Alejandra Benavides
Para Lampadia

A pocas semanas de las elecciones generales, los candidatos empiezan a ofrecer de todo, creando falsas expectativas en la ciudadanía y una inminente posterior decepción. Esto pone en riesgo la democracia y pone en el tablero opciones radicales y anti-democráticas, pues la “dignidad” que promete nuestra democracia, desde hace varios años no está acompañada por crecimiento económico importante. Por lo tanto, los candidatos democráticos debieran aceptar algunas de las grandes limitaciones que tiene el Estado y pensar en fórmulas aceleradas de asegurar desarrollo económico y al mismo tiempo reforzar nuestra desgastada democracia a través de la educación.

Hemos visto ya algunos mecanismos de “aceleración” de inversión que funcionan muy bien (siempre con oportunidad de mejoras) como las Asociaciones Público-Privadas y las Obras por Impuestos. Sin embargo, se debe profundizar en este tipo de mecanismos y extenderlos a otros conceptos. Por ejemplo, explorar dos mecanismos para mejorar la educación: Servicios por Impuestos y un modelo de “Charter Schools” como existe en Estados Unidos, con muy buenos resultados.

En el caso de los servicios por impuestos, se podría permitir que empresas privadas especializadas en educación (Grupo San Ignacio de Loyola, Innova Schools, etc.) puedan operar colegios públicos y así salir de la burocracia del sistema estatal. Estas empresas privadas pagan impuestos – no están exoneradas, y podrían aportar con la provisión de sistemas, maestros y basarse en modelos más modernos y flexibles que permitan elevar el nivel educativo.

Por otro lado, los Charter Schools son colegios manejados de manera independiente (asociaciones de padres, empresas, organizaciones, iglesia), a pesar de que se financian con fondos públicos. Para poder abrir un charter school, sus impulsores deben presentar un expediente riguroso que debe ser aprobado por lo que sería el Ministerio de Educación/SUNEDU. Estos colegios no se rigen bajo las regulaciones de los colegios públicos normales, así como tienen más libertad para armar un currículo ad hoc, de acuerdo a características específicas de la comunidad y sus objetivos, emplear distintos métodos de enseñanza (ejemplo Montessori) e innovar, y también más flexibilidad para operar como un privado, para contratar y despedir maestros. A cambio de esta “libertad”, estos colegios están obligados a compartir mayor información, reportes e indicadores con el ente regulador. Los alumnos de estos colegios están sometidos a exámenes estandarizados, al igual que demás colegios, y es en poblaciones de bajos recursos y minorías, donde estos colegios han tenido mayor éxito.

Por lo tanto, lo que necesitamos no es un Estado todopoderoso, sino más bien alternativas prácticas que liberen la carga del Estado, que permita una ejecución rápida de planes y programas en beneficio de los ciudadanos, y que en el camino elimine oportunidades de corrupción. Lampadia

Referencias

https://www.cato.org/commentary/charter-schools-get-better-results-less-money-government-run-schools

https://gestion.pe/economia/gasto-publico-alumno-primaria-secundaria-peru-superaria-us-1-000-2021-151035-noticia/#:~:text=En%20el%20caso%20del%20gasto,hoy%22%2C%20se%C3%B1al%C3%B3%20el%20Ceplan.

https://www.vox.com/2014/4/30/18076968/charter-schools

https://www.edweek.org/policy-politics/what-are-charter-schools/2018/08

https://factsmaps.com/pisa-2018-worldwide-ranking-average-score-of-mathematics-science-reading/

https://gestion.pe/economia/gasto-publico-alumno-primaria-secundaria-peru-superaria-us-1-000-2021-151035-noticia/

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Acabamos de asistir a uno de los episodios más vergonzosos de la historia del Perú.  Diría que será recordado como “la vergüenza del bicentenario” y que se veía venir, de la mano de uno de los personajes más mentirosos, inútiles y corruptos del país. Vizcarra, quien se llenó la boca hablando de la lucha contra la corrupción, no fue la excepción del antiguo dicho; “Dime de qué te ufanas y te diré de qué careces”.

Nos hemos pasado ya, casi un año de encierros y restricciones, de incapacidad para bloquear el ingreso de la pandemia al Perú, menos para hacer las únicas pruebas de descarte que permiten identificar en tiempo oportuno el contagio del COVID (pruebas moleculares), para hacer un cerco epidemiológico y atacar la enfermedad de manera focalizada. Tampoco se trabajó diligentemente en la selección, contratación y compra suficiente de vacunas y desde luego, en organizar un buen manejo logístico, con participación activa del sector privado, para ejecutar un buen programa de vacunación, de modo que podamos aplicar cuando menos 200,000 vacunas diarias (nuestro máximo viene siendo 12,000 al día, mientras Chile está aplicando 220,000 al día).

Pero qué podemos pedir, si encontramos que el material que envió Sinopharm, junto con el material remitido para una evaluación científica, en Fase 3, como proyecto de vacuna, fue inmediatamente utilizado por Vizcarra y familia como material comercial (“muestra médica”), aprovechando su situación de presidente en ese entonces. Así es pues, “gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”.  Claro, si el presidente podía sacarles la vuelta a las leyes y principios éticos y morales, múltiples funcionarios, ministras y viceministros, junto a sus familiares, se consideraron con el mismo derecho, quebrando toda legalidad, principio moral y ético. Ahora se entiende claramente, por qué ponían tantas dificultades a otros laboratorios que ofrecían vacunas debidamente autorizadas y de menores precios que las de Sinopharm.

Me preocupa que hasta el Nuncio Apostólico haya caído en “la tentación de la carne”, permitiéndose romper las reglas y dejando un funesto precedente. ¿Qué guía es para un católico la opinión y ejemplo de un obispo?  Una vez más, han quedado desacreditados para pontificar sobre temas éticos y morales… El sólo “entristecerse” por esa acción desde el lado de la iglesia, no es suficiente.

Me impresiona que la burocracia, tan diligente para mojar papel con tinta escribiendo normas y reglamentos, no haya establecido a priori y claramente, el uso del material complementario y protocolo de selección de usuarios, en base a: 1. Cercanía a las actividades de campo para la prueba. 2. Tipo de participación del personal en la prueba a ser desarrollada. Ciertamente, una debida justificación para inocular un material de prueba y una definición del qué hacer con el material sobrante, teniendo en consideración que no cuenta con autorización sanitaria y que es sólo para fines de investigación.

Ojalá que el gobierno, ante la fuerza de la evidencia, demostrada negligencia y alta propensión a la corrupción del sector público, disponga rápidamente y brinde las facilidades, para que la empresa privada participe activamente en la distribución y aplicación de las vacunas. No es secreto que las compañías de seguros están enfrentando una siniestralidad muy fuerte en sus pólizas de seguro médico y obviamente, más económico es asumir el costo de la vacunación de sus asegurados, que enfrentar esa siniestralidad. De otro lado, las empresas privadas formales, están más que dispuestas a vacunar a su personal y familiares, y en el caso de operaciones remotas, a las comunidades o poblaciones que las rodean. Ciertamente el beneficio es múltiple, pues se minimiza la ausencia laboral, se da bienestar y tranquilidad familiar y en el caso de las comunidades cercanas, se acelera un proceso de vacunación, que en manos del Estado tardaría demasiado, independiente del reforzamiento de los vínculos positivos entre comunidad y empresa.

De otra parte, muchos particulares estarán dispuestos a pagar más de una vacuna, por cada vacuna que se les aplique a ellos, como una contribución. Esto permitiría al Estado reducir el costo para la vacunación universal, así como acelerar el proceso. Cadenas de farmacias, médicos y clínicas particulares podrían usar su contingente sanitario y su capacidad logística, para acelerar y abaratar esta campaña. Por supuesto que, como en cualquier parte del mundo civilizado, hay una prioridad establecida por condiciones de riesgo, a la que tanto el sector público como el privado se sujetarían.

Seamos conscientes que cuanto más pronto vacunemos a nuestra población, más rápido se alcanzará la “inmunidad de rebaño”, nuestra reactivación económica y nuestra vuelta a la normalidad. El Perú tiene una de las economías que más se ha desacelerado en el mundo, que, ante la incertidumbre de las elecciones, la inversión privada no está fluyendo como debiera y que la inversión pública tampoco está ejecutándose como se anunció. En consecuencia, lo mejor que nos puede pasar, es que retomemos los mejores niveles de aprovechamiento de nuestro stock de capital y de nuestra fuerza laboral.

¡Es el momento de trabajar juntos, es ahora o nunca! Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El viernes pasado la población recibió con estupor el anuncio de que la cuarentena se prolonga nada menos que hasta ¡el 30 de junio! Por supuesto, el gobierno le enrostra la culpa a la población, entre otras cosas por haber roto la cuarentena, algo que hará ahora con más necesidad. Pero no hace una autocrítica. Le exige a los peruanos y a las empresas más esfuerzo aun, pero no ha hecho ni hace lo que le corresponde hacer para cortar la cadena de contagios, aislando y abasteciendo con alimentos a las familias de los contagiados.

Esa es la función del programa Te Cuido Perú, a cargo del ministerio de Defensa, que empezó a operar el 14 de abril -ya tardíamente-, hace un mes y medio. Al 14 de mayo, un mes después, había logrado monitorear y abastecer con alimentos a 6,353 familias, a razón de 613 por día en los últimos diez días. A ese ritmo, no llegarían nunca a atender a las cerca de 50 mil familias de contagiados de los últimos 14 días, que es lo que deberían hacer. Si lo hicieran, no sería necesaria la cuarentena.

Evidentemente ese vital programa ha fracasado hasta el momento, y no encontramos a nadie en el gobierno que dé una explicación. El ministro de Defensa tocó el tema en la conferencia de prensa, pero no dio ninguna. A nuestro juicio, dos son las razones. La primera, que Indeci, que reparte las canastas, carece de la capacidad logística requerida, y no se les ha ocurrido convocar a empresas privadas que poseen redes de distribución de alimentos y bebidas que llegan hasta los más escondidos rincones del país. Es el solipsismo. Creer que lo pueden hacer todo por sí mismos.

Y la segunda es que, aunque se anunció una plataforma digital geo-localizadora para manejar la estrategia, ésta en la práctica no existe o no funciona. Lo increíble y punible es que el gobierno ha recibido el ofrecimiento de varias de estas plataformas y las ha desechado. Hace casi 50 días, Leopoldo Monzón de Proesmín presentó ante el Comando Covid un software que contiene la base de datos geo-localizada más completa que hay en el Perú, con funcionalidades para llegar y monitorear a cada uno de los contagiados y organizar la acción del Estado en torno a ellos. No recibió respuesta.

Más grave aún es lo siguiente: el 21 de marzo, hace más de dos meses, Manuel Delfín Mujica, ciudadano peruano canadiense, experto en la implementación de soluciones tecnológicas basadas en la Geomática para el desarrollo de mapas inteligentes, y dueño de SmartGroup, envió una carta al ministro de Salud y al presidente de la República ofreciendo a título gratuito ese software, que hubiera permitido geolocalizar a todos los infectados, hacerles un seguimiento, saber si salen o no y monitorear el abastecimiento de alimentos a sus casas para que no salgan y la distribución de los recursos y personal en función de la localización de los contagiados.   (Ver: https://www.youtube.com/watch?v=01oym5NylxU&feature=youtu.be).

No recibió respuesta. Quien sí acogió la solución fue la Marina de Guerra del Perú, que la usa para monitorear y dirigir la operación de sus efectivos y vehículos en la lucha contra la pandemia y para atender a sus contagiados, algo que la Policía Nacional, por ejemplo, necesitaría a gritos para cuidar a sus más de 6,000 efectivos COVID 19 positivos. Lo increíble es que estando Te Cuido Perú a cargo del ministerio de Defensa, no se haya podido adoptar esta herramienta que ya tenía en uso La Marina, que depende del mismo ministerio.

Y esto pese a que el 29 de marzo el equipo de Delfín le hizo una presentación al Ministro de Defensa. Le pregunté al ministro por qué La Marina tenía ese instrumento y no Te Cuido Perú, y su respuesta fue: “He recibido la exposición de los diseñadores de este programa, pero tiene una limitación de seguir solamente cerca de 50,000 usuarios. La próxima semana con el Gobierno Digital relanzaremos con Te Cuido Perú una potente plataforma de Corea del Sur para seguimiento y geolocalización”.

Pero Manuel Delfín me explicó que la cifra de 50,000 la puso el ministerio porque en ese momento se calculaba ese número como máximo de contagiados. En realidad, el sistema permite muchísimo más. “Con esta plataforma se puede seguir a millones de personas. No tenemos limitaciones tecnológicas para hacerlo. En la negociación, nos pidieron 60,000 por el mismo costo, a lo cual accedimos”.

¿Qué pasó? Al parecer las negociaciones siguieron con la Secretaria de Gobierno Digital, Marushka Chocobar, que, según la gente de Smart Group, les pidió una propuesta con las características técnicas de su plataforma mientras avanzaba con Corea de Sur una adaptación al Perú del software coreano. Con este último se lanzó la aplicación “PerúEnTusManos”, que en realidad ha tenido poca utilización práctica en Te Cuido Perú, porque carecía de las funcionalidades necesarias. Parece que ya las estaría construyendo. Por eso el ministro nos responde que esta semana con la Secretaría de Gobierno Digital “relanzaremos con Te Cuido Perú una potente plataforma de Corea del Sur para seguimiento y geolocalización”.

Según Marushka Chocobar, la ventaja de la solución coreana es que es gratuita y queda de manera permanente para el Perú. El problema es que hemos perdido dos meses. La aplicación de SmartGroup (así como la Monzón), ya estaba lista y plenamente aplicable al Perú dos meses atrás. Por eso es que la Marina la usa. ¿Cuántas vidas hubiésemos salvado en estos dos meses? Es imperdonable.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Los escándalos de corrupción vinculados a la nefasta penetración económica y política brasilera amenazan con deslegitimar por completo la clase política, derribar el establishment y eventualmente vacar al propio presidente de la República, peligro que aún no ha cesado del todo. Es el momento de dar un giro de tuerca en las políticas y las acciones anti corrupción para mostrar que el sistema en su conjunto es capaz de reaccionar para que estas cosas no vuelvan a suceder y establecer mecanismos que permitan prevenir, disuadir y restar espacio para la corrupción en general en el país.  

ISO Antisoborno en las empresas privadas

En esa línea, Julio Luque, presidente de IPAE, recogió la propuesta de Oscar Espinoza Bedoya en el último CADE, y anunció una iniciativa que podría terminar siendo histórica: que uno de los cinco compromisos de esa institución, sobre el que se rendirá cuentas en el próximo CADE, será “conseguir que el mayor número posible de empresas en el Perú se comprometan con un Programa de Tolerancia Cero a la Corrupción”. Esto podría incluir que las empresas adopten el ISO Antisoborno (37001) que, dicho sea de paso, podría ser establecido como condición para contratar con el Estado.

Se ha formado un comité integrado por Oscar Espinoza, Ricardo Briceño y el propio Julio Luque. Dicho comité ha contratado una consultoría para que identifique los procesos anti soborno que las empresas que se comprometan deban implementar. Esto es lo que hace la diferencia y hace pensar que esta vez sí vamos en serio, porque de esa manera la adhesión o inscripción de las empresas no será solo declarativa, sino que se podrá “auditar” su comportamiento. La inscripción de las empresas se hará posiblemente a partir de marzo, cuando se tenga todos los procesos definidos.   

Un movimiento claro de las empresas grandes, medianas y pequeñas en esa dirección, sin duda ayudaría a cambiar la tendencia y crear un clima de integridad en el país que no tiene precedentes.

Sistemas de integridad y de denuncias en las entidades públicas

Ahora, para que ese impulso que viene del sector privado pueda tener máximo impacto en la creación de un ambiente nacional de honestidad, se requiere un decidido movimiento en la misma dirección de parte del sector público. Lo primero sería el establecimiento de la función de integridad en las entidades estatales. Es algo que se está trabajando en la propuesta del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 que elabora la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN).[1] La idea es que en cada entidad pública haya una oficina o una persona que se encargue de monitorear todo lo relativo a transparencia, conflicto de intereses, política de regalos y atenciones, control interno, análisis de riesgos de corrupción, régimen disciplinario y sanciones.

Esto supone, además, como parte de dicha política de integridad, que cada entidad pública implemente un efectivo sistema de denuncias. Para ello se dio el Decreto Legislativo N° 1327, reglamentado incluso mediante el Decreto Supremo N° 010-2017-JUS, que establece procedimientos y mecanismos para facilitar e incentivar las denuncias realizadas de buena fe de actos de corrupción y sancionar las denuncias realizadas de mala fe, y define medidas de protección a denunciantes. El Ministerio de Justicia no ha terminado de dar los pasos necesarios para hacer lo que le corresponde como rector de este sistema. Este sistema, bien implementado, debería servir de base operativa para lanzar una campaña nacional de denuncias en todos los ámbitos.

[1] Esta propuesta se presentó en un taller en la GIZ a representantes de varias bancadas del Congreso. Para hacerla,toma como base en “Estudio de la OCDE sobre Integridad en el Perú. Reforzar la integridad del sector público para un crecimiento incluyente” (2017), y el “Informe de la Comisión Presidencial de Integridad. Detener la corrupción, la gran batalla de este tiempo”, que presentó una propuesta de 100 acciones contra la corrupción en el Perú.

Obra pública

También se requeriría reformar la obra pública, haciéndola más predecible y transparente. La mencionada propuesta del Plan Nacional de Integridad contiene un conjunto amplio de medidas para prevenir la corrupción en la obra pública, tales como fortalecer con el más alto nivel profesional la Central de Compras Públicas (Perú Compras), aprobar un Plan Nacional de Infraestructura que transparente, y haga predecibles las decisiones públicas en los próximos veinte años, políticas de transparencia, entre otras. 

El congresista Javier Velásquez Quesquén ha propuesto la excelente idea de reducir el espacio para que municipalidades hagan obras por administración directa, donde hay mucha corrupción. Y sería bueno estandarizar las obras menores.

Recientemente el ministro de Transportes, Bruno Giuffra, ha anunciado la contratación internacional de un PMO (Project Manager Office) para estandarizar los procesos de licitación y contratación en Provías, sede de los presuntos arreglos denunciados al llamado “club de la construcción”, y para supervisar de manera permanente dichos procesos. También ha presentado al MEF una nueva estructura de personal y remuneraciones, en aplicación de la ley de servicio civil.

Se dice que Dios perdona el pecado, pero no el escándalo, y lo que nació en Brasil es sin dudas un escándalo fuera de toda proporción. Ahora, por supuesto, no se pueden evitar las reverberaciones del escándalo. Sin embargo, en vez de dedicarnos, como la generalidad en la media, a tirar más piedras en un ajusticiamiento descontrolado, queremos hacernos algunas preguntas. ¿Cómo nació semejante cosa? ¿Cuándo nació? ¿Qué condiciones se dieron en Brasil para que se llegara a estos extremos?

Según el decir popular en el mundo empresarial peruano, siempre se decía que Brasil era un país donde había que cuidarse de la corrupción, incluyendo en los cuidados a su sector privado. Pero nunca, a lo largo de muchas décadas se dio algo parecido a lo que ahora ha salido a la luz.

Ampliando la perspectiva de análisis, debemos afirmar que en los países en desarrollo, como se les llamaba hasta hace pocos años, los Estados tenían un papel determinante en las inversiones en infraestructuras y hasta productivas, pues los sectores privados eran muy pequeños. Recordemos las críticas a los grandes programas de financiamiento de grandes proyectos de inversión por parte del Banco Mundial en los países más pobres, donde se señalaba la ineficiencia de los proyectos, incluyendo niveles importantes de corrupción.

Otro hecho significativo de la praxis de gobierno de los países en desarrollo, es el hecho de que, hasta solo pocos años atrás, las autoridades fiscales de Alemania permitían que la empresas alemanas, descontaran como gastos tributarios, las coimas que dichas empresas pagaban en los países subdesarrollados.

En resumen, debemos concluir que la corrupción, dentro de ciertos límites, estaba presente en los países en que sus estados tenían roles determinantes en la economía. Eso nos lleva a pensar, que cuando se forman las grandes empresas constructoras brasileñas, como Odebrecht (1944), o cuando llegan al Perú, en 1979, eran empresas cuyas prácticas incluían un uso limitado de coimas, igual al imperante, digamos en el hemisferio sur.

Odebrecht inició sus operaciones en Perú el año 1979 con la construcción de la central hidroeléctrica de Charcani V en Arequipa, durante la dictadura militar. El proyecto, construído dentro del volcán Misti, abasteció de electricidad a Arequipa, Moquegua y Tacna hasta el año 2000 y, dio origen al descubrimiento del ya famosos Valle del Colca. Al finalizar el proyecto, Odebrecht editó un libro muy significativo, llamado Arequipa. Algo que repitió algunos años más tarde en Trujillo, por el proyecto de Chavimochic. 

Fuente:  documentslide.com

Fuente:  www.odebrecht.com.pe

Hasta entonces y durante varios años más, nada hacía sospechar de la existencia de los esquemas de corrupción dantescos que hoy caracterizan la historia de las empresas constructoras brasileñas, de la cuales Odebrecht es el caso más conocido y escandaloso.

¿Qué pasó en Brasil, para que se desarrolle semejante esquema?

A nuestro parecer, a principios del siglo XXI se habría formado ‘el triángulo del mal’. La alianza corrupta entre Petrobras, Odebrecht et al y el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Una alianza que nació durante el súper ciclo de crecimiento global, con el aumento desmedido del precio del petróleo. Petrobras fue capturado por el PT, Dilma Rousseff tomó la presidencia de la empresa, que se convirtió en la fuente de fondos del PT y del resto de los políticos brasileños, según las denuncias judiciales en curso. Pero, en paralelo, el crecimiento de las empresas constructoras brasileñas, dentro y fuera de Brasil, habría sido ideal para acrecentar el alcance de los esquemas de corrupción.

Por lo tanto, se puede afirmar que la gran ola de corrupción liderada por las empresas constructoras brasileñas, tomó vuelo de la mano de Lula da Silva y Dilma Rousseff, ‘Padrino’ y ‘Madrina’ de casi todas las izquierdas latinoamericanas, incluyendo, por supuesto, las peruanas.

Después de todo esto, no nos imaginamos cómo podrán seguir operando estas empresas en algún lugar del mundo. ¿Quién las va a contratar, en el sector público o privado?  Nuestra presunción es que eventualmente serán liquidadas, algo que sería un buen mensaje para la generación de empresarios jóvenes.

Esperamos que este artículo le de una mejor perspectiva de análisis al tremendo caso de corrupción que nos ocupará durante muchos meses, pero que debemos enfrentar con calma y sensatez. Lampadia

Los países de América Latina y el Caribe van a mostrar una contracción de -0.8% en su tasa de crecimiento en 2016, marcando un descenso más pronunciado que en 2015 (-0.5%), afirmó un nuevo informe publicado hace unos días por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Al mismo tiempo, elevó sus expectativas de crecimiento del Perú de 3.8% a 3.9%, indicando que nuestra economía será una de las de mayor expansión en la región.

La organización regional de las Naciones Unidas presentó su reporte “Estudios Económicos de América Latina y el Caribe 2016”, en el que se hace hincapié en la urgente necesidad de movilizar la inversión tanto pública como privada para promover la recuperación económica de la región y hacer frente a los desafíos impuestos por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (los nuevos objetivos de la ONU).

“La capacidad de los países para acelerar el crecimiento económico depende de los espacios para adoptar políticas que apoyen la inversión. Estas políticas deben ir acompañadas de esfuerzos para cambiar la conversación entre el sector público y las empresas privadas. El aumento de la productividad es también un desafío clave para avanzar a lo largo de un camino de crecimiento dinámico y estable”, afirmó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante la conferencia de prensa en Santiago, Chile, donde se presentó el informe. No nos olvidemos de consejo de Ricardo Hausmann sobre la necesidad de tener una línea de banda ancha entre el gobierno y el sector privado a través de múltiple canales.

La CEPAL indica que, en el ámbito externo, la economía mundial mantendrá bajos niveles de crecimiento, acompañada por una lenta expansión en el comercio, que no ha logrado recuperar los niveles previos a la crisis financiera internacional. Además de esto, el informe señala que los bajos precios de las materias primas continúan deteriorando las exportaciones de la región y creando una mayor incertidumbre y volatilidad financiera. Ver la incidencia de esto en el Perú en el reciente informe de Lampadia.

En el ámbito regional, excluyendo a América Central y el Caribe, que si siguen creciendo un promedio de 3.8%, el informe prevé una contracción de -2.1% en 2016, debido principalmente a un deterioro de los términos de intercambio, una menor demanda externa y una importante desaceleración de la demanda interna, lo que refleja un descenso significativo de la inversión.

Con respecto a las nuevas proyecciones para América Latina y el Caribe, la CEPAL indicó que Bolivia sería el país de mayor expansión con un crecimiento de 4.5%, seguido del Perú.

Además, se prevé que Paraguay muestre un aumento de su PBI de 2.8%, seguido de Colombia (2.7%), Chile (1.6%) y Uruguay (0.5%). Por otro lado, los países que experimentarán una caída en su actividad económica serán Argentina (-1.5%), Ecuador (-2.5%), Brasil (-3.5%) y, por último, Venezuela (-8.0%), país que al cierre de este año, estaría acumulando una caída de su PBI de 17%.

El informe hizo hincapié en la importancia de la minería metálica como aporte al crecimiento de la economía del Perú, la cual creció 16.2% en 2015. “Durante el período aumentó especialmente la producción minera metalífera, gracias al buen rendimiento de las minas de Antamina, Antapaccay, Cerro Verde y Toromocho y la entrada en funcionamiento del proyecto minero Las Bambas. Sin embargo, la inversión privada se redujo de forma notable durante el año. Se proyecta que en 2016 el PBI aumentará un 3.9%, impulsado por el incremento de la producción minera (sobre todo en Las Bambas). Se espera que continúe aumentando el consumo privado y que la inversión privada siga contrayéndose.”

En general, en 2015, las regiones que más crecieron fueron las mineras (5.7%). Cusco, por ejemplo, obtuvo un buen resultado de 7.5% gracias a la consolidación de las operaciones de la mina Constancia. En el caso de Arequipa, la región creció 2.9% por el inicio de operaciones de la ampliación de Cerro Verde. También Tacna obtuvo un resultado de 7.1% por una mayor producción minera (10.5%). 

Líneas abajo compartimos los principales indicadores económicos publicados por la CEPAL sobre el Perú:

El principal componente del crecimiento de la economía es la inversión privada, especialmente en minería. El Perú es un reconocido productor mundial de cobre, oro, plata y zinc. La minería genera normalmente el 60% de los ingresos por exportación, con solo el 7% del PBI. Para poder retomar nuestra competitividad y reanudar el alto crecimiento que nos consagró como ‘La estrella de América Latina’, se tienen que tomar medidas para promover la inversión a la brevedad posible.

Sin embargo, en los últimos años se ha fomentado una serie de mitos anti mineros (que contamina, que se gasta el agua, que exporta piedras, que no se puede hacer minería en las cabeceras de cuenca, etc.). Además, de facto y paulatinamente, se instaló un ambiente anti inversión privada mediante todo tipo de trabas burocráticas, permisos ambientales, culturales, que además del empoderamiento de las autoridades regionales y municipales con capacidades discrecionales absolutas y con el dinero del canon en sus manos, pensaron que no necesitaban al sector privado y actuaron como si los ciudadanos y las empresas fueran sus enemigos. Todo esto, la parálisis de la inversión minera y sus efectos multiplicadores, terminaron desacelerando el conjunto de nuestra economía.

Esperamos que el actual gobierno sepa manejar mejor la conflictividad social (ver: El enfoque del nuevo gobierno sobre la Conflictividad Social), que es el mayor impedimento para la viabilidad de los grandes proyectos productivos y de infraestructuras, fundamentales para la reactivación del crecimiento. 

Lampadia

Una de las grandes falencias del Perú es su pobre nivel de infraestructuras. Estas son de dos tipos: económicas y sociales. Las económicas permiten un mejor nivel de competitividad de las actividades productivas del país. Las sociales permiten el acceso de los pobres a un mejor nivel de vida y a la economía de mercado. Ver la posición relativa de las infraestructuras peruanas con respecto al resto del mundo, en los siguientes dos gráficos.

El gremio empresarial vinculado a las empresas privadas de servicios públicos (AFIN), donde se agrupan una buena parte de las operadores de las infraestructuras, acaba de recalcular la brecha de infraestructuras del país, presentada en un estudio de la Universidad del Pacífico. El nuevo cálculo, ha diferencia de los anteriores incluye las infraestructuras sociales en salud y educación. La nueva brecha se ha calculado en US$ 160,000 millones hasta el 2025, con US$ 69,000 millones al 2020. Ver sus componentes:

Además de la brecha de infraestructuras, tenemos grandes dificultades en el desarrollo de los proyectos de inversión. Primero en cuanto a la demora entre las adjudicaciones y los cierres financieros de los contratos de APPs, como puede verse en el siguiente cuadro comparativo con otros países. Además, una vez finalizados los convenios, se dan mil dificultades para el inicio de las obras, tanto por trámites con otras agencias del Estado, como los municipios y por inmensas dilaciones en los procesos de expropiación que son parte de los proyectos.  

En cuanto al impacto de las infraestructuras entre los más pobres, el siguiente gráfico, del libro de Richard Webb, ‘Conexión y Despegue Rural’, muestra como el aumento de la conectividad rural, incide en la mejora de los jornales. Ver gráfico:

En cuanto al financiamiento de las infraestructuras en el Perú, hay que plantear las relaciones entre necesidades (brechas), ahorro y deuda pública. El Perú tiene reservas fiscales del orden de 15% del PBI y un nivel de deuda pública casi inexistente, 3.6% de deuda neta. En verdad es absurdo demorar el desarrollo de las infraestructuras que tienen un impacto económico y social tan importante, contando con amplias capacidades de financiamiento. Esta situación es solo producto de la falta de visión, capacidad de gestión e imaginación de las autoridades económicas del país.

Tradicionalmente, el financiamiento de las infraestructuras ha quedado en el ámbito del sector público, pero ante la envergadura del reto y el desarrollo de esquemas contractuales eficientes entre el sector público y privado, han tomado mucha relevancia las APPs, los cofinanciamientos y las iniciativas privadas, lamentablemente más en la teoría que en la práctica. Una de las mayores ventajas de los contratos de concesión de infraestructuras es que incluyen las provisiones necesarias para el mantenimiento de las instalaciones correspondientes, con lo cual queda asegurada la calidad de los servicios en el tiempo y evitándose los desastres históricos en los que se rehacía las mismas obras varias veces por el típico abandono en su mantenimiento.

En su reciente presentación en el Congreso de Infraestructuras, el ex Ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, ha criticado que se haya cambiado la regla de déficit fiscal que limitaba el crecimiento del gasto corriente y dejaba espacio para la inversión en infraestructuras. Desde su cambio, por parte del actual gobierno, se ha disparado el gasto corriente y no se ha sabido promover la inversión pública. Ver el siguiente gráfico:  

Carranza planteó además, la posibilidad desarrollar estructuras financieras que permitan adelantar los futuros recursos del canon y regalías de determinados proyectos, lo que permitiría acelerar los beneficios de los proyectos fortaleciendo el apoyo social. Ver la presentación de Carranza en el siguiente enlace: Política de Financiamiento de Inversiones en Infraestructura de Uso Público.

En Lampadia hemos insistido varias veces en la necesidad de ser ambiciosos e imaginativos para cerrar las brechas de infraestructuras en el menor plazo posible. Ver: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones y Estrategia para el financiamiento de las Infraestructuras. En esencia, nuestra propuesta de Lampadia pretende inyectar unas chispas que enciendan el debate sobre cómo financiar nuestros requerimientos de infraestructuras aprovechando las condiciones estructurales, favorables de nuestra economía.

Lamentablemente, el gobierno de la inclusión ha dificultado las inversiones en infraestructuras, a veces por desconfianza en el sector privado (al que algunos consideran una suerte de fuerza de invasión extranjera) y otras por los absurdos procesos burocráticos que han crecido como frondosas hiedras. Probablemente, solo queda esperar que el próximo gobierno tenga la responsabilidad necesaria para priorizar adecuadamente y sin complejos, mejores acciones de gobierno. Lampadia