La detención de los hermanos Chávez puede ser un punto de inflexión

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Algo muy importante ocurrió el jueves pasado por la noche: fueron detenidos los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, los conocidos abogados que han inventado el lucrativo negocio de persuadir a las comunidades de bloquear carreteras con el canto de sirenas de que tienen derechos que han sido afectados por la empresa minera por los cuales pueden cobrar decenas de millones de soles como compensación, con un porcentaje apreciable para los honorarios de éxito, eso sí. Por supuesto, como sabemos, el bloqueo de carreteras es delito, y exigir un monto elevado por medio de la fuerza, es extorsión.

Esto lo han venido haciendo desde hace años impunemente, sin que el Estado de Derecho fuera capaz de reaccionar. Por fin lo ha hecho. Tuvieron que pasar 46 días de bloqueo, de delito continuado, para que la fiscalía y la policía actuaran, cuando habíamos perdido ya la esperanza de que lo hicieran. La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía de Criminalidad Organizada de Abancay, la Digimin y la Dirincri, sindica a los hermanos Chávez de realizar acciones extorsivas contra Las Bambas con el fin de obtener el pago de 100 millones de soles, así como de ser los autores intelectuales del bloqueo de vías. También son investigados por diversos delitos como falsificación de documentos.

Esperemos que luego de la detención preliminar de 15 días, no haya fundamento para liberarlos. De consolidarse estos casos penales y levantarse el bloqueo, habremos dado un paso gigantesco hacia la implantación del imperio de la ley en las carreteras y en las zonas mineras, que son estratégicas para el desarrollo del Perú. La minería tiene el potencial de darnos los recursos suficientes para mejorar sustancialmente los servicios públicos y la infraestructura nacional. Por eso, debe ser defendida no solo con la aplicación de la ley sino con planes de desarrollo integral en las regiones mineras.

Parece que la investigación ha sido bien planificada. El Juzgado de Investigación Preparatoria de Cotabambas ordenó el allanamiento de 12 inmuebles en Abancay y Cusco, y resulta que, en uno de ellos, en la avenida coronel Gonzales en Abancay, se encontró más de 300 cartuchos de dinamita, cordón detonante, pólvora, cacerinas y casi 200 cartuchos de diverso tipo de munición, incluyendo para AKM y escopeta (ver foto).

Dialogar sin bloqueo

Todavía hace falta, sin embargo, el levantamiento del bloqueo. Hasta el momento de escribir estas líneas, la medida de fuerza –que es un delito- se mantenía. Es que la comunidad ha sido persuadida de tener un derecho que no tiene. Reclama que la empresa construyó la carretera que pasa por el fundo Yavi Yavi de su propiedad sin pedirle consentimiento. Pero la vía existía desde cuando menos el 2008 según fotos satelitales mostradas por el Ministerio de Transportes, y Fuerabamba recién es propietaria de dicho fundo a partir del 2011, cuando lo recibió en permuta -junto con otros 4 terrenos-, de la propia empresa, a cambio de ceder el lugar donde estaba ubicado el pueblo de Fuerabamba, situado encima del mineral. Es cierto que luego la empresa habría hecho mejoras en la vía, pero el terreno le fue entregado a la comunidad el 2011 manteniendo la empresa el derecho de vía registrado en registros públicos. Ver en Lampadia: Norma anti elusiva y Las Bambas – Prejuicios mediáticos anti empresa.

Lamentablemente ni la empresa ni el gobierno han explicado esto con claridad a la opinión pública. Es el momento de hacerlo y de persuadir a la comunidad que no tiene el derecho que reclama, por el que demanda nada menos que 100 millones de soles. Como fuere, lo que no debe hacerse es sentarse a dialogar con la comunidad sin que ella haya levantado el bloqueo. En eso no se puede ceder.

Romper el precedente

Y tampoco en entregar un monto excesivo por los infundados reclamos, porque es indispensable romper el costosísimo precedente que estableció el acuerdo del entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra, con las comunidades de Choqueja-Antuyo, Pumamarca, Quehuira y Allahua que, impulsadas por estos mismos abogados, habían bloqueado con zanjas la carretera de salida del mineral reclamando un pago por el paso de dicha vía. Lo insólito fue que el entonces ministro aceptó darles 25 soles por el m2 de servidumbre, cuando en la sierra ese pago no pasa de 30 céntimos por m2. A ese exorbitante precio, una hectárea de cultivo valdría 250 mil soles, cuando las mejores tierras agrícolas del Perú no superan los 40 mil soles la hectárea.

Fueron decenas de millones de soles para las cuatro comunidades, de los cuales los hermanos abogados se embolsicaron algunos millones.

El actual conflicto con Fuerabamba no es sino una secuela de ese acuerdo, y por eso es crítico que no prospere, para anular y romper el mencionado precedente, que ha despertado ilusas expectativas en todas las comunidades que bordean la carretera del corredor minero, que tiene más de 200 km.

En cambio, de culminar este conflicto con una compensación proporcional a las afectaciones reales que haya recibido la comunidad, y con los hermanos Chávez procesados y en la cárcel, el nuevo precedente que este caso sentaría sería fundamental para poder aspirar al desarrollo nacional y regional. Es absurdo que la inversión minera –palanca del desarrollo nacional- esté siempre en jaque y eventualmente extorsionada por personajes como estos, y también por políticos y ONGs que aprovechan muy bien para beneficio propio la tremenda asimetría social y económica que hay entre las minas y las comunidades, e incluso los errores que eventualmente cometen las empresas mineras.

Desarrollo integral y compartido

El problema, ahora, será manejar la reacción de algunos frentes de defensa y de los núcleos anti-mineros, que ya intentan movilizarse contra la decisión de detener a los hermanos Chávez y al presidente de la Comunidad. La respuesta tiene que ser una estrategia política inteligente que pase por llevar una propuesta de desarrollo. El ministro de Energía y Minas y el Viceministro de Gobernanza territorial han viajado al Cusco y hoy estarán en Apurímac, pero hasta el momento solo han hecho planteamientos muy generales.

Pues no se trata solo de imponer la ley, aunque esto sea fundamental. Se trata de que el Estado y las empresas mineras sean capaces de llevar adelante un plan de desarrollo integral en el corredor minero que permita que las comunidades y los pueblos se integren al mercado de la manera más productiva y sostenible posible. Las familias campesinas tienen que percibir que la mina y el Estado les dan los instrumentos para aumentar su productividad, su producción y sus ingresos para emerger por sus propios medios, y no simplemente que la única manera de beneficiarse sea convirtiendo a la mina en un blanco de ataques y protestas para exigir compensaciones monetarias. Se trata de que cuando se vaya la mina, todo el paisaje económico, productivo y social se haya transformado radicalmente. Se trata de convertir el conflicto potencial en asociación para el desarrollo compartido.

Se trata, en suma, de generar una relación virtuosa y no viciosa con las comunidades. En ese sentido, la experiencia de la relación de Las Bambas con la comunidad de Fuerabamba es aleccionadora, pero en el sentido de lo que no debe hacerse, aunque quizá era casi inevitable, considerando la comunidad estaba asentada encima del mineral y entonces había que reubicarla. A cambio de reasentarla en otra zona, la empresa le construyó a la comunidad una ciudad hay llamada Nueva Fuerabamba, con una inversión de 750,000 dólares por casa. De modo que cada comunero recibió una casa de varios pisos en un centro urbano con todos sus servicios, algo de una calidad de vida muy superior a lo que tenían en el pueblo desaparecido. Pero no solo eso. Cada comunero recibió además en promedio más de un millón de soles contantes y sonantes como compensación por la mudanza. Es posible que muchos se hayan gastado el dinero o lo hayan invertido en emprendimientos infructuosos. El hecho que es ahora vieron la oportunidad de exigir más dinero aun. La empresa se convirtió en una adicción al dinero fácil, sin que la economía de las familias haya encontrado una manera de crecer de manera real y sostenible conectándose productivamente con el mercado.   

Alto funcionario de la PCM

Para que haya una relación virtuosa con las comunidades y pueda haber desarrollo rural y regional, dejando de paso sin oxígeno a los discursos anti extractivistas, es indispensable que la PCM designe a un alto funcionario que coordine a los sectores del Estado y a los gobiernos sub-nacionales en el corredor minero, y que sea capaz de dirigir la aplicación de un plan de desarrollo que mejore los servicios e integre las economías locales al mercado. Esa es en cierta medida la idea que está detrás de las 5 Agencias de Desarrollo Regional que está creando la PCM, pero las está instalando ¡en regiones que no son mineras! Increíble.

Reforma del canon

Y para que el desarrollo comunal, rural y regional sea posible, es indispensable emprender la reforma del canon, que no puede seguir manejado por alcaldes que carecen de capacidad de ejecución solo compensada con una gran capacidad de corrupción. El canon debe ser administrado por un organismo micro regional o un fideicomiso o un PMO en cuyo directorio puedan participar los alcaldes correspondientes, junto con la empresa y el gobierno central. Un modelo que fue exitoso fue el que se aplicó para ejecutar la llamada ‘contribución voluntaria’, en cuyo manejo participaban las autoridades locales, el gobierno central y las empresas mineras.   

Las empresas mineras de hoy ya no son las del pasado. Pueden no solo convivir con la actividad agropecuaria, porque sus procesos son limpios, sino ayudar a potenciarla y modernizarla, con políticas de desarrollo compartido.

La OEFA, por su parte, se está convirtiendo en un eficaz árbitro cuando, pese a todo, algunas minas cometen eventualmente agravios ambientales. Hoy existen muchas más garantías. Lo que no hay es un aprovechamiento de los recursos del canon para conseguir un desarrollo real.

Estrategia política y de desarrollo

En suma, la única manera de prevenir los conflictos es mediante una estrategia política y de desarrollo en las regiones mineras liderada por el gobierno, que tiene que tomar conciencia de que el recurso minero es demasiado importante para el país como para que quede al garete del abandono y la desidia. Lampadia