Jaime de Althaus
Para Lampadia

Es conocida la tesis de Vladimir Cerrón de que no basta con llegar al gobierno, sino que hay que tomar el poder, y no dejarlo.[1] Con “tomar el poder” se refiere a un poder sin límites, sin controles horizontales, sin pesos y contrapesos institucionales, concentrado en el partido de gobierno y en la mano presidencial, para llevar a cabo la revolución.[2] Es la dictadura del partido de Lenin.[3]

Hemos sostenido que la asamblea constituyente es el medio usado por los gobernantes bolivarianos para concentrar poder político y económico. No solo por su resultado: un nuevo texto constitucional que consagra un modelo político y económico[4] iliberal, sino por el proceso mismo, por las decisiones que toma la asamblea misma que, ejerciendo un poder absoluto, disuelve instituciones vigentes y despide magistrados y funcionarios.

Lo dice Allan R. Brewer-Carías: “Esas Asambleas Constituyentes que se convocaron en Venezuela (1999), y luego en Ecuador y Bolivia al margen de los postulados de las Constituciones, no fueron, por supuesto, para que en un marco plural y con los necesarios consensos políticos –como había ocurrido en 1991 en Colombia– se pudieran elegir representantes del pueblo para recomponer el sistema político, sino que se trató de un mecanismo diseñado para asaltar y acaparar el poder, conforme a una bases electorales o comiciales impuestas unilateralmente desde el Poder Ejecutivo. Para ello, poco importó lo que dijera la Constitución, prevaleciendo la idea de que en ningún caso ella podía impedir que el pueblo se manifestase”[5] (p.88)

Venezuela

En Venezuela se usó este recurso dos veces: en 1999 y en el 2017, Chávez primero y Maduro luego. Apenas elegida la asamblea constituyente de 1999 por ejemplo, el diario español El País titulaba su informe periodístico así: “El Congreso de Venezuela acepta su cierre temporal por las presiones de Chávez”.[6]

La asamblea había votado para darse el poder de abolir las instituciones gubernamentales y despedir a funcionarios señalados como corruptos. Despidió así a sesenta jueces.[7] Refiere Brewer Carías: “No sólo eliminó el mandato democrático de los diputados y senadores que habían sido electos al Congreso en noviembre de 1998, sino que más grave aún, promovió y permitió el asalto al Poder Judicial a través de una Comisión interventora, la cual, fue ciegamente aplaudida por centenares de “demócratas” que saludaron la supuesta “depuración” del Poder Judicial, creyendo en las “democráticas” intenciones de la Asamblea, cuando lo que estaba ocurriendo no era otra cosa que un apoderamiento total del mismo” (P.88)

Maduro también quiso su propia asamblea constituyente, para abrazar aún más poderes ante una oposición más beligerante y que por primera vez había triunfado en las elecciones parlamentarias del 2015, donde la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), alcanzó 112 de los 167 diputados de la Asamblea Nacional. Había que inhabilitar ese Congreso, desplazarlo, restarle facultades. Y así se hizo. La  Asamblea Nacional Constituyente (ANC) asumió facultades plenipotenciarias por encima de los demás poderes públicos del Estado y se eternizó: duró más de 3 años, desde agosto de 2017 hasta diciembre de 2020, y al final ni siquiera promulgó una nueva constitución: su objeto fue simple y descaradamente despojar de todo poder al congreso opositor y despedir autoridades independientes. Aquí tenemos una antología de actos de poder omnímodo de la ANC: [8]

• El 5 de agosto de 2018, destituyó a la fiscal general Luis Ortega Díaz.
• Luego allanó la inmunidad parlamentaria de cuatro diputados y autorizó su enjuiciamiento
• Destituyó al gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, por no juramentar ante ella.
• Ordenó la convocatoria a elecciones para las 335 alcaldías del país para el 10 de diciembre y estableció que todos los alcaldes electos debían juramentarse ante los constituyentes. ​
• ​Aprobó la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, estableciendo penas de 20 años de cárcel y cierre de medios de comunicación entre otras sanciones, ley diseñada para penalizar la disidencia política
• Ilegalizó a partidos opositores que no participaron en las elecciones municipales
• Suprimió por decreto dos distritos metropolitanos, controlados por la oposición.
• Decretó que las elecciones presidenciales previstas para finales de 2018, se realizarían antes del 30 de abril.
• Aprobó el Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025

Ecuador

Para Rafael Correa, la asamblea constituyente fue también el arma perfecta para concentrar poder y eliminar contrapesos institucionales. Según Richard Ortiz,[9] “El proyecto revolucionario de Correa comprendía una estrategia de concentración de poder basada en la legitimación plebiscitaria, la reforma constitucional y la cooptación de todo el aparato estatal, incluidos la administración de justicia y los órganos de control (p. 231).

Describe así el proceso: “La estrategia de concentración del poder del correísmo empezó con la convocatoria a Asamblea Constituyente en abril de 2007. El primer paso fue influir en la autoridad electoral… La resistencia del Congreso Nacional a la consulta popular trajo como consecuencia que 57 diputados de la oposición fueron destituidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en marzo de 2007…  Con la destitución inconstitucional de los parlamentarios y la negociación previa con los suplentes, el gobierno se aseguró el control del legislativo.

A pedido de los legisladores destituidos, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la resolución del TSE que afectaba al Congreso Nacional y, como consecuencia de esta decisión, los jueces constitucionales fueron cesados en sus cargos por el Congreso Nacional (24 abril) y reemplazados por jueces cercanos al gobierno.

En suma: para junio de 2007, el gobierno ya había tomado el control sobre el TSE, el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional. Los asambleístas constituyentes fueron elegidos en septiembre de 2008, con una clara mayoría para el gobierno de 80 de 130 miembros. Una vez instalada la Asamblea Constituyente de plenos poderes en noviembre de 2007, el órgano del poder constituyente asumió las atribuciones de la Función Legislativa y suspendió a los diputados del Congreso Nacional que fueron elegidos en octubre de 2006.

Además, destituyó al Contralor General del Estado, Procurador General del Estado, Ministro Fiscal General, Defensor del Pueblo, Superintendentes de Telecomunicaciones, Compañías, Bancos y Seguros, y se designó a funcionarios cercanos al régimen (art. 8 MC-1)…

Después de la aprobación del texto constitucional y de su Régimen de Transición (RT) en referéndum de septiembre de 2008, la Asamblea Constituyente disolvió definitivamente el parlamento…” (Op. Cit., pp. 239 -240).

La nueva constitución no solo fortaleció los poderes presidenciales, sino que, como en Venezuela y Bolivia, estableció la reelección presidencial, apuntando a la presidencia vitalicia. En su sección tercera, “Comunicación e Información”, dictó las bases para que por ley se creara luego la Superintendencia de la Comunicación e Información, que le sirvió a Correa para confiscar, cerrar y castigar a medios y periodistas. [10]

Bolivia

En Bolivia Evo Morales no usó la asamblea constituyente del 2006 para cerrar el Congreso porque un año antes Morales había ganado las elecciones parlamentarias con un 56% de los votos.

Pero la nueva constitución que entró en vigencia el 2009 sí le sirvió para controlar los poderes constitucionales. Específicamente todos los vinculados al sistema de justicia y el Tribunal Constitucional. En efecto, la flamante Carta Magna “introdujo el sistema de elección popular de los más altos cargos del sistema de justicia: Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental. No obstante, la preselección de los candidatos… fue encargada a la Asamblea Legislativa Plurinacional, constituida así en el filtro político del proceso”.[11]

Claudio Lechín nos explica que en esas elecciones ganaron los candidatos de Morales porque muchos postulantes eran desconocidos, no había publicidad y la votación era nacional. Así pasó a controlar todas esas instituciones.

Y –añade- si bien no cerró el Congreso por la razón arriba señalada, si aprovechó el mayor poder así ganado para expulsar a congresistas opositores, golpeados además en la calle. Los gobernadores regionales fueron judicializados por supuesta corrupción o sonados asesinatos coreografiados. Fuera de otros atropellos.[12]  

En conclusión, estos botones de muestra de los efectos autoritarios y totalitarios de los procesos constitucionales bolivarianos bastan para darnos cuenta que la propuesta de una asamblea constituyente en el Perú no es inocente. Lo que busca es convertirse en el instrumento mediante el cual el gobernante adquiere, mientras dura, poder absoluto, y luego de aprobada la nueva constitución, poderes de control institucional y económico[13] que no son democráticos y que no sirven para el desarrollo nacional y menos para la reducción de la pobreza y la desigualdad, sino todo lo contrario.  Lampadia

La ruptura de nuestro desarrollo que impidió la evolución del Perú hacia la unión y la prosperidad

EDITORIAL DE LAMPADIA
Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Después de la Guerra del Pacífico, el Perú inició un largo y continuo proceso de crecimiento económico, casi ininterrumpido, hasta que en 1968 un golpe militar instaló una dictadura de izquierdista estatista y nacionalista, que desbarató nuestro desarrollo hasta entrados los años 90.

En 1980, once años después, regresó la democracia, pero esta no supo corregir el descalabro social, económico e institucional producido por la dictadura.

Lo que es peor, tanto el gobierno de Belaunde, como el de García, mantuvieron la orientación estatista de la economía y se sumaron al pésimo manejo macroeconómico y fiscal que en los años 70 instaló la gran inflación peruana, que García llevó al extremo de 7,649% en un solo año.

Casi 30 años de malas políticas económicas provocaron ‘una ruptura tectónica de nuestro desarrollo’. Mirando el siguiente gráfico, reflexionemos un momento sobre lo que eso implica en la historia de un país.

Esta ruptura se manifestó dramáticamente desde 1973 hasta inicios de los años 90.

Una desgracia que sucedió en muy pocos países. Por cierto, no ocurrió en ninguno de nuestros vecinos. Por eso, nuestro desarrollo no es comparable con el de los otros países. Una ruptura de la vida nacional, de esa profundidad y duración, que malogró la vida de varias generaciones de peruanos, establece una carga, una cicatriz, que marca el futuro del país por mucho tiempo. Entre otros impactos, si ignoramos este trauma, podemos nublar nuestra capacidad de análisis político, social, económico e institucional sobre la realidad nacional.

Registremos algunos impactos originados por esta ruptura tectónica, que muchas veces no tenemos presente:

Caída de la inversión privada

La dictadura estatista militar, pretendió reemplazar la inversión de los peruanos en todas las actividades económicas. Se estatizaron todo tipo de empresas y se crearon monstruos burocráticos dilapidadores de recursos y creadores de corrupción.

Se destruyó la economía y todas las actividades productivas. El año 1990 estábamos todos empobrecidos, 60% de la población cayó en la pobreza; las empresas más grandes no facturaban más de US$ 600 millones anuales, mientras nuestros pares ecuatorianos vendían más de US$ 1,500 millones; y el Estado, que pretendió crecer y regular nuestra vida, el año 90 solo tuvo ingresos de 3.8% de un PBI diminuto. Hoy día nos quejamos de que los ingresos del Estado solo llegan al 14% del PBI, de un PBI S/ 546,000 millones, 3.6 veces mayor que el de 1990 (comparado en soles constantes del 2007).

Nótese que el 2011, cuando empezó el retroceso de nuestra economía de mercado, por las políticas populistas y nacionalistas, los ingresos del Estado llegaron al 21% del PBI.

Hiperinflación y destrucción de la clase media y de los servicios públicos

La hiperinflación destruyó los ingresos de la clase media tradicional, dependiente, cuyos ingresos eran fijos. Esa clase media desapareció, todos cayeron en la pobreza.

Además, tuvo efectos desastrosos en los servidores públicos, en los maestros, médicos, enfermeras y policías, gente que tenía ingresos fijos y que por lo tanto, sus fuentes de vida fueron licuadas, prácticamente desaparecidas por la inflación, sin que su efecto pudiera ser compensado por aumentos salariales.

Efectivamente, a partir de mediados de la década de 1970, la dictadura militar de Velasco y Morales Bermudez nos metió en una de las mayores inflaciones de la historia de la economía mundial. Una de las mayores en dos aspectos, por su incidencia y su duración. La hiperinflación peruana descalabró a nuestra sociedad por más de 20 años y en un solo año (1990), llegó a generar un aumento de precios de 7,482%.

Nuestros funcionarios públicos, entonces muy buenos y comprometidos en su gran mayoría, tuvieron que buscar otras fuentes de ingresos, cachuelando de cualquier forma para mantener a sus familias. El propio Estado tuvo que recortar los horarios de trabajo de maestros, médicos, enfermeras y policías, para permitirles sobrevivir.

Así se destruyó la calidad de los servicios públicos. Los trabajadores perdieron su relación de exclusividad con sus labores públicas. En escencia, nos quedamos sin servidores públicos.

El caso de los maestros es muy significativo. Sin posibilidades de tener ingresos dignos en la labor magisterial, tuvieron que recurrir a la acción gremial para arrancarle, por la fuerza, algunos aumentos al Estado. Tuvieron que politizar su acción gremial y cayeron en manos de extremistas, tan es así que hasta hoy el Sutep (en sus estatutos), adscribe a la lucha de clases en vez de tener un compromiso educativo.

Destrucción de la clase política

Se dice que Fujimori destruyó a los partidos políticos. Pero en verdad, en los 80s, durante los diez años de democracia después de la dictadura militar, Acción Popular, el Apra y los demás partidos políticos, lo hicieron muy mal en lo económico, social y en seguridad, y llegaron muy desprestigiados al año 90, donde dos personajes ajenos a la política (MVLl y AFF) se disputaron la presidencia.

Fujimori desconoció la importancia de reconstruir los partidos y ayudó a profundizar su crisis, y ya en el siglo XXI arrancamos con Toledo, otro personaje ajeno a la tradición partidaria.

Confusión de académicos, periodistas y analistas

Como indicamos líneas arriba, si no tenemos presente esta ruptura de la vida nacional en nuestro análisis político, social, económico e institucional, podemos caer en el error del inmediatismo y de plantear atajos y saltos al vacío.

En general, no somos conscientes que nuestra historia, con esa brutal ruptura de nuestra vida ciudadana, nos marca y nos limita para ver nuestra situación con perspectiva histórica y en comparación con otros países. Recuperarse de 30 años de errores graves no es fácil.

Empezamos a hacerlo desde 1993, con la nueva Constitución:

• Que permitió el regreso de la inversión privada.
• Que permitió eliminar la inflación, ese horrible impuesto a los pobres. Hace años tenemos una inflación que no pasa de 3% anual.
• Que ayudó a bajar la pobreza de 60% de la población el año 90 a 20% el 2019.
• Que permitió que recuperáramos el crecimiento de la economía. Entre 1993 y 1997 crecimos 7.5% anual, proceso que lamentablemente se interrumpió en 1998 con el innecesario corte de la cadena de pagos y la consecuente recesión, que solo superamos hacia el 2004. Luego recuperamos el crecimiento alto y sostenido superando el 6.5% anual hasta que el 2011 empezamos nuevamente con el desaliento de la inversión privada. Llegando el 2019 a un paupérrimo crecimiento de 2.16%.

Sin embargo, hasta ahora no recuperamos la calidad de los servicios públicos. Nuestras instituciones dejan mucho que desear y nuestros indicadores sociales no llegan a los niveles de desarrollo que el Perú tiene capacidad de lograr por la abundancia de nuestros recursos naturales y capacidad de trabajo y creatividad de nuestra población, que ha mostrado altos niveles de longanimidad, o perseverancia y constancia de ánimo en situaciones de adversidad. La longanimidad, a diferencia de la resiliencia, que es un concepto de la física, conlleva benignidad, clemencia y generosidad.

¿Qué pasa con los académicos, periodistas y analistas que opinan sobre la situación del Perú?

Que en buena medida nos juzgan como si nunca hubiéramos interrumpido nuestro desarrollo. No se dan cuenta que tenemos que seguir con la gesta del desarrollo continuo para cerrar las brechas económicas, sociales e institucionales, que todavía no podemos superar. No se dan cuenta que recuperar nuestro potencial productivo y de generación de empleo toma mucho tiempo. Las inversiones importantes, las de largo aliento, toman mucho tiempo en consolidarse y en sacar al país de la economía especulativa y mercantilista que se desarrollo hasta 1990.

Por eso no sorprende que varios analistas pierdan la perspectiva y nos comparen con Colombia y Chile, que nunca tuvieron que empezar de nuevo su desarrollo.

Por eso molesta que no entiendan que tenemos procesos inconclusos y que tenemos que aprender a sumar. No podemos empezar de nuevo cada cierto tiempo, tenemos que corregir y avanzar.

Esta trampa de desconectar nuestros períodos históricos va más allá de los últimos 50 años. Permítanme invocar un mejor análisis, citando al historiador Mario Arce Espinoza, director de la Biblioteca Municipal de Arequipa, cuando dice de Víctor Andrés Belaunde Diez Canseco: “Para Belaunde, el Perú es resultado de una continuidad, de un proceso que se ha gestado en el tiempo. En este territorio se han asentado culturas preincas, incaicas, sociedad colonial y la república. Todos esos sistemas de gobierno y culturas nos han enriquecido y formado la peruanidad”.

El Perú es muy grande, no nos equivoquemos con visiones parciales, y no caigamos en los mismos errores, una y otra vez. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La grave situación económica y social generada por la pandemia puede terminar generando una suerte de sinceramiento ideológico en las elecciones generales que se vienen. Porque es claro que la recuperación económica requerirá del mayor grado posible de libertad económica, que es condición, a su vez, para la mayor inclusión posible de los sectores populares en el mercado y la formalidad.

Por eso, no es de extrañar que, a diferencia de procesos electorales anteriores, ya hayan surgido varias precandidaturas que podemos considerar de derecha liberal (en lo económico), como las de Hernando de Soto y Fernando Cillóniz, por ejemplo, a las que quizá podríamos agregar la de George Forsyth -según informaciones que tenemos, muy preocupada por una reforma profunda del Estado-, aunque habría que esperar a conocer su propuesta. Tal vez también la de la propia Keiko Fujimori, que claramente se está reposicionando contra el populismo congresal reafirmándose en los principios del capítulo económico de la Constitución del 93. Así como las de Máximo San Román, el APRA si predomina la influencia de Roque Benavides, y la del PPC.

Es posible que estas candidaturas proclamen abiertamente la necesidad de eliminar trabas, requisitos y cargas regulatorias de todo orden que impiden la recuperación de los empleos y de los emprendimientos de todo tamaño, algo que en tiempos normales los candidatos no suelen predicar. Es que más que nunca dicho peso se hace insoportable. Y podrán explicar entonces como esos cambios tendrán un efecto redistributivo e inclusivo enorme, al incorporar a los peruanos a la ley, a la formalidad -y, por lo tanto, al crecimiento sin barreras-, y al eliminar ocasiones de corrupción y redistribuir privilegios legales. Más aun si eso viene acompañado de políticas de consolidación de la propiedad de los sectores populares, empoderamiento tecnológico y de reforma radical de los servicios públicos, particularmente los de Salud, para incluir a todos en atenciones de calidad.

Pero, por supuesto, existirá la oferta opuesta, que sin duda también se sincerará. Aquella que proclama que los problemas de la economía se deben al modelo económico “neoliberal” consagrado en la Constitución del 93 y al comportamiento abusivo de las grandes empresas y los monopolios. La solución ofrecida por estas candidaturas no será la eliminación de barreras al crecimiento y la generación de riqueza, sino la redistribución de la riqueza incrementado impuestos y eventualmente estatizando empresas y creando empresas públicas.  

Es posible, entonces, que este sinceramiento ideológico capture votos para estas posiciones en detrimento de las candidaturas que busquen posiciones más neutrales o de centro (en lo económico), que no afecten las estructuras legales y normativas excluyentes y tampoco la utilidad o la propiedad de capital.

Ese es el eje económico. Pero también está el eje político-social, donde habrá ofertas de orden y mano dura que pueden desembocar en procesos autoritarios, frente a propuestas institucionalizadoras, que reafirmen la necesidad de las reformas política, judicial, del Estado y de la formalidad.

Aquí también tendrá que haber propuestas claras y radicales en ambas direcciones. Sobre todo, en la línea de la institucionalización.

Se hablará más claro, entonces, en estas elecciones que, por la pandemia, obligan a decir las cosas por su nombre. Es que las grandes crisis obligan a producir grandes cambios para salir de ellas y reconstruir el camino al desarrollo. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Hemos seguido con atención la corta trayectoria del gabinete de “Pedro el breve”, quien fue al congreso, lamentablemente, con aires virreinales y a pesar de sus años en política, a dar casi un mandato de lo que quería hacer.

Ante una representación nacional tan característica de nuestra población, como la que tenemos, había que ir a confesar con humildad los errores cometidos durante estos cinco meses de epidemia; tanto en lo sanitario, como en lo económico. Para empezar, explicar que, queriendo o sin querer, las cifras de contaminados y fallecidos difiere sustancialmente de la realidad y que, tras el proceso de revisión metodológica y reconteo, se había identificado la realidad de 50,000 o 53,000 fallecidos y el número de contagiados que corresponde, debidamente detallado por departamentos y provincias, data que, para ser consistentes y serios, debió ser incorporado al informe diario de la Sala Situacional del MINSA de inmediato.

Sin está primera rectificación, resultaba muy difícil proponer una estrategia creíble y que logre la aquiescencia de los congresistas. El ejercicio pasaba por un profundo examen de conciencia, mostrando el consecuente dolor de corazón, que debió conducir a una confesión sincera de las fallas identificadas y al propósito de enmienda correspondiente. Si uno no es capaz de identificar sus fracasos y compartirlos como lecciones aprendidas, menos podrá identificar las medidas correctivas y, por lo tanto, no podrá ofrecer la satisfacción de obra que las dramáticas cifras de fallecidos, que enlutan a todo el país, demanda la población y sus representantes.

Luego de esa confesión descarnada, debió explicarse el esfuerzo económico efectuado por todos los peruanos, por qué se hizo una cuarentena tan irracional, por qué se manejo los bonos y apoyo social de la manera que se hizo y una evaluación de sus resultados positivos o negativos.

Del mismo modo, se debió explicar clara y cuantitativamente, qué apoyo económico se había dado a la población y a las empresas, así como, cuáles habían sido sus resultados. Un claro balance de estas acciones les hubiera permitido mostrar la magnitud de la sangría a las finanzas públicas y el consumo del fondo fiscal de reserva. Explicar en qué consistió el programa “Reactiva Perú” del Banco Central de Reserva, cuál era la lógica de su diseño, cuál era su propósito y si este se logró. No hubiera estado demás explicar al congreso, que permitir a las empresas de mediano tamaño (grandes para ellos) el acceso a este crédito, fue el mecanismo que permitió a estas empresas el pago de facturas en favor de sus proveedores; micro y pequeñas empresas y que, al recibir las MYPES el pago de sus facturas, se evitó que ellas se endeuden más de lo necesario (por no tener que financiar lo que las empresas más grandes les debían).

Un claro y conciso plan sanitario para encarar el desafío futuro de la pandemia, incluyendo las medidas rectificatorias: pago de remuneraciones pendientes al personal hoy impago, contratación del personal de salud a incorporar, adquisición de pruebas moleculares y diseño del plan de control a base de monitoreo digital con geomática, compra de equipo de protección para el personal sanitario, compra de medicinas y esquema de atención de la epidemia en etapa temprana (cuando hay mayor probabilidad de éxito), plantas de oxígeno a nivel nacional, manejo centralizado de la salud y sus compras.

Determinación cuantificada de los esfuerzos de apoyo económico a la población vulnerable, MYPES y pequeños agricultores. Todo este esfuerzo debió quedar plasmado en el Marco Macroeconómico Multianual y, con estos números en la mano, plantear al congreso qué estímulos se debe dar, qué sectores pueden en el corto y mediano plazo inyectar inversión privada y generar recursos fiscales, pues de esto dependerá la posibilidad de sustentar económicamente todo lo que el Estado debe gastar en el trabajo planteado.

Estoy seguro que con un esquema de estos, así de claro y a la vena, le hubiera resultado al congreso mucho más difícil negarse al proyecto y si lo hacían, el ejecutivo fácilmente hubiera podido dejarlos en evidencia ante la población.

Hoy el congreso, ya está harto de que lo “ninguneen”, de tener en el gobierno al “guapo del barrio” y se las quiere cobrar todas. Ya se cansó de la mentira y manipulación permanente del jefe de gobierno, en pared con cierta prensa que lo ha encubierto y ya no le quiere dejar pasar ni siquiera un lenguaje corporal inadecuado. Ya en artículos anteriores hemos mostrado la larga lista de fallas y fracasos o simplemente actos de corrupción, a pesar de la letanía de “la lucha frontal del gobierno contra la corrupción”. Las abuelitas decían: “Dime de qué te ufanas y te diré qué te falta”.

Dicho esto, en política todo es negociación y la búsqueda de lo posible. Es natural aquí y en cualquier país del mundo, que el congreso tenga algo que decir respecto al nombramiento de ministros y funcionarios de alto nivel, de modo que, no querer prestar atención a las señales que el parlamento le dio al ex-primer ministro, fue una torpeza muy grande. Si Cateriano realmente creía en su propuesta, no debió haber puesto su ego por encima de los reales intereses del Perú y el beneficio del pueblo.

Peor aún, se acaba de designar un nuevo gabinete y se insiste, de manera picona y desafiante, con algunos personajes que han sido “políticamente objetados”, independientemente de sus cualidades personales y profesionales que, nadie está poniendo en duda.

Me temo, para desgracia del Perú, que no vamos por buen camino en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, por lo que me atrevo a poner en tela de juicio la próxima ratificación del gabinete con el voto de confianza. No nos olvidemos que, “el que se pica pierde”. Lampadia

Sylvia Eyzaguirre T.
Centro de Estudios Públicos – Chile

Foto: William Rojas

La analista Sylvia Eyzaguirre, afirma que en Chile, la crisis actual trasciende lo sanitario, económico y social, para expresarse más como una crisis política en medio de la pandemia. Algo absurdo en un momento tan grave con impactos profundos de corto, mediano y largo plazo.

Publicamos esta nota, porque en el Perú nos sucede lo mismo. Cuando más apertura, colaboración y confianza mutua debiéramos tener, adolecemos de brechas de confianza y enfrentamientos de carácter suicida.

El presidente Vizcarra ha caracterizado su gobierno por propiciar enfrentamientos políticos en aras de conseguir mayor popularidad, no ha sido capaz de construir puentes entre los distintos estamentos de la sociedad y más bien a bombardeado todas las estructuras institucionales.

Esperamos que el nuevo Primer Ministro, Pedro Cateriano, enmiende estos errores, como ha sugerido en sus últimas presentaciones, pero no hay tiempo que perder; se tiene que pasar del discurso a la acción.

Por ello es menester mantener la presión sobre el gobierno y estar a la expectativa sobre sus desarrollos. Hay que abrir la cancha y compartir la lucha contra el virus y la recuperación de la economía, con el sector privado y cuidar la calidad de los proyectos congresales.

En la línea de corregir los errores que han llevado al país a tener resultados catastróficos, tanto en lo sanitario, como en lo social y económico, llama la atención el anuncio del presidente Vizcarra de mantener en su entorno a los grandes responsables del desastre que nos afecta, Zeballos y Zamora. Ya no hay sitio para seguir con la misma agenda. ¡Basta!

¿Por qué se ha deteriorado tanto nuestra política?

Es lo que debiéramos reflexionar, pues en la respuesta a esta pregunta se encuentran las claves para la salida.

La mayor crisis que sufre el país no es sanitaria, económica ni social, – sino política. Por cierto, eso no significa minimizar la pandemia ni la crisis economía ni el malestar social. Cada uno de estos problemas presenta enormes desafíos para el país, pero podríamos hacerles frente con esperanza si nuestra clase política estuviera a la altura de las circunstancias.

Es ella la llamada a entregar las respuestas en aras del bien común, sin embargo, en sus respuestas prima el optimismo, la figuración personal y el cortoplacismo. ¿Cómo se puede entender entonces que el Congreso esté a favor de que el Estado regale a los más ricos cerca de 1,5 millones de pesos a través de exenciones tributarias con el retiro del 10%, mientras que no lo entrega a un peso a la clase media? No sorprende los senadores descolgados en la derecha, la demagogia hace rato que no tiene domicilio político, pero llama la atención que no haya ningún senador en la oposición capaz de resistir los cantos de sirena.

Pero el problema es más de fondo y muy anterior a esta crisis. La clase policía ha postergado una y otra vez las necesidades de las personas por su incapacidad de llegar a acuerdos. La discusión por los instrumentos los ha enceguecido al punto de que han olvidado de los objetivos. ¿Cómo se puede entender que el proyecto que extiende el acceso a sala cuna a los hijos de madres trabajadoras no se haya todavía aprobado si fue presentado por primera vez en 2012?, ¿Cómo se explica que duerma en el Congreso desde 2013 el proyecto que garantiza acceso universal a la educación parvularia a partir de los dos años?, ¿por qué todavía no hemos mejorado nuestro sistema de pensiones o lo seguros de salud? Por la misma razón que se encuentra parado el proyecto sobre el agua, a saber, porque para nuestros políticos la ideología es mucho más importante que las personas. Les importa mucho más la calidad de estatal o privado del ente que administrará el fondo de ahorros previsionales que mejorar las bajas pensiones de los jubilados, les importa más que los jardines infantiles sean estatales o privados que la necesidad de cientos de miles de mujeres y niños de acceder a la educación parvularia. La discusión política sobre los instrumentos es legítima, pero se frivoliza cuando pesa más que las necesidades de las personas.

Esta traición de la clase política a las urgencias ciudadanas me parece que está en el fondo de la desconfianza ciudadana a las instituciones políticas. Ella también explica la baja participación electoral y la alternancia de proyectos políticos opuestos. No somos bipolares, más bien la alternancia responde a la necesidad de apostar por lo opuesto ante el fracaso de lo elegido; pero la clase política no acusa recibo.

¿Por qué se ha deteriorado tanto nuestra política? Es lo que debiéramos reflexionar, pues en la respuesta a esta pregunta se encuentran las claves para la salida. Uno de los factores que ha contribuido al deterioro político tiene relación con el diseño del sistema político. Las ultimas reformas no han contribuido a darle mayor gobernabilidad al país ni tampoco legitimidad. Un régimen ultrapresidencialista con un Congreso proporcional no es coherente. El aumento de la representatividad en el Congreso no cumplió la promesa de hacer más atractivas las elecciones y tampoco aumentó la confianza de la ciudadanía; en cambio en conjunto con el voto voluntario incentivan el individualismo, la política clientelar, debilitan a los partidos políticos y aumentan la fragmentación, dificultando los acuerdos y afectando la gobernabilidad. Esta situación se agravará aún más con la elección popular de los gobernadores regionales.

El proceso constituyente nos ofrece la oportunidad de discutir un nuevo sistema político, que sea coherente, goce de legitimidad democrática y asegure gobernabilidad. Sin embargo, éste no nos asegura amistad cívica ni respeto a las reglas, dos aspectos esenciales para una democracia que nuestra clase política rompió.

Fausto Salinas Lovón
Desde Cusco
Exclusivo para Lampadia

En agosto de 2009, en un trabajo denominado “EL NUEVO LIBRETO AUTORITARIO LATINOAMERICANO. El fin de la democracia y el triunfo del autoritarismo mayoritarista” presentado para rendir un curso de post grado en la Universidad de Buenos Aires, explique como así “En los últimos años del siglo pasado se ha ido perfilando un nuevo libreto autoritario. La diferencia entre el primero y el segundo estaría, según este trabajo, en la importancia que ahora adquiere el factor electoral, el factor constitucional y los factores internacionales, hechos que permiten a su vez mostrar la esperanza del derecho como instrumento de límite del poder político. El trabajo no se limita al autoritarismo tradicional desde el poder. Abarca también el libreto de lo que el autor denomina como autoritarismo en las calles”.

En ese mismo trabajo se definieron los dos tipos de autoritarismos presentes, desde aquella época en la escena política latinoamericana:

“el autoritarismo desde el poder y el que está en las calles. Ambos tipos de autoritarismo darán lugar, en su momento, a su vez a dos variantes del libreto. Estas manifestaciones autoritarias son las siguientes:

1. Cuando el grupo o la persona que ejerce al poder sea autoritario, y como su mandato proviene de una  decisión mayoritaria (porque estamos en sociedades democráticas), lo imponga a los demás por la fuerza tanto a partidarios como a opositores, que no busque al consenso, más aún, que este le incomode; que elimine las minorías o sus canales de expresión y que rompa las formas legales para imponer sus puntos de vista, que se dice es mayoritario, en buena cuenta que incumpla los requisitos democráticos mínimos. Este proceder, a la postre, hará que este régimen pierda el calificativo de democrático y deje de ser una periferia interna, para convertirse en un anverso de la democracia”
2. Cuando grupos sociales al interior de sociedades democráticas, distintos al poder central o incluso contrarios a él, buscan imponer su visión y fines políticos mediante la fuerza a otros grupos, al propio Estado o a la sociedad en su conjunto. Estos grupos actúan con la autoridad que les otorga su pretensión mayoritaria y su apelación al pueblo[1], en donde reposan su legitimidad y a partir de la cual emana su actitud autoritaria. Estos grupos, que puede tener la forma de movimientos indigenistas, asambleas populares paralelas a los poderes políticos constituidos, conglomerados sindicales o frentes de defensa o similares, dejan también de ser democráticos en tanto prescinden de muchos de los elementos mínimos del concepto de democracia y buscan el poder para ejercerlo, precisamente al margen de ellos, en procura de sus objetivos presentados como mayoritarios.

Estos dos tipos de autoritarismos, a su vez caracterizan dos tipos de autoritarismos. Unos autoritarismos desde el gobierno y otros desde las calles, cuando no se tiene el poder o se ha perdido.

Lo ocurrido estas semanas en Chile con los actos de protesta, los atentados contra su infraestructura pública, sus empresas y sus sistemas político y económico, con un nivel de violencia que se explica de manera necesaria más no suficiente en la injerencia extranjera, nos reedita la idea del autoritarismo callejero, ese según el cual  grupos sociales al interior de sociedades democráticas, distintos al poder central o incluso contrarios a él, buscan imponer su visión y fines políticos mediante la fuerza a otros grupos, al propio Estado o a la sociedad en su conjunto.

Lo ocurrido en La Paz esta semana, luego de la renuncia de Evo Morales Ayma, donde hordas de partidarios de este ultimo agreden, atacan, asesinan y saquean, también nos da cuenta del estreno de una nueva función de este libreto en Bolivia. Más propiamente de un reestreno, ya que fue precisamente Morales quien paso del autoritarismo callejero con el Bloqueo de La Paz contra Gonzalo Sánchez de Lozada, al autoritarismo en el poder durante 13 años de Gobierno y regresa ahora, desde su cómodo asilo en México con la complicidad de AMLO, para buscar perturbar la transición democrática, afectar las elecciones libres y lo que es aún más cínico, ofrecer el cese de la función autoritaria si el vuelve al poder.

¿Hasta cuando América Latina deberá seguir presenciando estas funciones autoritarias? ¿Hasta cuando nuestras democracias seguirán siendo víctimas de los autoritarismos mayoritaristas?

La entereza de la ciudadanía boliviana tal vez sea el ejemplo a seguir para resistir la violencia de este autoritarismo callejero y para defender nuestras democracias y libertades en el resto de la región. El silencio, la indiferencia, la complicidad con los lugares comunes o la conformidad con las afirmaciones políticamente correctas son por el contrario, el caldo de cultivo para estos libretos autoritarismos callejeros cuyas funciones se estrenaran y reestrenarán en nuestros países. Lampadia

Gobernanza
Arte o manera de gobernar que se propone como
objetivo el logro de un desarrollo económico,
social e institucional duradero, promoviendo un
sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil
y el mercado de la economía.
Real Academia Española

El gobierno parece no entender que su rol es amplio e integral. Como especifica la RAE, la buena gobernanza no puede desentenderse de ninguno de sus componentes, desarrollo duradero en lo económico, social e institucional. Lamentablemente el gobierno de Martín Vizcarra está a la caza de cualquier oportunidad para confrontar con el Congreso y esperar un rebote de su mermada popularidad.

Inclusive en lo institucional político, exacerba las contradicciones más allá de lo realista. En el caso de la última pechada al Congreso, si bien fue torpe archivar sumariamente la reforma de la inmunidad, el gobierno se quedó en la envoltura, pues ya se había anunciado que el tema se ajustaría vía el reglamento del Congreso. Por lo tanto, no había ninguna necesidad de forzar la mano.

Vizcarra malogró así lo avanzado en la reciente reunión de coordinación con los voceros de los partidos políticos.

En lo social, el gobierno se muestra incapaz de emprender una efectiva y urgente gesta para movilizar al país en pro de reducir la anemia infantil.

En la económico es evidente que el manejo de los conflictos sociales es muy pobre, tanto en los temas petroleros como en el caso de Las Bambas, que después de cien días aun no se resuelve definitivamente.

Lo mismo va por el caso de Tía María, un proyecto que evidentemente no trae consigo problemas ambientales, y que en lo social ha tenido avances sustanciales. Acá solo resta explicarle al país el balance del proyecto y devaluar los falaces argumentos de los minoritarios grupos anti-mineros.

Volviendo al tema político institucional, el mayor problema del país, según la opinión ciudadana e indicadores palpables, es el tema de seguridad ciudadana. El gobierno se tapa los oídos y el ministro del Interior no pierde ocasión de entrar a los juegos políticos. El colmo.

Además, ahora nos encontramos en una campaña pro cierre del Congreso, promovida por la encuestadora del IEP, ahora secundada por varios medios de comunicación.

Llegar al cierre del Congreso forzando una cuestión de confianza sería una gravísima irresponsabilidad, pero hasta el Primer Ministro mantiene el tema en el horno.

“La Magdalena no está para tafetanes”, o no está el ánimo para vanidades o adornos. La situación del país es difícil. No se puede seguir jugando la suerte del país en los extramuros. Es hora de asumir los retos que manda la buena gobernanza. Lampadia

Recientemente se publicó el último informe INCORE (Índice de Competitividad Regional) elaborado por el IPE. Según el informe, los resultados indican una relación directa entre competitividad y desarrollo económico y social.

Este indicador cuantifica la posición de las 24 regiones del país mediante seis pilares: Entorno Económico, Infraestructuras, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. Cada uno de los cuales está compuesto por varios componentes que dan como resultado un total de 46 indicadores. Con esta información se puede evaluar el desarrollo integral de cada región, así como identificar sus principales fortalezas y debilidades.

Entre los resultados más importantes tenemos que Lima continúa liderando la competitividad del país. Además, una de las regiones que ha avanzado es Arequipa, que desplazó a Moquegua del segundo lugar que vino ocupando en los últimos tres años. Dicho avance se debe a que Arequipa obtuvo mejores cifras en el pilar Laboral debido a la mejora en creación de empleo formal, pero registró un retroceso de una posición en el pilar de Instituciones.

Les siguen las regiones de Moquegua, Ica y Tacna. Estas cinco regiones se ubican en el tercio superior en más del 60% de los 45 indicadores evaluados, lo que muestra una notable ventaja respecto al resto de regiones.

Por otro lado, Cajamarca, Puno y Loreto son las regiones menos competitivas del país por quinto año consecutivo, y se ubican en el último tercio en más de la mitad de los 45 indicadores del INCORE.

Cajamarca, específicamente, es un caso trágico porque hasta hace pocos años, era la región con mayor potencial de crecimiento del país y, de haber consolidado una vocación pro inversión y desarrollado, los cuatro grandes proyectos que estaban en marcha antes de la caída de los precios de los minerales, pudo haberse convertido en la región más rica del Perú.

El sorprendente salto de Apurímac

Quizás lo más revelador del informe es que Apurímac fue la región que registró el mayor avance, que subió del puesto 19 al 14, gracias al mejor desempeño de los pilares instituciones, laboral, infraestructura y entorno económico.

Según el IPE, Apurímac es la región que escaló más posiciones en el INCORE (cinco puestos) debido al avance sustancial de los pilares Instituciones y Laboral. El primero mejoró ocho puestos, por una caída importante en el número de homicidios por cada 100 mil personas y una mayor resolución de expedientes judiciales. El segundo avanzó seis puestos, debido principalmente a la mayor creación de empleo formal y a la reducción de la brecha de género en los ingresos laborales.

Es importante remarcar que gran parte de los avances que se pueden ver en Instituciones y Laboral tienen que ver con las mejoras de entorno económico que, aunque el informe no lo destaca, pasó del puesto 16 en el 2016 al 12 en el 2017. Estas mejoras económicas que dan inicio a las mejoras en los demás pilares fueron impulsadas por el inicio de las operaciones del proyecto Las Bambas.

En anteriores ocasiones hemos presentado información sobre la evolución del crecimiento y reducción de la pobreza en la región Apurímac, que en los últimos años se ha dinamizado notoriamente, como producto del gran proyecto minero de cobre de Las Bambas, el proyecto minero de mayor envergadura actualmente operativo en el país y representó una inversión de 10,000 millones de dólares, tiene una vida útil de 18 años y representa una producción de 453,000 toneladas de cobre al año.

Es importante recalcar que este proyecto ha estado asociado a conflictos sociales, pero, a pesar de todo, el proyecto pudo ir adelante iniciando sus embarques de exportación que ha brindado una gran mejora económica y social a la región, que se debe, fundamentalmente, al crecimiento de la producción minera. En Lampadia ya hemos podido comparar cómo Apurímac aprovechó la inversión minera para dar un salto adelante en las condiciones de vida de la región. Ver en Lampadia: Apurímac: Un nuevo testimonio del aporte de la minería.

Apurímac, al igual que otras regiones con un alto puntaje como Arequipa, Ica, y Tacna son parte de la zona cuprífera donde se ubican las principales unidades mineras productoras de cobre a gran escala: Toquepala, Cuajone, Cerro Verde, Tintaya, Antapacay, Constancia y el Proyecto de Las Bambas.

Esto debe dejar claro que la inversión minera ha traído consigo un impacto altamente positivo. La minería moderna usa tecnología de punta y se integra adecuadamente con sus espacios sociales y ambientales. La recuperación del sector minero ha traído consigo el desarrollo de un sector industrial que ahora puede calificarse como el más grande, sólido, competitivo y exportador de nuestra historia. Además, se han construido carreteras y aumentando la cobertura eléctrica y de telecomunicaciones, mejorando la calidad de vida de los pueblos aledaños. (Ver en Lampadia: Al menos 80% de la reducción de la pobreza es por el crecimiento).

La minería ha creado puestos de trabajo bien remunerados e importantes ingresos fiscales. (Ver en Lampadia: Informe del Efecto de la minería sobre el empleo, el producto y recaudación en el Perú elaborado por el IPE). Este estudio demuestra que, por cada empleo generado por la minería, se crean nueve empleos indirectos en otros sectores (el sector agrícola solo crea 1/6 de empleo indirecto por cada empleo directo de su sector). Esto se puede ver en los buenos resultados de Apurímac en este último INCORE.

El INCORE es un buen indicador para identificar el nivel de competitividad de las regiones y tomar las decisiones correctas en las agendas políticas para lograr retomar su crecimiento. Como afirma el IPE, “definirá la ruta que seguirán las regiones en el futuro y las condiciones responsables no solo de su crecimiento sino también de su desarrollo, atraso o estancamiento y de las diferencias regionales.”

Para retomar la senda del crecimiento y el ciclo virtuoso del Perú, urge seguir promoviendo un alto nivel de inversión, sobretodo en el sector minero. Esta es nuestra fuente principal de crecimiento de la economía, empleo y encadenamiento con los demás sectores. Hoy, sin embargo, estamos atrapados entre la tramitología y el caos político. Lampadia

Camilo Ferreira y Franco Olcese

Centro Wiñaq

Para Lampadia

Introducción

Ubicada en la provincia de Cotabambas en Apurímac y operada por MMG Limited, de China, “Las Bambas” es el mayor proyecto minero, actualmente, en operación en el Perú, representando una inversión superior a los 10,000 millones de dólares. Tras los retrocesos de los proyectos Tía María y Conga, el futuro de “Las Bambas” representa la más crítica señal respecto a la viabilidad de la gran minería en el Perú en etapa de operación, siendo el sector minero, una de las principales fuerzas detrás de la recuperación del crecimiento económico de los últimos meses.

Como toda gran operación minera, “Las Bambas” se ha dado dentro de un complicado entorno social. La población en la provincia de Cotabambas llega a 46,000 habitantes, eminentemente rurales (81.6%[^1]). A esto se adiciona que el 90% de la población tiene como lengua materna el quechua,^[2] la tasa de pobreza llega al 88% y a 70% en el caso de la pobreza extrema.^[3] En la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en esta provincia, el Frente Amplio obtuvo un 56%, Democracia Directa de Gregorio Santos obtuvo 16% (totalizando, las fuerza anti-mineras un 72%), y Fuerza Popular 17%.

Es de esperar que los profundos cambios económicos y sociales desencadenados por una inversión de esta magnitud en semejante entorno esté a asociada a fuertes dinámicas sociales. Estas dinámicas llegaron a un nivel dramático en setiembre del año 2015 cuando se dio un conflicto social en el que lamentablemente, se produjeron enfrentamientos que generaron un saldo de 6 fallecidos[⁴] y la posterior instalación de una Mesa de Diálogo.

Hasta hace poco “Las Bambas” se encontraba amenazada por otro conflicto social. Manifestantes de Quehuira y de las comunidades vecinas de Allahua, Choquecca, Antuyo  y Pumamarca bloquearon uno de los accesos a la mina, aunque la empresa fue capaz de sacar su producción por una vía alterna. Y más aún, la empresa logró llegar a acuerdos con los dirigentes para desbloquear la vía.

Las fuerzas anti-mineras están desplegando líneas de acción que, de ser exitosas, llevarían a que el actual gobierno enfrente su primer conflicto social de gran dimensión, intentan que “Las Bambas” enfrente una conflictividad que implique un permanente riesgo para sus operaciones y que se constituya en un “cerco social” inviabilizando cualquier posible expansión u modificación futura de la operación. Además, estas líneas de acción son un riesgo potencial de seguridad para las personas, para vidas humanas y por último, podrían infringir costos a la Empresa que afecten los niveles de producción y por ende los impuestos que abona al Estado. 

Sin entrar en juicios de valor, en el presente artículo detallaremos algunas de las principales líneas de acción de los anti-mineros hacia las Bambas y describiremos algunas de las implicancias estratégicas de dichas líneas. Por anti-mineros no nos referimos a organizaciones o actores que se encuentren dedicadas en la plenitud de sus esfuerzos a la abolición de la minería, damos este apelativo a aquellos actores que de manera consistente –y con una agenda oculta- porque públicamente dicen una cosa y en privado hacen otra, promueven y financian  actividades que reducen la viabilidad social de la actividad minera formal.

La Nación Yanawara

La población del entorno de “Las Bambas” es masivamente quechua hablante, rural y con un bajo nivel de conectividad con el resto del país. Esto facilita la consolidación de una identidad local alrededor de la idea de la “Nación Yanawara”. Se está impulsando la idea de que las poblaciones en el entorno de “Las Bambas” deben luchar por su reconocimiento como pueblo indígena por parte de las instituciones del Estado.

Si el Estado reconociera a estas poblaciones como pueblos indígenas, esto tendría amplias consecuencias sobre la legitimidad de las Bambas, las resoluciones del Estado y los acuerdos con las comunidades que viabilizaron el proyecto. Aceptar a la población del Área de Influencia como pueblo indígena, permitiría el despliegue de un conjunto de “herramientas de lucha” que facilitaría enormemente el accionar hostil hacia “Las Bambas”.

En primer lugar se podría reclamar que los acuerdos con las comunidades cuyas tierras fueron adquiridas para poder realizar el proyecto no han cumplido con los requisitos de la Consulta Previa y el Acuerdo 169 de la OIT sobre los derechos de los Pueblos Indígenas^[5]. Ambos cuerpos jurídicos detallan un conjunto de principios y prácticas en el relacionamiento entre Estado, Empresa y Pueblos Indígenas. Estos principios y prácticas no fueron requeridos al momento en el que la Empresa llegaba a acuerdos con las comunidades campesinas de la zona, según la legislación aplicable.

Una vez dado el reconocimiento como pueblo indígena a la “Nación Yanawara”, los radicales podrían estar en mucho mejores condiciones para exigir, como ya lo vienen haciendo, la nulidad de TODOS los acuerdos entre la empresa minera y las comunidades. Los mecanismos de presión podrían ser tanto las acciones directas tales como marchas y tomas de carreteras, la incidencia mediática y el Litigio Estratégico.[⁶]

Un momento crítico para esta línea de acción es el próximo censo a ser realizado el año 2017 el cual incluiría una pregunta (¿sembrada?) de auto-identificación como pueblo indígena.  Es de esperar que en aquellas zonas en las que una mayoría se reclame como indígena, se genere una fuerte campaña política para que las mismas se añadan al Registro de Pueblos Indígenas que lleva el Ministerio de Cultura. A esto se agrega la interpretación de los radicales tienen respecto a al significado de “Derecho de Autodeterminación” mencionado en el Acuerdo 169.

Existen fuertes incentivos para que las poblaciones del entorno de los proyectos extractivos se proclamen indígenas, independientemente de cual sea su identidad cultural.  El ser declarado como indígena brinda a las comunidades una posición de mayor fuerza respecto a las empresas y al gobierno central. Facilita iniciar Litigios Estratégicos[⁷], tener acceso a recursos internacionales para las movilizaciones, genera una mayor empatía en la prensa, pone en duda la totalidad de acuerdos previamente negociados, y permite que se pretendan ubicar al margen del marco normativo y jurídico del país.

Hay una confluencia de actores interesados en fomentar la construcción de una fuerte identidad indígena en el entorno de las Bambas. ONGs ecologistas e indigenistas que podrían tener un mejor caso para justificar desembolsos de la cooperación, buscadores de rentas locales y políticos radicales ligadas al nacionalismo indígena^[8] verían facilitado el avance de sus objetivos políticos o “lentejeros”. Esta convergencia por el reconocimiento de la “Nación Yanawara” reúne las características necesarias para ser el mejor propiciador de conflictividad asociada a “Las Bambas”.

La Acumulación del Agravio

Juzgar los impactos ambientales de un proyecto enorme como “Las Bambas” requiere de un conocimiento técnico y de una disponibilidad de tiempo que muy pocos tienen como para revisar expedientes de mil 500 folios. Un Estudio de Impacto Ambiental tiene miles de páginas difíciles de evaluar por quienes no tienen una formación especializada. Por ello, la eventual decisión de una mayoría de personas respecto a la idoneidad de un proyecto extractivo no se da dentro de la esfera técnica. A pesar de que el discurso político menciona los impactos ambientales como elemento central no es ahí en donde se disputa la postura que asumirán los diversos públicos involucrados en un conflicto social.

En buena medida, el público y los líderes de opinión se decantarán por aquellos que tengan una aparente mejor caracterización ética. En simple, apoyarán a los “buenos” frente a los “malos”. Por ello, son tan importantes las denuncias de abusos hacia la población local que los anti-mineros realizan de manera sistemática y que difunden en tiempo real principalmente en las mismas redes sociales, en formato de mensajes mandados a través de las redes sociales, con baja llegada al gran público. Sin embargo, estos mensajes, sí son observados por periodistas y líderes de opinión y podrían afectar la actitud de los mismos hacia los proyectos y operaciones mineras.

El efecto de las denuncias sobre los conflictos emergen cuando la conflictividad incrementa y pasa a tener relevancia política nacional, ahí es que las consecuencias de este proceso de demolición de la caracterización ética se hacen visibles. La predisposición negativa de algunos periodistas y líderes de opinión llevan a una cobertura negativa por parte de la prensa, a entrevistas favorables a los anti-mineros, reportajes que sirven de propaganda para los radicales, entrevistas hostiles a los voceros de la empresa, etc. Esto lleva a una erosión del soporte de la opinión pública a una operación minera mientras el conflicto se mantenga[⁹].

En el caso de Las Bambas, frente a la opinión publica nacional, se están dando denuncias respecto a MMG Limited en múltiples aspectos. Se le ha acusado de haber comprado las tierras en las que opera a 20 céntimos el metro cuadrado, de haberse apropiado de las tierras de los campesinos abusando de su ingenuidad, de realizar audiencias públicas trayendo personas ajenas a las comunidades e impidiendo el ingresos de los lugareños, de tener a la Policía Nacional como “mercenaria” a sus órdenes, modificaciones inconsultas al proyecto, hacer firmar a niños y ancianos a favor del proyecto, hacer lobby con el Estado para aprobar cambios en su Estudio de Impacto Ambiental junto con un largo etc. No es la primera vez que se ve este “paquete” de acusaciones contra una empresa minera. Podemos ver los mismos argumentos y hasta los mismos adjetivos en el entorno de otros proyectos que estas mismas organizaciones han tratado o están tratando de obstaculizar en el Perú. Es que el conflicto como la probreza también sus fuentes de ingresos para aquellos que hablan en nombre de los peruanos más excluidos y necesitados.

Además, se están elaborando los contenidos “académicos” tales como estudios u conferencias, entrevistas a supuestos técnicos para intentar invalidar cambios en Estudios de Impacto Ambiental aprobados por el Estado, cuyos nombres no pueden revelar por razones de seguridad ¿de quién y por qué necesitan  protegerse?, reportajes escritos y audiovisuales que facilitan caracterizar a la MMG Limited como una empresa que abusa de manera sistemática de los campesinos y vulnera sus derechos. Una vez que la caracterización ética haya socavado la imagen de la empresa, las acusaciones respecto a ‘impactos’ medio ambientales aumentan en credibilidad.

La construcción de un historial de abusos por parte de MMG Limited facilita la coordinación de diversos actores sociales en su contra. Una vez que una empresa ha sido caracterizada como un abusador en serie de campesinos, se hace más fácil que diversos actores políticos se articulen en la realización de acciones en su contra.  Aquellos actores sociales a los que les resulta conveniente que se les vea como opositores al “monstruo” minero convergerán naturalmente en la realización de acciones hostiles al ente caracterizado como abusador.

No basta con tener una conducta socialmente responsable para evitar que se caracterice a una empresa como generadora de agravios contra la población de su entorno. El caso de Máxima Acuña nos muestra claramente que es posible generar artificialmente un agravio[¹⁰] y que buena parte de la prensa está dispuesta a participar activamente en la propagación de una mentira que de tanto repetirla se convierte en verdad.

En el caso de las Bambas dado su valor simbólico como mayor emprendimiento minero del país, ello no sólo genera grandes expectativas en una población de ha vivido por décadas sumida en la pobreza ante la poca presencia del Estado sino que provoca el natural alineamiento de quienes consideran que hay que golpear al “Modelo Primario Exportador” en su puntos más débiles.

Afectación Ambiental

El núcleo de la narrativa anti-minera consiste en la visión de la actividad minera a gran escala como antagónica a la actividad agrícola. Esa supuesta contradicción es repetida, aunque exista evidencia de que ambas pueden convivir de manera armónica no sólo en el Perú sino en otros países con presencia de gran minería. En especial como una amenaza a la cantidad y calidad de agua disponible para la población. En el caso de “Las Bambas” lo reciente de su puesta en operación reduce la credibilidad entre la prensa nacional de versiones respecto a que la explotación minera estaría acabando con el suministro agua en la cuenca en la que este proyecto se encuentra ubicado. La minería moderna usa tecnología de punta, la misma que permite reciclar el consumo de agua en el procesamiento del mineral.

Si bien todavía no se han acumulado los “estudios técnicos”[¹¹] que brinden credibilidad en el aparato mediático nacional respecto a la acusaciones de impactos medio ambientales en el suministro agua, ya se están realizando las primeras denuncias al respecto al impacto del polvo levantado por los camiones que trasladan mineral desde las Bambas.[¹²]

Sin embargo, en la zona rural de Cotabambas y su vecina provincia de Grau los ataques a las Bambas en el frente ambiental son sistemáticos y sostenidos. El discurso de los dirigentes de los Comités de Lucha y Frentes de Defensa hace hincapié permanentemente, en los supuestos efectos devastadores de las operaciones mineras sobre el ambiente local. Estos efectos imputados son los que legitiman los pedidos compensatorios tales como “una participación de 50% en las utilidades” y un “justi-precio” de 5,000 dólares por metro cuadrado en los territorios adquiridos por MMG.

Con el paso del tiempo la ideología de la “cabecera de cuenca” y las “fuentes naturales de agua” puede mutar de ser un mero recurso discursivo para presionar a MMG Limited hacia una creencia con la que la población se encuentra profundamente comprometida y que guiará su acción social y política a futuro. Los resultados de años de “concientización” anti-minera se pueden ver en Majaz, Quilish, Conga y Tía María donde los radicales han conseguido una masa movilizable local que ha logrado bloquear las inversiones.

Conclusión

En el corto plazo las actuales movilizaciones contra “Las Bambas” están asumiendo un carácter eminentemente distributivo en el que los movilizados tienen como principal motivante el acceso a una fracción de la renta generada por el proyecto. Sin embargo, ello va mudar.

En el mediano plazo existen un conjunto de dinámicas que pueden llevar a consecuencias aún más negativas, tanto para Las Bambas como al resto del sector minero y el país. En primer lugar la instrumentalización de la lucha por la identidad indígena como un mecanismo de pugna permanente con las empresas extractivas bajo una correlación de fuerzas claramente más favorable a las fuerzas radicales de la que se da actualmente. En segundo lugar, se puede generar una carga de agravios atribuibles a Las Bambas que deje el proyecto sumamente vulnerable a los conflictos sociales para convertirlo en una piñata mediática. Finalmente, la propagación de la ideología de la “cabecera de cuenca y las fuentes naturales de agua” entre las poblaciones rurales del entorno de un proyecto puede llevar a que el mismo termine enfrentando “un cerco social” que inviabilice cualquier expansión posterior de la operación.

Lampadia

Continuando con nuestro esfuerzo de explorar las líneas de acción para la necesaria reforma del Congresos de la República, presentamos a continuación los planteamientos de César Delgado-Guembes. Este material será parte de nuestra biblioteca virtual sobre: El Estado del Siglo XXI, que pretende acumular el material relevante sobre las reformas del Estado en sus diversas instancias.

Por César Delgado-Guembes, abogado y politólogo

Agosto 2016

Para Lampadia

Si algún logro podría alcanzarse con la actual composición mayoritaria del Congreso peruano debiera ser el impulso e implantación de importantes reformas que reinventen su gravitación  en el modelo democrático y en el régimen político peruano. Si los próximos cinco años no se utilizan para rediseñar su rol, estructura organizacional, procesos y la calidad de sus productos el Perú habrá desperdiciado una especial oportunidad para realizar cambios en nuestro régimen representativo. La mayoría alcanzada por Fuerza Popular tiene escasos precedentes en la historia del parlamento peruano y  el poder del que disponen permitiría enfocar y llevar adelante nuevos modos de administrar la confianza que la voluntad popular le encomienda a los 73 integrantes de la mayoría parlamentaria.

Uno de los primeros y más decisivos cambios en el modus operandi del parlamento peruano debiera ser la organización del trabajo conforme a un esquema de prioridades de carácter vinculante para los cinco años próximos. Un par de metodologías disponibles que permiten modos eficientes y económicos de acción política en el Congreso son el plan estratégico y la agenda legislativa. Sin saber a qué se pretende llegar y qué se aspira a llegar en los próximos cinco años, una vez más, corre el riesgo de convertir el papel y las intervenciones organizacionales del Congreso en un aparato errático, movido por los espasmos de la coyuntura, de la libidinalidad, del impulso y de propuestas de intereses inconexos y desconectados de una visión consensuada del país que se quiere dejar a quienes sucedan a este plantel de representantes en el aniversario de nuestro bicentenario republicano.

Como toda organización, el Congreso no cuenta con recursos ni competencias ilimitados para atender los fines que la Constitución le asigna. De la sagaz optimización del uso económico que sus conductores hagan de los recursos disponibles dependerá la maximización del valor que puede entregar al usuario final de sus servicios que es la sociedad. La mejor inversión que puede realizar el Congreso, en especial al inicio de su mandato, es pensar con anticipación en lo que quiere hacer y producir dentro del período por el que es elegido, y no dejarlo librado al libre juego de la diversidad de operadores del régimen representativo. Esa es la razón que justifica la existencia de órganos responsables por la dirección y conducción corporativa, como lo son la Mesa Directiva, el Consejo Directivo y la Junta de Portavoces, en los que se encuentran representados los voceros acreditados de las tendencias políticas representadas en el Congreso.  Porque existen instancias de dirección es que resulta perfectamente exigible que hayan planes y agendas consensuadas de mediano y de largo plazo en las que se articulen las miradas heterogéneas de las problemáticas colectivas.

La inexistencia de un plan estratégico y de una agenda legislativa es una manifestación imperdonable de dispendio y de derroche organizacional. Uno de los recursos más importantes del congreso es el tiempo. El capital que invierte el Congreso es la explotación de las oportunidades que da el tiempo para hacer o para dejar de hacer lo que mayor confianza puede generar en la comunidad. El uso pródigo del tiempo en medidas o acciones improductivas es una de las causas del fracaso representativo y de la destrucción del vínculo de confianza entre la población y quienes la representan.

Cuando el tiempo se deja a la deriva y a merced del azar, la incertidumbre del futuro queda fuera de márgenes razonables de control, de seguridad y de predecibilidad. La reducción del impacto que produce el azar es posible a quien se propone definir qué metas, qué objetivos y qué resultados se espera alcanzar en un horizonte de tiempo, según la visión que se proyecta de uno mismo en el porvenir. La acción humana es susceptible de conducción, dirección y orientación. Quien define qué quiere conseguir puede minimizar y reducir el ineluctable efecto del azar y de factores que quedan fuera del control y del designio humano.

El Congreso no es ajeno a esta dinámica. Siendo el símbolo por antonomasia de la heterogeneidad, de la diferencia y de la pluralidad, el Congreso debe ser algo más que el simulacro de la representación de la sociedad. Es perfectamente posible acordar un conjunto mínimo de productos, de resultados y de logros, según los cuales se comunica, abierta y transparentemente, a la sociedad entera, que el Congreso querrá ser evaluado y calificado, y según también cuya ausencia o inconsecuencia asumirá la plena responsabilidad por su inoperatividad. El estilo de operaciones conforme al cual se pasa por alto el acto central de la propuesta de valor, cuyas características motivarán la acción e imprimirán el estilo del desempeño durante el mandato parlamentario, es parte de una modalidad rupestre de trabajo político que se niega a elevar la mirada de sus protagonistas más allá del nudo, residual y límbico ejercicio de poder.

¿Cómo se empieza la reinvención bajo un paradigma capaz de remontar los hábitos organizacionalmente improductivos y deficientes? El primer paso en ese esfuerzo consiste en reconocer la necesidad de integrar la diversidad de miradas políticas, de los partidos y de los órganos estatales, en una visión de conjunto capaz de sumar los matices en un conjunto esencial y significativo de prioridades estratégicamente valiosas para el Perú. Las metodologías que permiten la unidad de la pluralidad de miradas pueden ser el plan estratégico para, por lo menos, los próximos cinco años, y las sucesivas agendas legislativas para cada uno de ellos.

Los planes estratégicos no son una herramienta de fácil elaboración. Habiendo convicción, decisión y compromiso político claros, intensos y efectivos  entre todos los actores del proceso puede durar, optimistamente, entre 5 y 8 meses aproximadamente. Es un trabajo cuyos resultados sirven por la totalidad del período del mandato y constituye, además, los lineamientos para usar las agendas legislativas anuales. Se trata, por lo tanto, de una inversión en calidad, cuya omisión u olvido, en nombre de la prisa y de la urgencia, determina los costos colectivamente tan altos que paga la sociedad cuando sus representantes optan por trabajar sin integrar el conjunto de visiones, objetivos y metas en un mismo acuerdo capaz de regir la totalidad de las operaciones organizacionales durante los cinco años del mandato.

Desde que se cuenta con el plan estratégico del Congreso es posible usar los objetivos y metas como base para definir las políticas legislativas que tengan carácter prioritario en la agenda que sirva de insumo. El propósito es priorizar qué es lo más valioso e importante que puede entregar el Congreso como aporte para crear espacios de bienestar y de felicidad pública, o para remediar efectivamente la raíz de los problemas más críticos, graves o significativos del país. El criterio de inclusión de las alternativas de alcance legislativo es cuáles son las que actúan como alternativa eficaz y comparativamente más eficiente que otras para cubrir, con carácter general, las más importantes carencias, dificultades o problemas nacionales.

La organización del trabajo y del tiempo según una racionalidad que integra los aportes de la diversidad, tanto de los grupos parlamentarios como del gobierno, exige de los actores de los procesos políticos la capacidad de emprender cambios que mayor ganancia le reporten a la sociedad en su conjunto. Ese resultado representa un esfuerzo, ciertamente, fuera de lo común en los hábitos del parlamento y constituiría una práctica que sería necesario instalar, mantener y optimizar mientras nos encontramos a tiempo, a inicios de un nuevo mandato representativo.

Lampadia