El primer año de Jair Bolsonaro al mando de la presidencia de Brasil ha estado cargado de críticas favorables y desfavorables a su gestión. Si bien la prensa internacional ha puesto mayor énfasis en ciertas declaraciones provocadoras que realizó a lo largo del año, que ponen en tela de juicio su compromiso con el medio ambiente y su respeto a las libertades democráticas, su trabajo en el ámbito económico le ha vuelto dar impulso a la alicaída inversión en Brasil que venían lastrando su crecimiento en años previos (ver gráfico a continuación).

Fuente: The Economist

Como explica un reciente artículo de The Economist, que compartimos líneas abajo, de consolidarse este comportamiento de la inversión en los próximos meses, Brasil podría terminar siendo uno de los países candidatos a liderar el crecimiento económico de la región este año.

Ello sin mencionar uno de los grandes aciertos de su ministro de Economía Paulo Guedes que fue poner en discusión en el congreso la reforma de un sistema de pensiones, que constituye el centro de los problemas fiscales y deuda pública de nuestro vecino oriental (ver Lampadia: El avance de Bolsonaro). Si bien el plan inicial de Guedes que contemplaba el paso de un sistema de reparto a uno de capitalización individual fue frustrado en las sesiones del congreso, el incremento pactado de la edad de jubilación a los 65 y 62 años para hombres y mujeres respectivamente frente a un sistema que prometía indulgentemente jubilaciones a mitad de los años 50, ahorrará al gobierno federal unos 900,000 millones de reales ($230 mil millones) durante los próximos diez años. Asimismo, calmará a los inversionistas privados impulsando así el crecimiento.

Esperamos que en los próximos meses el presidente Bolsonaro logre una mejor relación con un congreso que hace tambalear su agenda económica. Moderar sus discursos impopulares además podría reestablecer sus relaciones con importantes socios estratégicos como la UE que se han venido a menos por declaraciones relacionadas a la deforestación en la Amazonía. Por lo demás consideramos que el solo espíritu liberal que emana el presidente brasileño de lejos ya debería cimentarlo como el mejor presidente del Brasil en el presente siglo, tras casi dos décadas de corrupción y despilfarro de las arcas fiscales de la izquierda política impulsada por Lula Da Silva y Dilma Rouseff. Lampadia

Por favor, no dejes que me malinterpreten
El polémico primer año de Jair Bolsonaro en el cargo

La imagen global de Brasil es peor; su economía está mejor

The Economist
4 de enero, 2020
Traducido y comentado por Lampadia

Desde que Jair Bolsonaro se convirtió en presidente de Brasil el 1 de enero de 2019, se ha peleado con una impresionante variedad de líderes y celebridades extranjeras. Después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo acusó de alentar la deforestación de la Amazonía, Bolsonaro llamó fea a su esposa. Cuando Greta Thunberg, una joven activista climática sueca, destacó el asesinato de indígenas en la Amazonía, el presidente brasileño la llamó “mocosa”. Michelle Bachelet, comisionada de derechos humanos de la ONU (y ex presidenta de Chile), criticó el aumento de los asesinatos por parte de la policía en Brasil. Bolsonaro respondió elogiando la dictadura de Chile de los años setenta y ochenta, que torturó a su padre.

Estas disputas son una señal del abismo entre el presidente de extrema derecha de Brasil, que ha hecho una carrera al atacar las ideas liberales sobre la tolerancia, los derechos humanos y la conservación, y las élites que las defienden. Las humillaciones de Bolsonaro sugieren que no le importa causar ofensa. Pero los altos funcionarios de su gobierno se preocupan, especialmente cuando las ONG amenazan con promover el boicot a los productos brasileños y los gobiernos reconsideran si ratifican los acuerdos comerciales.

El mundo está “malinterpretando” a Bolsonaro, dijo el ministro de economía, Paulo Guedes, durante una entrevista en Brasilia, la capital del país, el mes pasado. Tiene “malos modales, pero grandes principios”. Guedes espera cambiar la conversación cambiando el enfoque de la deforestación y la brutalidad policial a lo que considera el proyecto principal del presidente, una transformación radical de la economía que enriquecerá a todos los brasileños, incluidos los más pobres. “En lugar de tirar piedras a Brasil”, la gente debería aplaudir, dice.

Hay mucho que admirar en los planes que describió Guedes. Pero no responden algunas de las mayores dudas sobre la presidencia de Bolsonaro. Y no está claro cuánto del programa llevará a cabo. Los aplausos pueden tener que esperar.

La visión es sin disculpas liberal, o “neoliberal”, como lo llaman sus críticos de izquierda. Guedes culpa a la mayoría de los problemas de Brasil, incluido su alto nivel de desigualdad de ingresos, del estado descuidado, que “gasta mucho dinero en las cosas equivocadas”. Desde la década de 1980, el gasto público como porcentaje del PBI se ha triplicado al 42%, un nivel similar al de los estados de bienestar europeos. La calidad de los servicios es la de los países mucho más pobres.

La burocracia y un complejo sistema impositivo frustran la empresa privada, pero el estado también ataca a algunas industrias a expensas de todos los demás. “Cuarenta años de mercados cerrados” han protegido las industrias de búsqueda de rentas, dice. “Imagínese, seis millones de tontos siendo explotados por seis bancos, seis compañías navieras. Todo en Brasil es seis”. La seguridad social y las universidades gratuitas benefician a los relativamente acomodados más que a los pobres.

Guedes quiere revertir todo esto. Propone simplificar radicalmente el sistema tributario, mientras reduce las tasas y expande la base; privatizar casi todas las empresas estatales; y, después de reducir la burocracia para permitir a las empresas resistir la competencia, abrir la economía al mundo. Los brasileños comunes, afirma, se beneficiarán de dos maneras: de los empleos que creará una economía más libre y del gasto que se concentre más en lo que necesitan, como infraestructura y educación. Idealmente, los estados asumirían más responsabilidad del gobierno federal. Guedes pide “más Brasil, menos Brasilia”.

El gobierno de Bolsonaro comenzó con esta agenda, con una reforma constitucional del sistema de pensiones. Esto ahorrará al gobierno 855,000 millones de reales (US$ 210,000 millones) durante diez años y disminuirá el peligro de que la deuda pública alcance niveles paralizantes. A medida que la reforma tomó forma en 2019, la confianza creció, lo que condujo a una recuperación de la inversión (ver gráfico líneas abajo). La economía creció un 0.6% entre el segundo trimestre y el tercero, más de lo esperado. Se pronostica que el crecimiento anual para 2020 será de al menos 2%. Eso puede hacer de Brasil una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina.

Pero hay razones para retener los aplausos. Una es que los gobiernos democráticos que se hicieron cargo después del fin del gobierno militar en 1985 lograron más de lo que Guedes les da crédito. Fue el Plan Real de Itamar Franco, presidente de 1992 a 1994, el que finalmente aminoró la inflación. La reforma de las pensiones comenzó bajo el Partido de los Trabajadores de izquierda, que gobernó de 2003 a 2016, y el predecesor de Bolsonaro, Michel Temer, puso un tope constitucional al gasto público.

No está claro qué seguirá a la reforma de las pensiones. Los planes de Guedes son una “lista de deseos, más que una estrategia de reforma”, dice Ricardo Sennes de Prospectiva, una consultora. En noviembre, Guedes presentó al Congreso propuestas para tres enmiendas constitucionales que frenarían el gasto para cumplir el límite constitucional. El Congreso puede diluirlos.

Bolsonaro le dijo recientemente a Guedes que postergue una reforma del sector público que habría debilitado la seguridad laboral de los funcionarios. El ministro de economía no ha respaldado una propuesta de reforma tributaria que tenga apoyo en la cámara baja del congreso, pero aún no ha presentado una alternativa. El presidente del Senado dijo recientemente que una propuesta para privatizar Eletrobras, la empresa eléctrica estatal, no se aprobaría en el Congreso.

La defensa de Guedes del historial democrático de Bolsonaro es menos convincente que la de su programa económico. “Somos un régimen democrático”, dice. Pero muchos brasileños temen que el compromiso del presidente con esa idea sea débil. Continúa expresando admiración por los generales que gobernaron Brasil desde 1964 hasta 1985. Uno de sus hijos, Eduardo, un congresista, dijo recientemente que si las protestas de izquierda se extendían a Brasil y se salían de control, el gobierno podría emitir un decreto como uno que cerró el congreso durante la dictadura. Bolsonaro respondió a la cobertura negativa en Folha de S.Paulo, un periódico, amenazando con cancelar las suscripciones del gobierno. “Si Brasil toma un giro autoritario, miraremos hacia atrás y diremos que todas las señales estaban aquí”, dice Pedro Abramovay de Open Society Foundations, una ONG.

Hasta ahora, el Congreso ha contenido los instintos autoritarios de Bolsonaro. Ha rechazado o no está programando debatir una docena de propuestas radicales, como un proyecto de ley que permitiría a millones de brasileños portar armas y un proyecto mal concebido para purgar las escuelas de ideología izquierdista.

Los críticos extranjeros se centran menos en el destino de la democracia que en el del bosque. De enero a noviembre de 2019, el Amazonas perdió 8,974 km cuadrados (3,465 millas cuadradas) de bosque, un aumento del 80% durante el mismo período en 2018, según datos preliminares de satélite. Grupos verdes acusan al gobierno de debilitar la aplicación de las leyes ambientales y alentar a los madereros y ganaderos a destruir el bosque. Eso puede asustar a los inversores extranjeros. “Tienen miedo de ser fotografiados con Bolsonaro”, dice Matías Spektor de la Fundação Getulio Vargas, una universidad en São Paulo.

Tales preocupaciones también podrían destruir las esperanzas de Guedes de abrir la economía a través de acuerdos comerciales. El Mercosur, un bloque dominado por Brasil y Argentina, firmó un acuerdo largamente esperado con la Unión Europea en junio. Pero la ira europea por las políticas ambientales de Brasil podría poner en peligro su ratificación (al igual que la reciente elección de Alberto Fernández, un proteccionista de izquierda, como presidente de Argentina).

El progreso en temas económicos puede estar ayudando a la reputación de Bolsonaro en casa. También lo es una reducción en el número de asesinatos en 2019, aunque eso tiene poco que ver con las políticas del presidente. Hasta ahora, Brasil se ha librado de la ola de protestas que azotó a países vecinos como Chile y Ecuador a fines de 2019. Eso puede deberse en parte a que Brasil tuvo tales convulsiones en 2015 y 2016, cuando la economía estaba en recesión y algunos de los poderosos políticos fueron arrestados por corrupción. La ira pública ayudó a provocar la destitución de una presidenta, Dilma Rousseff, y finalmente condujo a la elección de Bolsonaro.

Ahora su familia es perseguida por el escándalo, y sus votos para combatir la corrupción parecen vacíos. Un hijo, Flávio, un senador de Río de Janeiro, está siendo investigado por lavado de dinero. El presidente amenazó con reemplazar al director de la policía federal después de que la investigación revelara vínculos entre Flávio y los grupos de la milicia de derecha. Sergio Moro, el ministro de justicia, no logró aprobar la mayoría de sus propuestas del Congreso para frenar la corrupción. Su credibilidad se vio socavada por las revelaciones de que cuando era un juez de lucha contra la corrupción había cerrado tratos indebidamente con los fiscales.

Hace seis meses, parecía que los escándalos retrasarían las reformas económicas y posiblemente terminarían la presidencia de Bolsonaro antes de tiempo. Se habla poco de eso ahora. Las calles son tranquilas. El índice de aprobación de Bolsonaro cayó en la primera mitad del año, pero se ha estabilizado en alrededor del 30%. El público parece dispuesto a aceptar reformas, incluso si están desencantados con los políticos que los dirigen. “Los brasileños están viviendo un momento social distinto en el que la sociedad es favorable al cambio”, dice Paulo Hartung, ex gobernador de Espírito Santo, un estado que sufrió un duro ajuste fiscal en 2015. Brasil puede avanzar, a pesar de su reñido presidente. Lampadia

El populismo de izquierda – liderado por Lula da Silva y su sucesora Dilma Rousseff – del que fue víctima Brasil en los últimos casi 20 años de historia política le trajo innumerables desgracias en el ámbito económico.

Después de haber sufrido una severa recesión entre los años 2015 y 2016, hoy es una economía que – a pesar de haber cambiado de mando hacia un gobierno de orientación liberal – a duras penas puede sostener un crecimiento que bordea el 1%. Algunos trascendidos ya hablan de la década 2010 como la década pérdida del Brasil, sólo comparable a la que padeció en la década de los 80, cuando el PBI crecía a una tasa de 1.6% promedio anual, una cifra imperdonable para un país emergente con mucho potencial exportable en la región, concretamente en sectores clave como el agropecuario y en minería e hidrocarburos.

¿Por qué pues persiste el estancamiento económico en Brasil, a pesar de los esfuerzos de Bolsonaro para reformar el país?

Uno de los principales problemas, y que además es de carácter estructural, es el insostenible nivel de deuda pública y gasto estatal corriente – en su mayoría, salarios – que hasta el día de hoy emula el gobierno brasilero. Esta es una herencia de la administración anterior que extremó el incremento del tamaño del Estado. Ello con el agravante de que varios estados emblemáticos que circundan el país, como Río de Janeiro y Minas Gerais, adoptaron esta nefasta práctica, en particular, el aumento desenfrenado de la burocracia gubernamental y la consecuente deuda pública.

Y en el centro del problema del déficit fiscal se encuentran las pensiones, que como hemos escrito extensamente en anteriores publicaciones (ver Lampadia: El avance de Bolsonaro, Primeros pasos de Bolsonaro en reforma de pensiones, La necesaria reforma de pensiones de Brasil), tiene como única solución ir hacia un sistema de capitalización individual por los insostenibles niveles de gasto público que ella implica (ver gráfico).

¿Qué puede hacer el gobierno de Bolsonaro para salir de este entrampamiento?

Ciertamente, una política de austeridad es la salida. La reforma de pensiones que se encuentra haciendo el gobierno es un buen primer paso, pero no será suficiente mientras no se ataque el otro gran impasse: la enorme masa salarial de la burocracia. Según estimados de The Economist, esta representa – junto al gasto pensionario – el 80% del gasto público de Brasil.

Para ayudar en esta discusión, compartimos a continuación un reciente artículo publicado por The Economist, en el que se explora una buena práctica de la gestión pública, contra todo pronóstico, en un estado del mismo Brasil: Espírito Santo. Superávit fiscal y altos niveles de inversión caracterizan a dicho estado, entre tanto desorden económico en el país, como hemos mencionado líneas arriba. Esperemos que el presidente Bolsonaro lo pueda tomar como ejemplo, si realmente quiere realizar un cambio de paradigma en nuestro vecino oriental. Lampadia

Esfuerzo enérgico
Un estado brasileño se destaca como modelo de eficiencia

Espírito Santo ha logrado mantenerse al margen de la deuda, a diferencia de la mayoría de Brasil

The Economist
10 de agosto, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

La moqueca en Espírito Santo, un estado de 4 millones de personas en la costa del sudeste de Brasil, es más ligera que el estofado de pescado en Bahía, su vecino del norte, explica un camarero de esmoquin en la capital, Vitória. Capixabas, como se les llama a los residentes de Espírito Santo, así les gusta. Sus playas son más pequeñas que las de Río de Janeiro, al sur; sus ciudades coloniales más planas que las de Minas Gerais, al oeste. Antes considerados signos de inferioridad, ahora parecen símbolos de frugalidad. Otros estados están tan endeudados que no pueden pagar salarios, pero las cuentas de Espírito Santo están en orden.

Eso es gracias en gran parte al último gobernador, Paulo Hartung, quien dirigió el estado desde 2003 hasta 2010 y luego nuevamente desde 2015 hasta el año pasado. Hartung se mantuvo en 2014 en una plataforma de austeridad, argumentando que “el gasto es tomar el elevador mientras que los ingresos suben las escaleras”. Al asumir el cargo, comenzó a reducir el gasto en un 14%. Su trabajo significa que Espírito Santo es ahora un modelo a seguir para otros estados brasileños.

La incontinencia fiscal de Brasil es legendaria. El número de funcionarios públicos creció un 60% entre 1995 y 2016, a 12 millones. Dado que los trabajadores del sector público no pueden ser despedidos o reducir sus salarios, se convierten en un gasto permanente una vez contratados. Las ventajas, como los aumentos por antigüedad, pueden incluso extenderse a las pensiones de viudedad, produciendo la exclusiva “promoción pos mortem”. Casi el 80% del gasto público en Brasil se destina a salarios y pensiones, en comparación con un promedio mundial del 50-60%. “En lugar de un Estado que sirve al público, tienes un Estado que sirve al Estado”, dice Samuel Pessôa, del Instituto Brasileño de Economía de la Fundação Getúlio Vargas, una universidad.

En estos días, la crisis es peor a nivel estatal. El déficit de pensiones combinadas de los 27 estados por sí solo está creciendo en 140 mil millones de reales ($ 35 mil millones) al año, más que el del gobierno federal. El déficit se ha duplicado en los últimos cinco años. Siete estados ya no tienen suficiente efectivo para pagar los salarios; 12 más están cerca.

Bajo el mandato de Dilma Rousseff, presidenta de Brasil de 2011 a 2015, estados como Río de Janeiro dependían de préstamos con garantía del Tesoro de los bancos estatales para seguir gastando. Pero el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha prometido reducir el tamaño del Estado. Su jefe de tesorería, Mansueto Almeida, ha condicionado el alivio de la deuda a los esfuerzos para cumplir con una ley de responsabilidad fiscal, aprobada en 2000 pero ignorada durante mucho tiempo, que restringe el gasto en personal.

Entonces, ¿cómo se ha mantenido Espírito Santo en “números azules”? Una cosa que distingue al estado fue la previsión sobre la profundidad de la peor recesión de Brasil, que comenzó en 2014. Otros gobernadores creyeron que la entonces presidenta Rousseff, quien prometió una recuperación rápida. “Subestimamos el tamaño de la crisis”, admite Julio Bueno, el secretario del Tesoro en Río de Janeiro en ese momento. El PBI de Brasil cayó un 3,8% en 2015 y un 3,6% en 2016. Río terminó con un déficit presupuestario de 11,000 millones de reales. Espírito Santo terminó ambos años con un superhabit.

La audacia es lo segundo que distingue a Espírito Santo. “El ajuste fiscal es una receta de pastel, no una bala de plata”, dice Hartung. Puede salir mal fácilmente. Además de recortar los presupuestos, incluso para el poder judicial y la legislatura, tuvo que enfrentarse a los sindicatos, anunciando el congelamiento salarial en su primer día. Incluso cuando dos años después los policías se declararon en huelga y 200 fueron asesinados, Hartung no dio marcha atrás.

Finalmente, Espírito Santo estaba mejor ubicado para reducir el personal. Su burocracia incluye una gran proporción de trabajadores temporales, incluido aproximadamente el 60% de los docentes. A diferencia de los funcionarios públicos, pueden ser despedidos. Hartung eliminó más de 7,000 puestos, o aproximadamente el 12% de la burocracia. En Río de Janeiro, menos del 3% de los trabajadores del gobierno son temporales.

La austeridad ha sido dolorosa. Sergio Majeski, un congresista estatal que se opuso al ajuste fiscal, dice que los recortes a la inversión pública hicieron que fuera más difícil salir de la recesión. Pero a pesar de despedir maestros y cerrar escuelas, Espírito Santo saltó del noveno lugar al primero en un examen nacional de escuela secundaria entre 2013 y 2017. Majeski dice que esto se debe a que los estudiantes más débiles comenzaron a faltar a clases. Pero según Marco Aurélio Villela, director de una escuela gubernamental en Vitória, los maestros con contratos a corto plazo tienden a desempeñarse mejor porque saben que pueden ser despedidos.

Y reducir el personal ha ayudado al estado a mantener un nivel relativamente alto de inversión. Según un estudio de la tesorería de Brasil, tres estados que limitaron el gasto en salarios (Espírito Santo, Alagoas y Ceará) pudieron invertir, en promedio, 304 reales por persona en 2018. Río de Janeiro, Minas Gerais y Rio Grande do Sul, los estados más endeudados, solo gastaron 91 reales.

¿Pueden otros estados emular a Espírito Santo? Será difícil sin cambios en las leyes federales. La reforma de pensiones de Bolsonaro, que se está abriendo camino en el Congreso, solo puede aplicarse a los trabajadores federales. La corte suprema pronto decidirá si permite a los estados endeudados reducir los salarios y las horas de los funcionarios. Eso proporcionaría algo de alivio, al igual que un proyecto de ley para permitir que las personas sean despedidas por su persistente bajo rendimiento. Pero la mayoría de los políticos se resistirán a los recortes impopulares. Un proyecto piloto dirigido por Ana Carla Abrão, economista de Oliver Wyman, una consultora, descubrió que la ciudad de São Paulo podía reducir su nómina en un 30% sin despedir a nadie, recortando beneficios para todos menos los empleados con mejor desempeño. El proyecto fue archivado por un nuevo alcalde en 2018.

El año pasado, Hartung decidió no postularse para la reelección. Hubiera enviado un mensaje mejor si lo hubiera hecho y hubiera ganado, dice Cristiane Schmidt, secretaria del Tesoro de Goiás, un estado en graves problemas fiscales. Los brasileños tienden a culpar a la corrupción por sus problemas económicos, a pesar de que se pierde más dinero debido a la burocracia inflada. Mientras que Sergio Moro, un juez, ganó fama internacional por liderar la extensa investigación anticorrupción Lava Jato, pocos fuera de Espírito Santo han oído hablar de Paulo Hartung. Eso puede cambiar a medida que más estados encuentren sus arcas vacías. Lampadia

Luiz Inácio Lula da Silva, el ex presidente de Brasil, puede estar a punto de ir a la cárcel por hasta 10 años si un tribunal de apelaciones confirma este mes una condena por corrupción. Esto, sin embargo, no ha impedido que continúe con su carrera política y que aún cuente con un fuerte apoyo.

El juicio de Lula en segunda instancia está programado para el 24 de enero, donde tres jueces federales deberán decidir si convalidan la sentencia del juez Sergio Moro, quien condenó al líder del Partido de los Trabajadores a 9 años y medio de prisión. Sin embargo, Lula todavía no va a la cárcel ya que el juez Moro afirmó que “Considerando que la prisión cautelar de un expresidente de la República no deja de envolver ciertos traumas, la prudencia recomienda que se aguarde antes de extraer las consecuencias propias de la condenación”. (Cuidado que no se tuvo en el Perú con el ex presidente Humala y su señora, ni con empresarios que no tenían procesos abiertos y se les dio prisión preventiva. Una práctica abusiva que debe suspenderse).

Como afirma Sebastiao Mendonça Ferreira en Un juicio para la historia, “La sentencia de Moro sobre Lula es considerada un ejemplo académico de calidad y la tradición en el TRF-4 es confirmar o ampliar las sentencias dictadas por Moro. Sin embargo, este fallo afecta grandes intereses políticos y los partidarios de Lula están organizando manifestaciones en todo el país para presionar a los jueces del TRF-4”.

De acuerdo a las leyes de Brasil, hay una segunda instancia y hasta que ésta no lo condene, Lula puede postular. Sin embargo, si la sentencia se ratifica en esta segunda instancia, Da Silva no podrá volver a postular a la presidencia en el 2018.

En Brasil hay aparentemente dos tipos de inclinación: hay gente que dice que sería muy bueno que se le condene de una vez para que no postule y hay otros que dicen que sería muy malo que la condena sea antes de las elecciones porque, como piensan que no va ganar, consideran que lo ideal sería que el Partido de los Trabajadores (PT) tenga una derrota política en su haber. Si la condena sale después de la elección y él saliera elegido, se suspende su aplicación hasta que termine su mandato, en cuyo caso el haría todo lo posible por alargarlo de alguna u otra manera hasta que ya no importe si va a la cárcel o a un hospital.

Lo cierto es que, desde este lunes, los magistrados han viajado a Brasilia en busca de “garantías” contra manifestaciones de los seguidores de Lula como también de sus opositores. Afirmaron que el juicio correría “peligro” ante los ánimos enervados de los fieles y de los adversarios. En simple, El Mercurio resume las tres alternativas posibles (glosadas):

“Lula es absuelto

Si el ex Mandatario es declarado inocente, puede postular a la Presidencia. Sin embargo, la fiscalía podría recurrir a los tribunales superiores.

Condena por unanimidad

Si al ex Presidente lo consideran culpable, irá a la cárcel. La defensa tiene entonces hasta el viernes 26 de enero para presentar el recurso de casación, que pone en duda el proceso judicial o sus omisiones, pero que no suspende los efectos de la sentencia. Lula no podría presentarse a las presidenciales.

Condena por dos votos contra uno

Si dos jueces están a favor de la condena a Lula y uno la rechaza, la defensa tiene dos días para presentar el recurso de casación y pedir que el voto que beneficia el imputado prevalezca por sobre los demás. Habría un nuevo juicio, compuesto por siete jueces federales, incluyendo a los tres magistrados.”

Recordemos que Lula viene del noreste brasileño, donde la política ha estado siempre dominada por caciques regionales que adoptaron una serie de acciones de corrupción para controlar y mantener el poder. De alguna manera se puede decir que Lula llevó las prácticas corruptas de sus socios políticos del noreste brasileño al gobierno central, donde entronizó la cooptación de críticos y opositores, y habría participado en el montaje de los circuitos de corrupción de Petrobras y los más grandes grupos empresariales brasileños del sector de la construcción.  Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

Lula, que gobernó el país durante ocho años y lo llevó hacia el proteccionismo y el asistencialismo, cooptando a sus opositores y promoviendo altísimos niveles de corrupción gubernamental, fue detenido brevemente el 4 de marzo, como parte de la operación de Lava Jato. Fue interrogado por acusaciones de haber recibido “beneficios ilícitos” del esquema de sobornos de Petrobras. Los fiscales presentaron cargos de lavado de dinero en contra suya. Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

La mayoría de los inversores creen que la victoria de Lula en las elecciones presidenciales sería perjudicial para la economía brasileña porque el ex presidente ha sido un crítico enérgico de las reformas fiscales adoptadas por la administración actual.

De hecho, Lula dijo que convocaría un referéndum para deshacer esas reformas si es elegido. A los votantes pareció gustarles la idea. La última encuesta de Datafolha, de diciembre, mostró que el 36% del electorado apoyaría al ex presidente en la primera ronda de elecciones. El candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro tuvo el segundo mayor apoyo, del 18%. En una segunda ronda potencial, Lula ganaría en todos los escenarios posibles, dijo Datafolha.

Los votantes apoyan al ex presidente porque, durante sus años como jefe del Ejecutivo, Lula estableció el Programa de Subsidio Familiar (Bolsa Família, en portugués), un programa de transferencia monetaria condicional que beneficia a familias de bajos ingresos.

Sin embargo, fue también durante la presidencia de Lula que estalló un importante escándalo de corrupción, conocido como “Mensalão”. Los fiscales dijeron que la administración del ex presidente sobornó a los legisladores para que aprueben proyectos de ley propuestos por el gobierno. José Dirceu, jefe de gabinete de Lula, fue sentenciado a la cárcel, así como algunos legisladores.

Después del final de su mandato, Lula fue acusado de encabezar un esquema de corrupción aún mayor, donde las constructoras brasileñas -incluida la más grande del país, Odebrecht- se organizaron en cárteles y pagaron sobornos a altos ejecutivos de Petrobras y otros funcionarios del gobierno. Lula terminó controlando una gran maquinaria que debemos llamar ‘Corrupción de Estado e Imperialismo’. Esto fue la hipocresía política llevada a su máxima expresión, un movimiento de izquierda que capturó grandes empresas para corromper y reinar. Adiós las ideas del socialismo, adiós los pobres de la región, adiós los valores de la democracia. Era un inmenso juego político para apoderarse del subcontinente. Ver en Lampadia: La peor Red de corrupción latinoamericana

Lamentablemente los políticos están perdiendo legitimidad. Esperamos que esta sea la oportunidad para limpiar las casas de todos los países implicados en el mayor escándalo de la historia de Latinoamérica, empezando por supuesto, por el malévolo diseño corruptor de la izquierda de Brasil y sus soberbias empresas constructoras, con las que organizó una ominosa acción imperialista en el Perú y otros países de la región. Lampadia

El mayor caso de corrupción en la historia latinoamericana y que abarca prácticamente a toda la región,  nació desde el gobierno de la izquierda brasileña, del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Esta calamidad hizo carne en las virginales caretas de las izquierdas de la región, llegando con escándalo y a veces con sorpresa, a Argentina, Uruguay y Chile. El mismo habría afectado también al Perú, empezando por el gobierno municipal de izquierda de Susana Villarán y del mismo modo a  los gobiernos nacionales de Toledo, García y Humala.

El caso más publicitado y de múltiples reverberaciones es el de Odebrecht, empresa cuyo CEO ha sido condenado a 19 años por la justicia brasileña y, que en el Perú está vendiendo todos sus negocios.

Últimamente, ha empezado a difundirse con mayor intensidad, las denuncias contra OAS,  otra empresa constructora brasileña, que está siendo investigada en Argentina, Uruguay, Chile y Perú, por eventuales ilícitos vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas, lavado de dinero y fraude en licitaciones. La firma se encuentra en el centro de una telaraña de ramificaciones del caso Lava Jato (Brasil).

El caso estalló en 2013 cuando la Policía Federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero en locales de lavado de autos, investigación que fue creciendo hasta descubrir que existía un completo cuadro de pago de sobornos y blanqueo de capitales a políticos y ejecutivos de Petrobras. Este se ha convertido en el caso de corrupción más grande del país (en el que se habrían desviado unos 10,000 millones de reales -US$ 3,850 millones- en sobrefacturación de obras y contratos de la gigante Petrobras) y a arrasado con el alicaído prestigio en los partidos políticos brasileños, en especial al Partido de los Trabajadores de Lula da Silava y Dilma Rousseff, pero también el de las más importantes empresas del país. (Ver en Lampadia: El Estatismo alienta la corrupción e ineficiencia y Brasil pierde por goleada en corrupción y economía).

Este escándalo llevó al proceso de destitución de Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, con el eco del gran descontento y decepción con su peor crisis económica desde 1930. Como hemos comentado anteriormente, los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), del endiosado Lula, han echado por la borda la mejor oportunidad histórica de Brasil para consolidarse como un país desarrollado. Hoy, está profundamente enfrentado y dividido, y podría terminar con el gobierno de izquierda que se veía dominando por mucho tiempo. Ver en Lampadia: El fin de Dilma Rousseff y ojalá de la corrupción política en Brasil

Desde su reelección, la presidenta Dilma Rousseff no ha tenido muchos motivos para sonreír. Todo lo contrario. Y no nos referimos solo al pésimo rumbo de la economía brasileña (con una inflación por encima de lo previsto y en recesión por segundo año seguido), ni porque la caída del precio del petróleo amenaza con golpear aún más al país. Sus preocupaciones se centran en el llamado caso del “Lava Jato” (algo así como lavado de auto, o lavado a chorro) o “Petrolao”. Ver en Lampadia: El escándalo en Petrobras pone contra las cuerdas a Rousseff. 

Por su lado, el ex presidente Lula da Silva, viene del noreste brasileño, donde la política ha estado siempre dominada por caciques regionales que adoptaron una serie de acciones de corrupción para controlar y mantener el poder. De alguna manera se puede decir que Lula llevó las prácticas corruptas de sus socios políticos del noreste brasileño al gobierno central, donde entronizó la cooptación de críticos y opositores, y habría participado en el montaje de los circuitos de corrupción de Petrobras y los más grandes grupos empresariales brasileños del sector de la construcción. Ver en Lampadia: La caída de un gigante crea incertidumbre en la región.

Pero el Petrolao no solo ha contaminado a la política y a la economía brasilera, sino que ha revelado ramificaciones en Argentina, Uruguay, Chile y Perú. En nuestro país, empresas brasileras como Odebrecht y OAS habrían otorgado dádivas a figuras políticas (incluso presidenciales y funcionarios de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y el gobierno municipal de Susana Villarán) para obtener concesiones de obras en el país.

En el caso de nuestro país, hace poco se hizo público un informe de la Comisión Lava Jato que indicaría que la ex alcaldesa Susana Villarán habría recibido aproximadamente unos US$ 1’200,000 por parte de empresa brasilera OAS para apoyar en el financiamiento de la campaña contra su revocatoria. Al menos cuatro ciudadanos brasileños confesaron haber participado como ‘mulas’ llevando dinero por orden de Alberto Youssef llevando no menos de 100 mil dólares en cada viaje desde finales del 2012 (uno de los “doleiros” habría movilizado aproximadamente US$ 900 mil).

“La comisión investigadora, en base a las declaraciones dadas por estas personas que se han acogido a la delación premiada, estima que en esta quincena se habría podido trasladar desde Brasil un aproximado de US$ 1’200,000 para ser entregados, posiblemente, para la campaña de la revocatoria municipal de Lima”, indica el informe.

Recordemos que OAS, al igual que otras constructoras brasileñas, ha jugado un rol clave en la realización de proyectos de inversión pública en el Perú, particularmente en infraestructuras, sucesivamente, durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16). Por su lado, Susana Villarán habría favorecido a la empresa OAS con la construcción del proyecto Línea Amarilla (en ese momento denominado Vía Parque Rímac) y del Proyecto Río Verde. El protagonismo de OAS en las obras de infraestructuras en Perú es sorprendente dadas sus deudas en Infocorp (según América Televisión).

Ante las contundentes pruebas de corrupción en contra de OAS y las demás empresas implicadas,  esperamos que continúen las investigaciones de presuntas coimas a los funcionarios de los gobiernos indicados y a Susana Villarán, mencionada específicamente en las últimas denuncias; quien, tras el fracaso de su gestión, perdió al íntegro de sus regidores en el proceso de revocatoria, que solo la dejó a cargo para gobernar con sus opositores.

Por su lado, otros países en Sudamérica no se libran de problemas de corrupción relacionados a OAS. En Argentina, se han iniciado investigaciones por acusaciones de sobornos a casi 100 empresas, entre ellas varias de origen brasileño, por sospecha de “algún tipo de réplica en las maniobras de cartelización que hubo en Brasil”. Entre las casi 100 empresas involucradas están también las brasileñas Andrade Gutierrez, OAS y Camargo Correa. La Fiscalía ya pidió a la Tesorería General de la Nación los pagos realizados a las empresas involucradas durante el período 2006/12 y luego analizará las licitaciones.

En Uruguay, el Congreso abrirá una comisión investigadora por irregularidades en la construcción de una planta gasificadora. La constructora OAS desarrolló varias obras en el país pero sus problemas la llevaron en abril del año pasado a pedir protección patrimonial y a incumplir su contrato con el consorcio gasífero GNLS, que actualmente está paralizada. El diputado nacionalista, Pablo Abdala, ha denunciado que, tras la rescisión del contrato de OAS por parte de GNLS, la firma brasileña incumplió pagos, a su vez, con 380 empresas uruguayas por más de US$23 millones. OAS quedó debiendo dinero a constructoras, empresas de telefonía celular, imprentas y agencias de viajes. “Se fueron sin pagar las comunicaciones celulares”, dijo el diputado.

El escándalo de corrupción vinculado a Petrobras también envuelve a otras grandes constructoras además de OAS, como Camargo Correa y Odebrecht. Esta última habría pagado en 2009 y 2010 sobornos al ex secretario de Transporte de Argentina, Ricardo Jaime, por adjudicarse obras ferroviarias en las cercanías de Buenos Aires. 

En Chile también se ha destapado un escándalo de corrupción. El diario La Tercera, afirmó el 11 de julio que el ex director de Asuntos Internacionales de la constructora OAS, Augusto César Ferreira e Uzeda, reconoció que el jet privado que utilizó el político izquierdista y al candidato antisistema a la presidencia Marco Enríquez-Ominami (durante la campaña electoral de 2013) pertenecía a la empresa brasileña OAS. La gravedad de este acto es que la ley electoral chilena prohíbe expresamente donaciones extranjeras a campañas políticas. Además, según El País de España, “el Ministerio Público indaga el pago de alrededor de medio millón de dólares de SQM a una sociedad vinculada a la campaña del exdiputado.”

Como señaló la columnista de Veja, el mayor semanario brasileño, Joice Hasselman, el Petrolao es más que un caso de corrupción ordinaria; es un intento de corromper la democracia. El esquema es el peor y más peligroso tipo de corrupción que existe, porque va más allá de llenar los bolsillos de los corruptos. Por un lado los corruptos (funcionarios) y los corruptores (empresarios) trabajan en conjunto para beneficiarse, pero el dinero de la corrupción va a los partidos, financia sus campañas y la compra las voluntades ciudadanas. “Eso es un ataque directo a la democracia”, señala. Y es cierto. La democracia de Brasil y de varios países de Sudamérica está a prueba.

Lamentablemente los políticos están perdiendo legitimidad. Esperamos que esta sea la oportunidad para limpiar las casas de todos los países implicados en el mayor escándalo de la historia de Latinoamérica, empezando por supuesto, por el malévolo diseño corruptor de la izquierda de Brasil y sus soberbias empresas constructoras. 

Lampadia