Una de las grandes falencias del Perú es su pobre nivel de infraestructuras sociales y económicas. Las económicas permiten un mejor nivel de competitividad de las actividades productivas del país. Las sociales permiten el acceso de los pobres a la modernidad, a un mejor nivel de vida y a la economía de mercado.

Es por eso que análisis como el recientemente publicado por el IPE (ver en nuestra sección Documentos: IPE – Infraestructuras), son tan importantes. Eliminar las brechas de infraestructuras no solo permitirá reducir los costos de transacción de las empresas y los ciudadanos, sino que también ayuda a los pobres a tener acceso a electricidad, caminos y telecomunicaciones. Ver en Lampadia: Destrabemos la construcción de nuestro futuro.

Como muestra el gráfico superior, existe una gran diferencia en el bienestar (sobre todo por el acceso a servicios básicos) entre las zonas rurales y urbanas. Una mejora de las infraestructuras ayudaría a reducir la pobreza en el país, especialmente en las zonas rurales. Lo más apremiante es acceso al desagüe, que es la brecha más importante (tan solo el 15% cuenta con este servicio básico).

Un trabajo que subraya que las infraestructuras tienen un enorme impacto en la reducción de la pobreza es el reciente libro de Richard Webb, Conexión y despegue rural que demuestra que los avances en infraestructuras en la sierra rural han producido una revolución económica en la región más pobre del Perú. La conclusión de esta investigación es clara: mientras en el período 1900-1994 (casi 100 años) el crecimiento de los ingresos fue de solo 1.4% por año, pero entre el 1994 y el 2011, los ingresos se incrementaron a un ritmo de 7.2% anual, una prueba de que los beneficios de la economía de mercado llegaron a todas las zonas del país. Lo que no es óbice para reiterar que lo que falta por hacer es aún inmenso.

Según el IPE y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, la brecha total de infraestructuras es de US$ 160,000 millones, de los cuales el 36% se centra mayormente en el sector transporte (gran parte en carreteras), 19% en energía y 17% en telecomunicaciones. Esto se puede observar a más detalle en el siguiente cuadro:

Sin embargo, la cartera de proyectos de ProInversión al 2016 es de tan solo US$ 6,346 millones. Y, de los proyectos que se han concesionado, una buena parte no logra ejecutarse por diferentes trabas y trámites burocráticos.

El principal problema, según el IPE, es la inexistencia de un plan nacional de infraestructuras en el Perú. Países como Colombia, Chile y México sí los tienen (Chile cuenta con un plan hasta el 2025). Es así que hasta ahora no mejoramos en el pilar Infraestructuras del Global Competitiveness Report del Foro Económico Mundial y nos mantenemos por debajo de otros países de la región.

Un plan nacional de infraestructuras ayudaría a planificar de forma integral y expansiva los proyectos en el país, además de orientarse al mediano y largo plazo. Una reciente publicación de McKinsey sobre el último foro de Iniciativas Globales de Infraestructura (GII por sus siglas en inglés), sugiere que casi el 40 % de los US$ 9 millones de millones invertidos en infraestructura anualmente se mal gasta debido a los cuellos de botella, la falta de innovación y fallas administrativas. El plan ayudaría a tener una visión conjunta al futuro, necesaria ya que tiene que ser diseñada para cumplir con su función durante sus 30 a 40 años de vida, con una capacidad de adaptación para satisfacer una demanda cada vez más cambiante.

El IPE afirma que existirían “prácticas inadecuadas en el proceso de inversión pública”. La inadecuada formulación de proyectos explica que haya 560 obras públicas paralizadas. El 74% son de administración directa y se concentran en gobiernos locales.

Otro punto importante es que se proponen muchos proyectos pequeños en vez de grandes proyectos. El informe del IPE afirma que en 2011 los gobiernos regionales programaron proyectos,  que implicaron la contratación de 285 perfiles, expedientes técnicos, contratos de obra y contratos de supervisión, generando finalmente 1,140 contratos en poco más de un año.

También existe un exceso de trabas burocráticas. La falta de coordinación gubernamental genera severos obstáculos para la provisión adecuada de los servicios públicos. Se tienen que eliminar o acortar el número de normas y permisos que enfrenta la actividad minera y los proyectos de infraestructuras. IPE cita un ejemplo publicado en el Diario El Comercio, en el que se explica como el inicio de las obras de instalación del aire acondicionado en el aeropuerto de Piura demoró cerca de 4 años debido principalmente a una gestión ineficiente. 

El IPE termina su informe proponiendo unas recomendaciones, como la elaboración de un plan de mediano-largo plazo, con un horizonte mínimo de 10 años y sujeto a revisiones periódicas. Dicho plan debe priorizar las necesidades de los servicios públicos y empaquetar múltiples proyectos en uno solo. Con respecto a la inversión rural, se debe propiciar una inversión en “combos”, en vez de realizar inversiones individuales en sectores y tiempos diferentes. La complementariedad demostró tener mayor impacto.

Esto es importante porque, como afirma McKinsey, los planes de infraestructuras sirven para “cumplir con las necesidades de los ciudadanos actuales y futuros, impulsar la mejora del crecimiento económico y reducir al mínimo las disparidades socioeconómicas. Pero para ello es necesario traducir las ideas de pequeños proyectos en mega proyectos viables, políticamente resistentes y adaptables en una dinámica cambiante. Para lograrlo, es fundamental: trabajar con los tomadores de decisiones a nivel local para llevar a cabo los proyectos; involucrar a todos los actores y socios potenciales desde el principio, una visión de futuro y de los potenciales beneficios; trabajar con los gobiernos para generar apoyo público y gestionar las expectativas de los mega proyectos; y el fomento de la experimentación y el procesamiento en paralelo del diseño, ingeniería, estudios ambientales y contratación para reducir el tiempo de planeamiento y ejecución para permitir la innovación que tanto se necesita.”

Para lograrlo, el IPE sugiere restructurar ProInversión, complementando sus funciones para diseñar, promover y ejecutar los proyectos de inversión. Deberá coordinar con las autoridades pertinentes para la pronta ejecución de los proyectos, eliminando posibles trabas, así como realizar evaluaciones expost de los proyectos.

Como se pude observar, entonces, resolver los déficits de infraestructuras es un asunto urgente y requerirá de grandes reformas. Ya hemos dicho que no hay desarrollo sin crecimiento económico. Ver en Lampadia: Infraestructuras: menos pobreza y más desarrollo

En Lampadia hemos insistido varias veces en la necesidad de ser ambiciosos e imaginativos para cerrar las brechas de infraestructuras en el menor plazo posible. Para ello es necesario diseñar un esquema de financiamiento de las contrapartes del Estado en los proyectos concesionados, no se puede estar buscando soluciones caso por caso. Ver: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones y Estrategia para el financiamiento de las Infraestructuras. En esencia, nuestra propuesta pretende inyectar unas chispas que enciendan el debate sobre cómo financiar nuestros requerimientos de infraestructuras aprovechando las condiciones estructurales, favorables de nuestra economía.

Esperamos que este análisis y el esfuerzo del IPE, conlleven a un planteamiento efectivo y a ejecutar las reformas necesarias que faciliten el desarrollo de nuestras infraestructuras. Lampadia

Ayer publicamos un análisis sobre la importancia de que los reguladores financieros promuevan el desarrollo de la demanda para los servicios financieros digitales de y como esto llevaría una mayor inclusión social, en la medida que responda a las necesidades y capacidades de los pobladores. (Ver en Lampadia: Inclusión Financiera: Foco en la demanda (necesidades y limitaciones). Ahora queremos revisar el lanzamiento de la primera billetera digital.

Con más de 40,000 agentes bancarios y 10.6 millones de tarjetas de débito (según un informe de Inclusión Social del BID), el Perú tiene un sector financiero formal relativamente bien desarrollado. Sin embargo, más del 70% de los peruanos están excluidos financieramente. Esto se debe a una gran variedad de razones, como los costos de transacción, el analfabetismo financiero y la falta de accesibilidad en zonas remotas.

Pero uno de las grandes ventajas del Perú para superar estas limitaciones, es el crecimiento acelerado del alcance de los servicios móviles. Los niveles de uso de teléfonos móviles en todo el país, más del 87% de los hogares (según el INEI), muestran el alto potencial para la inclusión financiera a través de la innovación de servicios financieros, en particular con el dinero móvil. 

Probablemente este sea el motivo o la inspiración del proyecto Modelo Perú (una colaboración entre las instituciones financieras, el gobierno y las empresas de telecomunicaciones). Este proyecto acaba de ser lanzado el martes. Se llama Bim (apócope de Billetera Móvil), la billetera móvil de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) que no requiere cuenta bancaria y busca sumar 3.5 millones de usuarios en cuatro años. La proyección, según explicó Carolina Trivelli Ávila, la responsable del sistema, es de contar con 5 millones de clientes en 5 años, lo cual contribuirá a incorporar ciudadanos al sistema financiero, que en la actualidad tiene entre 10 y 12 millones de excluidos. No queda claro que porcentaje de los clientes del sistema sería a personas no bancarizadas.

¿Cómo funciona? Abrir una BIM es fácil, sólo se necesita marcar el *838# desde el celular, llenar los datos del DNI y luego de unos simples pasos se tendrá el acceso al sistema. Para empezar a depositar y retirar dinero, sólo debes acercarse  a cualquiera de los 4 mil agentes corresponsales identificados como agentes BIM.  

Uno de los puntos más publicitados de este proyecto es que no está restringido a los bancos, más bien congrega a más de 30 emisores de dinero electrónico “en una plataforma tecnológica que permitirá la interoperabilidad entre emisores y entre empresas de telecomunicaciones, desarrollando un nuevo medio de pago de una manera más eficiente, rápida y segura” (afirma la página web de Bim).

Sin embargo, ese “beneficio” también trae consigo una falla muy importante: costos relativamente altos para los ciudadanos más pobres. Cada empresa asociada a este proyecto incluye un pequeño costo, el cual se ve reflejado en el costo final de cada transacción hecha. Esto es contraproducente con el fin del proyecto: la inclusión financiera. Dicho de otra manera, se busca aumentar la  incorporación de más peruanos (especialmente de las zonas de menores recursos) a los beneficios del sistema financiero formal, sin necesidad de utilizar dinero efectivo ni contar con la presencia física de las personas para hacer pagos y transacciones e incluso sin tener una cuenta en el banco. Por lo visto el desarrollo planteado sigue los procesos financieros tradicionales en que los costos de los servicios son absorbidos por los clientes, en vez de promover, para el segmento de clientes más pobres, cadenas de valor de bienes y servicios que permitan compartir beneficios marginales con los clientes finales, tal como indicamos se está haciendo en África. (Ver: Inclusión Financiera: Foco en la demanda (necesidades y limitaciones).

Con este esquema no se logrará la inclusión del segmento más necesitado. Mientras que afiliarse al sistema o recargar no tiene costo, sí habrá un costo cada vez que alguien envía o retira dinero. La persona que haga envíos de dinero pagará 0.50 soles por montos menores o iguales a 100 soles. Si el monto está entre 101 y 500 soles la operación cuesta 1.50 soles y transferir más de 500 soles costará dos soles. También se ha previsto un costo cuando se retira dinero en efectivo: Hasta 300 soles costará 1.50 soles y 2.50 soles para montos mayores. En tanto, las consultas de saldo no tienen costo. Ver tarifario:

Estos costos pueden no parecer altos, pero pueden llegar a sumar cargos onerosos en periodo el tiempo. Para una familia pobre, 50 céntimos significan 2 panes. Además, va en contra de la inclusión financiera, que busca la  incorporación de más peruanos (especialmente de las zonas de menores recursos) a los beneficios del sistema financiero formal, sin necesidad de utilizar dinero efectivo ni contar con la presencia física de las personas para hacer pagos y transacciones e incluso sin tener una cuenta en el banco.

Como afirmamos en el artículo de ayer, según el Centro Internacional de Finanzas y Regulación (CIFR): “los esfuerzos para mejorar la inclusión financiera mediante servicios financieros digitales podrían ser desperdiciados si es que no se llega a los consumidores en las condiciones adecuadas. Se afirma que el problema es particularmente apremiante en los mercados emergentes, justamente en dónde los servicios financieros digitales tienen el mayor potencial para mejorar la inclusión financiera.”

Lamentablemente, la mayoría de medios no se han percatado que estos costos son justamente la barrera que limitará la cantidad de usuarios de su billetera móvil. Y no son los únicos. Pronto saldrán al mercado dos competidores más: “Wanda” impulsado por Telefónica del Perú y asociado con MasterCard y “aPanda” del Grupo La República. Las 3 empresas ofrecen en esencia la misma idea, brindar al usuario una alternativa segura al dinero físico, que facilite los pagos y transferencias. Sin embargo, cada empresa tiene ciertos rasgos que las diferencian.

En el caso de Wanda, su principal debilidad se encuentra en su plataforma, la cual solo opera con usuarios del operador telefónico Movistar. Ello dificulta la conformación de un ecosistema natural de pago y transferencia, ya que existen usuarios que podrían tener celulares de empresas de otros operadores.

APanda, por su lado, tiene un costo variable para la transferencia de fondos de la billetera móvil. Cobrará una tarifa plana por cada envío de dinero, así sean 5 o 1,000 soles, pero Scotiabank ha optado por asumir el costo de las transacciones (Según La República). Esto cambiará eventualmente, ya que “se espera que con la reglamentación de la ley se apunte a regular los precios de uso de la infraestructura telefónica de manera justa, apuntando incluso a una ‘tarifa social’.”

Esperamos que estas empresas tomen algunas de las ideas matrices que hemos publicado y mejoren sus propuestas, una muy buena iniciativa, pero falta mejorarla para lograr efectivamente el objetivo final. Esto ya está implementando en otros lugares, como en el África, donde las dificultades para inclusión financiera son mucho mayores que en América Latina. Ya se están haciendo desarrollos muy importantes donde lo que buscan es crear cadenas de valor de bienes y servicios que permitan que los costos operativos de los servicios financieros no sean trasladados a las poblaciones pobres, sino mas bien absorbidos en dichas cadenas de valor.

Tampoco somos los únicos en América Latina. Paraguay fue el primer país de la región en lo que se refiere a una expansión de los servicios de dinero electrónico no bancario y un mayor acceso a la inclusión financiera digital. El veinte por ciento de la población de Paraguay está utilizando medios móviles para realizar sus operaciones y ahora hay más suscriptores de dinero electrónico para móviles que cuentas bancarias en el país.

Otros países de América Latina también están adaptándose rápidamente y creando leyes y regulaciones enfocadas a incrementar la inclusión financiera digital, como por ejemplo en Uruguay, Colombia y Bolivia. La reciente ley de inclusión financiera en Uruguay exige que en los próximos cuatro años todos los organismos de gobierno utilicen métodos de pago electrónico (una de las recomendaciones de EY en su informe “Building consumer demand for digital financial services – the new regulatory frontier”). Además, garantiza una mayor inclusión financiera, ya que la ley fuerza a que estos métodos de pagos electrónicos sean gratis para abrir una cuenta, no incluyan gastos de mantenimiento y no tengan requisitos de saldo mínimo.

En Lampadia celebramos la gran iniciativa inclusiva y tecnológica que se ha hecho, pero esperamos que tomen estas consideraciones para lograr una verdadera inclusión financiera, donde más se necesita. Lampadia

• Se acabó el crecimiento
• Se basó en los precios de los commodities
• Hubo crecimiento pero no desarrollo
• Ahora necesitamos inversión pública
• El crecimiento potencial está entre 3 y 4%
• Crecimos pero no le llegó a todos

Últimamente, muchos se dejan llevar por los que anuncian el fin de nuestro ciclo de crecimiento y esto lo relacionan y sustentan en los ajustes de la economía china y la reducción de los precios de los commodities. Pero pocos hacen un análisis de algunas líneas estratégicas o por lo menos unas cuantas relaciones causa-efecto de los acontecimientos de los últimos años.

En Lampadia queremos revisar este importante tema y plantear tres reflexiones al respecto:

• Cuándo empezó nuestro ciclo de crecimiento
• Por qué se paró el crecimiento
• Cómo podemos crecer alto y sostenido

El gran ciclo de crecimiento empezó con la Constitución de 1993

Desde principios de los años 60, el Perú perdió el rumbo de desarrollo; terminó empobrecido, sin inversión privada, alejado del resto del mundo y con crecimiento negativo. Todo se inició con las perniciosas ideas de Prebish, la CEPAL y la sustitución de las importaciones. Políticamente empezó con el primer gobierno de Belaunde, siguió con la dictadura militar, el segundo gobierno de Belaunde y terminó en la euforia tercermundista del primer gobierno de García.

En ese lapso se terminó prohibiendo la inversión privada en el campo, la minería, la pesca y hasta en el turismo. Se hizo lo mismo que en la Venezuela chavista de hoy y, por supuesto, los resultados, como todos reconocen, fueron nefastos.

Esto se corrigió recién con la captura del genocida Abimael Guzmán y con la promulgación de la Constitución de 1993 que trajo el regreso de la inversión privada. Así fue que entre 1993 y 1997 el PBI del Perú creció en un promedio de 6.8% anual. Ver gráfico:

Este período de crecimiento se suspendió por gracia del corte de la cadena de pagos y la larga recesión en la que el país se sumergió por miedo a la pasajera crisis asiática de 1998, bajo la errada conducción del ministro de Economía y Finanzas de entonces, Jorge Baca Campodónico.

Una vez superada la recesión, retomamos el crecimiento de la mano de la inversión privada que además recibió el impulso de los positivos factores externos de los precios de commodities, las tasas de interés y la abundante liquidez internacional. Lo que debe quedarnos claro es que el crecimiento alto y sostenido duró 20 años, incluyendo la caída del 98 y la del 2009 fue un solo proceso: la exuberancia económica de un país que estuvo sediento de inversión por treinta años (60 – 90).

El ciclo de crecimiento se interrumpió a partir del 2011

Como hemos explicado anteriormente, el ciclo virtuoso que tuvimos fue interrumpido en el 2011 con lo que hemos llamado ‘Punto de Inflexión’, gracias a la nueva administración de Ollanta Humala, el Partido Nacionalista y su gabinete de izquierda presidido por Salomón Lerner.

En el 2011 se produjeron dos puntos de inflexión muy graves en el proceso virtuoso que estábamos viviendo, tanto en aspectos sociales como económicos. En el aspecto social, se produjo un punto de quiebre en la reducción del nivel de anemia en niños menores de tres años, luego de una sostenida reducción entre el 2007 y el 2011. En lo económico, el cuadro inferior muestra claramente la caída de la inversión privada, principalmente en la minería moderna que detuvo el crecimiento pro-pobre y pro-clase media, que trajo consigo una importantísima disminución de la pobreza, desnutrición, mortalidad infantil y desigualdad en la última década. 

Cuanto podemos y debemos crecer los próximos 35 años

Según el Banco HSBC en su reporte ‘The World in 2050’, el Perú debe crecer en promedio 5.5% anual ayudado por su ‘bono demográfico’ que representará un crecimiento de 40% de la PEA hasta el 2050. De crecer a ese ritmo la economía peruana será la número 26 del mundo en el mismo año y la distribución de ingresos de su población evolucionará según lo mostrado en el siguiente gráfico:

Ese crecimiento de 5.5% de promedio anual, produciría excelentes resultados para el bienestar de nuestra población, o sea que lo primero que tenemos que hacer el declarar la obligación de mantener un:

Crecimiento anual mínimo de 5.5%

Lo siguiente es preguntarnos cómo hacer para lograrlo. Si queremos reactivar la economía, debiéramos entender que tenemos que recuperar un mayor ritmo de inversión. Y sólo lo lograremos promoviendo en primera instancia la inversión minera y en infraestructuras cuyos proyectos están a ‘punto de caramelo’. (Ver en Lampadia: Volvamos a prender el motor de la economía).

Contar con infraestructuras adecuadas tiene un impacto muy  positivo en aspectos sociales al dar acceso a los pobres al mundo moderno y mejorando la  competitividad del país, los llamados costos de transacción y, en general, potenciando el desarrollo de nuestros sectores productivos. En Lampadia, hemos propuesto un plan de 7 años: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones.

Además el Perú tiene un gran potencial productivo. Cuenta con claras ventajas para generar industrias sostenibles en torno al sector forestal, la transformación petroquímica, la pesca, las agroindustrias, la energía y el turismo. Es un país muy rico en recursos naturales, con una gran diversidad agrícola, buenas zonas de pesca, grandes y variados yacimientos de minerales y metales, entre otros. Está clasificado internacionalmente como un país megadiverso. (Ver en Lampadia: El enorme Potencial Productivo del Perú).

Nosotros tenemos reservas productivas acumuladas y no explotadas en una serie de sectores, producto del “apagón productivo y de inversión” que nos “regalaron” nuestros gobiernos durante los años 60, 70 y 80. En esos años, mientras todos los demás seguían desarrollando sus capacidades, nosotros hicimos un receso. Es así, que hoy tenemos un potencial minero para multiplicarnos por 5; igual o más en energía; en forestería podemos multiplicarnos por 30; podemos desarrollar acuicultura en nuestros ríos, cochas y mares; etc. El Perú es infinito en comparación al tamaño de nuestra población. Solo necesitamos un gobierno que entienda esa realidad y permita que nuestra capacidad creativa se encargue del resto. (Ver en Lampadia: Nuestro potencial productivo supera las limitaciones coyunturales)

En cuanto al impacto de los ajustes de China y la caída de los precios de los commodities, el Perú, a diferencia de Australia, Canadá y Chile, tiene la capacidad de compensar con mayores volúmenes de producción el efecto de los menores precios. Ningún país tiene la competitividad del Perú en minería, ni el stock de proyectos embalsados. Confirmando esto, el IPE mostró hace unos meses que nuestro crecimiento, de no haberse parado los proyectos mineros, no debió colapsar. Ver gráfico:

Es bastante claro que el Perú puede mantener un ritmo alto de crecimiento. Como mínimo de 5.5% anual. No promover esa meta es renunciar a nuestra obligación más elemental: buscar el bien común a la mayor velocidad posible. Lampadia

En abril del 2014 propusimos en Lampadia una estrategia para financiar la brecha de infraestructuras. Ver. 7 años para acortar la brecha en infraestructuras – Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones. Pero parece que algunos no la han entendido, empezando por el Ministro de Economía, Alonso Segura. Siendo este un tema vital para el futuro del país, trataremos de hacer una mejor explicación de la propuesta.

Eliminar las brechas de infraestructuras no solo permite mejorar la competitividad del país y reducir los costos de transacción de las empresas, también democratiza el acceso de los pobres al mundo moderno, dándoles acceso a electricidad, caminos y telecomunicaciones, por lo tanto, cerrarlas con prontitud, es un objetivo social ineludible.

Para facilitar el entendimiento de la propuesta debemos enfatizar que, muchas veces, las soluciones a problemas difíciles no están dentro del cuadrado, a veces hay que salir de sus fronteras para encontrar la solución. Ver el gráfico de un test clásico:

De la misma manera, para superar las limitaciones de las reglas internacionales de contabilidad fiscal, hay que encontrar una solución sin recurrir a ningún tipo de artificio, cosa que parecería ser la angustia del ministro.

La idea es recurrir a los hacedores de dichas reglas fiscales con un planteamiento adecuado, para que ellos las adapten, usando al Perú como un proyecto piloto quepueda ser replicado globalmente. Esto permitiría afrontar las brechas de infraestructuras en todo el mundo,que se calculanen unos US$ 5,000 millones de millones (trillones, en la nomenclatura sajona) y que aún no se sabe como financiar.

¿En qué se basa el planteamiento?

En cuatro aspectos:

1. El déficit de infraestructuras global es muy grande y se necesita diseñar mecanismos de financiamiento
2. El Perú tiene una reputación externa magnífica
3. Nuestra deuda pública total es del orden del 20% del PBI y la  externa, menor al 10%
4. En octubre de este año, el Banco Mundial y el FMI, desarrollarán su reunión anual en Lima

Una nueva visita a la Propuesta:

1. Establecer un programa de inversión en infraestructuras de hasta US$ 80,000 millones a desarrollarse en 7 años. Los proyectos específicos que se incluyan en el programa se desarrollarían mediante Asociaciones Público Privadas (APP) con los ganadores de licitaciones internacionales.

2. Promover la participación del sector privado peruano y extranjero, incluyendo a los fondos de pensiones locales, para que financien tres cuartas partes del total del programa, US$ 60,000.

3. Fijar la participación del cofinanciamiento del Estado en US$ 20,000, (25% del total), equivalente a algo menos del 10% del PBI.

4. El Estado financiaría su participación emitiendo deuda pública a 30 años hasta por US$ 20,000 millones mediante “Bonos de Infraestructuras”, como los denomina The Economist.

5. Convocar al Banco Mundial (BM), FMI, BID y CAF (“El Equipo Técnico”), para que asesore al país en el diseño, monitoreo, promoción, financiamiento y supervisión de un Fondo de Inversión en Infraestructuras.

6. Establecer un Fideicomiso de Infraestructuras (FI-BM) en el BM, donde se depositarían los fondos provenientes de la emisión de los Bonos de Infraestructuras.

7. El FI-BM desembolsaría directamente a los concesionarios los montos que correspondan a cada proyecto (de 10 a30% según corresponda a lo acordado para cada uno).

8. El repago del cofinanciamiento del Estado por los concesionarios se hará directamente al FI-BM, sin pasar por la caja del Estado.

9. La cancelación de los Bonos de Infraestructuras a su vencimiento la hará el FI-BM con los fondos provenientes de las amortizaciones que realicen  los concesionarios.

Dado el involucramiento de las agencias multilaterales en el diseño y supervisión del programa de infraestructuras y de la formación y administración del FI-BM en el BM, sin que, en ningún momento, los fondos pasen por la caja del Estado, deberíamos:

Solicitar al “Equipo Técnico”que diseñe un mecanismo de contabilidad fiscal ad-hoc para registrar los programas de infraestructuras que se manejen a través de fideicomisos administrados por el BM y que se administren con mecanismos similares a los definidos para el programa piloto del Perú.

Cuando un equipo de gobierno tiene la necesidad de superar retos económicos y sociales importantes y el país tiene condiciones adecuadas  para enfrentarlos hay que ser ambicioso e imaginativo para darle viabilidad técnica e institucional.

Como vamos, al Perú le queda poco tiempo para girar contra nuestro prestigio externo. Señor Segura, dese un tiempo para dialogar sobre cómo se pueden hacer algunas cosas. No todas las buenas ideas nacen en el MEF. Lampadia