1

Estado de emergencia

Estado de emergencia

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia

Ante la ola delictiva que preocupa a la sociedad, el inepto gobierno de Pedro Castillo pretende declarar el estado de emergencia, una medida no solo innecesaria sino peligrosísima en manos de una camarilla capitaneada por los herederos de Sendero Luminoso y el MRTA.

 

El estado de emergencia (Artículo 137° de la Constitución) implica la suspensión de varias garantías constitucionales y se declara “en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación”, que, como es evidente, no es el caso, a pesar que la actividad delincuencial sigue creciendo.

Los derechos constitucionales que se suspenden son los “relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.” 

Podría tener sentido declarar el estado de emergencia, además de la condición de estar en una situación de catástrofe, si hubiera una estrategia para combatir la delincuencia y –naturalmente- si existiera un gobierno que cree en la democracia y la respeta.

Por ejemplo, si se suspende la inviolabilidad del domicilio, es decir, si la policía puede irrumpir en cualquier vivienda sin un mandato judicial, se necesitaría tener identificadas los refugios de los malhechores que se quiere intervenir. Y, se supone, que son muchos y que requieren una incursión rapidísima, porque de lo contrario lo normal es pedir a una autorización a un juez. Hay que tener en cuenta también que las fuerzas del orden pueden entrar a cualquier vivienda sin mandato judicial y sin estado de emergencia cuando existe “flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración”. Y la flagrancia se ha extendido, es decir, no implica el momento mismo en que se comete el delito.

En otras palabras, en el caso de la inviolabilidad del domicilio, no se requiere suspender esa garantía constitucional para combatir el delito, sobre todo si es obvio que no existe un plan para usar esa excepcionalidad de manera eficaz contra los criminales.

La libertad de reunión y de tránsito ya están restringidos por la emergencia sanitaria, entonces ¿qué propósito tiene limitarlos drásticamente? ¿Acaso los delincuentes se reúnen por decenas o centenares en las plazas? Y si así fuera ¿se necesitaría la suspensión de garantías para detenerlos o dispersarlos?

Lo más peligroso, por cierto, es el derecho a la libertad. El apartado f) del inciso 24) del artículo 2° de la Constitución también se suspende: “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito.” Con esa disposición suspendida pueden arrestar a quien les dé la gana, sin que haya mandato judicial ni flagrante delito. ¿Es posible imaginar cómo usarán esa emergencia los procesados por terrorismo, los que consideran la democracia como una “pelotudez”, que hoy están encaramados en el gobierno?

Las verdaderas razones por las que el gobierno pretende declarar el estado de emergencia son:

  1. No tienen idea de que hacer para enfrentar la ola delictiva, y suspendiendo las garantías fingen estar haciendo algo.
  2. Usar esa excepcionalidad contra la oposición democrática.

Naturalmente, no lo harán el primer día, sino esperarán el acostumbramiento de la gente a la emergencia y luego la empezarán a utilizar en función de sus siniestros objetivos políticos. Lampadia

 




Martin (improvisación) Vizcarra 2

Martin (improvisación) Vizcarra 2

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

En el mes de abril escribí un primer recuento de lo que, a mi juicio, hacían del Sr. Vizcarra un improvisado, sin visión de estadista, ni capacidad para gobernar. Probablemente haya que explicarle que gobernar significa tener; clara visión del país, sus debilidades y fortalezas, al igual que sus riesgos y amenazas, sus problemas y sus posibles soluciones. De igual forma, tener capacidad de convocatoria, de armar equipos capaces de diseñar estrategias y de ejecutar adecuadamente aquello que se planeó.

Pensé en algún momento que podría haber excedido mi apreciación negativa y que, el presidente merecería aún el beneficio de la duda. Lamentablemente, no es así y, a la luz de hechos posteriores o identificados con posterioridad, veo que me quedé corto.

Basta ver que, a los prácticamente 3 meses de la declaratoria del “Estado de emergencia sanitaria”, la que se declaró fundamentalmente para poder tomar medidas económicas, de compras y manejo de la situación, “saltándose” las reglas y procedimientos convencionales del Estado, el gobierno “descubrió” que no tenía oferta suficiente de oxígeno. Nunca hicieron una proyección de la demanda, un inventario de las plantas de oxigeno disponibles, ni de las que habían comprado, pues tenían en abandono incluso en el Hospital de Huaycán, entre otros y por supuesto, no compraron más plantas. Lo anterior, pasando por el crimen de la carencia de oxígeno en distintas regiones de la costa y la selva, con niños y adultos fallecidos por esa negligencia.

A propósito del tema del oxígeno, no se les ocurrió que estaban exigiendo oxígeno al 99% (exigencia creada por el hoy gerente de operaciones de ESSALUD y miembro del “Comando COVID”, durante su tiempo de ministro de salud), cuando este estándar podía ser al 93% y a sabiendas que, con la valla impuesta, estaban alimentando un oligopolio corrupto, que generaba un pingüe negocio. ¿Por que no corrigieron oportunamente esa exigencia? ¿Por que no instalaron y pusieron en operación las plantas recientemente adquiridas para los hospitales, ni repararon aquellas que estaban malogradas o compraron de emergencia las plantas requeridas? No, ante la incapacidad del Gobierno, se tuvo que recurrir a la caridad del sector privado y sus donaciones. No sólo eso, sino que no priorizaron la atención temprana con oxígeno, antes que las camas UCI, que hubiera salvado muchísimas vidas.

Igualmente, en el abastecimiento de medicinas, siendo el Estado el principal comprador y suministrador de estas, no se manejó una compra negociada de forma centralizada, ni una logística adecuada, pero se repartió dinero (léase, se alimentó corrupción descentralizada) mostrando así su incapacidad. Pero claro, de inmediato y en la mejor de sus rutinas de teatro, culpó a los laboratorios privados y amenazó con imponer controles de precios. En esto entró en competencia por populismo con el congreso.

Si queremos referirnos a nuestro sacrificado equipo de profesionales de la salud; a ellos no se les entregó los equipos de protección personal (EPP), ni en cantidad, ni oportunidad, ni en calidad requeridos. No se les paga sus remuneraciones oportunamente y los tenemos con dos o tres meses de retraso en sus pagos. Hemos traído 85 personas entre médicos y enfermeros de Cuba, a quienes, por supuesto se les paga bien y oportunamente, independientemente de la incapacidad y falta de calificaciones demostrada para el manejo de esta enfermedad y peor para la atención en UCI. Mientras que, en cambio, no les dieron la oportunidad a 1890 médicos peruanos, recién graduados y deseosos de apoyar. Tampoco se ha sido diligente con la selección e incorporación de médicos venezolanos, residentes en el Perú, pero absolutamente sub empleados.

Tema especial fue el de las clínicas particulares y el uso de camas UCI, que según el gobierno ya están llegando a dos mil. Después de más de dos meses de haber promulgado un decreto que indicaba el uso indistinto de las camas UCI por el Estado, según designación del Seguro Integral de Salud (SIS), no establecieron ni el procedimiento correspondiente, ni fijaron los términos económicos de tal contratación. Al encontrarse al borde del colapso, lanzó una pataleta con amenaza de expropiación y se llegó esa misma noche a un acuerdo entre el SIS y las clínicas. Lo que no dicen, es que el acuerdo fue al mismo precio que se había venido negociando con toda anticipación. Ciertamente, como el Sr. Vizcarra se siente de salida, no le importó nada el impacto internacional de su amenaza y “bravuconada” expropiatoria para el Perú (una vez más era el “faite” del barrio y lanzó la amenaza por un total de 55 camas, 15 de ellas en Lima).

Como anda por puntitos de encuestas como el diablo por almas, un día de abril amaneció con que quería comprar un millón de “tablets” para uso escolar, por supuesto, se las imagino con conexión automática a internet, cargadores solares, con procesadores de tecnología no más antigua que 2019 y servicio de contenidos. Todo para tenerlas disponibles y entregadas en el mes de julio 2020. Se convocó a más de 43 empresas y, dadas las condiciones, sólo quedó una de ellas en carrera y ya veremos, en medio de esta carrera loca, qué resulta.

Por supuesto, levantada la inamovilidad, ya empezamos actividades con la “nueva normalidad”. Desde luego, al transporte público se le exige muy severamente la distancia social con el consecuente aforo reducido, pero el gobierno no pensó en la necesidad de aumentar dramáticamente la cantidad de unidades del Metropolitano y sus alimentadoras, ni la necesidad de pagar un subsidio del orden de S/.6 millones semanales. Mientras tanto el transporte informal hace lo que quiere y les ha aumentado la demanda, con lo que podemos asegurar la agudización del caos en el transporte limeño y de otras grandes ciudades, al igual que el nivel de contagios (similar al que se produjo en los mercados y bancos por el bono). Desde luego que, como no han planeado nada durante los cuatro meses de cuarentena, hoy en medio de este caos, recién están revisando los contratos y qué opciones les permite, no saben si controlar el subsidio por consumo de combustible o por viaje controlando con GPS. Ya veremos en qué terminan.

Como el Sr. Vizcarra no se proyecta a largo plazo, no se le ocurrió mejor cosa que autorizar que, el 28 de setiembre de 2018 se suscriba el acuerdo de Escazú, hoy ad portas de ser ratificado por el Congreso, y que nos lleva a perder soberanía en las decisiones sobre nuestros recursos naturales, sometiendo cualquier última decisión a tribunales internacionales. Eso nos puede costar la prolongación del estado de pobreza de millones de compatriotas.

En fin, qué podemos esperar, cuando en lo económico, según se comenta en la columna Bajo la Lupa del diario Gestión, “andamos sin brújula”. Vivimos con estimaciones económicas proyectadas por el BCRP, el FMI, el Banco Mundial o el Consejo Fiscal, porque el MEF no ha actualizado nada desde el año pasado y para “facilitar” el descontrol, han decidido suspender las reglas fiscales -en vez de utilizar las cláusulas de excepción- y diseñar estrategias para corregir.

Por último y para ratificar su inmadurez política, nos presentó el show del “cumplimiento de su compromiso personal” de convocar a elecciones, como si eso fuera un mérito, cuando debiera tener claro que, no convocar oportunamente es una grave infracción constitucional que le costaría la vacancia inmediata.

La pena es que, con el desmadre que está dejando con sus “reformas políticas”, estoy seguro que en el siguiente periodo tendremos iguales o peores ejemplares políticos, encargándose de destruir las instituciones del Perú.

¡Que Dios nos agarre confesados! Lampadia




La desconfianza interpersonal en la emergencia

La desconfianza interpersonal en la emergencia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Carlos Meléndez se preguntaba (Peru21, 21-03) inteligentemente a qué se debe que mientras la sociedad chilena tomó voluntariamente la decisión de autorrecluirse en sus hogares, los peruanos hemos sido compelidos a hacerlo a punta de estados de emergencia y toques de queda.

La razón de ello -responde Meléndez- radica en la desconfianza interpersonal, que en el Perú, según LAPOP, es muy alta, una de las más altas del continente, en tanto que en Chile es una de las más bajas. La desconfianza interpersonal de los peruanos se equipara a la de los africanos.

Su línea de explicación sirve para iluminar lo que está pasando. Pero donde me parece que no da exactamente en el blanco es cuando señala la causa de esa desconfianza. El considera que proviene de episodios de crisis anteriores. “Nuestras respuestas autoritarias a previas crisis económicas y de seguridad (lucha contrasubversiva), se fundamentaron en un orden impuesto “desde arriba” y no en la construcción de un tejido social sostenible y para el bien público”.

La verdad, no es claro ni exacto. La crisis económica fue afrontada en agosto de 1990 con un shock que fue dado en democracia. Muchas reformas se adelantaron en democracia. El autogolpe se produjo el 5 de abril de 1992. En todo caso, ¿cómo podría haberse enfrentado la crisis económica, la hiperinflación, desde abajo? Para compensar los efectos del shock, en cambio, sí se potenció la organización social existente, desde comedores populares hasta núcleos ejecutores. Sí es cierto, sin embargo, que los Comités Locales de Administración de Salud (CLAS), por ejemplo, donde la comunidad gestionaba las postas con mayor eficiencia que el Estado, fueron anulados cuando en el gobierno de Toledo los médicos, que eran contratados, pasaron a ser nombrados, despojando de poder de gestión a los Comités. Una lástima.

Y en cuanto a la lucha contrasubversiva, la afirmación de Meléndez es válida para la estrategia que se aplicó en buena parte de los 80 -aunque los gobiernos fueran democráticos-, pero no para la que se empezó a ejecutar desde fines de los 80 y sobre todo en los 90, que se basó precisamente en una alianza con las comunidades campesinas para derrotar a Sendero. El éxito de esa estrategia estuvo precisamente en esa alianza, y en inteligencia en las ciudades.

Meléndez lo advierte sin embargo cuando, a continuación, escribe: “Las excepciones de fortalecimiento comunitario fueron soslayadas. Así, ni las organizaciones sociales de subsistencia vecinal ni las rondas campesinas de autodefensa se transformaron en redes sociales de apoyo en épocas de “normalidad”.

Pero el “fortalecimiento comunitario” no fue una excepción: fue el eje central de la estrategia que derrotó a Sendero en el campo. En lo que sí tiene razón es que ya en normalidad las rondas no se incorporaron, por ejemplo, al sistema nacional de seguridad. Pasaron al olvido.

No solo eso. El Estado nacional y la sociedad civil nunca agradecieron ni reconocieron en el nivel debido el papel de las comunidades y rondas en la derrota del terrorismo. Al defender al país, los campesinos andinos adquirieron ciudadanía nacional. Pero esa ciudadanía no fue reconocida. Los campesinos más bien fueron victimizados o perseguidos. El país está en deuda.

La causa profunda de la desconfianza interpersonal no está solo en la falta de abrazo e incorporación institucional del aporte popular y andino, sino en algo que el propio Meléndez apunta cuando señala: “Aunque muchos empeños emprendedores del sector “informal” se basan en capital social existente entre familiares y paisanos, la ausencia de referentes institucionales ahonda en una indiferencia por el bien común”.

Pero lo que hay que hacer es describir un poco mejor este fenómeno e identificar su causa. Cuando el círculo de confianza se agota en la familia o la comunidad, es que todavía no se ha pasado de la sociedad de “status” a la de “contrato”, al decir de Henry Maine. Un migrante puede vivir en una ciudad de 10 millones de habitantes, pero solo trabaja con sus familiares y paisanos y los intercambios económicos o de trabajo fuera de ese círculo son eventuales o se basan también en relaciones personales. Esa persona no se ha convertido aun plenamente en un sujeto-ciudadano plenamente portador de derechos civiles (libertad, propiedad, contrato, justicia), en un agente económico y social autónomo -como diría Guillermo 0’Donnell-, en la sociedad mayor.

La confianza en la sociedad mayor no es una confianza basada en relaciones personales. Es la confianza en el título y registro de propiedad como garantía de mis posesiones; en el contrato, que puede ser realmente defendido en una corte de justicia; en la asociación en una empresa con un socio no familiar, sobre la base de una institucionalidad que protege mi participación. Es una confianza abstracta, en el sistema, en la institucionalidad mayor.

Pero esa confianza abstracta repercute en la confianza interpersonal. Los demás no son potenciales depredadores en una selva sin reglas, sino ciudadanos igualmente obligados a la ley.

El que eso no exista esa confianza abstracta es la informalidad. No se participa de la institucionalidad mayor, de la ley, que es la que garantiza los derechos individuales. Pero la causa de esto está en la naturaleza de esa institucionalidad. Está diseñada para grandes unidades económicas, no para las pequeñas. Resulta, entonces, demasiado onerosa y engorrosa, alejada de la realidad. Es inaccesible.

Esa es la gran reforma que hay que hacer. Lampadia