Desde el inicio de sus operaciones en 2004, el proyecto de Camisea tuvo importantes impactos positivos en el Perú, generando recursos fiscales y empleo, que contribuyeron con la economía nacional. Además de implementar proyectos y programas socio ambientales que benefician a las poblaciones de sus zonas de influencia, Camisea ha ido más allá, diseñando y ejecutando iniciativas que aportan a la masificación del gas natural, permitiendo que esta energía llegue -por ejemplo- a Cusco, de donde sale el recurso, o brindándole a los transportistas la posibilidad de acceder a vehículos que funcionan con GNV.

GAS NATURAL AL CUSCO

“Gas Natural para uso vehicular en la Región Cusco”, es el proyecto impulsado por el Consorcio Camisea y el Gobierno Regional de Cusco con una inversión de USD 1.9 millones de dólares, para viabilizar la venta de GNV a través de tres gasocentros: dos en Cusco y uno en Quillabamba. El objetivo es que los cusqueños tengan no solo un combustible más económico, sino también una energía que reduce riesgos en caso de fugas o accidentes, además de aportar al cuidado del medio ambiente por producir menor cantidad de emisiones.

A inicios de este año la primera estación de GNV en Cusco, ubicada en el distrito de San Jerónimo, inició sus operaciones representando un paso importante para la masificación del gas natural en esa región. Pronto se construirán dos gasocentros entre Cusco y Quillabamba, zonas estratégicas para el comercio, el turismo y la actividad agropecuaria.

La nueva estación dispensará más de 2.5 millones de m3 de Gas Natural Vehicular en el primer año de funcionamiento. Actualmente en la ciudad de Cusco ya existen más de 120 vehículos convertidos para que funcionen con GNV y se estima que al cierre de año se adecúen un total de 1,500 automóviles, facilitando que más cusqueños accedan a un combustible que es 56% más económico que la gasolina y 45% más barato que el diésel.

TRANSPORTE PÚBLICO Y DE CARGA CON GNV

Recientemente Camisea puso en marcha un fondo de cerca de USD 39 millones de dólares con el fin de promover la adquisición de buses y camiones nuevos que funcionen con Gas natural Vehicular en forma dedicada. La iniciativa proyecta incorporar más de 3 mil nuevas unidades con este combustible en los próximos tres años.

Un vehículo de carga pesada o de transporte urbano a GNV es aproximadamente 20% más costoso que otro a diésel, por lo que el programa de estímulo prevé otorgar beneficios económicos que ayuden a los transportistas a costear este mayor costo. Además, accederán a los beneficios de un combustible más limpio y barato que les concederá una mayor rentabilidad.

En Lima circulan unos 123 mil camiones y 23 mil buses de transporte urbano, que tienen una antigüedad, en promedio, de 25 y 15 años, respectivamente. Se estima que menos del 3% de los vehículos funcionan a GNV, y que el ahorro de los transportistas por migrar del diésel al GNV estaría en el entorno del 50%, explicaron los representantes de Camisea.

El objetivo de esta iniciativa es también contribuir con el Estado en los planes de masificación del Gas Natural para conceder a los transportistas los beneficios de un combustible más barato que además contribuye con un medio ambiente más limpio.

El Gas Natural permite tener un aire más saludable y facilita la reducción de hasta un 40% y 60% en las emisiones de compuestos químicos y dióxido de azufre, que son los principales causantes de los problemas respiratorios en las grandes ciudades como Lima, que sufre los estragos de la pandemia por COVID-19.

Asimismo, Camisea se encuentra trabajando en los detalles finales de un acuerdo con las autoridades para facilitar el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) como combustible para carga pesada y movilidad. El GNL es un combustible cuyo costo es aproximadamente el 50% del precio del diésel, es ambientalmente amigable, y además permite una gran autonomía para los vehículos, lo cual lo torna particularmente ventajoso para el transporte de carga y pasajeros de largas distancias.

IMPACTOS POSITIVOS

Camisea es el yacimiento de gas natural más grande del Perú y uno de los más importantes de Latinoamérica. Su aporte al cambio de la matriz energética en el país ha permitido cumplir con los compromisos asumidos con el Acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático, que busca mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo del 2° respecto a niveles preindustriales.

Solo en el 2019, la reducción de CO2 de Camisea fue equivalente a 17,100 hectáreas de bosques húmedos amazónicos, es decir, se evitó el 11% del total de bosques perdidos durante el 2018, que ascendió a 154,800 hectáreas.

Según estimaciones de la consultora Macroconsult, gracias a la producción de este recurso por parte del Consorcio Camisea, se dejaron de emitir 64.3 millones de toneladas de dióxido de carbono entre 2004 y 2019, lo que equivale a la conservación de 166 mil hectáreas de bosques húmedos amazónicos.

Además del impacto ambiental, el componente económico se convirtió en un factor fundamental para el progreso del país. Al tratarse de un combustible más barato, representó un avance importante para el Perú, al reemplazar energías más costosas que habrían significado un freno para el desarrollo y mayores gastos para todas las empresas. Según Macroconsult, entre el 2004 y 2019, el ahorro generado por el uso del gas natural habría llegado a más de US$ 100,600 millones por la sustitución de combustibles.

Estos beneficios económicos también se extendieron a los peruanos y se traducen en hechos tangibles como por ejemplo que el 40% de la energía eléctrica en Perú se genera con gas natural de Camisea. Además, entre el 2004 y 2019, se estiman ahorros de US$ 77 mil millones por parte de los usuarios de los distintos sectores industriales del país.

En los últimos 17 años el gas natural de Camisea ha generado grandes beneficios para el país en términos de ahorros económicos para la población y las industrias, y un medio ambiente más saludable; sin considerar el pago de regalías y canon que impulsan el desarrollo del país, así como con la generación de puestos de trabajo para muchos peruanos. Lampadia

Álvaro Díaz Castro
Abogado en Derecho de la Empresa y Minero
Para Lampadia

“A veces no es cuestión de tener ideas nuevas, sino de dejar de tener ideas antiguas” Edwin H. Land

Hay consenso en el sentido que la exploración minera formal tiene importancia gravitante para asegurar el crecimiento del sector y del país, a la par que se van consolidando los sectores industriales, de servicios, turísticos, agrarios, innovación y pesqueros. De igual forma, estamos de acuerdo con que todas las actividades productivas y de servicios deben ser social y ambientalmente responsables. También se sabe que “de cada 1000 depósitos con presencia de mineral, 100 se convierten en prospecto minero, 10 se convierten en proyectos mineros y uno se convierte en mina” (Ing. Henry Luna C. -hoy Presidente de INGEMMET- – Lampadia 25 de mayo 2015). Son, sin la menor duda, emprendimientos de altísimo riesgo de inversión.

Si se halló ese uno en mil, lograr poner en operación una mina tiene su propia historia que requeriría no otro artículo sino algunos libros, para explicar los cientos de permisos requeridos para ello.

Volvamos a la exploración minera formal; es una labor de alto riesgo, costosa, temporal y bajo impacto ambiental y social, muy localizada (poca área) y controlada. No utiliza ni genera extraños reactivos o materiales peligrosos, excepto algunos comunes como combustible o bentonita (especie de cemento sellador).  Emplea equipos de perforación, palas, picos, depósitos impermeabilizados, camionetas, carpas y cocinitas portátiles. Claro que esto, más la mano de obra, permisos y logística, demanda algunos millones de dólares en inversión por cada exploración.

Y cuesta más porque, aun cuando es de mínimo impacto ambiental y de bajo riesgo en términos de seguridad, los gobiernos (en especial el del anterior quinquenio) han venido imponiendo trámites y requisitos complicados, además de plazos reales interminables para cada paso administrativo, solicitando también opiniones de aquí, de allá y de más allá, en una vorágine de desconcierto total. Por ejemplo, en alguno de esos momentos, querían que se presente una constancia de Registros Públicos, sin reparar que esta entidad no estaba facultada para emitirla (pero alguien pensó que era buena idea). Se tuvo que convencer a Registros Públicos para que diera algún tipo de certificación para satisfacer al burócrata que hacía tal requerimiento impulsado por “consultores-tramitólogos” o algún promotor del empleo en tramitomanía.

La realidad es la que señala Miguel Cardozo – CEO de Altura Minerals “Usted no puede pedir que un inversionista venga aquí y tenga que pasarse dos años para obtener un permiso y perforar…”; agrega Eugenio Ferrari presidente de la pasada proEXPLO “Hubo una secuencia de cambios y contracambios que se dieron en los últimos 10 años, que lamentablemente no ayudaron a que la exploración se dinamice…” (diario Gestión del 31 de mayo 2017).

Pero, si se logra iniciar la labor de exploración es necesario buscar un equivalente al libro de álgebra de Baldor frente a problemas antitécnicos o imprecisiones que aparecerán. No hay tablita de respuestas correctas al final del libro. Solo queda el persignarse y contar con ingenieros, abogados y técnicos que ayuden a salir de este” leguleyesco” laberinto: “nosotros hemos sentido que la legislación de exploraciones no ha tenido relación con la realidad de las exploraciones…. La regulación actual es muy inflexible, muy restrictiva y toma mucho tiempo” declaró Luis Marchese – presidente de la SNMPE.

Pongamos un ejemplo de la extraña forma de promocionar las inversiones en exploraciones: el Impuesto General a las Ventas (IGV) tiene la característica de que se aplica con el “efecto cascada”; es decir, uno paga el IGV al proveedor de bienes o servicios (a quien se le compra algo); este IGV pagado es un crédito fiscal a deducirse del IGV que a la empresa le paguen por los bienes que venda (la fórmula sería: IGV cobrado en la venta menos IGV pagado en las compras). Resulta, sin embargo, que en exploraciones sólo se compra y nada se vende.   Recién se venderá cuando el yacimiento se construya como mina y opere; recordemos, será sólo un caso de cada cien proyectos de exploración.

En todos los casos existe un crédito fiscal (dinero inmovilizado) que no se puede usar.   Para ello, se habilitó la devolución definitiva del IGV. Más que un beneficio es una equidad tributaria. 

El único tema es que para poder aplicar a la aprobación de dicha devolución uno debe tener el estudio de factibilidad de la exploración hecho y presentarlo, pero no podrá hacer valer ninguna compra efectuada para el proyecto de exploración hasta que no se apruebe el contrato de inversión correspondiente (por el cual autorizan la devolución definitiva del IGV). Este trámite dura algunos meses, tiempo en el cual es muy probable que el proyecto se ejecutó y cerró (recordemos que los proyectos de exploración son temporales). Por tanto, carece de objeto tener el contrato de inversión aprobado a destiempo. Cierto es que permiten se traslade a otra fase del proyecto y otro proyecto, pero quién sabe si habrá otra fase o proyecto, lo que no habrá es recuperación del IGV.  

Tal supuesta facilidad, que no es sino un acto de trato justo con el IGV, no resulta tan eficiente como se indica en los manuales para atraer la inversión minera al Perú.

Pero con todas sus deficiencias, ahora, tampoco existe. La comisión de economía del Congreso, haciendo gala de las mejores prácticas taurómaticas “chichuelinas” y “verónicas”, dice que ha concluido la posibilidad de este régimen de devolución del IGV, porque ningún ministerio lo sustentó como ellos desean, pese a tener clara conciencia de la importancia y trascendencia del tema, simplemente no saben / no opinan y dejan que, aunque hago daño al futuro del país, allí termina la vigencia de la norma. Actualmente se está tratando de revivir la norma, pero nadie puede ver con claridad el futuro de tal paciente.

Por supuesto, en el corto plazo, la larga fila de proveedores y trabajadores formales vinculados a las exploraciones serán directamente afectados con la muy probable reducción de estos proyectos. En el mediano y largo plazo, no habrá más proyectos nuevos que impulsen la economía formal peruana.

Nuestro vecino del norte, Ecuador, se ha puesto como objetivo más que duplicar la actividad minera al 2021, para ello lo primero que ha determinado, entre otras medidas, es la devolución del IGV.  Chile ha proyectado que recibirán inversiones mineras por más de 65 mil millones de dólares.

Recordemos que, al 2011, sólo el 0.28% del territorio peruano se había explorado y sólo se había explotado 0.82% de las reservas minerales, es decir, los rangos de producción son mínimos (Guía de negocios e inversión en el Perú 2014/2015 – Ministerio de Relaciones Exteriores/EY/Proinversión – pág.71), y lo más probable es que con las políticas y normativa existentes no cambié mucho el panorama.

Sin embargo, el crecimiento del PBI peruano en los últimos 20 años ha sido el mayor de América Latina con un 151.1% y con una de las más bajas inflaciones (Paulo Pantigoso – El Comercio 01 diciembre 2018). La actividad minera es la que explica gran parte de estos buenos 20 años y puede sustentar muchos años más si se dejara de trabarla. En realidad, en Perú, nunca ha habido un “boom minero”, de haberlo habido estaríamos produciendo y exportando no menos que Chile que nos duplica, por ejemplo, en exportación de cobre.

Siempre me ha dejado esa sensación de que la ubicación a media tabla de Perú en el Índice Fraser (que mide la competitividad de los países/estados mineros en el mundo) es el resultado del discurso de un Estado, gobierno tras gobierno, diciendo “sí; pero no”. Lampadia

En los últimos años, se ha hecho palpable la vulnerabilidad de las democracias con el ascenso de los populismos no solo en América Latina (ver Lampadia: Se profundiza el populismo en América Latina, Las democracias están en peligro en América Latina), sino también en el mundo desarrollado, en EEUU con Donald Trump, por ejemplo, o en Gran Bretaña con el Brexit y la nefasta posibilidad de que Boris Johnson asuma las riendas del Partido Conservador (ver Lampadia: ¿Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido?).

Así, el enorme desarrollo de la calidad de vida en los últimos años provisto por el capitalismo (ver Lampadia: Recuperando lo mejor del capitalismo) – sistema económico que ha coexistido junto a tales democracias – pareciera no haber sido suficiente para amordazar el descontento de las grandes masas, quienes se ven constantemente engañadas por los “supuestos” males de la globalización y el libre comercio – tales como la creciente desigualdad y el estancamiento de las clases medias, pero que son falsos (ver Lampadia: Otra mirada al mito de la desigualdad, Retomemos el libre comercio) – y terminan apostando en las urnas por líderes políticos que los llevan a su autodestrucción. He aquí la crítica de porqué ambos procesos, las democracias – sistema político que defiende la soberanía de las mayorías – y el capitalismo, podrían no ser sostenibles o en todo caso compatibles en el tiempo.

Sin embargo, ¿qué nos dice la evidencia histórica al respecto, más allá de la coyuntura internacional actual?

Un reciente artículo escrito por The Economist, que compartimos líneas abajo, cita un interesante estudio que da algunos insights para responder esta pregunta. Si bien los autores de tal estudio son conscientes de la debilidad que presentan la democracia y el capitalismo en conjunto, su análisis histórico los hace concluir: “Desde los albores de la industrialización, ninguna democracia capitalista avanzada ha caído fuera de las filas de los países de altos ingresos o ha regresado permanentemente al autoritarismo”.

Asimismo, agregan: “En las economías avanzadas, la democracia y el capitalismo tienden a reforzarse mutuamente”. Si esto es así, ¿cómo replicar tales modelos en nuestra región para que estas crisis democráticas sean menos recurrentes en el futuro?

Ellos recomiendan profundizar en 3 mecanismos, de los cuales queremos destacar uno en particular: el relacionado a las clases medias. Ellos recomiendan que es fundamental contar con clases fuertes y comprometidas, que internalicen los beneficios del mercado y que los defiendan, para que ambos procesos, la democracia y el capitalismo, funcionen en conjunto.

No podríamos estar más de acuerdo. Como hemos presentado en El libro de la clase media peruana, la clase media en nuestro país es una de las mejores representaciones del desarrollo reciente del país. Asimismo, es una de las más resilientes en los últimos años al seguir mostrando un persistente crecimiento, frente a la desaceleración de nuestra economía (ver Lampadia: Clase media aumentó en mayoría de regiones). Por ende, es clave difundir su progreso y hacerla escuchar en los procesos democráticos, de manera que nuestro país, como indican The Economist, no caiga en la trampa de que la democracia y el capitalismo terminen comportándose como una incómoda pareja. Lampadia

¿Qué tan compatibles son la democracia y el capitalismo?
El estrés económico y el cambio demográfico están debilitando una relación simbiótica

The Economist
11 de junio, 2019
Traducido y glosado por Lampadia

Ultimamente, las democracias más antiguas del mundo han comenzado a parecer más vulnerables que venerables. EEUU parece destinado a un enfrentamiento constitucional entre el ejecutivo y la legislatura. El Brexit ha sumido a Gran Bretaña en una marea constitucional propia. Tales problemas podrían ser confundidos con una venganza. En los últimos años, los economistas políticos han argumentado que la creciente desigualdad en el mundo angloamericano debe eventualmente amenazar los cimientos de la democracia; un libro sobre el tema de Thomas Piketty, un economista francés, ha vendido más de un millón de copias. Ese argumento canaliza una visión desgastada por el tiempo, sostenida por pensadores desde Karl Marx a Friedrich Hayek, de que la democracia y el capitalismo pueden resultar incompatibles.

Tan poderosamente como se hacen tales argumentos, el siglo pasado cuenta una historia diferente. El club de democracias ricas no es fácil de unir, pero los que entran tienden a quedarse allí. Desde los albores de la industrialización, ninguna democracia capitalista avanzada ha caído fuera de las filas de los países de altos ingresos o ha regresado permanentemente al autoritarismo. Esto no es una coincidencia, dicen Torben Iversen de la Universidad de Harvard y David Soskice de The London School of Economics, en su reciente libro, “Democracia y Prosperidad”. Más bien, escriben, en las economías avanzadas, la democracia y el capitalismo tienden a reforzarse mutuamente. Es un mensaje tranquilizador, pero que enfrentará pruebas severas en los próximos años.

Los economistas y los teóricos políticos han imaginado todo tipo de formas en que las democracias capitalistas podrían fallar.

• La más antigua es la preocupación de que las masas populares votarán para expropiar la riqueza (ganada con esfuerzo o no) de los empresarios y terratenientes, y sin derechos de propiedad seguros no puede haber capitalismo.
• Hayek pensó que los gobiernos de principios del siglo XX, al responder a las preocupaciones de las masas, tenían una toma de decisiones económicas demasiado centralizada, un camino que conducía eventualmente al totalitarismo.
• Otros pensadores siguieron a Marx al considerar que era la codicia de los capitalistas la que haría el mayor daño.
• Joseph Schumpeter temía que a medida que las empresas se hicieran más poderosas, estas pudieran impulsar a un país hacia el corporativismo y el clientelismo, ganando derechos de monopolio que generarían ganancias que podrían compartir con los políticos.
• Piketty y otros dicen que la desigualdad aumenta naturalmente en los países capitalistas, y que el poder político se concentra junto con el poder económico de una manera inestable.
• Otros economistas, como Dani Rodrik, han argumentado que la participación plena en la economía global obliga a un país a renunciar a un grado de soberanía nacional o democracia. Reducir las barreras al comercio significa armonizar las políticas comerciales y regulatorias con otros países, por ejemplo, lo que reduce la capacidad de cada gobierno para adaptarse a las preferencias nacionales.

Pero si el capitalismo y la democracia son una pareja tan incómoda, ¿qué explica su larga coexistencia en el mundo rico? Iversen y Soskice consideran que el capitalismo y la democracia pueden apoyarse mutuamente, con tres pilares estabilizadores.

• Uno es un gobierno fuerte, que limita el poder de las grandes empresas y los sindicatos, y garantiza mercados competitivos. A los países más débiles les resulta más difícil resistirse a la conveniencia a corto plazo de asegurar el poder protegiendo los monopolios.
• El segundo es una clase media considerable, que forma un bloque político que comparte la prosperidad creada por una economía capitalista. Se llega a un acuerdo en el que el estado proporciona educación superior masiva en términos generosos, al tiempo que fomenta el desarrollo de industrias fronterizas que exigen trabajadores calificados. Por lo tanto, los hogares de clase media consideran que es probable que el crecimiento económico beneficie a ellos y a sus hijos. (El aumento de la desigualdad no es una amenaza para las democracias capitalistas, estiman los autores, porque los votantes de clase media se preocupan poco por los pobres y no apoyan una redistribución más amplia que pueda aumentar sus impuestos). Proporcionar la red de educación, infraestructura y seguridad social que apoya a una clase media próspera requiere ingresos fiscales sustanciales.
• Para que el sistema tenga un tercer pilar es necesario: grandes empresas que no sean muy móviles. Antes de la rápida globalización reciente no había problema. Sin embargo, incluso ahora las empresas están más enraizadas de lo que comúnmente se piensa. Aunque las multinacionales son expertas en el cambio de la producción y las ganancias en todo el mundo, en una economía del conocimiento, las empresas líderes no pueden romper sus conexiones con redes de personas calificadas como las de Londres, Nueva York o Silicon Valley. Sus complejos planes de negocios y tecnologías de vanguardia requieren el know-how desarrollado y disperso a través de estas redes locales. Eso aumenta el poder del estado en relación con las empresas y le permite cobrar impuestos y gastar.

A media máquina
Discutir con los detalles, pero la historia general —las compañías inmóviles que otorgan a los gobiernos un grado de soberanía, que ellos mismos usan para impulsar a las clases medias— parece una explicación plausible de la estabilidad de las democracias capitalistas avanzadas. Sin embargo, deja mucho de qué preocuparse. Se basa en que las clases medias se sientan confiadas con la economía. Una fuerte desaceleración en el crecimiento de los ingresos medios reales, como en EEUU y Gran Bretaña en los últimos años, podría no enviar a los votantes a las barricadas, pero podría fortalecer el atractivo de los movimientos que amenazan con alterar el status quo. Los gobiernos también se están volviendo menos receptivos a las prioridades de la clase media. EEUU es demasiado disfuncional, y Gran Bretaña está demasiado distraída con el Brexit, para centrarse en mejorar la educación, la infraestructura y la competitividad de los mercados.

El cambio demográfico también puede tener un costo: a las generaciones más viejas y más blancas no les importa mucho si una posible clase media que no se parece a ellas tiene oportunidades para avanzar o no. Entonces, también, los autores pueden haber subestimado el efecto corrosivo de la desigualdad. Amenazar con irse no es la única manera en que los ricos pueden ejercer el poder. Controlan los medios de comunicación, financian el pensamiento y agradecen y se convierten en candidatos políticos. Las democracias orgullosas bien pueden sobrevivir a este período de agitación. Pero sería un error asumir que la supervivencia se puede dar por sentada. Lampadia

Una de las trampas que paraliza el desarrollo de la economía peruana e impide la formalización del empleo, es la arbitraria interpretación del Tribunal Constitucional, sobre la compensación con reposición por despido del trabajador.

Por su importancia – en un tema vital para el desarrollo del país y para la formalización de las grandes mayorías informales y excluidas – publicamos a continuación los votos singulares de los magistrados del Tribunal Constitucional José Luis Sardón y Augusto Ferrero, a propósito de un caso de reposición judicial en el trabajo ordenado judicialmente.  Ambos, demuestran que el derecho al trabajo consagrado por el artículo 22 de la Constitución no incluye la reposición y que cuando el artículo 27 de la Constitución de 1993 establece que “la ley otorga al trabajador protección adecuada contra el despido arbitrario”, se refiere solo a obtener una indemnización determinada por la ley.

I. Voto Singular del Magistrado Sardón de Taboada

II. Voto Singular del Magistrado Ferrero Costa

En el caso peruano, dado que la protección al trabajador contra el despido es de configuración legal, resulta pertinente mencionar que el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (D. L. 728), establece una tutela resarcitoria para los despidos incausados o injustificados, mientras que para los despidos nulos prescribe una protección restitutoria o resarcitoria a criterio del demandante.

Así, el D. L. 728, en su artículo 34, prescribe:

El despido del trabajador fundado en causas relacionadas con su conducta o su capacidad no da lugar a indemnización. Si el despido es arbitrario por no haberse expresado causa o no poderse demostrar esta en juicio, el trabajador tiene derecho al pago de la indemnización establecida en el Artículo 38, como única reparación por el daño sufrido. […].

Como puede apreciarse, la citada ley laboral señala que el despido arbitrario (“por no haberse expresado causa o no poderse demostrar ésta en juicio”) se resarce con la indemnización; no con la reposición del trabajador.

Por las consideraciones expuestas, voto por declarar IMPROCEDENTE la demanda, de conformidad con el artículo 5, inciso 1, del Código Procesal Constitucional.

Es pues muy claro que cualquier análisis serio debería corregir los nefastos precedentes, que no son otra cosa que la búsqueda de espacios políticos sustentados en minorías activistas, que atentan gravemente contra las grandes mayorías. Lampadia

No es cierto que la minería explote amplias extensiones para extraer minerales, afirma Henry Luna. Esta industria ha aportado por exportaciones mineras 245,049 millones de dólares a la economía nacional en los últimos 10 años, trabajando en espacios que apenas llegan al 1% del territorio.

Entrevista a Henry Luna Córdova, Presidente Ejecutivo (e) del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet)
REVISTA DESDE ADENTRO
SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA PETRÓLEO Y ENERGÍA
Por Piero Gálvez

¿Qué acciones se deben realizar por parte del Estado para reducir la tramitología en el sector minero?

Lo primero que se tiene que hacer es mejorar los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos de las instituciones públicas, reducir el número de trámites y, sobre todo, el tiempo que estos demoran. En el Ministerio de Energía y Minas (MEM), así como en el Ingemmet, ya lo hicimos, pero esto no depende exclusivamente del sector minero, ya que la mayoría de trámites se realizan fuera del ámbito de competencias del Ministerio.

¿Cuáles de esos trámites ajenos al MEM complican este proceso burocrático?

Por ejemplo, los trámites respecto al uso del agua, que se deben hacer ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA) o lo referido a terrenos superficiales, que implica a privados, comunidades y los gobiernos locales, regionales y a la Superintendencia de Bienes Nacionales. Finalmente, los estudios ambientales ahora se tramitan ante el Senace, que está bajo la tutela del Ministerio del Ambiente. Como Ingemmet, lo único que tramitamos son las concesiones mineras para exploración y explotación, cuyo proceso de titulación dura entre cuatro y cinco meses.

¿Considera, entonces, que se deberían reducir o centralizar los trámites?

Las dos cosas. Por ejemplo, la ventanilla única, que se está tratando de implementar a nivel de minería artesanal, también se debería aplicar en la mediana y gran minería, porque nos simplificaría procesos. Y, sobre todo, darle más valor al uso de las declaraciones juradas, teniendo en cuenta que muchos de estos documentos serán fiscalizados posteriormente por OEFA, OSINERGMIN y SUNAFIL. En ese sentido, no se debiera pedir tantos volúmenes de información porque, finalmente, si una empresa incumple la normativa al momento de ser fiscalizada no podrá desarrollar su proyecto.

Pese a estas dificultades, ¿el sector minero está dando señales positivas para el país?

Entre los meses de noviembre 2017 a noviembre 2018 se ha registrado una cifra récord en cuanto a las solicitudes de concesiones mineras en el Perú. En este último año ya hemos recibido unas 8,000 solicitudes de concesión minera, con lo cual estamos superando lo registrado en el 2012, cuando se llegó a 7,500 pedidos. Sin embargo, para los intereses de crecimiento y desarrollo del país, no basta solo con adquirir concesiones mineras, sino que es fundamental poder realizar exploraciones en estas y, posteriormente, explotarlas.

¿Hay diferencias entre concesión minera y proyecto minero?

No son lo mismo. A nivel nacional las concesiones mineras representan el 14.5% del territorio nacional. Sin embargo, solo el 0.31% está en etapa de exploración, es decir, 708 concesiones, y solo el 0.91% del territorio nacional se encuentra en etapa de explotación minera, es decir, 3,800 concesiones. Eso significa que en un 13.28% de las áreas concesionadas no se reporta actividad alguna. Así, solo en el 1.22% del territorio nacional se explora o se explota algún tipo de mineral. Recientemente realizamos un estudio que reveló que solo el 0.049% del territorio nacional concesionado es ocupado por las principales operaciones mineras, tales como Toquepala, Cuajone, Constancia o Las Bambas, entre otros, que son los que impulsan el crecimiento del país.

¿Cuál ha sido el aporte del sector minero al crecimiento del Perú?

El aporte de la minería ha sido fundamental para el desarrollo económico del Perú. De los 474,654 millones de dólares recaudados entre 1950 y 2018 por exportaciones tradicionales, más del 75% correspondió a las exportaciones metálicas, es decir, 356,600 millones de dólares. Asimismo, en la última década, de los 312,080 millones de dólares de las exportaciones tradicionales, el 79% correspondió a minería metálica, aportando 245,049 millones de dólares a la economía nacional en los últimos 10 años.

¿Cómo se puede trabajar para superar las creencias que impiden el desarrollo de proyectos mineros en regiones como Cajamarca?

Existen muchos mitos respecto al desarrollo de la minería. Por ejemplo, se debe aclarar la naturaleza de las concesiones y de los proyectos mineros, del impacto económico de la minería a nivel local. Y también es necesario ayudar a los gobiernos regionales y locales para que administren mejor los recursos que obtienen gracias a la actividad del sector, como el canon, regalías y derecho de vigencia.

¿Qué otras acciones pueden generar conocimiento acerca de las actividades mineras?

Necesitamos difundir las actividades de la gestión de agua. Ahí el sector solo utiliza el 1% del recurso disponible en el país, según la ANA. También se necesita difundir los temas de responsabilidad social que ejecutan las empresas mineras. Tengo entendido que están realizando una campaña al respecto, pero se necesita involucrar a otros sectores para hacer comprender a la población que la minería genera desarrollo, como en Apurímac, que era una de las regiones más pobres del país y ahora es un nuevo polo de desarrollo gracias a la actividad minera. Lampadia

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Introducción

El proyecto cuprífero las Bambas es el proyecto minero de mayor envergadura actualmente operativo en el país y representó una inversión de 10,000 millones de dólares, tiene una vida útil de 18 años y representa una producción de 453,000 toneladas de cobre al año. El yacimiento se encuentra ubicado en el distrito de Challhuahuacho en la provincia de Cotabambas en la región Apurímac.

Este proyecto ha estado asociado a conflictos sociales que han tenido ciertos picos el año 2012 y entre el 2015 y 2017. Período en el que se produjo el fallecimiento de cuatro personas en diversos enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

En la actualidad el foco de los reclamos se encuentra asociado a (1) las posibles afectaciones sobre las comunidades en la ruta del traslado de mineral, (2) los compromisos asumidos por parte de la empresa y del Estado, y (3) las relaciones con la comunidad de Fuerabamba, la cual fue reubicada tras un acuerdo de compensación, debido a que se encontraba sobre el área del yacimiento.

Recientemente la conflictividad en la zona se reactivó al darse bloqueos en las carreteras utilizadas para trasladar el mineral al puerto de Matarani. Estas se iniciaron el 22 de agosto y terminaron el 3 de septiembre con el despeje de estos caminos.Sin embargo, los sentimientos de agravios, las expectativas y las demandas sociales no han sido resueltos, y es muy probable que estos se reactiven.El Estado había estado intentando manejar la conflictividad a través de la implantación de múltiples Estados de Emergencia (de enero de 2018 a mayo del 2018) y que habían logrado mantener el flujo de transporte en la vía en disputa. Sin embargo, ese mecanismo está perdiendo su efectividad original.

 La reasignación de actores.

La actual conflictividad se da en un contexto en el cual el activismo anti-minero se encuentra reasignando sus activos desde el norte peruano hacia el sur. En esta región se encuentra hoy el grueso de la inversión minera. El llamado Corredor Minero, involucra a las regiones de Cusco, Apurímac y Arequipa, y acumula el mayor volumen de inversiones mineras recientes. Por ello, quienes tienen una hostilidad ideológica a la gran inversión minera, ven en esta región una oportunidad para golpear lo que ellos denominan un ejemplo del modelo de “extractivismo depredador”. El sur, dentro de su concepción ideológica y política, es donde pueden y deben concentrar fuerzas y propiciar los conflictos sociales[1]. En especial el foco de esta predisposición de fuerzas es el “Corredor Minero del Sur” donde se encuentran los proyectos de Espinar, Tía María y Las Bambas.

Esta reasignación del activismo anti-minero tiene diversas expresiones. ONGs y activistas individuales que se dedicaban a la región norte, como principal centro de operaciones, han pasado a realizar actividades anti-mineras en la zona sur del país.  La producción de contenidos audiovisuales destinados a visibilizar supuestas afectaciones ha cambiado de foco.  Es especialmente llamativo el caso de campaña “La vida no vale un cobre”[2] en la cual se plantea una narrativa hostil a la extracción de cobre y se caracteriza a las actividades mineras como contaminadoras del medio ambiente y de la población, enemigas de la agricultura y violadoras de los DDHH. Esos grupos han generado videos en los cuales diversos pobladores denuncian afectaciones teniendo, en la inmensa mayoría de los casos, su testimonio como única ‘prueba’.

El accionar de los anti-mineros y su avance.

Se puede identificar que, desde el último pico de conflictividad en 2016, cuando se dio el fallecimiento del comunero Quintino Cereceda, se han dado avances del activismo anti-minero en tres frentes principales. Estos avances implican que, en el momento en el que estalle nuevamente un evento conflictivo, las condiciones para avanzar sus objetivos ideológicos de lucha contra el “extractivismo”, serán mejores que en el pasado. Los aspectos en los que se puede considerar que el activismo anti-minero ha avanzado son los siguientes:

1. Construcción de Discurso: Un discurso anti-minero es efectivo en la medida que cumpla con atributos tales como:

• credibilidad ante la opinión pública
• que despierte sentimientos que incentiven la movilización local y
• que socave la legitimidad de la minería en general y de un proyecto o empresa en particular.

En los últimos días los anti-mineros han dispuesto de espacio mediático, gracias a la cobertura del bloqueo de la carretera, en la cual han podido desplegar su narrativa con un nivel mínimo de oposición por parte de sectores pro-mineros. Ellos ahora señalan nuevas afectaciones, respaldados por estudios realizados por ellos mismos (por ejemplo en el documento de 16 páginas presentado como “libro” por Cooperacción).

A los reclamos sobre polvo y acusaciones de ‘mercenarización’ de la PNP por parte de la minera, se está agregando la contaminación de fuentes de agua en Challhuahuacho, incumplimiento de compromisos, polvos emitidos por la chancadora, falta de títulos de propiedad de los pobladores de Fuerabamba y un largo etcétera. La desproporcional diversidad de voceros y versiones[3] de afectación facilita una caracterización de Las Bambas conveniente a los objetivos de los anti-mineros.

Estos voceros (dirigentes de frente de defensa, periodistas locales, congresistas y concejeros regionales) repiten un discurso en gran medida facilitado por la ONG anti-minera Cooperacción, la cual en meses previos[4] al actual bloqueo de carreteras, articuló una narrativa coherente.

2. Formación de cuadros: ONGs como Aprodeh, Cooperacción y Bartolomé de las Casas han estado brindando cursos para líderes locales, como presidentes de frentes de defensa, académicos y periodistas locales, etc. Estos cursos son en la práctica seminarios de adoctrinamiento de ideología pos-extractivista, siendo los textos del uruguayo anti-extractivista Eduardo Gudynas un material de lectura obligatoria.

En dichos cursos los profesores realizan diversas dinámicas de consolidación ideológica con los estudiantes. También se les dota a los participantes de un discurso anti-minero bastante atractivo, que influencian el accionar público futuro de los alumnos.

Estos cursos tienden a recibir nombres que esconden la clara orientación ideológica anti-minera frente a la opinión pública en general y a algunos de los donantes. Un ejemplo de esto es el caso del diplomado “Derechos Humanos, Ambiente y Desarrollo Alternativo en Contextos Extractivos en Apurímac” organizado por Aprodeh que tuvo entre los profesores a conocidos pos-extractivistas como Raphael Hoetmer, Fabiola Yeckting y Ana Leyva Valera.

3. Articulación de actores: Un movimiento social efectivo requiere de articulación entre activistas locales, nacionales e internacionales, medios de comunicación, intelectuales y líderes de opinión. En los últimos tres años el grado de articulación de los actores hostiles a las bambas se ha incrementado notablemente. El numero de activistas con acceso a medios, de los productos culturales asociados al conflicto y de los eventos que sirven para consolidar redes se ha elevado.

Implicancias

Este accionar anti-minero contra Las Bambas, de ser exitoso, puede tener un conjunto de implicancias en distintos ámbitos.

1. Para el proyecto: La erosión de la legitimidad de Las Bambas puede no implicar el cierre inmediato del proyecto, pero sí implica mayores costos asociados a una mayor conflictividad presente y futura. Esta baja legitimidad implicara mayores perturbaciones a las operaciones, necesidad de mayores compensaciones en caso de futuras expansiones, gastos mayores en Relaciones Comunitarias, inestabilidad en los acuerdos con las comunidades y costos legales derivados de los “Litigios Estratégicos” a desplegarse en el futuro. En un mediano plazo, ese proceso de erosión genera una imagen negativa del proyecto en el país y expande el número de actores con opiniones hostiles en los medios de comunicación, en las universidades y en las instituciones públicas y civiles. Ese ambiente hostil produce una especie de cerco social, mediático e institucional que afecta a la empresa en cualquier situación conflictivo.
2. Para el sector minero: Los episodios de alta conflictividad son vistos por los pos- extractivistas, con razón, como disparadores de dinámicas políticas en las que se puede llevar al sector minero a enfrentar un marco regulatorio más hostil. Los casos de Bagua, Conga y Tambogrande propiciaron incrementos en un tipo de regulación que dificulta la actividad minera en el país. En esa lógica, el conflicto en Las Bambas puede servir para generar precedentes, narrativas e instrumentos que pueden ser nocivas para el sector en múltiples áreas. Un ejemplo de tal precedente puede ser el criterio de que la ruta de transporte del mineral es parte de la zona de afectación de un proyecto minero. Otro ejemplo es la necesidad de nuevos EIA para cualquier tipo de modificación en un proyecto, anulando a la herramienta actual del Informe Técnico Sustentatorio (ITS). Un tercer ejemplo es la masificación del uso de la consulta previa a través de la aplicación del criterio de auto-identificación como suficiente para considerar una población como pueblo indígena y adicionalmente inviabilizar toda coordinación entre las fuerzas del orden y las empresas mineras.
3. Para la población del entorno: La conflictividad permanente facilita a los pos-extractivistas la construcción de una hegemonía ideológica y política en el entorno de la empresa. Esto puede tener un efecto distorsionador poderoso sobre el sistema político local. El caso de Cajamarca es ilustrativo. Producto de 20 años de conflicto existe un bolsón electoral anti-minero que permite obtener triunfos políticos a movimientos radicales con bajísima capacidad de gestión. Estos triunfos se viabilizan al tener como base de su propuesta de valor frente al electorado la “defensa de la población”, contra un sector minero caracterizado como nocivo. Esta hegemonía anti-minera facilita el persistente mal uso de los ingentes recursos provenientes del canon a ser asignados a las autoridades locales en el entorno de Las Bambas.

Conclusiones.

La reasignación o reubicación del activismo anti-minero hacia el sur peruano y el especial el “Corredor Minero del Sur” implica un conjunto de riesgos para Las Bambas y el sector minero en general. Los avances principales se están dando en la capacidad de los anti-mineros para incidir sobre los movimientos sociales locales y la opinión pública relacionada al proyecto. Estos avances pueden no traducirse de inmediato en una mayor capacidad de movilización, pues el Estado de Emergencia la evita. Sin embargo, lo observado en el sur es un proceso sistemático de creación de condiciones negativas para la actividad minera y de construcción de capacidades políticas e institucionales para pasar de la fase actual, de secuencia de eventos discontinuos, a una nueva fase, con una dinámica de conflictividad durante prolongados periodos.

Considerando que en el sur se concentra la mayor cantidad de inversiones mineras del país, esa labor de promoción de la conflictividad pueda afectar la calidad del ambiente de negocios que enfrenta el sector minero, frenar el desarrollo del país y bloquear la posibilidad de la población local para apalancarse en la minería para su desarrollo. Lampadia