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El psicosocial más grande de la historia

Como todos los ciudadanos sabemos desde hace muchísimos años, el Sistema Judicial (Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional), adolece de corrupción generalizada. Prueba de ello es el desprestigio de estas instituciones, especialmente del Poder Judicial, recogido por décadas en todas las encuestas y en el sentir ciudadano.

Y no podía ser de otra manera. Todos conocemos de las coimas para el manejo de juicios, de las terribles e injustas demoras de los procesos judiciales, de la abusiva prisión preventiva que afecta a cerca del 50% de los reos en cárcel, y de los grandes escándalos que década tras década van quedando en la impunidad.

La calidad del sistema judicial peruano afecta a todos los ciudadanos y empresas, a los ciudadanos de a pie y a los más reconocidos socialmente, a las empresas pequeñas y grandes, nacionales y extranjeras. Pero evidentemente, los más afectados son los ciudadanos y empresas más débiles, aquellos que no tienen los medios para contratar a los mejores abogados, o no tienen los recursos para abrirse camino mediante la podredumbre de la corrupción.

A la fecha, se ha hecho todo tipo de intentos de reorganización judicial. Todos fallidos. El más reciente y notorio, por su alcance y calidad de propuestas, fue el del CERIAJUS. No prospera ningún intento de reforma, porque estamos entrampados entre la incapacidad de lograr una reforma seria desde adentro del sistema, por el compromiso de muchos de sus miembros con la corrupción y/o el statu-quo; y la imposibilidad de emprender la reforma desde afuera, dado nuestro ordenamiento jurídico que otorga autonomías infranqueables.

Es por ello que solo una crisis muy profunda puede movilizar las voluntades y capacidades, dentro y fuera del sistema. Una crisis como la que se produjo con el estallido del escándalo del Lava Jato, que clamaba por castigos, y pocos meses atrás, por la difusión de los audios que explicitaron la corrupción al interior del sistema judicial.

Lamentablemente, la acción judicial reciente se ha centrado y focalizado en los aportes de campaña, que en principio no son delito, más que en las coimas por los grandes proyectos. Asimismo, ha dejado de lado la necesidad de rehacer el sistema judicial de pies a cabeza, para que todos los ciudadanos y empresas tengamos una administración de justicia que genere la confianza en sus procesos y fallos.

Veamos como están distorsionadas las cosas: por ejemplo, la noche del 31 de diciembre pasado, cuando el fiscal Pérez fue cesado, declaró que tenía que lacrar su oficina para evitar que se arriesgue la información sobre los casos que investiga. Ante la pregunta del periodista sobre de que casos se trataba, su respuesta fue: “Keiko Fujimori y Fuerza Popular”.

O sea, para el fiscal Pérez, solo importa la persecución del único partido político que no fue gobierno y no pudo poner sus manos en los recursos públicos. Efectivamente, durante los últimos meses, hemos visto que esa era su única preocupación. Esta fiscalía especializada se olvidó de las grandes coimas por los macro-proyectos.

Otro ejemplo de desenfoque: para el Fiscal Supremo Pablo Sánchez, ex titular del Ministerio Público, “El origen de la crisis del Ministerio Público está en Pedro Chávarry” (Diario La República). Así opina el fiscal que desde la jefatura promovía, junto con Duberlí Rodriguez, entonces presidente del Poder Judicial, la justicia paralela.

Y el Poder Judicial, con el doctor Prado a la cabeza, más allá de canalizar unos proyectos de ley, dejó de lado la posibilidad de liderar UNA GRAN MOVILIZACIÓN que llevara a una apertura que alentara el inicio de la verdadera reforma. Lo mismo parece acontecer con las preocupaciones del nuevo presidente de la Corte Suprema, el doctor Lecaros.

Pero según vemos en las encuestas y en el quehacer de los medios de comunicación, estas graves fallas de la acción judicial, dirigidas casi exclusivamente a la suerte de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, y Chávarry, se han convertido en la gran preocupación nacional. Nos han hecho creer que en esa persecución está la ansiada reforma, la lucha contra la corrupción.

Lo mismo se ve en la acción del gobierno, que con un país en el que vuelven a crecer la pobreza y la desnutrición, el gobierno solo habla de la lucha contra la corrupción, en la misma pobre línea. Con excepción de los proyectos de ley de reforma judicial que envió al Congreso, pareciera que la política de corto plazo y la búsqueda de popularidad guían las grandes preocupaciones y decisiones del gobierno. De allí que se eluda las necesarias reformas para incrementar la productividad.

La política, pues, ya no nos sorprende, pero lo que no es entendible, es el comportamiento de la prensa nacional que, desde el medio más pintado, hasta el menos significativo, también ha olvidado que la vida de una nación va mucho más allá del escándalo y de los pedidos de ajusticiamiento.

Todo tiene un límite, pero para los medios solo existe la tarea de expulsar a Chávarry de la fiscalía y la carcelería de los líderes de Fuerza Popular.

Debe llamarnos a escándalo, por ejemplo, que los políticos y toda la prensa hayan dejado de lado el informe de la comisión parlamentaria del Lava Jato, presumiblemente porque la presidía Fuerza Popular y no involucraba a KF (pues solo estaba dirigida a la corrupción alrededor de los grandes proyectos de infraestructuras). Por definición, no podía involucrar a KF, pero un tabloide reclamaba: “la comisión ya no sabe como justificar la ausencia de KF en la investigación”. Para los medios más importantes, el informe de Lava Jato tampoco merece atención alguna, a pesar de que éste puntualiza una serie de eventuales responsabilidades y una amplia lista de involucrados en muchos proyectos de inversión pública. Pero se prefiere editorializar y titular portadas sobre Chávarry y KF.

El mismo corte informativo destaca en los canales nacionales, particularmente en los de cable. Sus invitados son seleccionados para reforzar sus ante-juicios y direccionamientos políticos. Salvo contadas excepciones, los ciudadanos no tienen como informarse con profundidad y objetividad.

Pareciera que los medios promueven con gran afán los quehaceres de su recobrado mayor cliente, el Estado, antes que el desarrollo de su misión.

Como dice y repite Christiane Amanpour en CNN, el nuevo paradigma del periodismo no es la neutralidad, sino la veracidad.

Cuan lejos estamos de recibir señales de veracidad.

En verdad parece que lo que nos induce a la acción todos los días es un gran psicosocial. Uno que lleva seis meses y que pretende que nos olvidemos que gobernar en una tarea compleja y multipropósito, una tarea que en el Perú no puede desentenderse de la pobreza, la anemia y la desnutrición.

¿Es todo un juego de poder? ¿No nos mueven los grandes intereses nacionales? – ¡BASTA! El buen gobierno y la acción cívica de la clase dirigente reclaman algo más: GOBERNANZA: “Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”. (RAE).

¡Nunca es tarde para hacer lo correcto! Lampadia




La voz de las regiones sobre la corrupción judicial

Uno de los mayores empeños de Lampadia es movilizar a la clase dirigente peruana hacia la acción cívica, para así ayudar a marcar el camino de la prosperidad de todos los peruanos. Hoy tenemos el privilegio de presentar las ideas, sobre la crisis de corrupción en el sistema judicial, de un cusqueño comprometido con su Cusco y con el Perú.   

Entrevista de Lampadia a Fausto Salinas Lovón

Fausto Salinas Lovón, es cusqueño, abogado graduado en la PUCP, 26 años de ejercicio de la profesión, socio fundador del Estudio Salinas y Tamayo Abogados y ex presidente de la Cámara de Comercio del Cusco.

El Congreso de la República va a sesionar, a pedido del presidente Vizcarra, para remover a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). ¿Es esta la mejor salida?

Es atribución del Congreso nombrar y remover a los miembros del CNM. Uno ha renunciado y los demás, acaban de poner sus cargos a disposición, por lo tanto, la remoción será un mero trámite, pero el asunto no queda allí. Hay dos temas que preocupan y que pueden quedar sin revisar con una salida de este tipo.

  • El primero es que hay responsabilidades personales de cada miembro que se deben investigar y conocer, no solamente por el bien de cada consejero que no esté involucrado en actos de corrupción, sino también por el bien del Sistema Judicial, para conocer quien es quien, a que intereses responde y hasta donde llegan las ramificaciones de todo esto.
  • El segundo es que este CNM ha nombrado, ascendido y sobre todo ha ratificado jueces y fiscales en las condiciones que hemos visto. ¿Eso va a quedar así?  Sería una tremenda afrenta.

¿Coincides entonces en que hay muchos actores involucrados y que no se está conociendo toda la magnitud del problema?

Sin duda. Solo hemos conocido lo que han visto por conveniente mostrar hasta ahora. Deberían mostrar todo, para que sepamos la magnitud del problema. Sobre todo, para saber quienes más están involucrados. Esta grave herida de la institucionalidad debe ser abordada como se cura una herida infectada: no se puede cerrar la herida sin retirar toda la pus. Incluso el tejido sano que esta en el contorno de una herida se retira para lograr una adecuada regeneración. Eso es lo que se debe hacer.

Mencionas que no se conoce todo. ¿Crees que hay cálculo político en la entrega de la información?

Podría haber. Sería sano que el IDL muestre todos los audios que tengan interés público, sin ningún calendario u orden, ya que las entregas por capítulos se prestan a esta interpretación.

Removido el CNM, ¿que más sugieres hacer?

Revisar todo lo actuado por el actual CNM en todos los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación. Tiene que escudriñarse una a una cada elección, revisarse la metodología y lo que ha sucedido. Sólo así se podrá confiar en los jueces designados, ascendidos o ratificados por este CNM. Los jueces y fiscales que nada temen, no tendrían por qué preocuparse, ya que pueden salir airosos frente a cualquier CNM que se designe.

Si no se aborda esto, estaremos dejando a los ahijados de Waldo Ríos, Nogueira, Gutierrez Pebe, Aguila y Velasquez en la actividad judicial y fiscal. ¿Algo cambiaría con ellos dentro del Sistema?

Esta debiera ser la primera tarea del nuevo CNM en un plazo perentorio de 3 meses.

Los audios han mostrado entrevistas inauditas. Preguntas impertinentes y una total falta de idoneidad en la selección. Esto nos lleva a preguntarnos. ¿Qué clase de jueces y fiscales se han elegido?

Por esto mismo, para separar el trigo de la paja y dejar en un lado a los jueces y fiscales correctos y poner en otro lado a quienes actúan en función de intereses subalternos, no basta aceptar la puesta del cargo a disposición del CNM y designar otro, se debe revisar todo. Por ejemplo, se debe saber las razones por las cuales se buscaba que Orlando Velásquez sea elegido presidente del CNM y ¿que jueces supremos favorecieron esa elección y a cambio de qué?

En Lampadia creemos que una de las medidas para enfrentar esta crisis judicial es, cambiar la forma de elegir el CNM, por un concurso público. ¿Crees que será suficiente?

Es imprescindible.  La crisis en el CNM ha puesto en evidencia algo que no queremos aceptar: la corrupción no está focalizada en la clase política o la judicatura, alcanza a toda la sociedad, ya que los consejeros cuestionados representan a universidades públicas, colegios profesionales, a pseudo universidades privadas y a colegios de abogados, no solamente a jueces y fiscales. Por lo tanto, tenemos un grave problema en la escala y magnitud de la corrupción que obliga no solamente a cambiar la forma de elección, sino también a la elevación de la valla de los que pueden postular (todo lo cual no es incompatible con el 155 de la Constitución) a fin de que elijamos mejor y sólo algunos calificados puedan postular. Se debe limitar el universo de elegibles, eso es fundamental.

De otro lado, serían necesarias algunas medidas como:

  1. Establecer incompatibilidades para postular y luego de ejercer el cargo (con lo cual se evita la famosa puerta giratoria entre el estado y la actividad privada).
  2. Crear una agenda de integridad o probidad específica en el funcionamiento de esta entidad a la que se sujeten sus miembros y quienes acuden a él.
  3. Elevar las sanciones penales por infracciones a las normas de integridad y probidad que se mencionan.
  4. Establecer la inhabilitación definitiva de quienes sean sancionados por infracción a estar normas de incompatibilidad.

También creo necesario que se exija la implementación de la participación de los miembros adicionales elegidos por empresarios y trabajadores, previsto en el artículo 155 de la Constitución, que nunca se ha puesto en vigencia y que permitiría una mayor participación ciudadana en este organismo.

Finalmente, sería necesario que la votación de cada consejero sea pública y transparente en todos los casos de ratificación, asenso y nombramiento.   

Pero la participación de colegios profesionales y de abogados no ha dado buenos resultados. ¿No se debiera cambiar también?

El funcionamiento patrimonialista que denuncia Lampadia, que supone el intercambio de favores, pagos y lealtades, se ha visto a todo nivel, no solo entre consejeros elegidos por abogados o profesionales. Si el CNM estuviera formado sólo por magistrados o mayoritariamente por estos, el riesgo de corporativización es alto. Si la mayoría del CNM tuviera origen político, tendríamos el riesgo de partidarización política. La Constitución de 1993 buscó una fórmula mixta. Creo que debemos mantenerla, pero elevando el nivel de los elegibles, acotando el universo de los que pueden ser miembros para que la corrupción de la sociedad no permee fácilmente en esta Institución.

¿Y cual es el rol de la Corte Suprema?  ¿Es la llamada a resolver este problema?

No hay forma. Los audios conocidos hasta hoy comprometen a miembros de la propia Corte Suprema. A Hinostroza Pariachi, que era presidente de la Segunda Sala Penal, haciendo negociaciones incompatibles y a Duberlí Rodriguez, quien es el presidente del Poder Judicial, cuyo asesor invita a almorzar en su nombre y de quien se dice habría participado en la celebración de la elección de Velásquez como Pdte. del CNM. Todo esto debe ser investigado. No hay forma que los investigados resuelvan esta crisis. Hay decenas de magistrados superiores honorables en todo el Perú que pueden sustituir una Corte Suprema que tenga este tipo de cuestionamientos.

Lampadia