No se necesitan más llamadas de atención para que los peruanos nos aboquemos a corregir las deficiencias de nuestro sistema de partidos políticos y las normas que regulan el proceso electoral. Es suficiente apreciar el continuo descrédito del Congreso de la República en opinión de los ciudadanos y recordar las vicisitudes del reciente proceso electoral, para que asumamos la tarea de sus reformas.

La siguiente propuesta, preparada por Jaime de Althaus pretende poner en la agenda inmediata una de las reformas pendientes más importantes para mejorar la calidad de nuestra democracia. Ver otras propuestas de reformas en nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

La indispensable reforma política que el nuevo Congreso deberá abordar

El nuevo Congreso deberá abordar, como una de sus primeras tareas, la reforma electoral y política indispensable para que no se repitan los problemas que se presentaron en el reciente proceso electoral y, sobre todo, para resolver los problemas de fondo de la democracia peruana: la ausencia de un sistema de partidos, el desequilibrio potencial en las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, y el descrédito del Congreso.

En los dos gráficos que siguen podemos ver la tragedia del sistema de partidos políticos del Perú. En el primero muestra cómo el sistema de partidos colapsó en 1989 y nunca se pudo recomponer:

Y en el siguiente constatamos cómo en cada elección municipal los partidos nacionales ganan cada vez menos alcaldías provinciales, de modo que su presencia en el interior del país es cada vez menor, en provecho de movimientos locales liderados en ocasiones por aventureros políticos que convierten a los gobiernos sub-nacionales en botines políticos. Es la feudalización del país, que tiene que acabar.  

La otra cara de esto es la ruptura de los canales de representación: no hay conexión ni comunicación entre alcaldes o gobernadores regionales que no pertenecen a ningún partido, y los partidos presentes en el Congreso. Y los congresistas representan colectivamente a circunscripciones relativamente grandes, donde nadie sabe quién es realmente su representante: no hay relación entre electores y representantes. La consecuencia es el descrédito total del Congreso.

El problema es que ningún partido político de los que accedió al nuevo Congreso formuló propuesta alguna de reforma política en sus planes de gobierno. Sugerimos, por lo tanto, que se forme una comisión integrada por especialistas para elaborar un proyecto de tales reformas que tome como base la propuesta de reforma institucional elaborada por la Asociación Transparencia[1]. Mientras tanto, nos adelantamos a presentar la nuestra, que creemos recoge un conjunto de medidas orgánicamente pensadas para resolver los tres problemas mencionados.

Reformas electorales para no repetir los problemas que se presentaron en las últimas elecciones generales:

1. Calendario electoral: inscripción de candidatos presidenciales y congresales con más anticipación. Y acortar la segunda vuelta a 4 semanas.

2. Requisitos: disminuir la cantidad de requisitos formales para acreditar democracia interna y reemplazarlos por una fórmula como la que propone Transparencia: que los partidos políticos elijan a sus candidatos mediante elecciones abiertas supervisadas obligatoriamente por los organismos electorales. En esas elecciones podría participar cualquier ciudadano esté o no inscrito en el partido y lo ideal sería que se realizaran simultáneamente.

3. Exclusión de candidatos: derogar la sanción de exclusión para los candidatos que distribuyan dádivas o mantenerla solo para casos muy escandalosos, pero habría que tipificarlos con claridad. Y, tal como propone Transparencia,  prohibir la candidatura de personas que hayan cumplido condenas por terrorismo, narcotráfico, corrupción, delitos contra el Estado, homicidio, secuestro o violación sexual.

Reformas políticas para resolver los desequilibrios potenciales entre Ejecutivo y Legislativo:

1. Creación del Senado. Podría tener 30 miembros y ser elegido en distrito único nacional hasta la creación de regiones propiamente dichas, momento en el que se elegirían por regiones. Su función sería principalmente revisora. Es particularmente importante y necesario aprobarlo en una circunstancia como la actual en la que un partido tiene la mayoría absoluta, pues dos cámaras son una forma de limitar el poder del Congreso. Fuerza Popular podría dar una señal democrática muy positiva si propone auto limitar su poder con el restablecimiento de la bicameralidad. 

2. Elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo, como es en casi todas las democracias presidencialistas. Actualmente es de solo la mitad más uno del número legal de congresistas. Esto, junto con lo anterior, para prevenir el populismo parlamentario.

3. Permitir la candidatura al Congreso del candidato a la presidencia de la República. Esto es muy importante para dos efectos:

a. Que el Congreso se convierta en un verdadero foro político, con la presencia de los líderes partidarios.

b. Que el ex candidato o líder del partido pueda mantener unida a su bancada.

Reformas políticas para revalorizar el Congreso y reconstruir el sistema de partidos

1. Eliminación del voto preferencial y su reemplazo por el distrito electoral uni o binominal para el Congreso o para la Cámara de Diputados. El mejor voto preferencial es el voto por un representante en un distrito electoral pequeño en el que solo se elige a un representante. Esta reforma es fundamental por varias razones:

a. Para que los ciudadanos se sientan representados en el Congreso y la democracia tenga sentido concreto: en un distrito uninominal uno sabe quién es su representante y puede expresarle sus demandas y problemas, y puede fiscalizarlo. Y el representante está obligado a relacionarse con sus electores para representar bien sus intereses si quiere ser reelegido. En cambio, en el sistema plurinominal o proporcional, el congresista representa al partido y no a los electores[2]. Por eso en la última elección para el Congreso el 34% votó en blanco o nulo.

b. Para elegir mejores representantes: en un distrito uninominal no se presentan decenas o cientos de candidatos, como ocurre actualmente, sino solo uno por cada partido que participa. Conforme se reduzca el número partidos, los electores tendrán que escoger entre, digamos, 4, 6 u 8 candidatos. Pueden entonces conocerlos mucho mejor antes de elegir.

c. Para reducir el número de partidos: el distrito uninominal induce a los partidos pequeños a aliarse con otros más grandes a fin de tener chances de ganar en algún distrito. De lo contrario, no ganaría en ninguno. Fomenta, así, la aglutinación partidaria, lo contrario de nuestra actual fragmentación. Apunta al bipartidismo, que es el sistema más eficiente.[3]  

2. Inscripción y vigencia de los partidos políticos. La idea es bajar la valla para la inscripción de los partidos pero subirla para su permanencia.

a. Reducir sustancialmente el número de firmas (no más de 10 mil, por ejemplo) para formar un partido, pero éste queda obligado a presentar candidatos por lo menos al 50% de las regiones y municipalidades provinciales y distritales del país.

b. Subir la valla para las alianzas. El Congreso recientemente la subió un punto por cada partido que se suma a una alianza, pero eso es insuficiente. La propuesta original fue aumentar 2.5% por cada partido adicional.

3. Subir los requisitos para formar y mantener movimientos regionales. Para inscribirse y funcionar, deberán acreditar existencia y presentar candidatos en por lo menos tres regiones.

4. Financiamiento público y privado de los partidos.

El financiamiento público de los partidos debe comenzar a ejecutarse a partir del 2017 tal como lo establece la tercera disposición transitoria de la ley Nº 30414, de modo que debe estar incluido en el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo envía al Congreso en agosto del presente año.

En cuanto al financiamiento privado, este tiene un tope anual muy bajo, de 60 UITs, equivalentes a 237 mil soles, lo que obliga a los partidos a buscar formas de disfrazar aportes mayores y favorece la búsqueda y blanqueo de financiamiento ilegal. Si el monto que una persona individual o una empresa formal puede dar es mayor –bastante mayor- entonces será más fácil para los partidos depender de financiamiento privado formal o legal, que del ilegal. Para eso tiene que ser transparente, por supuesto.

Lampadia  

 

El 9 de abril, The Economist presentó su artículo sobre las elecciones peruanas en términos inaceptables por su falta de objetividad, pues su análisis fue muy pobre y sesgado.

“Las elecciones en Perú”

“Una farsa peligrosa”

“Tontas decisiones de la autoridad electoral subvierten la democracia y socavan el estado de derecho”

 

The Economist afirma que: “Los peruanos están descubriendo, para su desconcierto, que el árbitro puede determinar quién gana en la política, también. El 10 de abril van a ir a las urnas para elegir un nuevo presidente. Dos nombres, los de Julio Guzmán y César Acuña, no estarán en la cédula, aunque las encuestas les daban casi una cuarta parte de los votos. Sin embargo, apenas un mes antes de las elecciones y después de semanas de giros legales, la autoridad electoral los ha descalificado”.

Rápidamente, los peruanos también estamos descubriendo, para nuestra rabia y frustración, que The Economist, una de las revistas más admiradas en el mundo, no es tan rigurosa como siempre hemos creído. Es muy sorprendente que para su artículo sobre las elecciones peruanas tome por sentadas las sesgadas explicaciones de Guzmán y Acuña o la de sus colegas.

Análisis y perspectiva

1. La legislación peruana ha pasado, durante los últimos 15 años, a través de un proceso de reproducción y multiplicación masiva. Este ha sido el caso para todos los aspectos de nuestra sociedad, cubriendo el poder judicial, las autoridades electorales, las regulaciones de negocios y las relaciones de los ciudadanos con todas las instancias de gobierno.

Un ejemplo: Julio Velarde, Presidente del Banco Central de Perú, presentó recientemente la siguiente información: “En 2001, las regulaciones legales del sector minero incluían 9 procedimientos diferentes. En 2014 llegan a 204”.

La mayoría de estas regulaciones, que asfixian todas las actividades del país, son inútiles o francamente estúpidas. Sin embargo, todos tenemos que cumplirlas, especialmente las autoridades. Reconociendo que tenemos normas muy absurdas, ¿se pueden imaginar lo que pasaría si todo el mundo decidiera si cumple con ellas o no?

2. Las autoridades electorales están en una especie de trampa. Probablemente considerarán nuestra legislación como absurda y, en lugar de excluir inmediatamente a Guzmán, trataron de ganar un poco de tiempo y se fueron por caminos complicados para tratar de superar esta situación tan peculiar.

3. Guzmán debería haber sido excluido de inmediato porque su partido, en realidad, no cumplió las normas que estaban claramente establecidas y que ellos conocían. Es más, cuando Guzmán se hizo cargo del partido, las personas a cargo de los procedimientos legales con la autoridad electoral, le pidieron mantener el proceso bajo su control. Estúpidamente, Guzmán decidió excluirlos del proceso y asignárselo una de sus hermanas.

4. Unos pocos días más tarde, las personas con la experiencia relevante en el partido detectaron una serie de errores y le solicitaron nuevamente a Guzmán tomar esa responsabilidad en sus manos. Guzmán insistió en mantener a su hermana como la única responsable del proceso y los resultados hablan por sí mismos.

5. Cuando la autoridad electoral objetó los procedimientos del partido de Guzmán, a fines del año pasado, éste tenía tan sólo el 1% de aprobación en las encuestas. El partido de Guzmán no reaccionó como debería haberlo hecho y dejó pasar el tiempo.

6. Después, la trampa fue perfecta: Guzmán había subido en las encuestas, nadie entendía los procedimientos legales y Guzmán hizo mucho ruido presentándose como una víctima.

7. Una vez más, las autoridades (presionadas por la conciencia de que esas normas eran estúpidas, las cifras de Guzmán en las encuestas y el rugido de los medios de comunicación) en lugar de cortar a Guzmán, decidieron pasar por todos los procedimientos posibles para ver si podían manejar la situación sin más ruido. Al final, el escenario fue inmanejable, el Jurado tuvo que excluir a Guzmán, y este tomó la posición oportunista de acusar a todos de sus propios errores.

8. El caso de Acuña es la consecuencia de otra ley muy estúpida, que estipula que los candidatos no pueden dar ningún tipo de regalos a los votantes con el riesgo de exclusión, pura y simple, de las elecciones (sin graduación de la pena y por regalos de un valor ínfimo de  S/. 19, menos de US$ 6).

9. Acuña violó sistemáticamente esta norma, dando los regalos personalmente y promoviendo públicamente esa actividad. Mientras que Keiko Fujimori negó explícitamente su apoyo para financiar el concurso de baile, materia de la acusación, y sólo fue invitada a estar presente en la ceremonia en que se dieron los premios.

10. El Jurado Nacional de Elecciones excluyó al candidato para la segunda vicepresidencia de Keiko Fujimori porque el sí dio regalos, una botella de agua y una lata de atún. Estúpida como parece, es la consecuencia de una ley increíble que sí fue aplicada correctamente y sin favoritismos.

Desafortunadamente, The Economist no es la única publicación internacional que emplea corresponsales locales que tienen visiones sobre la política y sobre las  políticas públicas, que son contrarias a las de sus empleadores.

En este portal admiramos y seguimos muy de cerca los análisis y reportes de The Economist. Esperamos con entusiasmo un nuevo informe suyo sobre las elecciones en el Perú. Lampadia

Leer nuestra carta en ingles, tal como ha sido remitida a The Economist:

Open letter to The Economist