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Activos ambientales mineros

Activos ambientales mineros

Carlos E. Gálvez Pinillos
Ex presidente de la SNMPE
Para
Lampadia

Cotidianamente oímos el mensaje referido a la contaminación ambiental minera y siempre se repite aquello que se quedó grabado en nuestra memoria, que viene de los tiempos en que el tema ambiental simplemente no era un tema de preocupación para la humanidad, vale decir, de antes de la década de los 70’s del siglo pasado.

En el Perú contamos desde 1992, con una legislación ambiental para el sector minero-energético y este sector es el más regulado y supervisado desde ese entonces. Hoy en día, no hay empresa de la industria minero-energética (excepto los ilegales), que no cuente con autorizaciones ambientales previas hasta para explorar, que no tenga Estudios de Impacto Ambiental (EIA) previamente aprobados y verificación constante de su cumplimiento, bajo pena de multa.

Cuando hablamos de EIAs, no nos referimos solo a cumplimiento de estándares ambientales, límites máximos permisibles (cosa que en muchos casos son más exigentes que lo que contiene nuestra naturaleza, al estar en un área geológica altamente mineralizada), sino limitaciones para obtener agua y para vertimiento de la misma, cuya calidad, en la mayoría de los casos, también, es más exigente que la del afluente. Esta es una razón muy importante para recircular el volumen de agua utilizado, procesándolo como si de una piscina se tratara, hasta el infinito. Evitando o minimizando con eso los vertimientos.

Pero la industria minera no se ha quedado sólo en eso, ahora viene desarrollando “activos ambientales mineros” que, perduren en el tiempo más allá de la vida de la mina y mejoren las condiciones del ambiente en beneficio de la población.

Al respecto quisiera compartir varios de ellos:

  • Uno de los más antiguos es el Humedal de ITE. Muchos creen que ITE es un lugar, pero no, son las siglas de “Irrigación de Tierras Eriazas”, que antiguamente fue el depósito de relaves de Southern en la “bahía de ITE”.  Esta área, que ha sido completamente remediada, ha generado una extensión de 1,600 ha de humedal costeño (el más grande del litoral peruano y el segundo en América), creando un hábitat para 126 especies de aves, de las cuales 52 especies son migratorias, tales como el águila pescadora, la garza blanca chica, la garza blanca grande, gaviotas grises y parihuanas, entre otros. Esta bahía recibe también, desde hace muchos años, la mayor cantidad de aves acuáticas del país, habiéndose convertido en un refugio de nidificación y alimento.  Ciertamente han elegido este lugar para recalar en sus permanentes viajes migratorios o anidar y alimentarse, por sus características especiales y calidad ambiental.

  • La industria minera ha creado en el norte del país activos ambientales tales como; el reservorio San José (Cajamarca), el mismo que demandó una inversión de US$25 millones para convertir el tajo abierto en un depósito de 6 millones de metros cúbicos de agua (equivalente a 6 estadios nacionales de Lima llenos de agua). Esta agua (clase III) para fines agrícolas y ganaderos cubre las necesidades de 5,000 familias de la zona y cuenta con un fideicomiso que garantiza su operación a perpetuidad.

  • También en Cajamarca, en el área del proyecto Conga, se construyó el reservorio Challhuagon, incrementando su capacidad de 1.2 millones a 2.6 millones de metros cúbicos de agua. Este reservorio, que retiene agua de lluvia, beneficia a comunidades de la zona de Conga.
  • A partir de estas facilidades, Yanacocha construyó reservorios familiares y facilitó a esas familias sistemas de riego por aspersión, con el consecuente uso eficiente del agua, incorporando mayores extensiones de tierra (ampliación de frontera agrícola y ganadera), reemplazando el riego por inundación que, no sólo es ineficiente en términos de uso del agua, sino que elimina los nutrientes del suelo.  En Cajamarca se ha instalado estos sistemas en más de 800 ha, beneficiando con ello a 7,000 pobladores. Estas familias han logrado triplicar su producción lechera, manteniendo constancia productiva a lo largo de todos los meses del año (en el pasado producían leche en época de lluvia, cayendo dramáticamente estos volúmenes en época de estiaje).
  • La industria minera viene haciendo un cuidadoso manejo de bofedales en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca.
  • A comienzos de esta década, se inició en 30 centros poblados de Huari la instalación de 30 viveros que, dando ocupación productiva a 1,800 pobladores, sembraron 2 millones de árboles en una extensión de 1,300 ha en una primera etapa, para luego ampliar el programa a 7 millones de árboles en 4,500 ha.
  • En Bayovar se han trabajado 350 ha del desierto de Sechura, sembrando 35,000 plantones de algarrobo y zapote, invirtiendo para esto US$3.5 millones en un sistema de riego por goteo.
  • Creemos firmemente que todos debemos contribuir a rellenar el acuífero del subsuelo y para esto, la industria minera ha plantado 295,000 árboles de Quenuales, en la zona de operación de Milpo, reforestando 355 ha.  Este programa debe ser replicado a lo largo de la rivera de los ríos de la sierra, con participación activa de las comunidades locales, tal como se ejecutó este piloto.
  • Igualmente, en Antapacay se activó el programa adopta un árbol, mediante el cual se ha sembrado 1 millón de árboles de colle y queñua en 1,100 ha.
  • Proverbiales son las piscigranjas instaladas por empresas mineras de Huancavelica, Oyón y Cajamarca, que siembran truchas aguas abajo de sus operaciones, demostrando con ello la calidad de las aguas antes de ser vertidas y su impacto positivo a las comunidades aledañas.
  • Quiero hacer una mención especial a la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de La Enlozada (PETAR), inversión de US$ 500 millones, realizada por Cerro Verde (Arequipa), para tratar 4 m3/seg (metros cúbicos por segundo) de aguas residuales de Arequipa metropolitana y la creación de un relleno sanitario de residuos sólidos. Con esta obra, que entró en operación en el año 2016, se ha recuperado el río Chili y se proporciona agua de calidad a la agricultura, [el único río limpio del Perú].  Quien sabe, más importante aún es el impacto sobre la salud, pues los casos de enfermedades diarreicas agudas se vienen reduciendo año a año, pasando de más de 81,000 casos en 2015 a 72,500 en 2016 y a 67,000 en 2017. No dudo que al 2018 se reportara alrededor de 62,000, lo que constituye un avance que debe estar acompañado de programas educativos en hábitos de higiene para avanzar aún más rápido.

Me atrevo a resaltar que este es el mejor instrumento de combate a la anemia infantil y que las diversas compañías podrían “adoptar un distrito”, instalando mediante OxI plantas modulares y estandarizadas de potabilización de agua y PETARs, operándolas inicialmente y transfiriéndolas a las autoridades distritales para que se “gradúen” al término de 2 o 3 años desde la construcción. Recordemos que la anemia infantil en la sierra, tiene su origen, no tanto en la falta de ingesta alimentaria, sino en los procesos diarreicos agudos y repetidos que, destruyen a nuestros niños. Lampadia




Nueva Institucionalidad para el desarrollo minero

Simplificar el Estudio de Impacto Ambiental y proponer paralelamente el Estudio de Desarrollo Integral para el adelanto social

Jaime de Althaus
Para Lampadia

 

La creación de una institucionalidad que facilite la comunicación y el desarrollo compartido entre empresa minera, Estado, comunidad y sociedad civil a fin de hacer posible la inversión minera con beneficio para todos, está aún por crearse. Forma parte de ella el planteamiento del “adelanto social”, que se aplicó en cierta medida en Las Bambas pero que no ha sido sistematizado ni se ha hecho el esfuerzo de aprender de las experiencias existentes. La SNMPE (Sociedad Nacional de Minería y Energía)  tampoco ha procesado, que sepamos, las experiencias mineras exitosas de comunicación, relacionamiento y desarrollo rural y ambiental que hemos tenido en el país, como la de la mina Corani de Bear Creek en Puno por ejemplo, la de Antamina en algunos aspectos, la de Goldfields, o las de Barrick, Milpo y Minsur con Sierra Productiva, entre muchas otras. Menos aun ha hecho un recuento sistemático de lo que no funciona, de lo que resulta contraproducente, de lo que no hay que hacer. 

Representantes del Poder Ejecutivo en una mesa de diálogo con dirigentes de Cotabambas
Fuente: El Comercio

 

Uno de los elementos de esta institucionalidad que hay que mejorar, son los Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Para comenzar, son enciclopédicos y están escritos en un lenguaje inaccesible para las poblaciones. No sirven como un instrumento de comunicación y de socialización de las tecnologías que usará el proyecto y de los posibles impactos positivos y negativos de la operación minera.

El siguiente cuadro muestra claramente las dimensiones del delirio. El EIA de Cerro Verde, por ejemplo, tuvo ¡36,617 páginas! Había que transportarlo en camión. El más pequeño, del proyecto Tambomayo de Buenaventura, tuvo 15,414 páginas. Los resúmenes ejecutivos no bajan de ¡300 páginas! Es evidente que documentos tan voluminosos no los leen ni los especialistas, de modo que pierden incluso su utilidad preventiva. Y ni qué decir de los alcaldes y las poblaciones que asisten a los talleres y a la audiencia final, que obviamente no pueden digerir tamaña información. Y por lo general no se hace el esfuerzo de poner esos tomos en presentaciones sencillas y comprensibles. Lo que debería ser un instrumento para no solo para prevenir impactos sino también explicar y compartir la naturaleza del proyecto y sus efectos, no funciona como tal. Se instala, entonces, el reino del oscurantismo en el que los miedos y las medias verdades, manipulados por agentes interesados, terminan copando la escena. 

La excesiva extensión de los EIAs se origina no sólo en una normatividad (por lo general absurda y detallista), sino en los temores de los funcionarios a la Contraloría, que sienten que tienen que pedir más y más información y hacer observaciones tras observaciones para que no se les acuse de nada. La buena noticia es que, según Patrick Wieland, jefe del SENACE, esta entidad está contratando una consultoría para modificar el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para introducir términos de referencia y requisitos más simples y sencillos, y que el resumen ejecutivo no pase de 25 páginas, como es en Chile. También para que el SENACE pueda “ponderar” o filtrar mejor los pedidos que formulan otras entidades a las que debe pedírseles opinión, que son innumerables: la ANA, DIGESA, SERFOR, Produce, DICAPI, y muchas otras. 

Pero no basta con simplificar los EIA de modo de convertir los talleres con las comunidades en ocasiones fructíferas desde el punto de vista de la comunicación y discusión de las características del proyecto. En realidad, esta tarea debería ser anticipada por la mina en grupos pequeños a los que se les explique bien en qué va a consistir el proyecto, qué tecnologías va a usar, si estas contaminan o no, de dónde y cómo va a tomar el agua, etc. La única manera de despejar los temores es viendo con claridad cómo va a operar la mina. Y eso requiere de un trabajo paciente de explicación muy didáctica a toda la comunidad pero en grupos pequeños.  Es lo que se hizo, por ejemplo, en la mina Corani en Puno.

Por último, tampoco basta con esta difusión. Raúl Delgado Sayán de CESEL ha propuesto que antes o junto con el EIA, el Estado, quizá el CEPLAN, prepare y consulte un Estudio de Desarrollo Integral, con la propuesta de desarrollo rural integral del área que pueda ser ejecutada por una APP productiva y con un fideicomiso financiado con el adelanto del canon, el famoso adelanto social. Todo proyecto minero tiene que formar parte de un plan de desarrollo integral de la región en la que opera, de modo que los campesinos y los agentes económicos auto generen ingresos con sus propias actividades productivas y comerciales, abasteciendo incluso a la mina pero sobre todo al mercado. Es la única forma de establecer relaciones sanas y no parasitarias entre comunidad, sociedad civil y mina. Así debería ser.  Lampadia