José Antonio Luna Bazo
Sociólogo y Periodista
Para Lampadia

Conforme trascurren los días de la segunda ola del coronavirus, los niveles del drama de la escasez de oxígeno medicinal adquieren ribetes que dan cuenta de la incapacidad del Estado para resolver, con decisiones inmediatas y pertinentes, las urgencias que la vida de las personas exige. Cientos de familiares continúan aguardando, en las zonas de expendio de oxígeno esperando ser atendidos. Pasan las noches en la vía pública aferrados a la esperanza de obtener uno o dos balones de oxígeno.  Mientras tanto, los pacientes agonizan por falta de este vital insumo.

Aun hay plantas que han sido donadas y que no funcionan. Otras contratadas a fabricantes no son entregadas y los plazos para cumplir se dilatan. Tampoco se ha resuelto la logística para trasladar el oxigeno de Chile a los puertos del Perú. Nuestras incapacidades son expresión de la improvisación en la que nos desenvolvemos, a lo que se suma la perniciosa burocracia, junto a la ineptitud de los tomadores de decisiones.

Hace varias décadas uno de nuestros profesores en la universidad afirmaba que la improvisación es característica de los países sub desarrollados. Seguimos siéndolo. Los hospitales están a su máxima capacidad y el oxígeno escasea en muchos de ellos. Algunos han anunciado reservas solo para las próximas 24 horas y en otros están agotadas. Nos preguntamos ¿Cuántos ciudadanos más tendrán que morir hasta que la escasez de oxígeno se resuelva?  

En el contexto de este drama humano, en un medio de comunicación masivo[i]  se anuncia, en llamativo aviso, la preventa de Concentradores de Oxigeno de 10 litros (Olive-modelo OLV10). El punto no es si puede o no un medio de comunicación vender estos concentradores. La pregunta que exige y amerita explicación es cómo una empresa, que no es droguería, puede importar y comercializar estos equipos, cuando está definido -por una absurda normatividad- que la DIGEMID[ii] es la única instancia que autoriza el ingreso de esos “dispositivos médicos”.

Veamos. La norma exige

1. una receta médica, en la que se establezca el motivo o necesidad de uso del equipo y la marca de éste (¿?).
2. La autorización excepcional es individual y se concreta en una resolución de la Digemid. Este trámite, entre la presentación de la receta y la emisión de la resolución, debe durar, en el mejor de los casos, 72 horas. En paralelo el importador ha identificado a su proveedor e iniciado el proceso de compra. Confirmada la disponibilidad y el transporte, presumiblemente vía aérea por la urgencia,
3. el equipo es embarcado y trasladado al destino, proceso que puede durar 72 o 96 horas adicionales, con lo cual ya se tienen 144 o 168 horas, es decir estaríamos en el día 7. Confirmado el arribo de la importación,
4. mínimo se requieren (3) tres días adicionales para el desaduanaje, con lo cual el proceso habría durado 10 días, siempre que no ocurra ningún contratiempo. 

Mientras todo este proceso corre por un curso de tiempos burocráticos e inseguros, los familiares siguen sumidos en la angustia y la desesperación y el paciente ruega por oxígeno. A la sazón, la Directora Ejecutiva de la Digemid anuncia que la entidad que lidera, otorgará autorizaciones excepcionales para la importación de Concentradores de Oxígeno. Lo que no se dice y se soslaya en la DIGEMID, es que el proceso de autorización requiere dos componentes, primero, Receta médica que se establezca la necesidad de uso del equipo y segundo que se otorga una autorización excepcional individual. 

No se trata sólo de flexibilizar el mercado de los Concentradores de Oxígeno, sino de liberalizarlo y hacerlo asequible a todos los ciudadanos y entidades privadas que lo requieran, de modo que no sea un bien escaso y altamente demandado que distorsione el mercado. El actual ministro de Salud, Oscar Ugarte Ubillus, en declaraciones a la prensa [iii] ha precisado, que la línea de trabajo que está impulsando el sector a su cargo se corresponde con “una estrategia que la vinculamos al primer nivel de atención como los centros de atención transitoria comunitario en torno a municipalidades e iglesias, que es una estrategia más directa”.

La más alta autoridad del Minsa ha abierto la puerta para destrabar el mercado y lo que corresponde, en esa misma lógica y sin mayor dilación, es derogar la normatividad que permite a la Digemid-Minsa continuar otorgando autorizaciones excepcionales. Lo que urge es dejar sin efecto la intervención innecesaria de la Digemid. Ugarte Ubillus ha ido más allá, al afirmar “para el registro (sanitario) de productos que llegan por importación lo hace y lo puede hacer rápidamente Digemid. Si hay empresas o empresarios que están en esa condición, que le presenten a Digemid nosotros garantizamos la autorización muy rápidamente”. Y a mayor compromiso, el ministro ha subrayado “las personas naturales también lo pueden hacer (importar concentradores para su uso), pero necesitan un registro (sanitario) o habilitación para esa función. Me comprometo a que eso cambie. Lo vamos a aplicar en todos los espacios que aparezca”.

Ministro Ugarte Ubillus, sus declaraciones merecen traducirse en la derogatoria de las normas que esgrime la Digemid para la importación de los Concentradores de Oxígeno, aun cuando ahora otorgue autorizaciones excepcionales. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Las candidaturas presidenciales deberían diagnosticar bien lo que está pasando con el Estado en esta pandemia, para no ofrecer recetas contraproducentes.

• ¿Qué es lo que hace que el Estado no pueda resolver la trágica falta de oxígeno en los hospitales y en el mercado, o que una ONG privada con recursos privados haya tenido que encargarse de traer el primer millón de vacunas, porque el Estado no atinaba a cómo hacerlo sin romper su profusión normativa?
• ¿O que el MINSA nunca pudiera organizar una estrategia eficaz de testeo-aislamiento de contagiados y sus contactos, ni comprar pruebas moleculares?
• ¿O que ni siquiera pudiera repartir bien canastas de alimentos en la primera cuarentena ni pueda hacerlo aun en esta segunda?

Y así sucesivamente. Solo los equipos de toma de pruebas y la Operación Tayta funcionan relativamente bien, pero con alcance limitado.

La explicación no es la falta de recursos, como piensa el flamante ministro Ugarte. Casi 900 millones de soles destinados a la lucha contra el COVID se dejaron de gastar el 2020. Ni siquiera existe una falta de recursos histórica en el sector: en los últimos 20 años el presupuesto de la salud pública se multiplicó por 7 en términos reales. Hubo recursos, pero gestionados de manera patrimonialista y corrupta.

Ese es el quid del asunto. Pongamos la lupa en el caso del oxígeno. Mucha gente se enferma y necesita oxígeno en sus casas. Pero ya no hay balones de oxígeno en el mercado y si Ud. encuentra uno se dará cuenta que pesa 100 kilos. La solución es un pequeño equipo concentrador de oxígeno doméstico. Resulta que solo las droguerías registradas en la DIGEMID están autorizadas a importarlos con una serie de requisitos, y deben pedir permiso cada vez. Hay empresas que han importado esos equipos y la DIGEMID no las autoriza a sacarlos del aeropuerto porque no son droguerías. Mientras tanto, la gente se muere por falta de oxígeno.  

Y este es el punto: una droguería está obligada a tener un químico farmacéutico regente, y éste debe estar al día en sus cotizaciones al Colegio de Químicos Farmacéuticos. Lo mismo ocurre con las farmacias. La DIGEMID es en la práctica una agencia de empleo de los químicos farmacéuticos. Esa entidad ha sido capturada por ese gremio, que la usa como si fuera de su propiedad. Es suya. Neo patrimonialismo puro.

No somos los ciudadanos peruanos los propietarios de Digemid que, se supone, trabaja por encargo nuestro y a nuestro servicio. Es un grupo profesional el dueño y los ciudadanos estamos a su servicio.

Ese gremio, muy organizado, consigue leyes y decretos que le otorgan cada vez más poder y control de las actividades relacionadas a la DIGEMID. Nada se mueve sin autorización de esa entidad. Productos muy sencillos requieren licencias y registros complicados. Es para darles poder, trabajo y oportunidades de cobros irregulares, por supuesto.

Es obvio que mientras no se libere la importación de oxígeno y de equipos de concentración, la gente se seguirá muriendo asfixiada.

Pero no es solo que no se deja al privado operar para atender las necesidades públicas y el mercado. La naturaleza neo patrimonialista de muchas entidades del Estado hace que tampoco puedan resolver ellas mismas los problemas. Están intrínsecamente incapacitadas para una gestión eficiente. Por dos razones: porque no están centradas en las necesidades de la gente, de los usuarios, sino en asegurar poder y beneficios para los grupos interesados. Es decir, no miran hacia afuera, sino hacia adentro. No operan por resultados, sino por intereses. No tienen entonces los reflejos ni las capacidades necesarias para resolver un problema externo, una crisis de cualquier tipo. Tampoco pueden planificar.

Y, en segundo lugar, porque la proliferación de requisitos, procedimientos y trabas que imponen a los usuarios funciona también hacia adentro. Entonces son entidades extremadamente lentas, internamente trabadas, aherrojadas.    

La escasez de oxígeno ya la habíamos vivido, y se pudo haber previsto. Por lo demás, importar ya no equipos de concentración, sino oxígeno medicinal, es fácil. Pero esa importación también está controlada por la DIGEMID, y además se requiere importar tanques para almacenar el oxígeno y CENARES se niega a hacerlo, seguramente por las razones estructurales mencionadas en los párrafos anteriores. Entonces tuvo que ser “Legado Panamericanos”, una entidad operativa creada sin burocracia para administrar las propiedades y recintos construidos por los Panamericanos -que el año pasado construyó rápidamente hospitales en varias ciudades-, la que ha tenido que ocuparse y ya está trabajando en la importación de Alemania de 20 de esos tanques para que el Perú pueda abastecerse de oxígeno Centro América y Chile, desde donde ya hay ofertas. Pero ha tenido que hacerlo con el aporte privado: la Sociedad Nacional de Industrias está recolectando el dinero para pagar el alquiler por seis meses de esos tanques y el Estado se haría cargo del transporte y compra de oxígeno, si es que logra organizarse para eso.

La solución a estos problemas pasa por una reforma profunda del Estado que incluya la eliminación de licencias, requisitos y trámites que frenan la actividad empresarial y recortan la libertad económica –es decir, por la eliminación de todas las normas que agregan más costos que beneficios-, y por la aplicación de la ley de servicio civil para implantar la gestión de desempeño o por resultados y una verdadera meritocracia en el Estado.   

Llama la atención, en ese sentido, que sean pocos los planes de gobierno de los candidatos presidenciales que pongan énfasis en estas medidas y más bien propongan otorgarle al Estado aún más funciones, atribuciones y poder. Será para acabar con el poco dinamismo que le queda a la economía, que lo que necesita es, más bien, de la máxima libertad para poder reconstituirse y volver a crecer a tasas altas. Lampadia

José Antonio Luna Bazo
Sociólogo y Periodista
Para Lampadia

La crisis del oxígeno en los centros hospitalarios y fuera de ellos ha alcanzado ribetes de dramatismo surrealista. La incapacidad del Estado para reaccionar a esa exigencia ha sido manifiesta, pese a algunos acuerdos puntuales con universidades y empresas para la fabricación de plantas generadoras del vital gas. ¿Indolencia e incapacidad de gestión? ¿Trabas burocráticas?  ¿Se trata de la mezcla perversa de todo ello? ¿Existen otros intereses ocultos en la normatividad?

La improvisación y el cortoplacismo es un indicador recurrente en la gestión del aparato del Estado. La segunda ola del coronavirus que se insinuaba desde el año anterior y las medidas de contención que se adoptaron adolecieron de falta de oportunidad y pertinencia. La segunda ola que se empezó a manifestar en el último trimestre del 2020 hacía prever que la capacidad hospitalaria -camas UCI, ventiladores mecánicos y los limitados centros de oxígeno terapia- quedaría superada por las numerosas personas que se afectarían con el virus. Así ha sido y la data cotidiana lo ratifica.

La empresa Linde Perú es una de las principales productoras de oxígeno medicinal y proveedora de este vital insumo a los centros hospitalarios. Su capacidad de producción -220 TN por día- ha sido desbordada por una creciente demanda. Entre las diversas empresas productoras de oxígeno se alcanza un ratio diario que bordea las 350 TN, volumen insuficiente para la demanda diaria que supera las 450 TN por día y que al ritmo de los contagios y de las necesidades se proyecta a las 500 TN cotidianas. La velocidad del contagio es mayor en esta segunda ola, a lo cual contribuye el virus en sus variantes mutadas.  

Normatividad excluyente y perversa

El drama del oxígeno no concluirá con la puesta en funcionamiento de las 47 plantas que proveerá la Universidad de Ingeniería al Ministerio de Salud, en plazos aun no definidos y en oportunidades que no van a la velocidad de los contagios y menos con las exigencias y demanda de cientos de familias que lo requieren. La vida depende del suministro oportuno de este preciado gas, ahora y no mañana cuando podría no ser necesario para los pacientes. Tendremos una tercera ola, con las urgencias de oxígeno medicinal, post Covid 19. De este hecho no hay duda.

En este orden de ideas, es licito preguntarse acerca del rol que cumple -en medio de la pandemia- la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMID. Esta instancia del Ministerio de Salud es la única autorizada para otorgar la conformidad a la importación de equipos concentradores de oxígeno, catalogados como Dispositivos Médicos[i]. Este hecho no tendría mayor relevancia, si de por medio no existiera el impedimento de que únicamente las empresas calificadas como droguerías y registradas en la DIGEMID pueden ser importadoras. Hay miradas obtusas que se conjugan con la perversidad. ¿Puede un Concentrador de Oxigeno de 10 Litros ser importado por un ciudadano o una familia que lo requiera? No, es la respuesta según la DIGEMID, pues para ello requerirá calificar como Droguería.   

El rol de la DIGEMID ha generado un mercado distorsionado en la importación y comercialización de los concentradores de oxígeno y en el contexto de la pandemia éste se ha agudizado. La cadena de comercialización reúne a diversos intermediarios. Un Concentrador de Oxígeno, –generadores portátiles domésticos– en medio de la crisis de carencia de oxígeno para las personas, cuya vida pende un hilo, es posible encontrarlos -con suerte- a precios exorbitantes que oscilan en rangos que van desde los S/.10, 000 a los S/.15,000 y más, y, en todos los casos, se ofertan con entrega a domicilio sin costo.

Decisiones con múltiples efectos

Se trata, por cierto, de concentradores de oxígeno de la misma marca y con capacidad de 10 Litros y que rinden el preciado gas durante 24 Horas. Son equipos que atenúan la crisis del enfermo con el coronavirus, cuando éste está siendo medicado y tratado en su domicilio y el cuadro de la infección puede ser controlado sin recurrir a una cama hospitalaria, ni se precisa una UCI. Los equipos concentradores de oxígeno no resuelven la falta de oxígeno medicinal para los centros hospitalarios.

Las soluciones pasan por la liberalización del mercado, con decisiones que se anticipen a los hechos y a las demandas propias de una situación socio sanitaria que no se resolverá en corto tiempo y cuyos efectos y prevalencia deben preverse a mediano plazo y no esperar la Tercera Ola. Para ello se deben eliminar las barreras y diversas trabas para la importación de los concentradores de oxígeno, suprimiendo las exigencias que impone la DIGEMID.  

Permitir la libre importación de Concentradores de Oxígeno tendría efectos positivos tales como a) ampliar la oferta, b) evitar la especulación c) sincerar los precios y d) disminuir la presión sobre las camas hospitalarias. Se trata de decisiones que deben ir al encuentro de los ciudadanos y de las demandas para sobrevivir previendo, además, que serán más de 100 mil personas las que podrán requerir, en mayor o menor grado, la asistencia de estos equipos para superar las secuelas del coronavirus. Con el alta médica no concluye el vía crucis de la infección del Covid19.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Como sabemos, hace unas semanas el presidente Martín Vizcarra inició una campaña en defensa de la salud orientada a que las farmacias vendan una mayor proporción de medicamentos genéricos “para que la población de escasos recursos pueda acceder a los medicamentos”, y envió un proyecto de ley al respecto al Congreso. En su mensaje de 28 de julio insistió: “¡no es posible que los peruanos continuemos pagando los precios más elevados por las medicinas en comparación con otros países! …, los medicamentos forman parte del derecho humano a la salud y no una mercancía”. Ver en Lampadia: Mentira presidencial.

Sin duda, el acceso a medicamentos baratos y de buena calidad es clave para el bienestar de la gente. Y es probable que las cadenas de farmacias puedan vender una proporción algo mayor de genéricos puros en comparación a los de marca, pero, como veremos, el problema central está en los establecimientos públicos que, debido a ineficiencias y corrupción, no tienen los medicamentos en suficiente cantidad.

Digemid se demora demasiado

Como demuestra un estudio de Ipsos realizado en 7 países de América Latina, los medicamentos genéricos en el Perú son, en realidad, los más baratos de la región, pero en parte debido a que no hay estudios de bio equivalencia, es decir, a que no está garantizado que sus efectos sean similares a los originales. Allí está el problema: no en el precio, que es bajo, sino en la calidad. La Digemid recién está haciendo estudios de bioequivalencia para 7 moléculas, cuando en realidad son 1,500.

• Se importa genéricos de países sin alta vigilancia sanitaria, sin calidad comprobada –por eso son baratos-, pero cuando se quiere importar de países de alta vigilancia sanitaria o con certificaciones comprobadas, donde el registro debería ser automático, la DIGEMID se demora meses o años en revisar los expedientes de bioequivalencia para otorgar el registro sanitario.  

Los bajos precios relativos de los medicamentos y genéricos en el Perú han sido comprobados además por un estudio hecho en Chile: “Análisis Comparativo de Precios de Medicamentos en América Latina” realizado por Roberto Álvarez y Aldo González del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, que concluye lo siguiente:

“A nivel agregado y en salida de farmacia, el ranking de país más barato a más caro es el siguiente: 1° Perú, 2° México, 3° Argentina, 4° Chile, 5° Colombia y 6° Brasil. En innovadores, Argentina y luego Perú serían los países con menores precios a público final. En productos similares o genéricos de marca los precios más bajos a público se encuentran en México y Argentina, mientras que para genéricos puros, Perú y luego Chile serían los más baratos”. 

Problema está en los establecimientos públicos

Pero el problema central está, como decíamos, en los establecimientos públicos. La población de “escasos recursos”, como dice el presidente, debe tener acceso a medicamentos no baratos sino gratuitos, y en los establecimientos de Salud del Estado. Y eso no ocurre no por falta de recursos sino por diversas corruptelas que el presidente debería conocer para combatirlas, dándole así un contenido concreto y eficaz a su lucha contra la corrupción.

Según la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios en Salud 2014, el 52% de los pacientes del SIS no encontraron los medicamentos recetados, sea porque no había en farmacia pese a que el SIS sí los cubre (35,1%), sea porque el SIS no los cubre (16,8%). Según la encuesta de Susalud del 2016, solo un 60% de los pacientes recibió sus medicamentos completos en los establecimientos del MINSA.

Si consideramos que los afiliados al SIS representan alrededor del 54% de la población peruana, y quienes están en Essalud otro 36%, resulta que cerca del 90% de la población se atiende en principio en establecimientos públicos. Es allí entonces donde debe centrarse la preocupación gubernamental.

Por ejemplo, una empresa proveedora puede ganar una licitación del Ministerio por 100, pero los establecimientos o direcciones regionales emiten órdenes de compra solo por 60 o 70. El resto lo destinan a compras directas al menudeo a mayor precio y con beneficios por lo bajo. Allí hay corrupción, y el presidente podría lanzar una campaña contra ella.

Sin embargo, Fiorella Molinelli nos informa que Essalud está diseñando un sistema informático que, a partir de las historias clínicas electrónicas, podrá atar el inventario de medicamentos e insumos a las recetas entregadas a cada paciente. Así podrá controlar los desvíos y ajustar mejor la demanda. Si funciona, el MINSA debería importar esa tecnología.

Pero en Essalud los tiempos de espera para cirugías siguen siendo mortales.  Aquel software quizá ayude a mejorar eso, pero en general, todo el sistema de salud pública está mal y en el gobierno no hay voluntad para una reforma a fondo.

El SIS no debería pagar a los hospitales por número de atenciones, incentivando la multiplicación (corrupción) del uso de insumos, medicamentos, análisis y consultas. Debería pagar por resultados: número de pacientes que resuelven sus problemas y se llevan todos sus medicamentos gratis, como hizo el Dr. Moisés Rosas en Lima Este el 2006 e intentó replicar a nivel nacional el 2017, hasta que lamentablemente fue retirado. En Lima Este con menos dinero aumentó la provisión de medicamentos y la satisfacción de los usuarios y minimizó corruptelas como el desvío de medicinas y el escape de los médicos.

Los hospitales en APP (Kaeli y Barton) reciben un pago por persona de la red que atienden, y se esmeran en prevenir para no tener que curar enfermedades avanzadas, porque así mejoran sus ingresos.

En suma, si queremos asegurar medicamentos gratuitos y de calidad a los sectores de bajos ingresos, se requiere una reforma del SIS como la que planteó el Dr. Rosas, y aplicar la tecnología informática de Essalud si llega a funcionar. Y para que haya más acceso a genéricos puros de calidad en las farmacias, se requiere afrontar la reforma total de la DIGEMID convirtiéndola en un organismo autónomo y simplificando radicalmente sus procedimientos y normas internas, para que deje de ser un cuello de botella.

A ver si el presidente enfrenta estos temas. Lampadia