El Comercio, 3 de Febrero del 2023
Escrito por: Roger Zuzunaga Ruiz

El presidente Nayib Bukele inauguró una megacárcel con capacidad para recluir a 40.000 pandilleros, en medio del régimen de excepción que rige en El Salvador desde marzo del año pasado. Así es el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el martes la inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel para 40.000 pandilleros que fue construida en tiempo récord, durante el régimen de excepción que está vigente en el país desde marzo del 2022.

En una cadena nacional de televisión, el Gobierno de Bukele divulgó un video en el que se muestra al presidente realizando un recorrido dentro de la prisión junto con un grupo de funcionarios. La prensa no ha tenido acceso al gigantesco edificio.

El pasado 21 de julio, Bukele afirmó en Twitter que esta cárcel “tendrá espacio para 40.000 terroristas, quienes estarán incomunicados del mundo exterior”.

La cárcel está ubicada en una zona rural cerca de Tecoluca, a unos 74 kilómetros al sureste de San Salvador. El Gobierno no ha informado sobre el costo de la obra.

El miércoles, el presidente dijo que la megaprisión es una “pieza fundamental” para ganar la guerra a las maras.

“El martes inauguramos el Centro de Confinamiento del Terrorismo… es una gigantesca obra realizada en tan solo siete meses, y que además es una pieza fundamental para ganar por completo la guerra contra pandillas”, escribió el mandatario en Twitter.

600 soldados y 250 policías resguardarán la megacárcel, dijo el ministro de Defensa René Merino

“Con esto el gobierno le está diciendo a las pandillas que ellas no tienen ningún control, el control lo tienen las instituciones del Estado y que aquellos que cometan actos de violencia o delitos en contra la sociedad, van a parar en esa cárcel”, dijo el politólogo Óscar Peñate a la agencia AFP.

Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, no comparte en absoluto la afirmación del presidente. En diálogo con El Comercio, recuerda que el fenómeno de las pandillas no es nuevo en el país y alerta que naciones vecinas como Guatemala y Honduras están en una situación de violencia similar a la que experimentó El Salvador entre el 2020 y 2021.

“Entonces, a partir de esta situación no se puede decir que la estrategia y la prisión representan un triunfo del Gobierno cuando la frontera está muy cerca y el accionar de las pandillas sigue siendo una realidad en países vecinos. Nada asegura que en un futuro muchos de estos pandilleros vuelvan a ingresar al país y puedan tomar de nuevo el control de la criminalidad”, dice Montenegro.

En cuanto al estado de excepción vigente en El Salvador desde marzo, Montenegro se pregunta si esto se convertirá en algo que va a ser permanente. “Eso significa que se seguiría violentando totalmente el derecho que tienen los ciudadanos al debido proceso legal y a otras garantías constitucionales. No estamos en contra del combate a las pandillas, lo que nosotros cuestionamos son los procedimientos. Los mecanismos inapropiados. Esto ha llevado a que se cometan violaciones a los derechos humanos, tortura. Unas 90 personas han muerto en las cárceles sin ninguna explicación concreta del Gobierno sobre lo que ha sucedido, solo ha dicho que estos reclusos se negaron a ser asistidos, cosa que nosotros dudamos”.

• Entrevista a Tamara Taraciuk, directora para las Américas de Human Right Watc
  “La prisión es la culminación de un modelo abusivo”

El presidente Bukele ha dicho que la megacárcel es el golpe decisivo contra las maras. ¿Qué opina de esa afirmación?

Reafirma el carácter extremadamente punitivo de las medidas implementadas por Bukele y que apuntan a hacer propaganda de un tema muy grave que es la brutal violencia de las pandillas en El Salvador.

Una forma de analizarlo es mirando la manera en la que el gobierno ha hecho la presentación de la prisión. Esto es, a través de una cadena nacional difundida en redes sociales, donde lo que se realza es el valor de la represión. La prisión va un poco en ese sentido, es la culminación de un modelo abusivo que solo tiene como objetivo sostener la popularidad de Bukele. Es un modelo que no apunta a mejorar las causas estructurales que llevan a miles de salvadoreños a unirse a las pandillas, ni busca justicia para las víctimas de estos grupos criminales. No. Lo que vemos es la exaltación de las fuerzas de seguridad, aunque sean abusivas, y la reivindicación de “celdas de castigo”. Una prisión a la medida de un gobierno que ha hecho de la concentración de poder y la represión su bandera.

¿Qué conclusiones se pueden sacar de este casi año de estado de excepción en El Salvador? 

El régimen de excepción ha significado un desastre en materia de derechos humanos, particularmente en comunidades de bajos ingresos. Como hemos señalado sobre la base de una investigación que hicimos junto a Cristosal, una organización salvadoreña, las fuerzas de seguridad han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos en detención y muertes bajo custodia. A su vez, gracias al análisis de una base de datos oficial que pudimos conseguir, hemos podido corroborar detenciones de menores de edad, hacinamiento extremo en prisión y pocas perspectivas de justicia para las víctimas de abusos cometidos por las pandillas. Es una medida simplista enfocada al encarcelamiento masivo sin dar respuestas de fondo a los graves problemas del país en materia de seguridad ciudadana.

Casi 63.000 encarcelados en 10 meses

El Salvador tiene ahora la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con alrededor del 2 por ciento del total de su población adulta.

Casi 63.000 presuntos pandilleros han sido detenidos en El Salvador durante la “guerra” que lanzó Bukele hace 10 meses, informó el lunes el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Las pandillas “tenían recaudación [mediante extorsiones] e impartían justicia con plomo matando gente” […], eso es un Estado paralelo que no goza de ninguna legitimidad, y por eso es que estamos en guerra contra estos terroristas”, dijo Villatoro.

Los masivos arrestos se amparan en el régimen de excepción vigente desde marzo del 2022 que permite detenciones sin orden judicial. Dicha medida fue aprobada por el Congreso a pedido de Bukele tras una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo de ese año. El estado de excepción ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como extranjeras.

Antes de marzo del 2022, en las cárceles de El Salvador había 16.000 pandilleros.

El viernes, la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció que en las cárceles salvadoreñas hay un “hacinamiento extremo” y que hay muchos menores de edad presos al amparo del régimen de excepción.

“Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.

• Además…
  Niños en las cárceles

Según una filtración de una base de datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a la que tuvo acceso Human Rights Watch, hasta fines de agosto del año pasado había 1.082 menores detenidos durante el régimen de excepción. Estos estaban en detención provisional, incluidos 21 que tenían 12 o 13 años. Los encarcelamientos fueron posibles debido a una ley de marzo de 2022 que disminuyó la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 años para los niños y niñas acusados de delitos relacionados con pandillas.

Un informe de diciembre del 2022 elaborado por Human Rights Watch y Cristosal concluyó que se han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción, incluidas detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de maltrato contra personas detenidas, muerte bajo custodia y procesos penales abusivos. En algunos casos, los agentes también se negaron a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos a sus familiares, lo cual constituye desaparición forzada conforme al derecho internacional.

Amnistía Internacional también ha criticado la vigencia del estado de excepción: “La seguridad pública no debe lograrse a costa de violaciones masivas de derechos humanos. Tal como ha documentado Amnistía Internacional, las autoridades han desmantelado la independencia judicial, han cometido actos de tortura y han llevado a cabo miles de detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso”, escibió Duncan Tucker, jefe de prensa para las Américas de Amnistía Internacional.

90% de los salvadoreños
evalúa bien o muy bien la gestión del presidente Nayib Bukele, según una encuesta de la firma CIG-Gallup

Una megacárcel en donde será “imposible escapar”. El Gobierno ha dicho que la cárcel está ubicada en una extensión de 116 hectáreas, de las cuáles 23 pertenecen a edificios de la prisión.

En esas 23 hectáreas ocupadas, la megacárcel tiene ocho módulos “que permitirán internar a terroristas que acechaban nuestro país”, informó el Ministerio de Obras Públicas, que estuvo a cargo de la construcción del recinto.

La megacárcel tiene muros de concreto reforzado, celdas con barrotes de acero en las ventanas, cámaras de seguridad, escáner de cuerpo entero para quienes ingresen al lugar, siete torres de vigilancia y un muro perimetral electrificado de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros, que será vigilado día y noche por cientos de militares y policías, describió la agencia AFP.

“Si un terrorista intenta escapar del CECOT tendrá que enfrentarse a 19 torres de vigilancia, dos cercos perimetrales de malla ciclón totalmente electrificados y otros dos cercos de concreto que garantizan que NADIE pueda salir del recinto”, indicó el Gobierno en Twitter.

Equipos electrónicos bloquearán las señales de teléfonos celulares en el penal.

“Todos los terroristas que planificaron el luto y el dolor en contra del pueblo salvadoreño purgarán sus penas en el CECOT, en el régimen más severo”, dijo el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna.

En las imágenes divulgadas por el Gobierno se ven celdas de unos seis por cuatro metros, con tres literas de metal con nueve camas en total, dos lavamanos y dos inodoros.

También hay “celdas de castigo” oscuras, sin ventanas, para sancionar a reos de mala conducta, quienes “no van a ver la luz del sol”, según el viceministro Luna.

En el penal hay comedores, salas de descanso, gimnasio y mesas de ping pong, pero solo para uso de los guardias, así como talleres de trabajo para los reclusos.

Los reos asistirán a sus audiencias judiciales de manea virtual, precisó el Gobierno. Esta medida asegura que los presos no puedan salir del recinto hasta el cumplimiento de sus condenas.

Homicidios a la baja

El Salvador cerró enero con una tasa “por debajo” de 2 homicidios por cada 100.000 habitantes, dijo el miércoles el presidente Bukele, quien aseguró que es “la tasa de homicidios más baja de todo el continente americano”.

La agencia EFE recuerda que El Salvador registró 496 homicidios en el 2022, aproximadamente un 57 % menos que los contabilizados en 2021.

La cifra de homicidios de 2022 es la más baja desde el 2019, año en que Bukele llegó a la Presidencia. En el 2019 se registraron más de 2.390 muertes.

En el peor momento de la violencia desatada por las pandillas, El Salvador llegó a registrar tasas de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Y lo otro es el maltrato, la tortura, la golpiza y la falta de atención médica a los detenidos que no ha sido brindada por el Estado.

¿Será sostenible en el tiempo esta situación de cifras en descenso de la criminalidad? Miguel Montenegro recuerda que varios medios de investigación, como El Faro, han informado sobre neociaciones y acuerdos del Gobierno de Bukele con los líderes de las pandillas para bajar el nivel de violencia y parar los enfrentamientos entre ellos a cambio de beneficios. “El Gobierno no ha dado ninguna respuesta al respecto. La duda sigue presente. Creo que si fuera así, es bien difícil de que pueda ser sostenida en el tiempo”.

“Es más fácil engañar a la gente,
que convencerlos de que han sido engañados”. Mark Twain

Como hemos explicado antes, los anti-mineros que adhieren al Pos-Extractivismo (en el caso del Perú, todas las izquierdas) son especialistas en generar relatos para engañar a la gente, y en asociarse con distintos agentes, internacionales y locales, confesionales, laicos, ambientalistas,  mediáticos, etc., con el afán de ir validando sus propuestas.

El caso de El Salvador, donde se ha proscrito toda actividad minera, mostrado líneas abajo por los estudiosos del Centro Wiñaq, es el destino final, el objetivo máximo de la lucha del pos-extractivismo, el transito regresivo al ‘buen vivir’, en las condiciones de pobreza de los feudos de la Edad Media. Ver en Lampadia: Exigimos que se renuncie al ‘pos-extractivismo’​

Camilo Ferreira
Franco Olcese
Centro Wiñaq
Para Lampadia

“La ley tiene por objeto prohibir la minería metálica en el suelo y subsuelo del territorio de la República, la prohibición incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento ya sea a cielo abierto o subterráneo.”

Este es el texto del primer artículo de la Ley, aprobado el 29 de marzo de 2017, con la que la República de El Salvador ha prohibido la minería metálica en todas sus modalidades en todo su territorio. Cómo ocurrió esto, es un notorio ejemplo de como la legitimidad socio-política de una actividad económica puede caer hasta el punto de ser inviabilizada en un país.

1-El país.

El Salvador no es un país de vocación minera, el 2015 la minería representó el 1.2% de las exportaciones de este país. En cambio, en el caso peruano esta cifra llega a 48.6%. Sin embargo, tiene ciertas experiencias previas de minería como es el caso del Cerro San Sebastián en el que desde 1968 se operó con bajos estándares ambientales y que ha dejado visibles pasivos mineros.

Adicionalmente, El Salvador es un país sumamente denso llegando a los 311 habitantes por kilómetro cuadrado (en Perú es 25). Por ello en sus 21,000 kilómetros cuadrados (210 km x 100 km, un tamaño similar al de la región Ica) pueden habitar 6.5 millones de personas. Es un país que vivió 13 años de guerra civil entre 1979 y 1992, en que las principales fuerzas políticas del país el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) son herederos políticos de los protagonistas de este conflicto armado.

En lo económico es un país que, en 2016, mostraba un 35% de la población por debajo de la línea de pobreza, y un PBI per cápita de US$ 8,000, en paridad de poder de compra, aproximadamente 2/3 del ingreso per cápita de Perú. Las remesas anuales enviadas por salvadoreños residentes en el exterior, especialmente desde los EEUU alcanzaron US$ 4.48 mil millones en 2016, representando el 17% del PBI nacional, brindando un ingreso mensual promedio de US$ 206 por familia por mes (según nuestros cálculos).[1]

Estas características locales (economía con bajo nivel de productividad, poco peso económico y social de la minería, dependencia de una fuente externa de recursos, etc.) influenciaron el devenir del conflicto político prolongado alrededor de la minería metálica que terminó con su prohibición y en una clara victoria de los Pos-Extractivistas. Sin embargo, esas particularidades no significan que lo mismo no pueda suceder, nacional o regionalmente, en otros países con estructuras económicas distintas.

2-El proceso.

La actual resistencia frente a la minería metálica se organizó originalmente, hace más de una década, con el propósito de impedir la realización de dos proyectos mineros: uno en el Departamento de Cabañas y otro en el de Chalatenango. Se dio un conflicto social con las características ya vistas en el Perú en múltiples ocasiones: movilizaciones violentas, fatalidades, consultas ciudadanas, y ONGs alimentando temores entre la población. Inclusive hubo un análisis de los Estudios de Impacto Ambiental realizado por Robert Morán, el mismo hidrogeólogo cuyos análisis hostiles a la minería fueron utilizados en los casos Conga y Tambogrande. Esta dinámica, en la que una coalición social anti-minera consigue impulsar un conflicto que genera costos políticos al gobierno central, costos económicos al inversionista minero, y costos reputacionales a los potenciales aliados de la minería. Es la misma dinámica que se ha dado en múltiples países latinoamericanos y que derivó en la paralización de proyectos extractivos valorizados en decenas miles de millones de dólares. El caso del El Salvador se distingue por el hecho que esta dinámica de conflicto desencadenó un proceso socio-político que llegó al extremo de la prohibición de la minería metálica en el país.

Minería Metálica, compuesta por ONGs, Pos-Extractivistas, organizaciones locales de desarrollo y grupos religiosos.

La Mesa y sus miembros estructuraron la coalición social que impulso la prohibición de la minería y que consiguió de manera efectiva copar el discurso social al respecto. A este núcleo activista se le agregó el apoyo entusiasta de la Iglesia Católica local y de algunas iglesias evangélicas. El apoyo académico e institucional de la Universidad de Centroamérica, ligada a la Compañía de Jesús, fue muy relevante por su significado ético y académico para la población.

El arzobispo de El Salvador, José Luis Escobar Alas, tuvo un rol protagónico para inviabilizar la minería metálica. El 9 de marzo de este año, junto con un grupo de manifestantes, él presentó 30,000 firmas al parlamento apoyando la prohibición. La declaración abajo ilustra la postura hostil del arzobispo hacia la minería[2]:

“La verdad es que la explotación minera es dañina en todos los países donde quiera que se haga, y no es cierto lo que se ha dicho de que ahora hay capacidad, hay tecnología para tener una explotación minera, limpia, ecológica, ambientalista, no es cierto. Porque se ocupa una gran cantidad de cianuro que es sumamente letal y nunca deja de ser letal y agua. Porque con el cianuro mezclado con el agua se separa el oro de los demás metales… Si se ocupa nuestra poca agua en la explotación minera eso sería gravísimo, una mina como El Dorado contaminaría un millón de metros cúbicos de agua por día… la más grave agresión al medio ambiente es la minería metálica.”

Estas declaraciones son científicamente incorrectas y absolutamente infladas. Un millón de metros cúbicos por día es el consumo de una ciudad de 6 a 10 millones de habitantes y ninguna empresa minera tiene un consumo de esas proporciones. El hecho que una mina moderna utilice cianuro no significa contaminación pues lo hace en forma aislada del ambiente. Además, el agua que las minas devuelven al ambiente, después de su uso, no está contaminada, es agua tan o más limpia que aquella que corre por los riachuelos, y puede ser utilizada en la agricultura, y filtrada, es apta para el consumo humano. La pregunta que surge es: ¿Qué gana el arzobispo de El Salvador y la iglesia católica salvadoreña deformando la realidad hasta ese extremo?

El FMLN, que desencadenó la guerra civil, fue el partido político más cercano a las posturas de la Mesa, pero ninguna de las otras fuerzas políticas alternativas, favorables a la economía de mercado, estuvo dispuesta a dar una lucha política en favor de la existencia del sector minero. Las fuerzas hostiles a la minería no tuvieron que enfrentar ninguna oposición. La sociedad salvadoreña estuvo a merced de un discurso orientado a la generación de temores, sin que nadie saliera al frente para clarificar las cosas. Cuando se hicieron encuestas a la población, ésta ya estaba desinformada y temerosa respecto a la minería.

3-Soporte internacional.

No solo había actores nacionales detrás de la prohibición. Se constituyó una amplia Alianza Internacional Frente a la Minería, compuesta de 25 organizaciones hostiles a la minería de los EEUU y Canadá. Esas organizaciones dieron un gran respaldo institucional y de prestigio a los rumores y exageraciones que se propagaron en El Salvador.

Hay que resaltar la participación de OXFAM en un frente que impulsaba la prohibición total de la minería metálica en un país, algo que se dio apenas se hizo políticamente viable. En múltiples ocasiones OXFAM ha afirmado no ser una organización anti-minera, sin embargo, cuanto se dio el clima político propicio, OXFAM apoyó la prohibición total de la minería metálica.

Iván Morales, director de OXFAM en El Salvador declaró:

“Es necesario que se escuche la voz de la población y que sus demandas sean tomadas en cuenta, pues ella considera que la minería metálica no es una opción para el desarrollo del país” [3]

Lo que no explica el Morales es que esa percepción negativa hacia la minería fue resultado de una campaña sistemática y hegemónica en contra de dicha actividad, y del respaldo institucional de una alianza internacional de organizaciones hostiles a la minería.

Esta coalición de actores fue capaz de obtener un importante logro estratégico, al degradar profundamente la legitimidad de la minería frente a públicos decisivos. Una encuesta realizada por La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas[4] en las zonas con potencial para la actividad minera dio como resultado que un 77% de los encuestados afirmaban estar a favor de una prohibición a la minería metálica en el país.

Frente a la posición de la opinión pública, líderes de opinión, sociedad civil y líderes religiosos, el consenso social contra la minería fue tan grande que, oponerse a la prohibición hubiera significado un costo político inaceptable para los congresistas. Ello explica porque 70 de los 84 congresistas, miembros de todas las fuerzas políticas, han aprobado la prohibición.

4-Como se Destruyó la Legitimidad de la Minería.

La destrucción de la legitimidad de la industria minera pasó por el despliegue de una narrativa que afectaba componentes básicos de la imagen de la minería. Con el soporte intelectual de las instituciones listadas arriba, la Iglesia católica, la Universidad Centroamericana (UCA), el FMLN, y ONGs aliadas se construyó una narrativa con los siguientes mensajes:

A) Efectos Ambientales:  Este fue el foco de la narrativa anti-minera. Ellos afirman que la actividad minera es inevitablemente contaminante, que no existen tecnologías que puedan controlar ni mitigar de manera efectiva su efecto fatal. Se indica que la minería hace uso de miles de litros de sustancias tóxicas como el cianuro, y que solo un grano de arroz de ese veneno es capaz de acabar con la vida de un ser humano. Se afirma que las operaciones mineras implican la contaminación con cianuro de millones de metros cúbicos de agua, y se oculta que el agua devuelta al ambiente es segura. Se argumenta que El Salvador es un país pequeño y densamente poblado, a diferencia de países de mayor extensión, y que no dispone de áreas despobladas para “sacrificar a la minería,” pero oculta que una hectárea de minería produce muchísimo más que una hectárea de agricultura. Afirman que las actividades mineras se hallarían en las cabeceras de cuenca del rio Lempe por lo que el suministro de agua del 70% de la población del país estaría en riesgo. Se dice que El Salvador es el segundo país con el ambiente más degradado del hemisferio y no puede correr riesgos ambientales, pero no informa qué actividades lo han degradado. También señalan que las actividades de exploración minera ya tienen de por sí efectos nocivos sumamente relevantes, y que sus daños son inevitables.

B) Impacto sobre el Desarrollo: Se indica que las operaciones mineras tienen un plazo breve de duración entre 6 a 10 años y que las mineras dejan una fracción ínfima de sus ganancias como impuestos, y que los grandes ganadores son las empresas trasnacionales. Afirman que los beneficios temporales que generan son pequeños y efímeros, y largamente superados por los costos medioambientales perenes que las acompañan. También afirman que una vez que se acaba el yacimiento, las regiones mineras terminarán más pobres que antes de la llegada de la minería como resultado tanto de la contaminación, como de la falta de experiencia de la población en otras modalidades de obtener un sustento (debido a una especialización en minería).

C) Institucionalidad minera: También afirman que las empresas convencen a autoridades locales a apoyar a la Empresa a través de sobornos y prebendas. Indican que, en el pasado, el país ha mostrado ser incapaz de controlar los efectos de la minería en el departamento de San Sebastián por lo que no se podría esperar que ahora pueda ejercer un control efectivo sobre la minería a gran escala.

D) Caracterización Ética: Según la narrativa hostil a la minería, las empresas compran las voluntades de los sectores de la población mediante pequeñas prebendas, y que todo aquel que se pronuncia en favor de las empresas lo hace como resultado de beneficios personales de corto plazo. Dicen que con sus estrategias comunitarias la minería destruye el tejido social de las comunidades rurales, que manipula a la población con su campaña mentirosa respecto a la “Minería Verde”, y chantajea al país, al haber llevado a El Salvador al CIADI por no brindar los permisos para iniciar la etapa de explotación.  Según su visión, las transnacionales mineras no respetan a la inmensa mayoría de la población que las rechazan y desean imponerse a su voluntad.

La difusión de esta narrativa fue apoyada por dinámicas políticas que sirvieron de plataforma para la emisión de mensajes. Los conflictos contra las inversiones mineras les posibilitaron a las fuerzas hostiles a la minería horas de entrevistas gratis en medios, que brindó la oportunidad para que diversos voceros tuvieran espacio en medios, y dio acceso a recursos externos para las ONGs anti-mineras. Posteriormente, la relevancia mediática del juicio en el CIADI entre Oceana Gold y el gobierno salvadoreño, generó múltiples instancias para emitir mensajes anti-mineros.  Para contrarrestar estos mensajes empresas mineras lanzaron una campaña respecto a la “Minería Verde” que resultó poco efectiva, pues una campaña pro-minería hecha por empresas mineras tiene baja credibilidad. Otro mecanismo para mantener el tema minero en términos favorables para el interés de La Mesa fue la realización de 6 consultas populares en los que 99% de la población participante se mostraba opuesta a la minería. Es decir, resultados semejantes a los que se podría encontrar en un referéndum cubano. Fue así que se pudo sostener el tema en agenda por más de 13 años consecutivos y consolidar la narrativa anti-minera como parte del “sentido común” de la población.

1) Las Lecciones de El Salvador.

El caso de El Salvador brinda unas lecciones respecto al proceso estratégico detrás de las disputas por la legitimidad:

A) La importancia de la coalición social: La Mesa, la Iglesia Católica[5], las instituciones académicas, voceros mediáticos, operadores locales, y ONGs internacionales conformaron una coalición que superó largamente la coalición que el sector minero fue capaz de movilizar. Los distintos componentes de la coalición social anti-minería tenían un poder gran discursivo que terminó moldeando la percepción de la población respecto a la minería en todo un país. El apoyo del gobierno central y unos cuantos operadores locales, los típicos aliados de una empresa minera, claramente no es suficiente cuando se enfrenta a un movimiento social articulado.

B) La inefectividad de las campañas mediáticas: Las disputas por la legitimidad son batallas sostenidas, de larga duración y estructuradas alrededor de narrativas en disputa. La respuesta de muchas empresas, al verse involucradas en una disputa de este tipo, consiste en desplegar campañas publicitarias con la expectativa de influir en la opinión pública, en caso de El Salvador fue la campaña de la “Minería Verde”. Unos cuantos meses de campaña publicitaria y spots publicitarios no pueden hacer frente al sostenido accionar anti-minero. Ellos llevan años creando una narrativa potente, resultante de la creación de contenidos académicos, y con la cooptación de voceros creíbles para la población. Una campaña publicitaria hecha por un actor interesado, las empresas mineras, no puede competir con un bombardeo de mensajes de voceros considerados independientes como la Iglesia católica, la universidad, y organizaciones ambientalistas de países desarrollados.

C) La legitimidad es indispensable para la supervivencia de una industria: La minería metálica en El Salvador, la energía nuclear en Alemania, la minería a tajo abierto en Costa Rica son actividades económicas que se han visto inviabilizadas frente a la formación de un consenso social hostil. Frente a ello la racionalidad económica de permitir operar a un sector que genera riqueza para la sociedad se ve desplazada por la racionalidad política de no enfrentarse a la opinión pública.

D) Economías de alcance discursivas: La narrativa desplegada para socavar proyectos mineros específicos tiene componentes que son hostiles a la totalidad o a gran parte del sector minero. Una frase como “La minería emite millones de litros de agua cianurada al ambiente” afecta a todo el sector, no sólo a la Empresa a la que es dirigida.  Los conflictos sociales brindan a los anti-mineros una plataforma mediática para emitir su narrativa frente a la opinión pública. Reciben horas de entrevistas y reportajes en radio y televisión, centímetros cuadrados en periódicos y revistas, espacio en redes sociales, y todo esto sucede a lo largo de años consecutivos. En ese espacio mediático los mensajes que se emiten en contra de una empresa particular permiten descalificar a la totalidad del sector minero.

En el Perú, en abril del 2015 una encuesta GFK encontraba que un 9% de la población peruana consideraba que “La minería no es importante para el desarrollo económico del país”.  Un mes después, en mayo, este porcentaje se había elevado a un 19%.[6] Entre ambas encuestas, ocurrió una alta conflictividad respecto al proyecto minero Tía María.  Este conflicto facilitó el envío de mensajes que degradaron la legitimidad del sector minero como un todo y no solo al proyecto bajo conflicto. En solo un mes se logró que un 10% adicional de la población asumiera una postura hostil a la minería. En el caso salvadoreño, se tuvo años de conflicto con superioridad discursiva anti-minera que acabó con la legitimidad de la minería.

E) Ampliar los afectados: Los anti-mineros tienden a tratar de ampliar al máximo el grupo poblacional que pueda sentirse amenazado por las actividades mineras. Con esto se consigue por un lado ser mediáticamente relevante para un mayor conjunto de personas, incrementar el número de potenciales movilizados contra un proyecto minero. El concepto más útil para ampliar la percepción de amenaza es “la cabecera de cuenca” con ello cualquier elevación conexa a una cuenca pasa a ser un punto sensible en el cual realizar operaciones mineras se considera una amenaza a los recursos hídricos de toda la cuenca. En El Salvador se tuvo éxito en asociar la minería a una amenaza al rio Lempa en cuya cuenca habita el 70% de la población.  Se afirmó que esta población se hallaría inevitablemente amenazada por aguas y drenajes ácidos y tóxicos que se generarían con actividades mineras. Al posicionar esta idea en la agenda pública, el temor a la contaminación pasó a ser permanentemente relevante para el 70% de la población. La narrativa anti-minera apunta siempre a ampliar los sectores sociales preocupados con los potenciales efectos de la minería.

2-Implicancias para el Perú.

Sería fácil considerar que eventos como los ocurridos en El Salvador no podrían darse en el Perú. Es difícil imaginar que el Perú podría prescindir totalmente de un sector que representa el 14% de su PBI. La misma encuesta de GFK previamente citada encontraba que un 80% de la población consideraba a la minería como un sector importante o el más importante para el desarrollo del país. En el Perú existe un consenso social a escala nacional respecto al potencial de la minería para impulsar el desarrollo del país. Tan es así, que en el Perú las organizaciones Pos-Extractivistas sistemáticamente rechazan que se les asigne el apelativo de anti-mineros que en otras latitudes sus colegas se atribuyen con orgullo.

Sin embargo, las herramientas desplegadas por los anti-mineros de manera exitosa en El Salvador también lo han sido utilizadas en el Perú y les han permitido generar hegemonías políticas locales.  En aquellas zonas en las que se han dado conflictos mineros prologados como los de Tía María, Majaz, Conga, Las Bambas, etc. Las organizaciones políticas hostiles a la minería[7] obtuvieron en conjunto entre un 60% y 80% del voto. Los antimineros están impulsando mediante el Ordenamiento Territorial a cargo de autoridades locales una institucionalidad mediante el cual se pueda replicar el fenómeno de El Salvador a escala local.

Otro mecanismo de expulsión de la minería es mediante el avance legislativo de propuestas como la Ley de Protección de las Cabeceras recientemente aprobada a nivel de comisión en el Congreso de la Republica. 

“Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 283/2016-CR que, mediante texto sustitutorio, propone la Ley de Conservación y Protección de las Cabeceras de Cuenca mediante el establecimiento de los Criterios Técnicos para su Identificación y Delimitación.” 

Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro-peruanos, Ambiente y Ecología

En el Perú los Pos-Extractivistas están impulsando una agenda de descentralización de las prerrogativas para que determinan la viabilidad legal a las actividades mineras. Esta descentralización de las decisiones permitirá generar zonas de exclusión a la actividad minera en aquellos espacios geográficos en los que consigan degradar lo suficiente la legitimidad de la minería. También impulsan regulaciones en las que una mayor proporción de la superficie del país sea legalmente considerada como excluida de la actividad minera. Un ejemplo de esto son las cabeceras de cuenca.