiento sostenido del PBI, durante más de quince años, permitiéndonos reducir la pobreza, la desigualdad, la desnutrición y la mortalidad infantil.

Lamentablemente, en el 2011, como hemos destacado anteriormente, el 2011 se dio el punto de inflexión, coincidiendo con el inicio del ‘gobierno de la inclusión’, tanto en aspectos sociales como económicos. Ver en Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo.

Para poder retomar recuperar el crecimiento económico, el principal camino para la reducción de la pobreza, la generación de empleo y mejoras sociales, es necesario poner en valor nuestros proyectos y situarnos como uno de los principales exportadores mineros del mundo. Nos guste o no, la inversión minera es el mejor y más rápido camino para que podamos cerrar nuestras brechas económicas y sociales.

Contamos con un sector que aporta un gran valor agregado a la economía (superior a 65%), generando miles de millones de dólares de exportaciones. Ver en Lampadia Conflictividad y debilidad política impiden desarrollo minero

Pongamos en valor los recursos mineros que tenemos el privilegio de tener y actuemos en pro del desarrollo integral, duradero y sostenible, sin que los mitos y las mentiras nos aparten del camino de la reducción de la pobreza. 

Para que estas palabras no sean una simple ficción, solo falta un liderazgo asertivo, valiente y consecuente con el reto de superar la pobreza, como primera prioridad de gobierno. Lampadia

Como todos sabemos la actividad minera y las empresas extractivas vienen siendo sujeto de un proceso de cuestionamiento que ha descarrilado las políticas públicas que permitieron su desarrollo y su consiguiente aporte (múltiple) a la mejora de nuestros indicadores económicos y sociales durante los últimos 25 años. Por ejemplo, las regulaciones con las que se impulsó el crecimiento del sector minero en los años 90 han sido multiplicadas, literalmente, por 100. Otro ejemplo, ningún gobierno estableció, en la conciencia de la opinión pública, las relaciones causa-efecto entre las operaciones extractivas y el canon con que se multiplicaron los recursos de las regiones. Tan es así, que en algún momento, poblaciones vinculadas al sector minero marcharon coreando: “Canon sí, minería no”.

Las empresas extractivas, en todo el mundo y en el Perú, se han caracterizado por enfoques de gestión de un corte ingenieril. Esto no ha impedido que hagan los mayores esfuerzos por desarrollar operaciones que respeten el ambiente y las relaciones con los pueblos y comunidades de sus áreas de influencia. Estas empresas gastan cientos de millones de dólares durante décadas para evaluar y entender los aspectos geológicos y técnicos del desarrollo de sus proyectos y también en temas ambientales y sociales, pero no han sido capaces de desarrollar una visión igualmente sofisticada sobre los factores políticos, sociales y económicos que dan forma a los países en los que operan.

Esto tiene que cambiar. Obtener y conservar el acceso a los recursos naturales a largo plazo es uno de los aspectos más críticos para las empresas extractivas. Por esta razón, en Lampadia recogemos en este análisis las medidas más importantes sugeridas en el informe de McKinsey Global Institute (MGI) titulado “Invirtiendo la maldición: Maximizando el potencial de las economías impulsadas por los recursos“. Medidas que debieran tomar las empresas extractivas para lograr una mejor inserción en el imaginario social de los países donde operan. (La semana pasada hicimos un primer análisis más general de dicho informe, ver: Aprovechando la bendición de los recursos naturales).

Desarrollar un entendimiento detallado del contexto del país

Según McKinsey, los ejecutivos de las empresas extractivas necesitan entender completamente las diez dimensiones más importantes que determinan la naturaleza de los países en que operan. Éstas varían de país en país y el entendimiento de cada caso es esencial para que adapten sus enfoques empresariales. Ver el detalle en el siguiente cuadro:

Una dimensión importante es el tamaño del país. En los países con poblaciones relativamente pequeñas, la industria extractiva puede ser mucho más importante para el desarrollo económico que en los países más grandes que son propensos a tener una economía más diversa y mercados internos más grandes. Como resultado, es probable que en los gobiernos de los países más pequeños, la industria extractiva sea objeto de un escrutinio mucho más detallado.

Otro aspecto importante es el grado de desarrollo económico de un país. Los gobiernos de los países con economías menos desarrolladas tienen más probabilidades de depender de los ingresos procedentes de la extracción de recursos. Probablemente también dependan de las empresas privadas desempeñen funciones más amplias dentro de la economía, como prestar servicios sociales a la comunidad o desarrollar las infraestructuras. Las empresas también pueden enfrentarse a un imperativo más fuerte para contribuir a un mayor desarrollo económico.

Evaluar rigurosamente las contribuciones actuales de la empresa y compararlas con las expectativas

Las empresas necesitan mejorar su comprensión del impacto de sus actividades y cómo podrían responder más eficazmente a las expectativas de los países anfitriones. La mayoría de las empresas extractivas hacen contribuciones sustanciales a los países en los que operan, ya sea una importante contribución fiscal, dividendos y obligaciones patrimoniales.

Pero no solo contribuyen de esta manera. También lo hacen mediante la creación de empleo y el desarrollo de habilidades de los empleados a través del desarrollo de sus propias fuerzas de trabajo y las cadenas de suministro, así como a través del desarrollo industrial, producto de encadenamientos sectoriales muy importantes, como ha sido en el Perú. Invierten en infraestructuras y en la creación de beneficios sociales más amplios. Sus actividades pueden beneficiar a las comunidades locales a través de contribuciones en las áreas de salud, educación, seguridad, rehabilitación ambiental y la sostenibilidad económica. Y, por último, pueden desempeñar un papel importante para minimizar la contaminación del aire, la tierra y el agua, así como en la conservación de la biodiversidad.

En contra de lo afirmado por los grupos anti extractivistas, la mayoría de las empresas consideran todas estas áreas. Sin embargo, una encuesta que realizó McKinsey a 22 líderes de algunas de las compañías mineras más grandes del mundo muestra algo interesante: “Cuando se le preguntó cómo pensaban que los representantes del gobierno enumerarían en orden de importancia las diferentes áreas de desarrollo social y económico, la inversión en infraestructuras fue vista como una de las áreas más importantes. Sin embargo, las infraestructuras también fueron consideradas por estos mismos ejecutivos como una de sus áreas de peor desempeño. Por el contrario, el impacto ambiental se considera un área en la que sus empresas se desempeñaron relativamente bien, pero fue visto por los ejecutivos mineros como una prioridad muy baja para los gobiernos.”

Para entender mejor este tema, McKinsey desarrolló una herramienta que le permite a las empresas evaluar su performance en las distintas áreas de interés y comparar sus expectativas con las de los otros interesados (gobiernos, países, instituciones, etc.). Ver diagrama inferior:

En el diagrama, se evalúa el potencial de las actividades de desarrollo económico a nivel de activos y proyectos. McKinsey identificó 90 medidas en cinco dimensiones: (1) contribución fiscal; (2) creación de empleo y desarrollo de habilidades; (3) inversión en infraestructuras; (4) beneficios sociales y comunitarios; y (5) preservación del medio ambiente. A estas se les suma un conjunto de medidas de rendimiento de la empresa en la gestión de accionistas/inversionistas y los esfuerzos de comunicación interna, lo cual es importante si las contribuciones de la empresa han de tener el impacto deseado.

Esta herramienta clarifica la contribución de una empresa al desarrollo económico mediante la evaluación de qué tan bien coinciden las prioridades de la empresa con las de las ‘partes interesadas’; compara el rendimiento de las mejores prácticas con las expectativas de los interesados e identifica las áreas en las que se puede mejorar, ya sea mediante el fortalecimiento del desempeño en áreas específicas o reasignación de gastos.

Las principales conclusiones de McKinsey después de utilizar esta herramienta fueron:

• Las prioridades de las empresas extractivas normalmente no coinciden con las de los stakeholders locales.
• Las prioridades y sus performances pueden variar significativamente dentro de la misma empresa.
• La performance no es valorada adecuadamente por los stakeholders locales.

A medida que el mundo en desarrollo capta una participación cada vez mayor de la exploración y producción de recursos naturales, es cada vez más importante para las empresas adoptar un enfoque más cuantitativo y basado en el rol que desempeñan en el desarrollo económico de los países receptores.

En países como el Perú, en donde el aventurerismo político asume, en muchas ocasiones, la forma de movimientos anti-mineros, estos temas no pueden dejarse a la improvisación o al ensayo y error. Mientras las empresas no tomen los cuidados necesarios, los anti-mineros tendrán amplias facilidades para desarrollar sus acciones hostiles. La responsabilidad sobre la recuperación de la legitimidad y buena imagen del sector, está en manos de los gobiernos (nacionales y regionales), de las mismas empresas extractivas, de los gremios empresariales y el periodismo.

Para lograr este cometido es imperioso organizar una gesta nacional para asociar, en la mente de nuestros ciudadanos, las relaciones causa-efecto entre la operaciones extractivas y el crecimiento, empleo, ingresos fiscales, infraestructuras, encadenamientos sectoriales, mejoras sociales, valor agregado y mejoras del medio ambiente. Algo muy difícil, pero no por el esfuerzo requerido, sino por la esquiva decisión política por parte de los actores vinculados al sector, para emprender la gesta por transformar los recursos naturales en una bendición para sus pueblos.  

Lampadia

El Perú ha caído 10 puestos en el Índice de Atracción de Inversiones, según la Encuesta del Fraser Institute entre Compañías Mineras (Survey of Mining Companies 2015). Este informe presenta los resultados de la encuesta anual de empresas mineras y de exploración, que evalúa las políticas públicas, la incertidumbre regulatoria y otros factores que afectan la inversión en exploración e inversiones mineras.

La encuesta se distribuyó a más de 3,800 personas entre el 15 de septiembre y el 27 de noviembre de 2015. Las preguntas estuvieron mayormente relacionadas a la incertidumbre en relación con la administración, interpretación y aplicación de las regulaciones existentes. Las respuestas fueron utilizadas para clasificar provincias, estados y países en función de la medida en que los factores de política pública alientan o desalientan la inversión. Estos resultados se dividen en dos principales indicadores: el Índice de Atracción de Inversiones y el Índice de Percepción de la Política.

El Índice de Atracción de Inversiones tomó en consideración tanto la percepción minera como la política. Se construye combinando el índice de Mejores Prácticas del Potencial Minero, que clasifica las regiones sobre la base de su atractivo geológico, y el Índice de Percepción de la Política, un índice compuesto que mide los efectos de la política de los gobiernos sobre las actitudes hacia la inversión en exploración.

Según este informe, el Perú bajó 10 posiciones en el Índice de Atracción de Inversiones (del puesto 26 al 36). Esto se debe principalmente a los innumerables conflictos anti-mineros que el Estado ha sido incapaz de poner en su real contexto. Como hemos informado en diversas ocasiones, en el Perú se ha desarrollado una campaña para llevarnos a rechazar el desarrollo de este sector. A esta han contribuido una serie de ONGs, algunos académicos y muchos políticos, incluyendo a representantes del gobierno de Ollanta Humala. A diferencia de lo que sucede en Canadá y Australia, seguimos hablado de primarización de la economía, de exportación de “piedras sin procesar” y de que la inversión minera no tiene futuro por las condiciones de los precios de los commodities, que siguen siendo relativamente adecuados, y por la desaceleración de China. (Ver amplia información sobre la realidad de la conflictividad minera en el Perú, en nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo).

No se quiere entender que, innecesariamente, estamos tirando por la borda una riqueza que ha producido muchos beneficios económicos y sociales y que, aún hoy, con las condiciones de los mercados internacionales, puede crear mucha riqueza adicional para muchos peruanos, entre ellos al propio Estado. Esta riqueza es esencial para generar los recursos que nos permitan superar nuestras brechas sociales y económicas y, sobre todo, para que ante la revolución tecnológica en ciernes, podamos nivelarnos, lo más pronto posible, con los países más desarrollados.

Regresando al índice, es importante notar que a nivel regional, sin embargo, nuestro país todavía ocupa el segundo puesto, sólo detrás de Chile. Nos siguen México (posición número 37), Colombia (55), Brasil (56), Nicaragua (65), Salta en Argentina (71), Panamá (74), San Juan en Argentina (75), República Dominicana (81), Uruguay (99), Honduras (107) y Venezuela (108).

Para analizar la situación del Perú en perspectiva, hemos comparado sus resultados de los sub-indicadores con los de Noruega y Chile. Noruega, un país que ha sabido crear riqueza desde su sector extractivo, es uno de los líderes mundiales y Chile, a pesar de Bachelet II, sigue siendo el líder de la región. Como podemos observar en el gráfico siguiente, todavía tenemos mucho camino que recorrer para mejorar:

El segundo indicador es el Índice de Percepción Política, en el que el Fraser Institute afirma que las  decisiones para la inversión a menudo no se basan solo en el potencial minero puro de una jurisdicción. De hecho, los encuestados indican consistentemente que aproximadamente el 40% de su decisión de inversión está determinado por factores de política.

En este ranking, el primer puesto fue de Australia Occidental. El Perú, por su lado, obtuvo el tercer puesto de la región. Mejoró 3 lugares con respecto al año pasado, avanzando del puesto 58 al 55 de 109 países, con un puntaje total de 66.8.

En este indicador, nuevamente, Chile obtuvo el primer puesto en la región, con un score de 83.5, lo cual lo coloca en el puesto 26 a nivel internacional. En segundo lugar se encuentra México, en el puesto 47. Después de nosotros está Uruguay (56), República Dominicana (57), Panamá (68), Brasil (69), Colombia (70), Nicaragua (71), Argentina (85), Ecuador (86), Bolivia (95) y Venezuela (109).

En general, según el informe. La media de la atracción de inversión de América Latina y el Caribe se redujo ligeramente este año, sin embargo, Chile, Perú y México se mantienen liderando el puntaje de la región.

En las observaciones finales, es interesante remarcar los comentarios que algunos de los encuestados hicieron sobre el Perú. Un miembro de la directiva de una empresa de exploración minera que fue encuestado (que se mantiene anónimo en la encuesta), afirmó que: “La nueva declaración de 2012 afirma que todas las empresas de exploración están obligadas a dar un trato especial a las poblaciones indígenas antes de empezar con sus actividades, lo que resulta en un mayor alargamiento del tiempo requerido para la permisología.”

Por otro lado, Chile tiene un proceso más eficiente para permitir programas de exploración estilo ‘Brownfield’, afirmó el presidente de una compañía minera. Además: “Es fácil asegurar los derechos de explotación minera en el país”.

Esto muestra lo que nos hace falta en el Perú: destrabar nuestro crecimiento mediante la reducción de permisos y trámites que solo desalientan el sistema y reducen nuestro atractivo a la inversión. Para esto se debe facilitar el impulso de grandes proyectos, atrayendo a los inversionistas para desarrollar su potencial. Se tienen que eliminar o acortar el número de normas y permisos que enfrenta la actividad minera y los proyectos de infraestructuras.

Por ejemplo en minería se requiere superar los siguientes trámites: En exploración (6), explotación (84), ambiente (47), agua (10), tributos (9), cierre de minas (13) más regulaciones generales llegando a un total de 241 normas que hoy regulan la minería en 130 instancias distintas.

Para retomar la senda del crecimiento y el ciclo virtuoso del Perú, urge seguir promoviendo un alto nivel de inversión, sobretodo en el sector minero. Esta es nuestra fuente principal de crecimiento de la economía, el empleo y de encadenamiento con los demás sectores. Hoy, sin embargo, estamos atrapados entre la tramitología y el caos político. Ver en Lampadia: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’.

Lampadia

Aunque llegaron al gobierno asumiendo una falsa defensa del medioambiente y denostando a las empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales, los presidentes de Bolivia y Ecuador, Evo Morales y Rafael Correa, respectivamente han tenido que cambiar de parecer. Conscientes de que el sostenimiento de las arcas fiscales dependen de las inversiones en este sector, han optado por un cambio radicalde sus posturas y se han lanzado a defender y promover el ‘extractivismo’.

Semanas atrás dábamos cuenta en Lampadia que “Correa empezó su gobierno pegado a la prédica chavista antimperialista y anti-inversión. Incluso trató de crear un esquema ambiental por el que quería recibir dinero del exterior, por no tocar sus bosques en actividades petroleras. Parece que ante el fracaso de esos intentos poco ortodoxos de nutrir sus finanzas y dados los regalos del Perú que ahuyenta las inversiones, Correa ha encontrado el camino para atraer inversión por el lado de la ortodoxia”. (Ver en Lampadia: Gobierno ecuatoriano promueve inversiones que el Perú rechaza y desprecia).

Ya anteriormente Correa había declarado en contra de los anti-mineros: “Nos están engañando. Si no quieren minería moderna, díganle eso al país. Preséntense a las elecciones, ojalá que ganen, cierren todas las minas, cierran la cerámica de Cuenca, dejen de importar hierro y todo lo demás que viene de la minería porque no pueden ser inconsecuentes si decimos no a la minería. Y regresamos así a la Edad de Piedra y entonces las casas van a ser como las de los Picapiedra, y los automóviles también, como los de los Picapiedra, porque no se puede concebir la vida moderna sin minería.”

 

 

Ahora el Presidente Boliviano ha ido mucho más lejos. Como informaba El País de España hace unos días: “El Gobierno de Evo Morales ha aprobado recientemente un decreto que autoriza la exploración petrolera en todas las áreas que Bolivia protege por razones ambientales. La medida ha generado el respaldo del sector petrolero y la crítica de varias organizaciones ambientalistas. Morales replicó a estas últimas con un discurso durísimo, pronunciado al pie de un pozo recién inaugurado, en el que amenazó con expulsar del país a las organizaciones no gubernamentales que se opongan a la expansión de la industria de los hidrocarburos, el motor de la economía nacional, y afirmó que los bolivianos no se convertirán, como estas organismos quieren, en los ‘guardabosques’ de los países desarrollados. Morales aseguró también que ‘las reservas forestales han sido creadas desde el imperio norteamericano’, el cual quiere territorios ‘intocables, intangibles’ en el tercer mundo para compensar sus propios crímenes contra el ambiente. En contraposición, afirmó, ‘tenemos la obligación de explorar cuanto tenemos’”.

Ambos mandatarios se han alejado de las tesis chavistas y no se les ocurre ni en sueños promover el pos-extractivismo. Probablemente, porque la cruda realidad les ha enseñado que sin inversión privada en estos sectores las arcas públicas adelgazarán rápidamente y sus regimenes altamente populistas no tendrán los recursos para sostener sus‘vitalicias’ reelecciones.

Con esta actitud parecen dar a entender que comprendieron las lecciones de la calamitosa situación venezolana.

Cabe recordar que PDVSA, la empresa petrolera estatal venezolana, después de su estatización ha sido destruida: Ha perdido a todo su personal capacitado, más de un tercio de su capacidad de producción; subsidia el precio del petróleo en Venezuela y en Petrocaribe. Genera pérdidas, por US$12,500 millones al año. La planilla  aumentó de 42,000 a 140,000. Ha comprometido importantes despachos futuros para el repago de deudas contraídas con China, para cubrir sus déficits de balanza de pagos. Últimamente, acaba de celebrar otro contrato de futuro con Rusia. Además, está vinculada a buena parte de los escándalosde corrupción del chavismo.

Tal como han resultado las cosas en la región, Correa y Morales han mostrado tener más cintura que Ollanta Humala, que hasta ahora no ha sabido reaccionar con un discurso sentido sobre la necesidad de invertir en nuestros recursos naturales. No esperaríamos, que cometa la misma barbaridad que Evo Morales, abriendo las áreas protegidas o reservadas sin resquemor alguno.

Mientras en Ecuador y Bolivia, sus líderes izquierdistas transitan hacia la explotación de recursos naturales, la izquierda peruana, en su conjunto, acoge las trasnochadas propuestas del pos-extractivismo, cuyo fin último sería recrear la Edad Media bajo la tutela de señores feudales como Arana, Santos, Lerner, Francke, Moreno, Huamán y otros despistados (Ver en Lampadia: Pos-Extractivismo: Autarquía y empobrecimiento).

Como parece que en el Perú, ni el gobierno, ni la izquierda van a atreverse a izar las banderas de la sensatez, tendremos que confiar en una reacción ciudadana que acorrale con sus acciones cívicas a aquellos que pretenden mantenernos como inquilinos de la pobreza. Lampadia

 

Como explicamos anteriormente, en esta sección estamos publicando una serie de artículos que nos permitan entender los elementos que describen correctamente la minería peruana. En esta quinta entrega, se describe lo que es un catastro y se presentan los distintos catastros que tenemos en el Perú, así como un análisis de la información que se incluye en un plano catastral. Ver entregas anteriores en: Parte I,  Parte II, Parte III y Parte IV . 

 

EL CATASTRO MINERO EN EL PERÚ

 

Por: Henry Luna Córdova

Especialista en Recursos Naturales

Catedrático de la Universidad Católica del Perú

 

 

Presentación

El Perú tiene una gran variedad de recursos naturales que están a cargo de diversos sectores del Estado, es así como el recurso natural suelo, forestal  y agua están a cargo del Sector Agricultura quién los administra en coordinación con las regiones y otras entidades.

El Sector Agricultura tiene a su cargo el Catastro de Predios Rurales Agrícolas, asimismo, el Catastro de Comunidades Campesinas y Nativas, además, administra un Catastro de Concesiones Forestales.

Otro actor vinculado con la administración del recursos suelo son las municipales distritales y provinciales que administran y tienen a su cargo un Catastro de Predios Urbanos.

El Perú tiene un extenso territorio ocupado por la Cordillera de los Andes, el desierto y sus playas que son del Estado. La administración de estos recursos es compartida entre la Superintendencia de Bienes Nacionales y los gobiernos regionales.   

El recurso natural mineral está a cargo del Sector Energía y Minas, quién encarga al Instituto Geológico Minero y Metalúrgico la administración del “Catastro Minero Nacional”.

Finalmente, para tratar de integrar el catastro de predios agrícolas y urbano se ha creado el “Sistema Nacional de Catastro de Predios Integrado al Registro” – SNCP que actualmente es presidido por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP y la Secretaría Técnica es liderada por la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI. 

También integran el SNCP, el Instituto Geográfico Nacional – IGN, INGEMMET, Instituto Catastral de Lima – ICL, Gobiernos Regionales y Municipalidades. En un futuro cercano se integrarán al SNCP el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Cultura.

EL CATASTRO EN EL PERÚ

Definición de Catastro

La “Real Academia Española” en su diccionario de habla hispana, define el Catastro de la siguiente manera:

1. (Cf.cf. it. catasto, fr. cadastre. ) m. Contribución real que pagaban nobles y plebeyos, y se imponía sobre todas las rentas fijas y posesiones que producían frutos anuales, fijos o eventuales; como censos, hierbas, bellotas, molinos, casas, ganados, etc.
2. Censo y padrón estadístico de las fincas rústicas y urbanas.

La palabra Catastro también se define como un banco de datos físicos, jurídicos y económicos de todos los inmuebles de una jurisdicción específica.

Tipos de Catastro

En el Perú existen diferentes tipos de Catastro:

Catastro Rural:

Etimológicamente la palabra Rural proviene del latín ruralis, de rus, ruris, campo y se define como perteneciente o relativo al campo y a las labores de él.

De la definición etimológica se deduce que el Catastro Rural es el inventario de la propiedad inmueble rural. La entidad encargada de normar el uso de la tierra agrícola es el Ministerio de Agricultura.

El Catastro Rural comprende varias etapas: identificación geográfica del predio, su ubicación en un plano actualizado, documentación de los derechos de posesión o de propiedad e inscripción en las secciones especiales de predios rurales de los Registros Públicos a nivel nacional y el Registro Predial Urbano.

El “Predio Rural” es la superficie de terreno con continuidad física, dedicada a la explotación agrícola y/o pecuaria de propiedad de una persona natural o jurídica. El derecho de propiedad incluye los aires, el casco y las instalaciones y plantaciones que se encuentran sobre él. Se excluye el subsuelo propiedad del Estado.

 

 

Actualmente la Dirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural del MINAGRI tiene a su cargo un programa de Saneamiento y Titulación de la Propiedad Agraria en el Perú, incluyendo las comunidades campesinas y nativas.

 

 

 

Catastro Urbano

La palabra “Urbano”, etimológicamente proviene del latín urbanus y se define como perteneciente o relativo a la ciudad.

El Catastro Urbano es un elemento básico en la administración municipal de una ciudad en sus diversos aspectos, tanto tributario como de infraestructura urbana y se define como el “inventario de los bienes inmuebles de la ciudad pertenecientes al Estado y a los particulares (debidamente actualizado y clasificado), con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica”.

 

 

El objetivo del Catastro Urbano es realizar el levantamiento, actualización, conservación y operación del catastro municipal, asimismo, determinación física – jurídica de los límites de la propiedad inmueble en beneficio de los propietarios o poseedores, de la comunidad y del Estado y la elaboración de planos catastrales, temáticos, valorizaciones, padrones catastrales, cuadros estadísticos, entre otra información.

Catastro de Bienes Inmuebles Estatales

La Superintendencia de Bienes Nacionales tiene a su cargo el  Inventario Mobiliario Institucional (SIMI) y el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (SINABIP).

Este Catastro ha sido concebido como un instrumento que identifica los principales aspectos y características de los bienes inmuebles estatales, cuyo objetivo apunta a servir de apoyo a la función de administración de los mismos.

Contiene información técnica y legal de los predios y edificaciones del Estado a nivel nacional y actualmente se utiliza como un Sistema de Información inmobiliario; es decir, una herramienta de tipo registral, administrativa e incluso económica para la Toma de Decisiones en los procedimientos a cargo de la SBN.

 

 

EL CATASTRO MINERO EN EL PERÚ

La Real Academia Española define “Minero” como: perteneciente a la minería, además, el que las beneficia por su cuenta o especula en ella; criadero de minerales o excavación que se hace para extraer los minerales. Relacionando este término a la definición de “Catastro”, se puede deducir  que el “Catastro Minero” es un “inventario físico y actualizado en el tiempo de los derechos mineros de un país, consistente en la identificación física y superficial de sus linderos en coordenadas oficiales del Sistema Geográfico Nacional”.

El reconocido especialista en Derecho Minero, Dr. Enrique Lastres, definía el Catastro Minero como “el inventario único de concesiones otorgadas por el Estado a particulares, identificándolas de manera definitiva y definitoria en el espacio territorial que se les hubiera asignado según sus títulos “.

En conclusión, el “Catastro Minero” muestra únicamente la ubicación gráfica de los derechos mineros otorgados en el Perú bajo el régimen de concesiones mineras.

Evolución del Catastro Minero

La actividad minera es una actividad que se ha llevado  a  cabo en todas las etapas de nuestra historia comenzando por la etapa Pre Inca e Inca.

En la época colonial la actividad minera se centró fundamentalmente en la plata, el oro y el mercurio, denominado “azogue”. Otros metales no preciosos como el cobre, se extrajeron en muy poca escala, y otros, como el hierro, no se explotaron.

Los primeros yacimientos conocidos en el antiguo Perú fueron el de Potosí (1545) hoy situado en Bolivia, Castrovirreyna (1590) en el actual departamento de Huancavelica, Oruro (1608) en la actual Bolivia, Cailloma (1608) en Arequipa, Laicatoca (1619) en Puno, Lucanas y Parinacoicha en Ayacucho, y Canta (en Lima), estás  tres últimas hacia 1630. Por otro lado, las obras en las minas de Pasco datan de 1567, pero su producción se volvió importante sólo en el siglo XVIII.

Los primeros antecedentes legales relacionados con la administración de los  derechos mineros en el Perú provienen del sistema pre-hispánico regulado a través de  las “Ordenanzas del Virrey don Francisco de Toledo de 1574” y las “Ordenanzas de Minería de Nueva España”, aplicadas al Perú a partir de 1783.

 

 

A partir del año1900, se inicia el ordenamiento de los derechos mineros en el país y se dictan normas técnicas para ejecutar operaciones topográficas,  planos catastrales y se designan  organismos competentes:

Primer Código de Minería (1900 –  1950)

Se encomienda al Cuerpo de Ingenieros de Minas  la función de elaborar los primeros planos catastrales de los derechos mineros ubicados en las  zonas de: Huayllay, Atacocha, Vinchos, Morococha, Pacococha, etc.

Código de Minería de 1950 (1950 – 1971)

Se crea el Instituto Nacional de Investigación y Fomento Minero y se le otorga entre otras atribuciones la función de registrar y archivar las concesiones mineras de ese entonces y, además, organizar y levantar el Catastro Minero Nacional, desarrollándose durante este periodo los siguientes planos catastrales: Toquepala, Quellaveco, Cuajone, Matucana, San Mateo y Viso, etc.

Con relación a éstos planos catastrales el artículo 2°, inciso b) de la Ley N° 26615 que creó el Catastro Minero Nacional en mayo de 1996,  dispone que el Registro Público de Minería – RPM (hoy Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET) debe otorgar coordenadas UTM a los derechos mineros vigentes que conforman los Catastros Mineros Regionales aprobados por Resolución Suprema (Código de Minería de 1950),  recogiéndose así el trabajo realizado.

Los planos catastrales regionales realizados fueron aprobados por Resolución Suprema y/o Decreto Supremo:

 

 

1. Por Resolución Suprema N° 13 del 08.09.54 se aprueba el Catastro Regional de las regiones mineras de: Carahuacra, San Cristobal, Chumpe, Andaychagua y Ancapampa.
2. Por Resolución Suprema N° 1,  del 01.03.55 se aprueba el Catastro Regional de la región minera de Huachocolpa.
3. Por Resolución Suprema N° 2,  del 01.07.59 se aprueba el Catastro Regional de la región minera de Tamboras. 
4. Por Resolución Suprema N° 3,  del 01.07.59 se aprueba el Catastro Regional de la región minera de Toquepala (ilustración Nº 47). 
5. Por Resolución Suprema S/N°, del 24.10.60 se aprueba el Catastro Regional de la región minera de Pasto Bueno.
6. Por Resolución Suprema  S/N°, del 24.10.60 se aprueba el Catastro Regional de las regiones mineras de: Atacocha, Mashcan y San Miguel.

Decreto Legislativo N° 109 (1980 -1991)

La comisión Sectorial de fusión de los Institutos de Investigación: INCITEMI e INGEOMIN recomendó  la elaboración del Catastro Minero; proyecto que fue considerado en la nueva estructura orgánica del INGEMMET, a fin de agilizar y acelerar su implementación, asimismo, por R.M. Nº 0739-79/EM/OGA del 24 de octubre de 1979, se crea una Comisión Sectorial encargada de estudiar y proponer la factibilidad de la implementación del Catastro Minero Nacional en el Perú.

El 06 de abril de 1982, el Proyecto “Catastro Minero Nacional”, pasó a la administración directa del Ministerio de Energía y Minas hasta el año 1992 en que se integra a la  Dirección General de Catastro del Registro Público de Minería.

 

 

El Proyecto “Catastro Minero Nacional”, se puede considerar que fue la base para la modernización del catastro que tenemos actualmente debido a que durante su gestión se estableció una metodología para identificar los derechos mineros en coordenadas UTM (PSAD56) y permitió enlazar el punto de partida (PP), punto de referencia (PR) y vértices de cuadratura de un promedio de 5,000 derechos mineros, con los cuáles se inició la formación de una base de datos alfanumérica y gráfica; asimismo, dio origen al primer “Catastro Minero Digital” que fue la base para advertir superposiciones entre derechos mineros e integrar por primera vez en el Perú un “Catastro Minero Nacional”.

 

 

 

Decreto Legislativo Nº 708 (1991 – 2006)

El  Decreto Legislativo N° 708 conocido como “Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Minero”,  vigente desde el 14 de noviembre de 1991, declaró de interés nacional la promoción de inversiones en la actividad minera.

El Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería (TUO) compilando las normas no derogadas del Decreto Legislativo Nº 109 y con el Decreto Legislativo Nº 798, dispone que el otorgamiento de concesiones mineras se establece a través de una jurisdicción nacional descentralizada a cargo del RPM, el mismo que tiene la función de administrar un “Sistema de Cuadrículas” de cien hectáreas cada una que divide el territorio nacional con arreglo a las coordenadas UTM, con la finalidad de incorporar en dichas cuadrículas los petitorios que se vayan formulando, con los criterios referenciales adicionales que hubiese señalado el peticionario al tiempo de presentar su solicitud.

El objetivo de esta nueva norma fue evitar la posibilidad de que se produzcan superposiciones, eliminando por lo tanto la fuente que originaba los miles de procesos  administrativos de oposiciones existentes.

Si bien es cierto esta norma cambió las reglas de juego para la solicitud de petitorios mineros también se preocupó de establecer procedimientos claros y transparentes para identificar con coordenadas UTM (PSAD56) a todos los derechos mineros solicitados con regímenes anteriores a esta Ley.

 

 

Ley  N° 26615 – Catastro Minero Nacional

Esta Ley crea el Catastro Minero Nacional en el Registro Público de Minería y tiene como objetivo principal lograr que todos los derechos mineros, concesiones mineras, concesiones de beneficio, concesiones de labor general y de transporte minero se identifiquen con coordenadas UTM referidas al Datum PSAD56.

Establece un procedimiento para la incorporación en el Catastro Minero Nacional, con el carácter de definitivas, las coordenadas UTM de los vértices de las cuadraturas de las concesiones mineras vigentes en función al origen de sus coordenadas.

Uno de los aspectos más importantes de esta Ley es el que contempla que las coordenadas UTM definitivas, determinan la ubicación de la concesión respectiva para todos los efectos jurídicos.

LA LEY DE CATASTRO MINERO NACIONAL OTORGA SEGURIDAD JURÍDICA EN EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES MINERAS

La Ley de Catastro Minero Nacional, nació como un clamor general de las diferentes instituciones vinculadas al Sector Minero, después de un amplio debate que se llevó a cabo para obtener un acuerdo prácticamente unánime en la aprobación de la Ley N° 26615 y su posterior aplicación a cargo del Registro Público de Minería hoy INGEMMET.

En cuanto a los derechos mineros, la Ley de Catastro Minero Nacional otorga la seguridad jurídica que necesitaban las concesiones mineras, concesiones de beneficio, concesiones de labor general y concesiones de transporte minero.

En el último párrafo del artículo 8º de la Ley del Catastro Minero Nacional se dispone lo siguiente:

“… las coordenadas UTM definitivas determinarán la ubicación de la concesión respectiva para todos los efectos jurídicos”.

Esto significa, que cuando una concesión obtiene coordenadas UTM definitivas la información topográfica contenida en la solicitud original y diligencia pericial que determinó su ubicación y sustentó el título en el caso de derechos formulados antes del D.L. 708 pasa a ser únicamente referencial, se concluye por lo tanto, que las coordenadas UTM definitivas no son modificables y, además, se constituyen en la base material de la SEGURIDAD JURIDICA que otorga la Ley.

La certeza en la ubicación de un derecho minero y su carácter inmodificables origina otras ventajas:

• Realizar estudios geológicos, trabajos de prospección, estudios de factibilidad, empezar los trabajos de desarrollo, iniciar la producción minera, etc. incentivando la producción de bienes y servicios de manera eficiente, en el área de interés geológico.
• Planificar el negocio minero a largo plazo, sin los retrasos  o apresuramientos que genera la incertidumbre de la ubicación, es decir, permite asegurar que el trabajo sea el óptimo necesario, con lo cual no se desperdician recursos.
• Mejoramiento de las operaciones mineras, puesto que  desapareció la incertidumbre que había en el pasado de la ubicación de los derechos mineros, incentivando el mantenimiento y mejoramiento de sus instalaciones así como las relaciones entre titulares de concesiones vecinas al haberse descartado problemas de superposición.
• Mejoras en el tratamiento contractual pudiendo ser objeto de transacciones comerciales, tales como transferencias, cesiones, joint venture, hipotecas, etc., puesto que, la información sobre las coordenadas definitivas es incorporada en la partida registral de las concesiones, permitiendo además información sobre titularidad.

En la Primera Disposición Transitoria de la Ley de Catastro Minero Nacional se dispuso que el área registral del Registro Público de Minería sólo podrá ser incorporada a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, una vez que se haya cumplido con la integración definitiva de las concesiones al Catastro Minero Nacional, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, además, establece que esta incorporación deberá efectuarse dentro de un plazo no mayor de cuatro años a partir de la vigencia de la presente ley.

En el año 2000 se transfirió el Área Registral del Registro Público de Minería a la SUNARP y se cambió de nombre al RPM, pasando a denominarse Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero – INACC. En el año 2007 se produce la fusión del INACC con el  INGEMMET, pasando la competencia del “Catastro Minero Nacional” y del otorgamiento de concesiones mineras al INGEMMET.

El “Catastro Minero Nacional” es un ejemplo en la administración de los derechos mineros y ha sido tomado como modelo para replicarlo en diferentes países del mundo. 

 

ANÁLISIS GRÁFICO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL MINERA

Las minas también conocidas como Unidades Mineras en Producción o Explotación ocupan el 0.90% de las áreas de concesiones mineras que forman parte del Catastro Minero Nacional, mientras que los proyectos en Exploración ocupan el 0.3% de dicho Catastro, sin embargo, el área real ocupada por los tajos en explotación es mucho menor como se observa en las siguientes  imágenes.

 

 

 

EL ÁREA DE UNA CONCESIÓN MINERA EN ETAPA DE EXPLORACIÓN O EXPLOTACIÓN ES DIFERENTE AL ÁREA DE UN TAJO MINERO

Las “Minas” conocidas como “Unidades Mineras en Producción o Explotación” ocupan el 0.90% de las áreas de concesiones mineras que han sido autorizadas para ejercer la actividad minera y forman parte del “Sistema de Cuadrículas Minero”, mientras que los proyectos en Exploración ocupan el 0.3% de dicho Sistema, sin embargo, el área real ocupada por los tajos es mucho menor como se puede observar en la siguiente secuencia de imágenes.

 

 

 

 

 

 

Como explicamos en la Parte I de esta sección, seguimos publicando una serie de artículos que nos permitan entender la minería peruana. En este caso será en el contexto del ciclo de vida de un proyecto minero.

Las actividades de esta industria requieren seguir una serie de reglamentos y autorizaciones, desde la exploración, el Estudio del Impacto Ambiental, la construcción y operación hasta el cierre y post-cierre.

Para lograr explicar claramente este largo y riguroso proceso, hemos recurrido a uno de los especialistas más conocedores del tema, que tiene una formación estrictamente técnica y una vocación muy loable, por difundir objetivamente sus conocimientos.

La información incluye ilustraciones fotográficas, diagramas y cuadros, que permiten un mejor entendimiento del tema.

 

IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES MINERALES EN EL PERÚ

 

Por: Henry Luna Córdova

Especialista en Recursos Naturales

Catedrático de la Universidad Católica del Perú

 

 

LA INDUSTRIA MINERA

La minería es una actividad que se inicia con la búsqueda de minerales de valor económico metálico o no metálico con la finalidad de realizar su explotación racional, su procesamiento y su comercialización.

En el mundo la ejecución de un proyecto minero requiere de muchos años de investigación; la aprobación de diferentes estudios, autorizaciones y permisos; asimismo, una fuerte inversión de riesgo.

En el Perú la legislación minera establece que las actividades de la industria minera son las siguientes:

1. cateo,
2. prospección,
3. exploración,
4. explotación,
5. beneficio, 
6. comercialización y 
7. transporte minero.

De igual manera aclara que las concesiones se otorgan tanto para la acción empresarial del Estado como de los particulares, sin distinción ni privilegio alguno.

Hay tres actividades que se pueden realizar libremente y las restantes requieren la aprobación del título de concesión y la autorización del Ministerio de Energía y Minas para el inicio de estas actividades.

Actividades  que no requieren título de concesión

Hay tres actividades que no requieren título de concesión para poder desarrollarse: las dos primeras de cateo y prospección corresponden a labores de investigación y la tercera a  comercialización de minerales.

Cateo y Prospección

El cateo es la acción conducente a poner en evidencia indicios de mineralización por medio de labores mineras elementales.

El cateo es una actividad libre debido a que se puede desarrollar usando métodos que no causan mayor impacto en el ambiente. Por ejemplo, cuando una persona está caminando o haciendo un tour en el campo o por una carretera o cerca de un río y de pronto observa algunas coloraciones en el terreno que le llaman la atención (brillo  en la arena, color óxido, verdoso o plateado, etc.) y recoge muestras en una bolsa para analizarlas en un laboratorio.

La prospección es la investigación conducente a determinar áreas de posible mineralización, por medio de indicaciones químicas y físicas, medidas con instrumentos y técnicas de precisión.

A diferencia de la actividad de cateo en la etapa de prospección se profundizan las investigaciones en las zonas donde se han recogido muestras de minerales. Se realizan pequeñas zanjas para verificar la continuidad de la mineralización o se usan métodos geofísicos, geoquímicos o cartográficos para hacer análisis de la zona de estudio sin causar mayor impacto en el ambiente.

El cateo y la prospección son libres en todo el territorio nacional. No podrán efectuarse por terceros en áreas donde existan concesiones mineras, áreas de no admisión de denuncios y terrenos cercados o cultivados, salvo previo permiso escrito de su titular o propietario, según sea el caso.

Está prohibido el cateo y la prospección en zonas urbanas o de expansión urbana, en zonas reservadas para la defensa nacional, en zonas arqueológicas y sobre bienes de uso público; salvo autorización previa de la entidad competente.

Comercialización: es una actividad libre, interna y externamente. Para su ejercicio no se requiere el otorgamiento de concesión. La compra hecha a persona no autorizada, sujeta al comprador a la responsabilidad correspondiente.

La legislación actual contempla que el comprador está obligado a verificar el origen de las sustancias minerales. Esta acción es muy importante porque obliga a los comercializadores a exigir a quienes pretendan venderles minerales a demostrar que cuentan con la autorización otorgada por el Ministerio de Energía y Minas para iniciar o ejecutar actividades de exploración, explotación o beneficio de minerales.

Actividades mineras que requieren título de concesión:

Las actividades de exploración, explotación, beneficio, labor general y transporte minero son ejecutadas por personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, a través del sistema de concesiones.

Las concesiones son irrevocables, en tanto el titular cumpla las obligaciones que esta ley exige para mantener su vigencia.

Las actividades mineras que requieren necesariamente el título de concesión, la aprobación de un estudio ambiental y las autorizaciones para el ejercicio de la  actividad minera son las siguientes: exploración, explotación, beneficio, labor general y transporte minero.

A continuación se describen brevemente estas actividades mineras:

Exploración: Es la actividad minera que permite demostrar las dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos minerales.

Actividades Mineras realizadas en la etapa de Exploración Minera

Explotación: Es la actividad que consiste en la extracción de los minerales contenidos en un yacimiento minero.

Beneficio: Es el conjunto de procesos físicos,  químicos y/o físico-químicos que se realizan para extraer o  concentrar las partes valiosas de un agregado de minerales y/o  para purificar, fundir o refinar metales.

 

Labor General: es toda actividad minera que presta servicios auxiliares, tales como ventilación, desagüe, izaje o extracción a dos o más concesiones de distintos concesionarios. Otorga a su titular el derecho a prestar servicios auxiliares a dos o más concesiones mineras.

Transporte Minero: es todo sistema utilizado para el transporte masivo continuo de productos minerales, por métodos no convencionales como: fajas transportadoras, tuberías y cable carril.

 

Productos Mineros: El producto final de la actividad minera de beneficio son los concentrados metálicos o no metálicos, asimismo, los  cátodos de cobre y las barras de oro, plata, plomo zinc y estaño

 

Responsabilidad Social: la minería peruana colabora en mejorar el nivel de vida de sus poblaciones vecinas y del Perú en su conjunto

 

 

La situación en el Medio Oriente, el conflicto en Ucrania y Ebola tocando las puertas de Nigeria hacían pensar que el precio del petróleo se dispararía. Incluso, el Fondo Monetario Internacional, efectuó estimaciones de cómo afectaría un petróleo alto a la economía mundial en un momento en que el avance del ISIS se convertía en una amenaza global. De acuerdo a esta proyecciones, según The Economist: “El PBI mundial se reduciría en un 0.5 a 1.5%; las bolsas de los países ricos caerían en 3.7% y la inflación sería al menos medio punto más alta. Nada de está ocurriendo, el crudo ha bajado en más de 25%. “Se desplomó  desde 115 dólares el barril al que se cotizó en junio pasado, a menos de 85 dólares a mediados de octubre, antes de recuperarse un poco”. Hoy (29 de octubre, 12:07) está en US$ 82.54.

El precio del  petróleo sigue siendo fundamental para el rumbo de la economía mundial todavía afectada por la crisis y, también para la geopolítica, la cual se halla en una fase de escalamiento muy riesgoso. Por lo pronto, el brusco descenso del precio del petróleo es una buena noticia para la salud financiera. “Un cambio del 10% en su precio genera un impacto de 0,2% del PBI mundial, dice Tom Helbling del FMI. Una caída de los precios normalmente aumenta el PBI (…). Una demostración de ello es lo ocurrido recientemente en los Estados Unidos, donde el gas de esquisto [shale gas] bajó los precios de la energía e impulsó las exportaciones de manufacturas en un 6%”.

Lo cierto es que la caída del precio del petróleo se debe a que la demanda es menor por la debilidad de la economía (Europa y Japón están demandando menos combustible) y a que hoy existe una oferta más amplia. De hecho la última caída (a US$ 80 el barril), se debió al aumento de las reservas norteamericanas, influidas por el shale.

Aunque algunos señalaban que la caída del precio del crudo afectaría la producción de shale gas debido a que los altos costos de extracción de este hidrocarburo harían insostenible su explotación, un reciente informe del Financial Times (FT) desmintió categóricamente este supuesto. Según este, los costos [de producción] ya han caído drásticamente, y podrían caer aun más. En promedio de explotación de esquisto en EEUU requiere un precio del crudo de US$57 por barril para ser rentable hoy en día, en comparación con US$70 por barril en el verano del año pasado, según IHS, la compañía de investigación (…)”.

Los costos podrían reducirse aún más según el FT: “Se cree que el costo promedio de un pozo de esquisto estadounidense podría bajar 60% adicional mediante un mejor manejo de factores tales como planificación, logística y relaciones con los proveedores. David Vaucher del IHS dice que todo indica que la productividad por pozo sigue mejorando” debido a los avances  de la tecnología, lo cual permitirá que este hidrocarburo sea más rentable cada día.  

Para The Economist, de mantenerse el nivel actual, la economía mundial podría crecer en un 0.5% adicional. “El mundo produce algo más de 90 millones de barriles al año. A un precio de US$ 115 por barril se generan aproximadamente US$ 3,800 billones al año; y a 85, sólo US$ 2,800 billones”. Esta diferencia de 1,000 billones equivales cinco veces el PBI del Perú.

De esta forma economías como China, Japón, India y Europa entre otras muchas, obtendrán importantes beneficios. Incluso, China tendrá mayores posibilidades de iniciar su programa de limpieza del aire contaminado en sus ciudades.  Para Europa en cambio, la reducción puede tener un efecto negativo. Esto podría terminar de impulsarla a la deflación, el gran enemigo de su salud económica y de sus posibilidades de recuperación.

Los países afectados serán sin duda los productores, pero en mayor afectado será sin dudas Venezuela. Rusia e Irán también serán afectados fuertemente. Venezuela, producto de la manipulación política de PDVSA, ya perdió más de un tercio de su producción, otra buena parte la tiene comprometida para para sus deudas a China y seguir apoyando a sus socios cubanos, por lo tanto se puede estimar, razonablemente, un eventual colapso del chavismo. Tanto los venezolanos como los rusos han comenzado a hablar de un complot de EEUU y sus aliados para golpear sus economías.

El caso de Brasil puede ser al final una historia para el estudio en las universidades. Petrobras descubrió inmensas reservas de petróleo debajo de una capa de sal de 5 kilómetros de profundidad. Luego del yacimiento, Lula manipuló las cosas para que los inversionistas privados de Petrobras no se beneficiaran con el descubrimiento. Sin embargo, con el desastroso manejo económico de Lula-Rousseff, hasta hoy no han podido hacer nada. Por lo tanto, se puede estimar que a los nuevos precios, ese petróleo quedará en los libros de “Amado”.

Finalmente, se puede decir que al ser el Perú un importador neto de hidrocarburos se beneficiará con un crudo barato, disminuirá el déficit de cuenta corriente, pero inhibirá la inversión petrolera, que en el Perú es más cara, regulada y complicada políticamente. Lampadia