Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

El 29 de marzo 2017, cuando aún estábamos en “medio del diluvio” por el Fenómeno el Niño (FEN), se le sugirió al más alto nivel del Ejecutivo la importancia de convocar a dos o tres compañías internacionales con experiencia en “Disaster Management”, gente que haya trabajado en casos como las catástrofes de Queensland, New Orleans o Wakayama y Nara. La experiencia de estas compañías facilitaría, no sólo la coordinación durante el desastre y manejo de la crisis, sino también el diseño de un “Máster Plan” que permita revisar la topografía definiendo los causes naturales de los ríos y el comportamiento hidrológico de estos. Simular las “avenidas” y modelar el efecto de estas, de forma tal que se pueda introducir los cambios necesarios, al tiempo de diseñar la reconstrucción en los departamentos afectados por el FEN, de ahí el nombre de “Reconstrucción con Cambios” (RCC). Lo anterior implicaba; limpieza y remoción de escombros, descolmatación y/o canalización de ríos, identificación de zonas con prohibición para construcción, trazado de calles, reconstrucción de sistemas de agua, desagüe, drenajes y tendido de redes de distribución de electricidad, diseño estándar y especificaciones de casas habitación, requerimiento y distribución de servicios escolares, hospitales o postas médicas y zonas sociales, culturales y deportivas, así como pre-determinación de zonas de expansión urbana futura. Esto hubiera sido una magnífica oportunidad para formalizar y titular la propiedad, introduciendo algún mecanismo de crédito que permita, a muy bajo costo (ciertamente subsidiado) y plazos largos, reforzar el sentido de propiedad privada y mejora del sentido de orgullo por lo propio.

Lamentablemente esto no pasó de una videoconferencia y, como siempre ocurre en el sector público peruano, decidieron que diseñarían y trabajarían (in-house) su propia solución. El resultado está a la vista; han transcurrido tres años y tres meses para poder convocar a un concurso que permita manejar este asunto con un contrato “Gobierno a Gobierno”.

Soy de los primeros en promover una solución de este tipo, para tratar de replicar el éxito logrado en la preparación de los Juegos Panamericanos. Sólo quisiera que hagamos algunas reflexiones:

1. Debe quedar clara y transparentemente definido el alcance que tendrá este convenio.
2. Es importantísimo que el seleccionado tenga experiencia similar previa.
3. Que el seleccionado sea actor principal del diseño, determinación de estándares e ingeniería del proyecto.
4. Que el gobierno ganador sea responsable de la selección de los contratistas y su contratación.
5. Que también tenga a su cargo la supervisión y control de calidad.
6. Que el país ganador haga transferencia tecnológica.

En el caso de los Juegos Panamericanos, ganó el Reino Unido (UK), quien hacía poco tiempo había tenido la extraordinaria experiencia de preparar los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Obviamente tenían muy frescos todos los requerimientos y especificaciones técnicas propias de unos juegos de esa naturaleza. Contaban con los contactos de los proveedores especializados, tanto para las construcciones como para los equipos requeridos en cada una de las disciplinas deportivas. En esas condiciones, la ingeniería y especificaciones fueron aportadas por la entidad designada por el gobierno de UK. La selección de contratistas y su correspondiente contratación también corrió a cargo del gobierno de UK, quien estuvo a cargo de la supervisión de todo el proyecto, en coordinación con el “Owner”, responsabilidad que, en este caso recayó en un buen equipo ejecutivo con experiencia en ejecución de proyectos. Finalmente, sería muy importante que nos compartan, no sólo el magnífico espectáculo que fueron los Juegos Panamericanos, sino cuales fueron las lecciones aprendidas y transferencia tecnológica realizada, con especial indicación de a quienes se transfirió el conocimiento.

Ahora hemos seleccionado nuevamente al Reino Unido, para que junto con Irlanda del Norte (IN), conduzcan el proceso de la “Reconstrucción con Cambios”, estancado desde abril 2017.

Tengo que compartir que me he convertido en “fan” de la representación diplomática de UK y debo resaltar su liderazgo. Dicho esto, y remarcando que las contrataciones “Gobierno a Gobierno” deben ser un mecanismo muy excepcional, quisiera respuestas a las preguntas que nos hemos contestado para el caso de los Panamericanos, esto es los alcances de este convenio.

Sería muy conveniente que el señor Vizcarra nos dedique una de sus jornadas del mediodía para informarnos sobre:

1. Alcance del convenio y nos comparta el “expertice” en reconstrucción de desastres de los convocados.
2. ¿Cuál es el diseño, ingeniería y estándares con los que efectuaremos la reconstrucción, así como especificaciones y quién es el responsable de fijarlos?
3. Está claro que el convenio transfiere la responsabilidad de seleccionar contratistas y su contratación.
4. No tengo tan claro si UK e IN serán responsables de la supervisión del proyecto y control de calidad, incluyendo la de la ingeniería.
5. Por supuesto y, dado que estos fenómenos naturales y desastres son recurrentes en el Perú, es esencial determinar cuál será la transferencia tecnológica que se hará y a quienes.

Hasta donde ha trascendido, el convenio es únicamente para seleccionar contratistas y manejar su contratación. De ser así, lo único que estaríamos haciendo, independientemente de saltarnos  las reglas de contratación en el Perú, es reconocer la incapacidad técnica y falta de calidades morales del gobierno y burocracia peruanos para manejar un proceso de esta naturaleza, razón por la que se ve obligado a transferir tales responsabilidades a un gobierno que sí los tiene.

Algo que sí queda absolutamente claro es que, nuestras reglas de contratación no son adecuadas y nuestra burocracia es incapaz de manejar estos procesos con calidad y plazos razonables. Esto obliga al Estado a trabajar una reingeniería de tales procesos de contratación, pues no es posible que nos tardemos más de tres años para empezar a enfrentar problemas como este. Por eso no estamos resolviendo los temas de infraestructura de salud, saneamiento y de educación. Tampoco podemos olvidar la reconstrucción de Pisco. ¿Así nos pasaremos la vida republicana sin avanzar en la solución a los problemas de infraestructura básica? Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Ex Gobernador Regional de Ica
Lima, 28 de diciembre de 2018
Para Lampadia

En términos generales… los sistemas de control del Estado no funcionan. Los Órganos de Control Institucional (OCI´s) – que existen en casi todas las instituciones públicas – no controlan la corrupción. Frente a tal situación, la Contraloría General de la República va a asumir todas las OCI´s de los Gobiernos Regionales y Provinciales. ¡Veremos si la cosa mejora! Yo tengo mis dudas. En fin… ojalá.

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) tampoco funciona como debiera. Muchos procesos supervisados por el OSCE están plagados de corrupción. Los expedientes técnicos y / o las especificaciones de los bienes y servicios a ser adquiridos por el Estado, los términos de referencia y bases de los concursos públicos, los concursos en sí, y hasta los otorgamientos de las buenas pro y suscripción de contratos… todo está “direccionado” para favorecer a postores indebidos. Y – por ende – para lucrar en perjuicio del Estado.

En muchos casos… el OSCE se presta para ello. Sus normas y procedimientos favorecen a proveedores y contratistas poco idóneos. Los empresarios corruptos se aprovechan de ello. Juegan con los plazos a su antojo. Se ponen de acuerdo – entre sí – para repartirse las obras. De ahí el nombre de “Club de los Constructores”.

Incluso cuando hay transparencia e integridad en los procesos, igual se presentan… pero para trabarlo todo. “Si no hay para mí… no hay para nadie”. Así actúan esos miserables. El país – y la población – les importamos un bledo. Todo lo observan a última hora – el último día – y el OSCE les da cabida. Luego, el OSCE se toma – también – los máximos plazos para emitir sus opiniones… las cuales – muchas veces – resultan ambiguas e irrelevantes. Todo lo cual dilata los procesos hasta las calendas griegas. El fracaso del Plan de la Reconstrucción con Cambios es una expresión – la más clamorosa… eso sí – de la inoperancia de los procesos de compras y contrataciones del Estado. Y por ende del OSCE.

¿Qué hacer? En mi opinión… hay que centralizar – y digitalizar – todos los procesos de compras y contrataciones del Estado. Nadie – en el Estado – debería poder comprar ni contratar nada. Excepto… la Central Única de Compras y Contrataciones. 100% digital. Cero sobornos. Incluso podría ser una empresa privada – nacional o extranjera – especializada en dichos menesteres.

Además… hay que empoderar a la ciudadanía. La ciudadanía empoderada – en alianza con la prensa responsable – debe fungir de órgano de control de las instituciones del Estado. Tal como lo está haciendo actualmente – con resultados muy esperanzadores – con el Poder Judicial y el Congreso de la República.

La ciudadanía empoderada debe vigilar más de cerca a las instituciones del Estado, y exigir probidad e idoneidad en todas ellas. Pero con más mucho rigor que el exige actualmente. ¡Protestar cuando seamos maltratados por servidores públicos!… por ejemplo. Ministerios, Gobiernos Regionales y Locales, Fuerzas Armadas y Policiales, Congreso de la República y Poder Judicial… todas las instituciones del Estado deben estar mejor vigiladas desde la ciudadanía empoderada.

Una “Asociación Cívica del Perú” – a la que podríamos denominar CÍVICA – canalizaría dicho empoderamiento ciudadano. Vamos a ver cómo nos va. En Ica – en cierta medida – lo hemos hecho. Y nos ha ido bien. Controlar al Estado desde la ciudadanía… esa es la idea. ¿Para qué? Pues para mejorar el bienestar de la población. ¿Cómo? Luchando frontalmente contra la corrupción. Esa es la idea.

Dado que los Organismos de Control del Estado no funcionan… la ciudadanía empoderada asumiría dicho rol. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La masiva inmigración venezolana al Perú debería decidirnos a llevar adelante de una vez por todas las reformas pendientes no solo para absorber más rápidamente a los inmigrantes sino para aprovechar y potenciar el aporte que podrían dar al crecimiento de la economía tanto ellos como los propios peruanos.

La inmigración venezolana al Perú es beneficiosa, porque, si bien desplaza en lo inmediato de sus trabajos a algunos peruanos, genera al mismo tiempo más actividad y más empleo, porque demanda bienes y servicios, y los produce. El balance es positivo, más aún considerando que más del 50% de los venezolanos que llegan al Perú tienen estudios universitarios, de maestría e incluso doctorado, según Eduardo Sevilla, Superintendente de Migraciones, citado por Mijael Garrido Lecca en buen artículo en Perú 21.

Pero, claro, el efecto inmediato en las personas que pierden un empleo puede llevar a pensar que los venezolanos les están quitando empleo a los peruanos, cuando no es así en la suma total porque su inclusión en el mercado nacional lleva a la generación de más riqueza y más empleos en un momento posterior. Solo que esto puede acelerarse y facilitarse si hacemos las reformas ahora. El nivel educativo de los venezolanos, de otro lado, permite pensar que podrían aportar al desarrollo de actividades en las que en el Perú no hay talento sobrante.

De lo que se trata es de hacer los cambios normativos que faciliten la inversión privada y el crecimiento de las empresas, para generar mucho más empleo. Y para que esta aceleración sea posible, se requiere de la palanca del crédito, que no puede expandirse si las empresas no se formalizan.   

Esto el gobierno lo sabe. Lo mencionó claramente el propio presidente Vizcarra en su discurso del 28 de julio: “El crecimiento se logrará con un mayor dinamismo de la inversión pública y privada, estabilidad política y social, mayor formalización y un trabajo honesto y transparente”. ¿Cómo lo logramos? No entró en detalles, pero informó que “Gracias a las facultades para legislar…, nos proponemos impulsar el desarrollo productivo y empresarial de las Micro y Pequeñas Empresas, a través de una mejora del sistema de compras estatales, calidad de los productos, reducción de costos de financiamiento y promoción de la formalización laboral”. No explicó cómo se promovería la formalización laboral, pero anunció la masificación del uso de comprobantes de pago y libros electrónicos y la implementación de “incentivos a las personas naturales para demandar comprobantes de modo que se conviertan en socios del Estado en el proceso de formalización de las actividades económicas”. En otro momento volvió a mencionar el objetivo de “la formalización de las empresas y nuestro mercado de trabajo”.

Se trata sencillamente de lograr que haya mucha más inversión privada formal. El que sea formal es condición para que pueda crecer aceleradamente. Así tendremos más empleo y muchos mejores salarios.  Lo decía claramente Elmer Cuba en la entrevista que le hice para El Comercio:

“¿Por qué el ingreso promedio de un chileno es superior al de un peruano, sea este un guachimán, un médico o un taxista? Porque ellos han invertido más en 20 años, tienen más capital por persona. A más intensidad en capital, más salario real. También lo decía Marx. Como esta es una economía sub-capitalizada, tenemos que meterle más inversión privada al infinito para que el ratio, el capital, sea mayor”. (En El Comercio 02.04.2018)

Se trata de que haya mucha más inversión privada, pero de calidad. El problema en el Perú es que, como advirtió Andrew Powell, asesor principal del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, la inversión privada en el Perú no es de calidad. La gran mayoría son  empresas pequeñas de baja productividad. Mientras estas, pese a su baja productividad, logran sobrevivir, pero con muy bajos ingresos, las empresas medianas o grandes formales quiebran, por los costos de la formalidad, que son muy altos. La razón de esto:

“es el diseño de nuestros sistemas impositivos y, en algunos casos, el código laboral. Básicamente, estamos poniendo muchos impuestos sobre el empleo formal, entonces hay un incentivo para que las empresas sean informales o las empresas formales contraten de manera informal. Esto desincentiva la formalización y que las firmas crezcan” (En El Comercio, 24.07.2018)

También hay incentivos a la informalidad, cuando un seguro gratuito como el SIS compite con Essalud, por ejemplo. Para resolver esto se ha planteado un conjunto de reformas, que no vamos a repetir acá (Ver, por ejemplo, “La batalla por una reforma tributaria integradora”, Lampadia). El gobierno mismo es consciente de los problemas de sobre-regulación, tramitología y corrupción, y está desarrollando algunos programas al respecto (ver “Los novedosos anuncios del Premier en reforma del Estado”).

Lo que queremos resaltar es que el propio gobierno –o parte de él- sabe lo que hay que hacer. Pero no se atreve. El Plan Nacional de Competitividad recientemente publicado explica claramente el problema en el terreno laboral:

“La alta proporción de trabajadores informales es uno de los principales problemas que enfrenta el mercado laboral. El despido de trabajadores resulta costoso en el Perú, debido a dos razones: las indemnizaciones son caras y la jurisprudencia legal impide el despido individual por causas económicas vinculadas a la empresa. La normativa laboral, en particular en el Régimen General, establece costosas indemnizaciones en casos de despidos sin causa. En efecto, para las empresas formales que están acogidas al Régimen General, el Perú es uno de los países de mayor rigidez para despedir, puesto que un trabajador que es cesado sin causa tiene derecho a una indemnización de 1,5 remuneraciones mensuales por año trabajado, con un tope de 12 remuneraciones. Por ejemplo, si un trabajador es cesado sin causa tras cuatro años de permanecer en la empresa, la indemnización asciende a 6 meses de salario, bastante más alta que el promedio de países OCDE (1,2 meses aproximadamente) y de América del Sur (2,8 meses). Según el Reporte de Competitividad Global 2017-2018, del Foro Económico Mundial, los empresarios peruanos consideran que las restricciones en la regulación laboral son de los factores más problemáticos para hacer negocios en el Perú, después de los factores de corrupción, ineficiencia del sector público, los impuestos, y la oferta inadecuada de infraestructura”. 

El documento va más allá. Explica que, en ese contexto, “la contratación de trabajadores está sesgada hacia los contratos de plazo fijo, precisamente porque el despido es dificultoso. Según la ENAHO 2017 la mayoría de empleos se contrataron bajo la modalidad de contrato a plazo fijo, independientemente del sector productivo.” Cuán grave será este tema que la contratación a plazo fijo prevalece pese a que existe un conjunto de impedimentos legales para hacerlo:

“En efecto, actualmente, el marco legal establece restricciones para los contratos a plazo fijo, el cual se autoriza solo en casos de reconversión empresarial, emergencia y ocasional. A pesar de las restricciones para contratar a plazo fijo, la mayoría de empleos formales se generan bajo este tipo de contrato. Estos contratos temporales tienen un plazo máximo de 3 años, se pueden renovar una sola vez, pero en ningún caso pueden sobrepasar el plazo de 5 años”. 

La pregunta es: si el gobierno la tiene tan clara, ¿por qué no actúa? Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

En la entrevista que le da al diario El Comercio el domingo pasado, el ministro de Trabajo, Christian Sánchez usa enrevesados tecnicismos filosóficos que algunos han confundido con chistes o bromas, para no decir con claridad lo que realmente piensa: que el mercado laboral peruano no tiene un problema de rigidez ni de costos legales onerosos que expulsan a la informalidad, sino de productividad y de falta de persecución ministerial. No hay reformas que hacer. 

El periodista le pregunta: ¿Pero también hay otros problemas como la informalidad?, y el ministro responde una frase críptica: “Este es un problema del sector trabajo con el mercado de trabajo”. Pero luego agrega algo que significaría lo contrario: “La primera (línea) es no mirar solo al sector trabajo, porque, lamentablemente, cada vez que entraba un ministro de Trabajo que era laboralista miraba al Viceministerio de Trabajo y olvidaba al Viceministerio del Empleo”.

Se infiere de esta parte de su respuesta –no de la primera- que el problema de la informalidad no está en el mercado de trabajo, sino que se resolvería con buenos programas de empleo. Afirma que los programas de empleo que hay en el ministerio podrían juntarse en un solo programa potente orientado al acceso de los jóvenes al empleo. ¿Con programas de empleo se va a resolver los altos costos no salariales del trabajo que impiden la contratación formal de los jóvenes (y de los no jóvenes también)?

Como ese tema no le interesa, confiesa honestamente que no conoce el proyecto de ley de fomento de empleo juvenil que el ex ministro Grados envió al Congreso, que hasta ahora no se discute porque la izquierda que maneja la comisión de Trabajo, no lo pone en agenda. Pero más adelante, sin embargo, recoge la idea central de ese proyecto de ley, ¡pero aplicada solo al Estado! Revela que tanto la CONFIEP como los trabajadores “están dispuestos a que el Poder Ejecutivo pueda discutir incentivos tributarios y algunas herramientas que permitan contratar jóvenes al mercado de trabajo”. Propone dar cuotas y bonificaciones para los jóvenes formados en los concursos de la ley del Servicio Civil (¡qué bien, eso sí, que promueva la reforma del servicio civil. Ojalá tenga apoyo político). Pero, por favor, el 90% del empleo lo genera el sector privado, no el público.

Luego saca una nueva idea: atacar la informalidad con lo que llama “una caja de herramientas”. ¿Qué herramientas hay en esa misteriosa caja? No lo dice. Queda claro, sin embargo, que no entiende la pregunta acerca de que “para el PBI per cápita que tenemos en el Perú, la informalidad laboral es muy alta y esto producto de la rigidez en la legislación laboral”. Repite la pregunta en lugar de responder. Ni acepta que la informalidad es muy alta ni que hay demasiada rigidez. Luego da la impresión que él piensa que hay informalidad por la baja productividad más que por los sobrecostos laborales (él los llama así, no el periodista)

Es más, sugiere que una reducción de los costos no salariales no funciona porque no ha funcionado con las microempresas (sin decir que la remuneración mínima vital es muy alta para las microempresas, que no la pueden pagar, y que formalizar implica reconocer derechos anteriores, algo inviable).

Y acerca del estudio de Miguel Jaramillo que demuestra que la proporción de contratos a plazo fijo se incrementa aceleradamente luego de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2001 que restablece en buena cuenta la estabilidad laboral absoluta, responde así: “Las teorías de la causalidad, en el mundo, en la filosofía, te dicen que para seleccionar una causa en fenómenos complejos se tiene que pasar por una prueba ácida, y parte de esta es el contrafáctico. Hay estadística de que apenas entra en vigor el Decreto Legislativo 728 y sus contratos temporales empieza a subir la contratación temporal. Aparece la sentencia, en un segundo momento y la contratación temporal sigue subiendo, esto es un problema contrafáctico, porque antes de la sentencia ya venía subiendo la contratación temporal”.

Con palabras técnicas extraídas de la epistemología y la filosofía (sic), explica que en realidad esa tendencia comenzó antes. Le resta importancia a la sentencia del TC, que es la causa principal de que tengamos una de las legislaciones laborales más rígidas del planeta. “Híper-rígida” la ha llamado el ministro de Economía. La verdad, sin embargo, es que efectivamente la proporción de contratos a plazo fijo se incrementó en alguna medida luego de las reformas económicas de los 90, pues antes las modalidades temporales estaban limitadas, lo que era hasta cierto punto coherente con una economía híper protegida con aranceles incluso infinitos para los productos importados. Pero abierta la economía, era indispensable flexibilizar el mercado de trabajo. Eso se hizo en alguna medida en los 90 creando modalidades temporales, aunque se subieron notoriamente los costos no salariales del trabajo. Pero la gran inflexión se produjo a partir del 2002, cuanto el TC dispone que la reposición en el puesto de trabajo es una manera de proteger al trabajador del despido. Es decir, se restablece la estabilidad laboral absoluta de la época de Velasco.

Si fuera realmente defensor de los derechos de los trabajadores, se preocuparía de que más trabajadores se formalicen para que accedan a derechos. Se preocuparía de cambiar la interpretación que el TC ha hecho del artículo 27 de la Constitución a fin de que se invierta la tendencia y volvamos a la época anterior al 2002 cuando la proporción de contratos indefinidos era mayor, lo que, dicho sea de paso, favorecería la sindicalización y, por lo tanto, la negociación colectiva. La interpretación del TC cuyo efecto nocivo él desconoce, es la causa de una vigencia cada vez menor del movimiento sindical en el sector privado. Sería bueno que aproveche su orientación profesional pro sindical para recuperar condiciones para la ampliación de la base sindical en el país. Aunque sea por interés propio.    

Pero no. Para él la abrumadora mayoría actual de los contratos temporales se debe a factores de “productividad, bajos niveles de comunicación, falta de una política estatal y potenciar este ministerio para que investigue”. “Potenciar este ministerio para que investigue”. Eso es en el fondo de la cuestión. Perseguir. Lampadia

Un reciente artículo del Financial Times afirma que un estudio psicológico en distintas universidades de EEUU habría concluido que “los estudiantes varones asumían que sus compañeros masculinos sabían más sobre el material del curso que las estudiantes de sexo femenino – incluso cuando las mujeres obtuvieron mejores calificaciones”.

Esto resalta un gran problema: a pesar de los grandes avances en los derechos de la mujer, todavía existe una gran brecha que cerrar con respecto a la gran desigualdad de género. Además, según el estudio reseñado, es importante hacer hincapié en la necesidad cambiar la mentalidad de los hombres hacia los derechos de la mujer, empezando en las aulas de clase.

La predisposición de los hombres de asumir que sus pares masculinos son más inteligentes que las mujeres es preocupante. Como afirma el Financial Times, “los estudiantes de hoy crecerán, tomarán  decisiones de contratación y de promociones y darán forma a las políticas públicas”. ¿Qué podemos esperar de una generación de egresados con esta mentalidad? ¿Qué pueden esperar las mujeres?

Las niñas y las mujeres, algo más de la mitad de la población mundial, contribuyen en gran medida a la economía como consumidores, trabajadores, empresarios y mediante la entrega de una gran cantidad de trabajo no remunerado dentro y fuera de sus hogares. Al mismo tiempo, las niñas y las mujeres constituyen la mayoría de los pobres del mundo, reciben un salario muy inferior al de los hombres, trabajan más tiempo y, en algunos lugares, tienen menos acceso a la educación y la salud. Hace algunos días, en Lampadia publicamos un artículo de Melinda Gates sobre su compromiso con la necesidad de empoderar a las niñas y mujeres del mundo, que aún no tienen el status y las condiciones de vida ni el  reconocimiento que merecen. Ver: Igualdad de género: Otra apuesta de la Fundación Gates

Para que el mundo pueda continuar progresando, tenemos que brindarles a las niñas y mujeres las mismas oportunidades que se les da a los hombres. Esto no sólo las beneficiará a ellas, sino a la sociedad en conjunto. Ver en Lampadia: La hora de la igualdad de género es hoy (8:00 a.m.)             

Invertir en ellas es la mejor y más efectiva inversión para el desarrollo. Por ejemplo, según el World Economic Forum, las mujeres utilizan el 90 % de su salario en sus hijos y en la salud, la educación y el bienestar de su familia, mientras que los hombres sólo invierten un 30 a 40 %. La eliminación de las barreras que impiden a las mujeres insertarse de manera equitativa al mercado laboral puede aumentar la productividad hasta en un 25%.

Por lo tanto, este es un tema que no se puede ignorar. La inversión en la participación económica de las mujeres es una de los mejores caminos para la reducción de la pobreza y un crecimiento económico inclusivo. Lampadia

¿Por qué los hombres piensan que otros hombres son más inteligentes?

Escrito por Danielle Paquette

Publicado en Washington Post

17 de febrero de 2016

Traducido y glosado por Lampadia

El antropólogo Dan Grunspan estaba estudiando los hábitos de los estudiantes cuando notó una tendencia persistente: Los estudiantes varones asumían que sus compañeros varones sabían más sobre el material del curso que las estudiantes de sexo femenino – incluso cuando las mujeres obtuvieron mejores calificaciones. “El patrón simplemente me gritó,” dijo.

Así, Grunspan y sus colegas decidieron cuantificar el nivel de este sesgo de género en el aula, en la Universidad de Washington y en otras partes.

Después de encuestar a aproximadamente 1,700 estudiantes de tres cursos de biología,  encontraron que los hombres se dieron constantemente más crédito entre sí del que otorgan a sus compañeras de clase femeninas que son igualmente inteligentes.

Los hombres sobre-calificaban a sus pares en tres cuartos de punto de GPA (puntaje de notas americano), según el estudio publicado este mes en la revista PLOS ONE. En otras palabras, si Johnny y Susie ambos tenían A, recibirían la misma cantidad de aplausos de estudiantes de sexo femenino – pero Susie sería registrada como una estudiante ‘B’ a los ojos de sus pares masculinos, y Johnny se vería como una estrella de rock.

“Está pasando algo inconsciente”, dijo Grunspan. “Durante 18 años, estos [jóvenes masculinos] han sido socializados para tener este prejuicio.”

El ser de sexo masculino, agregó, “es una especie de impulso”. Por lo menos a los ojos de otros hombres.

Las encuestas le preguntaron a cada estudiante que “nomine” a sus compañeros de clase más capaces en tres momentos durante el año académico. ¿Quién conocía mejor el tema? ¿Quiénes fueron los alumnos de más alto rendimiento?

Para ilustrar la diferencia de percepciones entre sus pares, los investigadores compararon la importancia de las calificaciones del estudiante a la hora de ganar una nominación. El típico estudiante recibió 1.2 nominaciones, con un promedio de 1.3 para los hombres y un promedio de 1.1 para las mujeres.

Las estudiantes mujeres les dieron a otras estudiantes mujeres un reconocimiento equivalente a 0.04 GPA – demasiado pequeño como para indicar cualquier preferencia de género, dijo Grunspan. Los estudiantes varones, sin embargo, otorgaron a sus compañeros estudiantes de sexo masculino un reconocimiento equivalente a un incremento promedio de 0.76.

“En esta escala”, afirma el informe, “el sesgo de género de los presentadores masculinos es de 19 veces el tamaño de los presentadores femeninos”.

Las “celebridades” del aula – definidas en el estudio como los estudiantes con el mayor reconocimiento – eran mayoritariamente hombres. Los hombres dominaron los tres primeros puestos en las tres categorías, mientras que las mujeres alcanzaron su punto máximo en el número 4.

En una clase, el hombre más reconocido, por así decirlo, obtuvo 52 nominaciones, mientras que la mujer más famosa consiguió nueve.

Los investigadores también examinaron qué estudiantes hablaban más en las salas de lectura, que podían acomodar hasta a 700 estudiantes. El aumento en la visibilidad de sexo masculino, pensaron, podría conducir a un mayor reconocimiento de sexo masculino.

Los hombres levantan la mano más a menudo, al menos según recuerda el profesor. Sin embargo, después de controlar las variaciones en las notas y la participación, los estudiantes varones siguieron recibiendo un mayor reconocimiento de los otros hombres que sus pares femeninas.

Grunspan afirma que el refuerzo de los profesores y los compañeros es de enorme importancia en la educación y el desarrollo profesional de una persona joven. Un simple “puedes hacerlo”, tanto para hombres y mujeres, podría significar la diferencia entre empujarlo a través de la adversidad o renunciar.

“Nuestro trabajo implica que el frío ambiente para las mujeres no va a pasar ni desaparecer  pronto”, escribieron los investigadores.

Lampadia

El gobierno socialista de Francia decide seguir el camino de Alemania y España en la búsqueda de superar el desempleo y alcanzar mayor competitividad. Después de décadas de regulaciones laborales populistas y pro cúpulas del sindicalismo, el reino del socialismo de viejo cuño, se rinde a la ‘dura prueba de la realidad’ que había llevado al país a altísimos niveles de desempleo y una creciente pérdida de competitividad de sus empresas y de la economía en su conjunto.

Es bueno recordar que Alemania, que adoptó políticas similares a las del proyecto del ejecutivo francés, antes de la última crisis financiera global de 2008/9, logró capear los graves problemas de desempleo que destruyeron el clima social en Francia y España. En ambos casos, además del de otros países de la comunidad europea, se tuvo que enfrentar niveles insoportables de desempleo, especialmente en el caso del empleo juvenil. Ambos llegaron a tener un desempleo general de alrededor de 25% y un desempleo juvenil de hasta 56%, en el caso de España y 26% en el de Francia.

España ya pasó por una reforma similar, que le permitió salir, en buena medida, de la crisis financiera, antes de lo que todos estimaban. Es de suponer que la actual crisis política de España es consecuencia directa del descontento social producido por la poca flexibilidad de su economía, hasta antes de su reforma.

Como todos conocemos, el primer país desarrollado en salir de la crisis fue EEUU, que siempre se caracterizó por su flexibilidad laboral y gran competitividad. En Europa, el que tuvo similar capacidad de reacción fue, justamente, Alemania, imitada primero por España y ahora por Francia.

El Perú es uno de los países de mayor rigidez laboral del mundo. Lo que es más, durante los últimos 15 años hemos transitado de regreso a la estabilidad laboral absoluta, uno de los grandes frenos a la creación de empleo formal y de calidad.

Sintomáticamente, ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República, está siquiera dispuesto a analizar y debatir el tema. Somos víctimas de una cobardía colectiva de la clase política, que lo que hace es ponerse de espaldas a las necesidades de trabajo de nuestra gente, especialmente, por supuesto, a las necesidades de nuestros jóvenes.

EEUU, ni Alemania, ni España, han sido nunca nuestro modelo político. Nuestra clase política y buena parte de nuestros periodistas, han sido y son, admiradores y seguidores de las políticas del socialismo francés. Es de esperarse que la revolución que ha planteado el gobierno socialista de Francia, nos haga reaccionar para hacer análisis causa-efecto de nuestras políticas laborales que permitan facilitar la creación de empleo de calidad y empezar a superar la perniciosa informalidad a la que hemos condenado, sin protección laboral efectiva, a la gran mayoría de nuestros trabajadores.

Veamos el planteamiento revolucionario del gobierno francés:   

La dura reforma laboral de Hollande agrava el cisma en la izquierda

Por Carlos Yárnoz

El País de España

29 de febrero de 2016

Glosado por Lampadia

La reforma laboral en Francia, exigida durante años por Bruselas o Berlín, está lanzada y ya ha originado un terremoto político y sindical antes de ser presentada oficialmente el 9 de marzo. El proyecto fulmina de facto principios sagrados de la izquierda, como el horario laboral legal de 35 horas semanales. Y admite los despidos colectivos, con indemnizaciones rebajadas, por dificultades económicas de las empresas. El ala izquierda del gubernamental partido socialista la rechaza frontalmente y los grandes sindicatos anuncian movilizaciones.

Más horas de trabajo, despidos más baratos

35 horas. Ahora se pueden superar por acuerdo en cada empresa para mantener el empleo. Con la reforma, podrá hacerse en caso de reestructuración, apertura de nuevos mercados o causas excepcionales.

Despidos. Podrán producirse por descenso de pedidos, deterioro de cifra de negocios, cambios tecnológicos o reorganizaciones.

Indemnización. Registran una rebaja general. De cuatro a tres meses de salario si la antigüedad es inferior a 2 años. De 27 a 15 si supera los 20 años.

Horas extra. Podrán pagarse por debajo del acuerdo sectorial si empresa y comité sindical lo aceptan. También podrán pactarse bajadas salariales. Los sindicatos minoritarios podrán convocar referendos en las empresas contra acuerdos de los mayoritarios.

Tras cinco derrotas electorales consecutivas en los dos últimos años y a solo 14 meses de las presidenciales, la ya dividida izquierda francesa afronta otra brutal batalla interna a cuenta de esa dura reforma laboral. Está “inspirada” en la actual norma española del Gobierno de Mariano Rajoy, como admite el primer ministro, Manuel Valls.

Algunos de sus dirigentes (de la patronal) se han sorprendido de que un Gobierno socialista plantee medidas que ni el conservador Nicolas Sarkozy se atrevió a poner en marcha en la anterior legislatura.

Aunque no suprime la ley de 35 horas, el Gobierno da amplias posibilidades a las empresas para saltarse el límite por reestructuraciones, apertura de nuevos mercados o “causas excepcionales”. O para bajadas salariales generalizadas para conquistar nuevos mercados. Las indemnizaciones máximas por despido injustificado pasan de 27 a 15 meses para trabajadores con más de 20 años de antigüedad.

La izquierda radical se ha levantado en armas. Los socialistas críticos dirigen sus dardos especialmente contra el primer ministro, Manuel Valls, al que consideran responsable de la “deriva socioliberal” del Ejecutivo que, auguran, les lleva a una derrota sin paliativos en las presidenciales del año que viene. Para los sindicatos, es “una vuelta al siglo XIX”, en palabras del líder de la mayoritaria CGT (Confederación General del Trabajo), Philippe Martinez.

Populismo

Para Valls, son sus críticos, los que están “anclados en el siglo XIX”, mientras que él o Emmanuel Macron, el titular de Economía también tachado de “liberal”, viven en este siglo porque saben, dice, que “la economía y el progreso social van de la mano”. La reforma laboral, añade, está inspirada en lo que funciona en países, como Alemania, Suiza o España”.

El Gobierno argumenta que, ante el estancamiento de la economía, la reforma mejorará la competitividad de las empresas y disminuirá el desempleo, que alcanza el 10.5%. En una apuesta por la flexiseguridad nacida en Centroeuropa hace dos décadas, el presidente François Hollande afirma que la reforma flexibilizará la contratación y reforzará la seguridad de los empleados. Lampadia