Lanza un semáforo epidemiológico a nivel distrital

Ragi Burhum acaba de publicar un segundo documento titulado “Un semáforo para el Huayno” (ver. https://bit.ly/3dIaM8R) en el que se pregunta si estamos en cuarentena antes que muchos, ¿por qué tenemos tantos casos infectados? Porque no se ha respondido bien a quién, por qué y dónde se aplican las pruebas, y porque no hay un programa formal de seguimiento rastreo de contactos. El semáforo epidemiológico sirve para aplicar mejor ambas estrategias, y otras, en función de la gravedad de la pandemia en cada distrito o región. La última versión está publicada en HuaynoData.com

Lampadia

Lampadia presenta una entrevista sobre Estrategias para mejorar la conducta de la población, optimizar la información y los recursos para superar la pandemia.

Participan Leopoldo Monzón, Gerente General de Proesmin, Jaime de Althaus y Pablo Bustamante.

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Jaime de Althaus
Para Lampadia

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, acudieron ayer a la comisión de Constitución del Congreso a sustentar el proyecto de reforma del artículo 90 de la Constitución que establece dos cámaras y fija el número de senadores y diputados y la manera de elegirlos.

La novedad fue que el Premier presentó la delimitación de los macro distritos electorales para elegir senadores y la de los micro distritos electorales para elegir diputados.

Esta es la delimitación de los distritos electorales macro-regionales para elegir senadores:

Esto significa que habría seis macro-distritos para elegir senadores:

Al mismo tiempo, el Premier presentó la delimitación de los 50 distritos binominales para elegir diputados:

Como podemos ver en el siguiente cuadro, que resume las implicancias de ambas delimitaciones. Allí podemos ver en cuántos micro-distritos binominales se divide cada departamento y cuantos congresistas termina teniendo sumando diputados y senadores.

La primera constatación es que la delimitación en ambos casos no se basa en el criterio de la equivalencia poblacional, sino en el de la existencia de una realidad macro o micro-regional en términos de relaciones económicas, sociales o culturales. Ese criterio es correcto y mucho más realista que el puramente demográfico, aunque puede haber algún grado de arbitrariedad en la conformación de algunas macro-regiones, por ejemplo.

Pero hay un caso en que el criterio poblacional sí debe prevalecer: es el de Lima Metropolitana. Porque lo que la propuesta trae es una notoria sub-representación de Lima Metropolitana en comparación a su participación poblacional, cuando lo que el país requiere es recuperar para la política la a dirigencia nacional en los campos profesional, gremial, académico y empresarial, que incorpore una mirada nacional de largo plazo a los problemas, y que lamentablemente está concentrada en la capital. Lima tendría 12 diputados (12% del total) y 5 senadores (16% del total), con cerca del 30% de la población. Queda claramente infra representada. Por supuesto, la mejor alternativa para recuperar la dirigencia nacional sería que el Senado se elija en distrito único nacional, pero no es eso lo que se ha planteado y podría llevar a tener en ambas composiciones políticas muy diferentes que no favorezcan la gobernabilidad.

Conclusión

La solución, entonces, si nos mantenemos dentro de los términos planteados por el proyecto del Ejecutivo, sería incrementar el número total de senadores y diputados en la cantidad necesaria para darle a Lima su participación proporcional en la población nacional. Eso supone dividir a Lima en un número mayor de distritos binominales y asignarle más senadores.

La Gran Lima

La presentación del Premier incluyó también la división de Lima (incluyendo Callao), en seis distritos binominales, que son los siguientes:

Evidentemente, si se respetara la participación demográfica de Lima, esta tendría que ser dividida en alrededor de 14 distritos binominales.

Lampadia

San Isidro no es el distrito más rico del Perú. Por ejemplo, Echarati (Cusco)  tiene mayores ingresos que San Isidro y el doble per cápita. Los ingresos de Echarati llegan a S/. 245’734,585 anuales, los que provienen mayormente de rentas del canon (Camisea), lo que equivale a S/. 7,758 per cápita, mientras que el distrito limeño maneja de S/. 234’549,356 anuales, (equivalentes a S/. 3,433 per cápita) provenientes de impuestos y contribuciones obligatorias.

Pero San Isidro si es el distrito con los mejores desarrollos de vivienda, negocios y esparcimiento del país. Su población es la más educada y de mayores ingresos; pero, por largos años, y a lo largo de varios gobiernos municipales, San Isidro no encuentra la armonía entre sus ciudadanos y sus autoridades locales. La dinámica política del distrito deja mucho que desear para la calidad de su población, recursos, posibilidades de desarrollo y el ejemplo de civismo y gobernanza que debería dar a los otros más de 1,800 distritos del Perú.

Pareciera que en San Isidro nadie ha hecho algunas preguntas básicas como: ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo debe desarrollarse? – Veamos:

Por lo tanto, concentra importantes volúmenes de población que procede de otros distritos, fuera de Lima y del extranjero, tanto para hacer uso de sus variadas ofertas, como para trabajar en el distrito, en el sistema financiero, el comercio y sus restaurantes.

Además, San Isidro alberga un buen número de los hoteles más grandes de Lima y la mayoría de las sedes diplomáticas, así como varios  ministerios y agencias del Estado.

En consecuencia, el diseño urbanístico del distrito tiene que contemplar el desarrollo de vías de acceso de transporte público y privado, del mejor nivel de eficiencia posible. Debe ofrecer, sobre todo mientras no haya buen transporte público, muchos espacios de estacionamiento en áreas públicas y en playas de estacionamiento.

Una nota aparte sobre éstas últimas, las playas de estacionamiento, es que no pueden estar concentradas en un operador que ha prácticamente monopolizado la oferta y no brinda un servicio de calidad. Por ejemplo, solía dar uno de los peores tipos de cambio de la ciudad, ahora no recibe dólares; sus baños no están bien mantenidos (tasas rotas sin repararse por meses en el Centro Empresarial y Álvarez Calderón – prime locations); ahorro de personal que debe asumir varias funciones (abandonando las cajas); horarios de atención de las cajas que generan contaminación e incomodidad (Óvalo Gutiérrez); y precios altos sin la correspondiente calidad de servicio. La municipalidad debería controlar estos servicios en vez de hacerle el favor, al operador dominante, de prohibir los estacionamientos públicos e incomodar y hasta acosar a sus vecinos y visitantes.

Contrariamente a la lógica de la naturaleza del distrito, se contrarió la idea de la municipalidad metropolitana de multiplicar los by-passes, por ejemplo, en la avenida Salaverry, con argumentos de concurso: ‘los by-passes generan embotellamientos’, ¡claro, si solo se hace uno! ‘Ya no se hacen by-passes en otras ciudades, ¡claro, ya los hicieron hace tiempo!

Para complicar más las cosas, San Isidro tiene una serie de islas o grandes espacios intermedios, como el Club de Golf y el Bosque del Olivar, que no permiten líneas de transito rectas, y el tener que circundarlas, dificulta el transito.

Hoy día, el tránsito en el distrito es uno de los peores de Lima. En cualquier momento se produce un atoro que tome horas para resolverse.

Además de la pérdida de tiempo en atravesar el distrito en cualquier dirección, esto genera un grave problema de salud a los vecinos y visitantes. Manejar en San Isidro es malograrse el carácter y aumentar los niveles de estrés de manera muy dañina.

Con la misma lógica inversa a la naturaleza del distrito, se promueve un distrito en el que la gente se movilice en bicicleta. Se han habilitado ciclovías (de doble sentido), en vías de vehículos de un solo sentido, algo que está generando varios accidentes causados por vehículos que para cruzar  controlan, lógicamente, solo una dirección. En estos casos, las bicicletas son las que deberían sobreparar.

Algo parecido sucede con la prohibición de cambistas en las calles. Un servicio que se ofrece a los vecinos y visitantes por más de 30 años. El argumento de seguridad para sustentarlo es discutible, pues la seguridad al entrar y salir de los bancos es tal vez peor que con un cambista. Tan es así, que el gobierno ha tenido que dar marcha atrás con el retiro de la custodia policial de los bancos. Por otro lado, los bancos están transitando hacia la disminución del número de sus agencias y a desincentivar la presencia física de sus clientes en las mismas. Transacciones pequeñas, como las usuales con los cambistas, crearían una congestión inmanejable. Además, no podemos dejar de preguntarnos, ¿si con los cambistas en la puerta, los bancos toman un spread (margen) entre compra y venta de hasta 10%, a cuánto subiría el spread, si no hubieran cambistas?

Es pues necesario iniciar un diálogo racional y respetuoso sobre cómo desarrollar uno de los distritos más importantes del país, pensando más allá de una administración, pensando en los próximos 25 años.

Para ello, invitamos, al buen señor, Manuel Velarde, Alcalde de San Isidro y sus regidores, a intercambiar puntos de vista sobre el desarrollo del distrito, a invitar a especialistas a hacer comentarios y propuestas y a sacar este tema de la agresividad y anonimato de las redes sociales. Lampadia

Jaime de Althaus

Para Lampadia

He aquí una solución sencilla a relativamente bajo costo para mejorar sensible y rápidamente la seguridad ciudadana en Lima y en el Perú, que solo requiere liderazgo y capacidad de coordinación. Se trata de la creación de lo que el presidente del Poder Judicial, doctor Víctor Ticona, ha llamado  Unidades de Flagrancia Delictiva: establecer en un mismo local a jueces, fiscales y policías, quienes operarían conjuntamente en cada sede, con lo que se evitaría desplazamientos en las diligencias que se requieran para investigar y sancionar a un imputado, ahorrando tiempo y dinero. Y si a ese trípode le agregamos una pequeña carceleta para que los jueces puedan condenar a delincuentes menores a penas cortas de una semana o uno o más meses, con asistencia social, pues se acabaría la sensación de impunidad que indigna a la población y disminuiría apreciablemente la percepción de inseguridad.

Fuente: portal.andina.com.pe

Dichas “unidades de Flagrancia”, agregándoles la carceleta, serían la base de  lo que nosotros hemos denominado “atención primaria de la justicia penal”. El Dr. Ticona anunció que el Poder Judicial ha considerado, inicialmente, implementar dichos módulos en los Distritos Judiciales de Lima Sur, Lima Este, Lima (Cercado) Lambayeque y Arequipa, lo cual requerirá –precisó- de presupuesto adicional. Es decir, no tiene el presupuesto. Y tampoco ha coordinado con el Ministerio Público ni con la Policía para hacerlo ni para sumar recursos. Es una buena idea, pero que no se ejecutará. Salvo que se haga lo que proponemos a continuación.

La idea es sencilla: requiere que el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Ministro del Interior y la de Justicia (o el jefe del INPE), se pongan de acuerdo en un plan de implementación que identifique en qué distritos de Lima habría que comenzar por habilitar dichas “unidades de flagrancia”, y acto seguido hablar con los alcaldes respectivos para solicitarles que hagan la inversión correspondiente en el local y equipamiento.

Algo de esto ya se está haciendo, pero de manera descoordinada, parcial e inorgánica. Por ejemplo, las municipalidades de Miraflores y San Isidro han habilitado sendos locales para la instalación de fiscales, y pronto lo harán las de Magdalena, Breña y San Borja. Y Surco y Surquillo, por su parte, han acondicionado locales para la instalación de juzgados. En todos esos casos faltan las otras partes. Lo lógico hubiese sido una coordinación previa entre el PJ, el MP, la PNP y el INPE para instarse conjuntamente. De todos modos, esos distritos podrían ser el punto de partida para hacerlo de esa manera, ahora sí.

La ventaja de esto es que no se requiere presupuesto adicional. El Dr. Ticona no tendría que pedir más presupuesto al MEF. Las municipalidades, a las que sin duda les interesa, lo ponen. No solo eso, El Poder Judicial y el Ministerio Público podrían terminar ahorrando recursos. Es lo que nos dice el gerente general del Ministerio Público, José Echevarría: “La idea también es expandir las fiscalías descentralizadas a provincias del interior del país; esto aliviará nuestro presupuesto porque dejamos de pagar alquileres (los locales de las descentralizadas los pagan los municipios). Actualmente pagamos 24 millones al año en alquileres, 2 millones al mes, una locura. Esta es una forma innovadora de acercar nuestros servicios al ciudadano bajando nuestros costos”.

Aquí lo que se necesita, entonces, es que alguien tome el liderazgo y los demás no se sientan menos por eso. O que todos lo tomen simultáneamente y coordinen para instalarse conjuntamente. Un escenario natural para estas coordinaciones podría ser el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, donde están todas instituciones partícipes de estos módulos, incluyendo el alcalde de Lima. Se reúne cada dos meses, pero puede conformar una comisión específica para este tema que avance entre reunión y reunión. Allí sería el Ministro del Interior quien tomaría el liderazgo (o el propio Presidente de la República). Los alcaldes distritales, por su parte, podrían tomar el liderazgo en los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.

Otro foro propicio para esto sería el “Acuerdo por la Justicia”, recién estrenado. Allí el liderazgo correspondería a la ministra de Justicia. Según el documento presentado recientemente al Acuerdo Nacional, las instituciones partícipes de “Acuerdo por la Justicia”, donde no está la PNP, acuerdan institucionalizar “una mesa de trabajo permanente entre los Titulares de las Instituciones del Sistema de Justicia, la misma que sesionará el último viernes de cada mes”, así como crear “una Oficina de Enlace para Coordinación interinstitucional durante los próximos cien días para llevar adelante la agenda de reuniones y acuerdos en el marco del presente Pacto por la Justicia. Dicha Oficina estará a cargo de la Dirección de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

En teoría, entonces, podría ser un foro adecuado, aunque no estén ni la PNP ni los alcaldes. Pero, respecto del tema que nos ocupa, se les ha escapado la tortuga, pues figura la propuesta del Ministerio Público de firmar “un convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio Público y los gobiernos locales, estableciendo las contrapartidas de cada una de las instituciones, lo que permita la implementación y puesta en funcionamientos de las fiscalías provinciales penales en los distritos focalizados”. Es decir, lo que decíamos antes: que la municipalidad ponga el local. Sorprende que el Dr. Ticona o el Ministerio no hayan advertido que en dicho convenio hay que incluir también de una vez al Poder Judicial, a la PNP y al INPE para conformar las “Unidades de Flagrancia Delictiva”. También podría hacerse a partir de las comisarías.

Como fuere, se trata de sentarse a coordinar un plan de implementación progresiva de estos módulos, convocando a los alcaldes respectivos. Quizá el programa de incentivos municipales que maneja el MEF podría incluir, en la parte de seguridad ciudadana que ya existe, un plus para los municipios que brinden estos locales. ¿Quién toma el liderazgo? Lampadia

La siguiente entrevista forma parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

“No es necesario crear un Senado, y sí es bueno dividir Lima en distritos electorales mas pequeños”

Martín Tanaka, politicólogo

Entrevista de Jaime de Althaus

Para Lampadia

P. ¿Cuál es tu opinión acerca de las propuestas de reforma política formuladas por Lampadia? (Ver: Empecemos a debatir la Reforma Política).

R. Antes de empezar, quiero mencionar que fui parte del equipo que elaboró la propuesta de reforma institucional presentada por la Asociación Civil Transparencia, que puede verse en: http://www.transparencia.org.pe/documentos/propuestas_de_reforma_institucional.pdf.

Varias de las propuestas de Lampadia coinciden con la propuesta de Transparencia, que suscribo; otras no son parte de esa propuesta, con algunos estoy de acuerdo y con otras no. Pero más allá de esto, me parece importante contar con un diagnóstico claro de cuáles son los problemas más importantes y urgentes, cuáles serían los mejores caminos para enfrentarlos, y que al mismo tiempo puedan contar con el consenso necesario para ser implementadas. Sin una mirada integral, corremos el riesgo de tener nuevamente una falsa reforma política como la que tuvimos al final del Congreso anterior.

P. ¿Respecto de la propuesta de crear un  Senado con funciones solo revisoras, y elegido en distrito único nacional mientras no se integren regiones propiamente dichas?

R. No me es evidente cuál es el problema que se pretende resolver con el Senado, y deberíamos tenerlo claro antes de embarcarnos en su reinstauración: ¿Mejorar la representación con una lógica de elección diferente a la departamental? ¿Hacer más exigente el proceso legislativo, con otra instancia revisora? ¿Aumentar el número de legisladores? ¿Atribuir funciones específicas a una instancia electa con una lógica diferente a la departamental? El asunto es que estos problemas se pueden solucionar con medidas que no pasan por la creación de un Senado.

Si se quiere que los proyectos de ley tengan un mejor proceso de maduración, con lo que estoy de acuerdo, podríamos ser más exigentes con el proceso legislativo: más transparencia en comisiones, en la determinación de sus agendas y las del pleno, más consulta con la sociedad civil; doble votación en el pleno sin excepciones, etc. Si se quiere elegir representantes útiles que no tienen cabida en un esquema departamental, con lo que también estoy de acuerdo, podríamos elegir un grupo adicional de congresistas por lista, para acercar más la votación congresal a la proporcionalidad, como sucede en Alemania; o podríamos simplemente elegir un grupo adicional en lista única, independientemente del criterio de proporcionalidad, que también me parecería bien. El asunto es que ninguna de estas cosas requiere necesariamente de un Senado, como es evidente en la propuesta de un congreso unicameral de 150 miembros, con 30 electos en circunscripción nacional.

En el fondo, tenemos que, sin hacer otras reformas, el Senado podría ser más de lo mismo que hemos visto en los últimos años. Preferiría por ello empezar por fortalecer los partidos, y terminar con el Senado.

P. La idea central de un Senado elegido en distrito único o en macroregiones sería limitar el poder de un congreso unicameral que, por ejemplo, tenga una mayoría absoluta y pudiera instaurar una suerte de “dictadura parlamentaria” populista (de izquierda o de derecha) por ejemplo. Y, a la vez, balancear el efecto distorsionador de la proporcionalidad de diputados elegidos en distritos pequeños…   

R. Si lo que se busca es evitar la “dictadura parlamentaria”, funciona mejor la propuesta que uds. formulan de elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo.  De acuerdo con buscar mejor proporcionalidad, y también abrir espacio para liderazgos no territoriales, pero para eso podría funcionar la idea de un congreso unicameral de 150 miembros, con 30 electos en circunscripción nacional.

P. ¿Y sobre la propuesta de eliminar el voto preferencial y establecer distritos electorales más pequeños (uni o binominales) para elegir diputados o la parte mayoritaria de la cámara única?

R. Varios puntos diferentes en esta propuesta. De acuerdo con eliminar el voto preferencial, siempre y cuando se asegure la democracia interna en los partidos, y se asegure la alternancia de género. Respecto al tamaño de las circunscripciones, en realidad en nuestro país sólo Lima tiene un tamaño “excesivo”; estaría por ello de acuerdo con “achicar” su tamaño, partiéndola en varios: podría ser Lima norte, sur, este y oeste, y además la de peruanos en el extranjero. Las demás circunscripciones departamentales tienen tamaño chico o mediano, en realidad. No estoy de acuerdo con llegar a circunscripciones uni o binominales, porque se distorsiona en exceso la proporcionalidad del voto nacional, y porque se acentúa en demasía la “provincianización” del Congreso, ya de por sí excesiva en la actualidad.

P. No entiendo bien el argumento de la “provincianización”: no hay contradicción, un buen líder o representante, entenderá los temas nacionales. Con la ventaja de que  el distrito pequeño uni o bi nominal permite una clara relación entre representados y representantes, dándole sentido, contenido real, a la democracia, al Congreso. Y con un distrito electoral pequeño habrá muchos menos candidatos y el elector podrá elegir mejor. De modo que los representantes tenderían a ser mejores. Y en cuanto a la distorsión de la proporcionalidad, esta se corregiría precisamente con un Senado o una parte del Congreso elegida en distrito nacional o macroregional…

R. Yo sí tengo el temor de que circunscripciones uni o binominales acentúen el provincianismo, de que terminemos eligiendo “caciques” provinciales, por así decirlo. No me parece que tengamos distritos muy grandes en Perú, salvo Lima, cuyo tamaño es claramente excesivo. Madre de dios tiene un congresista; Amazonas, Apurímac, Huancavelica, Moquegua, Pasco, Tacna, Tumbes y Ucayali, tienen dos; Ayacucho y Huánuco, tres; Callao, Ica, Lima provincias, Loreto y San Martín, cuatro; Ancash, Cusco, Junín, Lambayeque y Puno, cinco; Arequipa, Cajamarca seis; La Libertad y Piura, siete. Viendo estos datos, no me preocupa tanto el tamaño, porque se trata de un número no tan grande, que permite cierta proporcionalidad. Lo que me preocupa más no es el número por región, sino la distribución demográfica de la misma, de modo que la representación se concentra en las ciudades o provincias más grandes en desmedro de otras: para solucionar ese problema aceptaría “achicar” algunas para dar cabida a otros, pero no me resulta claro que distritos más pequeños impliquen menos y mejores candidatos, o un mejor trabajo congresal.  

P. Bueno, si eliges entre un número mucho menor, puedes elegir mejor, y si tienen 4 o 5 o 6 representantes, ya no tienes ninguno… La siguiente propuesta es la de Transparencia: elegir el Congreso junto con la segunda vuelta presidencial, o dos semanas después de ella, para favorecer que el gobierno tenga mayoría y acelerar el proceso de reducción de partidos que ya vendría impulsado por los distritos uni o binominales.

R. De acuerdo. Para mí, la principal fundamentación está en permitir que las preferencias de los ciudadanos se dé con la mayor información posible: después de conocer los resultados de la primera vuelta, los electores decidirán si concentran el voto en las fuerzas principales o no, pero es importante saber quiénes pasan a segunda vuelta. Y de acuerdo con que la votación se concentre en las fuerzas más importantes.

P. ¿Subir la valla a las alianzas? 

R. De acuerdo. Hasta el momento, la facilidad para integrar alianzas es el mecanismo que ha permitido la supervivencia de muchos partidos cascarón. En Transparencia propusimos una barrera general del 5% de votos válidos para contar con representación, y en el caso de alianzas 2.5% de votos válidos por cada partido adicional.

P. ¿Reducir significativamente el número de firmas para formar un partido pero obligarlo a participar con candidatos por lo menos en el 50% de las regiones, provincias y distritos?

R. De acuerdo, en tanto las firmas no son un mecanismo que permita identificar la representatividad de los partidos. Ella se define a través del desempeño electoral, así que estoy de acuerdo. En Transparencia hemos sugerido algo muy parecido.

P. ¿Aumentar los requisitos para formar y mantener movimientos regionales. Deben acreditar existencia y presentar candidatos por lo menos en tres regiones? 

R. De acuerdo con ser más exigentes con movimientos regionales, equiparables a las de los partidos nacionales: así deberían estar obligados a presentar candidatos a en las elecciones municipales provinciales y distritales; podría ser además estén obligados a presentar candidatos en más de una región; de otro lado, si no ganan representantes en consejos regionales o alcaldías provinciales, deberían perder el registro. Finalmente, deberían desaparecer las candidaturas de organizaciones políticas locales distritales. Cada vez pierden más terreno, y fomentan la fragmentación.

P. Aumentar el financiamiento público de los partidos y subir el tope de las aportaciones privadas (transparentadas)… 

R. De acuerdo, hacer efectivo el financiamiento público, pero con controles estrictos y sanciones drásticas al mal manejo del mismo. De otro lado, transparentar y hacer más realista la normatividad referida a los aportes privados. Urge hacer transparente los gastos en medios masivos de comunicación, los más costosos.

P. ¿Y respecto de la idea de permitir la candidatura al Congreso de los candidatos a la presidencia, a fin de que los líderes partidarios estén en el Congreso y este se convierta en un verdadero foro político? 

R. De acuerdo, pero debería ir junto con todas las medidas destinadas a reducir la fragmentación política. Atención que la eliminación de la postulación simultánea buscaba desincentivar que los aspirantes al Congreso lanzaran candidaturas presidenciales solo con fines propagandísticos.

P. Jorge Morelli ha propuesto elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo, como es en la mayor parte de democracias presidencialistas, a fin de contener los impulsos populistas. 

R. De acuerdo, el Perú aparece como una rareza de poder parlamentario, a pesar de que algunos señalaban, en especial durante los años noventa, que la Constitución de 1993 es “hiperpresidencialista”. Hoy, con mayoría congresal fujimorista, señalan que el presidente es muy débil. Sería prudente subir a los tres quintos los votos necesarios para la insistencia congresal en una ley observada por el ejecutivo, que igual nos pondría en una zona moderada en el contexto regional.

P. ¿Derogar cambios absurdos como que los partidos que no se presenten a una elección general pueden conservar su inscripción, la no reelección de autoridades regionales y locales, y la exclusión de los candidatos por repartir dádivas?

R. De acuerdo, estos cambios fueron resultado de oportunismos de última hora del Congreso anterior, que buscaban preservar el statu quo o aprobar medidas efectistas. Entonces, los partidos que no participan en elecciones (no solo nacionales) deben desaparecer; se debe permitir la reelección inmediata por un solo periodo adicional en regiones y municipios; y el reparto de dádivas debe ser sancionado, pero con castigos proporcionales a las faltas, y en donde la pérdida de registro puede ser la pena máxima aplicada solo en casos extremos, y no durante un proceso en curso.

Lampadia