Para acabar con el ordenamiento mafioso del país

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La propalación de los audios judiciales abre una oportunidad única no solo para llevar a cabo por fin la gran reforma del sistema judicial sino para abordar el problema estructural básico que está en la raíz de nuestros males: el dualismo, la coexistencia entre sectores modernos de un lado, y sectores informales, ilegales y patrimonialistas, de otro lado, en la economía y el Estado.   

El sistema judicial, la Policía y segmentos del Estado funcionan todavía, en mayor o menor medida, con sistemas de gestión patrimonialista basados en redes de compadrazgo, amistad, parentesco o compañerismo universitario que se convierten en redes de intercambio de favores y eventualmente ejecución de actos ilícitos. Algunas de esas redes están intersectadas con el crimen organizado.

Lamentablemente el crecimiento económico de las últimas dos décadas y media, salvo en ciertas áreas, no ha venido acompañado de desarrollo institucional. Y entonces lo que hemos tenido es el avance creciente de un ordenamiento mafioso favorecido por una descentralización mal hecha que transfirió muchos recursos a los gobiernos sub nacionales convirtiéndolos en botines presupuestales apetecidos por mafias de proveedores y de extorsionadores de obras, y cooptados por organizaciones criminales de usurpadores de tierras necesitados de alcaldes y jueces que validen sus asaltos a la propiedad ajena.

Este proceso retroalimentó y se vio favorecido a la vez, por la fragmentación del sistema de partidos. En cada elección la proporción de alcaldes pertenecientes a partidos políticos nacionales ha sido menor, y los que representan a movimientos regionales o locales (ver gráfico). Los aventureros políticos y los mafiosos tuvieron la facilidad adicional de no tener que responder a un colectivo nacional que ejerza algún grado de control.

Lo que tuvimos fue una estructura política crecientemente entrópica, desintegrada y capturada por redes ilícitas, con perdida también creciente de la autoridad y el control central. Policías, fiscales y jueces fueron captados por esas organizaciones criminales. Y, por supuesto, también funcionarios públicos.

La tarea de limpiar y arreglar este sistema, entonces, va más allá de la sola reforma judicial, ver en Lampadia: Aportes a la reforma del sistema judicial.

Esta supone actuar simultáneamente en los siguientes ámbitos:

1. Mantener el ritmo de megaoperativos para desarticular las organizaciones criminales, lo que supone profundizar la reforma de la inteligencia policial, que hasta ahora ha sido exitosa. Pero para que los megaoperativos realmente sean efectivos se requiere:

a. Modificar el art. 454 del Nuevo Código Procesal Penal que blinda a fiscales y jueces, de modo de poder detenerlos en los megaoperativos y acusarlos directamente, sin pasar los órganos de control interno. 

b. Instalar de una vez por todas bloqueadores de celulares en las cárceles, porque los cabecillas capturados siguen organizando golpes desde los centros penales. O permitir los celulares e instalar sistemas de escucha que permitan anticipar los delitos organizados desde los penales.

2. Profundizar la depuración de la Policía Nacional, lo que requiere de un acuerdo político para aprobar una ley que impida que los jueces repongan a policías corruptos o no idóneos.

3. Retomar y redoblar la reforma del servicio civil, que fuera abandonada durante la etapa de PPK. Ahora el premierato de Villanueva le ha dado nuevamente prioridad política. Ello es indispensable para pasar de una administración pública basada en elementos patrimonialistas a una basada en la meritocracia y la evaluación de resultados. No solo se le debe dar impulso al tránsito al régimen de la ley de Servicio Civil, sino que debería darse la directiva a las distintas entidades del Estado de que soliciten a SERVIR la designación de gerentes públicos, cuya asignación hoy depende de que la entidad se interese en pedirlos.

4. Reforma de la descentralización.

a. Por primera vez este gobierno ha pedido facultades para resolver algunos de los problemas que presenta el desorden descentralizado. Las ha pedido para delimitar mejor las funciones entre los tres niveles de gobierno para algunos procesos o servicios en salud, educación, transportes y saneamiento. A nuestro juicio, habría que ir más allá, fortaleciendo la competencia del gobierno nacional en el manejo de recursos estratégicos tales como el desarrollo forestal o la pesca. Y debería rescatarse y poner en práctica la reingeniería del Seguro Integral de Salud (SIS) que llevó a cabo el Dr. Moisés Rosas cuando estuvo a cargo de esa entidad.

b. El Ejecutivo ha pedido facultades también para facilitar y desarrollar mancomunidades macroregionales, y para organizar Agencias Regionales de Desarrollo que busquen coordinar mejor la acción del Estado y del sector privado en áreas determinadas, como el corredor minero del sur, por ejemplo. También ha pedido facultades para juntar dependencias del gobierno central en las regiones en locales de servicios compartidos, a fin de ahorrar en alquileres y personal y facilitarles la gestión a los ciudadanos.

c. Un avance importante desde el punto de vista de la recuperación del control central, es que desde setiembre las Oficinas de Control Interno de los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales, pasarán a depender directamente de la Contraloría General de la República y ya no de sus dependencias originales. Esto será útil siempre y cuando la Contraloría vaya sustituyendo las auditorias de cumplimiento de normas, que solo sirven para inhibir a los honestos, por auditorías de gestión o de desempeño, de la mano con el avance de la reforma del servicio civil y de los presupuestos por resultados. 

d. Algo que debe incorporarse a la normativa de la descentralización es asegurar que los ciudadanos y empresas tengan, en las regiones, una segunda instancia a la que recurrir antes las decisiones de los gobernadores y alcaldes.

e. Deben fortalecerse los mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades regionales y locales, así como las capacidades del gobierno central para intervenir en su gestión, en casos de extrema necesidad.

f. Hace falta tener un Plan Nacional de Infraestructura que reduzca discrecionalidad a la corrupción en la programación de la obra pública.

5. Reforma política. Este es el lado más débil, porque el Congreso no ha asumido hasta ahora con seriedad la tarea de diseñar las reformas constitucionales y legales que permitan reconstruir un sistema de partidos, mejorar los canales de representación y propiciar la formación de gobiernos que tengan mayoría en el Congreso, para facilitar la gobernabilidad. Las reformas necesarias acá son las siguientes:

a. Equilibrio de poderes y gobernabilidad

1. Bicameralidad
2. Elección del Congreso después de la segunda vuelta presidencial
3. Elevar el porcentaje de votos que requiere el Congreso para insistir en una ley observada por el Ejecutivo, que en el Perú es muy bajo.

b. Partidos y representación

1. Eliminación de voto preferencial
2. Distritos electorales más pequeños
3. Elecciones internas por organismos electorales
4. Barreras bajas al ingreso, pero altas a la permanencia
5. Financiación de publicidad en campañas

Necesitamos emprender todo este conjunto de reformas a la vez si queremos dejar de ser un Estado mafioso y pasar a ser uno basado en la meritocracia y el cumplimiento de metas que garantice seguridad jurídica y ciudadana y reduzca sustancialmente los niveles de corrupción. Lampadia