Facebook está involucrado en un desastroso escándalo, en gran parte debido a sus propios errores, por no proteger adecuadamente los datos de sus clientes. El escándalo estalla porque Cambridge Analytica (la empresa que manejo la campaña presidencial de Trump) obtuvo datos de Facebook ilegalmente, con los que podría haber favorecido el voto por Trump.

¿Qué paso?

El 16 de marzo, después de un informe en The Observer, el gigante de las redes sociales confirmó que había suspendido a Strategic Communication Laboratories (SCL) y su compañía de análisis de datos políticos, Cambridge Analytica, con sede en el Reino Unido, por violar sus términos y condiciones contractuales. Las empresas habían recopilado y compartido información personal de hasta 50 millones de usuarios de Facebook, sin su consentimiento explícito.

El grafico inferior muestra que paso de una manera clara y sencilla:

¿Qué significa para Facebook?

Para Facebook, el problema descubierto por la historia de Cambridge Analytica es algo más que Cambridge Analytica. A medida que Facebook evolucionó durante los últimos 14 años de su inicio en Harvard a un gigante mundial, acumuló una cantidad casi insondable de datos sobre su base de más de 2 mil millones de usuarios activos, muchos de los cuales compartieron sus vidas libremente sin pensar en lo valioso esa información podría ser o, en las manos equivocadas, cuán peligrosa.

Facebook de hoy es una institución global con fines de lucro que funciona como un directorio digital híbrido, mercado en línea, servicio de comunicaciones instantáneas, plataforma de video bajo demanda, herramienta de participación cívica, plaza pública virtual y fuente de noticias integral.

Rápidamente superó los esquemas regulatorios relevantes, la mayoría de los cuales se construyeron hace décadas. Ahora es tan grande que cuando se usa para facilitar la diseminación de “noticias falsas” de una manera que podría haber ayudado a impulsar una elección presidencial, plantea el peor tipo de problema: uno para el que no existe un método objetivo, e identificable de solución.

Lo primero que ha hecho Zuckerberg ha sido pedir perdón, reconociendo que escándalo han defraudado la confianza de los usuarios. Ha asegurado que la gran responsabilidad de Facebook es la de proteger los datos de sus usuarios, y que cuando no lo consiguen es como si no se merecieran la oportunidad de servir a las personas. “Nuestra responsabilidad ahora es la de asegurarnos de que esto no vuelva a pasar de nuevo, y creo que hay unas cuantas cosas básicas que deberíamos hacer para asegurarnos de ello”, ha añadido. “Una es asegurarnos de que los desarrolladores no tengan acceso a tanta información, por lo que vamos a hacer tomar una serie de medidas para restringir el acceso a la información a la que pueden acceder”.

El creador de Facebook también ha dicho que planean crear una herramienta para permitir que los usuarios puedan ver si su información personal ha sido comprometida, y que notificarán a los usuarios si alguna de sus aplicaciones está haciendo cosas sospechosas. Son cosas, según ha dicho, que vistas desde la perspectiva actual se arrepiente de no haber hecho hace tiempo, pero asegura que están comprometidos en hacer bien a partir de ahora.

La solución planteada por The Economist, para Facebook y toda la industria, es que para evitar regulaciones aplicables a servicios públicos, las “firmas tecnológicas deben abrirse a personas externas, de manera segura y metódica. Debería crear un ombudsman de la industria, llamémoslo Consejo de Derechos de Datos. Parte de su trabajo sería establecer y hacer cumplir las reglas mediante las cuales los investigadores independientes acreditados miran dentro de las plataformas sin amenazar la privacidad de los usuarios”.

Facebook y otros servicios de la redes sociales, son omnipresentes en nuestra vida diária. Por lo tanto, debemos prestar atención a su evolución, y sobre todo a los conflictos vinculados a nuestra privacidad. Por ello, compartimos más abajo, los análisis de The Economist al respecto:

1. Facebook enfrenta la dilución de su reputación

Lo que debería hacer Zuckerberg

Así es como Facebook y la industria en general, deberían responder

22 de marzo de 2018
The Economist
Traducido y glosado por Lampadia

El año pasado surgió la idea de que Mark Zuckerberg podría postular a la presidencia de EEUU en 2020 e intentar liderar el país más poderoso del mundo. Hoy, el fundador de Facebook está luchando por demostrar que es capaz de liderar a la octava empresa más grande del mundo o que cualquiera de sus 2,100 millones de usuarios deberían confiar en ella.

Las noticias de que Cambridge Analytica (CA), una firma vinculada a la campaña del Presidente Donald Trump en 2016, obtuvo datos de 50 millones de usuarios de Facebook de maneras dudosas, posiblemente ilegales, han encendido una tormenta de fuego.

Zuckerberg parece no haberse dado cuenta de que su negocio enfrenta una crisis de confianza muy amplia. Después de meses de hablar de propaganda y noticias falsas, los políticos en Europa y, cada vez más en EEUU, ven a Facebook en negación y fuera de control.

Desde que se supo la noticia, los inversores asustados se han deshecho de un 9% de las acciones de Facebook. Según un grupo de expertos del Centro de Investigación Pew, la mayoría de los estadounidenses dice que desconfía de las empresas de redes sociales. El señor Zuckerberg y su industria necesitan cambiar, rápido.

El juego de la adicción

El negocio de Facebook se basa en tres elementos: mantener a los usuarios pegados a sus pantallas, recopilar datos sobre su comportamiento y convencer a los anunciantes que paguen miles de millones de dólares por anuncios orientados hacia ellos. La empresa tiene un incentivo para promocionar material que llama la atención y vender anuncios a cualquier persona. Su cultura combina una búsqueda despiadada de ganancias con una creencia excesivamente optimista y narcisista en sus propias virtudes. El señor Zuckerberg controla los derechos de voto de la empresa. Claramente, recibe muy poca crítica.

En el último fiasco, se descubrió que en 2013 un académico en Gran Bretaña creó una aplicación de cuestionarios para usuarios de Facebook, al que respondieron 270,000 personas. A su vez, ellos tenían 50 millones de amigos de Facebook. Los datos sobre todas estas personas luego terminaron en Cambridge Analytica. Facebook sabía del problema en 2015, pero no alertó a los usuarios individuales. Aunque nadie sabe cuánto CA benefició a la campaña de Trump.

El episodio se ajusta a un patrón establecido de descuido hacia la privacidad, la tolerancia hacia la inexactitud y la renuencia a admitir errores. A principios de 2017, Zuckerberg desestimó la idea de que las noticias falsas habían influido en las elecciones como “bastante loca”.

Facebook no va a ser prohibido o cerrado, pero las posibilidades de una reacción reguladora están creciendo. Europa está imponiendo castigos, desde impuestos hasta casos antimonopolio. La base de clientes estadounidenses de Facebook se ha estancado desde junio de 2017. Facebook vale US$ 493,000 millones, con solo US$ 14,000 millones de activos físicos. Su valor es intangible y, potencialmente, efímero.

Si Zuckerberg quiere hacer lo correcto por el público y su empresa, debe reconstruir la confianza. Necesita un examen completo e independiente de su enfoque al contenido, la privacidad y los datos, incluido su papel en las elecciones de 2016 y el referéndum del Brexit. Esto debe hacerse público.

Luego, Facebook y otras firmas tecnológicas deben abrirse a personas externas, de manera segura y metódica. Debería crear un ombudsman de la industria, llamémoslo Consejo de Derechos de Datos. Parte de su trabajo sería establecer y hacer cumplir las reglas mediante las cuales los investigadores independientes acreditados miran dentro de las plataformas sin amenazar la privacidad de los usuarios.

Pulgares abajo

La tecnología tiene experiencia en actuar colectivamente para resolver problemas. Los estándares sobre hardware y software, y la denominación de dominios de internet se acordaron conjuntamente. Los rivales de Facebook pueden ser cautelosos, pero si la industria no presenta una solución conjunta, un encorsetamiento del gobierno será inevitable.

Facebook parece pensar que solo necesita modificar su enfoque. De hecho, otras empresas que extraen datos de consumo deben suponer que todo su modelo comercial está en riesgo. A medida que los usuarios se informan mejor, la fórmula mágica de tomar datos sin pagarlos y manipularlos con fines de lucro puede morir. Las empresas pueden necesitar compensar a las personas por sus datos o dejar que paguen por usar plataformas sin anuncios. Los beneficios no vendrán tan fácilmente, pero la alternativa es dura. Si Facebook termina como un servicio público regulado con sus retornos de capital limitado, sus ganancias pueden caer un 80%. ¿Qué le parece, Zuckerberg?

2. El escándalo de Facebook podría cambiar tanto la política como la Internet

Privacidad digital

Incluso usado legítimamente, es una herramienta política poderosa e intrusiva

22 de marzo de 2018
The Economist
Traducido y glosado por Lampadia

“Mi meta nunca fue hacer que Facebook fuera genial. No soy una persona genial”, dijo Mark Zuckerberg, el jefe del gigante de los medios sociales, en 2014. Eso nunca ha sido más cierto. Su compañía ha pasado el último año tropezando con controversias sobre el tráfico de noticias falsas y permitiendo la manipulación rusa de los votantes estadounidenses, con diversos grados de ineptitud.

Incluso los aliados de Facebook lo han eliminado como amigo. En Twitter, Brian Acton, cofundador de la popular app de mensajería WhatsApp (que Facebook compró por $ 22 mil millones en 2014), alentó a las personas a “#DeleteFacebook”.

El escándalo de Cambridge Analytica revela las morosas y porosas políticas de privacidad de Facebook y el enfoque arrogante de la compañía hacia la supervisión. Los datos sobre los usuarios de Facebook fueron obtenidos por Aleksandr Kogan, un investigador de la Universidad de Cambridge, que atrajo a unas 270,000 personas a participar en una encuesta a cambio de una pequeña tarifa. Cuando esos usuarios instalaron la aplicación de encuesta, compartieron detalles sobre ellos mismos y, sin saberlo, sobre sus amigos, en torno a los 50 millones de usuarios de Facebook. Sorprendentemente, antes de 2015, las reglas de Facebook permitían la extracción de conexiones sociales sin el consentimiento de cada usuario.

Lo que sucedió a continuación nunca fue permitido por Facebook. Kogan proporcionó estos datos a Cambridge Analytica, y se alega que los compartió con los clientes, incluida la campaña de Trump. Cambridge Analytica cuenta con el respaldo de Robert Mercer, un donante republicano; Steve Bannon, ex asesor principal de Trump, solía servir como ejecutivo.

Si los informes son creíbles, Cambridge Analytica tiene la costumbre de impulsar los límites éticos y legales para recopilar datos. Se espera que el regulador británico de protección de datos, la Oficina del Comisionado de Información, haga una investigación en las oficinas de Cambridge Analytica.

El escándalo repercute tanto en la política como en Internet. Facebook ha construido un gigantesco negocio de publicidad, con ventas de alrededor de US$ 40 mil millones en 2017, al recopilar información detallada sobre la identidad y el comportamiento de los usuarios en línea y luego vender el acceso. Facebook rastrea a los usuarios no solo en sus servicios, incluyendo su red social del mismo nombre e Instagram (que posee), sino a través de la web. Saber que alguien es dueño de un perro e interesado en comprar una nueva ventaja puede no parecer controversial. “Microtargeting” a alguien con el fin de influir en sus puntos de vista políticos y el comportamiento de votación parece más siniestro.

Las campañas de Barack Obama eran digitalmente sofisticadas y usaban Facebook para llegar a los posibles votantes. Sin embargo, Obama obtuvo el permiso adecuado para obtener datos sobre los amigos de la gente y no microtargeteó a los usuarios a escala industrial, a diferencia de la campaña de Trump. La focalización basada en los datos de Cambridge Analytica puede haber ayudado a Trump a ganar la presidencia, aunque no se puede saber en qué medida.

Las empresas pueden superar escándalos. Rupert Murdoch, un magnate de los medios, sobrevivió a una vorágine en 2011 cuando se informó que un periódico que poseía había pirateado el teléfono de una niña asesinada, Milly Dowler.

La respuesta de Zuckerberg al escándalo ha sido modesta. Mientras los usuarios se alejan, es probable que los políticos de EEUU y Europa le presten más atención a Facebook. Están analizando la conducta de Facebook y pueden proponer nuevas leyes, especialmente en el dominio de la privacidad de datos. Lampadia

El reciente escándalo de Oxfam es un aviso urgente para apreciar las limitaciones de muchas organizaciones benéficas, que por sus ‘fines altruistas’, se asumen poseedoras de la verdad absoluta y, en nombre de ella, pretenden imponer sus ideas de cualquier manera, incluso manipulando y mintiendo.

Muchas de estas ONG, como es el caso de Oxfam, tienen planteamientos ideológicos, de las ideas de las izquierdas que hace rato fueron superadas en sus países de origen, pero pretenden imponer en los países menos desarrollados. Por otro lado, como buena parte de sus soportes financieros vienen de entidades que representan la antítesis de esas ideas, se incrementa, aún más, esa falsa autoridad moral que detentan, que los lleva a caer en esa trampa moral de ‘el fin justifica los medios’.

En esta ocasión el comportamiento de personal de mando de Oxfam en Haití, y los intentos de ocultamiento de sus líderes, ha dejado a Oxfam completamente desnuda. Sus líderes han destruido sus halos morales, al ser acusados de tratar de ocultar el comportamiento de algunos de sus altos funcionarios desplegados en Haití después del devastador terremoto de 2010 que causó la muerte de entre 200,000 y 300,000 personas.

Sus trabajadores humanitarios, incluido el director nacional de Oxfam en ese momento, Roland van Hauwermeiren, fueron acusados de convertir una villa (utilizada por la organización) en un prostíbulo improvisado, con prostitutas que solo usaban polos de Oxfam, intimidar a los conductores que colaboraban con Oxfam a conseguir sexoservidoras y realizar “fiestas sexuales” en las casas donde se hospedaban los trabajadores del grupo.

Ahora, el escándalo sexual que envuelve las operaciones de Oxfam parece haberse extendido a sus tiendas benéficas en el Reino Unido. Una empleada, Helen Evans, dijo a Channel 4 News (del Reino Unido) que en el lapso de un mes su equipo recibió tres denuncias de abuso infantil en sus tiendas de retail. Luego salió también a la luz que había sucedido lo mismo en Chad en 2006 y que el mismo director, Roland van Hauwermeiren, estuvo a cargo de la misión en ambos países.

“Altos funcionarios de Oxfam pagaron por sexo, a los sobrevivientes de Haití”, The Times

Quizás lo más triste es que ésta no sea la única agencia benéfica donde sucede esto. En tan solo unos días, la noticia sobre Oxfam se ha convertido en un escándalo mucho mayor respecto a la explotación por parte de trabajadores humanitarios en muchas partes del mundo y de las organizaciones civiles y de gobierno que los han protegido. En el fin de semana, el Sunday Times de Londres también reportó que otros grupos humanitarios británicos habían hecho auditorías internas que mostraban que más de 120 trabajadores fueron acusados de abuso sexual en un solo año.

¿Qué pasará ahora?

La Secretaria de Desarrollo Internacional, Penny Mordaunt, advirtió que Oxfam podría perder millones de libras en fondos públicos debido al escándalo. Oxfam recibió aproximadamente £ 32 millones (alrededor de US$ 44 millones) del gobierno británico el año pasado, según los registros públicos. En un comunicado, Mordaunt dijo que la organización se disculpó por “el comportamiento espantoso de algunos de sus empleados en Haití en 2011”. Por su lado, la vicepresidenta ejecutiva de Oxfam, Penny Lawrence, renunció admitiendo que está “avergonzada” de que sucediera el escándalo de la prostitución bajo su supervisión.

Estas acciones punitivas no son suficientes. Recordemos quién es Oxfam. Es una de las organizaciones de ayuda más grandes y destacadas del Reino Unido, que opera programas de desarrollo en más de 90 países de todo el mundo. La agencia también ofrece asistencia a personas en todo el mundo después de emergencias y desastres.

Por lo tanto, el poder de Oxfam se basa en su capacidad para recaudar dinero mediante un vínculo de confianza, un vínculo respaldado por la suposición de que su personal está guiado por el altruismo.

Ya en anteriores ocasiones hemos demostrado que Oxfam (y sus aliados ambientalistas en el Perú), no actúan por principios o bajo criterios técnicos. Lo hacen movidos por mera y pura ideología y como asalariados de estas cadres internacionales. Están en contra de nuestro modelo de desarrollo, de las actividades extractivas y del crecimiento, sin conocer el Perú y nuestras particularidades y necesidades.

Lo mismo dijimos en 2016 con respecto a la alarmante noticia de Oxfam que afirmaba que el 1% de la población tenía tanta riqueza como el restante 99%. Nuevamente, buscaban simplemente una manipulación embustera y que desmentimos tajantemente en: La gran farsa de Oxfam sobre la desigualdad. Tiempo antes, en Lampadia hemos venido reportado su mal comportamiento, ver: Oxfam no tiene autoridad moral,  publicado el 25 de julio 2014.

Las ONG globales deben proporcionar liderazgo moral tanto dentro de sus organizaciones, como con la gente que dicen apoyar, deben ser ejemplos y modelos a seguir para los países en los que trabajan. Los políticos británicos y los representantes de Oxfam se han apresurado a disculparse, pero las disculpas no son suficientes. Este evento ha desnudado la verdadera naturaleza de una organización que se autoproclamaba como representante del bien.

Aldo Mariátegui en su columna de opinión afirma que Oxfam “ha quedado absolutamente descalificada”, y que “corresponde a la APCI cancelar su inscripción en nuestro país”. En Lampadia nos sumamos a esa sugerencia. Pero, además, creemos que una organización que ha mantenido ese tipo de comportamientos, durante largo tiempo y en muchos lugares, en ocasiones de terribles tragedias humanas, no debe seguir existiendo. ¡Oxfam debe ser liquidado desde el Reino Unido!   

Muchas ONG internacionales, y agencias de cooperación desarrollan actividades en el Perú, que contradicen la declaración de sus fines, se alían con grupos de presión locales de orientación antisistema, y pretenden defender a los pobres, manteniéndolos en un país sin inversión ni empleo. No sigamos siendo tan complacientes con estos vehículos disfuncionales. Lampadia

Desde que estalló el escándalo del Lava Jato, en Lampadia identificamos la mano de Lula da Silva, el presidente de Brasil, y del Partido de los Trabajadores (PT), como los responsables de haber montado mecanismos de penetración política, en el Perú, aprovechando la ambición de sus empresas constructoras, para corromper a mansalva.

Lamentablemente, el país no ha aquilatado debidamente, la naturaleza política del escándalo del Lava Jato, porque el endiosado Lula, el ‘rey’ de la izquierda latinoamericana, no podía ser señalado como un traidor y un embustero por la prensa peruana, adicta a subsidiar a las izquierdas. Por lo tanto, el bendito escándalo ha terminado siendo reputado como corrupción empresarial, en la que se quiere ahora, meter a tirios y troyanos.

Paralelamente, como nuestra clase dirigente, no política, está ausente del debate nacional, hemos liberado a Lula y su PT, de la ominosa responsabilidad que les toca arrastrar por el resto de su existencia.

Pero, como diría el politiquero de la PUCP-Harvard, Steven Lewinsky, ‘ahora no quedan dudas de la traicionera maniobra de la izquierda brasileña’, organizada para favorecer a sus ‘súbditos’ peruanos; como, los Humala-Heredia, Villarán, et al, y sus agentes recaudadores; así como para comprometer a toda la clase política.

Veamos como la colaboración a Humala-Heredia, candidato en el que no creían, fue ORDENADA por Lula y el PT, según Marcelo Odebrecht:

La traducción oficial del testimonio de Odebrecht en Curitiba

El Comercio accedió a la transcripción oficial del audio del interrogatorio al ex CEO de la constructora realizado en noviembre del 2017 (…)

—Ollanta Humala—

Sobre la entrega de US$3 millones para su campaña electoral.

Fiscal José Domingo Pérez: […] ¿Cuál era la finalidad o qué buscaba posteriormente con el aporte que daba a la campaña?

Marcelo Odebrecht: En el caso del aporte que yo manejé, que fue ese que se hizo a Ollanta Humala, yo, en realidad […] no fue iniciativa mía. Hice eso… a pedido del gobierno de Lula, por mi relación con el gobierno de Lula […], al dar un apoyo político de 3 millones de dólares, al saber que nosotros éramos personas de confianza del gobierno brasileño, eso, de cierto modo, te abre las puertas y permite que uno tenga más acceso a él para influir. (Audio 2 – Páginas 86-87/ Versión web 12-13)

Marcelo Odebrecht: […] En el caso específico de Ollanta Humala, nosotros teníamos más acceso a Ollanta Humala que los empresarios peruanos que vivían en constante lucha con él. (Audio 2 – Página 98/ Versión web 24)

Marcelo Odebrecht: Del monto que yo tenía aquí con el PT [Partido de los Trabajadores]; es decir, ellos me pidieron que lo destine a Ollanta Humala, yo, en esa época incluso comenté que no sabía, en realidad, si era por una cuestión geopolítica; es decir, de Brasil… eh… por similitud política entre el PT y Ollanta Humala, o si era por una cuestión de que existían dos ex integrantes del PT, Garreta y Favre, que apoyaban la campaña de Humala, pero de cualquier manera me pidieron dar esa donación. (Audio 2 – Página 104/ Versión web 30).

No quedan pues dudas sobre la naturaleza de la corrupción brasileña y su origen y destino político. El ‘rey’ de las izquierdas, el forjador del Foro de Sao Paulo, que albergó a todos nuestros proponentes del pos-extractivismo, es el peor corruptor de la izquierda latinoamericana.

Igualmente esclarecedora, es la entrevista de agosto del 2015 a Salomón Lerner, primer ministro de Humala, quien marcó diferencias con el chavismo, para recalar en la esfera de Lula y el PT.

Entrevista de El Comercio a Salomón Lerner Ghitis
El Comercio
Sebastián Ortiz Martínez
27.08.2015

“Al gobierno de Maduro le falta tolerancia frente a oposición”

Así lo afirmó el ex primer ministro Salomón Lerner Ghitis, quien dijo que no permitirá veto de Arana y Mendoza a Simon

Salomón Lerner Ghitis, ex primer ministro y ex financista del Partido Nacionalista, afirmó que si bien la primera dama, Nadine Heredia, cumplió un destacado rol en la promoción de la política social del Gobierno de Ollanta Humala, hizo mal “en entrometerse en otras tareas del Estado”. También analizó el futuro de una izquierda fragmentada de cara a las elecciones del 2016.

(…)

¿Quién trajo a Luis Favre al Perú? ¿Usted hizo las gestiones para que se concrete esa asesoría?

El señor Favre fue una propuesta hecha por el Partido de los Trabajadores [de Lula y Dilma Rousseff] dentro de una terna que vino a Perú. (…).

¿Exactamente quién del Partido de los Trabajadores les propuso a Favre? ¿Fue José Dirceu?

No, no hemos tenido relación con Dirceu. Nosotros teníamos relaciones con la oficina de Relaciones Exteriores del PT. Teníamos una relación con Walter Pomar y también con Marco Aurélio García, quien hasta ahora asesora a la Presidencia brasileña en política internacional. 

¿Por qué el PT estaría interesado en ayudar al Partido Nacionalistas con Favre?
Los partidos de América Latina de la izquierda progresista, que son entre 90 y 100, trabajan en forma conjunta en el Foro de Sao Paulo. El PT es parte de ese foro, donde también estuvo el Partido Nacionalista. Entonces, ahí se tiene la posibilidad de conseguir los perfiles de los asesores de los grupos de izquierda progresista de la región. [¿Y la plata?]

Ahora, el ‘rey’ Lula ha sido condenado por corrupción a 12 años de cárcel. Esperemos que nunca retome el poder en Brasil. Ya es hora que las izquierdas dejen “el fin justifica los medios” del estalinismo.

Aprendamos a señalar las cosas como son. No dejemos que los ‘relatos’ (especialidad del régimen cubano), difundan más pos-verdades, para corromper las mentes de nuestros ciudadanos. Lampadia

Después de un gobierno muy mediocre (2011 – 2016), que nos llevó a un menor estadío de crecimiento, desde el segundo semestre del año pasado el Perú se ha ido paralizando paulatina y sostenidamente. Veamos:

La paralización de los proyectos mineros

Empezó con el nombramiento de Rolando Luque en la PCM, como encargado de los conflictos sociales, con lo cual, para un analista medianamente avispado y para los inversionistas, siempre inquietos con el clima de inversión, quedaba claro que el gobierno estaba optando por un enfoque de resistencia y cruce de dedos para convivir con los conflictos anti-mineros. En otras palabras, el país se quedaría sin recibir una buena explicación de parte de sus nuevos líderes sobre la naturaleza de los conflictos y la necesidad de enfrentarlos ideas claras, acciones efectivas de desarrollo y, cuando corresponda, el peso de la ley.

El resultado es que hasta ahora no se mueve ningún proyecto, varios han sido atacados vilmente (las zanjas del ingreso a las Bambas se quedaron abiertas durante seis meses).

Algo aún peor, la mejor idea del gobierno para enfrentar los conflictos, el ‘adelanto social’, fue malograda por el propio gobierno (Ministro de Energía y Minas) al apurar desembolsos y ofrecimientos sin concordancia con el desarrollo de los proyectos mineros. La idea era que el Estado pudiera acompañar la inversión de los proyectos mineros con inversiones paralelas en programas de impacto social para las poblaciones cercanas a los proyectos, ya sea en infraestructuras sociales o programas productivos.

Para ello, una vez definida la viabilidad de un proyecto, tanto económica, ambiental como socialmente, e iniciada la inversión, el Estado podría crear un fideicomiso para financiar el ‘adelanto social’, por un monto que representara una fracción importante del estimado del valor presente del canon que generaría el proyecto, digamos el 30%. Gran concepto. Pero el gobierno empezó a entregar dinero en Cajamarca sin ninguna relación con una inversión específica en nombre del ‘adelanto social’, y peor aún, hasta ahora no ha podido definir la naturaleza del mismo, como lo hemos definido nosotros líneas arriba. Así, el gobierno está desperdiciando la oportunidad de crear un importante incentivo para que el proceso de evaluación de los proyectos mineros, se hagan con mayor objetividad, contrarrestando las interferencias políticas y disminuyendo la posibilidad de arriesgar todo, tanto el futuro de la inversión privada en el proyecto, como pública en el ‘adelanto social’, pues ambas correrían la misma suerte, o se dan en conjunto, o ambas se frustran.

La paralización de la demanda interna

No terminado aún el año 2016, el Ministro de Economía y Finanzas paralizó el crecimiento de la demanda interna, al cortar el gasto público y dar una pésima señal al sector privado. El resultado fue una caída pronunciada de las fuerzas internas de la economía, la devaluación de las esperanzas en el nuevo gobierno y un impacto negativo adicional en el crecimiento de la economía.

La paralización de las inversiones en los proyectos de infraestructuras

La lucha contra la ‘tramitología’ era una de las más populares e importantes ofertas de gobierno. Se daba por hecho que sería una de las prioridades del gobierno (a pesar de no poder ejecutar la ‘ley del ocaso’’, planteada por Fuerza popular). Lamentablemente, los avances en desregulación fueron muy tímidos e inefectivos, con la excepción de los desarrollados en el Ministerio de la Producción. El ministro que tenía más responsabilidades y retos en este tema era el de Transporte y Comunicaciones, Martín Vizcarra, quién ni siquiera pudo destrabar el proyecto de la Línea 2 del Metro. Por su lado, el Ministro de Economía, Alfredo Thorne, declaró que “Efectivamente, durante la campaña nosotros quizás fuimos optimistas y dijimos que íbamos a destrabar gran parte de estos proyectos, pero estos 18 mil millones de dólares que nosotros nos propusimos destrabar la verdad, con toda sinceridad, están muy trabados”.

La paralización por el escándalo de Odebrecht

Ya hemos explicado que el desastre del destape de corrupción que nos abruma, fue diseñado por el ‘padrino’ de todas las izquierdas latinoamericanas, el socio de Fidel Castro en el Foro de Sao Paulo, Lula da Silva, dueño del Partido de los Trabajadores (PT) y sus brazos empresariales, las constructoras brasileñas, con las que pretendía penetrar política y económicamente toda la región. (Ver en Lampadia: La peor Red de corrupción latinoamericana).

Lamentablemente, cuando estalló el escándalo, el gobierno no pudo establecer una estrategia clara para enfrentarlo y dejó que poco a poco, se fueran generando diversas reacciones, tanto en la opinión pública, como en los medios de comunicación, los funcionarios públicos, el sistema financiero y el Estado.

Empecemos por el Estado. El vacío de dirección permitió que las entidades vinculadas a la justicia y administración del Estado, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la Contraloría, los Procuradores (autónomos) y la Sunat; desarrollaran acciones descoordinadas e inspiradas en su buen entender y también, en algunos casos, por razones de lucimiento político. Ésta cadena de acciones creó un verdadero caos y desorientación, exacerbando las reacciones de los medios y la opinión pública, con lo cual se generó un proceso de retroalimentación de más acciones ‘punitivas’ y una imparable cacería de brujas.

Lógicamente, todo esto propició la parálisis de las empresas y proyectos de inversión vinculados a los brazos empresariales de Lula (Odebrecht), arrastrando en el mismo proceso a los trabajadores, proveedores, contratistas y socios locales. Además, los funcionarios públicos de varios ministerios asumieron la actitud de no firmar ningún documento que pudiera vincularlos con la cacería de brujas. Los bancos empezaron a alterar sus flujos crediticios, en un ambiente en el que el crédito ya venía ralentizándose. Así, se empezaron a acumular cuentas impagas de planillas, proveedores y contratistas, corriendo el terrible riesgo del corte de la cadena de pagos.

En Lampadia, el 19 de enero, 2017 (A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente), aconsejamos oportunamente, que el Estado ‘interviniera’ las empresas y proyectos manejados por los brazos empresariales de Lula. Esto hubiera dado una imagen de fuerza y liderazgo al gobierno y, mediante la presencia de cada interventor en las empresas y proyectos, se podría haber evitado la salida de caja hacia los accionistas brasileños. Pero además, se hubiera marcado la línea de acción del Estado, dando tiempo a la Fiscalía y al Poder Judicial, para hacer las necesarias investigaciones sin interferir en la vida de las empresas y proyectos, debidamente cautelados por los interventores.

El vacío de liderazgo ha ido multiplicando los impactos del escándalo y se ha llegado hasta afectar a las empresas peruanas que tenían asociaciones con Odebrecht, sin separar las eventuales responsabilidades delictivas de algunos de sus dirigentes, de la suerte de las empresas, llenas de miles de trabajadores muy eficientes y honestos, que no tienen ninguna vinculación con procederes inadecuados. El caso más notorio es el de Graña y Montero (GyM), pero también están en el mismo predicamento, otras importantes empresas peruanas.

GyM inclusive ha cambiado su directorio para separar las eventuales responsabilidades personales de sus anteriores dirigentes de la suerte de la empresa. Y ahora que el Perú tiene que enfrentar de la mejor manera posible la ‘reconstrucción con cambios’, se pretende evitar que estas empresas puedan participar en las obras. El primero en caer en el error de apreciación fue el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. El Primer Ministro tuvo que aclarar que la ley no impedía contratar a esas empresas. Pero más tarde, una procuradora Katherine Ampuero, y el nuevo director del programa de reconstrucción, Pablo de la Flor, insistieron en excluir a las mismas empresas. Finalmente, el Primer Ministro, Fernando Zavala, se ha visto en la necesidad de invocar a estas empresas que se inhiban de participar en la reconstrucción, por decisión propia, ya que la ley no lo impide.

Para esto, en el Congreso de la República, corre un Proyecto de Ley (1410-2017), que modificaría al Decreto de Urgencia (DU 003-2017), para que las personas jurídicas, empresas, que tengan alguna vinculación con aquellas directamente vinculadas en actos de corrupción (llámese Odebrecht), sean excluidas de toda futura relación con el Estado.

Veamos qué implica esto:

• Dejar sin operar a una buena parte de las empresas constructoras peruanas, pues con la inversión privada paralizada y la inversión pública paralizada, excepto por lo que se vaya a desarrollar en relación a la ‘reconstrucción con cambios’ (RCC), no tendrían trabajo.
• Se aduce, por ejemplo, que el portafolio de GyM, tiene menos del 10% de contratos con el Estado, pero marginalmente, a partir de ahora, sin inversión privada en el país, la RCC podría ser su mayor, y tal vez única, ocupación.
• Castigar a trabajadores peruanos que se quedarían sin trabajo
• Se castigaría indirectamente a otras múltiples empresas y a sus trabajadores en varios sectores de la economía, llegando seguramente a afectar más de un millón de empleos
• Se agravaría sustancialmente el riesgo del ‘corte de la cadena de pagos, un riesgo que no podemos correr, pues nos llevaría a una larga recesión
• Se debilitaría aún más el crecimiento de la economía
• Se dejaría sin operar a buena parte de las mejores empresas constructoras del país, cuando más se les necesita
• Abriríamos las puertas a aventureros de cualquier lugar, que el país se vería obligado a contratar para la RCC, pues no se tendría otra alternativa

El Perú no puede seguir a la deriva. El gobierno central, el ejecutivo, tiene que marcar la pauta y el Congreso debe dejar de apurar normas precipitadas. Está claro que el estilo de gobierno del Presidente de la República es muy democrático y deja que las distintas fuerzas políticas, incluso en su propio entorno, vayan balanceándose y compensándose hasta llegar a eventuales planos de acción o inacción común. Pero, en un momento como el actual, que a pesar de su gravedad, no se hace evidente a todos. Por lo tanto, es indispensable que el Primer Ministro, Fernando Zavala, ejerza un liderazgo firme, ilustrado e inspirador.

Le toca a Zavala tocar las campanas a rebato, parar las contradicciones internas del equipo de gobierno y convocar a un diálogo serio a Fuerza Popular. La suerte de los peruanos llama a sus mejores hombres a estar a la altura de las circunstancias. Lampadia

Tiempos de escándalo, tiempos de irritación e indignación, los mejores momentos para identificar y corregir a las instituciones con coladeras, por las que se filtra la corrupción.

Lamentablemente, en el Perú, la gran mayoría de nuestras instituciones publicas, no responden a los siguientes principios:

Las democracias modernas se basan en el balance de poderes.
La buena justicia ofrece el derecho a la doble instancia.
La distribución del poder debe reflejar la representación popular.
La rendición de cuentas es indispensable para el autocontrol y el control.
En democracia nadie debe tener poder discrecional absoluto. 

Estamos hablando de los municipios y gubernaturas regionales, más de 1,800 instituciones, las más cercanas a la población, que adolecen de fallas estructurales.

“En arca abierta, el justo peca”, reza un antiguo proverbio. En alcaldías y gobiernos regionales están dadas las condiciones para que alcaldes y gobernadores abusen del poder y/o lo usen en provecho propio.

Veamos sino al extremo de corrupción que se llegó en una institución asentada en Suiza, que no rendía cuentas a nadie y tenía poderes discrecionales absolutos. 

En el Perú, los gobiernos locales y regionales, son arcas abiertas en las que los alcaldes y gobernadores gozan de un poder sin contrapesos, tienen capacidad discrecional absoluta, sus decisiones no están sujetas a una  segunda instancia y no rindes cuentas de su gestión. Pero aún, dizque que para darles capacidad de gobierno, se estableció que los alcaldes que ganen las elecciones, así lo hagan con minorías poco representativas, debían tener la mayoría de regidores.

En esencia, estos funcionarios públicos se constituyen en pequeños dictadores de sus comarcas, donde pueden hacer, literalmente, lo que les de la gana, incluso gobernar en contra de los intereses y opiniones de sus electores, y por supuesto, con todas las facilidades para instalar o caer en las garras de la corrupción. No hace falta dar ejemplos de abuso de autoridades, decisiones caprichosas, o de actos de corrupción; todos los ciudadanos conocemos mil ejemplos.

Corregir todo esto no es fácil. Implica una reforma profunda. Por ejemplo, para establecer la segunda instancia sobre las decisiones de los alcaldes distritales, seguramente habría que pensar en los alcaldes provinciales. En el caso de los alcaldes provinciales, ¿tendríamos que pensar en los gobernadores regionales? Y en el caso de estos, ¿quién podría hacerlo?

Para corregir el control de un municipio por parte de una minoría, dado el hecho de que el alcalde tenga la mayor votación, incluso si es minoritaria, ¿habría que tener un cuerpo de regidores mixto? ¿Una mayoría de regidores elegidos por voto popular, con cifra repartidora, complementados por regidores que representen a la sociedad civil, desde los gremios, la academia, autoridades o ciudadanos eméritos?

Mucho en que pensar. Mucho que debatir. Pero lo que no podemos hacer es mantener espacios de poder donde se ejerza la autoridad sin balances, límites, instancias superiores y capacidad discrecional absoluta. No podemos tener espacios de gobierno donde incluso los mejores ciudadanos terminen malográndose.

La democracia se construye desde abajo, y los municipios y gubernaturas son la base del desarrollo de la vida cívica del país. Debemos tener diseños institucionales de mucha mejor calidad. ¿Ponemos estos temas en las agendas de reformas? Lampadia

Se dice que Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, y lo que nació en Brasil es sin dudas un escándalo fuera de toda proporción. Ahora, por supuesto, no se pueden evitar las reverberaciones del escándalo. Sin embargo, en vez de dedicarnos, como la generalidad en la media, a tirar más piedras en un ajusticiamiento descontrolado, queremos hacernos algunas preguntas. ¿Cómo nació semejante cosa? ¿Cuándo nació? ¿Qué condiciones se dieron en Brasil para que se llegara a estos extremos?

Según el decir popular en el mundo empresarial peruano, siempre se decía que Brasil era un país donde había que cuidarse de la corrupción, incluyendo en los cuidados a su sector privado. Pero nunca, a lo largo de muchas décadas se dio algo parecido a lo que ahora ha salido a la luz.

Ampliando la perspectiva de análisis, debemos afirmar que en los países en desarrollo, como se les llamaba hasta hace pocos años, los Estados tenían un papel determinante en las inversiones en infraestructuras y hasta productivas, pues los sectores privados eran muy pequeños. Recordemos las críticas a los grandes programas de financiamiento de grandes proyectos de inversión por parte del Banco Mundial en los países más pobres, donde se señalaba la ineficiencia de los proyectos, incluyendo niveles importantes de corrupción.

Otro hecho significativo de la praxis de gobierno de los países en desarrollo, es el hecho de que, hasta solo pocos años atrás, las autoridades fiscales de Alemania permitían que la empresas alemanas, descontaran como gastos tributarios, las coimas que dichas empresas pagaban en los países subdesarrollados.

En resumen, debemos concluir que la corrupción, dentro de ciertos límites, estaba presente en los países en que sus estados tenían roles determinantes en la economía. Eso nos lleva a pensar, que cuando se forman las grandes empresas constructoras brasileñas, como Odebrecht (1944), o cuando llegan al Perú, en 1979, eran empresas cuyas prácticas incluían un uso limitado de coimas, igual al imperante, digamos en el hemisferio sur.

Odebrecht inició sus operaciones en Perú el año 1979 con la construcción de la central hidroeléctrica de Charcani V en Arequipa, durante la dictadura militar. El proyecto, construído dentro del volcán Misti, abasteció de electricidad a Arequipa, Moquegua y Tacna hasta el año 2000 y, dio origen al descubrimiento del ya famosos Valle del Colca. Al finalizar el proyecto, Odebrecht editó un libro muy significativo, llamado Arequipa. Algo que repitió algunos años más tarde en Trujillo, por el proyecto de Chavimochic. 

Fuente:  documentslide.com

Fuente:  www.odebrecht.com.pe

Hasta entonces y durante varios años más, nada hacía sospechar de la existencia de los esquemas de corrupción dantescos que hoy caracterizan la historia de las empresas constructoras brasileñas, de la cuales Odebrecht es el caso más conocido y escandaloso.

¿Qué pasó en Brasil, para que se desarrolle semejante esquema?

A nuestro parecer, a principios del siglo XXI se habría formado ‘el triángulo del mal’. La alianza corrupta entre Petrobras, Odebrecht et al y el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Una alianza que nació durante el súper ciclo de crecimiento global, con el aumento desmedido del precio del petróleo. Petrobras fue capturado por el PT, Dilma Rousseff tomó la presidencia de la empresa, que se convirtió en la fuente de fondos del PT y del resto de los políticos brasileños, según las denuncias judiciales en curso. Pero, en paralelo, el crecimiento de las empresas constructoras brasileñas, dentro y fuera de Brasil, habría sido ideal para acrecentar el alcance de los esquemas de corrupción.

Por lo tanto, se puede afirmar que la gran ola de corrupción liderada por las empresas constructoras brasileñas, tomó vuelo de la mano de Lula da Silva y Dilma Rousseff, ‘Padrino’ y ‘Madrina’ de casi todas las izquierdas latinoamericanas, incluyendo, por supuesto, las peruanas.

Después de todo esto, no nos imaginamos cómo podrán seguir operando estas empresas en algún lugar del mundo. ¿Quién las va a contratar, en el sector público o privado?  Nuestra presunción es que eventualmente serán liquidadas, algo que sería un buen mensaje para la generación de empresarios jóvenes.

Esperamos que este artículo le de una mejor perspectiva de análisis al tremendo caso de corrupción que nos ocupará durante muchos meses, pero que debemos enfrentar con calma y sensatez. Lampadia

El día de ayer, la Cámara de Diputados de Brasil votó para iniciar el proceso de destitución de la actual presidenta, Dilma Rousseff, por acusaciones de manipulación de las cuentas del gobierno, en un clima de rechazo popular masivo contra el gobierno, cuyos máximos líderes están implicados en niveles de corrupción de escándalo.

El proceso ahora pasará al Senado, que deberá primero aceptarlo por mayoría simple para dar paso al eventual juicio de destitución bajo la conducción del Presidente del Tribunal Supremo Federal. El voto final tendrá que contar con dos tercios de los senadores.

Este proceso tiene el respaldo del pedido de justicia de los millones de brasileños por las acusaciones de corrupción y sobre todo por el gran descontento y decepción con la peor crisis económicas desde 1930. Como hemos comentado anteriormente, los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), del endiosado Lula, han echado por la borda la mejor oportunidad histórica de Brasil para consolidarse como un país desarrollado. Hoy, está profundamente enfrentado y dividido, y podría terminar con el gobierno de izquierda que se veía dominando por mucho tiempo.

Decenas de miles de manifestantes a favor y en contra de la acusación se reunieron en la capital Brasilia y otras ciudades importantes para ver la transmisión en vivo por la televisión nacional de la dramática votación que hicieron, a viva voz, los más de 500 diputados de la cámara baja.

Los 513 legisladores votaron uno por uno, todos ellos tuvieron 30 segundos para hablar antes de emitir su voto. Al final, 367 diputados votaron a favor del impeachment, superando el mínimo legal de 342.

Líneas abajo mostramos un gráfico que explica el largo y tedioso proceso de juicio político:

El caso del juicio político contra la presidenta Dilma se centra alrededor de la contabilidad creativa, en la que el gobierno federal ha retrasado los pagos a los bancos estatales con el fin de hacer que el déficit presupuestario se viera más pequeño de lo que realmente era. Las  revelaciones de corrupción generalizada bajo el gobierno del PT, como las acusaciones de haber usado dineros negros para su campaña de reelección, debilitan su posición en los procesos políticos.

Desde su reelección, la presidenta Dilma Rousseff no ha tenido muchos motivos para sonreír. Todo lo contrario. Y no nos referimos solo al pésimo rumbo de la economía brasileña (con una inflación por encima de lo previsto y en recesión por segundo año seguido), ni porque la caída del precio del petróleo amenaza con golpear aún más al país. Sus preocupaciones se centran en el llamado caso del “Lava Jato” (algo así como lavado de auto, o lavado a chorro) o “Petrolao”. El inmenso escándalo de corrupción destapado en Petrobras, considerado el mayor en la historia de Brasil, por la cantidad y calidad de los funcionarios públicos y privados comprometidos, así como los montos en cuestión. (Ver en Lampadia: El escándalo en Petrobras pone contra las cuerdas a Rousseff).

Estos escándalos implican a políticos, empresarios, senadores, diputados, gobernadores y altos funcionarios. De acuerdo a la revista Veja (la más seria del país), tanto Dilma Rousseff como Lula Da Silva estaban al tanto de los hechos. Una situación complicada, pues Rousseff ha sido presidenta de Petrobras antes de llegar al gobierno.

Lula viene del noreste brasileño, donde la política ha estado siempre dominada por caciques regionales que adoptaron una serie de acciones de corrupción para controlar y mantener el poder. De alguna manera se puede decir que Lula llevó las prácticas corruptas de sus socios políticos del noreste brasileño al gobierno central, donde entronizó la cooptación de críticos y opositores, y habría participado en el montaje de los circuitos de corrupción de Petrobras y los más grandes grupos empresariales brasileños del sector de la construcción.  

La reelegida presidenta de Brasil (por un pequeñísimo margen), ha negado constantemente haber tenido conocimiento del esquema de corrupción, pero su imagen ya ha sido fuertemente deteriorada. De acuerdo con un sondeo de Datafolha (en portugués), publicado el 11 de abril, el 63% de los encuestados en todo el país afirman que su gobierno era “malo o terrible”, con sólo el 13% diciendo que era “bueno o excelente”. Los expertos dicen que esto refleja la profunda recesión y la de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Además, la breve detención por la policía de su mentor y predecesor en el cargo, Luiz Inácio Lula da Silva, y su nombramiento como ministro para brindarle cierta protección legal (bajo la ley brasileña, los miembros del gabinete sólo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo, no por un juez federal), habría herido aún más la imagen de la presidenta.

El ex presidente Lula, que gobernó el país durante ocho años y lo llevó hacia el proteccionismo y el asistencialismo, cooptando a sus opositores y promoviendo altísimos niveles de corrupción gubernamental, fue detenido brevemente el 4 de marzo, como parte de la operación de Lava Jato. Fue interrogado por acusaciones de haber recibido “beneficios ilícitos” del esquema de sobornos de Petrobras. Los fiscales presentaron cargos de lavado de dinero en contra suya. Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

Con estos escándalos políticos, no es sorprendente que la economía de Brasil esté pasando por su peor recesión en décadas después de una caída de los precios de las materias primas, como el petróleo, hierro y la soja. En 2015, la economía se contrajo un 3.8%, la inflación alcanzó el 10.7% a finales del año pasado y el desempleo aumentó a 9% , que podría aumentar a dos dígitos en los próximos meses.

Pero en dónde se manifiesta el fracaso del modelo implantado por Lula y seguido por Rousseff es en el precio del dólar. La moneda de Brasil, que perdió un tercio de su valor frente al dólar en 2015 ha recuperado algo de terreno por la inminente retirada de Rousseff.

Cabe recordar que en una visita de Lula al Perú, durante el segundo gobierno de García, el entonces presidente brasileño retó al peruano, declarando que era mejor distribuir que crecer. Lula presentó cifras para alardear de su supuesto éxito. En Lampadia no nos convencieron ni nos dejamos ilusionar por el asistencialismo y voluntarismo de Lula. Entonces comparamos sus cifras con las peruanas en Luces y sombras de la visita de Lula al Perú y mostramos que la performance del Perú era muy superior. Posteriormente, Brasil empezó a deteriorarse, y hoy tiene aún mucho peores indicadores. No cabe duda que el Perú también ha tenido un “traspié” al ningunear la importancia de la minería, pero Brasil ha llevado su modelo asistencialista y el crecimiento del Estado a límites insostenibles.

¿Cómo queda Brasil en todo esto? El juicio político en el Senado probablemente cause un gran caos institucional. Para la presidenta Dilma, la destitución sería el final de su carrera política. Para el vicepresidente Michel Temer, y la economía del país, podría dar lugar a un gobierno con un alto grado de incertidumbre y dificultad.

Por desgracia, esta incertidumbre política está dividiendo a Brasil. Parte del país (probablemente una minoría) continúa apoyando Rousseff (y a su predecesor, el ex presidente Lula) y gritan que el juicio político es un golpe de Estado. La mayoría de la población, sin embargo, está absolutamente cansada de vivir durante casi 15 años bajo el liderazgo del Partido de los Trabajadores y están desesperados por un cambio.

Se viene una gran lucha contra la corrupción, la cual no se acabará con la destitución de Rousseff, y la movilización popular será fundamental para que no pierda impulso. Ver en Lampadia: ¡Fora Dilma!

Esperamos que Brasil pueda acortar el tiempo de la eventual transición a un nuevo gobierno elegido por el pueblo que pueda recuperar la confianza de los brasileños en el futuro. Lampadia

Varios millones de brasileños marchan casi todos los días exigiendo la renuncia o destitución de su presidenta, Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores (PT) del, ahora devaluado semi Dios, Lula da Silva.

En los últimos 20 años Brasil ha vivido por un proceso dramático. Primero, bajo la conducción de Fernando Henrique Cardoso, adoptó políticas económicas ortodoxas y recuperó la posibilidad de optar por el desarrollo sostenido. Luego de Cardoso, que deja el gobierno el 2002, entra el PT con Lula y se encuentra con una economía bien ajustada y con los impactos positivos del súper ciclo de crecimiento de principios del nuevo siglo. Efectivamente Lula, a pesar de su aislacionismo comercial, en una época de integración, puede gozar de un importante crecimiento y capacidades fiscales que le permiten reducir la pobreza de manera importante, mediante programas masivos de apoyo social.

Lamentablemente, el PT con Lula y Dilma, se enrosca en políticas aislacionistas y proteccionistas, promueve el mercantilismo del sector empresarial, coopta las disidencias con recursos fiscales, multiplica y profundiza los programas asistencialistas y se zambulle en niveles de corrupción desbordados. A pesar de todo esto, Brasil se convierte en una estrella del Olimpo y despega como parte de los BRIC hacia un desarrollo ‘imparable’.

Pero cuando se acabaron las condiciones externas que permitían tener los hornos produciendo energía a todo vapor, perseveran en el error, y viene el colapso paulatino e imparable hacia la peor crisis desde 1930. Brasil pierde así, de la mano de su muy soberbia izquierda, su gran oportunidad de desarrollo. Hoy es solo un recuerdo, una frustración y una crisis que no termina de tocar fondo, que por supuesto, se agrava por la pérdida de confianza generalizada y los destapes de corrupción en lo más alto del mundo político y empresarial.

Al mismo tiempo, surge la acción de un sistema judicial que, dadas las condiciones suficientes, se avoca a perseguir la corrupción en lo más alto del establishmnet político y empresarial del país. Un proceso encomiable, que habrá que estudiar más adelante, que pone como protagonistas de la sociedad, a un grupo de jóvenes jueces que podrían sentar las bases para el nacimiento de un nuevo Brasil, más humilde, menos corrupto y más realista.

Pero para que todo esto se asiente debidamente, así como se han encarcelado a las cúpulas empresariales corruptas, es necesario cortar de raíz las estructuras políticas incapaces y corruptas, empezando por la propia presidenta de la República, Dilma Rousseff, como lo plantea la muy seria publicación internacional, The Economist, ojalá mediante la renuncia y no a través de procesos políticos complejos de expulsión. Veamos algunas líneas argumentales de The Economist al respecto:

La crisis política de Brasil: hora de irse

La empañada presidenta debería renunciar ahora

26 de marzo, el 2016

The Economist

Traducido y glosado por Lampadia

Las dificultades de Dilma Rousseff se vienen agravando durante meses. El masivo escándalo que rodea a Petrobras, implica a varias de las personas más cercanas a ella. La economía de Brasil sufre su peor recesión desde la década de 1930, en gran parte debido a los errores de su primer mandato. Su debilidad política ha hecho que el gobierno sea casi impotente frente al aumento del desempleo y la caída de los niveles de vida. Sus índices de aprobación son apenas de dos dígitos y millones de brasileños han salido a las calles para cantar “¡Fora Dilma!” (“Fuera Dilma)”.

Ahora ha perdido todos los vestigios de credibilidad, pues el 16 de marzo pasado, Rousseff tomó la ‘extraordinaria’ decisión de nombrar a su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, como su jefe de gabinete. Ella interpretó esto como una movida astuta. Lula, se pensó, es un operador político sagaz que podía ayudar al presidente a sobrevivir el intento del Congreso para destituirla y tal vez incluso, estabilizar la economía. Sin embargo, sólo unos días antes, Lula había sido detenido brevemente para ser interrogado por orden de Sergio Moro, el juez federal a cargo de la investigación de Petrobras (Lava Jato), por sospechas de que el ex mandatario se habría beneficiado del esquema de sobornos. Los fiscales en el estado de Sao Paulo acusaron a Lula de ocultar su condición de propietario de un condominio frente a la playa. Él niega estos cargos. Al adquirir el rango de ministro del gobierno, Lula tendría inmunidad parcial: sólo el Tribunal Supremo del país [afín al gobierno] podría continuar la investigación. Sin embargo, otro juez suspendió cautelarmente el nombramiento de ministro.

[The Economist] ha sostenido durante mucho tiempo que, o bien el sistema judicial o los votantes, no los políticos que están tratando de impugnarla, deben decidir el destino del presidente. Pero la contratación de Lula parece un intento burdo de frustrar la acción de la justicia, incluso si eso no era su intención, sería su efecto. Este fue el momento en que el presidente optó por los estrechos intereses de su tribu política sobre el estado de derecho. Por lo tanto, ella se ha presentado a sí misma incapaz de continuar  en la presidencia.

Es muy importante cómo sale de Planalto. Las democracias representativas no deben regirse por las protestas y los sondeos de opinión.

Hay tres maneras de eliminar Rousseff que descansan sobre bases más legítimas. La forma más rápida y mejor para que Rousseff salga de Planalto sería que renuncie antes de ser destituida.

Su partida ofrecería al Brasil la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero la renuncia del presidente no resolvería por sí misma los problemas de Brasil.

Sacar a Brasil de su desastre, requiere un cambio mayor: el control del gasto público, en particular sobre las pensiones; revisar las leyes fiscales y laborales que destruyen el crecimiento; y la reforma de un sistema político que fomenta la corrupción y debilita a los partidos políticos.

Esto ya no se puede aplazar. Aquellos que cantan “¡Fora Dilma!” en las calles reclamarán la victoria si se le expulsa. Sin embargo, para la victoria del propio Brasil, esto sería sólo el primer paso. Lampadia

La renuncia de Patrick Moore, fundador de Greenpeace, ha conmovido la opinión pública internacional. En su renuncia, que compartimos (en video y transcripción) más abajo apreciamos como hasta las más nobles de las causas puede ser corrompidas por agendas políticas, manipulando información por medio del sensacionalismo y la desinformación.

Por ejemplo, en el caso del Perú, recordemos cómo a fines del año pasado Greenpeace, asociación ambientalista internacional, cometió un grave delito contra uno de los patrimonios de la humanidad: nuestras Líneas de Nazca. Invadieron la reserva cultural y arqueológica para perpetrar un show mediático que no está a la altura de una supuesta ejemplificadora institución internacional.

El Gobierno de Perú inició acciones legales contra la organización ambientalista Greenpeace por los daños causados. También fue denunciado el argentino Rodrigo Miguel Abad, fotógrafo de The Associated Press, por quien la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al poder judicial peruano que reconsidere la acusación penal ya que se encontraba en el lugar realizando su actividad laboral y que “las limitaciones al libre ejercicio profesional y la movilización de los periodistas se oponen a la libertad de prensa”. En Lampadia hemos rechazado este abusivo pedido, ver: Associated Press (AP) pretende exculparse de atentado de Greenpeace.

Lo más lamentable es que una institución de gran renombre como Greenpeace se vea envuelta en un escándalo como este, que realizó con alevosía e irresponsabilidad. Este es un claro ejemplo de cómo la corrupción se infiltra en todas partes para manipular sus agendas políticas. Lampadia

Ver video:

Transcripción del video:

Por qué me fui de Greenpeace:

Patrick Moore, fundador de Greenpeace

En 1971, ayudé a fundar un grupo ambientalista en el sótano de la Iglesia Unitaria en Vancouver Canadá. Quince años más tarde, se había convertido en una potencia internacional. Llegábamos a los titulares todos los meses. Me volví famoso y salí inmediatamente por la puerta. La misión, una vez noble, se había corrompido. Las agendas políticas y el alarmismo vencieron a la ciencia y la verdad.

Así es cómo sucedió:

Cuando estaba estudiando para mi doctorado en ecología en la Universidad de British Columbia, me uní a un pequeño grupo de activistas llamado “Don’t Make a Wave Committee” (Comité: No hagas olas). Estábamos en el apogeo de la Guerra Fría y en medio de la guerra de Vietnam. Me radicalicé por estas realidades y por la emergente conciencia sobre el medio ambiente. La misión de la “Don’t Make a Wave Committee” era lanzar una campaña en alta mar en contra de las pruebas de bombas de hidrógeno en Alaska, un símbolo de nuestra oposición a la guerra nuclear. Durante una de nuestras primeras reuniones, alguien dijo “paz”. Una respuesta fue: “¿por qué no la hacemos una paz verde?” y nació un nuevo movimiento. Green (o verde, en español) fue por el medio ambiente y también para el pueblo. Nombramos a nuestro barco “The Greenpeace” y me uní a la tripulación de 12 personas para un viaje de protesta. No pudimos detener esa prueba de la bomba de hidrógeno, pero fue la última que los EEUU detonaron. Tuvimos una gran victoria.

En 1975, Greenpeace dio un gran giro lejos de nuestros esfuerzos anti-nucleares y se dispuso a salvar a las ballenas, navegando en alta mar para hacer frente a los balleneros rusos y japoneses. Las imágenes que mostramos, jóvenes manifestantes situados entre los arpones y las ballenas que huían, fueron publicadas en la televisión de todo el mundo. Las donaciones públicas llegaban a chorros.

A principios de los años 80 ya estaban haciendo campañas en contra de los desechos tóxicos, la contaminación del aire, las competencias de cacería y la captura de orcas vivas. Pero empecé a sentirme incómodo con el curso que estaban tomando mis colegas directores.

Terminé siendo el único de los seis directores internacionales con un estudio formal en ciencias. Ahora estábamos abordando temas que involucraban asuntos complejos de toxicología, química y salud humana. No necesitas un doctorado en biología marina para saber que debemos salvar a las ballenas de la extinción. Pero cuando se analiza qué productos químicos deben ser prohibidos, se necesita saber algo de ciencia. Y la primera lección de la ecología es que todos estamos interconectados.

Los seres humanos son parte de la naturaleza, no ajenos a ella. Muchas otras especies, agentes patógenos y sus portadores, por ejemplo, son nuestros enemigos y tenemos la obligación moral de proteger a los seres humanos de estos enemigos. La biodiversidad no es siempre nuestro amigo.

Además me di cuenta de otra cosa: a medida que nos convertíamos en una organización internacional con más de 100 millones de dólares al año en donaciones, se había producido un gran cambio en la actitud. Se había desvanecido la “paz” en Greenpeace. Ahora sólo parecía importar la parte “verde”.

Los seres humanos, para usar el lenguaje de Greenpeace, se han convertido en “los enemigos de la Tierra”. Los temas cotidianos del movimiento se convirtieron en: acabar con el crecimiento industrial e intentar prohibir muchas tecnologías y productos químicos útiles. La ciencia y la lógica ya no dominaban. El sensacionalismo, la desinformación y el miedo eran lo que utilizamos para promover nuestras campañas.

El colmo fue cuando mis colegas directores decidieron que teníamos que trabajar para prohibir el elemento cloro en todo el mundo. Nombraron al cloro como el “elemento del diablo”, como si fuera malo, pero era absurdo. La adición de cloro al agua potable es uno de los mayores avances en la historia de la salud pública y cualquier persona con un conocimiento básico de la química sabía que muchos de nuestros productos farmacéuticos más eficaces tenían un componente de cloro. No sólo eso, si esta campaña anti-cloro fuese exitosa, los que más sufrirían no serían nuestros donantes millonarios. Los individuos y los países ricos siempre encuentran una forma de evitar estas locuras. Los que sufren son los países en desarrollo, la gente a quienes presumiblemente estamos tratando de ayudar.

Por ejemplo: Greenpeace se ha opuesto a la adopción del arroz dorado, una variedad modificada genéticamente de arroz que contiene beta caroteno. El arroz dorado tiene el potencial de prevenir la muerte de 2 millones de niños pobres en el mundo cada año, pero eso no le importa a la multitud Greenpeace. Los OMG (organismos modificados genéticamente) son malos, por lo que el arroz dorado debe ser malo. Al parecer, que mueran millones de niños no lo es. Este tipo de pensamiento rígido y retrógradosuele atribuirse a los no-iluminados y anti-científicos, pero he descubierto, desde adentro, que puede infectar a cualquier organización, incluso a las que tienen nombres tan nobles como Greenpeace.

Soy Patrick Moore, de la Universidad de Prager.

Las malas noticias no le dan tregua a Dilma Rousseff. Las revelaciones del llamado escándalo Lavo Jato (lava auto) o Petrolao, cada día desacreditan más su figura y la imagen del Partido de los Trabajadores. La economía marcha de mal en peor y las medidas que ha tomado no parecen enmendar el rumbo. Finalmente, Brasil está pagando la factura de haber implementado un modelo económico proteccionista, estatista y dilapidador (en ingentes programas sociales clientelistas), que le ha restado competitividad, recursos y ha incubado una corrupción generalizada. 

Como acaba de hacer notar la revista brasileña Veja, desde que asumió Rousseff la presidencia de su país en el 2011, sucediendo a su mentor político Lula da Silva, prácticamente todos los indicadores económicos importantes están mucho peor que antes. Veamos, la deuda federal (interna y externa) aumentó de 1.7 trillones de reales en diciembre de 2010 a 2.3 trillones de reales en enero de 2015. Un incremento del 35%, llegando a 63 % del PBI. Las que descendieron estrepitosamente fueron las acciones de Petrobras. Descubierto el escándalo del Petrolao, los papeles de esta compañía que el 31 de diciembre de 2010 se cotizaban a 27.29 reales cayeron a 8.94 reales el 11 de febrero último (en diciembre del 2014 se hallaba en 16.50 reales). Una caída del 67%. La devaluación de los papeles de Petrobras contribuyó a la caída del índice Bovespa (Bolsa de Valores de Sao Paulo), que el 3 de enero 2011 fue de 69,962 puntos y ahora apenas llega a los 50,000.

Pero en dónde se manifiesta el fracaso del modelo implantado por Lula y seguido por Rousseff es el precio del dólar. El 30 de diciembre de 2010, un dólar equivalía a 1.66 reales. El 10 de febrero, por primera vez en una década, la moneda norteamericana pasó la barrera de los 3 Reales y hoy se cotizaba a 3.22, una devaluación de 93%. No sólo eso, mientras que la inflación del 2010 fue 5.91%, entre febrero de 2014 y enero 2015 llegó a 7.14%. Todo mal.

Cabe recordar que en una visita de Lula al Perú, durante el segundo gobierno de García, el entonces presidente brasileño retó al peruano, declarando que era mejor distribuir que crecer. Lula presentó cifras para alardear de su supuesto éxito. En Lampadia no nos convencieron ni nos dejamos ilusionar por el asistencialismo y voluntarismo de Lula. Entonces comparamos sus cifras con las peruanas y mostramos que la performance del Perú era muy superior. Posteriormente, Brasil empezó a deteriorarse, y hoy tiene aún mucho peores indicadores. No cabe duda que el Perú también ha tenido un “traspié” al ningunear la importancia de la minería, pero Brasil ha llevado su modelo asistencialistay el crecimiento del Estado a límites insostenibles.

A pesar de estos esfuerzos y de sus masivos y millonarios programas asistenciales, su tasa de crecimiento y sus índices sociales no resisten comparación con los peruanos. Esto se puede observar en la tabla siguiente, una versión actualizada de la publicada por Lampadia anteriormente. Para ello, al incluir los datos del 2013, hemos tenido que homogenizar las fuentes.

Los cierto es que Rousseff no solo enfrenta los problemas derivados del agotamiento de un modelo equivocado al que ha defendido y debe su elección, sino a la ingente corrupción que esa forma de gobernar ha generado. Las acusaciones de corrupción, como advertía hace unos días el New York Times amenazan a las más importantes empresas brasileñas y amenazan al país con una seria recesión.

Petrobras no es cualquier empresa estatal. La compañía produce más del 90% del petróleo de Brasil, posee todas las refinerías, opera más de 34,000 kilómetros de oleoductos, domina la distribución al por mayor de la gasolina y el diesel y es hasta el dueño de la mayor red de estaciones de servicio.

A raíz del escándalo, Petrobras ha suspendido muchos de sus proyectos de inversión y prohibió el establecimiento de nuevos contratos con algunas de las mayores empresas de ingeniería y productos petroquímicos del país. La disminución de los gastos de la empresa han afectado los flujos de caja de empresas grandes y medianas. Se cree que estos recortes afectarán el crecimiento esperado dela economía brasileña calculado optimistamente para este año en  0,75, lo que podría empujaral aletargado Brasil a una leve recesión.

Para colmo de males, las acusaciones de corrupción podrían por comprometer a la propia Rousseff, la cual se desempeñó como su presidenta. Un mal que parece haberse contagiado en la región entre, curiosamente, políticas mujeres. En Argentina, Cristina Fernández Kirchner es acusada de corrupción y de estar detrás del asesinato del fiscal Nisman; en Chile, Bachelet ha visto caer su imagen por el sospechoso y millonario préstamo recibido por su hijo de una de las entidades financieras más poderosas del país y, en Perú, Nadine Heredia está cuestionada por sus poco transparentes ingresos que le habrían permitido a familiares suyos adquirir varias propiedades.

Esto último, las nubes que se ciernen sobre varias políticas mujeres de la región, no es por su condición de mujeres, sino por ser políticos. El gran atraso de la región es la política que hasta ahora no se desembaraza del populismo y siempre termina rodeada de corrupción. Lampadia