Se suponía que los peruanos habíamos entendido que se necesitaba iniciar un profundo proceso de desregulación, de liberar a los ciudadanos y empresas de la maraña legislativa que impide el normal desarrollo del país. En la reciente campaña electoral, todos repetían una y otra vez que era indispensable terminar con la tramitología. Incluso la normativa del proceso electoral, ayudó a evidenciar lo pernicioso de la abundancia normativa, que además, suele ser de pésima calidad.

Sin embargo, ante el inicio de un nuevo gobierno, parece que todos se olvidaron del ánimo desregulatorio. Ya comenzaron las propuestas de nuevas leyes por parte de los congresistas electos para los próximos cinco años. Todavía no se asumen funciones y las ideas sobre nueva legislación empiezan a multiplicarse. Inclusive, en el diario más importante del país, El Comercio, Martín Hidalgo hizo un reportaje el pasado 30 de junio, en una nota titulada “Mis tres primeros proyectos de ley”, para la cual entrevistó a ocho futuros congresistas de diversas bancadas y les solicitó describir sus tres primeros proyectos. Ver nuestro resumen de la nota en el siguiente cuadro:  

En el quinquenio 2011-2016 se aprobaron y publicaron 1,442 leyes y el Congreso saliente dejó 1,943 proyectos de nuevas normas en comisiones ordinarias . Como todos sabemos, hoy abundan normas absurdas, inaplicables, redundantes, superpuestas y hasta contradictorias, que en muchísimos casos consiguen lo contrario de sus maniqueos enunciados. El requisito de las evaluaciones costo-beneficio ha sido saltado con garrocha incluyendo en la norma, la frase: “considerando la evaluación Costo-Beneficio”. A esto se agrega una burla a las normas que regulan el Congreso, que, a falta de una segunda cámara, establecen la obligación de que las leyes sean aprobadas en dos votaciones con una distancia de siete días. Pero el ingenio parlamentario ha llegado a crear un artificio disfuncional por el cual, cuando los Padres de la Patria desean ‘regalarnos’ apuradamente una nueva norma, simplemente, la exoneran de su segunda votación en la junta de portavoces. La idea original de la doble votación era permitir a la sociedad civil discutir el proceso normativo y evitar que las emociones coyunturales puedan generar legislación. La exoneración de la doble votación solo debería darse, como estuvo establecido, para temas muy específicos como los tributarios y de seguridad.

Hace un mes comentamos y presentamos el artículo de José María Ruiz Soroa, abogado español, publicado en El País de España: ¡Dejen de legislar! Ruiz reflexiona sobre la naturaleza del parlamento y los comportamientos disfuncionales de los congresistas en España. Explica que el principal propósito de los parlamentarios es ‘parlamentar’. Su análisis parece escrito para el Perú. Dice que “la vorágine normativa ha devaluado el Estado de derecho”. Ver la nota completa en Lampadia: Selva legislativa asfixia e incapacita al Perú.

La hipótesis de Ruiz Soroa es la siguiente: “La ambición de los políticos, de todos, es hacer y hacer nuevas leyes. Una legislatura se considera un éxito cuando ha añadido a la colección legislativa unos cuantos textos, un fracaso cuando no ha conseguido sacar adelante ningún proyecto. Si una ley no funciona se hace otra más, que tampoco funcionará”.  

Eso es lo que está sucediendo en el Perú. En Lampadia hemos denominado a ese exceso normativo como una ‘urdimbre regulatoria’ (urdimbre = maniobra, intriga, maquinación, enredo, etc.), ver: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’.

Carlos Adrianzén, en su columna de opinión: Subdesarrollo por ley, nos presentó una aterradora estadística sobre este sin sentido: “Solo a lo largo del 2013, el Poder Ejecutivo nos inundó con 22,132 disposiciones nuevas. Los congresistas, por su lado, se dieron un descanso en medio de su vorágine de escandaletes y acusaciones mutuas para inundarnos con 368 nuevas piezas legales. Pero esto para nada fue todo. Los llamados organismos constitucionalmente autónomos, los órganos administradores de justicia, así como los gobiernos locales y regionales se lucieron suministrando 7,702 nuevos instrumentos legales adicionales. Solamente el año pasado. En buen español, inyectaron –para deleite abogadil y desgracia del resto– 38,845 nuevas piezas legales.”

¿Qué debemos hacer? Aprovechar que tenemos un nuevo Congreso que tiene un mandato político de avanzar en las reformas y en la desregulación o superación de la tragedia de la tramitología, que los ciudadanos reclaman y, que de alguna manera, fue sancionada en el proceso electoral, como de alta prioridad.  

Necesitamos desenredar las trabas burocráticas y liberar a los ciudadanos y empresas para que sus emprendimientos e inversiones nos traigan un mayor crecimiento económico, reducción de la pobreza y recursos fiscales.

Un ejemplo escandaloso de la tramitología, que no nos cansamos de repetir, es lo ocurrido con el sector minero, veamos: 

No olvidemos que el lema del gran reformador del mundo actual, Narendra Modi, Primer Ministro de la India, es: “No red tape, only red carpet for investors”. (Ver en Lampadia: La visión de país y reformas que el Perú necesita).

Entendemos que Fuerza Popular tenía un plan para liberar al país de su esclavitud legislativa mediante una ley llamada aparentemente ‘ley del ocaso’. La idea sería darle a los ministros, directores de pliegos, jefes de las agencias del Estado, gobernadores, alcaldes, etc., un plazo fijo para sustentar con qué normas debían desarrollar sus actividades. Todas las normas que no se consideraran necesarias en dicho proceso quedarían automáticamente derogadas. Algo que parece un sueño y que ojalá el grupo de PPK pueda rescatar junto con Fuerza Popular.

La gran preocupación de la clase dirigente, que tenga vocación cívica y compromiso por la acción, debe ser incentivar a los congresistas a comprometerse con la desregulación antes que con la creación de nuevas normas. 

Lampadia

Como hemos afirmado anteriormente, “el Perú es un país que está en construcción”; y, si tu casa está en construcción, no puedes dejarla solo en manos de los ingenieros, capataces y obreros. Tienes que participar, supervisar y controlar pues, quién vivirá en ella eres tú, tu pareja y tus hijos, y tal vez también tus padres.

En la construcción de nuestro país, que no es (ni será) de los ingenieros, capataces y obreros, hemos dejado el diseño, construcción y acabados, en sus manos. Nos limitamos, en muchos casos, a habilitar los recursos financieros con el pago de impuestos directos e indirectos y a contratar o elegir, cada cierto tiempo, a nuestros gobernantes, a quienes llamamos autoridades en vez de llamarlos administradores.

El resultado es que el gobierno, en sus distintas instancias, le da la espalda al interés colectivo. Sin transparencia, sin evaluaciones de costo-beneficio, sin suficientes debates ni participación de los ciudadanos y/o grupos afectados por la selva normativa, que es más un ejercicio formal, o de códigos políticos, que el perfeccionamiento institucional y el instrumento de un mayor bienestar general.

Si a esta lejanía de los ciudadanos con la cosa pública le agregamos el reconocimiento de que la mayor falla de nuestra historia republicana, como en su momento lo hicieron notar los ínclitos Víctor Andrés Belaunde Diez Canseco y Jorge Basadre, es la debilidad de nuestra clase dirigente y su pobre liderazgo, tenemos mucho de improvisación y poco de racionalidad; y una sociedad que navega sin sentido de dirección ni auténtico propósito de bienestar colectivo.

Lo que es peor, parece que en América Latina (AL) no es suficiente recorrer consistentemente un mismo camino por un largo período. Recientemente, hemos visto como en Chile, después de más de 30 años de vida de un modelo que ha logrado éxitos notorios en la calidad de vida y la construcción del mejor nivel de institucionalidad de la región, bastó un momento de debilidad y la presencia de una edulcorada propuesta de cambio radical en el gobierno, para que se echen abajo casi todas las estructuras de la sociedad, sin que su clase dirigente haya hecho prácticamente nada por defender las ideas en las que creían.

Todo esto nos dice que los ciudadanos tenemos que hacer política desde nuestras posiciones sociales. ¡No podemos dejar algo tan importante, como el manejo del destino del país, en manos de los políticos!

Por otro lado, lamentablemente, el ejercicio de la política partidaria está tan desprestigiado y los incentivos para su ejercicio son tan disfuncionales, que es muy difícil que podamos esperar que esta situación se corrija pronto sin un mayor ejercicio de la política a nivel ciudadano y de mayores oportunidades de ejercicio institucional.

En EEUU se aprecia una buena experiencia de participación colectiva en aspectos institucionales, donde desde el pueblito más pequeño hasta las grandes ciudades, en todas hay una liga de beisbol, básquet o futbol americano. En esas pequeñas instituciones, los niños americanos adquieren la costumbre del ejercicio institucional. Tal vez en el Perú debiéramos fomentar la formación de instituciones deportivas a lo largo y ancho del país, así como una mayor dinámica de los clubes regionales que, además de promover sus gastronomías regionales, involucren a sus niños y jóvenes en actividades y concursos deportivos.

Este tema es de la mayor importancia posible para el futuro de nuestro país. Asumamos la tarea de incentivar la práctica institucional y el ejercicio de la política desde la base de la ciudadanía. Lampadia