La economía sigue bajando su ritmo de crecimiento. Poco a poco nos vamos acostumbrando a objetivos mediocres y malos. Usamos todo tipo de argumentos para bajar las expectativas de crecimiento y estar felices con un 4%, que difícilmente se alcanzará el 2017.

“El consumo crecerá, la exportación minera seguirá creciendo y también habrá un aporte del gasto público. Con eso podemos llegar con suerte al 3.3%. Sin embargo, si el impacto político de la crisis es mayor y genera una parálisis, el crecimiento puede llegar a 2.5%”. Gianfranco Castagnola, Apoyo Consultoría, El Comercio, 19 de febrero, 2017

Desde el inicio de la gestión del nuevo gobierno, se evitó poner la necesidad de recuperar la inversión minera en la primera fila. El gobierno nos ofreció que el crecimiento se daría como producto de la simplificación de trámites y de la inversión en infraestructuras.

La simplificación de trámites ayuda, pero no mueve la aguja de la economía. La inversión en infraestructuras está en proceso de paralización como producto del escándalo de Odebrecht, el debilitamiento de las APP con el affaire Chinchero y la cacería de brujas que se extiende diariamente en todas direcciones.

El refugio del gobierno respecto a la inversión minera era el proyecto de Tía María. El propio Presidente ofreció viajar al valle del Tambo a conciliar las cosas pero, cuando llegó a la zona (Cocachacra), fue superado por un pequeño grupo de presión y terminó sucumbiendo y malogrando el proyecto, pues cuando los activistas gritaron, ‘agro sí, mina no’, el Presidente dijo: “no me hablen de Tía María, no he venido a hablar de eso”. Ante otros ¡Agro sí, mina no!, PPK dijo: “Eso lo sabemos y los apoyamos”. ¡Agro sí, mina no! “Yo estoy de acuerdo”.

Por lo tanto, si no se produce un giro de timón importante, iremos, paulatinamente, flotando hacia un crecimiento largamente insuficiente.

Pero veamos cómo van las cosas hasta ahora. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la economía peruana creció 3.9% durante el 2016, ligeramente más de lo esperado pero muy por debajo del ritmo de crecimiento de la economía de los últimos 15 años. El impulso principal lo dio el sector Minería que creció 21.2% con respecto al año pasado.

En diciembre de 2016, el sector Minería e Hidrocarburos creció en 5.39%, manteniendo una trayectoria al alza por 22 meses consecutivos, impulsado por el dinamismo de la actividad minera metálica que registró una expansión de 8.57%, sobre la base de la mayor producción de cobre (13.53%) y molibdeno (20.41%), así como la mejora de precios del cobre, zinc y hierro. 

En la producción de cobre, el informe del INEI destacó “las alzas reportadas por Minera Las Bambas, Chinalco Perú, Antapaccay, Cerro Verde, El Brocal y Gold Fields La Cima; en molibdeno fue relevante la participación de Cerro Verde; en oro se registró alzas de producción de los productores artesanales, de las compañías La Arena, Minera La Zanja, Gold Fields La Cima, Antapaccay y la contribución de Shahuindo. En la producción de zinc fue determinante los mayores volúmenes obtenidos por Antamina, El Brocal, Corona, Minera Milpo, Trevali Perú y Minera Raura”.

El jefe del INEI, Aníbal Sánchez, señaló que “durante el año 2016, en la producción del subsector minería metálica destacó la mayor extracción de cobre (40.1%), molibdeno (27.8%), plata (6.7%), hierro (4.7%) y oro (4.2%). Sin embargo, disminuyó el plomo (-0.4%), estaño (-3.7%) y zinc (-5.9%)”.

Lamentablemente, el buen desempeño del sector de Minería e Hidrocarburos, que fue el principal motor de la economía peruana, fue prácticamente desactivado, paulatinamente, desde el 2011. Esto ha impactado en el crecimiento, la inversión y ha suprimido los positivos encadenamientos con el resto de la economía y ha causado que el sector construcción se mantuviera en recesión, con una contracción de -3.15% y que la Manufactura cayera a -1.63%.

En 2016, la minería aportó el 60% del crecimiento del PBI (casi 2% del 3.8% total de expansión del PBI). Este año, la SNMPE afirma que las cifras de las inversiones mineras a noviembre del 2016 registraron una caída acumulada de 46.1%, y que se espera que lleguen a los US$ 4,000 millones al cierre del 2016. Esto nos llevaría a los mismos niveles del 2010. Según la proyección del MEM y de la SNMPE (cuadro líneas abajo), muestra una situación aún más grave: 

Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció en un reciente informe que, en la actualidad, existen 14 proyectos mineros en el Perú que ya cuentan con sus Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobados, representando una inversión de US$ 16,081 millones para el país. Esta cifra es más de la tercera parte del total de la cartera de proyectos estimada para el sector, valorizada en US$ 46,411 millones (25 proyectos en etapa de exploración avanzada, 5 ampliaciones de unidades mineras, 14 proyectos con EIA aprobado y 2 con EIA en proceso de evaluación). Sin embargo, en las actuales circunstancias de debilidad gubernamental y el enfrentamiento de los anti mineros, será muy difícil, mientras no se corrija esta situación, esperar que se efectivice la inversión.

La importancia de la minería es clara. Según un reciente informe de EY Perú (Ernst&Young) titulado Peru’s Mining And Metals Investment Guide 2017-2018, la minería representó el 58.8% de las exportaciones del Perú y los hidrocarburos el 6%.

Todavía mantenemos un muy buen nivel de grado de inversión, como se puede observar en el cuadro inferior. Esto es importante para mantenernos como un país atractivo para la inversión extranjera directa (que representó el 23% del total, según el gráfico inferior) y debe ser mantenido por la actual administración del presidente Kuczynski. 

Para lograrlo, se necesita que el gobierno tenga líneas de acción claras en la generación de bienestar local, retroceso de la narrativa anti minera, debilitamiento del aparato de movilización anti minero y establecimiento del monopolio de la fuerza a cargo del Estado. En Propuestas para reducir la conflictividad (6 de 6), Lampadia sugirió estrategias y acciones para construir las condiciones institucionales y políticas para la reducción de la conflictividad, y en El rol del Estado en la Reducción de la Conflictividad (5 de 6), se explicó el rol que el Estado debe cumplir para ser efectivo en el corto y en largo plazo. Nos hemos preocupado en indicar medidas viables en las situaciones actuales. Sabemos que las propuestas indicadas no son perfectas, pero pueden ser un buen punto de partida para cambiar las actuales tendencias al aumento de la conflictividad y retomar la ruta del desarrollo nacional.

Aprovechemos que tenemos el 11% de las reservas de cobre en el mundo, 5% del oro y 21% de la plata. El sector minero también es importante para la generación de empleo de calidad (directo más indirecto) para miles de peruanos y representa una de las principales fuentes de ingresos fiscales. Según EY Perú (Ernst&Young), las estadísticas demuestran que existe una correlación entre los precios de los metales y los ingresos fiscales en el Perú.

China es el mayor inversor extranjero en Perú en proyectos mineros, seguido por Estados Unidos, Canadá y Australia. De las nuevas inversiones mineras previstas para el año 2021, se prevé asignar 28.2 mil millones de dólares a proyectos de cobre, que representan el 60.9 % del total.

El último informe de World Exploration Trends de SNL Metals & Mining revela que Perú recibió el 6% de todos los fondos de exploración gastados globalmente en 2015. El presupuesto total para la exploración de metales no ferrosos cayó un 19% con respecto al año pasado, pero en Perú la reducción fue sólo alrededor de 3%. Esto se puede explicar por las percibidas ventajas peruanas en términos de geología y bajos costos relativos para el desarrollo minero.

Ya es hora de decir las cosas como son, explicar con claridad lo que necesitamos hacer para lograr el bienestar general, sindicar a los responsables de atentar contra proyectos positivos contra el Perú y actúa en consecuencia. Lampadia

El quinto componente de nuestras propuestas para reducir la conflictividad anti minera, esfuerzo desarrollado con colaboración de Sebastiao Mendonça Ferreira, del Centro Wiñaq, se circunscribe al rol del Estado, el actor más importante de todos, pues está facultado para crear y modificar las reglas con las que deben actuar los demás y a ejercer el monopolio de la violencia en defensa del conjunto de la sociedad.

Después de la caída de la inversión privada y del crecimiento de la economía, coincidente con la parálisis de la inversión en minería y, habiendo vivido previamente lo contrario, alta inversión privada en minería y otros sectores, y un período largo de alto crecimiento económico, está muy claro el aporte de la inversión minera al conjunto de la sociedad y al desarrollo integral. Desafortunadamente, se ha dado mucho espacio mediático y político, así como el disfrute de la impunidad, a los grupos y cúpulas promotoras de la conflictividad minera, que han logrado confundir a buena parte de la sociedad, haciendo pensar que sus motivaciones son de carácter social y ambiental y, no políticas, ideológicas y simples mecanismos de captura del poder.

La debilidad de nuestras instituciones políticas, gremiales, académicas y mediáticas, ha permitido que los anti mineros hayan convertido los mitos anti mineros en una suerte de ‘breviario’ de lo políticamente correcto.

Estamos a días del inicio de un nuevo gobierno que tiene entre sus objetivos, la reactivación de la economía. Esto solo se podrá lograr echando a andar los grandes proyectos productivos y de infraestructuras paralizados, pues su impacto en la economía y en los muy necesarios recursos fiscales, es más rápido que el desarrollo de nuevas aventuras.

A continuación presentamos algunos lineamientos sobre el rol del Estado en la conflictividad minera. Ver los cuatro capítulos anteriores en Lampadia, Recursos Naturales y Desarrollo.

El Estado en la Reducción de la Conflictividad

Ideas para estimular un debate

Sebastiao Mendonca Ferreira

Centro Wiñaq

Una expectativa de gran parte de la población es que el nuevo gobierno tenga la voluntad política y la inteligencia para llevar a cabo la reactivación de la minería, pues su  reactivación podría dinamizar nuevamente el conjunto de la economía.

Sucede que la reactivación de la minería no será solo una cuestión de promover inversiones sino de tener la capacidad de prevenir la conflictividad social que se ha incrementado alrededor de algunos proyectos: Xtrata, Las Bambas, Conga, Tía María, etc. El gobierno saliente fracasó rotundamente en el intento de reducir la conflictividad, sacrificando miles de millones de dólares de inversión y de impuestos, y muchos miles de empleos productivos. Si este gobierno no lo hace mejor, irá por el mismo camino de su antecesor. Nuestra intención es contribuir a que esta decepción no se repita.

Marco conceptual

Como ya hemos explicado en artículos previos, los cuatro actores que determinan el grado de conflictividad social de la actividad minera son (1) las Empresas Mineras, (2) las Sociedades Locales, (3) los Anti-mineros y (4) la Institucionalidad pública/Estado. De esos actores, el Estado es el más importante porque es el que puede modificar las reglas del juego y las condiciones institucionales dentro de las cuales actúan los demás actores.

La minería, igual que el petróleo, en los años de altos precios de los commodities, como los hemos tenido hasta hace poco tiempo, genera grandes cantidades de rentas, y la disputa por esas rentas es la principal razón de la conflictividad minera. Esto contradice la aparente causalidad de los temas sociales y ambientales, que son en su mayor parte la plataforma para la búsqueda de rentas.

La conflictividad minera es un problema tan serio que para muchos de los países africanos y algunos latinoamericanos la abundancia de recursos naturales ha resultado siendo una maldición (Congo, Sierra Leona, Venezuela, etc.). El célebre economista Jeffrey Sachs llega a creer que esa maldición es inevitable.[i] Nosotros no compartimos esa opinión, y creemos que podemos hacer que los recursos naturales sirvan para promover y financiar el desarrollo sostenible. Todo depende de cuan bien se hagan las cosas, como es el caso de Botsuana, Noruega, Polonia, Chile, y muchos otros.

Los estudios de Paul Collier, de Oxford University, realizados en decenas de países y por 40 años consecutivos, concluyeron que los conflictos extractivos ocurren en aquellos países donde las instituciones crean condiciones favorables para la conflictividad, y los conflictos son más violentos en los países en que las instituciones son más precarias. Ello significa que, de los 4 factores de la conflictividad explicados arriba, el marco institucional es el más importante. De ahí el rol preponderante del Estado.[ii]

Daron Acemoglu ha estudiado el rol de las instituciones en el desarrollo o estancamiento económico de los países y ha identificado cómo el poder político y las instituciones inciden sobre el desempeño de las empresas y de las economías. Él ha desarrollado un enfoque teórico que representamos gráficamente en el cuadro de más abajo.[iii]

En el caso del Perú, los anti-mineros han aprendido a utilizar los conflictos para acumular poder político tanto “de facto” (control social, político y mediático en zonas mineras) como “de jure” (congresistas, alcaldes y gobernadores), y con ello neutralizan el funcionamiento de las instituciones públicas que viabilizan y legitiman la actividad minera, a costo del desempeño económico del país. Su ambición es prohibir la minería moderna en las zonas suni y puna, justo donde está el 80% de las reservas de minerales metálicos del país.

Por ello, la reactivación de la minería no puede ser vista como resultado de una medida aislada, tipo bala de plata, sino como consecuencia de un conjunto de cambios en ese sistema institucional y político. La implicancia central es que el Estado tiene que actuar sobre las instituciones para cambiar los incentivos económicos y las relaciones de poder, y así neutralizar a los factores que hoy bloquean a la minería. 
La buena noticia es que con la elección del nuevo gobierno (pro economía de mercado), el poder político nacional “de jure” debe ser favorable al mejoramiento del desempeño económico del país. El problema es que los anti-mineros tienen parte del poder político “de jure,” en el congreso con miembros claramente hostiles a la minería y también parte del poder político “de facto:” opinión pública, organización política, medios de comunicación, etc., y son fuertes en las regiones mineras. Nacionalmente los anti-mineros son largamente minoritarios, pero en algunas localidades mineras ellos sí son predominantes. En esas zonas van ocurrir los problemas sociales en los próximos años, pues la conflictividad minera se desarrolla justo en el desequilibrio entre el poder nacional y los poderes locales.

Las Condiciones para la Conflictividad

En el caso peruano, la conflictividad minera es viabilizada por nueve factores agrupados en tres bloques principales: (a) deficiencias institucionales, (b) poder político de los anti-mineros, (c) el clima social en las zonas mineras.

Deficiencias Institucionales

1. La incapacidad del Estado para hacer respetar la ley en las zonas mineras. Esta debilidad del Estado genera un clima de inseguridad generalizado y hace posible que la violencia y la coerción sea parte de las prácticas diarias de las organizaciones que promueven el conflicto. Esta debilidad del Estado es la condición principal para los actos de violencia y los muertos que tanto benefician a los anti-mineros. El Estado debe recuperar el monopolio de la fuerza y hacer uso legítimo del mismo.

2. La falta de legitimidad de las instituciones públicas que norman y supervisan la actividad minera. Sin referencia institucional creíble, la población local no sabe en quién creer, y se vuelve presa fácil de la narrativa de los anti-mineros y de sus campañas en contra las empresas mineras y las instituciones públicas. 

3. La fragmentación de la institucionalidad jurídica, generando una especie de vacío jurídico que refuerza la impunidad para impedir las actividades económicas, para la destrucción de la propiedad y para la realización de acciones violentas. A diferencia de los países desarrollados, aquí en el Perú autores de actos violentos y criminales terminan impunes y muchos de ellos llegan a ser declarados héroes locales. El paulatino avance de la Justicia Intercultural impulsa esta fragmentación jurídica.

Poder político de los anti-mineros

4. La narrativa anti-minera presenta una versión maniquea de la realidad en que ellos son los buenos (defensores del medio-ambiente y de la población local) frente a los malos (las empresas mineras), cubriéndose de un manto de buena intención y moralidad y ocultando sus reales intereses económicos y políticos (autoritarios). Una parte significativa de la población peruana esta bajo la influencia de esa narrativa.

5. Hegemonía mediática, vía el control de los medios de comunicación y del flujo de mensajes que llegan a la población en la zonas mineras, especialmente las radios rurales, recurriendo en algunos casos a la amenaza y a la represión violenta de las voces discordantes del discurso anti-minero. Este es un mecanismo fundamental para el influenciar la mentalidad de la población local y la propagación de rumores.

6. El desvío de recursos locales o externos. Los grupos anti-mineros siempre obtienen recursos para financiar la conflictividad, y para beneficiar a sus líderes y activistas. Su fuente principal de recursos es el desvío del presupuesto público y del canon minero (municipalidades, Gobiernos Regionales, etc.) pero también reciben fondos de sectores radicalizados y/o desinformados de la cooperación internacional. 

Clima Social

7. Disputa de rentas. En amplios sectores de la población persiste el sentimiento de que la minería es una fuente de rentas que sólo es posible apropiarse por medio del conflicto. Si la población no visualiza una relación positiva de colaboración con la minería (desarrollo compartido), se generaliza en la población la disputa de rentas por medio del conflicto. En esas condiciones los anti-mineros florecen.

8. La polarización social hostil a la minería que divide la sociedad en dos bandos (los buenos versus los malos), que neutraliza a los sectores medios urbanos (intelectuales, empresarios, profesionales, instituciones, etc.), y genera condiciones para hacer socialmente dominante la narrativa hostil a la minería. La polarización social es un mecanismo de acumulación de fuerzas muy usado por los anti-mineros y les sirve para neutralizar a sus rivales.

9. Temores y sentimientos de agravio de la población local. Los problemas de afectación del agua en comunidades cercanas, la existencia de pasivos mineros, la pérdida de posición social relativa de parte de las élites locales, el incremento de los precios locales, los accidentes ambientales, etc., agudizados por la propaganda anti-minera, generan un clima de temor y malestar hacia la minería. Estos sentimientos son exacerbados para generar la polarización social hostil hacia la minería y permitir a los anti-mineros posicionar su narrativa como los defensores de la población local.

¿Qué hacer? El rol del estado.

Esos tres grupos de condiciones que estimulan la conflictividad están inter-ligados. Es decir, solo pueden ser superadas efectivamente si se abordan conjuntamente.

En forma muy resumida presentamos algunos de los componentes de las respuestas.

1. Una apuesta por el desarrollo regional y no por la conflictividad: El nuevo gobierno debe elaborar cuidadosamente los lineamientos de una propuesta de desarrollo regional que tenga a la minería como motor económico, y el canon como el gran financiador del desarrollo regional, apoyado por inversiones del gobierno nacional. Esta propuesta debe movilizar las capacidades productivas y empresariales de las regiones de modo a generar un consenso regional pro-desarrollo. Esa propuesta debe contener un plan de inversiones públicas a llevarse acabo en base a las fuentes de recursos señaladas arriba. La población regional deberá sentirse dueña de dicha propuesta en su región, y contar con mecanismos institucionales para fiscalizar a todos los actores: gobernantes locales, empresas mineras, gobiernos nacional y regional, e instituciones públicas respecto al cumplimiento estricto de los compromisos asumidos y el uso correcto de los recursos públicos. 

2. La vigencia de los derechos y del imperio de la ley en todo el territorio: El nuevo gobierno debe hacer una evaluación de la capacidad institucional del Estado para hacer cumplir la ley en todo el territorio, muy especialmente en las zonas con actividades mineras. Es fundamental que el uso de la violencia como recurso de presión política disminuya, que los reclamos de la población se canalicen vía las instituciones que les ofrece la democracia, y que los anti-mineros sean forzados a respetar las opiniones divergentes en el seno de la población local. Sin imperio de la ley en las zonas mineras no habrá reactivación de la minería y los recursos públicos que se apliquen en obras y proyectos serán desperdiciados. La estrategia del Estado hacia la violencia debe ser preventiva para reducir los costos sociales y políticos.

En el recientemente publicado 14to Barómetro de la Confianza para la Inversión de EY y  conducido por el Economist Intelligence Unit (EIU), basado en una encuesta a 1,700 ejecutivos de todo el mundo, se presentaron las perspectivas de altos ejecutivos de empresas de diversos sectores respecto de sus estrategias de crecimiento, de fusiones y adquisiciones, acceso a capital y su visión sobre la situación macroeconómica.

La importancia de este informe es que uno de los principales motivos de la desaceleración de la inversión privada ha sido el deterioro de la confianza, las expectativas y el clima de inversión, y esto trajo como consecuencia una menor reducción de la pobreza, menor capacidad del Estado para la inversión social y menores incentivos a ciudadanos y empresarios para apostar por el futuro. Ver en Lampadia: Otra vez La Parada (esta vez en la inversión). 

La confianza de los agentes económicos, ciudadanos y empresarios, es fundamental para apostar por inversiones de buena calidad, aquellas orientadas al largo plazo. Estas difieren de las inversiones especulativas y de corto plazo, típicas de economías precarias, donde la mano del gobernante es arbitraria y la sensación de futuro se basa en las conexiones políticas.

El 14to Barómetro de la Confianza para la Inversión publicado en este año electoral es clave para re-enrumbar al país por la senda del crecimiento. Según EY, la mayoría de los encuestados peruanos ve la economía doméstica estable o mejorando, debido a los constantes esfuerzos de recuperación económica, tanto del sector privado como público.

Sin embargo, tanto a nivel global como nacional, el aumento de la inestabilidad política mundial y regional, es el mayor riesgo para muchos negocios. En segundo lugar, el aumento de la volatilidad de las materias primas y de las divisas, lo cual afecta la capacidad de las empresas para planificar en el corto plazo.

Por otro lado, las empresas siguen revisando sus carteras de proyectos y se enfocan tanto en el lugar donde se desarrolla su operación como en lo que están haciendo. Si bien el mercado nacional se mantendrá como el mercado principal de operaciones de inversión, las adquisiciones en el extranjero tienen una mayor tendencia creciente.

Este cambio muestra que los destinos de inversión han pasado de ser regionales (países vecinos) a nuevos en el extranjero, como Canadá. Se ve un crecimiento más fuerte en el Reino Unido y Estados Unidos. Además, a nivel mundial, China e India también siguen siendo destinos atractivos para los inversores.

Por otro lado, es importante ver que mientras que el crecimiento se mantiene como la prioridad de las empresas, hoy en día existe un mayor enfoque en la mejora de operaciones y procesos, así como en potencializar el uso de la tecnología para poder acceder a tal crecimiento.

En Lampadia nos alegra que por fin esté aumentando el interés y la relevancia de la tecnología en nuestra economía ya que, como hemos indicado en varios de nuestros análisis sobre la nueva revolución tecnológica y la cuarta revolución industrial, su proceso es imparable y trae grandes oportunidades y riesgos. 

En Lampadia creemos que esta revolución es muy importante para el futuro de nuestras vidas y por lo tanto debemos prepararnos para afrontarla y aprovecharla. En un país marcado por brechas muy grandes en educación, salud, infraestructuras y tecnología, la revolución tecnológica debiera causar un mayor sentido de urgencia y una mayor convergencia de nuestros postulados de acción colectiva y política.

Lo que enfrentaremos los próximos cinco años supera en imprevisibilidad y complejidad, a cualquier período anterior. Recordemos la advertencia del historiador israelita Noah Yuval Harari: “Esta vez, quienes pierdan el tren [de la nueva revolución] no tendrán una segunda oportunidad. Hoy en día, si un país, un grupo de personas, se queda descolgado, no tendrá una segunda oportunidad, en particular porque la mano de obra barata no tendrá ninguna relevancia”.

Este mayor interés en los mercados internacionales y la opción por el desarrollo de la tecnología en las empresas ayudarán a reactivar la economía y mejorar la confianza en la inversión. Como lo han venido señalando economistas como Roberto Abusada, Hugo Santa María, Carlos Adrianzén y Luis Carranza, el principal factor que está golpeando a la economía es el deterioro de la confianza y las expectativas. Tal situación se debería a fallas sistémicas del Gobierno a la hora de dar mensajes claros a la población, la falta de liderazgo del gobierno, las debilidades de nuestra burocracia para impulsar los grandes proyectos y por supuesto las ya prácticamente insuperables trampas regulatorias.

Debemos cuidar la confianza en las inversiones en el Perú. Es muy fácil destruirla, pero muy difícil construirla y recuperarla. 

Lampadia

Esta cuarta publicación sobre nuestras propuestas para reducir la conflictividad anti minera, desarrollada en colaboración con Sebastiao Mendonça Ferreira, del Centro Wiñaq, está referida a las condiciones políticas y sociales que hoy se hacen indispensables para el desarrollo de los numerosos proyectos  mineros que pueden contribuir al crecimiento de la economía en su conjunto y, también, contra lo que se ha predicado por parte de los grupos anti mineros, al bienestar de las poblaciones más vinculadas al sector.

Lamentablemente, ante la debilidad de nuestras instituciones políticas, gremiales, académicas y mediáticas, los anti mineros han logrado convertir los mitos anti mineros en una suerte de ‘breviario’ de lo políticamente correcto. No solo el gobierno actual ha abdicado de sus responsabilidades y, ha permitido que sus otrora socios de la anterior campaña política paralicen buena parte del sector, el 100% de los candidatos a la Presidencia de la República, los 19 que arrancaron y los dos que quedan, han expresado distintas formas de desconocimiento, sometimiento a lo ‘políticamente correcto’ y han caído en propuestas de corte populistac.

Estamos a menos de un par de meses del cambio de mando y si el próximo gobierno quiere emprender las reformas pendientes y reactivar la economía, tendrá que desarrollar una estrategia para hacer viables los proyectos, debilitando los aprontes políticos de sus opositores y logrando el apoyo de la sociedad en su conjunto y de los pueblos  de las regiones y provincias mineras.

En las siguientes líneas presentamos algunos lineamientos para ilustrar este importante cometido. Ver los tres primeros capítulos de este desarrollo en Lampadia, Recursos Naturales y Desarrollo.

Consenso para el Desarrollo Compartido

(Propuestas para Reducir la Conflictividad, 4 de 6)

Sebastiao Mendonça Ferreira

Centro Wiñaq

El inicio de un gobierno ofrece una oportunidad para hacer cambios en las políticas públicas y retomar el desarrollo perdido en la actividad minera durante los últimos años. En los próximos meses, el nuevo gobierno deberá diseñar una serie de iniciativas que desaten el nudo Gordiano de la conflictividad social ligada a la minería para destrabar la puesta en marcha de los proyectos mineros hoy paralizados. Si queremos que la actividad minera sea sostenible, es decir, que sea parte del presente y del futuro del país, su reactivación debe tener legitimidad social, es decir debe ser lograda en acuerdo con las poblaciones de las regiones mineras.

Este artículo busca dar algunas ideas en ese campo. Partimos del supuesto de que la minería tiene defensores y detractores y, que estos últimos han logrado paralizar decenas de miles de millones de dólares en proyectos, han bloqueado la generación de miles de puestos de trabajo, han quebrado a muchas empresas locales, y han sido exitosos en impedir que la población de la regiones mineras reciba algunos miles de millones de dólares en obras públicas producto de impuestos y canon. También asumimos que, si hacemos bien las cosas, la minería podría ser nuevamente uno de los principales motores del desarrollo nacional para los próximos 35 años.

Anti-mineros y polarización política

El reciente proceso electoral, en su 1ª vuelta, ha evidenciado una alta correlación entre la fuerza electoral de las organizaciones políticas anti-sistema y la conflictividad social. La conflictividad es alta justamente donde esos grupos tienen sus fuerzas políticas desarrolladas, y sus fuerzas se desarrollan mejor donde logran desencadenar procesos de conflictividad social. 

Es muy importante entender la dimensión política de la conflictividad social, porque la estrategia de los grupos anti-mineros es crecer en la conflictividad. Es decir, para ellos es más fácil lograr presencia mediática y la atención pública a través de los conflictos. Toda vez que se abre un conflicto ellos obtienen, gratuitamente, presencia mediática, presentándose como las voces autorizadas para hablar de conflictividad y de su resolución. 
No es coincidencia que los líderes anti-mineros más conocidos (candidatos en el reciente proceso electoral) han adquirido su notoriedad provocando y/o participando en grandes conflictos sociales hostiles a la minería: Gregorio Santos y Marco Arana en Cajamarca y Verónika Mendoza en el Cusco. Hablando en términos biológicos, la conflictividad social es el eco-sistema preferido de los anti-mineros. La efectividad de esa estrategia se evidencia en el mapa de los resultados del reciente proceso electoral. Ello se ha evidenciado a lo largo de toda la cordillera Andina.
Lo interesante es que los resultados electorales de los distritos y provincias mineras, han sido independientes de las opciones políticas de sus regiones. Por ejemplo: Cajamarca es una región anti-minera, entonces no sorprende la influencia electoral de los anti-mineros en las provincias y distritos Cajamarquinos. Piura es una región pro-desarrollo, donde ganó Fuerza Popular, pero en la provincia piurana de Majaz, los anti-mineros obtuvieron 59%; y en Lambayeque, en Cañaris, obtuvieron 47%. Todos distritos en que ocurrieron los conflictos mineros [1].  
Los anti-mineros aceptan una parte de la relación expresada en el gráfico superior: ellos tienen fuerza política donde hay conflictividad social (la conflictividad social favorece su expansión); pero buscan ocultar la otra parte de la relación: donde los anti-mineros tienen fuerza política la conflictividad social es más alta. Ellos buscan ocultar que su presencia genera y/o aumenta la conflictividad. 
Con las evidencias de las recientes elecciones (ver en Lampadia: Rebelión, de Richard Webb), colapsan los intentos de presentar la conflictividad minera como resultado exclusivo de la mala relación entre las comunidades locales y las empresas mineras. Ya no se puede  reducir el tema de la superación de la conflictividad a una cuestión de distribución de los beneficios de las actividades extractivas o del manejo de los impactos sociales y ambientales de la minería, o por la presencia del Estado, sin considerar el rol de todos los actores políticos que operan en la zonas mineras. En realidad, los actores políticos anti-mineros tienen un rol crítico en coordinar y escalar pequeños conflictos y para transformarlos en una  perturbación mediáticamente visible que les genere protagonismo a nivel nacional. 

Esos resultados confirman el marco interpretativo que hemos presentado en artículos previos de esta serie, donde explicábamos que los conflictos mineros están relacionados a la influencia política de organizaciones hostiles a la minería y a su accionar.[2] En esos artículos explicábamos que la posibilidad de un proceso de desarrollo compartido, dinamizado por la minería, depende del accionar de cuatros actores: las empresas mineras, la sociedad regional, las instituciones públicas y los grupos anti-mineros. El descuido del rol de cualquiera de esos actores genera propuestas inviables. Si queremos reducir la conflictividad necesitamos poder afectar la conductas de todos ellos, y no solo de las empresas o del estado.

¿Es suficiente la Inversión Pública?

La gran mayoría de la población peruana espera que el nuevo gobierno sea capaz de reabrir la ruta del desarrollo del Perú, y para ello se hará necesario reactivar la inversión en la minería. Pero si queremos aprovechar esa oportunidad y construir regionalmente un ambiente social y político favorable a un desarrollo compartido en que la minería cumple un rol dinamizador, necesitamos entender bien los factores que están detrás de la conflictividad.

Hay quienes creen que será suficiente que el nuevo gobierno se encargue de poner en marcha algunos grandes proyectos de infraestructura, con impacto en la economía local. Sería excelente que ello fuera así, pues hacer obras es más fácil que influenciar sociedades. Las obras serían suficientes si las poblaciones naturalmente se dieran cuenta que las obras son efectos positivos de la actividad minera sobre el desarrollo local. Pero, la experiencia reciente muestra el tema de la conflictividad es más complejo.

En los últimos 10 años han sido transferidos, mediante el canon, S/. 36,200 millones a las regiones mineras del Perú, equivalente a US$ 11,104 millones, por concepto de canon minero a las regiones (Una cantidad fabulosa de recursos!) y su reconocimiento por las poblaciones locales como contribución de la minería al desarrollo es muy discutible.[3] Si esa relación estuviera clara para la población, los anti-mineros no habrían obtenido tanto apoyo político en las zonas mineras en estas elecciones. Los votantes de los anti-mineros no entienden que los recursos que reciben vía canon proviene de la minería, no saben que el canon minero es el 50% de los impuestos pagados por las empresas mineras.

Sólo Minera Yanacocha ha realizado un aporte de US$ 1,711 millones por concepto de canon al desarrollo de Cajamarca. Además del canon de esa empresa en particular está el canon aportado por las otras empresas mineras (Gold Field, Tantahuatay, etc.), los aportes por cientos de millones de dólares en diversos proyectos locales, y las inversiones del gobierno nacional, financiadas con impuestos de la actividad minera. [4]

Sin embargo, en Cajamarca los grupos anti-mineros juntos (Democracia Directa y Frente Amplio) han obtenido más del 50% de los votos en las recientes elecciones generales, y sus campañas fueron enfocadas en oponerse a la minería, especialmente a Minera Yanacocha, pero también a Gold Field y a la minería como actividad productiva. Hay distritos en Cajamarca, en donde los anti-mineros han obtenido más del 80% de respaldo político, independiente de la existencia o no de alguna actividad minera en su área. Ello evidencia que hay un sistema de creencias y de alineamiento político de la población en Cajamarca que les impide imaginar su desarrollo en una relación sinérgica con la minería.

Podríamos considerar que las autoridades locales y regionales no han hecho un uso óptimo del canon minero, dados los montos gigantesco de las contribuciones fiscales de la minería y los índices actuales de pobreza de algunas regiones beneficiadas por el canon, pero independiente de las explicaciones de la ineficacia del canon, importantes segmentos de la población no relacionan minería, canon y desarrollo. En algunas regiones, la población cree que la paralización de la minería no tendría mayor impacto en sus actividades económicas, e incluso, podría ser bienvenida por algunos segmentos sociales significativos. Solo así se explica ese grito que decía: “Canon sí, minería no”.

Hacia un nuevo consenso social y político

Hay que tener claro que, haga lo que haga el nuevo gobierno para reactivar la minería, las organizaciones anti-mineras van buscar descalificar las iniciativas y van intentar crear un movimiento de oposición en las regiones, en los medios nacionales y en el Congreso de la República (junto con rebotes internacionales tácticos). El nuevo gobierno, por lo tanto, no deberá enfocar su estrategia de reducción de conflictos sociales en la realización de obras, sino con la creación de condiciones sociales y políticas que viabilicen la inversión y las actividades mineras. Las obras serán efectivas en la medida en que sirvan como instrumento para este objetivo.

La reactivación de la minería necesitará ser un proceso no solo económico sino principalmente social y político, tanto en el ámbito regional como nacional. Por ejemplo: los Cajamarquinos necesitarán evaluar su experiencia con la minería, tanto en período del auge minero (2003-2013) como en su actual período de reducciones y cierres. Los líderes regionales y la población necesitarán repensar sus aciertos y errores, e imaginar cómo pueden combinar la actividad minera con sus otras actividades económicas, para volver a ser una región atractiva para las inversiones mineras.

En ese proceso de creación de un nuevo consenso deben participar tanto los sectores rurales como urbanos. Este proceso no debe reducirse a una negociación entre las empresas mineras y las comunidades vecinas a sus operaciones, de espaldas a los demás actores. Esta clase de negociación estimula la conflictividad y la búsqueda de rentas económicas de parte de algunos dirigentes y sectores sociales, como sucedió recientemente en Arequipa y anteriormente en Espinar, y de rentas políticas por parte de aventureros locales y nacionales. El consenso social a crearse debe involucrar a todos los actores de la sociedad regional, y no solo a las fuerzas en conflicto.

El desarrollo regional compartido, y el rol de la minería en ese desarrollo, interesa a todos los segmentos de la población, y también a las empresas e instituciones de la región. Las actuales mesas de concertación, creadas para manejar conflictos, son insuficientes para canalizar las expectativas y hacer cumplir los compromisos de todos los sectores y actores institucionales y empresariales cuyo presente y futuro serán afectados por la paralización o desarrollo de la minería.

Los sectores medios de las sociedades regionales deben tener espacios en que puedan expresarse libremente, sin la hostilización de los grupos anti-mineros. La diversificación de las economías regionales dependerá críticamente del desarrollo de las empresas locales. Además, son esos sectores medios que pueden evitar la polarización social que tanto buscan los anti-mineros para generar una dinámica de conflicto en la cual su postura extremista pueda fortalecerse “pulverizando el centro”. Los sectores medios regionales deben ser empoderados para hacer posible que los intereses de los sectores menos conflictivos, que apuestan por la creación de riqueza y no por el conflicto rentista o ideológico, puedan expresarse en libertad.

Son los sectores medios quienes pueden generar una diversidad de oportunidades para que los sectores de menores ingresos saquen provecho de la minería sin tener que utilizar la conflictividad como mecanismo principal de disputa de las rentas mineras. Es importante que las empresas mineras fortalezcan las cadenas de valor locales, pero el desarrollo compartido requiere más que esto. Si queremos democratizar las oportunidades de desarrollo, necesitaremos que los sectores medios (rurales, urbanos y peri-urbanos) progresen económicamente y generen oportunidades de empleo, y demanda de productos y servicios a los demás sectores sociales.

La victoria electoral en esta 2ª vuelta, sea de quien sea, le va entregar al nuevo gobierno un gran capital político, un capital que no debe ser desaprovechado. El gobierno deberá enviar las señales políticas, definir las reglas del juego, ofrecer el marco institucional, y crear las condiciones para que el proceso de creación de ese nuevo consenso social y político avance en las regiones mineras. Las experiencias exitosas de desarrollo minero, como la de Botsuana, África, muestran que el uso efectivo de los recursos generados por la minería (canon, impuestos, regalías, etc.) ha sido un factor importante del éxito de esos países (Acemoglu et al, 2001, p. 19).[5] Estos últimos 10 años de canon y desarrollo regional muestran que el aprovechamiento de las rentas mineras en el Perú es muy deficiente, y esta ineficiencia contribuye al incremento de la conflictividad.

Todo el proceso debe realizarse estando consciente que se requiere fortalecer a una red de actores locales que visualizan en el desarrollo compartido dinamizado por la minería como su ruta de progreso. Esos actores locales, con un apoyo del Estado y de políticas públicas, serán quienes podrán encontrar las rutas de prevención y/o de solución a los conflictos que pueden darse en las zonas de actividad minera.

No es cuestión de reunir a los anti-mineros para ver si se logra convencerlos a abandonar su estratégica de promoción de conflictos, ni mucho menos ofrecerles protagonismos y beneficios con la ilusión de ganarlos o neutralizarlos. Ellos ya saben como obtener beneficios de la conflictividad, lo vienen haciendo por décadas, y tienen una ideología de polarización social (son, en un 90%, anti-sistema). Ellos solo van dejar de promover conflictos cuando sus métodos comiencen a fracasar, es decir, cuando la población comience a rechazar sus iniciativas y pongan sus esperanzas en otra dirección.

¿Por donde empezar?

Cada región del Perú va ser un caso específico, con su historia de conflictividad, con una institucionalidad local particular, con un clima social específico, y con una situación económica y política pero todas deberán ser parte de una propuesta de alcance nacional.

No hay que empezar por abordar los problemas más difíciles, sino por solucionar aquellos casos que, siendo viables en un plazo breve, pueden asumir un rol demostrativo del tipo de solución posible en los casos más difíciles. También se puede comenzar desde ahora operando en las regiones con los casos más conflictivas, pero debemos hacerlo abordando los temas en los cuales ya hay elementos de consenso social, como la reparación de los pasivos mineros.

Las iniciativas a poner en marcha deberán ser acciones simbólicas para que la población local pueda comenzar a imaginar como sería el desarrollo en su zona, y así puede comenzar a creer en la sinergia entre la minería y sus otras actividades económicas. El propósito de las primera acciones será crear confianza, en como podría ser un proceso de desarrollo compartido, y gradualmente generar entusiasmo en la población.

La población se va convencer por más los ojos que por los oídos, es decir, los avances logrados en algunas zonas van servir de referencia de lo que podría suceder en otras zonas. No hay que reinventar la rueda ni la pólvora. Hay que identificar las iniciativas de desarrollo compartido que ya están en proceso. Hay que generar espacios regionales y nacionales en que puedan ser visualizadas, compartidas y potenciadas. Hay que mapearlos a nivel nacional, visibilizarlos y extraer lecciones de cómo podrían se generalizados y/o ampliados. A nivel local, mucha gente creativa ya ha venido progresando en armonía con la minería, tipo ferias de innovación para el desarrollo compartido. Estos casos deben inspirar nuevas iniciativas e ilustrar lo que puede ser en la escala regional. Estos casos, además, van a servir como prueba de lo que se puede lograr con el apoyo de políticas nacionales adecuadas.

Naturalmente, se van a requerir reformas en las instituciones públicas nacionales ligadas a la actividad minera y al desarrollo regional. Será necesario además crear el marco institucional regional para que los sectores medios (empresas, universidades, instituciones privadas, etc.) tengan voz. Esos cambios en el marco institucional necesitarán ser bien pensados, para reducir la generación de espacios para la disputa social y para propiciar la difusión de una narrativa que legitime la actividad minera y la iniciativa empresarial regional.

Lampadia

[1] http://www.lampadia.com/analisis/mineria/conflictos-mineros-y-resultados-electorales

“Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty”, por Abhijit Vinayak Banerjee y Esther Duflo, académicos de desarrollo económico y fundadores del “Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab” es un libro que narra la realidad de la pobreza y las experiencias de más de quince años de ambos autores en sus trabajos con los pobres en decenas de países de los cinco continentes, tratando de entender los problemas específicos que trae la pobreza y sus soluciones.

El libro establece un término medio entre soluciones basadas puramente en el mercado y los “grandes planes de desarrollo” para abordar el problema de la pobreza mundial. Rechaza las amplias generalizaciones y pensamientos formulistas. En lugar de ello, los autores ayudan a entender cómo piensan realmente los pobres y cómo toman decisiones sobre asuntos tales como la educación, la salud, el ahorro, el espíritu empresarial y una variedad de otros temas. Ellos abogan por la observación rigurosa de pruebas aleatorias controladas y, lo más importante, por escuchar lo que los pobres tienen que decir. A menudo, las respuestas son sorprendentes y contrarias a la intuición, pero tienen un mayor sentido cuando se entienden las circunstancias. Para los autores, es a partir de este enfoque empírico que podrían surgir las mejores estrategias para la erradicación de la pobreza.

Para una explicación más detallada, compartimos la presentación en video de una de las autoras, Esther Duflo, en TED: 

Como explica Duflo, gran parte de la política de desarrollo ha estado (hasta ahora) a la par de la medicina medieval: hacer las cosas por costumbre, por corazonadas o convicciones fuera de lugar, compara las intervenciones de desarrollo con el uso de sanguijuelas. Ella asegura que eliminar se debe superar la “conjetura de la formulación de políticas” por medio del entendimiento de las paradojas de la pobreza.

Los autores argumentan que muchos de los grandes debates sobre la pobreza y de cómo ayudar a los pobres se expresan en desacuerdos sobre la forma de la curva de la ‘trampa de la pobreza’ (ver en el gráfico inferior):

La curva de la derecha tiene una forma de ‘L’ volteada. La de la izquierda se asemeja a una S alargada. El gráfico ‘L’ afirma que si se puede salir de la pobreza, ya que una pequeña inversión (en su modo de vida, su educación o su salud ) producirá rendimientos positivos desproporcionados, allanando el camino para inversiones más grandes en el futuro. Por el contrario, el gráfico ‘S’, concluye que los pobres están atrapados en una ´trampa de la pobreza´ y por lo tanto ellos necesitarían un “gran impulso” para salir de su situación.

El libro postula claramente el enfoque de la gráfica de la ‘S’ y analiza en detalle cuales serían las trampas de pobreza en distintos aspectos o paradojas. La conclusión de estas paradojas es que los pobres están atrapados en un ciclo vicioso por falta de información, creencias (que a menudo están mal) y por ‘dejar para mañana’. La ventaja que los ricos tienen sobre los pobres es que cuentan con incentivos positivos, como por ejemplo artículos de primera necesidad para la salud (como agua potable y médicos confiables). Estos incentivos los ayudan a tomar mejores decisiones con respecto a la salud, administración de su dinero y otros aspectos de sus vidas.

“Si el potencial de un crecimiento rápido es alto entre los pobres, y luego se nivela mientras se enriquece, no hay trampa de la pobreza”.

Según los autores, una razón por la que la trampa de la pobreza puede no existir es que la mayor parte de la gente tiene suficiente para comer. “Por lo menos, en términos de disponibilidad de alimentos, vivimos en un mundo capaz de alimentar a cada persona que vive en el planeta”.

“Este es el resultado de siglos de innovación en la oferta de alimentos, gracias, sin lugar a dudas, por las innovaciones de las ciencias agrícolas, pero también atribuible a factores más mundanos como la adopción de la papa en la dieta alimenticia después de su descubrimiento por los españoles en el siglo XVI en el Perú y su importación a Europa. Un estudio encuentra que la papa es responsable del 12% del crecimiento de la población entre 1700 y 1900 (Nathan Nunn y Nancy Qian)”.

Como demuestra el libro, no existen soluciones mágicas para erradicar la pobreza, pero sí podemos entender mejor las conductas de los pobres para mejorar sus vidas de una manera más eficiente. Ellos llegan a cinco conclusiones (citas resumidas):

1. Los pobres a menudo carecen de información básica y creen cosas que no son ciertas (por ejemplo, mitos sobre la inmunización o la falta de beneficios de la educación)

2. Los pobres tienen mucha responsabilidad sobre casi todos los aspectos de sus vidas. Cuanto más acceso a distintos servicios se tiene, más decisiones “correctas” se toman automáticamente. [Mediante incentivos].

3. Existen buenas razones por las cuales algunos mercados no son accesibles a los pobres, ya sea por precios u otros motivos. En estos casos, la innovación tecnológica o institucional puede permitir brindarles un mercado en el que puedan desarrollarse y, en los casos que no se pueda, el gobierno debe intervenir para apoyarlos.

4. Los países pobres no están condenados al fracaso porque son pobres o porque han tenido una historia desafortunada. Los fracasos tienen menos que ver con alguna gran conspiración de las élites para mantener su control sobre la economía y más que ver con algún defecto evitable en el diseño detallado de las políticas. Es posible mejorar la gobernanza y las políticas sin cambiar las estructuras sociales existentes.

5. Las expectativas acerca de lo que la gente puede o no puede hacer con demasiada frecuencia terminan por convertirse en profecías auto-cumplidas. Un cambio de expectativas no es fácil, pero no es imposible.

Los autores, junto con otros economistas, desarrollaron un programa multifacético para abordar la trampa de la pobreza, llamado “A multifaceted program causes lasting progress for the very poor: Evidence from six countries” (2015) (Un programa multifacético causa progreso duradero en los muy pobres: evidencia de seis países). Esa fórmula, aseguran los economistas, parece haber logrado diferencias duraderas en las vidas de las personas de países tan diferentes como Etiopía, Ghana, Honduras, India, Pakistán y Perú.

El programa combina la transferencia de un activo productivo, con apoyo sobre el consumo, capacitación y entrenamiento, más el estímulo del ahorro y educación para la salud y/o servicios. Los resultados de la ejecución del mismo programa, adaptado de acuerdo a los contextos geográficos e institucionales, muestran efectos estadísticamente significativos y rentables sobre el consumo (impulsado principalmente por el aumento de ingresos por cuenta propia) y el estado psicosocial de los hogares seleccionados. El impacto en los hogares pobres duró al menos un año después del fin del programa. Por lo tanto, sería posible hacer mejoras sostenibles en la situación económica de los pobres con una intervención relativamente de corto plazo.

Específicamente en el caso de Perú, el programa se llevó a cabo en 13 distritos de las provincias de Canas y Acomayo, en el departamento de Cusco. El activo productivo utilizado es escogido por cada hogar de una lista propuesta, como por ejemplo ovejas, cabras, pollos, ganado, etc. Antes de recibir sus activos, se les proporciona capacitación en gestión de una empresa y sobre el manejo de los activos elegidos. Por ejemplo, los que seleccionaron ganado recibieron información de crianza, incluyendo vacunas, alimentación y tratamiento de enfermedades.

Diferentes activos generan diferentes patrones de flujo de efectivo: Algunos generan ingresos inmediatos (por ejemplo, el comercio pequeño), mientras que otros (como las vacas) producen flujos de ingresos más tardíos y desiguales.

Además se les brinda un apoyo monetario de manera semana o mensual por 12 a 13 meses. El propósito es desincentivar el consumo inmediato y reducir el riesgo de vender (o comer) los activos productivos. Otro incentivo importante es el ahorro para poder sobrellevar un eventual “shock” externo. También se les brindó un curso de formación de salud, nutrición e higiene.

Dado que los efectos del programa son duraderos, esto sustentaría la interpretación de que un programa de apoyo adecuado permite superar la ‘trampa de la pobreza’.

Este es un análisis interesante sobre cómo se podría abordar el tema de la pobreza a futuro y plantear una manera más eficaz de solucionarlo. Confirma la necesidad de desarrollar programas de apoyo productivo, antes que asistencialismo puro, que, por supuesto hay que mantener para casos extremos, pero acotados y temporalmente. No como pretende el gobierno: “acompañar a los pobres en todo su ciclo biológico, desde Qali Warma hasta Pensión 65”.  Lampadia

Comentario de Lampadia:

El ajuste de las tasas de interés por parte de la FED está en el tablero desde hace más de un año y, en buena medida, los mercados vienen incorporando esta posibilidad. Sin embargo, dados los demás acontecimientos de la economía global, especialmente el reciente ajuste de la economía China, que está causando reacciones muy importantes en todos los mercados, ricos y emergentes, la reducción de los tipos de interés de la reserva estadounidense, podría terminar siendo gasolina en la hoguera.

El siguiente artículo de ayer de Larry Summers, uno de los economistas más informados de EEUU, pone el tema en perspectiva y alerta sobre los efectos negativos de seguir adelante con esta medida.

Por Lawrence Summers (profesor de la Universidad de Harvard y ex secretario del Tesoro de EEUU) 

Publicado en el Financial Times el 23 de agosto de 2015

Traducido por Lampadia

El aumento de las tasas de este año es una amenaza para todos los principales objetivos del banco central estadounidense.

En la reunión de la Reserva Federal (FED – Banco de Reserva de EEUU) de setiembre, ¿subirán por primera vez las tasas de interés desde 2006? Las autoridades han mantenido la posibilidad que si podría suceder y han sugerido que (salvo por algún acontecimiento imprevisto) probablemente se incrementen las tasas al final del año. Las condiciones podrían cambiar, por lo que la Fed ha tenido mucho cuidado de evitar compromisos firmes. Pero una evaluación razonable de las condiciones actuales sugiere que el aumento de las tasas en el futuro cercano sería un grave error que amenazaría los tres principales objetivos de la FED: la estabilidad de los precios, el pleno empleo y la estabilidad financiera.

Al igual que la mayoría de los grandes bancos centrales, la FED ha puesto su objetivo de estabilidad de precios a la práctica mediante la adopción de un objetivo de inflación del 2 por ciento. El mayor riesgo es que la inflación será menor que este, un riesgo que se vería agravado por el endurecimiento de la política. Más de la mitad de los componentes del índice de precios al consumo han disminuido en los últimos seis meses, la primera vez en más de una década. La inflación del IPC, que excluye los precios de energía y alimentos volátiles y vivienda que son difíciles de medir, es inferior al 1 por ciento. Las medidas basadas en el mercado de las expectativas sugieren que, en los próximos 10 años, la inflación estará muy por debajo del 2 por ciento. Si la moneda China y otros mercados emergentes se deprecian más, la inflación de Estados Unidos será aún más tenue.

La política de ajuste afectará negativamente los niveles de empleo, porque las tasas de interés más altas volverán más atractivo el aferrarse al dinero que invertirlo. Las mayores tasas de interés también aumentarán el valor del dólar, por lo que los productores estadounidenses serán menos competitivos y presionarán a las economías de nuestros socios comerciales.

Esto es especialmente preocupante en un momento de aumento de la desigualdad. Los estudios de los períodos de los mercados de trabajo difíciles, como a finales de los años 1990 y 1960, dejan claro que el mejor programa social para los trabajadores desfavorecidos es una economía donde los empleadores están luchando por llenar las vacantes.

Puede que haya habido un caso de estabilidad financiera para elevar las tasas hace seis o nueve meses, ya que las bajas tasas de interés alentaron a los inversores a tomar más riesgos y las empresas a pedir dinero prestado y participar en la ingeniería financiera. En ese momento, yo creía que los costos económicos de un aumento de tarifas superaban los beneficios de estabilidad financiera, pero había motivos de preocupación. Ese debate es ahora discutible. Con el crédito cada vez más caro, las perspectivas de la economía china nubladas en el mejor de los casos, los mercados emergentes en proceso de sumergirse, el mercado de valores de Estados Unidos en una corrección, una preocupación generalizada por la liquidez y una volatilidad aumentando a un ritmo casi récord, los mercados solos están apaciguando cualquier euforia o exceso de confianza. La FED no tiene que hacer el trabajo. En este momento de fragilidad, elevar las tasas arriesga el balance del sistema financiero en dirección hacia una crisis, con resultados impredecibles y peligrosos.

¿Por qué, entonces, tantos creen que es necesario un aumento de las tasas? Dudo de que si las tasas estuviesen ahora en 4 por ciento, no habría tanta presión para criarlos. Esa presión proviene de la sensación de que la economía se ha normalizado sustancialmente durante los seis años de recuperación, por lo que el extraordinario estímulo de tasas de interés cero debe ser retirado. Se ha hablado mucho de los “vientos en contra” que requieren bajas tasas de interés ahora, pero esto se va a abatir en poco tiempo, lo que permitirá un crecimiento normal y tasas de interés normales.

Cualquiera que sea el mérito de este punto de vista hace unos años, es mucho menos plausible ahora que nos acercamos al séptimo aniversario de la quiebra de Lehman Brothers. Ya no es fácil pensar en condiciones económicas que puedan ser vistas como vientos en contra temporales. El arrastre fiscal ha terminado. Los bancos están bien capitalizados. Las corporaciones tienen mucha liquidez. Los balances de los hogares se están reparando sustancialmente.

Mucho más plausible es la opinión de que, por razones arraigadas en el cambio tecnológico y demográfico (y reforzado por una mayor regulación del sector financiero), la economía mundial tiene dificultades para generar demanda de todo lo que se puede producir. Este es el diagnóstico de “estancamiento secular”, o la idea muy similar que Ben Bernanke, el ex presidente de la Fed, ha instado de un “exceso de ahorro”. Si es que se puede lograr un crecimiento satisfactorio, requeriría tasas de interés muy bajas, las cuales históricamente sólo hemos visto durante las crisis económicas. Es por esto que los mercados de bonos de largo plazo nos están diciendo que se espera que las tasas de interés reales estén cerca de cero en los países industrializados durante la próxima década.

Las nuevas condiciones requerirán nuevas políticas. Es mucho lo que se debe hacer, como medidas para promover la inversión pública y privada con el fin de elevar el nivel de las tasas de interés reales en consonancia con el pleno empleo. A menos que se implementen estas nuevas políticas, la inflación se acelere bruscamente o estalle la euforia en los mercados, no hay ningún motivo para que la Fed ajuste las tasas de interés.

El ex presidente de Uruguay examina el panorama regional y lamenta que nuestros gobiernos no sean más firmes ante Venezuela.

Entrevista a Julio María Sanguinetti

Por Francisco Sanz Gutiérrez

(El Comercio, 16 de Noviembre del 2014)

La Gobernabilidad y la Globalización fue el título de la conferencia magistral que el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti –invitado por el Poder Judicial– dio anteayer en Lima. Aprovechamos su presencia para repasar lo que ocurre en nuestra región. 

¿La gobernabilidad se ha vuelto un asunto más complejo con la globalización de hoy?

El mundo ha tenido un cambio extraordinario. Acabamos de celebrar los 25 años de la caída del Muro de Berlín. Ese 1989 puso fin a los dos siglos más políticos de la historia. Empezó en 1789 con la Toma de la Bastilla. Este fue el triunfo de la democracia sobre el absolutismo y aquel el de la democracia sobre el comunismo. A partir de ahí pensábamos entrar a la paz perpetua de Kant, pero no ha sido así. Debajo de ese mundo bipolar había ido ocurriendo una revolución científica y tecnológica que globalizó el mundo y lo ha vuelto más complejo.

En esa globalización usted tiene una postura crítica frente a las redes sociales.

Las redes sociales son un nuevo actor. La opinión pública se expresa a través de encuestas, pero hoy sobre todo mediante las redes, en las cuales de un modo absolutamente irresponsable todo el mundo habla. Las redes hasta hoy se mostraron notables para destruir, pero muy poco eficaces para construir. Pueden generar una primavera árabe y llevar hasta el otoño, pero el verano nunca llegó porque allí no se construyó nada. Empero, no se trata de enfrentar este fenómeno, sino de asumirlo y tratar de funcionar dentro de él.

¿Cómo observa a nuestra región en el mundo globalizado?

Ahí están los desafíos de nuestra democracia. El personalismo y el cesarismo, por un lado, cuya consecuencia es el populismo y el reeleccionismo. Otro reto grande es el avance de clases medias con expectativas distintas, que no solo demandan satisfacción material.

Hace un par de meses usted publicó un artículo titulado “Vientos de cambio”, a propósito de las elecciones en Brasil, Bolivia y Uruguay. Pero nada cambió, por lo menos en el poder seguirán los mismos.

Es cierto, no hubo esos cambios. En la explicación diría que hay una sociedad relativamente satisfecha, lo cual ayuda a los gobiernos. La década gloriosa del comercio exterior –que está terminando– ha generado esa gran sensación de euforia. En la base de los continuismos está eso. Ahora bien, los dos reclamos principales siguen pendientes: educación, que es más trascendente, y seguridad pública, que es más acuciante. En estas elecciones, diría que la satisfacción del consumo le ganó a la sensación de inseguridad.

Volvamos al personalismo y al populismo. ¿Gozan de buena salud en nuestras urnas, no?

Las etapas de prosperidad económica son el ámbito materno de los populismos. Estos se han nutrido del crecimiento del valor de las materias primas y los minerales favorable a nuestra región en los últimos tiempos. La gente podrá votar por condicionamientos económicos, anestesia social o mecanismos coactivos de presión que ya sabemos adónde conducen.

¿Se refiere a Venezuela?

Los resultados están, por desgracia, a la vista: líderes opositores presos, espacios independientes de radio y televisión que no existen más, diarios que cerraron o que fueron reducidos a su mínima expresión. Entre Chávez y Maduro han organizado un caos pocas veces visto.

¿Cómo catalogar la actitud de los gobiernos de la región frente a lo que pasa allí?

Hacemos himnos a la pluralidad y luego nos volvemos cómplices de crisis como las de Venezuela. En la política exterior de nuestros gobiernos hay un doble discurso que es penoso.

¿Qué le suscita el que Ecuador pueda tener pronto la reelección indefinida?

Es la confirmación del bonapartismo del cual le hablaba. Ecuador tiene un gobierno mucho más eficaz que el de Venezuela, pero trata de amordazar a la prensa, lo cual es grave y hasta innecesario. Se ha demostrado que la prensa no tiene poder como para voltear a gobiernos.

¿Y al Perú cómo lo ve?

Pasó su trauma político y ha crecido económicamente. Aprovechó la bonanza, pero tiene los mismos déficits que el resto en educación y seguridad.

Hace un año nos dijo, en una entrevista, que José Mujica era un presidente que hablaba mucho y ejecutaba poco. ¿Lo sigue sosteniendo?

Mujica es un personaje absolutamente singular, sin precedentes en la historia política de Uruguay y sin continuación. No es un gestor, yo diría que ni le gusta el ejercicio del poder. Si uno llega de fuera y lo escucha, diría que es un comentarista que dice frases ocurrentes.

¿Uruguay ha retrocedido con él?

No personalizaría las cosas porque Mujica no es un titular de gobierno propiamente dicho. El país ha crecido económicamente, no hay duda. Pero no es lo único que cuenta.

¿Cuál ha sido su punto más débil?

La crisis educativa. Él mismo ha reconocido que no pudo hacer nada. La última evaluación PISA es la peor que hemos tenido. No estamos estancados, sino yendo para atrás.

Las economías de Chile y Perú están mostrando signos de desaceleración más fuertes de lo esperado este año, sin embargo nuestro vecino es quien está recibiendo el golpe más duro. En el último reporte de Bloomberg, a julio de este año, las proyecciones de crecimiento de Chile se han reducido en 2.1 %, mientras que las del Perú en 0.3%, según lo publicado por El Mercurio de Chile (6 de agosto 2014).

En junio, el Banco Central de Chile redujo sus expectativas de crecimiento para este año a un rango entre 2.5% y 3.5%, desde un rango previo de 3% a 4% en marzo. Por su lado, el Banco Central de Reserva del Perú, también redujo sus expectativas del PBI a 4.4% desde una estimación anterior de 5.5%.

La baja en la expectativa de Chile se debe al deterioro reflejado en el IMACEC (Indicador Mensual de Actividad Económica), que mostró una expansión mínima de 0.8% en junio. Esto es consecuencia, mayormente, del menor crecimiento de la industria, menores crecimientos de China y desaceleración del consumo interno, que afectan la economía. En los primeros seis meses del año, las importaciones tuvieron una caída del 8.2% y las exportaciones apenas subieron 0.5%.

Asimismo, parte del deterioro de su economía se debe a la incertidumbre causada por las reformas estructurales de la actual presidenta Michelle Bachelet (Ver en Lampadia (L): Chile: Limites al crecimiento), aunque ella asegura que “a mediados de nuestro gobierno esperamos estar nuevamente con la casa bien ordenada y creciendo establemente”. Sin embargo, actualmente, la incertidumbre e inestabilidad están causando graves problemas en la inversión, que se ha reducido considerablemente. El Director de Derco afirma que “el 80% de la desaceleración es por factores internos” y que es la falta de estabilidad en la economía y el trabajo lo que está afectando las expectativas de los consumidores, alimentados por “una avalancha de medidas, cambios, todos simultáneos y radicales, como si el mundo se fuese a acabar en pocos meses y que dan la sensación de que todo lo pasado estaba mal hecho. Existe un serio problema, además, de alineamiento entre las autoridades. Todo ello produce confusión.” (L: ¿Tropieza Chile?)

En el caso del Perú, nuestra economía también viene desacelerándose en los últimos meses. Durante el primer trimestre del año, el crecimiento del PBI fue de 4.9%, nivel inferior al esperado de 5.5%. Esta desaceleración se explica por un menor crecimiento de la inversión privada, que constituye entre el 80-85% de la inversión total y es uno de los principales motores de nuestro crecimiento.

La razón de esta reducción de la inversión es, al igual que Chile, un problema interno más que externo, mayormente causado por trabas del mismo gobierno mediante permisos y lentitudes burocráticas. El principal factor que nos está golpeando es la desaceleración de la inversión privada causada por el deterioro de la confianza, las expectativas y el clima de inversión. (L: ¡Es el Estado,… estimado!).

La disminución del ritmo de inversión privada en el Perú se da en los sectores vinculados a nuestros recursos naturales, pues hasta se puede entender que con la búsqueda de los llamados ´nuevos motores´ de crecimiento del PNDP (Plan Nacional de Diversificación Productiva), se están cambiando los motores en pleno vuelo. En nuestra opinión esto no solo es un error de interpretación de la realidad nacional y su potencial, sino también es como ´convertir un Jumbo en un bimotor´ (en el corto plazo), una temeridad.

Tal situación se debe a fallas sistémicas del gobierno a la hora de dar mensajes claros a la población, la falta de liderazgo del gobierno y las debilidades de nuestra burocracia para impulsar los grandes proyectos. (L: Otra vez La Parada (esta vez en la inversión.)

En general, en todo Latinoamérica se puede observar una reducción en las expectativas de crecimiento, inclusive en gigantes como Brasil, que está teniendo graves problemas primordialmente por masivas protestas ante los elevadísimos costos de vida, los deficientes servicios públicos, el estancamiento económico y la corrupción en la esfera política, que revelan el fracaso de la conducción de Rousseff y la urgente necesidad de profundas reformas (L: Brasil sin rumbo ni brújula).  Solo hace unos días reportamos un crecimiento de Brasil para este año de 1.5% (L: Brasil: Del optimismo de Lula a la frustración de Rousseff – La caída de un gigante crea incertidumbre en la región), ahora Bloomberg lo estaría reduciendo a 1.3% del PBI.

Además de Brasil, el resto de países que conforman los BRIC, quienes iban a ser los grandes impulsores de la economía global, han perdido velocidad y brillo. Por otro lado, para Colombia se estima un incremento adicional de 0.3% del PBI (L: Mientras Colombia crece, el Perú decrece y le echa la culpa al cobre, a China y a los malos vientos…). Polonia, en cambio, lleva un crecimiento galopante impulsado por profundas reformas a todo nivel: económicas, educativas e institucionales (L: Polonia: La nueva estrella europea).

No nos engañemos, ni nos dejemos engañar. En nuestro caso, la principal causa de esta disminución de crecimiento es por el desconocimiento de nuestra realidad, la falta de confianza y la inestabilidad política interna. No somos los únicos en sufrir estos embates políticos que ante diversos estímulos hacen que los gobernantes disparen a cualquier parte.El Perú, a diferencia de la mayoría de países, está desperdiciando grandes oportunidades de crecimiento (L: El Perú de espaldas a la minería). Debemos tomar acción y realizar medidas para crear un clima favorable a la inversión, y parar esta desaceleración, poniendo en valor nuestras potencialidades. Lampadia