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¿Qué explica la brecha de Inclusión Financiera en América Latina y Perú?

Nuestra afamada economista, Liliana Rojas-Suárez, del Center for Global Development, en Washington, estuvo en Lima hace un par de semanas para exponer sobre los avances de la inclusión financiera en el Perú, en un seminario organizado por la Universidad del Pacífico. Como sabemos, el crédito es una palanca esencial para el desarrollo de los ciudadanos y las empresas, especialmente las más pequeñas.

El Perú ha sido víctima de una de las mayores y más largas hiperinflaciones de la historia mundial y, además, hemos tenido 30 años (60 – 90) en que se apagaron las luces de la economía. Ambos procesos nos hicieron un daño estructural del que aún no nos recuperamos del todo, nos llevaron a niveles de pobreza largamente por debajo de nuestro potencial de ingresos y propiciaron la emergencia de una informalidad difícil de contrarrestar, entre muchos otros efectos. Pero estos dos aspectos, más las regulaciones no incluyentes, determinaron que solo una pequeña fracción de nuestros ciudadanos tenga acceso al crédito formal.

El siguiente artículo de Rojas-Suárez, nos explica la situación de la inclusión financiera en el Perú:

Liliana Rojas-Suárez 

FORO ECONÓMICO – UN BLOG LATINOAMERICANO DE ECONOMÍA POLÍTICA

8 de julio, 2016

Desde el 2010, el Grupo de los 20 (G-20) ha reconocido a la inclusión financiera como uno de los pilares centrales para el desarrollo económico. A su vez, los esfuerzos e iniciativas para promover la inclusión financiera vienen aumentando significativamente en los últimos años a nivel global, incluyendo América Latina y Perú.

En líneas generales, los esfuerzos de las autoridades y el sector privado parecen estar brindando varios resultados positivos. Por ejemplo, el Banco Mundial, a través de su base de datos Global Findex, muestra un incremento a nivel global entre el 2011 y el 2014 de 10.1% en el porcentaje de adultos que tienen cuentas en alguna institución financiera formal[1]. América Latina, en general; y Perú en particular, no son excepciones. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, el rezago de la región con respecto a otros países con grado similar de desarrollo (medido por el ingreso real per cápita) es bastante amplio y no ha mostrado cambios significativos en años recientes. De hecho, como se muestra en el Cuadro 1, en tanto que la mediana del indicador de inclusión financiera muestra un incremento importante tanto para la región como para otros países con similar grado de desarrollo (sus pares), la brecha en la tenencia de cuentas bancarias de países latinoamericanos con respecto a sus pares no ha cambiado de manera significativa (pasó de 20.2 a 19.5 puntos porcentuales).[2]

Cuadro 1. Brecha de Inclusión Financiera en América Latina

A nivel de país, Perú muestra una de las mayores brechas de inclusión financiera en la región (29.9 puntos porcentuales). [3] En el Gráfico 1, sólo México y Uruguay presentan brechas de inclusión financiera mayores a las de Perú (en el caso de Uruguay, la amplitud de la brecha se explica en gran parte porque sus pares son economías con un grado relativamente alto de desarrollo económico e inclusión financiera[4]).

Gráfico 1. Brechas de Inclusión Financiera entre países latinoamericanos y sus pares respectivos (puntos porcentuales)

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de Findex (2014)

¿Qué explica la amplitud y persistencia de la brecha de inclusión financiera en América Latina, particularmente en Perú? Para contestar esta pregunta, me baso en el marco analítico y metodológico desarrollado en Rojas-Suarez y Amado (2014) y su respectiva revisión y actualización en Rojas-Suarez (2016). En dicho análisis, se enfatiza el rol de las características sociales y económicas en las que operan los mercados de servicios financieros. En particular, se destacan cuatro categorías de obstáculos que frenan la inclusión financiera: inestabilidad macroeconómica, desigualdades socioeconómicas, deficiencias institucionales e ineficiencias del sector financiero.[5]

Como resultado de la investigación empírica en estos trabajos, se identificaron las variables (a nivel de país) que afectan significativamente a la inclusión financiera en América Latina en forma adversa:

(a) La volatilidad de la tasa de interés real (variable macroeconómica), a través de su efecto sobre la demanda por servicios financieros en el sector formal: altos niveles de volatilidad han estado asociados históricamente con crisis financieras y grandes pérdidas de los depositantes en los sistemas bancarios.

(b) Desigualdad del ingreso (variable de desigualdad socioeconómica), que resulta en fuertes resistencia de grupos de poder establecidos para implementar reformas que promuevan la inclusión financiera (Claessens y Perotti, 2005).[6]

(c) Debilidad del Estado de Derecho (variable institucional)[7], debido a que en sociedades con calidad institucional baja, los contratos entre acreedores y deudores tienden a no cumplirse; lo que a su vez genera desincentivos para que los depositantes confíen sus ahorros a los bancos y otras instituciones financieras y para que las entidades financieras otorguen créditos a deudores pequeños y relativamente más riesgosos.

(d) Ratio de costos administrativos a activos totales del sector bancario (variable de ineficiencia del sector financiero), en la medida en que ratios altos se asocien con costos elevados para la provisión de servicios financieros.

(e) Concentración bancaria, que puede resultar en un comportamiento oligopólico en detrimento de la inclusión financiera, pues genera incentivos a los proveedores a enfocarse en los clientes menos riesgosos que pueden pagar altos costos de servicios financieros. Sin embargo, la evidencia muestra que los efectos de la concentración bancaria sobre la inclusión dependen de la calidad de las instituciones.

(f) Interacción entre la concentración bancaria y la calidad institucional: la combinación de una concentración bancaria elevada en un contexto de calidad institucional débil tiende a ser adversa para la inclusión financiera, pues genera discriminación en contra de clientes de ingresos bajos y a bloquear políticas que permitan la incorporación de nuevos proveedores de servicios financieros.

Los resultados de la investigación econométrica presentada en Rojas-Suarez (2016) permiten analizar la importancia relativa de los obstáculos que acabamos de discutir en la explicación de la brecha de inclusión financiera entre América Latina y sus pares. Utilizando los coeficientes estimados y los valores promedios de las variables consideradas para América Latina y sus pares, el valor estimado para de la brecha de inclusión financiera de América Latina es de 16.8 puntos porcentuales en términos absolutos (incluyendo determinantes idiosincráticos y no idiosincráticos[8]); en tanto que el valor observado de dicha brecha es de 13.7 puntos porcentuales.[9]  El Gráfico 2 presenta la contribución implícita de los determinantes (no idiosincráticos) de la inclusión financiera para explicar la brecha.

Gráfico 2. Descomposición de la brecha de Inclusión Financiera entre América Latna y sus pares (puntos porcentuales)

Fuente: elaboración propia

El resultado central es que las debilidades institucionales y la desigualdad del ingreso son los factores más importantes para explicar la brecha de inclusión financiera de la región en relación a sus pares. La contribución de la inestabilidad macroeconómica (medida por la volatilidad de la tasa de interés real), aunque relevante, es relativamente menos importante y la contribución del ratio de costos administrativos bancarios es mínima. (Nótese una vez más que, aunque las variables consideradas son importantes para explicar la inclusión financiera, solo algunas cobran relevancia para explicar la brecha).

Como se mencionó anteriormente, la calidad institucional cumple un rol dual. Las debilidades institucionales tienen un efecto adverso directo sobre la brecha de inclusión financiera, pero también tienen un efecto indirecto mediante su interacción con la concentración bancaria. En primer lugar, de acuerdo a nuestros cálculos, los efectos directos de los problemas institucionales contribuyen a explicar más de 7 puntos porcentuales de la brecha. En segundo lugar, a pesar de que la concentración bancaria contribuyó a reducir la brecha en 2.48 puntos porcentuales (indicando que los sistemas bancarios son más concentrados en los países pares que en América Latina), sus efectos indirectos a través de la interacción con la variable de debilidad institucional explican 5.8 puntos porcentuales de la brecha. O sea, por sí mismas, la diferencia de concentración bancaria entre la región y sus pares no ha afectado positivamente la brecha de inclusión, pero sí cuando esta diferencia se ajusta por el impacto de la calidad institucional.

¿Qué factores explican la brecha de inclusión financiera en el Perú?

Los resultados econométricos presentados en Rojas-Suarez (2016) pueden también utilizarse para analizar los factores que explican la brecha de inclusión financiera en el Perú con respecto a otros países con niveles similares de desarrollo económico (sus pares). La misma metodología utilizada en el Gráfico 2 para la región en su conjunto se emplea para construir el Gráfico 3, a nivel de país. En el gráfico se presenta a Perú y, como puntos de comparación, a México y Chile. Incluimos a México por tener una brecha de inclusión financiera mayor que la de Perú y a Chile porque su brecha es solo un tercio que la de Perú (Gráfico 1).

Gráfico 3. Descomposición de la brecha de Inclusión Financiera en México, Perú y Chile (puntos porcentuales)

Fuente: elaboración propia

El gráfico muestra similitudes y diferencias muy importantes entre los tres países. Las similitudes son que ni la volatilidad de la tasa de interés real ni el ratio de costos administrativos bancarios juegan un papel relevante en explicar las brechas de inclusión financiera.[10] Este es también el caso cuando se considera la región en su conjunto (gráfico 2).

Las diferencias son más notables que las similitudes. En los países de baja calidad institucional (Perú y México)[11], los efectos directos e indirectos de la debilidad institucional son los factores dominantes para explicar la brecha de inclusión financiera. En contraste, en Chile, su alta calidad institucional contribuye a reducir la brecha de inclusión financiera.

La alta concentración bancaria en Perú es también un factor importante en la explicación de la brecha. Esta alta concentración en un entorno débil institucionalmente desalienta la inclusión financiera y por tanto incrementa la brecha con respecto a sus pares.

Aunque la desigualdad del ingreso contribuye a explicar las brechas de inclusión financiera en los tres países, este factor destaca significativamente en Chile como el componente más importante.

La lección que se deriva para Perú es clara y simple: los esfuerzos para mejorar la inclusión financiera se verán seriamente limitados en ausencia de reformas significativas para mejorar la calidad de las instituciones (el respeto al Estado de Derecho, la independencia y eficacia del sector judicial y la efectividad del gobierno en la implementación de sus políticas). En ausencia de estas reformas, es difícil esperar que el Perú pueda acortar la brecha que lo separa de sus pares, los cuales han logrado incorporar porcentajes mucho más altos de la población al sistema financiero formal.

Referencias

Claessens, Stijn and Enrico Perotti, 2005, “The Links between Finance and Inequality: Channels and Evidence”, University of Amsterdam, March

Rojas-Suarez, Liliana (2016), “Financial Inclusion in Latin America: Facts, Obstacles and Central Banks Policy Issues”, Inter-American Development Bank, Department of Research and Chief Economist, Discussion Paper No. IDB-DP-464

Rojas-Suarez, Liliana and María Alejandra Amado (2014), “Understanding Latin America’s Financial Inclusion Gap”, Center for Global Development, Working Paper 367, May

 

[1] Indicador de inclusión financiera considerado en este texto.

[2] Una brecha positiva indica que la inclusión financiera es mayor en los pares de América Latina que en (la mediana de) los países latinoamericanos.

[3] Los resultados son similares si se utilizan indicadores alternativos de inclusión financiera, tales como acceso al crédito o utilización del sistema financiero formal para realizar transacciones o ahorrar.

[4] Lo opuesto ocurre en los casos de Bolivia y Ecuador, dos países de bajo nivel de desarrollo a nivel mundial.

[5] En Rojas-Suarez y Amado (2014) también se investiga el rol de características individuales. Un resultado importante es que el efecto de tener educación secundaria sobre la probabilidad de estar incluido financieramente es mayor en América Latina respecto a sus pares.

[6] Sin embargo, otros autores argumentan que las mejoras en la inclusión financiera pueden contribuir a reducir la desigualdad. Aunque esto sugiere la posibilidad de doble causalidad entre la desigualdad del ingreso y la inclusión financiera, los estudios empíricos considerados en este texto indican que la primera causa a la segunda.

[7] Otras variables de calidad institucional tienen un efecto similar sobre la inclusión financiera.

[8] El componente idiosincrático de la brecha corresponde al valor del coeficiente de una variable dummy para países latinoamericanos incluida en la regresión.

[9] Nótese que para este ejercicio, nos estamos refiriendo a la brecha promedio de América Latina con respecto a sus pares (13.7 puntos porcentuales). Como se mencionó anteriormente, la mediana de la brecha es 19.5 (Cuadro 1).

[10] La contribución del ratio de costos administrativos es tan pequeña que no se visualiza en el gráfico.

[11] En el indicador de “Estado de derecho”, un indicador de calidad institucional del Banco Mundial, Perú y México ocupan los lugares 140 y 130 respectivamente en una muestra de 204 países, en tanto que Chile ocupa el puesto 26.

Lampadia




Empecemos a debatir la Reforma Política

Empecemos a debatir la Reforma Política

No se necesitan más llamadas de atención para que los peruanos nos aboquemos a corregir las deficiencias de nuestro sistema de partidos políticos y las normas que regulan el proceso electoral. Es suficiente apreciar el continuo descrédito del Congreso de la República en opinión de los ciudadanos y recordar las vicisitudes del reciente proceso electoral, para que asumamos la tarea de sus reformas.

La siguiente propuesta, preparada por Jaime de Althaus pretende poner en la agenda inmediata una de las reformas pendientes más importantes para mejorar la calidad de nuestra democracia. Ver otras propuestas de reformas en nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.

La indispensable reforma política que el nuevo Congreso deberá abordar

El nuevo Congreso deberá abordar, como una de sus primeras tareas, la reforma electoral y política indispensable para que no se repitan los problemas que se presentaron en el reciente proceso electoral y, sobre todo, para resolver los problemas de fondo de la democracia peruana: la ausencia de un sistema de partidos, el desequilibrio potencial en las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo, y el descrédito del Congreso.

En los dos gráficos que siguen podemos ver la tragedia del sistema de partidos políticos del Perú. En el primero muestra cómo el sistema de partidos colapsó en 1989 y nunca se pudo recomponer:

Y en el siguiente constatamos cómo en cada elección municipal los partidos nacionales ganan cada vez menos alcaldías provinciales, de modo que su presencia en el interior del país es cada vez menor, en provecho de movimientos locales liderados en ocasiones por aventureros políticos que convierten a los gobiernos sub-nacionales en botines políticos. Es la feudalización del país, que tiene que acabar.  

La otra cara de esto es la ruptura de los canales de representación: no hay conexión ni comunicación entre alcaldes o gobernadores regionales que no pertenecen a ningún partido, y los partidos presentes en el Congreso. Y los congresistas representan colectivamente a circunscripciones relativamente grandes, donde nadie sabe quién es realmente su representante: no hay relación entre electores y representantes. La consecuencia es el descrédito total del Congreso.

El problema es que ningún partido político de los que accedió al nuevo Congreso formuló propuesta alguna de reforma política en sus planes de gobierno. Sugerimos, por lo tanto, que se forme una comisión integrada por especialistas para elaborar un proyecto de tales reformas que tome como base la propuesta de reforma institucional elaborada por la Asociación Transparencia[1]. Mientras tanto, nos adelantamos a presentar la nuestra, que creemos recoge un conjunto de medidas orgánicamente pensadas para resolver los tres problemas mencionados.

Reformas electorales para no repetir los problemas que se presentaron en las últimas elecciones generales:

1. Calendario electoral: inscripción de candidatos presidenciales y congresales con más anticipación. Y acortar la segunda vuelta a 4 semanas.

2. Requisitos: disminuir la cantidad de requisitos formales para acreditar democracia interna y reemplazarlos por una fórmula como la que propone Transparencia: que los partidos políticos elijan a sus candidatos mediante elecciones abiertas supervisadas obligatoriamente por los organismos electorales. En esas elecciones podría participar cualquier ciudadano esté o no inscrito en el partido y lo ideal sería que se realizaran simultáneamente.

3. Exclusión de candidatos: derogar la sanción de exclusión para los candidatos que distribuyan dádivas o mantenerla solo para casos muy escandalosos, pero habría que tipificarlos con claridad. Y, tal como propone Transparencia,  prohibir la candidatura de personas que hayan cumplido condenas por terrorismo, narcotráfico, corrupción, delitos contra el Estado, homicidio, secuestro o violación sexual.

Reformas políticas para resolver los desequilibrios potenciales entre Ejecutivo y Legislativo:

1. Creación del Senado. Podría tener 30 miembros y ser elegido en distrito único nacional hasta la creación de regiones propiamente dichas, momento en el que se elegirían por regiones. Su función sería principalmente revisora. Es particularmente importante y necesario aprobarlo en una circunstancia como la actual en la que un partido tiene la mayoría absoluta, pues dos cámaras son una forma de limitar el poder del Congreso. Fuerza Popular podría dar una señal democrática muy positiva si propone auto limitar su poder con el restablecimiento de la bicameralidad. 

2. Elevar a los 2/3 o 3/5 el porcentaje de votos que se requiere para insistir en un proyecto de ley observado por el Ejecutivo, como es en casi todas las democracias presidencialistas. Actualmente es de solo la mitad más uno del número legal de congresistas. Esto, junto con lo anterior, para prevenir el populismo parlamentario.

3. Permitir la candidatura al Congreso del candidato a la presidencia de la República. Esto es muy importante para dos efectos:

a. Que el Congreso se convierta en un verdadero foro político, con la presencia de los líderes partidarios.

b. Que el ex candidato o líder del partido pueda mantener unida a su bancada.

Reformas políticas para revalorizar el Congreso y reconstruir el sistema de partidos

1. Eliminación del voto preferencial y su reemplazo por el distrito electoral uni o binominal para el Congreso o para la Cámara de Diputados. El mejor voto preferencial es el voto por un representante en un distrito electoral pequeño en el que solo se elige a un representante. Esta reforma es fundamental por varias razones:

a. Para que los ciudadanos se sientan representados en el Congreso y la democracia tenga sentido concreto: en un distrito uninominal uno sabe quién es su representante y puede expresarle sus demandas y problemas, y puede fiscalizarlo. Y el representante está obligado a relacionarse con sus electores para representar bien sus intereses si quiere ser reelegido. En cambio, en el sistema plurinominal o proporcional, el congresista representa al partido y no a los electores[2]. Por eso en la última elección para el Congreso el 34% votó en blanco o nulo.

b. Para elegir mejores representantes: en un distrito uninominal no se presentan decenas o cientos de candidatos, como ocurre actualmente, sino solo uno por cada partido que participa. Conforme se reduzca el número partidos, los electores tendrán que escoger entre, digamos, 4, 6 u 8 candidatos. Pueden entonces conocerlos mucho mejor antes de elegir.

c. Para reducir el número de partidos: el distrito uninominal induce a los partidos pequeños a aliarse con otros más grandes a fin de tener chances de ganar en algún distrito. De lo contrario, no ganaría en ninguno. Fomenta, así, la aglutinación partidaria, lo contrario de nuestra actual fragmentación. Apunta al bipartidismo, que es el sistema más eficiente.[3]  

2. Inscripción y vigencia de los partidos políticos. La idea es bajar la valla para la inscripción de los partidos pero subirla para su permanencia.

a. Reducir sustancialmente el número de firmas (no más de 10 mil, por ejemplo) para formar un partido, pero éste queda obligado a presentar candidatos por lo menos al 50% de las regiones y municipalidades provinciales y distritales del país.

b. Subir la valla para las alianzas. El Congreso recientemente la subió un punto por cada partido que se suma a una alianza, pero eso es insuficiente. La propuesta original fue aumentar 2.5% por cada partido adicional.

3. Subir los requisitos para formar y mantener movimientos regionales. Para inscribirse y funcionar, deberán acreditar existencia y presentar candidatos en por lo menos tres regiones.

4. Financiamiento público y privado de los partidos.

El financiamiento público de los partidos debe comenzar a ejecutarse a partir del 2017 tal como lo establece la tercera disposición transitoria de la ley Nº 30414, de modo que debe estar incluido en el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo envía al Congreso en agosto del presente año.

En cuanto al financiamiento privado, este tiene un tope anual muy bajo, de 60 UITs, equivalentes a 237 mil soles, lo que obliga a los partidos a buscar formas de disfrazar aportes mayores y favorece la búsqueda y blanqueo de financiamiento ilegal. Si el monto que una persona individual o una empresa formal puede dar es mayor –bastante mayor- entonces será más fácil para los partidos depender de financiamiento privado formal o legal, que del ilegal. Para eso tiene que ser transparente, por supuesto.

Lampadia  

 


[1] Ver: 

http://www.transparencia.org.pe/admin//ckfinder/userfiles/files/Propuestas%20de%20Reforma%20web(1).pdf  

[3] Ver Karl Popper, ya citado. También Maurice Duverger (“Les Partis Politiques”, 1954) y Dieter Nohlen (“Sistemas Electorales y partidos Políticos” 2002, FCE).