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Comprometidos con la Igualdad

Comprometidos con la Igualdad

La reducción de la desigualdad está en el centro de la agenda de la política económica actual en todos los países. Instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) han aceptado que la alta desigualdad conduce a inestabilidad macroeconómica y reduce el crecimiento y que una menor desigualdad ayuda a que estesea sostenible en el largo plazo.

Pero no hay una solución mágica. La reducción de la desigualdad requiere un duro y largo trabajo de construcción de instituciones sólidas y transparentes para mejorar las políticas de impuestos y gastos, la eficiencia de la redistribución, garantizando una mayor equidad. Además se necesita un Estado que diseñe políticas fiscales eficaces y proteja los intereses de los que luchan por proporcionar estabilidad económica y seguridad para sus familias, tanto en los países desarrollados como en el mundo emergente.

Según Nora Lustig, economista de la Universidad de Tulane y una de las primeras en documentar la reducción de las brechas de ingresos de la región en América Latina, hay dos factores principales que han logrado un gran impacto. Estos se analizan en su informe ‘Commitment to Equity’ (Comprometidos por la Igualdad) que todavía está en construcción mientras que analiza distintos aspectos en diferentes países (Brasil, Chile, Colombia, Indonesia, México, Perú y Sudáfrica). Ver en Lampadia: Comprometidos con la Desigualdad, por Nora Lustig.

En primer lugar, el aumento en la educación secundaria ha incrementado la oferta de trabajadores alfabetizados, razonablemente bien educados, y los años de crecimiento constante han elevado la demanda relativa de los menos calificados en el mercado laboral formal. En segundo lugar, los gobiernos de toda América Latina han reforzado la reducción de las diferencias salariales con el gasto social dirigido a las personas con ingresos más bajos. Estos incluyen pensiones más generosas y esquemas de transferencias condicionales de efectivo que ofrecen un pago a las familias más pobres a cambio de cumplir con condiciones específicas, tales como asegurarse de que sus hijos vayan a la escuela.

El cambio más notable ha sido en la educación. La inversión pública en la educación ha dado lugar a una expansión de la educación terciaria que redujo la desigualdad salarial en países como Brasil. Al mismo tiempo, al pasar de los subsidios generales a las transferencias de efectivo, se mejoró la focalización y aumentó la eficiencia de las políticas redistributivas.

Según Lustig, anteriormente los gobiernos latinoamericanos invertían gran parte de sus recursos en educación en las universidades. Las escuelas primarias y secundarias del Estado tenían bajos fondos y una calidad mediocre. Ese sesgo a favor de la educación terciaria benefició a los ricos, que habían asistido a las escuelas primarias y secundarias privadas. Pero desde principios de 1990, el gasto en educación se ha vuelto mucho más progresivo, con una enorme expansión en la educación secundaria pública entre los pobres. Según Karla Breceda, Jamele Rigolini y Jaime Saavedra, tres economistas del Banco Mundial, los gobiernos de América Latina, en promedio, gastan una mayor proporción de su PBI en educación para el 20% de niños más pobre.

Además, Lustig  presentó pruebas de que casi la mitad de los 78 países incluidos en el informe ‘Commitment to Equity’ han demostrado una disminución en la desigualdad, principalmente motivado por la actuación estelar de América Latina en los últimos 15 años.

De hecho, los datos muestran que hoy los países en desarrollo están gastando mucho más en la redistribución de los recursos fiscales que lo hecho por los países desarrollados cuando estaban en el mismo nivel de ingresos. El mensaje es que los políticos tienen las herramientas para reducir la desigualdad, si tuvieran la voluntad de hacerlo.

En el caso específico del Perú, el informe muestra un cuadro (reproducido líneas abajo) que contiene la incidencia de pobreza de acuerdo a las distintas líneas de pobreza internacionales de US$2.50 y US$4.00 por día y por persona, así como las estimaciones de pobreza extrema y moderada con líneas de pobreza nacionales para el ámbito rural y urbano. Estas estimaciones son comparadas al utilizar los conceptos de ingreso de mercado, disponible y post-fiscal (ver definición de los conceptos más abajo).

Hay tres principales resultados que vale la pena destacar. En primer lugar, sin importar la línea de pobreza y el ámbito geográfico, los niveles de pobreza disminuyen si se toman en cuenta las transferencias e impuestos directos (diferencia entre ingreso de mercado y disponible); en segundo lugar, estos niveles aumentan si se toman en cuenta impuestos al consumo y subsidios indirectos representados por la diferencia entre ingreso disponible y el ingreso post-fiscal para zonas urbanas; finalmente, la magnitud del impacto de transferencias directas y los impuestos al consumo es reducida. Existen diferencias notables en los niveles de pobreza de acuerdo al ámbito, por ejemplo, el porcentaje de la población con un ingreso disponible menor a US$2.50 PPP es de 3.8 por ciento para la población urbana y de 33.5 para la rural.Para un ingreso menor a US$4.00 PPP el resultado es de 11.7 y 58.4 por ciento respectivamente.

En el caso de la desigualdad, al utilizar el coeficiente de Gini (ver el cuadro inferior), los niveles de desigualdad son mayores en localidades urbanas si se toma en cuenta cualquiera de las  definiciones de ingresos indicadas. Sin embargo, la brecha de desigualdad entre un grupo población y el otro aumenta conforme se van tomando en cuenta impuestos directos, transferencias (ingreso de mercado a disponible), impuestos y subsidios indirectos (ingreso post-fiscal).

Como se ha observado, las diferencias en la incidencia de la pobreza extrema rural y urbana y la distribución de la población pobre muestran que el sector rural está en gran desventaja. Si bien las brechas en las incidencias de la pobreza con las cuatro líneas utilizadas se reducen por el efecto de la política fiscal, según Lustig, esto se debe en parte “a que la pobreza post-fiscal en zonas urbanas termina siendo más alta que la pobreza pre-fiscal”. 

El principal problema, entonces, es que “la política fiscal tiene un sesgo anti-pobres urbanos que se debiera corregir mediante la expansión de los programas de transferencias a zonas urbanas. Asimismo, el grado de reducción de la pobreza rural es bajo debido a que las transferencias, aun teniendo el sesgo pro-rural, son pequeñas y no cubren a toda la población en pobreza extrema en zonas rurales.”

En Lampadia asumimos que esta interpretación es resultado de una visión muy generalizada de Nora Lustig, ya que su análisis abarca a otros países del mundo, en los cuales la pobreza extrema urbana puede ser alta. Específicamente en el Perú, esto no es aplicable ya que la pobreza extrema urbana es casi nula y, más bien, ha habido una migración hacia la nueva clase media. Por su lado el BID, en su estudio La Clase Media en el Perú: Cuantificación y Evolución Reciente, destaca que, entre el 2005 y el 2011, la clase media aumento de 51% a 72%, debido a que “el crecimiento económico ha sido pro pobre, permitiendo salir de la pobreza a millones de peruanos, y ha sido pro clase media, permitiendo al mismo tiempo una expansión y consolidación de los estratos intermedios”. No olvidemos que “seis de cada diez peruanos pertenecen a la clase media”. Ver en Lampadia: El BID lo confirma: la clase media crece como espuma.

Deberíamos tomar en consideración este análisis a la hora de tomar medidas de política fiscal en el país. Hemos sido muy exitosos en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los últimos años, esforcémonos en continuar con esta senda de desarrollo y aprovechemos los consejos que se nos están brindando. Lampadia