Milton von Hesse La Serna
Director de Videnza Consultores
Para Lampadia

La segunda parte del proyecto Majes Siguas es parte del viejo anhelo de la región del sur para conquistar las pampas de Siguas utilizando las aguas represadas del río Apurímac que discurren hacia la vertiente oriental. Este proyecto, que fue concesionado en el año 2010, habría generado -si se hubiese podido implementar de acuerdo a lo planificado-

• una irrigación de 38,500 hectáreas orientadas principalmente a la agroexportación
• que hubiera significado la creación de 120,000 empleos directos e indirectos,
• 1,500 millones de dólares anuales en valor bruto de la producción agrícola y
• un conjunto de encadenamiento dinamizadores de los flujos comerciales típicos que ya se observan en regiones como Ica, La Libertad y Piura.

• En primer lugar, por la demanda constitucional que hizo la región Cusco para evitar el uso de las aguas del río Apurímac por considerarlas aguas cusqueñas y no nacionales. Dicha demanda demoró un lustro en resolverse, tiempo durante el cual se tuvieron que suscribir más de 10 adendas para extender los plazos atados a compromisos de ejecución.
• Desde el 2015, el concesionario inició un proceso de negociación con el concedente -que es el gobierno regional de Arequipa- para mejorar la tecnología del proyecto ante la constatación de “nuevas circunstancias” que afectarían la disponibilidad de agua para poder llegar con el módulo de agua establecido a las parcelas del proyecto. Estas nuevas circunstancias consistían en el aumento de la reserva del caudal ecológico del río Apurímac determinado por el fallo del tribunal constitucional ante la demanda del Cusco, la corroboración de mayores usos informales del agua asignada al proyecto y, finalmente, por haberse constatado una mayor evaporación del agua como consecuencia de las mayores temperaturas atribuidas al cambio climático.
• Todos estos factores afectarían la disponibilidad de agua para el proyecto y solo se podrían irrigar 27,500 hectáreas sin un cambio tecnológico que permitiera una mayor eficiencia del uso del recurso hídrico. Por ello, contando con la aprobación de la supervisión especializada del proyecto, y el acompañamiento técnico del Ministerio de Agricultura y Riego y del Ministerio de Economía y Finanzas, el concesionario negoció una adenda, la número 13, al contrato de concesión, para que se permitiera pasar de un sistema de canales de riego abierto tradicional por gravedad a uno más sofisticado y moderno que contempla un sistema cerrado de tuberías y presurización del agua, que disminuye las pérdidas en la conducción así como la evaporación y evita costos a nivel de parcela para los agricultores.
• Luego de 5 años de discusión y paralización del proyecto, las partes en el marco del contrato acordaron los aspectos fundamentales de la modificación contractual -que implicaba US$ 100 millones adicionales- que fue aprobada por Proinversión ante la constatación de que dicha modificación generaba más beneficios que costos y que, de acuerdo a la opinión técnica especializada del MINAGRI y la económica y presupuestal del MEF, valía la pena suscribirla.
• Luego la adenda, se dirigió al MEF para su constatación de capacidad presupuestal, y -obtenida ella- fue aprobada por el Consejo Regional de Arequipa.

A pesar de lo anterior, la Contraloría General de la República ha observado la adenda a partir de argumentos que -principalmente- cuestionan la capacidad discrecional de todas las autoridades públicas a nivel nacional (Proinversión, MEF, MIDAGRI) y regional (GORE y Autodema) que participaron en la negociación en el marco de sus competencias funcionales y lo establecido en el propio contrato. La capacidad discrecional de los funcionarios públicos es aquella que les permite -sobre la base de un análisis técnico previo- elegir una opción determinada sobre otra, enmarcado dentro de las competencias que les da el marco legal. Así, uno o dos funcionarios de Contraloría, desautorizan un trabajo técnico legal del concesionario y del concedente durante cinco años bajo la atenta mirada de la supervisión especializada independiente, avalados por el ente rector de las APPs en el Perú (MEF), acompañado por la máxima autoridad en riego (MIDAGRI) y aprobado por el organismo especializado en materia de concesiones (Proinversión). La posición de la Contraloría tiene -claramente- no sólo un sesgo ideológico anti APPs sino también se arroga funciones que claramente escapan de sus competencias.

Si a la posición de la Contraloría respecto de la adenda 13 -que es no vinculante pero que advierte que si las autoridades la llevan a cabo se arriesgan a ser sancionados posteriormente- se agregan los vientos populistas de la anunciada segunda reforma agraria que plantea que los módulos de tierra deben ser para agricultura familiar y no empresarial, lo más probable es que Majes II siga siendo un sueño para los arequipeños por muchos años más y no una realidad. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
CILLONIZ.PE
Ica, 23 de octubre de 2020
Para Lampadia

La misión de la Contraloría General de la República (CGR) es – dirigir, supervisar y ejecutar el control a las entidades públicas para contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos –. Eso dice la página web de la institución. Y su visión es – ser reconocida como una institución de excelencia, que crea valor y contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos –.

Por otro lado, los Órganos de Control Institucional – más conocidos como OCI´s – son los encargados de realizar los servicios de control simultáneo y posterior en todas las instituciones del Estado; así como los servicios relacionados a los Planes Anuales de Control y a las disposiciones aprobadas por la CGR.

La pregunta es ¿han cumplido – la CGR y los OCI´s – la visión y misión para los cuales fueron creados? En otras palabras ¿han logrado los resultados esperados respecto al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos? En mi opinión, la respuesta es un NO rotundo.

“Por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7: 15 – 20): Palabra de Dios. Y sin picar tan alto… “uno de los grandes errores es juzgar las políticas y programas por sus intenciones más que por sus resultados”: Palabra de Milton Friedman – Premio Nobel de Economía 1976.

Pues bien, a la luz del evangelio según San Mateo, y de las sabias palabras del viejo Milton Friedman, la CGR y los OCI´s han fracasado. Las intenciones pueden haber sido muy buenas, pero los resultados han sido todo lo contrario. La corrupción rampante en casi todas las instituciones del Estado lo dice todo: coimas por doquier, sobrevaloraciones groseras, proveedores truchos, compras y contrataciones de pésima calidad, adendas amañadas en favor de contratistas corruptos, funcionarios públicos con títulos académicos falsos, médicos de hospitales públicos que abandonan sus centros de trabajo, mafias en el otorgamiento de licencias de todo tipo… y todo lo demás. ¿Dónde estuvo – y qué hizo la CGR – todos estos años? Repito… por sus frutos los conoceréis.

Pero eso no es todo. Lejos de ejecutar las acciones de control para contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos, la CGR se dedicó más a investigar y denunciar faltas absolutamente irrelevantes e intrascendentes. Peor aún, se dedicó a interferir sistemática y arbitrariamente en muchas decisiones técnicas de funcionarios públicos, para lo cual no tenía competencias.

El control irracional, arbitrario – y abusivo – de la CGR devino en un temor generalizados de muchos funcionarios públicos. Efectivamente, el Estado se atiborró de burócratas que, por temor a la CGR, no tomaron ninguna decisión ni firmaron ninguna resolución.

El mundo al revés. En vez de promover el uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos, la CGR promovió la inacción en todo el aparato estatal. Al final… el tiro salió por la culata.

Todo lo anterior ha sido expuesto – públicamente – por el actual Contralor General de la República – Nelson Shack – a quien considero una persona honorable e idónea. Incluso, fue él quien dijo que la CGR no castigaría metidas de pata; más sí metidas de mano. Ciertamente, una expresión muy sabia pero que quedó en eso; palabras… sólo palabras.

El problema puede estar en los ¿7,000? funcionarios que trabajan en esa enorme institución estatal. ¿Cuánta corrupción e ineptitud se habrá mimetizado al interior de ese monstruoso cardumen burocrático? Y ni qué decir del Contralor anterior, Edgar Alarcón. ¿Cómo hacerles ver que han causado un daño irreparable al país y a los peruanos?

En fin… de eso se trata el presente artículo. Hacerle ver a nuestros lectores que el control arbitrario – y abusivo – de la CGR generó temor en muchísimos funcionarios públicos. Y que el temor devino en inacción generalizada en el sector estatal. Y que la inacción – a su vez – devino en descontrol. Y que así fue como la corrupción se enquistó en el Estado peruano.

Entonces recapitulemos. Control – Arbitrariedad – Temor – Inacción – Descontrol – Corrupción. He ahí la perniciosa secuencia generada por la mismísima Contraloría General de la República. Una institución y una misión creada con muy buenas intenciones, pero con pésimos resultados. Lampadia

Fausto Salinas Lovón
Exclusivo para Lampadia

La semana anterior mostramos algunos ejemplos y casos de corrupción que se quedan escondidos cuando el ruido anti corrupción sólo nos permite ver en una dirección: el Congreso y la mayoría fujimorista.

Aquí otros datos para contribuir a tomar el problema en serio, en todas las direcciones y a todos los niveles:

• Según Nelson Shack, Contralor General de la República, la corrupción de acuerdo a los estimados de esa institución devora el 10% del presupuesto público. Esta es una cifra menor a la estimada por Alfonso Quiroz en la Historia de la Corrupción en el Perú y duplica la cifra estimada por ESAN, pero representa, según el propio funcionario, 17,000 millones de soles en el año 2019, considerando que el presupuesto de este año es de 180,879 millones de soles. Esta astronómica cifra se explica por costos inflados en la “contratación de servicios y proyectos públicos” de los cuales salen las coimas. Lo relevante de esta cifra es que tiene que ver con el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, mayoritariamente, todas las cuales son entidades a las cuales no se dirige precisamente el ruido anti corrupción.

• Sin embargo, la corrupción no se queda en la obra pública o la contratación de servicios. Está también a otros niveles. Llega a los jóvenes. 5 de ellos fueron hallados con auriculares para obtener las respuestas en el examen de ingreso a la Universidad de San Marcos y según las informaciones periodísticas recientes, habían pagado abultadas sumas de dinero para “garantizar” su ingreso universitario. Esto mismo se ha escuchado respecto de las escuelas de policía, en las cuales existirían pagos para “garantizar” (pagar) el acceso a los postulantes. ¿Qué clase de médicos, psicólogos o policías tendremos si los postulantes deben coimear para ingresar? ¿Cuándo, como y de que manera recuperarán esa inversión? ¿Como quedan los miles de jóvenes que postulan y acceden sin haber pagado? ¿O los que no acceden porque otros sin mérito lo hacen?  Como esto no es reciente, no debería extrañarnos que   muchos de los jóvenes indignados que marchan por las calles contra la corrupción sean también ingresantes de esta modalidad acelerada.

• Sobre la corrupción en la salud pública, Fernando Cilloniz aquí en Lampadia,  ha dado muy buena información de lo que sucede y lo que  se puede hacer corregir. En Salud y Corrupción, se muestran los casos de corrupción médica y la forma de controlarlos a partir de la experiencia gubernamental en ICA.. Si el médico de la salud pública le cobra al indigente para hacer lo que debe hacer y por lo cual le pagan, tendrá este médico autoridad para marchar contra la corrupción olvidando la viga que lleva en el ojo propio?

• Sobre la corrupción judicial y los sistemas administrativos, un aspecto que pasa inadvertido son los conflictos de intereses. Hay vínculos de sociedad, de parentesco, de afiliación política, de agremiación deportiva, de camaradería docente, de afinidad ideológica y de otro tipo entre jueces, relatores, secretarios  y funcionarios con abogados, estudios o tramitadores, que generan vías rápidas pero onerosas de solución de casos. Enfocar el problema en el CNM, la Fiscalia de la Nación y la Corte Suprema  lleva a pensar que el problema solo está allí y deja sin escrutar todo el sistema judicial, fiscal y administrativo, donde los ciudadanos enfrentan problemas día a día.

• Como si lo anterior no fuera suficiente, la coima, el sobre precio, el compadrazgo y la comisión también están presentes en algunas corporaciones y empresas privadas. Es ciertamente menor porque el dueño, el gerente, el directorio o quien los representa tiene en la reducción de costos y gastos el incentivo necesario para controlarlo; pero no es un problema ausente o ajeno, sino no habrían miles de denuncias por apropiación ilícita, estafa o similares.

Como dijimos en la primera entrega sobre este tema, podríamos seguir. Sin embargo, lo que queremos mostrar es nuevamente que el problema no debe quedarse en miradas superficiales, en ruido o en el uso político indebido. El tema debe ser abordado a fondo y a todo nivel si queremos resolverlo y no seguir dejando espacios de corrupción pública y privada sin escrutar. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 4 de agosto de 2017
Para Correo Ica y Lampadia

El título del presente artículo proviene del discurso presidencial del 28 de julio pasado. A ese respecto, cualquiera diría que los peruanos estamos 100% de acuerdo con nuestro presidente. Sin embargo, no… no hay tal unanimidad. Quizás… de la boca para afuera, sí. Pero en los hechos… ¡nada que ver! Yo diría que muchísimos peruanos – ¿alrededor de la mitad? – no actúa en concordancia con el sentir de nuestra máxima autoridad gubernamental.

Pero ¿quiénes son, y dónde están? esos peruanos que no sienten la necesidad de avanzar… y que no tienen problema con perder el tiempo. Pues están en todos lados… ¡dentro del mismo Estado! El Congreso de la República – por ejemplo – está plagado de ese tipo de gente. ¿Los Ministerios?… ¡ni se diga! Y lo mismo ocurre en los municipios y gobiernos regionales. Todo el aparato estatal está plagado de gente que todo lo observa, todo lo cuestiona, todo lo traba. Es la burocracia indolente – y en muchos casos corrupta – la que tanto daño nos hace. 

Inclusive, instituciones tutelares como la Fiscalía, el Poder Judicial y la Policía Nacional coadyuvan a aletargar el proceso de desarrollo de nuestro país. Y ¿qué decir de la Contraloría General de la República?… sobre todo, la que estuvo bajo el mando del Contralor anterior. ¡Qué manera de trabarlo todo!

Yendo a temas puntuales, los iqueños necesitamos avanzar con la creación de una autoridad de transporte urbano regional. Es verdad que el tráfico vehicular en Lima y Callao es un caos. Y me parece bien que se cree una Autoridad de Transporte Urbano para corregir dicho caos. Pero ¿acaso el tráfico en Ica y Chincha no es igual… o peor? En realidad, la gestión de transporte urbano en todo el país es un fracaso. Un fracaso municipal. Entonces, es un acierto del Gobierno Central tomar al toro por las astas, y resolver el problema desde arriba.

Ahora bien… si desde el Gobierno Central se pudo intervenir el transporte urbano – que repito… es una función municipal – ¿por qué no intervenir el recojo de basura en Ica? donde – evidentemente – la Municipalidad Provincial local ha fracasado. A este respecto, el Gobierno Regional de Ica ha alcanzado al Ministerio del Ambiente toda la sustentación necesaria para asumir dicha función, pero – hasta ahora, lamentablemente – han primado los trabadores de siempre. ¡Una lástima! Pero no nos daremos por vencidos. Parafraseando a PPK. Por el bien de los iqueños… necesitamos avanzar… no perdamos el tiempo. ¡Intervengamos el recojo de la basura en Ica… ya!

Construcción de carretera Chincha – Ica

También necesitamos avanzar en mejorar nuestra infraestructura logística. Me refiero a nuestras carreteras, ferrovías y puertos. En ese aspecto, los iqueños estamos muy complacidos de lo que viene ocurriendo en nuestra región. Aunque cabe criticar la demora de ciertos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la tramitación de la Iniciativa Privada Autosostenible (IPA) presentada por la firma OHL para la construcción de la Autopista Ica – Desvío Quilca; la cual incluye una vía de evitamiento de la ciudad de Ica… el tramo de mayor congestión de la carretera Panamericana Sur.

Por lo demás, la región Ica está avanzando. La autopista Chincha – Ica será muy pronto, una realidad… al igual que la doble vía Ica – Guadalupe. Antes de que acabe el 2018, nuestras cinco provincias tendrán carreteras pavimentadas hacia Huancavelica y Ayacucho. La modernización del puerto de Pisco está en marcha, y la Iniciativa Privada Autosostenible del puerto de Marcona avanza a paso firme. Tenemos un súper aeropuerto en Pisco, y el tren de cercanías Barranca – Ica está en plena fase de diseño. Ica va camino a convertirse en la región con mejor infraestructura logística de todo el país.

¡Sí, pues! Necesitamos avanzar… no perdamos el tiempo. En todo caso, es nuestro deseo que más gente venga a Ica a degustar los mejores piscos del mundo. Lampadia

Algunos  estudiosos de los temas del Estado llegan a afirmar que la descentralización ha sido un fracaso. Evidentemente, este importante proceso adolece de muchas deficiencias, pero debemos entenderlo como irreversible y, por lo tanto, apuntar a su perfeccionamiento.

Si vemos  la descentralización desde una perspectiva económica es muy claro que hemos sido exitosos, pues nuestra economía se ha descentralizado de manera muy importante. Esto se aprecia en la evolución de las inversiones, la generación de empleo y el aumento de los ingresos. En los tres aspectos, los mayores avances se dieron en las regiones, dado el regreso de la inversión privada al campo, la minería, energía, pesca y turismo, entre otros, un proceso de carácter estructural.

Desde una perspectiva política, la descentralización del Estado, se han trasladado a las regiones la mayoría de las funciones estatales así como gran parte de sus presupuestos de operación e inversión. Sin embargo, tenemos dos grandes debilidades: la falta de una estructura nacional y la debilidad de los procesos de gestión de los gobiernos sub nacionales, donde lamentablemente se han generado niveles muy altos de corrupción.

Otro problema, muy importante, es que no hemos logrado que las autoridades sub nacionales asuman la representación explícita del Estado en las funciones que les corresponden, ni que la población las vea como el Estado, ya que aún, ante cualquier crisis reclama la presencia del Estado (Central), ignorando a los gobiernos sub nacionales.

Líneas abajo, presentamos el análisis y propuestas de reformas desarrollado por Jaime de Althaus. Ver otras propuestas de reformas institucionales en nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI.   

Fuente: revistaideele

Las reformas de la descentralización

En la campaña electoral casi no se tocó el tema de la necesaria reforma de la descentralización, ni tampoco aparece como tal en los planes de gobierno propuestos, acaso por temor a que fuera políticamente contraproducente o, lo que sería aun más preocupante, por falta de conocimiento o conciencia del problema.

El hecho es que la descentralización en el Perú fue muy mal diseñada y ejecutada. Nació sin planificación, como un impulso político. Los primeros presidentes regionales fueron elegidos y estuvieron cinco meses en funciones antes de que se supiera qué funciones tenían porque no se había aprobado la Ley Orgánica de Regiones. En la mencionada ley Orgánica y en la Ley de Bases de la Descentralización se les transfirió a los gobiernos regionales prácticamente todas las funciones del Estado salvo las intransferibles como Economía, Defensa y Seguridad, pero al mismo tiempo se constituyeron sobre departamentos y no sobre regiones propiamente dichas, de modo que la mayor parte de ellos carecían y siguen careciendo de una masa crítica profesional suficiente para hacerse cargo de todas las funciones transferidas.

Para remate, el proceso de certificación y acreditación de capacidades para asumir las funciones fue prácticamente suprimido a partir del 2006 cuando Alan García decidió transferir todas las funciones de golpe y porrazo, acaso para desentenderse de las responsabilidades respectivas. Eso significa que las regiones y gobiernos locales se hicieron de muchas funciones sin tener ni las capacidades ni los recursos. Por lo tanto, la calidad de los servicios públicos decayó sensiblemente.

No solo eso. En muchos casos no quedó claro qué competencias correspondían a qué nivel de gobierno. Al gobierno central se le acordó la función rectora, normativa y supervisora, sin mayores precisiones, pero fuera de eso las competencias al interior de una función no quedaron claramente delimitadas a lo largo del proceso de producción de un bien o servicio, y entonces se superponen y no se sabe bien qué nivel de gobierno es responsable de qué.

Pero el aspecto más preocupante es que el gobierno central perdió capacidad de dirección, supervisión y control de las políticas sectoriales. El país se feudalizó. El gobierno central, salvo excepciones, por lo general ni siquiera  asume las limitadas funciones rectoras y supervisoras que tiene asignadas en la ley, en parte por falta de conciencia o capacidad, en parte por carencia de data y de instrumentos de medición de brechas y resultados, y por ausencia de mecanismos de intervención y sanción cuando el gobierno sub nacional no puede o no quiere ejecutar una política sectorial (ver “Análisis de la función rectora y sancionadora del Poder Ejecutivo”, Contraloría General de la República, Estudio Rol rector y sancionador Poder Ejecutivo.

Por último, se les transfirió a los gobiernos regionales y locales la mayor parte de la inversión pública. De esa manera los gobiernos sub nacionales pasaron de ejecutar menos del 5%  de la inversión pública en 1990, cuando solo existían gobiernos locales,  a ejecutar entre el 60 y 70% en la última década. Dentro de eso, los gobiernos locales desarrollan alrededor del 40% de la obra pública y los regionales entre el 20 y el 30%. Una verdadera descentralización del Estado, con el problema de que dichos gobiernos carecían de una administración moderna y profesional y más bien se organizaban en función de relaciones  patrimonialistas. El resultado fue bajos niveles de ejecución, atomización, muchas obras por administración directa o por contrata a parientes y amigos y, por lo tanto, mucha corrupción. En el siguiente cuadro podemos ver como el 41% de la inversión pública en las municipalidades distritales (MD) se ejecuta por administración directa, modalidad ideal para el enriquecimiento ilícito.

Según el informe de la Contraloría arriba citado, entre los años 2009 y 2014, el porcentaje de ejecución de la inversión a cargo de los Gobiernos descentralizados fue de solo 66%, un porcentaje inaceptable considerando las brechas existentes. Pero el tema se agrava considerando que el 43% de proyectos formulados por dichos gobiernos no se destinó a cubrir las brechas en los sectores básicos de Transporte, Educación, Salud, Agua y Saneamiento, sino a otros sectores no prioritarios. Y pese a que el 30% de la ejecución  de los gobiernos regionales se centró en el sector transportes,  resulta que al 2014 el 90% de la Red Vial Departamental no estaba pavimentada.

Uno se pregunta en qué se va el dinero. Según el informe, la mayor parte de los proyectos que reciben la declaratoria de Viabilidad por parte del SNIP,  no cumplen con los estándares de calidad solicitados por el propio SNIP. Y una vez ejecutados y entregados los proyectos, tampoco existe un sistema que permita monitorear cómo se lleva a cabo la operación y mantenimiento de los proyectos, ni es posible cuantificar cuánto se gasta en ello.

Pero la respuesta principal es la corrupción. Sobre todo a raíz de canon minero, una parte significativa de gobiernos regionales y locales tuvieron muchos recursos durante los años del boom minero. Eso, sumado a la cantidad de funciones transferidas que otorgaban capacidades discrecionales a los funcionarios, muchas veces sin la institución de la segunda instancia, convirtió a muchos gobiernos sub nacionales en botines presupuestales presa de aventureros políticos que no pertenecían a partido político alguno. Es decir, este proceso de desmembración administrativa se dio en el marco de un proceso de fragmentación política extrema en el que el sistema de partidos había estallado en mil pedazos. 

Dichas autoridades no solo carecían del control de un partido político nacional, sino que tampoco tenían el control fiscalizador de ciudadanos contribuyentes, pues, de un lado, los gobiernos regionales se financian exclusivamente de transferencias del gobierno central y no de recaudación propia, y, de otro, los gobiernos locales, si bien cobran impuesto predial y arbitrios, son relativamente pocos los vecinos que pagan. Sólo el 30% de los ingresos de las municipalidades en el Perú proceden de ingresos propios. Lo que esto significa es que no hay una masa crítica de ciudadanos contribuyentes que exija resultados.

Lo que tenemos, en suma, son gobiernos sub nacionales patrimonialistas con autonomía política pero sin responsabilidad económica y sin obligaciones de desempeño demandadas ni por el gobierno central ni por partidos políticos inexistentes ni por una muy pequeña base de ciudadanos contribuyentes. Gestiones patrimonialistas con diversos grados de corrupción que tienden a desarrollar relaciones clientelistas con la población.

Por lo tanto, la forma de resolver estos problemas es con un conjunto de reformas:

1. Reforma política orientada a reconstruir el sistema de partidos (ver Lampadia Empecemos a debatir la Reforma Política)
2. Análisis técnico de la mejor distribución y delimitación de funciones y competencias entre los tres niveles de gobierno según la parte del proceso que mejor puede hacer cada nivel (matrices).
3. Crear para todos los casos el recurso de una segunda instancia con desincentivos monetarios que eviten su abuso, estableciendo que cuando se ratifiquen las decisiones de la primera instancia, el reclamante deba asumir un costo adecuado.
4. Nuevo proceso de acreditación de las capacidades de las regiones y municipalidades para hacerse cargo de las funciones y competencias redelimitadas. Identificar los déficit de capacitación y capacidades profesionales para desarrollar planes de capacitación y contratación o traslado de funcionarios desde el nivel central.
5. Introducir la reforma del servicio civil en todos los gobiernos regionales y en las principales municipalidades. Es decir, profesionalizar las administraciones. Esta medida sí es mencionada en el plan de Fuerza Popular.
6. Profundizar el programa de incentivos del Ministerio de Economía para que los gobiernos locales incrementen su recaudación.
7. En el futuro, cuando las medidas planteadas hayan tenido efecto generando una gestión de calidad y los controles y reportes necesarios para evitar los niveles actuales de corrupción, deberá contemplarse el descentralizar el impuesto a la renta a los gobiernos regionales, que logren su acreditación para tal efecto.
8. Establecer mecanismos para fortalecer la capacidad rectora de los ministerios:
   1. Comisiones sectoriales intergubernamentales. PPK propone crear un Consejo de Coordinación Intergubernamental, adscrito al Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) encargado de fijar una agenda de reforma del Estado a escala regional y local
   2. Convenios de gestión
   3. Presupuestos por resultados
   4. Construir sistemas de información para medir brechas y resultados. Base de datos única y compartida.
   5. Fuerza Popular plantea condicionar las transferencias a los gobiernos sub nacionales a la reducción de brechas.
   6. Reformar el SNIP y la inversión pública. PPK propone  la creación del Ministerio de Apoyo a las Regiones (MAR) y la descentralización de Proinversión para dar apoyo técnico y económico a las regiones y municipalidades. Proinversión tendrá un banco de pre-proyectos, realizará los estudios, priorizará los proyectos dentro de un presupuesto quinquenal y los monitoreará y tendrá oficinas en los Gobiernos Regionales.  Fuerza Popular propone un Sistema Integrado de Planeación de Políticas Públicas y Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) que identificarán las reformas para mejorar la calidad de la prestación de educación, salud, agua y saneamiento, así como de los procesos de inversión pública y acordarán las metas esperadas y los indicadores para dar seguimiento al avance de los planes. Prestarán asistencia técnica a las entidades del Estado para simplificar sus procesos y trámites, eliminar trabas y obstáculos burocráticos.
9. Fortalecer la capacidad sancionadora del gobierno central en el caso de incumplimiento de políticas y normas sectoriales, incluyendo la pérdida de ciertas capacidades, como el eventual control sobre la recaudación del impuesto a la renta.   
10. Establecer formas de intervención temporal en el caso de que un gobierno sub nacional desatienda un servicio básico o incumpla una política.
11. Trasladar las Oficinas de Control Interno de los gobiernos sub nacionales a la Contraloría, en lo que se refiere a su dependencia administrativa. Esto lo propone Fuerza Popular.
12. Establecer mecanismos e incentivos para avanzar hacia la integración de regiones en regiones propiamente dichas. Al respecto, PPK propone incentivar la conformación de “mancomunidades” y Fuerza Popular la firma de “contratos plan” pluriregionales.
13. Reforma del canon. PPK propone beneficiar a las comunidades aledañas a los proyectos sin afectar la distribución del canon a las regiones.

Como vemos, los planes de gobierno de Peruanos por el Kambio y Fuerza Popular recogen algunos pocos de estos puntos y ponen énfasis sobre todo en nuevas estructuras de apoyo y mejora de la gestión de los servicios y la inversión regional y local. Pero eso, con ser interesante, es insuficiente. Aquí se necesita un conjunto coherente de reformas, una estructura que permita el balance entre un gobierno unitario, descentralizado, y una oficina central capaz de monitorearlas.

Una falla que afecta la calidad de la gobernanza del país es la fragmentación que muchas veces se produce entre el gobierno y la sociedad civil. Por ejemplo, los vínculos entre el Estado y los empresarios en el sentido amplio, son más o menos cercanos en función de la visión ideológica del gobernante, o lo que es peor, en función de relaciones personales. Estas relaciones podrían institucionalizarse a nivel regional, mediante el fortalecimiento del Consejo de Coordinación Regional, que debe ponerse en práctica obligatoriamente y debe incrementar la participación de los representantes de los gremios empresariales, universidades y otras instituciones representativas de la sociedad civil de cada región. Lampadia