Entre las preocupaciones más importantes de la humanidad, destacan cuatro principales: corrupción, desempleo, pobreza/desigualdad social y crimen/violencia.

Entre los resultados más importantes a nivel global, China es la nación que inspira más confianza sobre la dirección que está tomando: el 92% dice que las cosas van en la dirección correcta. Arabia Saudita, con un 76%, sigue en segundo lugar, seguida de Corea del Sur (74%) e India (60%).

El estudio What Worries the World encuentra que la mayoría de las personas en las 28 naciones participantes sienten que su país va por el camino equivocado (58% en promedio), con Italia (86%), México (85%), Brasil (83%) y España (80%) citando los mayores niveles de preocupación.

Entre los países de América Latina, los puntajes dan: Chile (54/46) [(mal/bien)], Argentina (64/36), Perú (70/30), Brasil (83/17) y México (85/15).

“Lo que preocupa al mundo” es una encuesta mensual que encuesta a adultos menores de 65 años en Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Malasia, México, Polonia, Perú, Rusia, Arabia Saudita, Serbia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Turquía y los Estados Unidos.

A nivel global

Por otro lado, las cinco preocupaciones principales en todo el mundo son:

• Corrupción financiera / política (35%)
• Desempleo (34%)
• Pobreza / desigualdad social (33%)
• Crimen y violencia (32%)
• Cuidado de la salud (24%).

El Perú, como no es sorprendente, los temas que más afectan a nuestro país son:

• La criminalidad y violencia (67%) – primero a nivel global delante de México
• Corrupción política y financiera (62%) – empatado a nivel global con Malasia

Para revertir esto se necesita acabar con la impunidad, poniendo más policías en las calles, mas patrullaje, mejor integración con los serenazgos, mejor coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, coordinación con las municipalidades, la comunidad, y acciones preventivas.

La segunda gran preocupación del Perú es la corrupción política y financiera, lamentablemente, el Perú está en el primer lugar junto con Malasia.

Este tema es uno de los más enquistados en el Estado, al que hay que agregar los daños a la sociedad, causados por malas decisiones en leyes absurdas, además del desperdicio de nuestros escasos recursos en obras innecesarias, faraónicas e inconclusas, que malogran la capacidad del Estado de ofrecer buenos servicios y de mantener la confianza de los ciudadanos.

El tercer gran tema es la educación. Nuestros resultados PISA son históricamente bajos y hemos venido teniendo grandes problemas en el liderazgo del Minedu para repotenciar este sector. Quizás es por eso que en el ranking nos encontramos en el primer lugar con un 38% de preocupación, junto con Chile.

Esta medición no quiere decir que Chile y Perú están preocupados porque tienen la peor educación del mundo, sino porque han tomado conciencia de que es un tema crucial para su futuro y esperan acciones de gobierno acorde con esa prioridad de la sociedad.

En Lampadia hemos insistido en la necesidad de emprender una verdadera revolución educativa si queremos nivelarnos con los estándares educativos de los países más avanzados y enfrentar los retos que traerá la cuarta revolución industrial a nuestros pobres. Ver: Reflexiones sobre la educación para el futuro, la presentación de nuestro director en el último CADE, en noviembre pasado. Lamentablemente, IPAE no ha recogido el tema.

El cuarto tema es la pobreza y desigualdad. En el Perú, la inversión privada, liderada por la minería, ha permitido un crecimiento sostenido del PBI, durante más de quince años, permitiéndonos reducir la pobreza y la desigualdad. Lamentablemente, en el 2011, como hemos destacado anteriormente, el 2011 se dio el punto de inflexión, coincidiendo con el inicio del ‘gobierno de la inclusión’, tanto en aspectos sociales como económicos. Ver en Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo.

Para poder retomar recuperar el crecimiento económico, el principal camino para la reducción de la pobreza, la generación de empleo y mejoras sociales, es necesario poner en valor nuestros proyectos y situarnos como uno de los principales exportadores mineros del mundo. Nos guste o no, la inversión minera es el mejor y más rápido camino para que podamos cerrar nuestras brechas económicas y sociales.

En el caso del desempleo y trabajo, la tasa de desempleo de Lima Metropolitana se ubicó en 8.1% en el primer trimestre del año y representa la más alta desde el mismo trimestre en el 2012 cuando se alzó en 8.7%, según el INEI. Con ello, actualmente existen 420,900 personas que buscan un empleo activamente en la capital. En los últimos meses hemos tenido una mejora, pero la política y la corrupción judicial, amenazan con desbaratar toda recuperación.

Con respecto a la salud, la reforma del sistema de salud es una tarea pendiente que ya no puede ser ignorada. La calidad de los servicios de salud no cumple con estándares mínimos de servicio para citas, operaciones quirúrgicas y procesos médicos. El sector está en crisis; tienen que trabajar en condiciones precarias, con gran parte de los equipos malogrados y con escasez de medicinas esenciales.

Otros cuadros de interés son:

Lampadia

Hugo Palma
Embajador retirado del Perú
Para Lampadia

Frente a las alegaciones de la satrapía caraqueña de que todas las desgracias que afligen al pueblo venezolano son producto de la guerra económica y la agresión imperial, un informe recién emitido por InSight Crime demuestra que la realidad es responsabilidad del Estado mafioso, que ha devenido en eje del crimen organizado en la región.

InSight Crime, es una fundación dedicada al estudio del crimen organizado en América Latina y el Caribe, integrada por académicos, periodistas de investigación y especialistas en América Latina y en seguridad. El informe, de cerca de un centenar de páginas, se sustenta en datos precisos, nombres, fechas y análisis de numerosos casos puntuales, que despejan cualquier posible duda sobre el carácter mafioso del régimen.

Ver en Lampadia: Venezuela: A Mafia State? – Venezuela has become a hub of organized crime in the región.

Estima que el Estado venezolano es mafioso por el copamiento criminal de las instituciones del Estado. Señala por nombre a muy altos funcionarios, desde el vicepresidente de la República, autoridades militares y de otros sectores, sin excluir familiares del Jefe del Estado. Destaca la actuación delictiva de los comandos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, la Guardia Nacional, el Servicio Bolivariano de Inteligencia y la empresa estatal PdVSA, las tres primeras directamente vinculadas al régimen cubano. La complicidad de la fiscalía, la justicia y el sistema de prisiones es también documentada; con lo cual las instituciones responsables del combate contra la criminalidad son en la práctica actores principales en este flagelo. Panamá, Estados Unidos, la Unión Europea y Suiza vienen formulando acusaciones individualizadas y aplicando sanciones. La Corte Penal Internacional toma cartas en el asunto y los jerarcas bolivarianos ven reducidas sus posibilidades de fuga a Cuba y quizá Rusia; perspectiva nada halagüeña, incitándolos a aferrarse al poder y extremar la represión, abriendo la posibilidad de convertirse abiertamente en un régimen como el cubano.

Entre las actividades delictivas directamente atribuibles al gobierno, destaca el tráfico de drogas, operado por el “Cártel de los Soles”, referencia a las insignias de los más altos oficiales de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Otras secciones tratan de las organizaciones promovidas por el gobierno para aterrorizar a la ciudadanía, como las llamadas “Colectivos” quienes a cambio de sus fechorías y asesinatos tienen carta libre para sus actividades delictivas en contra de la misma población. También organiza y protege a otros grupos como los “paramilitares”, bandas de delincuentes en prisión, una docena de mega-bandas en varias regiones y no faltan relaciones con disidentes de las FARC y el ELN. Con tales elementos, apena pero no sorprende el elevadísimo nivel de violencia imperante. Con cerca de 100 asesinatos por 100,000 personas, exhibe un lamentable récord mundial. Otras formas de violencia también han explotado.

El asalto a las arcas del Estado por sus altos funcionarios ha alcanzado niveles inimaginables. Sin rendición alguna de cuentas, Transparencia Internacional ubica al régimen en puesto 166 de 176 en el Índice de Percepción de la Corrupción. Nadie sabe el destino de los gigantescos ingresos provenientes de los altísimos precios del petróleo, estimándose que su apropiación delictiva en ningún caso sería inferior a 100,000 millones de dólares. Desde luego, eso no incluye el horrendo despilfarro realizado para mantener al Gobierno de Cuba, promover actividades subversivas en no pocos países y comprar el apoyo de otros con petróleo subsidiado. Todo ello, sumado a las absurdas políticas económicas, explican la bancarrota del Estado y la crisis humanitaria que vive el pueblo.

La exportación de la criminalidad se realiza particular, pero no exclusivamente, en el tráfico de drogas. En la frenética actividad delictiva en la que oficiales del ejército, la marina y la Fuerza Aérea participan probadamente obteniendo enormes beneficios económicos, es muy probable que estén utilizando todos los recursos incluyendo unidades de sus instituciones no solamente para el tráfico de drogas, sino también en el de armas; amén del lavado de dinero para el que se valen de empresas opacas con vínculos gubernamentales en el país y el exterior. No sorprenderá que en cualquier momento aparezca información comprobada sobre la utilización de aeronaves y buques militares para estos tráficos; exigiendo especial vigilancia de la comunidad internacional sobre sus operaciones y desplazamientos.

El informe se ocupa igualmente de las vinculaciones del régimen venezolano con agrupaciones delictivas colombianas y de sus vinculaciones actividades delictivas con autoridades y mafias de Honduras, República Dominicana y El Salvador. En el caso de Honduras, explica la utilización de un “puente aéreo”, inclusive con la participación de aviones de propiedad de gobernadores Chavistas y oficiales de las fuerzas armadas. Con la Republica Dominicana la vía marítima es la más utilizada, en diversas rutas que tocan Aruba, Trinidad y Tobago, Granada, Martinica, Cuba, Puerto Rico, Haití y Jamaica. Con El Salvador, la intimidad de contactos con el Frente FMLN no responde exclusivamente a afinidad ideológica, sino también a la actuación de ALBA Petróleos, subsidiaria de PdeVSA, en toda clase de negociados bajo el la conducción de una prominente figura del gobierno de dicho Frente, vinculación que dura ya más de una década.

Consecuentemente, la masiva migración de venezolanos demuestra no solamente que el gobierno padece de irremediable incompetencia, corrupción e incapacidad de salvaguardar sus vidas, sino también su perversidad y crueldad. Las autoridades la impulsan al negar el ingreso de indispensable ayuda humanitaria en alimentos y medicinas; y lo hacen porque creen que así reducirán la oposición interna en lo político y la demanda social de necesidades básicas para la vida, sino también para crear problemas a los países que los reciben por razones elementales de humanidad. Demostración del fracaso seudo bolivariano, es que esa migración no se dirige a ningún país del ALBA. Y es cruel porque saben que esa migración produce numerosas víctimas de prostitución, asalto, violación y extorsión entre los hombres, mujeres y niños y ancianos desesperados e inermes o porque organizaciones criminales tratan de reclutarlos.

En suma, el sólido informe que acaba de difundir InSight Crime, abunda en elementos comprobatorios de lo que se sabe hace tiempo. El gobierno de la revolución bolivariana ha convertido Venezuela en un Estado mafioso. A su caída, dejará al pueblo y a las nuevas autoridades la gigantesca tarea no solamente de proteger a la población, recomponer las instituciones, reordenar la economía, hacer justicia y propiciar la paz interna; sino también la regeneración del conjunto social hondamente afectado por la corrupción y el crimen. Tal es la herencia que dejan quienes, hasta hoy, además, tienen el cinismo de seguir gritando que todo lo hacen por la patria y por los pobres. Lampadia

En los últimos 10 días, los partidarios de la oposición venezolana han llevado acabo cuatro  manifestaciones, protestando contra la crisis humanitaria, el colapso económico y la destrucción de la democracia bajo el dictador del chavismo-cubano Nicolás Maduro.

La decisión de la Corte Suprema a fines de marzo de asumir las funciones del congreso (dirigido por la oposición) provocó protestas por parte de una población que ya sufría una inflación de tres dígitos y una escasez generalizada de bienes básicos, como medicinas y alimentos.

Ante las reacciones, el tribunal rectificó la parte más controvertida de su decisión, pero la medida provocó una indignación generalizada en el país y en el extranjero (el gobierno del Perú retiró definitivamente a su Embajador en Caracas, por ejemplo), así como las noticias del viernes de la semana pasada de que la Contraloría Nacional había prohibido al político de oposición, Henrique Capriles, participar en elecciones durante 15 años.

Los manifestantes se reunieron en varias ciudades por la mañana del lunes pasado (10 de abril) para una cuarta ronda de protestas en 10 días, bloqueando la carretera principal de Caracas, hasta que fueron dispersados por la Guardia Nacional.

Los líderes de la oposición criticaron al gobierno por el uso arbitrario de la fuerza para romper las manifestaciones. Señalaron que el gas lacrimógeno fue disparado a una clínica de Caracas. “Ni siquiera en la guerra hay ataques contra hospitales y centros de salud”, dijo el legislador de oposición José Manuel Olivares en una conferencia de prensa.

Las manifestaciones de los ciudadanos que exigen libertad son pacíficas y multitudinarias. Ver testimonio:

Sin embargo, los funcionarios del gobierno acusaron a los manifestantes de actos de violencia y enviaron imágenes y videos a través de Twitter de manifestantes encapuchados y enmascarados que destruían propiedades públicas, como una parada de autobús. El ministro del Interior, Néstor Reverol, dijo que 18 personas habían sido detenidas durante las protestas.

La oposición exige elecciones

En varias partes de Caracas, pequeños grupos mantuvieron enfrentamientos esporádicos con las tropas, estableciendo barricadas  de neumáticos y basura quemada a lo largo de las calles.

El canciller brasileño Aloysio Nunes y el presidente de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidieron a Venezuela que restablezca la democracia plena y establezca un calendario para las elecciones, aumentando la presión diplomática sobre Maduro. El Departamento de Estado emitió una declaración expresando la “grave preocupación” por la decisión del viernes de descalificar a Capriles del cargo.

La oposición está exigiendo una fecha para las elecciones, que se suponía se llevarían a cabo el año pasado, así como un cronograma para futuras elecciones incluyendo la votación presidencial, que es constitucionalmente obligatoria a más tardar el 2018. A pesar del aumento de las protestas, muchos venezolanos ven con pesimismo que las marchas logren cambios reales.

El rechazado e impopular gobierno de Maduro acusa a la oposición de fomentar la violencia para sentar las bases de una invasión extranjera. Unos 188 manifestantes, la mayoría estudiantes, fueron arrestados en el período del 4 al 8 de abril y 57 siguen tras las rejas, dijo el lunes el grupo de derechos humanos Foro Penal Venezolano. Nueve personas, entre ellas dos adolescentes, fueron arrestadas por irrumpir en una oficina de la Corte Suprema, y un joven de 19 años fue asesinado a tiros en la violencia desatada en contra de las protestas.

El gobierno ha sufrido una creciente presión de los países americanos y europeos que han condenado la violencia en Venezuela y el veto a Capriles. Ante una crisis humanitaria provocada por un régimen dictatorial, nadie debe ponerse de costado. Es hora de presionar al gobierno venezolano con todo lo que esté a nuestro alcance para terminar esta tragedia que afecta a nuestros vecinos.

En Lampadia hemos seguido la situación venezolana de cerca, tratando de ilustrar los grandes errores de las “ideas muertas” con que justificaron su toma y las abusivas manipulaciones usadas para mantenerse en el poder. Lo peor es que los problemas venezolanos no solo se han hecho aparentes en lo económico y social. También han llegado a extremos en lo político, pues fueron el ejemplo de la anti-democracia. Ver en Lampadia: ¡Fin a la dictadura en Venezuela!, La intolerable agonía de Venezuela y La dictadura de Maduro lleva a Venezuela al borde del abismo.

Sin embargo, Chávez y Maduro han contado con el padrinazgo brasileño bajo los corruptos Lula y Dilma,  la complicidad de los países del Alba y el vergonzante silencio de la mayoría de países de la región. La dictadura y la pobreza de los venezolanos son una mancha profunda en la historia de Latinoamérica, una gran vergüenza para todos.

Como dijo la señora Lilian Tintori, esposa del injustamente encarcelado Leopoldo López, “ante una crisis humanitaria provocada por un régimen dictatorial, nadie debe ponerse de costado”. 

Millones de sufridos venezolanos todavía esperan el apoyo de sus hermanos latinoamericanos y de los gobiernos de la región. ¡Exigimos elecciones libres en 2017! Lampadia

EXIGIMOS ELECCIONES LIBRES EN 2017

La semana pasada, el Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) avanzó un paso más en dirección de la dictadura al asumir las competencias del Parlamento, la única institución dirigida por la oposición, afirmando que “las competencias parlamentarias serán ejercidas directamente” por su Sala Constitucional o por “el órgano que ella disponga”. Por lo tanto, se apoderó de sus poderes y declaró inválido el organismo elegido por votación popular. El fallo de la corte del miércoles pasado fue, en palabras de los legisladores, nada menos que un golpe de Estado. Varios líderes de la oposición pidieron manifestaciones callejeras y otras formas de “resistencia democrática”.

Como informamos el viernes pasado, el gobierno del Perú se enalteció, al retirar definitivamente a su Embajador en Caracas. Acto no imitado, lamentablemente,  por los demás países de la región.

Ante la reacción a tan estúpida medida, el dictador Maduro citó de emergencia al consejo de Estado el viernes en la noche. Después de largas horas de sesión, el TSJ decidió dar marcha atrás. Sin embargo, ya se había roto el último eslabón democrático de Venezuela, su Asamblea Nacional, que ahora recibe la ‘gracia’ para seguir operando en condiciones sumamente precarias.

Ya no se puede parar en la resistencia contra la tiranía del chavismo, soportada por la fuerzas armadas venezolanas y la desproporcionada presencia de Cuba en los asuntos llaneros.

Veamos como vienen las cosas: Las facciones políticas de Venezuela han estado en desacuerdo desde que los opositores al presidente Nicolás Maduro tomaron el control de la legislatura el año pasado. Desde entonces, la Corte Suprema, en gran parte leal al gobierno de Maduro, ha frenado los poderes del congreso y anulado casi todas las leyes aprobadas. Sin embargo, hasta el miércoles no había ido tan lejos como asumir directamente las funciones del Congreso.

El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, afirmo que “Esto no tiene otro nombre que un golpe de Estado y dictadura. En Venezuela no hay Constitución, hoy Nicolás Maduro tiene todo el poder que de manera ilegal le otorgó la Sala Constitucional del TSJ”. En la rueda de prensa en el palacio legislativo Borges mostró una copia de la sentencia y la rompió en pedazos. “No la acatamos”, resaltó.

Por su parte, el ex candidato presidencial Henrique Capriles dio una conferencia de prensa en Bogotá y pidió que la OEA convoque “de emergencia” a su Consejo Permanente para abordar la situación en Venezuela, donde afirmó que el Tribunal Supremo dio un “golpe de Estado”. Al respecto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también consideró un “auto golpe de Estado” lo ocurrido en Venezuela. Afirmó que la decisión del TSJ de asumir las competencias del Parlamento, sumada a la adoptada ayer que retira inmunidad a los legisladores, son “los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”. “Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, señaló Almagro, que desde el año pasado encabeza una campaña para aplicar a Caracas la Carta Democrática del organismo.

La situación económica, social y política de Venezuela es verdaderamente catastrófica. El autoritarismo chavista ha devenido en una dictadura abusiva e insensible, que cada día acosa con mayor desparpajo a los opositores políticos y a los pobladores que reclaman una solución al empobrecimiento generalizado que los está llevando a la desesperación.

Todo esto empezó con una serie de medidas económicas heterodoxas que incluyen: la expansión del gasto del gobierno, el control de precios y medidas proteccionistas a la industria nacional, siempre y cuando fuera propiedad de los amigos del régimen. Estatizaciones, confiscaciones y regalos de petróleo y divisas a los países del circuito pro cubano, del llamado socialismo del siglo XXI. Basados en la proverbial riqueza de Venezuela, no midieron las consecuencias y generaron una inflación galopante, escases de divisas y energía, déficit fiscal, el colapso de la industria petrolera, escases de alimentos y divisas y, la entronización de las mafias del narcotráfico y la corrupción en las vísceras del régimen.

Lo que fue una vez una de las potencias económicas latinoamericanas y un peso pesado diplomático regional, ahora ha caído en una de las situaciones más trágicas del mundo. Desde hace mucho tiempo el gobierno ha detenido la publicación periódica de las cifras del PBI, pobreza, inflación y cualquier indicador económico o social que pueda mostrar el verdadero desastre de su manejo político.

El Fondo Monetario Internacional estima una contracción de 10 %, lo que haría de Venezuela la peor economía del mundo el año pasado. Algunos economistas privados son menos conservadores y estiman una caída de hasta 15 %. Los ingresos del petróleo representan el 95% de los ingresos de divisas, y su precio cayó más de tres cuartas partes desde 2014 antes de comenzar a recuperarse moderadamente el año pasado.

La hiperinflación va tomando cuerpo; el Fondo Monetario Internacional estimó que los precios subieron casi un 500% en 2016 de 122% el año pasado. Con la moneda del país cada vez más devaluada, algunas tiendas han empezado a usar la balanza para pesar los billetes en lugar de contarlos.

Los ciudadanos se han visto forzados a esperar en largas colas para encontrar bienes de uso común, alimentos y medicinas esenciales. Los saqueos por alimentos se están convirtiendo en parte de la vida cotidiana de muchos venezolanos. Actualmente hay más de 10 saqueos diarios en el país, según el Observatorio Venezolano de la Violencia. Y más de una cuarta parte de las protestas en 2016 fueron por comida.

Esta terrible situación económica ha traído un aumento en la criminalidad, llegando a un nivel que se lo podría considerar una crisis humanitaria. Las dimensiones exactas son difíciles de conocer, porque hace más de una década que el gobierno venezolano no publica información sobre la delincuencia.

El Observatorio Venezolano de la Violencia, un grupo no gubernamental, estimó que hubo 27,875 asesinatos en 2015, lo que haría que la tasa de homicidios de Venezuela sea una de las más altas del mundo: 90 homicidios por cada 100,000 habitantes. El grupo encontró que la tasa subió más en 2016, a 92 por 100,000. Uno de los motivos por el aumento en criminalidad es la falta de impunidad: un 92% estimado de homicidios no resultan en una condena.

Y la situación está aumentando la presión sobre el presidente Maduro, con un creciente sentimiento anti-gobierno impulsando los esfuerzos de la oposición para llevar a cabo un referéndum revocatorio. Y ante una crisis humanitaria provocada por un régimen dictatorial, nadie debe ponerse de costado. Es hora de presionar al gobierno venezolano con todo lo que esté a nuestro alcance para terminar esta tragedia que afecta a nuestros hermanos.

Como reclaman los líderes de los movimientos civiles, dentro y fuera de Venezuela: ¡Exigimos elecciones libres en 2017! Lampadia

El siguiente artículo de Jaime de Althaus que formará parte de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI, nos demuestra que la orientación de esta nueva norma va en contra de los intereses nacionales. Como se ha explicado anteriormente, uno de las mayores causas de los crecientes niveles de criminalidad en el Perú, es la impunidad, agravada por la falta de carcelería efectiva por los delitos menores, como producto de la laxa normativa actual.

Pues, por más increíble que pueda parecer, el proyecto del nuevo código amplía los espacios posibles para penas sin carcelería efectiva. Pareciera que el proyecto se ha escrito para ser aplicado en Noruega, donde se están cerrando las cárceles por falta de reos.

En todos los aspectos de la vida del país tenemos normas perniciosas, contradictorias, sobrepuestas y que se exceden largamente en el número de ellas, al mismo tiempo que traen un menor nivel de gobernanza. Es inaceptable que una revisión de un código tan importante sea diseñada para agravar nuestros males institucionales.

El proyecto del nuevo código penal no reduciría la inseguridad ciudadana

La discusión en torno al proyecto del nuevo Código Penal se ha centrado en problemas de inconsistencia y falta de proporcionalidad en la duración de las penas: delitos menos graves tienen penas más altas que otros más graves, y en el tratamiento benevolente a ciertas formas de discriminación, etc. Pero hay un aspecto aún más importante y en el que este proyecto retrocede reduciendo la posibilidad de dar una respuesta eficaz al problema de la inseguridad ciudadana, específicamente a la altísima tasa de victimización por delincuencia que nos asola, que es la más alta en América.

Hemos sostenido que la causa principal de tan alta tasa delincuencial radica en la impunidad: los delincuentes no son atrapados o si lo son, con frecuencia no se les castiga si el delito que han cometido tiene una pena de cuatro años o menos pues el juez tiene la facultad de suspender la ejecución de ese rango de penas, y eso es lo que hace. Pero lo que se ha olvidado es que según el artículo 29 del código penal, el juez tiene la facultad de aplicar penas privativas de la libertad efectivas de dos días o más. No lo hace porque no hay centros de detención locales o municipales donde los reos puedan cumplir penas cortas, y no tiene sentido enviar a Lurigancho a un sentenciado por una semana o un mes o tres meses.

Entonces lo que hemos propuesto es que las municipalidades construyan pequeñas carceletas para esa clase de delitos y que –en Lima- la justicia penal se descentralice a los distritos. Es decir, que en cada distrito haya cuando menos un juez, un fiscal y una pequeña carceleta, para hacer posible el castigo efectivo de los delitos menores, que son los que en mayor cantidad afectan a la población, y suprimir entonces la impunidad, que es la madre de la delincuencia. Sin impunidad, la tasa de victimización se encogería sensiblemente.  Esta es la solución que demandan, de otro lado, los juzgados de flagrancia para que se vuelvan realmente efectivos. Sin ella, caen en lo mismo: no pueden condenar a pena efectiva.

Pues bien, ocurre que el proyecto del código penal anula la posibilidad de condenar a penas privativas de la libertad cortas. Según el artículo 31.2 del proyecto “la pena privativa de la libertad tiene una duración mínima de dos años”, ya no de dos días. Increíble. No solo eso: el artículo  72 del proyecto de nuevo código penal establece que el juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que “la condena se refiera a pena privativa de la libertad no mayor de 5 años”. Es decir, sube de 4 a 5 años la pena cuya ejecución puede ser suspendida. Con lo que la esperanza de reducir la impunidad se aleja aun más.  

Al mismo tiempo, sin embargo, el proyecto sube las penas a varios delitos  cuando de nada sirve subir las penas si estas no se ejecutan o si en la base de la pirámide delictiva lo que reina es la impunidad total y, por lo tanto, la ley de la selva. Lampadia

Nuestro repositorio sobre la reforma del Estado: El Estado del Siglo XXI, ya ha tenido el privilegio de contar con la opinión de Carlos Zoe Vásquez, actual Director General de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia. En esta ocasión, Vásquez analiza el tema de la criminalidad, que ya ocupa el primer lugar de atención y preocupación de los ciudadanos.  

¿QUÉ SE NECESITA PARA REDUCIR LA CRIMINALIDAD EN EL PERÚ?

Carlos Zoe Vásquez Ganoza

Director General de Política Criminal y Penitenciaria

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

No cabe duda que, hoy en día, el problema de la delincuencia marca la agenda social, política y económica del país y de casi toda la región latinoamericana. Para el año 2015, 13 de 18 países encuestados han determinado que la delincuencia/seguridad pública es el problema más importante en el país, desplazando a los problemas económicos. 

Como todo problema social, la criminalidad requiere del diseño e implementación de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. A nivel internacional, la criminalidad se aborda en tres niveles: a) prevención primaria; b) prevención secundaria; y, c) prevención terciaria.

En términos sencillos, cuando hablamos de prevención primaria nos referimos a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de una comunidad (educación, salud, trabajo, etc.); trabajar en este nivel nos permite establecer condiciones que reducen oportunidades en la aparición de problemas.

La prevención secundaria es aquella que se enfoca en los factores de riesgo que van apareciendo y que, por decirlo en términos sencillos, aun no se han convertido en una infracción o delito. Podemos decir que se tratan de conductas antisociales (familias disfuncionales, consumo problemático de drogas, deserción escolar, pandillaje, bullyng, violencia de género, etc.); trabajar en este nivel nos permite evitar que dichos factores de riesgo se consoliden en una eventual infracción o delito.

Finalmente tenemos la prevención terciaria. Aquí los factores de riesgo ya se han consolidado y, por ende, las conductas se han convertido en delito o una infracción a la ley penal. A este nivel se desarrolla las acciones policiales, fiscales, judiciales y el sistema penitenciario. Trabajar a este nivel nos permite investigar, procesar, condenar y tratar al delincuente. 

¿Qué tipo de prevención ha realizado el Estado Peruano en los últimos años? 

El Perú se ha inclinado por invertir en prevención primaria y terciaria. En términos concretos, la prevención secundaria no ha recibido una asignación presupuestal como si la han tenido las dos antes mencionadas. Así, por ejemplo, en lo que respecta a prevención primaria, entre los años 2007 al 2014 se han gastado: 126,388 millones de soles en el sector salud (incluye gasto en el sector público y privado según INEI) y 211´653, 519 millones de soles en el sector educación (incluye gasto en el sector público y privado según INEI). De otro lado, en lo que respecta a prevención terciaria, por citar un ejemplo, para el año 2015 se asignaron 1,877’200,604 millones de soles al Poder Judicial; 10,385’465,148 al Ministerio del Interior; 1,418’106,293 al Ministerio Público; y, 1,613’190,986 para el Sector Justicia que incluye al Instituto Nacional Penitenciario.

Lo antes dicho no está mal. Por el contrario, la inversión en prevención primaria nos ha permitido reducir índices de diferentes enfermedades, contar con mayor infraestructura, ampliar el servicio de salud a la población más necesitada, etc. Así también, la inversión en la administración de justicia nos ha permitido impulsar políticas públicas como la reforma procesal penal, más efectivos policiales, mejorar sus condiciones, más fiscales, jueces y mayor inversión en infraestructura penitenciaria. Muchos podrán decir que no han sido suficientes los recursos asignados o que, pese a su asignación, se requiere mayor impacto.  No cabe duda de ello, pero lo que queremos ejemplificar hasta aquí es que el Estado ha invertido en prevención primaria (satisfacer las necesidades básicas de la comunidad) y prevención terciaria (investigar, juzgar y sancionar a los delincuentes).

¿Qué tan importante es comenzar a invertir en prevención secundaria, es decir, en factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que se cometa un delito?  Un análisis en el año 2012 sobre 5,201 adolescentes infractores a la ley penal en el Perú que se encuentran condenados, determinó lo siguiente: a) que el 45% de ellos provenían de familias desestructuradas; b) que el 56.5% había consumido drogas ilegales antes de su internamiento; c) que el 86.5% había ingerido alcohol en algún momento de su vida; d) que el 75.5 % había desertado de la educación básica regular; y, e) el 80.3% había tenido una experiencia laboral poco técnica y mal remunerada. 

Otro estudio presentado en el 2014 por Ciudad Nuestra (¿Quiénes son delincuentes en el Perú y por qué? Factores de riesgo social y delito en perspectiva comparada en América Latina), este ya a nivel del sistema penitenciario de adultos, determinó lo siguiente:

1. Familia:

• El 44.0% de sentenciados peruanos reconocieron que su padre los golpeaba cuando niños y el 39.2% afirmaron que su madre era golpeada.
• El 31.2% de los sentenciados peruanos tuvieron un familiar preso alguna vez y el 3.9% a su pareja.

2. Escuela

• Mientras que la deserción escolar promedio a escala nacional es del 13.9%, entre los sentenciados llegó al 59.8%.
• El 22.3% de los sentenciados peruanos tuvieron compañeros en la escuela que cometían delitos.

3. Barrio

• El 40.0% de los sentenciados peruanos tuvieron mejores amigos que cometían delitos cuando menores de edad.
• El 41.3% de los sentenciados peruanos vivieron, cuando niños y adolescentes, en barrios con presencia de pandillas o bandas delictivas y el 29.2% con riñas y peleas frecuentes.

4. Alcohol y drogas ilegales

• Una tercera parte de los sentenciados peruanos (32.1%) consumieron alcohol o drogas ilegales antes de cometer el delito, el segundo consumo más bajo de la muestra. Casi el 90.0% de este consumo correspondió al alcohol.

Concluyo: el crecimiento económico de los últimos quince años nos ha permitido invertir en las necesidades básicas de la población (prevención primaria); asimismo, la administración de justicia ha recibido asignaciones presupuestales que le ha permitido – no como quisiera – implementar políticas modernas (prevención terciaria). Peor poco o casi nada se ha invertido en programas que aborden factores de riesgo que incrementan la probabilidad de la comisión de un delito (prevención terciaria).  Este es el ámbito que el próximo gobierno debe comenzar a visualizar. Las cifras de la población de adolescentes y adultos condenados nos están mostrando el camino a seguir por los próximos años. Esperemos que algún candidato nos proponga algo frente a la prevención secundaria y no propuestas populistas. 

Continuando con el desarrollo de nuestro repositorio ‘El Estado del Siglo XXI’, publicamos a continuación el artículo de Carlos Zoe, sobre los códigos y procedimientos penales.

Carlos Zoe Vásquez Ganoza

Director General de Política Criminal y Penitenciaria

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

El Perú, dentro del sistema de justicia penal, cuenta con tres (3) códigos o normas de carácter general: a) el código penal de 1991 que regula los delitos y sus penas; b) el código procesal penal de 2004 que regula el procedimiento que se llevará a cabo para imponer dichas penas; y, c) el código de ejecución penal de 1991 que establece la forma de cómo se cumplirán las penas impuestas en el sistema nacional penitenciario.

Desde el año 1991, el Código Penal y, con ello los delitos y las penas que regula, fue modificado 575 veces: el 72% de esas modificaciones fueron para “agravar las penas”; un 20.5% para incorporar “formas agravadas”. De otro lado, el Código Procesal Penal de 2004 fue modificado 33 veces, 70% de ellas para “flexibilizar algunas instituciones procesales de cara a la criminalidad organizada”, como es el caso de la Ley N° 30077, Ley de Crimen Organizado. Finalmente, el código de ejecución penal siguió una suerte similar desde el año 1991, con 50 modificaciones, de las cuales un 86% fueron para “eliminar beneficios penitenciarios” (basta ver las Leyes N° 30076 y 30077);  

MODIFICACIONES NORMATIVAS

(1991-2015)

Hasta aquí podemos concluir una primera premisa: frente al problema de la criminalidad, el Estado busca siempre respuestas de carácter legal, especialmente punitivas, en el entendido que “a mayores sanciones, menos beneficios y mejores instituciones procesales” se podrá “reducir la criminalidad”.

Esta política criminal “normativa” de carácter “represivo”, en la mayoría de los casos, ha sido de “corto plazo”, fundada especialmente frente a fenómenos sociales temporales o violentos, por lo que es considerada como una política “reactiva”, sin sustento empírico alguno, en algunos casos sin marco constitucional que los respalde y, como regla, ha carecido de un monitoreo o seguimiento del impacto de dicha norma para con la finalidad argumentada en las exposiciones de motivos de los proyectos de ley que le dieron vida.

¿Pero es cierto que a mayores penas, menos beneficios y mejores instituciones procesales” se podrá “reducir la criminalidad”? La hipótesis de que dicha política se orienta a la reducción de la criminalidad no es contrastable. Por el contrario, la fuente empírica determina que, allí donde se verifican incrementos significativos en las tasas de victimización (delitos), se ha verificado a su vez que las normas se habían endurecido (incremento de penas). En conclusión, no hay relación alguna entre el crecimiento o reducción de la delincuencia con el aumento de las penas. (Solo un ejemplo: para el año 2004 se modificaron 31 delitos para aumentar sus penas; al siguiente año tuvimos una de las tasas de victimización más altas 47%).

VICTIMIZACIÓN Y MODIFICACIONES PUNITIVAS  (2006-2011)

De otro lado, este año el Legislativo otorgó facultades al ejecutivo, mediante Leyes N° 30335 y N° 30336, para legislar en materia de seguridad ciudadana y económica. De los 66 Decretos Legislativos que se han promulgado, 31 de ellos son sobre seguridad ciudadana. De estos, no cabe duda que el Decreto Legislativo N° 1194 que regula el proceso inmediato para casos en flagrancia ha sido el de mayor impacto. Solo en su primer mes de vigencia ha logrado, según información del poder judicial, resolver más de mil casos en tiempos menores a una semana desde producido el hecho.

El caso más emblemático es el que hemos asistido en los últimos días: la condena de 6 años y 8 meses de pena privativa de libertad, en menos de una semana, a la ciudadana Silvana Buscaglia. La sanción por haber cometido el delito de violencia a la autoridad en su forma agravada (violencia frente a un efectivo policial) ha puesto en debate la “proporcionalidad de la pena impuesta”.

El delito de violencia a la autoridad en su forma agravada se encuentra tipificado en el código penal en su artículo 367 y ha sufrido, desde su vigencia en el año 91 a la fecha, 4 modificatorias. Esto ha determinado que este delito, sancionado en el año 91 con una pena no menor de 3 ni mayor de 6 años, pase a tener una pena no menor de 8 ni mayor de 12 cuando la violencia se realiza sobre un efectivo policial, estableciendo incluso una pena no menor de 10 ni mayor de 15 años si como consecuencia de la violencia deviene la muerte la víctima.

Vamos concluyendo. Así como ha existido reformas interesantes dentro del sistema de justicia penal, como ha sido el Código Procesal Penal de 2004, un código moderno y eficaz (que incluye la posibilidad del proceso inmediato con condenas rápidas), también es cierto que ha existido toda una política punitiva que se ha traducido en el aumento de penas y eliminación de beneficios penitenciarios, lo que ha determinado que hoy el juez no tenga otra opción que imponer penas desproporcionadas y que cada día más internos no accedan a beneficios penitenciarios y, con ello, hayan dejado de trabajar o estudiar dentro de los establecimientos penitenciarios.

Desde hace ya más de 2 años, el Congreso ha tenido en sus manos la posibilidad de promulgar un nuevo código penal moderno, que responda a las nuevas tendencias actuales y no a las que fundamentaron el código de 1991. Lamentablemente al cierre de esta legislatura esto no ha sido posible. Esperamos que esta reforma se logre con un nuevo gobierno y un nuevo legislativo para el año 2016 y podamos tener procesos simplificados, rápidos, pero sobre todo, justos. Lampadia

En Lampadia venimos afirmando que el mejor índice para medir el desarrollo de un país y la pobreza, vìs-a-vìs el resto del mundo, es el PBI per cápita. Este indicador cumple con dos condiciones principales: mostrar la evolución y compararla performance de un país. El mismo The Economist desmitifica las mediciones de la pobreza que pretenden crear indicadores sofisticados como el de la pobreza multidimensional, puesto que en el tiempo, el PBI per cápita da los mismos resultados. (Ver en Lampadia: No nos equivoquemos sobre cómo medir la pobreza).

Sin embargo, en términos del diseño de políticas públicas holísticas del bienestar, si es conveniente monitorear otros indicadores. El nuevo Índice de Progreso Social (IPS) preparado por el Profesor de Harvard, Michael Porter (ver en la sección Índices y Estadísticas: Índice de Progreso Social 2015), tiene la ventaja de mostrar con mayor detalle la situación de la pobreza en un país y es de gran utilidad para formar las políticas macroeconómicas y microeconómicas necesarias para luchar contra la pobreza y brindar las mayores oportunidades a las personas. A diferencia de otros intentos de medir el bienestar, como El Índice de Progreso Social y el PBI per cápita (ver nuestro comentario en Lampadia), éste sí incluye el PBI per cápita y por lo tanto es más comprehensivo y útil.

El IPS evalúa 52 elementos, que incluyen desde la criminalidad, pasando por la igualdad de género, hasta los niveles de alfabetización, los cuales ponen sobre la mesa la capacidad de los países de cumplir con las necesidades básicas de sus ciudadanos y darles las oportunidades para que puedan mejorar dentro de sus sociedades.

El creador de este ranking asevera que el progreso social no sólo puede ser medido a través del crecimiento económico de un país. De hecho, se ven en el ranking países que han tenido un desempeño económico pobre (o han pasado por crisis o austeridad) y, a pesar de ello, están en una posición de “progreso alto”, como es el caso de Portugal (18), España (20), Italia (31) y Grecia (34).

El enfoque utilizado por este indicador para determinar el rendimiento relativo de un país a su PBI es comparar su rendimiento con otros 15 países con un PBI per cápita similar. Una ‘fortaleza’ es un rendimiento significativamente mayor que el promedio de la puntuación de este grupo, mientras que una ‘debilidad’ es un rendimiento significativamente inferior al promedio de la puntuación. Un rendimiento ‘neutral’ es ni fuerte ni débil, sino que está ubicado en el mismo rango que sus pares.

Sólo 15 países de los 133 medidos por el IPS son ‘overperformers’, es decir, han logrado un puntaje significativamente mejor que los países con ingresos similares. Cuatro de los países ‘overperformers’ están en América Latina y el Caribe (Costa Rica, Uruguay, Jamaica y Chile). Según Porter, son los constantes esfuerzos durante las tres últimas décadas en construir instituciones democráticas, así como fuertes movimientos cívicos que defienden causas sociales y ambientales, lo que les ha permitido a muchos países de América Latina obtener buenos resultados en comparación con sus pares de ingresos globales.

Argentina se ubica en el puesto 38 del ranking,  mientras que Panamá y Brasil están en los puestos 41 y 42, respectivamente. Colombia ocupa la posición 49 de los países con mayor progreso social en este año; Ecuador en el puesto 51; México, Perú y Paraguay, están en los lugares 54, 55 y 56 respectivamente. Estos países son considerados como naciones con un progreso social medio alto. El Salvador (68), Venezuela (72), Bolivia (73), República Dominicana (77), Nicaragua (78) y Guatemala (79), están en el segmento de progreso social medio bajo.

En un análisis más detallado, el Perú se encuentra en el puesto 11 en América Latina. En la dimensión de Necesidades Humanas Básicas, el Perú tiene mejor desempeño en Nutrición y asistencia médica básica (llega al nivel de ‘overperformer’) y tiene la mejor oportunidad de mejorar en el componente de Seguridad Personal. En la dimensión de Fundamentos para el Bienestar, el Perú tiene mejores resultados en Acceso a conocimientos básicos pero sus resultados son más bajos en Sostenibilidad del ecosistema. En la dimensión de Oportunidades, Perú tiene resultados más fuertes en Derechos Personales y puede mejorar su desempeño en Acceso a Educación Superior.

Los indicadores del Perú se ven en el siguiente gráfico:

Para desarrollar el índice, Porter a trabajado con instituciones locales. En el caso del Perú lo ha hecho con los siguientes “partnered networks” (redes asociadas):

• El Ministerio de Cultura
• El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
• CIES
• Fundación Avina
• Grupo Radio Programas del Perú
• Perú 2021
• Sociedad Nacional de Industrias
• Soluciones Empresariales contra la Pobreza
• UNACEM
• Universidad del Pacífico

Porter espera que el Índice de Progreso Social pueda ser una herramienta útil que impulsará a distintos países en la dirección correcta. Actualmente está trabajando con los líderes a nivel nacional de varios países, entre ellos Brasil, Colombia y Paraguay, donde el IPS es un elemento central de sus planes nacionales de desarrollo. “Ahora, la conciencia general es que se trata de una herramienta fundamental y una necesidad. La gente está empezando a usarlo para reflexionar sobre la forma en que se puede lograr el progreso social en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra región, en nuestra ciudad”, dice.

La conclusión final del reporte afirma que el desarrollo económico es necesario pero no suficiente para el progreso social. El nivel de desarrollo general de un país puede no mostrar claramente las fortalezas y los desafíos sociales y ambientales. A nivel desagregado, el índice de progreso social muestra áreas de bajo rendimiento y de éxitos en todos los países con diferentes niveles de ingresos.

El Índice de Progreso Social ofrece un muy buen complemento para evaluar una serie de políticas e iniciativas destinadas a hacer frente a la pobreza y proporciona una poderosa herramienta para que los líderes de los gobiernos identifiquen las prioridades en sus presupuestos y planes de acción. No dejemos de tomarlo en cuenta en los próximos análisis de las políticas públicas del país. Lampadia

América Latina es una de las regiones en las que más homicidios se producen según el Banco Mundial. De ellos la mayoría son cometidos y tienen como objetivo a jóvenes. “La población joven constituye la mayoría de víctimas y victimarios de los homicidios en América Latina y el Caribe. El 43% de todas las víctimas en el mundo son jóvenes entre 15 y 29 años, y 7.9% son niños entre de hasta 14 años. En las Américas, una de cada siete víctimas es un hombre joven, según la UNODC (ONU para drogas y crímenes)”, señala el BID.

El Perú no es la excepción. Los asesinos son cada vez más jóvenes. Recientemente, la policía capturó a dos adolescentes que habían sido enviados a asesinar a una dirigente de Polvos Azules. Esta realidad es pavorosa. El padre de uno de ellos les dio el “encargo”. El uso de sicarios adolescentes se ha popularizado aprovechando los vacíos legales que protegen a los menores. Esto ya fue cambiado en muchos países.  

Semanas atrás, la División de Homicidios de la DIRINCRI informó por primera vez la cifra de homicidios cometidos por sicarios. De acuerdo a la PNP, hasta setiembre de este año, se produjeron 288 asesinatos por mano de sicarios. Es decir, la tercera parte del total de los 972 homicidios. 

“La Libertad ocupa el primer lugar con 88 asesinatos cometidos por sicarios. Le siguen Lima con 65 y Callao con 39. Según el estudio, los sicarios operan más en las provincias de Lima, Cañete y en El Callao, así como en el distrito de San Juan de Lurigancho. (…). En su mayoría, los sicarios son adolescentes y jóvenes entre los 14 y 25 años. Pueden matar hasta por S/.300. “A veces a los menores ni siquiera les pagan. Cometen el crimen para demostrar que son valientes, como un reto para ser incluidos dentro de una organización” señaló a El Comercio el coronel Ricardo Cano, jefe de la División de Homicidios de la policía. Interesante remarcar que el nuevo Alcalde de Trujillo es Elidio Espinoza, el antes defenestrado jefe de la policía en La Libertad, por, supuestamente, haber tenido “mano muy dura con los criminales”.

Émulos de Billy the Kid, se podría decir, tal y como lo describió Borges: “el joven de los duros pistoletazos que aturden el desierto, el emisor de balas invisibles que matan a distancia, como una magia. (…) El casi niño que al morir a los veintiún años debía a la justicia de los hombres veintiuna muertes, “sin contar mejicanos”.

Siguiendo la tendencia latinoamericana, en el Perú,las víctimas también son jóvenes. “El 48% de los crímenes cometidos por sicarios en el Perú en este año  ocurrió por ajuste de cuentas y el 27% por enfrentamiento entre bandas. El 25% de los asesinados no tenía ocupación conocida, es decir, que estaba al margen de la ley”, refirióel Coronel Cano.

Este alto porcentaje se debe a las disputas entre bandas rivales y pugnas por cupos en el “negocio de extorsión” en las obras de construcción civil. 

¿Cómo romper este círculo en el que los jóvenes crecen en un ambiente en que se glorifica e incita el asesinato? ¿Qué alternativas existen para romper el hábito de delinquir?

“Por más de una década, la respuesta a esta simple pregunta ha sido uno de los retos más difíciles. Una de las soluciones más novedosas – y prometedoras – de los últimos años ha surgido en Chicago”, sostiene el programa de Seguridad Ciudadana del BID.

“Cure Violence, es uno de los pocos programas que han resultado ser efectivos en prevenir la propagación del (…) homicidio en barrios vulnerables.  Basándose en el modelo de salud pública combate la violencia trabajando con pandillas y busca la resolución de conflictos entre jóvenes en riesgo. Más aún, procura verdaderos cambios en conductas y normas en la comunidad”.

Este programa emplea los métodos de prevención de epidemias, pues considera que la violencia es un tipo de epidemia que puede y (debe) ser cortada. Así lo explica Brent Decker, International Director de Cure Violence. Este enfoque es similar al de Bratton de “tolerancia cero” y “el síndrome de la ventana rota”. Cure Violence se enfoca en tres líneas:

1. Interrumpir la propagación

2. Prevenir trabajando en cambios de las conductas en los grupos de riesgo

3. Variar las normas (valores) que rigen a la comunidad

La aplicación de este método está a cargo de los llamados “interruptores de violencia”,que son miembros de la comunidad con prestigio y capacidad para identificar y cortar los espirales de violencia. Como se sabe, un hecho de sangre lleva a otro y a otro. La venganza y el ojo por ojo es la Ley del Hampa.

Asimismo, se trabaja con los grupos más vulnerables. Se utilizan técnicas, énfasis y enfoques diferentes de acuerdo a cada realidad.El esfuerzo es a largo plazo, para cambiar el recurso de la violencia como algo natural.

A la par, se intenta cambiar los valores de la comunidad que suelen alentar la aplicación de la violencia. Eso se realiza con campañas públicas, conversaciones y charlas con la comunidad. 

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos realizó un estudio sobre la efectividad de este programa con datos de los últimos 10 años y probó su contribución a la reducción de la violencia hasta en un 49% y a las de homicidios hasta en un 24%. Este método se está replicando en otras ciudades del EEEUU, Trinidad y Tobago, Colombia, México y Honduras.

Este tipo de experiencias deberían emplearse en el Perú. Dejemos de improvisar y de inventar la pólvora. Como señalamos en Lampadia (ver en L: Necesitamos a Bratton (no a Patton), si en el 2004 se hubiese aplicado el Plan Bratton, no estaríamos sufriendo las consecuencias de esta ola criminal, que según el INEI entre el 2011 y el 2014 los homicidios se incrementaron en un 24%. 

El mundo ofrece varias soluciones, otra alternativa es analizar la colombiana, en la que se reformó la policía primero y luego se combatió al crimen. Esta fue ejecutada por oficiales probos y destacados que pusieron especial énfasis en los trabajos de inteligencia. El líder más destacado de este exitoso proceso fue el general Óscar Naranjo, quien pronto nos visitará en el CADE. 

Soluciones hay, capacidad política, no sabemos. Pero la paciencia de la sociedad, ya se agotó. Lampadia