UN COMUNICADO NO GARANTIZA, EN LO ABSOLUTO, EL REGRESO A CLASES EN MARZO

Daniela María Delgado Ehni
Psicóloga Clínica y Psicoterapeuta
Msc, teoría psicoanalítica y desarrollo humano (UCL, Londres)
Diplomada en trabajo terapéutico con niños y adolescente (Tavistock Clinic, Londres)
Para Lampadia

El jueves 11 de noviembre el ministerio de Educación emitió un comunicado en el cual señalaba que finalmente estaba alineado con el presidente Castillo y que el “impostergable” retorno a las aulas tendría lugar, al 100%, para el mes de marzo 2022.  Como era de esperarse, la noticia fue gratamente recibida por un grupo importante de la población que a la fecha sigue sin entender los motivos por los cuales el sector educación viene reactivándose de manera tan lenta y parsimoniosa manteniendo a los estudiantes, de todas las edades, lejos de sus centros de estudios.

Hoy por hoy, el retorno a clases en el Perú, es un pedido al cual se han sumado distintos organismos internacionales como UNICEF, UNESCO y SAVE THE CHILDREN, así como profesionales de diferentes disciplinas.  Todos, dando fe de que es momento de tomar conciencia sobre los terribles efectos nocivos que esto está generando y las consecuencias de no abordar el tema.

La pandemia del COVID-19 y la insistencia de nuestras autoridades por mantener las aulas cerradas, nos está dejando de lado otras pandemias.  A la fecha, ya son más de 700,000 los niños que han abandonado sus estudios. Las capacidades cognitivas de 3.2 millones de ellos se han visto afectadas de manera importante y 1.8 millones han sufrido alguna afectación mental.  El suicidio en adolescentes ha generado más muertes que el COVID-19 y no debemos de dejar de mencionar que entre enero y setiembre de este año, 786 niñas entre 11 y 14 se han visto forzadas a ser madres. La evidencia está, los números existen y estos, han sido recogidos por nuestras mismas instituciones. A estas alturas ya no podemos hacernos los locos salvo tengamos una importante dificultad para conectarnos con la realidad y pretender sostener aún que encerrar a los estudiantes es justificable.

El comunicado del 11 de Noviembre se agradece pero habiendo transcurrido más de 600 días y viendo que a la fecha los cuadros de aforo aún no incluyen a las instituciones educativas resulta importante que las autoridades recuerden que para concretizar su promesa, la respectiva norma debe ser emitida a la brevedad con protocolos actualizados y sin diferencias infundadas ya que la ciencia y la experiencia en nuestro territorio han demostrado que las guarderías, nidos, colegios, universidades e institutos son sitios seguros.

Sin una norma, marzo 2022 es aún una ilusión y debe ser entendida por todos como tal.  Una ilusión similar a la que se generó cuando en el mes de agosto el gobierno declaró a la educación en emergencia o cuando en setiembre finalmente concretó la vacunatón de maestros, dio paso a que algunos colegios denominados pilotos puedan abrir limitadas horas y permitió que la Universidad San Marco llevará a cabo su examen de ingreso presencial.  Ilusiones todas de primeras planas en los medios, pero sin mayores repercusiones para los estudiantes.

Nuestros vecinos del continente sur ya despegaron y muchos presentan números sorprendentes. Según Unicef 9 países ya cuentan con más del 75% de sus estudiantes beneficiados por la presencialidad y Venezuela, quien recientemente abrió sus escuelas el 25 de octubre, ya cuenta con un 60%.  En los últimos puestos, acompañan a nuestro deshonroso 6.5%, Cuba con 5% y Belice con 1%.

Hay quienes señalan que sería saludable pensar en la parte del vaso que poco a poco se va llenando y que no se debe perder la esperanza de poder llegar a marzo como lo dice el comunicado del ministerio… personalmente prefiero no perder de vista que la educación da esperanza y salud la cual debe ser ya servida a todos los estudiantes de nuestro país que ven con ansias el retorno a las aulas como la única posibilidad de surgir, de soñar y porque no de abrazar un futuro mejor. Lampadia

Mientras todo sucede
Milagros Leiva
Para Lampadia

Pronto serán dos años y siguen sin ir a la escuela. De hecho, ya se cumplieron 600 días, pero de eso ningún poderoso quiere hablar. Ni siquiera el presidente que dice tener palabra de maestro. ¿Es justo que los pequeños de la casa estén encerrados sin poder ir a la escuela porque al ministro Gallardo, sí, al poderoso de Educación le interesa más el aspecto sindical de su sector que declarar prioridad uno abrir las escuelas? Dirán los ayayeros de turno que estoy mintiendo, que algunos colegios ya comenzaron con la asistencia por horas y que por algo se comienza. Migajas. Migajas oficiales para contener el lamento y la indignación de los padres frente a un camino sin retorno. 

El especialista en Educación Paul Neira ya lo dijo. No se podrán recuperar los dos años perdidos, los chicos no están aprendiendo ni siquiera el 50% de lo previsto frente a la virtualidad, pero hoy mejor se habla de nombrar a los maestros contratados renunciando a la evaluación continua en lugar de curar la herida. Somos conscientes de que lo ocurrido es una herida abierta y sangrante, ¿verdad? Nadie (ni siquiera usted con sus más infinitos temores) podrá justificar ante los menores de edad que fue la desidia del Estado lo que impidió el retorno. Estamos en la cola, pero no importa. Tenemos a un ministro de Educación que más despacha con su hija, pero eso tampoco importa. El daño es irreversible porque el tiempo ya se perdió.

• ¿Se han dado cuenta de que se ha normalizado no ver a los niños con sus mochilas y loncheras en las calles? 

• ¿Se han dado cuenta como los pocos parques que existen en el Perú se han convertido en academias donde los chicos estudian lo que pueden?

No vemos a los pequeños uniformados, pero sabemos que están en sus casas. Están encerrados, entre cuatro paredes, estudiando frente a una pantalla que no termina de reemplazar la enorme experiencia del aula. Encerrados en espacios pequeños, sin jugar con los amigos, sin hacer deporte, sin levantar la mano y aprender incluso a ruborizarse delante de los demás. En la mayoría de casos sin supervisión porque sus padres trabajan. 

Seamos sinceros. ¿No es acaso un abuso y una vulneración absoluta a sus derechos todo lo que está sucediendo? Los niños no cierran carreteras, no votan, no paralizan una ciudad. Por eso estamos abusando.

Basta de subestimarlos. Basta de pensar que como son menores se contagiarán en el recreo. Los chicos saben usar las mascarillas y saben cuidarse. Solo hagan un ejercicio. Pregunten a sus hijos o sobrinos: ¿prefieres ponerte la mascarilla, lavarte siempre las manos y guardar distancia o mejor sigues en la casa sin ir a la escuela como estos casi dos años? La respuesta la estoy imaginando y usted también. Unámonos por ellos, levantemos la voz por los menores de edad. Es hora de que regresen al colegio, pero el retorno es para ayer, no para el 2022 como la mediocridad del Minedu lo anuncia sin espantarse.

La prioridad son los alumnos, no la cuota de poder en el magisterio. De nosotros depende convertir el silencio de los inocentes en un grito de absoluta defensa del derecho a la Educación.  Lampadia

Después de más de siete meses de vencido el plazo para regular el D.U. N° 002 – 2020, plazo que por cierto se otorgó la burocracia a sí misma, finalmente parece ser que en marzo se promulgaría el reglamento correspondiente, el cual regulará las condiciones básicas para abrir una escuela.

Según el proyecto de reglamento, que ya tiene más de cien páginas con los anexos, son seis condiciones. En principio parece razonable que sean pocas condiciones básicas, pero cuando uno lee con cuidado se percata que no tienen nada de básicas ni son seis. En verdad son centenares, ya que, con el pueril recurso de reunir la multitud de exigencias en seis grupos, exigen todo lo contenido en la normatividad existente y por existir. Es decir, en lugar de aportar a eliminar el híper controlismo, que no solo empuja a la informalidad y la reafirma, van a hacer imposible una escuela libre, innovadora y variada en su oferta. En pocas palabras, la realidad presente será aun peor.

Seguramente la burocracia del MINEDU afirmará que no les queda otra alternativa ya que tienen que cumplir y hacer cumplir las leyes vigentes, pero eso no es cierto. Está en su poder modificar y derogar la multitud de ataduras administrativas existentes y llevar la simplificación al Congreso cuando estas residan en leyes, pudieron además aprovechar con el D.U. N° 002-2020 y el DL N° 1476 para simplificar las cosas, en lugar de eso modificaron lo que les pareció necesario para controlar más a la escuela privada.

Lo que ocurre es que no quieren escuchar, siguen demostrando que no son alternativas lo que les falta sino vocación por destrabar, alentar la formalización y colaborar realmente con un buen proyecto pedagógico. Se necesita libertad de gestión para la escuela privada, menos consultorías y más fondos para la escuela pública que debe, además, recuperar su autonomía para poder ser una eficaz empresa pública de servicios.

Si la normatividad vigente es tan buena y las condiciones que exige el proyecto de reglamento son tan básicas, no se entiende por qué se otorga un plazo de tres años para adecuarse, con posibilidades incluso de extenderlo a cinco. Lo que va a suceder es que los colegios, mayoritariamente, no se van a acoger a esta intrincada normatividad porque es inútil para mejorar el servicio que brindan a sus estudiantes y además extremadamente onerosa. Es imposible asumir todos los costos que implica. El día que ya no se les permita funcionar más, cerrarán y veremos cómo ese estado ineficiente no podrá atender esa demanda con sus colegios que, abandonados cómo lo están ahora, por cierto, no cumplen con las condiciones mínimas para brindar un servicio educativo decente.

Este reglamento hace tan complicado abrir una nueva escuela que pareciera querer favorecer a los colegios existentes, aunque en verdad el sueño de la burocracia y sus asesores de ONGs ideologizados es desaparecer a los privados y que, así, todos nuestros chicos reciban la misma mala educación, nada de “privilegios”, todos deben ir a colegios que no tienen agua potable ni desagüe en muchos casos, menos rampas o ascensores. 

Ignora olímpicamente a la Ley de Centros Educativos Privados (Ley 26549), a la que ni siquiera menciona, salvo en el apéndice de las multas. Además, desprecia la Constitución, al pasar por alto los preceptos constitucionales que le dan autonomía y libertad de organización a la escuela privada, para terminar en son de burla, sin duda, hablando en un capítulo de las escuelas innovadoras, como si esto fuera posible con todos los parámetros existentes santificados y potenciados en este reglamento.

No contentos con exigir una gran cantidad de requisitos para cualquier trámite se premia el incumplimiento de la burocracia con el silencio negativo en contra del solicitante. El privado debe invertir en un trámite o proyecto educativo, pero si la UGEL no mueve un dedo para aprobarlo, en un plazo determinado se deberá asumir que ha sido rechazado, esto va a generar abusos y corrupción por supuesto.

Este reglamento no va a aportar nada, va a continuar la misma informalidad o será mayor aún, la burocracia tendrá más armas para fiscalizar a los colegios en lugar de apoyarlos. Fomentará que el MINEDU, a través de sus UGEL, en lugar de abocarse a lo que es su razón de existir, la escuela pública, la que pagamos todos los contribuyentes, asuma un rol policial y acosador sobre quien lo libera de un tercio de su labor. Si la educación pública fuera buena como el MINEDU sostiene, los padres no recurrirían a la oferta privada. Lampadia

A pesar del levantamiento de la cuarentena y el reinicio casi pleno de actividades económicas, el cierre de escuelas continúa en nuestro país, y si bien el mes pasado el MINEDU emitió una norma que establece los protocolos para el reinicio de las instituciones educativas en zonas rurales sin conectividad de internet y casos de covid 19, esta no es vinculante pues queda a criterio de las DRE autorizar el retorno.

Probablemente, al igual que muchos otros gobiernos de la región, se tiene la creencia que, gracias al dictado de clases a distancia, como está sucediendo con la estrategia pedagógica Aprendo en Casa, los muchachos podrán empalmar sin ningún problema cognitivo el próximo año sus clases presenciales.

Pero la realidad es que este desfase de hasta un año de paro educativo presencial, como parece será el caso por la suspensión del año escolar, no solo destruirá capital humano, que de por si ya es deficiente en un país de tercer mundo como el nuestro, sino que exacerbará las desigualdades ya existentes sobretodo en los primeros años de escolaridad (ver Lampadia: El prejudicial cierre de escuelas). La educación a distancia nunca se comparará a la presencial no solo por las obvias carencias de infraestructura y equipamiento digital en los hogares más remotos y pobres, sino porque hasta hoy en día, en ningún país del mundo – ni en los más avanzados como Corea del Sur en este ámbito – la educación a distancia tiene mejores resultados en los aprendizajes que la presencial.

Cabe resaltar que hay muchos otros efectos colaterales, a su vez, que no hemos nombrado y que aflorarán tanto en el corto como en el largo plazo, con especial énfasis en los países de bajos ingresos. Un reciente artículo de The Economist que compartimos líneas abajo incide en varios de ellos, a destacar, aumento del embarazo adolescente e incremento del trabajo y abuso infantil en el corto, y pérdida de salarios futuros e incremento en la deserción escolar en el mediano-largo.

Así como las pésimas cifras de crecimiento del PBI y de empleo en Lima de los últimos meses volcó al gobierno a levantar la cuarentena rápidamente, las advertencias de The Economist deberían dirigirlo a diseñar e implementar a la brevedad un plan de reinicio de colegios, considerando aforos máximos y redistribución de mobiliario en las aulas, así como protocolos sanitarios que permitan prever los contagios. No podemos despojar a nuestros chicos de la mejor arma para salir adelante en sus vidas como es la educación. Lampadia

Aprende hoy, gana mañana
El cierre de escuelas en países pobres podría ser devastador

Y los gobiernos están confundiendo su respuesta

The Economist
18 de julio, 2020
Traducida y comentada por Lampadia

De los 1,500 millones de niños obligados a abandonar la escuela por cierres de seguridad en todo el mundo, 700 millones se encuentran en países en desarrollo. Al igual que los alumnos de los países ricos, su educación está sufriendo. Pero las consecuencias en los lugares pobres serán mucho peores. Antes de la pandemia, había más niños en la escuela que nunca, según Robert Jenkins, jefe de educación de Unicef, el fondo para niños de las Naciones Unidas. Después de esto, casi 10 millones de niños en 40 países podrían nunca volver a la educación formal, estima Save the Children, una organización benéfica.

El impacto económico de la pandemia ha obligado a muchos a abandonar sus estudios a favor del trabajo. Entre 2000 y 2020, el número de niños en el trabajo en todo el mundo cayó en un 40%, principalmente porque más iban a la escuela. El covid-19 está deshaciendo ese progreso. En la República Democrática del Congo, un número creciente está ayudando a sus padres en las minas, dice Stephanie Shumsky del Pact, un grupo de ayuda. Otros están siendo reclutados en milicias. En Jordania, los jóvenes refugiados sirios trabajan en granjas.

Los expertos están más preocupados por el efecto en las niñas. En los pocos lugares que han reabierto las escuelas, como Vietnam y Costa de Marfil, los maestros dicen que las niñas están notablemente ausentes. Algunas se casan o están siendo casadas. Snehalaya, una ONG india, dice que su línea directa de emergencia ha sido inundada con informes de esto desde que las escuelas cerraron en marzo. Entregar una hija a un nuevo esposo significa una boca menos para alimentar. Con las escuelas cerradas, las hijas ociosas pueden entablar un romance o ser víctimas de asalto sexual. Los padres que trabajan obligados a dejar a sus hijas en casa todo el día solos preferirían casarlas antes que arriesgarse a la vergüenza del sexo premarital, dice Girish Kulkarni, fundadora de Snehalaya.

Otras están quedando embarazadas, algunas después de ser violadas por familiares o vecinos mientras estaban en cuarentena en su hogar, dice Alice Albright de Global Partnership for Education, un grupo paraguas con sede en Washington, DC. Mientras las escuelas están cerradas, las niñas ya no están en contacto con maestros que podrían ayudarlas en tales circunstancias. Durante la crisis del ébola en Sierra Leona en 2014, cuando también se cerraron las escuelas, los embarazos adolescentes aumentaron entre un 11% y un 65%, según una variedad de estudios. Extrapolando a partir de estos datos, los investigadores de Save the Children creen que podrían aumentar en un 25% como resultado de covid-19.

El daño económico de los niños que abandonan la escuela será enorme. El Banco Mundial estima que, si las escuelas permanecen cerradas durante cinco meses, los alumnos perderán US$ 10 trillones de ganancias futuras en el dinero de hoy. Eso podría aumentar si covid-19 no se frena y las escuelas permanecen cerradas por más tiempo.

A muchos gobiernos les resulta difícil lograr que los niños aprendan nuevamente. Los países más pobres enfrentan desventajas obvias al enseñar lecciones de forma remota. En algunos lugares, el acceso a Internet es irregular. En la capital indonesia, Yakarta, el 87% de los niños pueden conectarse en línea, dice Nadia Fairuza, del Centro de Estudios de Política de Indonesia, un think tank, pero en Papua, la provincia más grande de Indonesia, la cifra es inferior al 30%.

Por lo tanto, la pandemia está ampliando la brecha preexistente entre la cantidad de niños ricos y pobres que aprenden. Una encuesta realizada el mes pasado por Datafolha, un encuestador, reveló que mientras el 74% de los alumnos en Brasil participan en algún tipo de aprendizaje a distancia, a menudo a través de WhatsApp, que se reduce a solo el 52% en el pobre norte amazónico.

Se les pide a muchos padres y estudiantes que hagan lo imposible. Francis Aruo, un padre de 32 años y padre de cinco hijos de Rumuruti, un pequeño pueblo en el centro de Kenia, recibió la orden del director de sus hijos de comprar una computadora. Le costaría más del triple de sus ahorros. Incluso si pudiera pagar la computadora, una conexión a Internet confiable no es fácilmente accesible en Rumuruti. Aruo puede permitirse el lujo de tener suficientes datos para ejecutar WhatsApp en su teléfono; no puede permitirse el lujo de descargar lecciones.

Algunos gobiernos han fallado incluso en tratar de ayudar a los niños a aprender desde casa (ver mapa). Otros han tardado en ponerse en marcha. El gobierno de Ghana solo lanzó su programa de radio a distancia el 15 de junio, tres meses después del cierre de las escuelas.

Reabrir las escuelas también es difícil. En junio, solo alrededor de la mitad de los países pobres dijeron que tenían un plan para hacerlo, según una encuesta de la ONU y el Banco Mundial. El distanciamiento social es complicado cuando 50 o 60 alumnos a menudo se agrupan en una sola clase. En África subsahariana, menos del 30% de las escuelas tienen instalaciones para lavarse las manos.

Los gobiernos están abriendo muchas otras cosas antes de las escuelas. En Kenia, los juerguistas pueden ir al pub por una cerveza y un poco de nyama choma (carne a la parrilla), pero el gobierno dice que las escuelas permanecerán cerradas hasta 2021. En Pakistán, el gobierno ha permitido que se abran madrassas, dirigidas por poderosos grupos religiosos, pero no instituciones mainstreams. Las fábricas de ropa abrieron en Bangladesh hace más de dos meses, pero las escuelas permanecen cerradas. Los escolares y sus padres carecen de la influencia política de los propietarios de las fábricas, o de hecho, de los sindicatos de docentes, que generalmente se resisten al regreso al trabajo.

Poner en marcha las escuelas requerirá dinero, lo cual es escaso. Solo el 8% de los países más pobres informan que están reclutando nuevos maestros para ayudar con la reapertura, en comparación con casi el 40% de los ricos, según la misma encuesta realizada por la ONU y el Banco Mundial. Los gobiernos con problemas de liquidez están más preocupados por impulsar sus sistemas de salud ya sobrecargados. En el nuevo presupuesto de Bangladesh, anunciado el mes pasado, la cantidad asignada a la educación no se modificó como parte del PBI.

Aún así, algunos gobiernos están haciendo progresos. Los ministerios de educación en Dominica, Granada, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas en el Caribe oriental están trabajando con proveedores privados de telecomunicaciones para implementar Internet gratis para estudiantes y distribuir dispositivos móviles a los más pobres. Ruanda espera que una oferta de almuerzos gratis lleve a los niños a la escuela. Mozambique está dando a las niñas productos sanitarios. Incluso repartir bocadillos o lápices puede marcar la diferencia.

Aprendizaje de la vieja escuela

La experiencia ayuda. Sierra Leona usó la programación de radio durante el brote de ébola del país en 2014. Fue fácil reiniciarlo, dice David Moinina Sengeh, ministro de educación del país. La preparación para la reapertura de las escuelas comenzó incluso antes de que cerraran. Sengeh reclutó a un ejército de conductores de autobuses para transportar a los niños, cuyas familias se habían mudado durante el encierro, de regreso a las aldeas y pueblos donde estaban sus escuelas.

También se apresuró a revocar una ley que prohíbe que las niñas embarazadas vayan a la escuela, ofreciendo incentivos a las madres adolescentes para que regresen a sus estudios y agregando clases de educación sexual a las lecciones transmitidas por radio para reducir la probabilidad de que las niñas queden embarazadas. Sengeh ve la pandemia como una oportunidad para garantizar que todos, en todas partes, reciban una buena educación. El covid-19 le ha dado al gobierno el “empuje” que necesita para que esto suceda, dice. Otros podrían aprender de él. Lampadia

Nuestro repositorio sobre la reforma del Estado: El Estado del Siglo XXI, ya ha tenido el privilegio de contar con la opinión de Carlos Zoe Vásquez, actual Director General de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia. En esta ocasión, Vásquez analiza el tema de la criminalidad, que ya ocupa el primer lugar de atención y preocupación de los ciudadanos.  

¿QUÉ SE NECESITA PARA REDUCIR LA CRIMINALIDAD EN EL PERÚ?

Carlos Zoe Vásquez Ganoza

Director General de Política Criminal y Penitenciaria

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

No cabe duda que, hoy en día, el problema de la delincuencia marca la agenda social, política y económica del país y de casi toda la región latinoamericana. Para el año 2015, 13 de 18 países encuestados han determinado que la delincuencia/seguridad pública es el problema más importante en el país, desplazando a los problemas económicos. 

Como todo problema social, la criminalidad requiere del diseño e implementación de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. A nivel internacional, la criminalidad se aborda en tres niveles: a) prevención primaria; b) prevención secundaria; y, c) prevención terciaria.

En términos sencillos, cuando hablamos de prevención primaria nos referimos a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de una comunidad (educación, salud, trabajo, etc.); trabajar en este nivel nos permite establecer condiciones que reducen oportunidades en la aparición de problemas.

La prevención secundaria es aquella que se enfoca en los factores de riesgo que van apareciendo y que, por decirlo en términos sencillos, aun no se han convertido en una infracción o delito. Podemos decir que se tratan de conductas antisociales (familias disfuncionales, consumo problemático de drogas, deserción escolar, pandillaje, bullyng, violencia de género, etc.); trabajar en este nivel nos permite evitar que dichos factores de riesgo se consoliden en una eventual infracción o delito.

Finalmente tenemos la prevención terciaria. Aquí los factores de riesgo ya se han consolidado y, por ende, las conductas se han convertido en delito o una infracción a la ley penal. A este nivel se desarrolla las acciones policiales, fiscales, judiciales y el sistema penitenciario. Trabajar a este nivel nos permite investigar, procesar, condenar y tratar al delincuente. 

¿Qué tipo de prevención ha realizado el Estado Peruano en los últimos años? 

El Perú se ha inclinado por invertir en prevención primaria y terciaria. En términos concretos, la prevención secundaria no ha recibido una asignación presupuestal como si la han tenido las dos antes mencionadas. Así, por ejemplo, en lo que respecta a prevención primaria, entre los años 2007 al 2014 se han gastado: 126,388 millones de soles en el sector salud (incluye gasto en el sector público y privado según INEI) y 211´653, 519 millones de soles en el sector educación (incluye gasto en el sector público y privado según INEI). De otro lado, en lo que respecta a prevención terciaria, por citar un ejemplo, para el año 2015 se asignaron 1,877’200,604 millones de soles al Poder Judicial; 10,385’465,148 al Ministerio del Interior; 1,418’106,293 al Ministerio Público; y, 1,613’190,986 para el Sector Justicia que incluye al Instituto Nacional Penitenciario.

Lo antes dicho no está mal. Por el contrario, la inversión en prevención primaria nos ha permitido reducir índices de diferentes enfermedades, contar con mayor infraestructura, ampliar el servicio de salud a la población más necesitada, etc. Así también, la inversión en la administración de justicia nos ha permitido impulsar políticas públicas como la reforma procesal penal, más efectivos policiales, mejorar sus condiciones, más fiscales, jueces y mayor inversión en infraestructura penitenciaria. Muchos podrán decir que no han sido suficientes los recursos asignados o que, pese a su asignación, se requiere mayor impacto.  No cabe duda de ello, pero lo que queremos ejemplificar hasta aquí es que el Estado ha invertido en prevención primaria (satisfacer las necesidades básicas de la comunidad) y prevención terciaria (investigar, juzgar y sancionar a los delincuentes).

¿Qué tan importante es comenzar a invertir en prevención secundaria, es decir, en factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que se cometa un delito?  Un análisis en el año 2012 sobre 5,201 adolescentes infractores a la ley penal en el Perú que se encuentran condenados, determinó lo siguiente: a) que el 45% de ellos provenían de familias desestructuradas; b) que el 56.5% había consumido drogas ilegales antes de su internamiento; c) que el 86.5% había ingerido alcohol en algún momento de su vida; d) que el 75.5 % había desertado de la educación básica regular; y, e) el 80.3% había tenido una experiencia laboral poco técnica y mal remunerada. 

Otro estudio presentado en el 2014 por Ciudad Nuestra (¿Quiénes son delincuentes en el Perú y por qué? Factores de riesgo social y delito en perspectiva comparada en América Latina), este ya a nivel del sistema penitenciario de adultos, determinó lo siguiente:

1. Familia:

• El 44.0% de sentenciados peruanos reconocieron que su padre los golpeaba cuando niños y el 39.2% afirmaron que su madre era golpeada.
• El 31.2% de los sentenciados peruanos tuvieron un familiar preso alguna vez y el 3.9% a su pareja.

2. Escuela

• Mientras que la deserción escolar promedio a escala nacional es del 13.9%, entre los sentenciados llegó al 59.8%.
• El 22.3% de los sentenciados peruanos tuvieron compañeros en la escuela que cometían delitos.

3. Barrio

• El 40.0% de los sentenciados peruanos tuvieron mejores amigos que cometían delitos cuando menores de edad.
• El 41.3% de los sentenciados peruanos vivieron, cuando niños y adolescentes, en barrios con presencia de pandillas o bandas delictivas y el 29.2% con riñas y peleas frecuentes.

4. Alcohol y drogas ilegales

• Una tercera parte de los sentenciados peruanos (32.1%) consumieron alcohol o drogas ilegales antes de cometer el delito, el segundo consumo más bajo de la muestra. Casi el 90.0% de este consumo correspondió al alcohol.

Concluyo: el crecimiento económico de los últimos quince años nos ha permitido invertir en las necesidades básicas de la población (prevención primaria); asimismo, la administración de justicia ha recibido asignaciones presupuestales que le ha permitido – no como quisiera – implementar políticas modernas (prevención terciaria). Peor poco o casi nada se ha invertido en programas que aborden factores de riesgo que incrementan la probabilidad de la comisión de un delito (prevención terciaria).  Este es el ámbito que el próximo gobierno debe comenzar a visualizar. Las cifras de la población de adolescentes y adultos condenados nos están mostrando el camino a seguir por los próximos años. Esperemos que algún candidato nos proponga algo frente a la prevención secundaria y no propuestas populistas.