Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

El Perú tiene muchas riquezas, todas ellas son el regalo de nuestra Pachamama. 

Tenemos frutas, hortalizas, tubérculos y raíces fabulosas para la nutrición y el disfrute. Tenemos variedades de peces y mariscos que son la envidia de muchos pueblos, magníficas maderas, y gran variedad y abundancia de minerales.

Además, tenemos gente maravillosa que nunca sucumbió a las desgracias que tuvimos que atravesar por culpa de nuestros gobernantes. Nuestra gente es resiliente, trabajadora, creativa, solidaria y con gran confianza en si misma.

Nosotros podemos ser un pueblo próspero y nuestros hijos pueden ser orgullosos ciudadanos del mundo desde el Perú. Podemos ofrecer muchos beneficios al resto del planeta, como nuestros minerales, nuestros productos de agroexportación, nuestros peces, nuestra gastronomía, y miles de etcéteras.

Aprovechemos lo que tenemos para ser ricos de verdad y exijamos a los gobernantes hacer una mucho mejor tarea de la que vienen haciendo.

Digámosle que hacer. No podemos perder más tiempo. 

https://online.flippingbook.com/view/472668043/

CONTROVERSIAS
Fernando Rospigliosi
Para Lampadia
 

La victoria de Gabriel Boric en Chile ha sorprendido a muchos, porque la experiencia de ese país en el último medio siglo muestra claramente el fracaso del socialismo que intentó aplicar una coalición marxista en 1970, que desató una crisis económica atroz y un caos social espantoso, y el éxito de una política económica de mercado que, adoptada tanto por la dictadura de Augusto Pinochet como por los gobiernos democráticos que lo sucedieron, llevó a nuestro vecino del sur a una prosperidad sin precedentes. A tal punto que se creía que Chile estaba camino a convertirse en un país del primer mundo.

Hoy día está a punto de entrar en la senda que varios otros países de la región, arruinados por políticas populistas de izquierda.

• En el título de este artículo no me refiero en verdad al éxito de Boric, que además de pertenecer a la nefasta corriente del Socialismo del Siglo XXI, es muy joven, sin experiencia y con una trayectoria que se reduce a la agitación estudiantil. 

• Un partidario de las políticas más extremistas y un radical crítico de todos los valores de la Civilización Occidental y Cristiana que, además, jamás ha trabajado en su vida ni ha gestionado nada. Es decir, ideológicamente extraviado y sin ninguna trayectoria que muestre que podría liderar su país hacia la prosperidad.

Aludo más bien al triunfo de las ideas del marxismo heterodoxo, encarnado en la escuela de Frankfurt, que desde hace un siglo sostiene que la batalla contra el capitalismo y la democracia se da en el terreno de las ideas, de la cultura y el arte, en los medios de comunicación y las universidades. Los de Frankfurt, brillantes filósofos alemanes, entendieron desde principios de la década de 1920 que Carlos Marx se había equivocado, que el proletariado no era el sujeto revolucionario, que no se empobrecía ni luchaba por destruir el sistema, sino que prosperaba y peleaba por mejorar sus condiciones de vida. Y que en los países ricos del norte lo conseguía y cada vez se integraba más.

Ellos se dieron cuenta que había que cambiar de discurso, convencer a los intelectuales, a las clases medias, soliviantar a los jóvenes, a las mujeres, a las minorías, etc. Y, sobre todo, interpretar el mundo de manera sesgada, repitiendo historias falsas o medias verdades para socavar el sistema, ganando las mentes de sus adeptos. (En el caso de Chile, por ejemplo, el cuento de la desigualdad, que, por supuesto existe como en todas las sociedades humanas, ocultando el hecho de que todos han mejorado sustancialmente y que las propuestas socialistas conducen inevitablemente a empeorar la vida de la inmensa mayoría).

Por el contrario, las derechas asumieron una suerte de marxismo vulgar, creyendo que el crecimiento económico determinaba completamente la superestructura, las ideas y valores de la gente. Así, si un país crecía y prosperaba, los ciudadanos espontáneamente serían conscientes de eso y respaldarían el libre mercado y la democracia, rechazando a los comunistas, revolucionarios, socialistas del siglo XXI y toda la fauna que intenta destruirlos.

Desde mediados del siglo pasado, por ejemplo, se popularizaron las teorías que supuestamente demostraban que los países que alcanzaban un determinado nivel de prosperidad, un cierto ingreso per cápita que superaba un umbral, se convertían en democráticos y eran inmunes al virus comunista y totalitario. Ahora está claramente comprobado que no es así. 

Paradójicamente la escuela de Frankfurt fue financiada desde sus orígenes por las grandes fortunas del mundo y por los gobiernos de las democracias avanzadas. Y así sigue ocurriendo hoy día, con sus herederos, ONG, think tanks, universidades, medios de comunicación y personas.

Es indispensable que no se pierda de vista la necesidad de enfrentar al comunismo, al socialismo del siglo XXI y al marxismo heterodoxo, desde el campo de las ideas, que la urgencia de las importantes batallas políticas del momento no postergue para más tarde un combate que es decisivo para poder derrotarlos ahora y mañana. Lampadia

Sin embargo, ese regalo no nos durará para siempre, lo aprovechamos pronto, o lo perdemos.

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Mis años defendiendo la minería

Mi afán por sacar adelante a la minería se origina de mi experiencia laboral de 13 años en el sector (1979 a 1992). Siete en el Grupo Hochschild, cuando era un consorcio internacional, y seis en Milpo, cuando era un grupo familiar emprendedor.

Esos años, 

• con los proyectos más grandes capturados por el Estado, para dejarlos dormir; 

• con el monopolio de la comercialización en manos de Minpeco; 

• el robo del dólar MUC; 

• las cuotas de divisas, incluso para quienes las producíamos; 

• la ineficiencia, incapacidad y corrupción del Estado interventor, que fijaba a discreción los aranceles, las tasas de interés y los tipos de cambio; 

fueron años muy duros. A mi me tocó vivir los años de las vacas flacas, luchando todos los días con empeño y visión de futuro para sobrevivir.

De alguna manera puedo decir que, por esa dura experiencia, aprendí con sangre, a entender y a apreciar el valor de la minería para el Perú.

A principios de los años 90, se desreguló la economía, y pude dejar al sector encaminado a lo que fueron luego, sus años de prosperidad. Prosperidad que se consolidó con la Constitución de 1993, que trajo de regreso la inversión privada a las regiones, después de 30 años de oscurantismo. 

Así fue que salieron varios proyectos, uno por uno, hasta construir el principal motor de nuestra economía, que transformó el país de un ‘Estado Fallido’ a una ‘Estrella Internacional’. 

• Así salió Las Bambas, guardado durante décadas. Previamente, en 1981, yo fui parte de una propuesta de inversión en las Bambas, de US$ 1,000 millones, ofreciendo al Estado un ‘free ride’ (participación graciosa), de 20%. 

• Lo mismo planteamos un año después sobre Antamina, US$ 1,200 millones de inversión con 20% de free ride para el Estado. 

Ambas propuestas fueron desdeñadas por el gobierno de Belaunde, a pesar de contar con funcionarios capaces en Minero Perú y en el gabinete de ministros.

Desde el nacimiento de Lampadia, entendimos que había que consolidar el aporte de la minería para el crecimiento y desarrollo del País.

La revolución productiva y la mejora social

Eventualmente, después de la Constitución del 93, el Perú se volcó a una revolución productiva liderada por la minería, pero que incluyó también el desarrollo de las agroexportaciones, el crecimiento de la pesca, la construcción, la masificación de la vivienda familiar, el retail moderno, los Fondos Privados de Pensiones que generaron un gran mercado de capitales y mejores pensiones. También se invirtió en infraestructuras y en los servicios de salud y educación. En educación se duplicó la inversión del Estado, llevando el total a más de 7% del PBI, y sobre todo, incorporando prácticas educativas más modernas y efectivas. Tan es así, que en el último estudio Pisa publicado el 2019, el conjunto de la educación escolar privada, calificó mejor que el conjunto educativo de Chile, Uruguay y Costa Rica.

(Ver en Lampadia: Las aulas vacías – Una silenciosa tragedia latinoamericana). 

Como consecuencia de esa explosión productiva y de un Estado que hasta el 2011 supo cuidar la situación macroeconómica y fiscal, la pobreza bajó de 60% a 20% (2019), disminuyó la desigualdad, aumentaron los ingresos y se generó una clase media que cambió el perfil socioeconómico del país. 

Ver información presentada por Rolando Arellano: Perú: El país más empresario del mundo.

El desbarajuste regresivo de la política

El siguiente gráfico de Ipsos muestra con claridad cómo, desde el 2011, con la prédica pos-extractivista y anti mercado de todas las izquierdas y con el gobierno de Humala, el Perú paró su proceso de crecimiento económico y empezó a retroceder. Esto siguió con el desperdiciado gobierno de PPK, la desastrosa gestión de Vizcarra, y el inútil interregno de Sagasti, para luego terminar aterrizando en un gobierno inspirado por la satrapía comunista cubana.

Ahora nos dirigimos hacia el estancamiento de la economía, donde la pobreza se quedará en niveles de 30%, aumentará la deuda externa y se debilitará la salud fiscal del Estado. No se priorizarán la mejora de los servicios de salud y educación, en contra del principal reclamo de la población. 

Solo se agudizará la lucha de clases y la manipulación política para buscar el poder absoluto. 

Ayer comentamos en Lampadia el artículo de Moisés Naim: Cuba colonizó a Venezuela, que explica como una minúscula y empobrecida Cuba, logró colonizar a Venezuela para hacerse de sus riquezas y dejarla desfalleciente. 

Lo más indignante de nuestra situación, es que el Perú bien podría estar creciendo al 7% por año, bajando la pobreza al 10% y mejorando la calidad de vida de la gran mayoría de peruanos.

Solo nos quedan 20 años para aprovechar la minería

Vale la pena darle una mirada. Gráficos con poco texto.

En octubre 2019 publicamos: Lo que necesitamos es más Minería – Para superar la pobreza.

Estrategia para la creación de empleo y generación de riqueza en el Perú durante los próximos 20 años

El Perú está dejando que grupos ideologizados por el pos-extractivismo, acompañados de unos cuantos exaltados, aprovechen la falta de conocimiento sobre el impacto de la minería y la clamorosa ausencia del Estado como orientador de las políticas públicas.

Estamos rechazando a la minería social y ambientalmente sostenible, y acogiendo la minería ilegal que causa desastres sociales y ambientales.

Estamos tirando por la borda, la palanca de desarrollo de los peruanos, el único sector que puede crear riqueza aceleradamente, sin causar daños que lamentar. Además, debemos tomar conciencia que los aportes de la minería pueden no durar más de 20 años.

El Perú tiene que enfrentar dos grandes retos, superar las brechas sociales y económicas en educación, salud, infraestructuras y tecnología; y nivelarse con los países más ricos para evitar que nuestros pobres queden fuera del mundo moderno, signado por la ‘Cuarta Revolución Industrial’.

Tenemos que poder crear empleos competitivos para ese nuevo mundo. Pero no nos queda mucho tiempo.

• Por ejemplo, en el futuro, los alimentos que hoy exportamos y traen beneficios a los peruanos, podrán ser producidos en fábricas verticales en las capitales del mundo moderno, o

• Producidos por reproducción celular

• Los minerales que producimos podrán ser explotados en los fondos marinos, e inclusive en el espacio exterior. Otra amenaza es la sustitución de materiales:

• Otro cambio que cortará nuestro potencial de crecimiento es que en 20 años ya no tendremos el bono demográfico, pues nuestra población habrá envejecido.

Tenemos que crear riqueza aprovechando lo que tenemos.
¡Que es mucho!

Pero no se puede crear riqueza dentro del Perú, tenemos que traerla del exterior, exportando bienes y servicios, y atrayendo visitantes:

Con agro exportaciones, manufacturas, minerales, pescados, con turismo y gastronomía.

Pero no todo lo que podemos hacer con el exterior nos deja los mismos beneficios:

• Si exportamos un polo del mejor algodón, una manufactura sofisticada, que en Miami se vende en US$ 80, en el Perú, entre mano de obra, insumos, e impuestos, quedan solo US$ 8, el 10%.

• Pero si exportamos paltas, que en Londres se venden en dos libras esterlinas, en el Perú queda el 60%.

• Y si exportamos concentrados de cobre, en el Perú queda un sorprendente 86%.

¿Cómo así la exportación de minerales deja tanto más que la de manufacturas? La razón es que en contra del mito de ‘exportación de piedras’, la minería tiene un altísimo valor agregado. En promedio tiene un valor agregado de 69%.

El valor agregado es la riqueza que resulta de restar al valor del mineral, que bajo tierra vale cero, el costo de su conversión mediante remuneraciones, insumos, servicios e impuestos.

El encadenamiento de la producción minera se multiplica en su impacto en la economía. Veamos las cifras de Cerro Verde del año 2017:

Una exportación de US$ 3,195 millones, generó un impacto en el PBI de US$ 4.921 millones, US$ 1,760 de impacto directo y US$ 3,161 millones de impacto indirecto.

En resumen, el sector minero puede producir un gran impacto económico y social en el Perú.

Pero, en buena medida, nuestro potencial productivo es prácticamente infinito:

Otro sector que tiene una gran productividad es el de las agro-exportaciones. En 180,000 hectáreas de uvas, paltas, espárragos, arándanos, etc., generamos el mismo valor que otros países en 2’500,000 de hectáreas, con soya, trigo, maíz amarillo duro, azúcar y arroz:

Tenemos la oportunidad de establecer un círculo virtuoso:

Que nos permita enfrentar nuestros grandes retos:

(Cuadro actualizado en diciembre,2021)

Tenemos que defender el Perú de sus enemigos, aquellos que pretenden dejarnos en la pobreza, aquellos que pretenden parar nuestros sectores productivos y reinar como señores feudales en un mar de miseria.

• Necesitamos ¡Realismo!

• Necesitamos ¡Enfoque!

• Necesitamos ¡Sentido de Urgencia!

Para cerrar las brechas sociales y económicas, para insertarnos en la ‘cuarta revolución industrial’, necesitamos más:

No olvidemos las voces de nuestros sabios:

No nos dejemos engañar, necesitamos más minería, en 20 años puede ser tarde.

Lampadia

El crecimiento de la economía y el desarrollo de las clases medias

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

(IRA – Izquierda Retrógrada y Atolondrada, término acuñado por Anthony Laub).

Lamentablemente en el Perú no salimos de la maldición de las izquierdas decimonónicas, que nunca se reinventaron después de la caída del muro de Berlín. Máxime si desde entonces todas ellas encontraron financiamiento desde los países más desarrollados, por parte de asociaciones (ONGs) que en el nombre de un supuesto desarrollo humano, aparentes preocupaciones ambientales y sociales, impiden el desarrollo económico, condenando a la pobreza a las poblaciones más vulnerables.

Así podemos ver como todas ellas, con un lenguaje edulcorado, terminan oponiéndose al crecimiento económico producido por la inversión privada, especialmente en minería (por su gran impacto en la creación de riqueza), y al desarrollo de las clases medias. Algunos representantes de la IRA llegan a decir que avistando aves se puede sustituir la producción minera.

El eventual éxito del crecimiento económico y la consolidación de las clases medias, implica la ruptura del espacio de desarrollo de las izquierdas retrógradas, la pérdida de seguidores políticos y la intrascendencia de sus relatos.

En el caso del Perú, este proceso fue muy obvio, cuando más crecíamos, de la mano de la inversión minera, hacia el 2010, y se consolidaba la nueva clase media emergente, las izquierdas se multiplicaron en su afán crítico basado en la exacerbación del efecto del vaso medio vacío. Lamentablemente, ella, la IRA, la izquierda retrógrada y atolondrada, tuvo de socios a la instalación del odio en la política peruana, y a la debacle de los medios de comunicación, que simplemente renunciaron a su responsabilidad de informar y analizar con objetividad, y cayeron en las garras de ideologías desencaminadas.

Incluso en Chile, donde el crecimiento acumulado, la reducción de la pobreza y el desarrollo de una enorme clase media, habían transformado el país, estas izquierdas que sobreviven en Latinoamérica, lograron quebrar el sustento político de la economía de mercado y han llevado a Chile a niveles de incertidumbre imposibles de prever. Lampadia

Veamos el comentario de Juan Lagos en la Fundación para el Progreso, sobre el adiós a la clase media chilena.   

¡Adiós a la clase media!

Juan L. Lagos
Fundación para el Progreso – Chile
Publicado el 27.07.2020

La Nueva Mayoría, en su afán por transformar Chile, supo desde un principio que “el modelo neoliberal” —como con poco cariño lo suelen llamar— antes de salir de las instituciones debía ser arrancado del alma de los chilenos. Tarea titánica, toda vez que una gran cantidad de ellos, por medio de muchos sacrificios, habían alcanzado niveles de vida muy superiores a los de sus padres gracias a un mercado abierto, un gasto público focalizado y una especial protección de los derechos individuales, principios incompatibles con “el modelo social” —como con mucho cariño lo suelen llamar— que deseaban implantar.

Como la tarea era ambiciosa y el tiempo escaso —sumado a un clasismo que perfecciona las buenas y malas acciones de nuestra clase opulenta— la Nueva Mayoría no encontró mejor estrategia que negar el libreto aprendido en los primeros años de la Concertación y atacar el ethos de la nueva clase media chilena. De este modo, si en 1994 la Comisión Brunner reconocía el aporte de los establecimientos subvencionados en la calidad de la educación, en el 2014 el ministro Eyzaguirre señalaba que el copago no lograba otra cosa más que supercherías para reafirmar el arribismo de una clase media aspiracional.

Esta estrategia no le resultó a la izquierda y la promesa de un Chile “más social” no fue suficiente para contentar a una clase media orgullosa que resintió el mediocre desarrollo de la economía durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Era el turno de un segundo mandato de Sebastián Piñera que asumió con un notable respaldo en las urnas producto de un país que aspiraba a “Tiempos Mejores”.

El solo nombre de sus medidas dirigidas a esta heterogénea clase social demostraba que Piñera no había ganado: solo había sacado más votos que Guillier. “Clase media protegida” se llamaba este conjunto de iniciativas, demostrando que el triunfo cultural de la izquierda no dependía del resultado de la segunda vuelta presidencial.

No creo que el diagnóstico de la “centroderecha” haya sido errado, pero sí fue incompleto. Es cierto que la clase media es “frágil”, en eso tenían razón Andrés Allamand y Joaquín

García-Huidobro en su Manifiesto Republicano, pero la clase media es mucho más que eso, por eso resulta inexplicable que hayan empleado ese calificativo para la señera referencia que hicieron de ella a lo largo de todo el documento.

También es cierto que la clase media necesitaba ser “fortalecida” como repetía hasta el hartazgo el presidente Piñera, pero antes incluso que la protección de sus temores, la clase media chilena clamaba por una justificación política de su estilo de vida, tantas veces vilipendiado por el Gobierno de la presidenta Bachelet. Pero por parte de la “centroderecha” solo encontró paternalismo ignorando el piñerismo que «las lucas no definen a la clase media, sino su identidad de progreso» como bien señaló el economista Sergio Urzúa.

¡Y así estamos ahora! En medio de una tormenta de políticas irresponsables que se olvidaron de nuestra clave en el combate contra la pobreza: la focalización del gasto social. ¡¿Qué esperaban?! Si ha muerto la idea de la clase media como sinónimo de emprendimiento, resiliencia y esfuerzo. Ahora ser clase media es ser víctima de todos: del Estado que no te entrega bienes “públicos” y del mercado que te “endeuda”. Ahora la clase media no es más que la excusa argumental de la que se valen algunos políticos de cuarta que ostentan cargos de primera para ocultar su resentimiento y demagogia.

Ante la muerte de la idea de clase media, siempre crecerá el paternalismo estatal, esto la izquierda lo entendió a la perfección. Lástima que la derecha todavía no dimensione su pérdida, porque es inexorable la máxima tan bien descrita por Nicolás Gómez Dávila: «A medida que el Estado crece el individuo disminuye».

La reducción de la pobreza monetaria sin el cambio constitucional de 1993 habría sido más lenta. Se requiere avanzar en reformas para continuar creciendo.

Si bien se llevaron a cabo reformas estructurales desde el inicio de la década de los noventa, la Constitución de 1993 sentó las bases para el nuevo sistema económico. (Foto: Archivo GEC)

El Comercio, 05 de enero de 2020
(Informe El Comercio / IPE)

Las reformas económicas que inició el Perú en la década de 1990 –algunas de ellas consignadas en la Constitución de 1993– han sido seguidas de un crecimiento económico extraordinario basado en la estabilidad macroeconómica, la limitación de la actividad empresarial del Estado, la promoción de la inversión privada y de la competencia, y el desarrollo de las exportaciones.

Mientras que el crecimiento promedio anual del Perú entre 1975 y 1993 fue de apenas 0,7%, el más bajo de Sudamérica, desde 1994 hasta el 2018 el país lideró la región con un crecimiento promedio de 4,9%.

Sin embargo, la convulsión política y social que se vive en otros países latinoamericanos –en particular en Chile– ha abierto nuevamente el debate sobre la naturaleza del régimen económico peruano y sus resultados. A tres semanas de las elecciones legislativas extraordinarias 2020, vale la pena revisar algunos de sus alcances.

En este contexto, el Instituto Peruano de Economía (IPE) ha estimado un escenario alternativo, teórico, de crecimiento para el Perú en el cual las reformas estructurales de los noventa no se hubieran implementado. Los resultados apuntan a que el marco económico moderno ha permitido un mayor avance en términos de riqueza promedio de los peruanos y reducción de la pobreza monetaria del que se hubiera logrado si continuaba con el modelo económico previo.

¿QUÉ MODIFICACIONES SE HICIERON EN 1993?

Si bien se llevaron a cabo reformas estructurales desde el inicio de la década de los noventa –la eliminación de controles de precios y simplificación tributaria y arancelaria, por ejemplo–, la Constitución de 1993 sentó las bases para el nuevo sistema económico.

Los principios generales del régimen económico actual respaldan la libertad empresarial, la libre competencia y la libertad de contratación como pilares del funcionamiento de la economía. Además, el artículo 60 establece que el Estado solo puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, a diferencia de la Constitución de 1979 que permitía con más holgura la actividad empresarial del Estado.

Para promover la estabilidad macroeconómica, el artículo 84 estableció la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), lo que se tradujo en la prohibición de que la autoridad monetaria sea fuente de financiamiento del Gobierno, como lo había sido durante los años ochenta. Así, se definió que el propósito principal del BCRP es preservar la estabilidad monetaria y controlar la inflación. Otras reformas clave siguieron a partir de 1998.

UN PERÚ SIN REFORMAS

Para evaluar el impacto de estos cambios, el modelo genera un escenario alternativo sin reformas sobre el cual comparar. Un procedimiento para lograrlo es el método de control sintético (MCS), el cual construye este escenario –un “Perú sintético”– sobre la base de un promedio ponderado de países similares al Perú en sus características económicas antes de la Constitución de 1993. Por lo tanto, el impacto estimado será la diferencia entre los resultados del Perú real y el “Perú sintético”.

En este ejercicio, la medida de bienestar analizada es el PBI real per cápita. Entre 1975 y 1993, el nivel de riqueza promedio del Perú real y del control sintético fue muy similar, lo que apunta a que la comparación es adecuada.

Los resultados de la estimación muestran que el crecimiento promedio del PBI per cápita peruano luego del cambio constitucional (3,8%) fue casi 2 puntos porcentuales superior a lo que hubiera sido sin el cambio de modelo. Asimismo, entre 1994 y el 2016, el nivel de riqueza promedio por año de los peruanos fue casi 17% mayor al del Perú alternativo sin reformas.

Como una extensión a este impacto, se pueden inferir también los efectos que el régimen ha tenido sobre la reducción de la pobreza monetaria. Para ello, se estima una medida de elasticidad entre el crecimiento del PBI per cápita y la pobreza durante 1991 y 2016. Es decir, se calcula la relación entre la expansión de la economía y la caída de la pobreza. El ejercicio muestra que, si el PBI per cápita hubiese crecido al ritmo del Perú sintético, la reducción de la pobreza hubiese sido más lenta y se encontraría alrededor del 35%, cerca de 14 puntos porcentuales por encima de la cifra observada en los últimos años. La pobreza en el 2018 alcanzó al 20,5% de la población nacional.

AGENDA PENDIENTE

Continuar con la senda de crecimiento requiere un nuevo impulso de reformas, principalmente aquellas destinadas a incrementar la productividad. Según el BCRP, entre el 2016 y el 2020, la productividad del trabajo y capital tan solo contribuirá 0,2 puntos porcentuales al crecimiento promedio anual del período (3,6%), muy por detrás de la contribución de 2,4 puntos porcentuales entre el 2001 y el 2010. La agenda pendiente pasa por mejorar la calidad del sistema laboral, de la infraestructura, de la educación, de la gestión pública, y de la regulación estatal en general. Todo ello, sin embargo, se debe lograr cuidando lo ya avanzado.

Lampadia

En un contexto en el que subsiste un débil e insuficiente crecimiento de la economía peruana – en enero fue de 1.58% y recientes proyecciones sugerirían un crecimiento para febrero en torno al 2.10% – vemos necesario republicar este artículo.

Hace siete años desconectamos al Perú de su circuito virtuoso de crecimiento económico y reducción de la pobreza. (Ver en Lampadia: Las Cifras de la Prosperidad). Efectivamente, el 2011 ungimos el gobierno del nacionalismo para que nos diera crecimiento con inclusión, y no nos dio ni crecimiento, ni inclusión.

Así fue cómo el 2011 se produjo un punto de inflexión en nuestro desarrollo económico y social. Disminuimos el ritmo de inversión, paramos la reducción de la pobreza y de la desigualdad, el crecimiento de la clase media, e imbuimos a la administración pública de una explícita animadversión contra la inversión privada. (Ver en Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo).

El siguiente gráfico muestra la caída del crecimiento hacia un plató algo menor de 4%. Un ritmo de crecimiento insuficiente para la reducción de la pobreza y la absorción de la demanda de empleo.

Como consecuencia de la caída del crecimiento, podemos ver como, después de tres lustros, vuelve a crecer la pobreza en el 2017.

Todo esto es consecuencia directa de la menor inversión, tanto la pública como la privada. El siguiente gráfico muestra como ha caído la inversión desde el año 2013. Pasamos de invertir hasta US$ 55,000 millones anuales a US$ 45,000 millones el 2017 y un estimado de US$ 48,000 millones el 2018. Pero si tomamos como base el porcentaje de inversión sobre el PBI del 2013 de 26.9%, y lo proyectamos al 2018 tenemos una brecha de menor inversión, con respecto al 2013, de US$ 12,000 millones anuales. US$ 10,000 millones menos de inversión privada y US$ 2,000 menos de inversión pública.

Peor que lo acontecido es que la perspectiva hacia adelante es más de lo mismo, un crecimiento mediocre y muy por debajo de lo que el Perú puede lograr. Veamos las estimaciones del BCRP.

En el siguiente gráfico podemos apreciar que el motor que nos dio un gran crecimiento hace algunos años, el sector minero, está prácticamente parado. La minería cayó un 1.3% el 2018, el Banco Central proyecta un crecimiento de 3.2% para el año actual y un crecimiento de 3.6% para el 2020, ambas tasas bajas que no reflejan nuestro enorme potencial minero. Todo ello producto exclusivamente de la debilidad del gobierno para impulsar la inversión minera. Por ejemplo, el presidente Vizcarra, para curarse en salud, ha declarado que el proyecto de Tía María no ha levantado aún sus observaciones, cuando en verdad, a fines del año pasado, todo estaba listo para que el gobierno le diera la autorización de inversión.  

Insistimos, esto se debe a la debilidad del gobierno. No se debe al nivel de cotizaciones de los metales, ni se debe a falta de proyectos. Todo lo contrario, el Perú es un destino privilegiado para las inversiones mineras. Inversiones que toman tiempo en concretarse y que, al perderlas, nos pasarán la factura, en forma de estancamiento, más adelante.

Ese estancamiento debe ser contrastado con nuestro potencial de crecimiento, que más allá de los cálculos económicos, apreciando nuestro potencial de crecimiento productivo, es seguramente del orden de 6 a 7% anual.

Hoy estas cifras pueden sonar altas, lo que pasa es que ya nos estamos olvidando que lo podemos hacer muy bien. Como lo hicimos hasta el 2011.

No faltan por supuesto, los que en aras de focalizar nuestro atraso institucional, siguen desconociendo los beneficios de crecer alto y sostenidamente. Atraso real y muy pernicioso, por cierto, pero no hay que olvidar que la mejor plataforma para hacer reformas es la abundancia y no la escasez.

El Perú, su gente y sus recursos son bastos como para sustentar, en paralelo a los temas institucionales, un mejor futuro económico y social. No podemos seguir perdiendo tantas oportunidades para consolidar el bienestar general. Lampadia

Tal como en sus inicios, los CADE se realizan todos los años en Paracas, en la región Ica. Desde hace cuatro años el gobernador de Ica, Fernando Cillóniz Benavides ha acogido la reunión de ejecutivos y dado toques especiales a cada reunión.

Estando el mandato de Cillóniz próximo a terminar, el CADE decidió hacer un homenaje a Cillóniz, no solo por su hospitalidad, sino, sobre todo, por su gestión en Ica. Una gestión que se ha distinguido por su lucha contra la corrupción en distintos estamentos de la estructura de la región, y más allá de ella, evitando injerencias externas para aprovechamientos particulares.

Pero Cillóniz también se distinguió por lograr realizaciones como la Hermandad del Agua con Huancavelica, que permitirá a ambas regiones beneficiarse con recursos económicos y disponibilidad de agua durante todo el año.

La gestión de Cillóniz ha sido un verdadero ejemplo de GOBERNANZA en todo el sentido de la palabra. Veamos la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española:

Arte o manera de gobernar que se propone como
objetivo el logro de un desarrollo económico,
social e institucional duradero, promoviendo un
sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil
y el mercado de la economía.

Sin más, queremos compartir la ceremonia de reconocimiento organizada por CADE:

Líneas abajo compartimos otro informe de Bjørn Lomborg, uno de los pocos (pero poderosos) analistas globales que nos demuestran con cifras, con hechos y con la verdad, los indicadores sobre el progreso de la humanidad en los planos económicos, sociales, ambientales e institucionales. Para una mejor ilustración sobre nuestra realidad, ver en Lampadia: 7 ensayos sobre la prosperidad

Las noticias malas nos ganan el ojo todos los días y por eso es que hay que hacer un cierto esfuerzo consciente para no dejar de ver los procesos de mejora de la humanidad en los planos indicados. Lampadia

Vivimos en un mundo mejor
16 de agosto, 2018
Bjørn Lomborg
Profesor Visitante del Copenhagen Business School, director del Copenhagen Consensus Center
Project Syndicate
Glosado por Lampadia

Es muy fácil formarse la opinión de que el mundo moderno se está desmoronando. Nos enfrentamos constantemente a un ataque de negatividad: titulares que amedrentan, resultados de investigaciones alarmantes y estadísticas miserables.

En verdad, existen muchas cosas en el planeta por las que deberíamos estar profundamente preocupados. Pero obsesionarnos con las historias de terror significa que nos perdemos el panorama más amplio.

Las Naciones Unidas se centran en tres categorías de desarrollo: social, económico y ambiental. En cada categoría, mirando en retrospectiva los últimos 25 años, tenemos muchos más motivos para celebrar que para alarmarnos. Por cierto, estos años han sido un período de progreso extraordinario.

A nivel social, el indicador más importante es cuántos años vive cada uno de nosotros. En 1990, la expectativa de vida promedio era de 65 años. En 2016, subió a 72.5 años. En apenas 26 años, ganamos 7.5 años de vida.

Un pesimista podría sugerir que esto significa que tenemos 7.5 años más para estar enfermos y sentirnos miserables, pero no es el caso. En 1990, pasábamos casi el 13% de nuestra vida enfermos, y ese porcentaje no ha aumentado. Y si bien se habla mucho sobre que la desigualdad está peor que nunca, en esta medición más vital, la desigualdad está disminuyendo: la brecha entre la expectativa de vida en los países pobres y ricos se ha achicado drásticamente.

En términos de desarrollo económico, uno de los indicadores más importantes es el porcentaje de personas que viven en la pobreza. Hoy mucha menos gente vive en una condición de necesidad deplorable. En 1990, el 37% de la gente vivía en condiciones de extrema pobreza; hoy es menos de una persona de cada diez. En apenas 28 años, más de 1.250 millones de personas han sido sacadas de la pobreza –un milagro que recibe demasiado poca atención.

Si miramos el medio ambiente, uno de los principales asesinos es la contaminación del aire en lugares cerrados causada por gente pobre que utiliza estiércol y madera para cocinar y mantenerse abrigados. En 1990, esto causó más del 8% de las muertes; ahora es el 4,7%. Eso equivale a que son más de 1.2 millones de personas menos que mueren por contaminación del aire en lugares cerrados cada año, a pesar de un incremento de la población.

Existe una tendencia similar en muchas otras estadísticas de desarrollo ambiental. Entre 1990 y 2015, el porcentaje del mundo que practicaba defecación al aire libre se redujo a la mitad, al 15%. En el mismo período, 2,600 millones de personas más tuvieron acceso a mejores fuentes de agua, alcanzando un porcentaje del 91%. Más de un tercio de toda la población del mundo ganó acceso a un agua de mejor calidad.

Las mejoras no terminan ahí: el mundo está más alfabetizado; el trabajo infantil ha venido cayendo; vivimos en uno de los momentos más pacíficos de la historia, y la mayoría de los gobiernos del mundo son regímenes democráticos.

Max Roser de la Universidad de Oxford ha creado un sitio web integral para explorar datos como estos. Curiosamente sugiere que podríamos pensar en estos cambios que se produjeron en 25 años en términos de lo que sucedió en las últimas 24 horas. Visto de esta manera:

• Sólo en el último día, la expectativa de vida promedio aumentó 9.5 horas
• 137,000 personas salieron de la pobreza extrema
• 305.000 tuvieron acceso a agua potable más segura.

Los medios podrían haber contado cada una de estas historias todos los días desde 1990.

Pero las buenas noticias no son tan noticiosas como las malas noticias. Esto no es sólo culpa de los medios. Es más difícil contar una historia positiva. En muchos casos, la “noticia” no es que sucedió algo, sino que algo malo ya no está sucediendo. No capta nuestra imaginación de la misma manera. Un estudio interesante de 2014 determinó que inclusive cuando los participantes decían que querían leer historias positivas, su comportamiento revelaba una preferencia por el contenido negativo (una preferencia de la que ni siquiera eran conscientes).

Todos deberíamos proponernos prestar más atención a los hechos positivos. Cuando a la gente se le pregunta si las condiciones de vida en el mundo serán mejores en 15 años, el 35% cree que sí, y el 29% cree que empeorarán –esencialmente un cincuenta-cincuenta-. Pero entre la gente que entiende que muchas cosas en el planeta ya están mejor que antes, el 62% cree en el progreso. Ese porcentaje cae a apenas 17% entre quienes desconocen los hechos. La percepción de que todo está empeorando pinta un panorama distorsionado de lo que podemos hacer, y nos hace sentir más temerosos.

Consideremos el escenario bastante frecuente en el que los políticos y los medios despiertan el miedo a la delincuencia, inclusive cuando las estadísticas demuestran que las tasas de criminalidad a nivel nacional son bajas o están cayendo. Finalmente, se puede terminar dedicando la atención y los recursos escasos a solucionar un desafío equivocado, y ponemos más policía en la calle o reducimos las libertades civiles, en lugar de implementar más políticas que favorezcan el bienestar –pero que son menos noticiosas- como mejorar la pre-escolaridad o la atención médica.

Mientras que entender mal los hechos puede resultar fácilmente en políticas equivocadas basadas en el miedo, un reconocimiento más equilibrado basado en los hechos de lo que la humanidad ha logrado nos permite centrar nuestros esfuerzos en aquellas áreas en las que podemos obtener los mejores resultados (muchas veces donde ya nos está yendo bien). Esto garantizará que el futuro pueda ser aún más brillante. Lampadia

La Cuba socialista está planeando una serie de cambios que ellos afirman son “potencialmente trascendentales”, con una nueva constitución establecida para reconocer el libre mercado y la propiedad privada, mientras divide los poderes políticos entre un presidente y un primer ministro. Pero, cabe la duda de si es verdad todos estos cambios y cuáles serán sus límites.

En una reforma de la constitución de 1976, se afirma que los medios fundamentales de producción seguirán bajo control central, pero la inversión extranjera será reconocida como un estímulo importante para el desarrollo, según un informe del periódico Granma. Sin embargo, se aclara que el Partido Comunista seguirá siendo “la fuerza líder superior de la sociedad y del estado” y no dice nada sobre cómo funcionará el cargo de primer ministro o quién lo ocupará.

La verdad es la nueva Constitución no es más que un engaño, pues reafirma “el papel rector del Partido Comunista de Cuba como fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”. Como afirma Ian Vásquez en Reforma constitucional cubana, ja, ja, ja, “De ninguna manera se abandona el modelo. Lo que importa es la política del régimen y eso no ha cambiado. Siempre ha hecho lo menos posible en términos de reforma para poder mantener el control. Mientras que dice asegurar un papel al mercado, por ejemplo, el régimen ha restringido todavía más al ya pequeño sector privado. Recientemente, anunció más impuestos y regulaciones, la reducción de actividades en las que puede participar el sector privado y la limitación a solo un negocio por empresario.”

El sector privado

El proyecto de Constitución “añade el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad, entre ellas la privada”, señaló un resumen del texto publicado en el diario oficial Granma. Ello permitirá la legalización de la pequeña y mediana empresa. Asimismo, agregó, admite “la importancia de la inversión extranjera para el desarrollo económico del país”.

La autorización para que las personas trabajen en el sector privado fue una medida que casi fue suspendida. Ahora se va a reanudar, pero bajo estrictas regulaciones que parecen enfocarse más en controlar y restringir el sector privado emergente que en estimular la inversión y la creación de empleos, más preocupados por limitar la acumulación de riqueza que por aliviar la pobreza.

El pequeño sector privado de la isla ahora emplea a aproximadamente el 13 % de la fuerza laboral cubana. El sector privado creció dramáticamente en los últimos años, para incluir a casi 600,000 propietarios y empleados por cifras oficiales, con muchos cubanos más emprendedores trabajando informalmente.

Los nuevos controles requerirán que los dueños de negocios utilicen una cuenta bancaria para registrar todas las operaciones, pagar impuestos y demostrar que sus suministros se obtienen legalmente. Además, las licencias comerciales están limitadas a una por persona, para evitar la acumulación de riqueza personal, todo parte de planes para “actualizar” el modelo económico de la isla.

En contraste, el sector estatal se estancó y se descapitalizó aún más. De hecho, muchas empresas privadas comenzaron a competir con éxito contra entidades estatales, especialmente en restaurantes, bares y discotecas, hoteles, construcción y transporte. Los salarios pagados por las empresas privadas rentables a menudo superaban los salarios pagados a funcionarios del gobierno.

Las extensas regulaciones que entran en vigencia en diciembre son excesivamente burocráticas. Aprovechando una multitud de ministerios, los comités interinstitucionales nacionales, provinciales y municipales ahora estarán facultados para autorizar, inspeccionar e informar periódicamente a las empresas privadas bajo sus jurisdicciones. Las regulaciones están repletas de requisitos de rendimiento asombrosamente específicos e innumerables infracciones legales que parecen diseñadas para permitir a los funcionarios del gobierno una amplia discriminación para imponer fuertes multas (o extorsionar sobornos), suspender licencias e incluso apoderarse de propiedades.

Según unos informes de McKinsey, algunas de estas regulaciones son:

• Las guarderías deben asignar al menos dos metros cuadrados por niño, no tener más de seis niños por asistente
• Los taxistas privados deben documentar que están comprando combustible en las gasolineras del gobierno, en lugar de comprar en el mercado negro.
• Los funcionarios locales pueden denegar nuevas licencias basadas en “análisis previos”, incluso si el plan de negocios propuesto cumple con todas las especificaciones y pueden fijar los precios “cuando las condiciones lo justifiquen”.

Las regulaciones podrían ayudar a proteger a las empresas estatales de la competencia privada no deseada. Las autoridades cubanas han manifestado reiteradamente su interés en atraer inversión extranjera para compensar los cada vez menores ahorros internos. Sin embargo, es probable que los inversionistas extranjeros consideren que estas nuevas reglamentaciones son indicativas de una hostilidad hacia la empresa privada en general. Los inversionistas extranjeros también notarán que el gobierno cubano es bastante capaz de alterar precipitadamente las reglas del juego.

Las nuevas regulaciones dejan una cosa muy clara: el gobierno cubano, las empresas estatales y el gobernante Partido Comunista de Cuba no quieren arriesgarse a una competencia mayor para sus propios intereses. Lampadia

Con Sebastiao Mendonca Ferreira y su equipo del Centro Wiñaq, en Lampadia hemos venido desarrollando un análisis sistemático sobre el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, con especial énfasis en la conflictividad socio-política que ha venido frenando las inversiones mineras, con un impacto clarísimo en la desaceleración de la economía y una menor disminución de la pobreza. Ver nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo.

En base a este trabajo, se publicó el libro: Para Reducir la Conflictividad Minera. En esta ocasión, queremos compartir con nuestros lectores, la presentación de Mendonca en Perumin33 la semana pasada.

Presentación realizada por Sebastiao Mendonca Ferreira en la  Convención Minera, Perumin 33, en Arequipa, 2017.

La conflictividad minera, hasta ahora, ha resistido los esfuerzos de las empresas mineras y de las instituciones publica que han buscado superarla o por lo menos reducirla de manera significativa.
En nuestra forma de pensar la razón principal de ese hecho es el entendimiento limitado que se tiene del fenómeno.

Esta presentación busca desarrollar elementos de un enfoque que podría generar estrategias más efectivas en ese campo.

Introducción

Antes de ingresar al tema central consideramos necesario explicitar una hipótesis conceptual.

La permanencia de cualquier empresa o institución en una sociedad depende de su legitimidad o, dicho de otro modo, es imposible lograr la sostenibilidad sin lograr la legitimidad social. La falta de legitimidad puede llevar a la abolición de actividades económicas. Por ejemplo: algunas provincias argentinas has prohibido la minería a tajo abierta, en Costa Rica y el Salvador prohibió la minería metálica.

Lo desafiante es que la legitimidad es una percepción la población local, esta percepción es construida sobre la base de las creencias, valores y expectativas de dicha población, dichos elementos pueden ser muy distintos de aquellos de la empresa minera que está buscando legitimarse.

Entre 2005 y 2015, la minería ha entregado a las regiones mineras una cantidad extraordinaria de recursos: 40 mil millones de soles.

Una cantidad de recursos que nunca antes había fluido hacia las regiones.

Lo esperable es que una transferencia a las regiones mineras de grandes cantidades recursos creados por la minería debería generar satisfacción en la población local y una defensa de la actividad minera por dicha población.

Es común el discurso de que la minería extrae los recursos locales y no contribuye al desarrollo. Sin embargo, un estudio del BID sobre el impacto de la minería en las zonas mineras del Perú ha evidenciado que la minería sí ha traído desarrollo económico y social. Múltiples estudios muestran que la minería trae desarrollo local.

Sin embargo, el desarrollo económico y la transferencia del canon y el desarrollo económico no han sido efectivos para reducir la conflictividad.

Ello significa que la falta de progreso económico y social, repetido en esos discursos, no es la explicación para la conflictividad minera.

Durante ese mismo período, las empresas mineras han firmado varios principios voluntarios con ICMM y varios otros estándares globales, y han realizado notables mejoras en sus prácticas ambientales y sociales.

Sin embargo, la conflictividad social es el principal factor de riesgo para el sector extractivo y puede producir pérdidas de miles de millones de dólares a las empresas, al Estado y a las poblaciones locales.

Ello cuestiona que las prácticas ambientales y los aportes sociales de las empresas mineras sean los factores centrales de la actual conflictividad social.Cuestionando así el discurso de los grupos hostiles a la minería y la interpretación predominante en las publicaciones sobre el tema. Que consideran que la conflictividad se genera por la disputa de los recursos naturales y falta de beneficios locales.

Si la evidencia empírica cuestiona las explicaciones que predominan en el país entonces, ¿cuáles podrían ser las causas de los conflictos mineros?

Ello nos obliga cuestionar la narrativa tradicional y abrir nuestras mentes para otro tipo de explicaciones para la conflictividad minera.

A través de nuestros estudios en el Centro Wiñaq hemos encontrado algunas de las causas de los conflictos mineros.

Aunque los conflictos son -casi siempre- presentados como si fueran ambientales, ello no refleja la realidad de sus causas.

Es común que los promotores de conflictos busquen alarmar a la población con la cuestión ambiental pues ello genera el clima social que genera movilizaciones. Esos grupos lo hacen exagerando los hechos o simplemente inventando rumores.

La narrativa ambiental de los conflictos ocurre porque es creíble. Es decir, si un grupo dice que está luchando porque una mina los está contaminando, el periodismo, los lideres de opinión y la población en general tiende a creer que es verdad.

Sin embargo, si se investigan los antecedentes de los conflictos y las plataformas de lucha y de negociación de la mayoría de los conflictos mineros, se encuentra que las cuestiones ambientales están ausentes o tienen un papel secundario.

Ello no quiere decir que no existan problemas ambientales en algunos conflictos, pero si quiere decir que, en la mayoría de los casos, las causas principales son otras.

Los conflictos mineros son fenómenos con muchos actores y múltiples dimensiones y sus procesos son non-lineales y con saltos cualitativos (Ver teoría de la complejidad).

Ello significa que no existen balas de plata, es decir, que no existen estrategias mágicas basadas en un solo factor.

Sin embargo, existen análisis que pueden servir como radiografías que ayudan a salir de las interpretaciones ideológicas y a entender mejor algunas de sus dimensiones.

Existen muchas expectativas de que los conflictos sociales puedan tener soluciones puramente económicas: distribución de canon, proyectos de desarrollo, adelanto social, etc.

Si revisamos las plataformas de lucha de los conflictos vamos encontrar que los beneficios económicos están presentes y reciben una prioridad muy superior a los temas ambientales.Sin embargo, las expectativas económicas de la población son casi infinitas. Es decir, la atención de una expectativa económica no significa que no se presentarán otras demandas.

Lo más importante, es imaginar los incentivos que la economía genera. Es decir, lo más importante no es lo que las personas ya recibieron como beneficio en el pasado sino sus expectativas sobre los beneficios adicionales posibles de obtenerse. En especial es importante conocer las consecuencias económicas personales de liderar conflictos antimineros. Es detrás de esas expectativas que se mueven los líderes de los conflictos mineros.

El tema de los incentivos es muy descuidado, pues predominan las interpretaciones basadas en las narrativas.

Los sistemas de incentivos son percepciones de la población sobre cual es la forma de obtener el máximo provecho de una situación, de la minería en este caso.

Esos sistemas de incentivos indican a la población cual es la mejor manera de relacionarse y sacar más provecho de la minería.

La minería se desarrolla, principalmente, en zonas rurales con economías tradicionales, principalmente agrícola y de con muy baja productividad. Según el INEI, la renta per-cápita anual en la sierra rural en el 2013, era de US$ 1,250, algo más de US$ 100 mensuales.

La llegada de una mina, con productividades decenas de veces superiores a la agricultura genera una zona de economía moderna, ligada a la minería.

El surgimiento de un sector moderno en medio de una economía tradicional desencadena un cambio en las estrategias de capitalización de las familias. En una situación así, las rutas de capitalización de las familias, y sus poderes relativos, dependen en forma crítica de su relación con ese sector moderno.

Con la llegada de la minería, la cuestión de cómo beneficiarse con la minería se vuelve la preocupación estratégica dominante de la población local.

William Easterly, analizando las economías de los países emergentes, hace hincapié de que los seres humanos reaccionamos a los incentivos. También en la conflictividad minera, las personas están reaccionando al sistema de incentivos.

La minería genera tanta riqueza que abre nuevas posibilidades de ascenso social en las regiones donde opera.

Para algunos grupos de la población, la conflictividad constituye en una de esas formas ascenso social.

La población puede beneficiarse de la minería de múltiples formas. La mayoría de esas formas son constructivas.

Sin embargo, también hay formas destructivas de sacar provecho de la minería. Esas formas destructivas solo benefician a una minoría, pero puede hacer que el conflicto se vuelva una actividad rentable. Algunas de estos beneficios provienen de la posibilidad de acceder a la riqueza minera, pero otras son por el acceso a fondos públicos o de la cooperación internacional. También están presentes los incentivos políticos, es decir, la posibilidad de acceder a la notoriedad política y a cargos de autoridad.En Perú, no son pocas las personas que han logrado puestos en municipalidades, regiones e incluso en el Congreso de la República promoviendo conflictos hacia la minería.

Para incidir sobre la conflictividad es necesario entender el sistema de incentivos que predomina en las zonas mineras. ¿Qué ha aprendido la población y líderes locales sobre la conveniencia o no de armar conflictos?

¿Qué incentivos existen para buscar una relación de cooperación con la actividad minera?

¿Para los campesinos, empresarios, instituciones, autoridades y universidades es más provechoso colaborar o conflictuar con las empresas mineras?¿A quiénes premia el Estado con sus decisiones e inacciones?

El sistema de incentivos es el verdadero paisaje o contexto económico de las zonas mineras. Sin conocer el sistema de incentivos es difícil tener éxito en la superación de los conflictos.

William Baumol, ha clasificado los tres tipos de emprendedorismo: productivo, improductivo y destructivo.

En el caso de la conflictividad minera son importantes los tipos uno y tres. ¿En que medida el sistema de incentivos predominante en las zonas mineras favorece al emprendedorismo destructivo, que aumenta sus rentas por medio de la conflictividad?

La acumulación de riqueza por medio de la violencia es muy antigua. Los Vikingos crearon una institucionalidad especializada en el saqueo. Las mafias peruanas, como en zonas del norte peruano, viven de la extorsión. ¿cuánto hay de este tipo de emprendedorismo en el entorno de las operaciones mineras? Una observación objetiva de muchos conflictos mineros puede sorprender a quienes están influenciados por las explicaciones ideológicas.

La cuestión institucional es fundamental. Según Daron Acemoglu, el éxito o fracaso de los países está ligado a la calidad de sus instituciones.

La conflictividad minera también está ligada a la calidad de las instituciones en el país, especialmente en las zonas mineras.

Cuando una mina se instala en una zona rural, las instituciones locales no están listas para recibir una actividad económica de tan grande escala, ni menos para procesar las nuevas expectativas y conflictos sociales que desencadena.Esta deficiencia institucional genera impunidad e inseguridad jurídica en dichas zonas.

En el Perú, hay tres niveles del Estado de derecho.

En los barrios de clase media y alta de Lima predomina un nivel básico del imperio de la ley. No ocurren saqueos de malls, ni invasiones de oficinas de bancos, ni bloqueos de avenidas. Los conflictos, cuando ocurren, se canalizan por la vía institucional.

En el VRAE (Valle del Río Apurímac y Ene), zona de narco tráfico y terrorismo, los ciudadanos y empresas no tienen ninguna seguridad, ni jurídica ni física.

En las zonas mineras existe una situación intermedia: la ley se cumple parcialmente y predomina la impunidad para las actividades violentas contrarias a la minería: bloqueo de carreteras, invasiones de propiedad, destrucción de maquinaria, etc.

Esa impunidad incentiva las acciones violentas y las amenazas a las empresas mineras, e incluso estimula que algunos grupos busquen extorsionar a las empresas mineras. En más de una región minera se han identificado comportamientos de extorción en grupos locales.

Hasta estos momentos, la mayoría de los intentos de reducir la conflictividad social han demostrado poca efectividad. No es que las acciones de relaciones comunitarias de las empresas sean completamente inefectivas, sino que son insuficientes para bajar la conflictividad social de los doscientos casos listados por la Defensoría.

Considerando los sistemas de incentivo y las condiciones institucionales es posible iniciar un camino de reducción de la conflictividad.

Antes de sugerir algunas ideas para la reducción de la conflictividad es conveniente clarificar que esa labor desborda las posibilidades de las empresas mineras. La solución a la conflictividad social no se reduce a mejorar la relación entre las empresas mineras y las comunidades del entorno. Hay varios otros actores cuya participación es indispensable.

La reducción de la conflictividad involucra al Estado Nacional, a las autoridades políticas regionales y locales, a las instituciones públicas que operan localmente, las universidades, las instituciones civiles locales e incluso a las empresas que se benefician de la actividad minera.

Sin el adecuado involucramiento de esa constelación de actores, los esfuerzos de las empresas mineras tendrán un éxito limitado.

Como explica Acemoglu y Robinson, las instituciones resisten a los cambios. Ver su esquema de cómo se reproducen las instituciones políticas y económicas y las condiciones para que ocurran los cambios institucionales. En su artículo, él explica que para que los cambios institucionales ocurran se requieren de modificaciones en el poder político formal y de-hecho.

En un corto y mediano plazos lo más viable es modificar la operatividad de las instituciones nacionales en los temas relativos a la minería y en el contexto de las regiones mineras. Esos cambios en la operatividad pueden lograrse si existe la voluntad política de apoyar el desarrollo minero del país.

Aunque algunos de los actores de la conflictividad minera son nacionales e incluso globales, los conflictos son fenómenos principalmente locales y su evolución depende en alto grado de la configuración de las instituciones locales.

La armonización o alineamiento de las instituciones en el contexto local puede crear condiciones favorables para reducir la conflictividad.

Ese cambio en el marco institucional local puede ocurrir sin cambios radicales en el marco institucional nacional, que serían de muy difícil obtención. Es posible así reducir la inseguridad jurídica de la minería sin tener que realizar modificaciones mayores en el marco legal e institucional. Se puede generar reformas institucionales focalizadas en las áreas problemáticas para el desarrollo de la minería en el país.

Ya hemos tratado el tema del sistema de incentivos, o de los intereses. Pero, para completar el enfoque de reducción de la conflictividad hay que considerar las ideas de las personas, su forma de pensar sobre la minería y como imaginan su futuro personal y colectivo.

La influencia en la forma de pensar de la población es una prioridad para los grupos hostiles a la minería. Ellos dedican años montando los mecanismos para influenciar a la población. Sinneutralizar su narrativa es poco probable que pueda crearse un clima social local y regional duradero.

En gran medida, lo que está ocurriendo es una batalla de ideas acerca de la minería y su papel para la realización de las expectativas de progreso de las personas.

Los grupos hostiles a la minería son muy claros en ese campo. Son más claros que las empresas mineras y sus instituciones.

La conflictividad social disminuirá cuando las personas crean que su progreso personal y familiar está ligado a la actividad minera, cuando sientan alegría por el aprovechamiento de la riqueza mineral del país.

En aquellas regiones y localidades en que el ambiente social sea de temor a la contaminación o de resentimiento hacia las empresas mineras los pronósticos son reservados. El problema es que esas regiones no son pocas y parecen estar expandiendo en el Perú.

Los grupos hostiles a la minería trabajan diariamente en la generación de temores, desconfianza y resentimientos en la población de las regiones mineras del país, y sobre esa base desarrollan una narrativa hostil a la minería.

Muchas empresas mineras creen que la actitud de la población local puede ser modificada con campañas transitorias de comunicación. Ello es una ilusión.Las percepciones dependen mucho más del flujo diario de mensajes en los medios que de breves campañasde comunicaciones.

Las percepciones de la población se moldean a lo largo de muchos años. Los rumores que generan temores hacia la minería, los discursos políticos que cultivan resentimientos, las opiniones de los periodistas sobre la minería y el desarrollo, y los gestos simbólicos de los líderes, a lo largo de varios años van moldeando las creencias y percepciones de la población. Los cambios en ese sistema de creencias y en las percepciones de la población requieren mucho más que estrategias comunicacionales. Una población que está bajo cerco cognitivo difícilmente cambiará sus percepciones a causa de campañas comunicacionales de las empresas mineras.

Quienes quieran reducir la conflictividad minera necesitan entender en profundidad a la población y sus temores y expectativas en relación a la actividad minera: afectación a la calidad y cantidad del agua, daño ambiental, cambios en las posiciones sociales, etc.

¿Como piensan sobre los manantiales, sobre el agua que consumen, sobre la minería, sobre las empresas mineras, etc.? ¿En qué aspectos confían y en qué otros aspectos desconfían de las instituciones públicas ligadas a la minería?¿MINEM, ANA y OEFA? ¿Por qué? ¿Qué significa la minería en su imagen de futuro? ¿Qué opinan sobre los conflictos? ¿Creen que los conflictos son positivos o negativos para sus expectativas personales? ¿Por qué? No hay que olvidar que la legitimidad de una actividad económica se define en base al sistema de creencias y valores de la población local.

Si alguien quiere llevar adelante un proyecto minero, expandir sus operaciones o trabajar en un clima social favorable necesita crear algunas condiciones.

La más importante de todas es que la población tenga una opinión favorable sobre el proyecto y sobre la actividad minera.

Para protegerse de los rumores y campañas de los grupos hostiles a la minería es indispensable tener voceros creíbles, dotados de una narrativa pro-desarrollo y con capacidad de rebatir las falacias anti-mineras.

Para que los micro-conflictos no escalen localmente o regionalmente, es necesario contar con el apoyo político y social de personas e instituciones creíbles para la población local.

Para que la violencia no sea una característica frecuente en los conflictos mineros, es necesario que dichos actos no queden impunes. Ello requiere el Estado tenga monopolio en al uso de la fuerza y que la ley impere.

Para los recursos de los gobiernos locales se apliquen en acciones de desarrollo y evitar la práctica de los grupos anti-mineros de financiar sus actividades con el presupuesto de autoridades afines a sus intereses, el uso de los recursos públicos debe ser cuidadosamente supervisado.

La primera responsabilidad del Estado es garantizar el monopolio del uso de la fuerza y el imperio de la ley en las zonas mineras.

Sin este monopolio los anti-mineros podrán amedrentar a sus opositores, amenazar la propiedad privada e impedir el accionar de las Empresas y el Estado.

Dada las deficiencias de la institucionalidad peruana, ya señaladas, su efectividad requiere que el Estado logre un alineamiento en los tres niveles (local, regional y nacional) de las instituciones y autoridades que pueden influir en al clima social relativo a la minería y en el manejo de los conflictos sociales.

Para tranquilizar a la población y evitar la propagación de rumores de contaminación, es importante que los procesos de aprobación y socialización de los EIA sirvan para ilustrar a la población sobre la minería y esclarecer sus preocupaciones. No es suficiente que se cumpla el proceso de manera formal, es necesario que la población entienda y confíe.

La población necesita de referencias institucionales para creer que las empresas mineras están actuando bien y que el Estado está garantizando sus derechos. Para ello el Estado debe dar mucha atención en fortalecer la credibilidad de las instituciones públicas por la población. Sin fedatarios institucionales, la población se queda vulnerable a los discursos demagógicos.

El Estado, en sus tres niveles (local, regional y nacional) tiene la responsabilidad de aplicar bien los recursos públicos, especialmente el canon minero, con el propósito de generar oportunidades para todos los sectores sociales y fortalecer los incentivos para el emprendedorismo constructivo.

Las empresas mineras tienen la obligación de cumplir con altos estándares ambientales y sociales.

Sin embargo, ello no es una garantía de que no tendrán conflictos. Además de atender esos estándares, las empresas necesitan conocer como piensa la población, cuáles son sus sentimientos hacia la minería y a las empresas mineras, las autoridades locales y las instituciones públicas que operan en la zona.

Debido al carácter formativo del flujo diario de mensajes sobre las percepciones de la población, las empresas mineras conocer y saber analizar dicho flujo, especialmente los mensajes y rumores que pueden afectar su legitimidad social. Este es un tema descuidado por muchas empresas mineras en el país.

Necesitan conocer también quienes son los promotores de la conflictividad, como operan y cuáles son las comunidades que están bajo su influencia. Ello es fundamental para que las empresas mineras puedan neutralizar sus actividades antes que ellas se transformen en conflictos.

Hoy, predominan los enfoques equivocados sobre la conflictividad social y como manejarla. Las empresas mineras necesitanque sus gerentes tengan un entendimiento claro en ese campo.

Necesitan tener la capacidad de analizar el flujo de mensajes que moldean las percepciones de la población y como ello afecta su legitimidad y las perspectivas de cooperación o conflicto en la zona.

¿Cuáles son los disparadores de conflictos entre la población local: expectativas exageradas, temores, resentimientos, etc.?

¿Existen en las zonas mineras voceros pro-desarrollo con credibilidad y con capacidad para rebatir los discursos anti-mineros? ¿Tienen esos voceros acceso a los medios locales, o están aislados?

¿Cuentas las empresas con personal capaz de tranquilizar a la población y de explicar los beneficios que la minería puede traer? ¿Su narrativa está o no está influenciada por la narrativa anti-minera?

Esta es una lista incompleta de las capacidades que una empresa minera necesita construir para poder incidir sobre las dinámicas de la conflictividad social en sus zonas.

Fuentes recomendadas 

Mendonca, S. (2017) Para reducir la conflictividad minera. Lima, Perú: Lampadia.(Accesible para download en https://www.facebook.com/centrowinaq/). Ferreira, C. & Olcese, F. (2017). Como se organizan los conflictos mineros: http://www.lampadia.com/analisis/mineria/spin-explica-la-convergencia-de-fuerzas-anti-mineria/ Ferreira, C., & Mendonca, S. (2017). Herramientas anti-minería y cerco cognitivo. Lima, Perú: Wiñaq. 70 artículos sobre conflictividad minera escritos por Sebastiao Mendonca Ferreira, Camilo Ferreira Legua y Franco Olcese en Lampadia: http://www.lampadia.com/

Sobre la productividad de la minería y la agricultura: 
Mendoza, W. & Collantes, E. (2017). La economía de PPK. Promesas y resultados: La distancia que los separa. (Documento de trabajo 440). Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sobre Teoría de Juegos: 
https://www.coursera.org/learn/game-theory-1

Sobre la organización de los conflictos mineros, SPIN:
Gerlach, L. (1999) The structure of social movements: Environmental activism and its opponents. In Jo Freeman &Victoria Johnson (editors), Waves of Protests: Social movements since the sixties, chapter 9. Uploaded from: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1382/MR1382.ch9.pdf

Sobre el uso de la prensa:
Barrell, H. (2014). Press your case to the media: Activism and the media. Sessions 1, 2, 3, & 4. Non-Violent Conflict: https://www.youtube.com/watch?v=wMek2e_tzzs

Sobre el emprendedorismo:
Baumol, W. (1990). Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. Journal of Political Economy, 98 (5), 893-921. Chicago: The University of Chicago Press. http://www.jstor.org/stable/2937617.

Sobre las instituciones y el desarrollo económico y social de los países:
Acemoglu, D., & Robinson, J. (2013). Why nations fail. Crown Business.
Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. (2005). Handbook of economic growth. P. Aghion and S. Durlauf (editors), volume 1, Amsterdam, The Nederland: Elsevier B.V.

Como todos sabemos la actividad minera y las empresas extractivas vienen siendo sujeto de un proceso de cuestionamiento que ha descarrilado las políticas públicas que permitieron su desarrollo y su consiguiente aporte (múltiple) a la mejora de nuestros indicadores económicos y sociales durante los últimos 25 años. Por ejemplo, las regulaciones con las que se impulsó el crecimiento del sector minero en los años 90 han sido multiplicadas, literalmente, por 100. Otro ejemplo, ningún gobierno estableció, en la conciencia de la opinión pública, las relaciones causa-efecto entre las operaciones extractivas y el canon con que se multiplicaron los recursos de las regiones. Tan es así, que en algún momento, poblaciones vinculadas al sector minero marcharon coreando: “Canon sí, minería no”.

Las empresas extractivas, en todo el mundo y en el Perú, se han caracterizado por enfoques de gestión de un corte ingenieril. Esto no ha impedido que hagan los mayores esfuerzos por desarrollar operaciones que respeten el ambiente y las relaciones con los pueblos y comunidades de sus áreas de influencia. Estas empresas gastan cientos de millones de dólares durante décadas para evaluar y entender los aspectos geológicos y técnicos del desarrollo de sus proyectos y también en temas ambientales y sociales, pero no han sido capaces de desarrollar una visión igualmente sofisticada sobre los factores políticos, sociales y económicos que dan forma a los países en los que operan.

Esto tiene que cambiar. Obtener y conservar el acceso a los recursos naturales a largo plazo es uno de los aspectos más críticos para las empresas extractivas. Por esta razón, en Lampadia recogemos en este análisis las medidas más importantes sugeridas en el informe de McKinsey Global Institute (MGI) titulado “Invirtiendo la maldición: Maximizando el potencial de las economías impulsadas por los recursos“. Medidas que debieran tomar las empresas extractivas para lograr una mejor inserción en el imaginario social de los países donde operan. (La semana pasada hicimos un primer análisis más general de dicho informe, ver: Aprovechando la bendición de los recursos naturales).

Desarrollar un entendimiento detallado del contexto del país

Según McKinsey, los ejecutivos de las empresas extractivas necesitan entender completamente las diez dimensiones más importantes que determinan la naturaleza de los países en que operan. Éstas varían de país en país y el entendimiento de cada caso es esencial para que adapten sus enfoques empresariales. Ver el detalle en el siguiente cuadro:

Una dimensión importante es el tamaño del país. En los países con poblaciones relativamente pequeñas, la industria extractiva puede ser mucho más importante para el desarrollo económico que en los países más grandes que son propensos a tener una economía más diversa y mercados internos más grandes. Como resultado, es probable que en los gobiernos de los países más pequeños, la industria extractiva sea objeto de un escrutinio mucho más detallado.

Otro aspecto importante es el grado de desarrollo económico de un país. Los gobiernos de los países con economías menos desarrolladas tienen más probabilidades de depender de los ingresos procedentes de la extracción de recursos. Probablemente también dependan de las empresas privadas desempeñen funciones más amplias dentro de la economía, como prestar servicios sociales a la comunidad o desarrollar las infraestructuras. Las empresas también pueden enfrentarse a un imperativo más fuerte para contribuir a un mayor desarrollo económico.

Evaluar rigurosamente las contribuciones actuales de la empresa y compararlas con las expectativas

Las empresas necesitan mejorar su comprensión del impacto de sus actividades y cómo podrían responder más eficazmente a las expectativas de los países anfitriones. La mayoría de las empresas extractivas hacen contribuciones sustanciales a los países en los que operan, ya sea una importante contribución fiscal, dividendos y obligaciones patrimoniales.

Pero no solo contribuyen de esta manera. También lo hacen mediante la creación de empleo y el desarrollo de habilidades de los empleados a través del desarrollo de sus propias fuerzas de trabajo y las cadenas de suministro, así como a través del desarrollo industrial, producto de encadenamientos sectoriales muy importantes, como ha sido en el Perú. Invierten en infraestructuras y en la creación de beneficios sociales más amplios. Sus actividades pueden beneficiar a las comunidades locales a través de contribuciones en las áreas de salud, educación, seguridad, rehabilitación ambiental y la sostenibilidad económica. Y, por último, pueden desempeñar un papel importante para minimizar la contaminación del aire, la tierra y el agua, así como en la conservación de la biodiversidad.

En contra de lo afirmado por los grupos anti extractivistas, la mayoría de las empresas consideran todas estas áreas. Sin embargo, una encuesta que realizó McKinsey a 22 líderes de algunas de las compañías mineras más grandes del mundo muestra algo interesante: “Cuando se le preguntó cómo pensaban que los representantes del gobierno enumerarían en orden de importancia las diferentes áreas de desarrollo social y económico, la inversión en infraestructuras fue vista como una de las áreas más importantes. Sin embargo, las infraestructuras también fueron consideradas por estos mismos ejecutivos como una de sus áreas de peor desempeño. Por el contrario, el impacto ambiental se considera un área en la que sus empresas se desempeñaron relativamente bien, pero fue visto por los ejecutivos mineros como una prioridad muy baja para los gobiernos.”

Para entender mejor este tema, McKinsey desarrolló una herramienta que le permite a las empresas evaluar su performance en las distintas áreas de interés y comparar sus expectativas con las de los otros interesados (gobiernos, países, instituciones, etc.). Ver diagrama inferior:

En el diagrama, se evalúa el potencial de las actividades de desarrollo económico a nivel de activos y proyectos. McKinsey identificó 90 medidas en cinco dimensiones: (1) contribución fiscal; (2) creación de empleo y desarrollo de habilidades; (3) inversión en infraestructuras; (4) beneficios sociales y comunitarios; y (5) preservación del medio ambiente. A estas se les suma un conjunto de medidas de rendimiento de la empresa en la gestión de accionistas/inversionistas y los esfuerzos de comunicación interna, lo cual es importante si las contribuciones de la empresa han de tener el impacto deseado.

Esta herramienta clarifica la contribución de una empresa al desarrollo económico mediante la evaluación de qué tan bien coinciden las prioridades de la empresa con las de las ‘partes interesadas’; compara el rendimiento de las mejores prácticas con las expectativas de los interesados e identifica las áreas en las que se puede mejorar, ya sea mediante el fortalecimiento del desempeño en áreas específicas o reasignación de gastos.

Las principales conclusiones de McKinsey después de utilizar esta herramienta fueron:

• Las prioridades de las empresas extractivas normalmente no coinciden con las de los stakeholders locales.
• Las prioridades y sus performances pueden variar significativamente dentro de la misma empresa.
• La performance no es valorada adecuadamente por los stakeholders locales.

A medida que el mundo en desarrollo capta una participación cada vez mayor de la exploración y producción de recursos naturales, es cada vez más importante para las empresas adoptar un enfoque más cuantitativo y basado en el rol que desempeñan en el desarrollo económico de los países receptores.

En países como el Perú, en donde el aventurerismo político asume, en muchas ocasiones, la forma de movimientos anti-mineros, estos temas no pueden dejarse a la improvisación o al ensayo y error. Mientras las empresas no tomen los cuidados necesarios, los anti-mineros tendrán amplias facilidades para desarrollar sus acciones hostiles. La responsabilidad sobre la recuperación de la legitimidad y buena imagen del sector, está en manos de los gobiernos (nacionales y regionales), de las mismas empresas extractivas, de los gremios empresariales y el periodismo.

Para lograr este cometido es imperioso organizar una gesta nacional para asociar, en la mente de nuestros ciudadanos, las relaciones causa-efecto entre la operaciones extractivas y el crecimiento, empleo, ingresos fiscales, infraestructuras, encadenamientos sectoriales, mejoras sociales, valor agregado y mejoras del medio ambiente. Algo muy difícil, pero no por el esfuerzo requerido, sino por la esquiva decisión política por parte de los actores vinculados al sector, para emprender la gesta por transformar los recursos naturales en una bendición para sus pueblos.  

Lampadia

Según el McKinsey Global Institute, casi el 70 % de las personas que viven en situación de pobreza son de países cuyas economías están impulsadas por recursos naturales como el petróleo, gas y minerales. Si estas economías manejan su riqueza en recursos naturales sabiamente, podían sacar a 540 millones de ciudadanos de la pobreza al 2030.

La tasa histórica de inversión en petróleo, gas y minerales deberá ser más del doble en 2030 para reemplazar las fuentes existentes de suministro (que están llegando al final de su vida útil) y para satisfacer la fuerte demanda de un gran número de nuevos consumidores de todo el mundo, particularmente en las economías emergentes. Si los países ricos en recursos naturales utilizan el impulso de los sectores extractivos como una plataforma para un mayor desarrollo económico, podrían transformar sus perspectivas a futuro.

Sin embargo, muchos países basados en los recursos naturales no han logrado convertir su ‘bendición’ de recursos en una prosperidad a largo plazo. Sólo un tercio de ellos han sido capaces de mantener su alto crecimiento más allá del ‘boom’ inicial.

El informe de McKinsey Global Institute (MGI) titulado “Invirtiendo la maldición: Maximizando el potencial de las economías impulsadas por los recursos” detalla los cambios en las industrias de los recursos naturales y sus consecuencias para los países basados en ellos. La investigación detalla las principales tendencias, especialmente para las empresas extractivas, el gobierno y la sociedad civil.

Primero, el informe define a los “países basados en los recursos naturales” como aquellas economías en las que el petróleo, gas y sectores minerales tienen un rol ‘dominante’, utilizando tres criterios: los recursos representan más del 20 % de las exportaciones; los recursos generan más del 20 % de los ingresos fiscales; o las rentas de recursos son más del 10 % de la producción económica.

Al año 2014, había 81 países en los que sus economías se basaban en los recursos naturales, que representaban el 26 % de la producción económica mundial. Sin embargo, sólo alrededor de un tercio de ellos han sostenido el crecimiento económico más allá de su auge inicial. Muchos de ellos todavía se encuentran entre los más pobres del mundo. Casi la mitad de las reservas de recursos de minerales, petróleo y gas se encuentran fuera de los países de la  OCDE y no pertenecen a la OPEP. Esta proporción podría ser aún mayor, ya que la exploración en países de ingresos bajos y medianos ha sido limitada.

Según el informe, es vital que estos países aprovechen al máximo la demanda futura de recursos. El reporte estima que se necesitará entre US$ 11,000 millones de millones y US$ 17,000 millones de millones en nuevas inversiones en petróleo, gas y minerales para satisfacer la demanda futura y sustituir las fuentes existentes de suministro para el año 2030.

En el pasado, casi el 90 % de la inversión en recursos naturales sucedía en los países de ingresos altos y medio-altos. Pero la proporción de inversiones en países de ingresos bajos y medianos, podría casi duplicarse a US$ 3 millones de millones (US$ 3 trillones). 

El modelo de desarrollo industrial del siglo XX no sirve para aprovechar esta oportunidad para transformar la riqueza del subsuelo en prosperidad a largo plazo. Algunos países están tratando de emular el enfoque de los tigres asiáticos mediante el desarrollo de un sector manufacturero fuerte y así ascender en la cadena de valor. Pero McKinsey propone algo diferente: Un modelo “Tigre de Recursos” (“Resource Tiger Model”, en inglés), adaptado a cada país, pero siempre en torno a tres imperativos: desarrollar eficazmente el sector de los recursos, capturar su valor y transformar ese valor en desarrollo a largo plazo. El informe de MGI mira seis aspectos dentro de estos imperativos: instituciones y gobernabilidad; infraestructuras; competitividad y política fiscal; contenido local; bonanza de recursos naturales; y desarrollo económico.

La propuesta no es radical. El imperativo es desarrollar las mejores prácticas en todas estas dimensiones. Por ejemplo, en el contenido local: Entre el 40 % y el 80 % de los ingresos creados por petróleo, gas y en la minería es destinado a la adquisición de bienes y servicios. Esto supera el valor de los impuestos y las regalías en algunos casos. El 90 % de los países basados en recursos naturales tienen algún mecanismo de regulación local, pero la mayoría están mal diseñados. El informe cita a La República Democrática del Congo como un ejemplo de ello. El gobierno requiere que el 96 % de los empleos en la minería y el 98 % de los puestos ejecutivos sean otorgados a locales, pero simplemente el país no cuenta con suficientes personas con las habilidades y experiencia para cumplir con estos objetivos.

Otro ejemplo es que las empresas y los gobiernos deben ser capaces de llegar a un acuerdo, cooperando para asegurarse que las preocupaciones legítimas de políticas del país local sean tomadas en cuenta y se establezca un marco legal fuerte y estable. Cuando los gobiernos hacen cambios repentinos en los términos de la inversión, actuando bajo presión para compensar el malestar social o para conseguir apoyo político, no se llegará a un acuerdo mutuamente aceptable. En tales circunstancias, las empresas pueden verse obligadas a adoptar una posición más dura y estar dispuestas a recurrir al arbitraje en contra de un gobierno para cambiar sus disposiciones. El informe MGI cita el ejemplo de ExxonMobil, que fue capaz de recuperar más o menos US$ 300 millones en 2007 después de que sus activos fueron expropiados en Venezuela.

Otro ejemplo es infraestructuras compartidas. Los países basados en los recursos naturales requerirán más de US$ 1.3 millones de millones de inversión en infraestructuras durante los próximos 17 años para sostener el crecimiento proyectado de la economía. Esto es casi el cuádruple de la inversión que estos países realizaron durante el período de 17 años entre 1995 y 2012. Las empresas extractivas son los principales inversores y desarrolladores de infraestructuras. Teniendo en cuenta la enorme necesidad, el informe considera importante que los países tomen en cuenta la manera de compartir las infraestructuras. Estiman que casi el 70 % de la inversión en infraestructuras podría ser compartida entre los diferentes operadores y las mayores oportunidades se observan en las zonas mineras y tuberías en regiones petroleras.

Por supuesto, los gobiernos deben evaluar cuidadosamente los costos y beneficios de compartir infraestructuras caso por caso. En general, parece que los proyectos de energía son buenos candidatos para compartir ya que los beneficios son altos y la coordinación tiene bajos costos.

El Perú es un país muy rico en recursos naturales, pero no hemos logrado traducir eso en el bienestar general de la población. Este no es el espacio para analizar porqué no lo hicimos, más bien queremos enfatizar, como muestra el estudio, que no existe una ‘maldición de los recursos naturales’, lo que existe es la ‘torpeza’  de los gobernantes de un país rico en recursos, que se las ingenian para impedir su desarrollo.

Por ejemplo, en los últimos 25 años, como hemos explicado tantas veces (ver: Las Cifras de la Prosperidad y ¡Qué “calato”… ni qué ocho cuartos!), el país ha tenido el proceso de desarrollo más importante de su historia con un alto crecimiento de la inversión y la economía, una importantísima reducción de la pobreza y la desigualdad, creación de una nueva clase media y mayores incrementos de los ingresos para los más pobres. Estos resultados se han debido en una parte significativa, justamente al desarrollo de algunos de nuestros recursos naturales.

Sin embargo, buena parte de nuestra clase política, académica y mediática, pretende desconocer los logros, asignarlos a condiciones externas y combatir las inversiones vinculadas a los recursos naturales. Acá hay que sumar a la torpeza indicada líneas arriba, la mala voluntad de algunos peruanos que solo buscan lucimiento personal o espacios de poder para implantar sus ‘ideas muertas’.

Felizmente, el Perú es más grande que sus malos hijos y, nuestra población a rechazado mayoritariamente a los representantes de aquellas ideas. Ilustremos ahora a nuestros ciudadanos sobre nuestro potencial de prosperidad y busquemos una mayor convergencia política y social para convertir nuestro potencial en una realización de mayor riqueza para todos.

Lampadia