El cese de la Procuradora Julia Príncipe, presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, y de la procuradora Ad Hoc Katherine Ampuero ha creado una crisis institucional  que es solo el colofón de una cadena de errores. Es sorprendente que el gobierno de PPK no tenga buenos asesores y que, peor aún, no escuche los consejos y advertencias que se le hacen desde la civilidad. Veamos:

Error #1: Otorgar Autonomías Constitucionales

El 6 de setiembre de 2016, advertimos en Lampadia sobre lo inadecuado que era dar plena autonomía a la Procuraduría. Ver: Reformas que afectarían nuestras libertades.

• La mayoría de países occidentales no tienen una Procuraduría en absoluto, sino una Fiscalía.
• Mientras más autónoma es una institución, más potencialmente propensa es al abuso (salvo que su poder esté limitado por el de otras instituciones), y/o puede, a su tiempo, convertirse simplemente en una fuente de corrupción adicional. (…) ser recto y no corrupto no es un tema de estándares profesionales, sino de carácter (y ¿cómo se evalúa el carácter?).
• En lo referente al ‘abogado del Estado’, el abogado nunca es autónomo en lo que concierne a su cliente.
• El gobierno, que representa al Estado, debe tener el derecho a intervenir en el trabajo de la Procuraduría en casos de interés nacional.

Posteriormente, el 13 del mismo mes publicamos: La ‘balcanización’ del Estado. Entonces extendimos nuestra preocupación a los casos del Contralor y el Defensor del Pueblo. “En el caso del Contralor hemos visto durante las últimas semanas cómo alguien nombrado apuradamente y sin el debido cuidado, pretende extender absurdamente su presencia en los quehaceres del Estado”.

En Diálogo sobre el Procurador, el Contralor y el Defensor, agregamos:

• Darle poderes omnímodos a un procurador para que pueda hacer lo que le dé la gana y que se convierta en una especie de monarca, es  una barbaridad, nos hemos olvidado de los ciudadanos, las instituciones que necesitamos tienen que ser para defender a los ciudadanos.
• Todo lo hacemos para las excepciones, para los casos malos, para los extremos y legislamos en función de eso, esta cosa del procurador se ha originado en el affair Príncipe-Nadine.
• Aparece un corrupto y se malogra la vida de los 99 honestos que hay en el Perú.  Si hay casos especiales vinculados a corrupción de funcionarios del Estado, habrá que buscar alguna otra figura con los fiscales.

A raíz de la salida de Yeni Vilcatoma de la presidencia de la comisión de Fiscalización del Congreso, insistimos en nuestras advertencias: Autonomía constitucional de la Procuraduría.

• El proyecto de ley propone que la Procuraduría tenga el carácter de un organismo constitucionalmente autónomo (al nivel del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Defensoría del Pueblo), integrado por un Procurador General de la República y un colectivo de Procuradores designados directamente por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por un plazo de siete (7) años renovables. Un verdadero Poder del Estado.
• El Poder Ejecutivo, ha recibido facultades legislativas para “Reestructurar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado”, con la idea de crear una Procuraduría como organismo público, dotándola de altos niveles de autonomía.  
• El art. 159º de la Constitución peruana establece que el Ministerio Público representa en los procesos judiciales a la sociedad, conduce la investigación del delito y ejercita la acción penal. Por lo tanto, crear una Procuraduría autónoma, duplicaría y sobrepondría funciones muy delicadas.   
• En el Perú, según la ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Decreto Legislativo 1068), los procuradores tienen una función diferente a la del Ministerio Público: representan y defienden jurídicamente al Estado, no a la sociedad. Por eso, los Procuradores están localizados en cada Ministerio, en cada Región y en cada municipalidad, porque representan los intereses de las entidades públicas de las que forman parte. Cumplen dos funciones: i) son los abogados de dichas entidades para su defensa jurídica y, a la vez ii) son los representantes de dichas entidades en los procesos judiciales.
• Carecería de sentido la creación de una Procuraduría General (como insiste en proponer Fuerza Popular), como organismo constitucional de carácter autónomo de los tres poderes del Estado, porque la mayor parte de su función es la defensa jurídica del Estado. Ya existe el Ministerio Público (MP), que sí tiene precisamente autonomía constitucional. Una alternativa sería más bien fortalecer al MP.

Estallada la crisis, el ex congresista Ántero Flores-Araoz dijo que fue el propio gobierno el que se hizo ‘harakiri’ al otorgarle autonomía plena a los procuradores. “En enero del presente año, y en virtud de las facultades delegadas por el Congreso, el gobierno emitió el Decreto Legislativo 1326, por el cual modificó integralmente el Sistema de Defensa del Estado, dándose indebidamente autonomía a los procuradores”. Agregó: “Según la Constitución, los procuradores son los abogados del Estado, (…) no pueden ser autónomos, pues tienen que depender de quién les da el encargo de defensa”.

Es igualmente preocupante que Keiko Fujimori insista en dar mayores autonomías al Procurador General de la Nación.

En resumen, se les dijo, se les advirtió pero no escucharon.

Error #2: El pobre manejo de la crisis del Lava Jato

Cuando estalla la crisis del Lava Jato, en Lampadia (19/01/2017), advertimos la necesidad de establecer acciones efectivas e inteligentes para evitar la cacería de brujas y el desorden, que podían traernos aún más daños. Publicamos nuestro editorial: A grandes males, grandes remedios (sin matar al paciente), donde afirmamos:

• Esta situación establece una crisis muy profunda y compleja de manejar en el Perú.
• Hay que cortar la enfermedad de raíz, pero no podemos matar al paciente: nuestra economía.
• Los daños de la enfermedad se propagan por una serie de vericuetos que habrá que dilucidar, pero hay muchos inocentes que rescatar.

• Entre ellos el personal peruano de las empresas brasileñas en el Perú, que han mostrado niveles de profesionalismo muy depurados y que, en su inmensa mayoría, no tienen nada que ver con las expresiones de corrupción.
• Muchos funcionarios públicos de segundo nivel, que tampoco estarían involucrados en los malos manejos.
• Las mismas obras que, desarrolladas o en desarrollo, son necesarias para seguir construyendo y otorgando mejores servicios a los ciudadanos.
• Las empresas y profesionales peruanos que pueden haber estado vinculados comercialmente a los corruptos, pero no necesariamente a los actos de corrupción.
• Hay que separar la paja del trigo y, para ello, se necesita enfrentar esta crisis con mucha seriedad, sin cacería de brujas, que nos pueda llevar a apuntar a elementos ‘distractivos’ o ‘scape goats’, en lugar de los peces gordos.
• En vez de jugar a la ‘gallinita ciega’, una delicia para los medios irresponsables, debemos empezar a tomar medidas drásticas alrededor de la mata de corrupción, por ejemplo: por necesidad moral de la República, el gobierno debe intervenir las empresas brasileñas involucradas en la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha singularizado a corruptos y corruptores.  
• Esperamos que el gobierno actué con firmeza y rigor, que muestre a la ciudadanía un compromiso absoluto de llegar a las últimas consecuencias.
• ¿Qué mejor manera de hacerlo, que vigilando la gestión de dichas empresas desde adentro? Cuidando así de evitar daños colaterales, pero evitando también que todas las acciones de las empresas estén dirigidas a cautelar el mejor interés nacional, y no a salvaguardar los intereses de los corruptos.
• De esta manera se puede dejar el tiempo y espacio para que los procesos judiciales, que deben ser lo más sumarios posibles, puedan ejercerse con seriedad.

Ver también: La crisis de corrupción requiere rigor y tranquilidad (2 de febrero, 2017).

Como todos conocemos, la falta de visión y decisión del gobierno originó que diferentes estamentos del Estado inicien acciones descoordinadamente y sin responder a una estrategia general, como las desarrolladas por la Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial, las Procuradurías y la Sunat. 

Hoy día tenemos que lamentar la interrupción de proyectos, los impagos del personal y proveedores de muchas empresas, una mayor parálisis de los funcionarios públicos, y como consecuencia de todo ello, un mayor debilitamiento de la economía y el riesgo del corte de la cadena de pagos. Y debemos notar que el Decreto de Urgencia 003 fue tardío e inadecuado para enfrentar la crisis.

Error #3: El pésimo manejo del licenciamiento de la procuradora Ampuero

Una vez empoderada la doctora Julia Príncipe como Procuradora y presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, con todos los aspavientos de un supuesto compromiso con la lucha contra la corrupción, y dados los nombramientos de las otras procuradoras, se hizo evidente que, por ejemplo, la doctora y procuradora Katherine Ampuero, era absolutamente inadecuada para el cargo. Tanto por sus soberbias y groseras expresiones, y su afán de notoriedad, como por su absurda y descoordinada acción en el caso del proyecto Olmos.

Evidentemente, la responsable de los nombramientos, la Ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, no coordinó los lineamentos del manejo de las procuradurías en temas cruciales.

No solo eso, cuando se hace necesario salir de la doctora Ampuero, no explica previamente a los ciudadanos, la naturaleza del entrampamiento de los proyectos y el tipo de acciones de control que debían llevarse a cabo.

Además, les miente a los ciudadanos afirmando que la doctora Príncipe había renunciado, pues se oponía a cesar a la doctora Ampuero.

En nuestra opinión era necesario licenciar a la doctora Ampuero, pero sin chambonadas. Pésimo manejo de la ministra, que ha creado una nueva crisis de gobernabilidad.

Conclusión:

Este grave desmanejo y la serie de errores descritos, todos del ámbito del Ministerio de Justicia, solo pueden empezar a corregirse luego de ‘agradecer a Marisol Pérez Tello por los servicios prestados a la Nación’. Lampadia

En Lampadia cuestionamos el nombramiento del defenestrado contralor desde el mismo momento de su nombramiento. Un regalito, sin papel celofán, del Congreso anterior, que sorprendentemente recibió también, una suerte de bendición de PPK como Presidente Electo, luego de una conversación de media hora en su casa. Ver: Para un Estado efectivo y probo, requerimos otro Contralor y El primer escándalo mediático del nuevo Contralor

Para analizar el problema de la Contraloría, debemos recordar que desde sus primeros días, el nuevo gobierno, en el Ejecutivo y el Legislativo, fomentó el fortalecimiento y multiplicación de funcionarios con capacidades inapropiadas, otorgando autonomías peligrosas. Estos errores se hicieron evidentes muy pronto, tanto en relación al Contralor como a los Procuradores. Se les advirtió, pero la soberbia de los primeros días había cerrado los oídos de los gobernantes. Ver en Lampadia: La ‘balcanización’ del Estado, Diálogo sobre el Procurador, el Contralor y el Defensor y Un Sistema de Control va más allá de la Contraloría

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Después de muchos problemas con los Procuradores (guardados por ahora debajo de la alfombra), y de situaciones dramáticas con el Contralor, absurdamente empoderado por el vicepresidente Martín Vizcarra al más alto nivel de decisión en el gobierno (Chinchero), y ahora adecuadamente cesado por el Congreso de la República, debemos reflexionar sobre la naturaleza de la Controlaría que necesita el país.

Antes de anunciar al nuevo Contralor, el gobierno debería anunciar algunas ideas fuerza que definan lo que esperamos lograr en el futuro. Este anuncio a los ciudadanos y medios de comunicación, se constituiría en una suerte de ‘contrato social’ del nuevo Contralor con la ciudadanía. Así no nos pasaría que el nuevo funcionario, que cuenta con autonomía constitucional, se vaya por la libre, como ha pasado tantas veces.

Se necesita comprometer públicamente al nuevo Contralor con una agenda de reforma de la institución, traer e incorporar desde el exterior, las mejores prácticas de control, y revisar el Sistema de Control desde las regulaciones a las que están sometidas las entidades del Estado sujetas a los procesos de control, por ejemplo, implantando mecanismos sólidos que aseguren la transparencia de los procesos de adquisiciones y contratación. Esta reforma requiere normas de excepción para poder dotar a la Contraloría del personal adecuado para una tarea tan importante, como instalar en la vida del Estado, procesos limpios de gestión.

La nueva Contraloría debe dejar de ser una suerte de inquisición abusiva que pueda repartir acusaciones, hasta de carácter penal, sin probarlas. Los funcionarios del Estado, que en su gran mayoría son gente proba, y deben  estar debidamente protegidos de los abusos que hemos visto en muchos casos, lo que ha devenido en una nefasta parálisis de decisiones al interior del Estado.

La primera acción de control debe plantearse en la vía administrativa. Una vez probada la responsabilidad individual del funcionario, al que debe darse la capacidad de defenderse, se puede proceder a la vía penal.

Algo que el país debe rechazar con mucha fuerza es el enfermizo Proyecto de Ley, promovido por la propia Contraloría, que impediría que los funcionarios del Estado cuenten con respaldo legal para los procesos de control que tengan que enfrentar. Más bien se debe establecer por ley lo contrario, la obligación de las entidades del Estado, de prestar apoyo legal a sus funcionarios.

El mejor Sistema de Control es aquel que se basa en propiciar en todas las entidades estatales, procesos que lleven al auto control con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y no pretender que los representantes de la Contraloría se repartan por todas partes, como se ha estado haciendo desde una visión de control muy pobre, inhibidora y finalmente inefectiva.

Otro tema muy importante es el referido a la capacidad de decisión de los funcionarios del Estado. En la vida de las personas e instituciones, en el sector privado y público, se deben tomar decisiones con criterio, en función de los elementos que se tienen disponibles. Estas decisiones pueden resultar adecuadas o no, dependiendo de muchas circunstancias. Si una decisión en particular deviene en un resultado negativo, no necesariamente se configura un delito. No se puede juzgar una decisión sobre la base de los elementos disponibles después de ‘terminada la guerra’. Estas deben juzgarse en su espacio y tiempo, evaluando la transparencia con la que se dieron y los elementos que la sustentaron.

De la experiencia reciente con el nefasto contralor Alarcón, también debemos evitar que el Contralor pueda opinar sobre cualquier tema, como asuntos especializados y técnicos. Su labor debe ceñirse a los elementos de probidad y cumplimiento de las normas.

En cuanto a las características del Contralor, además de las capacidades profesionales y cívicas adecuadas, debe buscarse a alguien que tenga independencia de criterio y carácter para ejercer sus funciones sin caer en marcos de acción políticos ni presiones mediáticas.

Lamentablemente, el gobierno ya anunció su candidato para el cargo sin dar el marco de referencia para la gestión futura de la Contraloría. Siendo así, por lo menos pedimos que el gobierno lo defina en las líneas comentadas más arriba antes de la eventual juramentación del nuevo Contralor. Lampadia

Nuevamente los medios atacan en comparsa a un funcionario público decente que ha sido víctima de una oscura maniobra, por parte de otro que acumula un rosario de perlas negras.

Alfredo Thorne, el Ministro de Economía y Finanzas, fue grabado (directa o indirectamente), en forma ilegal por el cuestionado Contralor de la República, luego se editó una conversación evidentemente manejada, y se mostraron elementos que siembran sospechas sobre el ministro.

Casi sin tomar aire, muchos medios de comunicación, como es usual, se tiraron contra el ministro, poniendo su seriedad en cuestión. Incluso al día siguiente de la denuncia del canal 5, en una radio de audiencia nacional matutina, en conversación con el ministro, se insistía en ver cómo se podía encontrarlo  en falta.

Fuente:   billtell.com

Un principio fundamental de la justicia es la presunción de inocencia. Un derecho ciudadano en los países más civilizados del planeta, incluyendo al Perú. Pero, para muchos medios de comunicación, pareciera que la justicia no está en sus manuales, su principio sería lo contrario: asume culpabilidad, insiste con todo lo que tengas, no importan los daños personales y no te preocupes de pedir disculpas luego, cuando las cosas se vean mejor.

Algunos creen que con llamar a esto ‘prensa amarilla’ es suficiente para tomarlo como parte de la normalidad de nuestros días. Esto no es prensa amarilla, esto es un abuso cometido por entes que tienen uno de los mayores privilegios que da la sociedad, el de opinar en libertad. Los medios son entes que tienen y deben tener toda la protección de la ley para ejercer su oficio sin cortapisas. Pero precisamente por esa razón, la sociedad debe esperar de ellos, un comportamiento responsable, por lo menos de parte de aquellos que reclaman para si mismos, solvencia moral y tradición.

El Lampadia hemos cuestionado el manejo de la economía por parte del ministro Thorne. Hemos dicho que necesitamos un ministro del ‘vaso medio lleno’ y no uno del ‘vaso medio vacío’. En las actuales circunstancias, necesitamos un ministro que nos active las adrenalinas del entusiasmo por todo lo que podemos hacer y no alguien que nos haga tomar ‘paciflorín’. Pero Thorne y su equipo, son gente decente que merece un mayor respeto por parte de todos los estamentos del Estado y por los medios.

A nosotros nos parece que cuando se presenta un evento de esta naturaleza, una disputa entre alguien que tiene una foja de servicios limpia y alguien cuestionado, se debe dar el beneficio de la duda al de la foja de servicios limpia. Los buenos ciudadanos probados, no deben ser atacados y desprestigiados sin ponderar los hechos con responsabilidad.

Algo muy parecido sucedió con la acusación de manipulación de audios contra José Chlimper, caso en el que hasta lo más encumbrado de la prensa, condenó apuradamente y sin contemplaciones a Chlimper. Es cierto que en ese caso, la coyuntura política puede haber llevado al uso de malas artes, pero, insistimos: los ciudadanos de probada contribución cívica, los que ostenten una foja de servicios limpia, tanto en el sector público como en el privado, pero con mayor razón, los que asumen el sacrificio personal de servir en el Estado; merecen, por lo menos, el beneficio de la duda.

En el caso del Contralor en cuestión, en Lampadia escribimos el primero de agosto (2016): Para un Estado efectivo y probo, requerimos otro Contralor. Nosotros, como se critica estos días, no esperamos a tener un interés político para cuestionar al Contralor. Sus primeras declaraciones mostraban que se había nombrado a alguien inadecuado para una función tan importante. Entonces dijimos:

El nombramiento de Alarcón como Contralor se hizo de forma apurada en los últimos días de la legislatura de uno de los peores Congresos de nuestra historia. No solo eso, se nombró al segundo de la Contraloría (Alarcón) de un gobierno (saliente) acusado de eventos de corrupción mayores vinculados a las inversiones del Estado. Y por si eso fuera poco, Alarcón estaba cuestionado por una operación inmobiliaria que debía ser plenamente aclarada antes de ningún nombramiento. Pero el habilidoso Edgar Alarcón, se las ingenió para recibir la bendición de PPK, tras una corta visita a su domicilio.

Como dicen los proverbios, ‘no solo hay que ser, también hay que parecer’. Pero incluso más allá de pareceres, acá tenemos un caso claro de incapacidad para una función vital que debe ejercerse con las mejores técnicas de control, con criterios que van mucho más allá de la contabilidad tradicional.

¿Qué debemos hacer?

Entre otras cosas, un buen contralor debería preocuparse por que se establezcan procedimientos transparentes para las adquisiciones, contrataciones y asociaciones del Estado. Ese es el primer proceso de control previo que se necesita. 

Esta situación debe ser corregida a la brevedad posible. Para ello hay dos alternativas, que el Congreso revoque el nombramiento, o que el señor Alarcón renuncie en un acto de dignidad.

Valga pues la ocasión para reiterar nuestro pedido de licenciamiento del Contralor y nuestra crítica a que se estén utilizando grabaciones secretas con los funcionarios del Estado, y peor aún, que éstas sean llevadas a la hipérbole por medios irresponsables.

Un antecedente de ésta mala práctica (de grabar a un funcionario importante), se habría producido, según se comentó en su momento, cuando el entonces Ministro de Economía, PPK, habría sido grabado por la Jefa de la Sunat. 

Aprovechemos la oportunidad para definir de una vez por todas, las características de una buena contraloría, una labor esencial para el buen manejo del Estado, pero que debe desempeñarse sin amedrentar a los funcionarios de Estado, sin inhibir sus decisiones basadas en criterios razonables y sin alentar la cacería de brujas.

Repetimos, ‘un buen contralor debería preocuparse por que se establezcan procedimientos transparentes para las adquisiciones, contrataciones y asociaciones del Estado. Ese es el primer proceso de control previo que se necesita’. Lampadia 

Como consecuencia de un par de publicaciones de Lampadia, Jaime de Althaus, conductor de La Hora N, convocó a un diálogo a los abogados Aníbal Quiroga y Rosario Fernández con el Director de Lampadia, sobre las facultades de los funcionarios que ejercen sus cargos a título individual y que gozan o pretenden gozar de autonomías plenas.

P: … director de LAMPADIA, ¿cómo está?

R: Gracias Jaime, bueno, mira, me has sentado con dos abogados y yo no soy abogado.

P: Usted ha publicado este artículo Reformas que afectarían nuestras libertades y otro más que se llama la Balcanización del Estado.

R: Claro, lo que yo soy es ciudadano, soy ciudadano desde que cumplí 21 años, porque antes era a los 21 años, hace más o menos 45 años. Un ciudadano en esencia sufrido en su relación con el Estado como somos la mayoría de ciudadanos en el Perú y yo creo que este tema tiene que verse desde esa perspectiva, la del ciudadano.

Cuando se empodera a funcionarios del Estado de manera exagerada para los litigios que fundamentalmente son entre el Estado y los ciudadanos o las empresas, ¿no es cierto?, creo que se comete un tremendo error, estos funcionarios ya tienen poder suficiente al representar al Estado, tienen al costado además a la Fiscalía, al Poder Judicial, el peso del Estado, su influencia mediática. La relación del ciudadano y la empresa con el Estado es una relación disminuida, ¿no?, ya es así y necesariamente va a ser siempre así, eso no se puede cambiar.

Pero darle poderes omnímodos a un procurador para que pueda hacer lo que le de la gana y que se convierta en una especie de monarca, me parece una barbaridad, nosotros nos hemos olvidado de los ciudadanos, las instituciones que necesitamos tienen que ser para defender a los ciudadanos, igual es en el caso del defensor, el día que lo nombran él habla de que está para defender la ciudadanía, una entelequia, ¿qué cosa es la ciudadanía? No señor, él está para defender al ciudadano, al individuo. Entonces estamos torciendo todo. Este mismo señor pretende ahora que le den poderes para sacarle la vuelta a la Constitución, para que sus decisiones sean vinculantes, usando la trampa que han usado en México. Entonces el defensor también quiere tener poderes absolutos, otro monarca. El contralor, otro monarca, apenas nombrado se tira a hacer cosas que no le corresponden, a causar toda una crisis en el Estado. Entonces, esto es una balcanización del Estado, esto es un desastre, los ciudadanos somos cada día más diminutos, más débiles, más sufrientes y gracias a Dios hoy día puedo hablar en nombre de ellos.

P: Caramba.

R: Mira, yo quería agregar un par de temas más, siendo este funcionario, en el caso del procurador, un abogado del Estado, como todo abogado responde a su cliente, ¿no?, y el cliente tiene derecho a sacarlo si es que no funciona o si por ejemplo, quiere aprovecharse del cargo para hacer una carrera política, con los medios que acá te vuelven famoso en cinco minutos, ¿no es cierto? Entonces, me parece absurdo pretender limitar eso. Lo que pasa es que todo lo hacemos para las excepciones, para los casos malos, para los extremos y legislamos en función de eso, esta cosa del procurador se ha originado en el affair Principe-Nadine. Y de eso deriva todo este proceso, creo más bien que ahora tenemos la oportunidad de revisar estos temas en conjunto, reflexionar y tomar decisiones racionales.

En segundo lugar, se legisla para las excepciones, para los casos extremos, aparece un corrupto y se malogra la vida de los 99 honestos que hay en el Perú, etc., etc. Entonces, si hay casos especiales vinculados a corrupción de funcionarios del Estado, habrá que buscar una figura nueva, alguna otra figura con los fiscales, para eso tenemos buenos abogados en el Perú, que podrán plantear una solución pero no por estos casos crear estos monstruos omnívoros que nos van a terminar reventando la vida a los ciudadanos. Ya tenemos el ejemplo del contralor, éste defensor que al día siguiente de jurar ya se está saliendo de lo que lo que dice la Constitución. Yo creo que hay que aprovechar esta especie de mini crisis conceptual para plantear un debate de lo que tienen que ser las capacidades autónomas de individuos en el Estado, que son muy peligrosas por ser un solo individuo, como ha dicho el doctor Aníbal Quiroga, ¿no es cierto? Y que hay que limitarlas y controlarlas, sería muy bueno revisar todo eso. En Lampadia hemos publicado esta colaboración anónima, muy conceptuosa, sobre el tema del procurador, de la unidad de inteligencia financiera para el tema del secreto bancario, y sobre el levantamiento de la seguridad de las comunicaciones individuales. Entonces, tenemos que ponernos en los zapatos del ciudadano.

P: El gobierno, el ejecutivo, entre las facultades legislativas que está solicitando, hay una para, precisamente fortalecer las capacidades de la unidad de inteligencia financiera para que pueda levantar el secreto bancario, etc., pero con autorización del juez, dice la propia norma. Y eso estaría bien, digamos.

R: Por supuesto.

P: Tiene que haber autorización del juez.

R: Como tiene que ser, ¿no es cierto? Pero hay que tener mucho cuidado con estos deslices y sobre todo, el hecho de que la gente no participe en el  debate de estas cosas, entonces hay un gran vacío y los que están detrás de estos temas son los que terminan colándolos en los medios y finalmente en las leyes.

P: Que son trascendentales en la vida de las personas…

R: Absolutamente. Yo quiero agregar un par de cosas más, el ser humano tiene graves problemas con el manejo del poder, el poder terrenal afecta a Papas y guachimanes, sabemos lo que sucede, ¿no es cierto?

P: ¿El Papa?

R: El Papa o el guachimán con poder terrenal. El ser humano no tiene un buen manejo del poder por lo tanto hay que tratar siempre, en lo posible, de no dar poder absoluto a un individuo, menos cuando al otro lado está el ciudadano. Pero tenemos otro tema, que creo que también tiene que entrar a la conversación que es el de los alcaldes y el de los gobernadores regionales que tienen autonomía plena para sus decisiones, no hay segunda instancia sobre sus fallos, sus decisiones, caprichosas o no caprichosas se imponen al ciudadano.

P: Y las ordenanzas tienen nivel de ley.

R: Así es. No hay segunda instancia y por supuesto, la corrupción se ha asentado en muchos municipios y en muchos gobiernos regionales, hemos cometido el error al  establecer discrecionalidad absoluta en sus decisiones, la única manera de contrastarlos es en el Poder Judicial, por años y costos que nadie maneja, la Defensoría del Pueblo debería de repente financiar esas causas de los ciudadanos contra los alcaldes. No sé, estamos reventados, yo creo que hay que hacer un buen debate sobre todo esto, incluyendo municipios, gobiernos regionales, contralor, defensor, todos estos casos. Incluso, la Superintendencia, hoy día tenemos una fantástica Superintendente pero no lo hemos tenido así en otros casos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Alonso Polar decía que en la Superintendencia debería haber también un directorio, de repente es un tema que hay que conversar, aunque es un cargo más especializado, menos complicado.

Lampadia

Normalmente en una sociedad, la identificación de un problema o de una carencia conduce a la búsqueda de su solución. Bien se dice: ‘Necessity is the mother of invention’ (la necesidad es la madre de la invención). La humanidad tiene una larga historia de buscar-encontrar-instalar con la que hemos ido creando instituciones y organizando mejor la convivencia social.

Lamentablemente en el Perú, estamos cayendo en respuestas apuradas a los problemas delicados que aquejan a nuestras instituciones, precipitándonos en un pernicioso facilismo. Este es el caso del diseño de las instituciones vinculadas a la lucha contra la corrupción y la protección de los ciudadanos, en las que se estarían instalando una suerte de monarquías laterales al gobierno que podrían llegar a ejercer poderes  absolutos en determinados aspectos de nuestra vida social.

Estos son los casos del Contralor, del Procurador y del Defensor del Pueblo:

• En el caso de Contralor hemos visto durante las últimas semanas cómo alguien nombrado apuradamente y sin el debido cuidado, pretende extender absurdamente su presencia en los quehaceres de Estado,  amenazando con paralizarlo y malograr la efectiva toma de decisiones de los funcionarios del Estado. Ver en Lampadia: El primer escándalo mediático del nuevo Contralor y Para un Estado efectivo y probo, requerimos otro Contralor.
• Sobre la Procuraduría se vienen proponiendo nuevas normas que no se están analizando adecuadamente y que encierran importantes peligros para la libertad y protección constitucional de los ciudadanos. Se pretende darle autonomía funcional, técnica y administrativa. Pues en Lampadia hemos compartido una muy importante reflexión al respecto, que nos alerta de las posibles consecuencias que esto puede tener en términos de la libertad de los ciudadanos y el foco de corrupción que puede darse potencialmente alrededor de un poder omnímodo. Ver: Reformas que afectarían nuestras libertades.
• El nuevo Defensor del Pueblo, ya elegido pero aún antes de juramentar el cargo, ya estaba explicando en RPP (cosa que confirmó días después en una entrevista en El Comercio) como planeaba sacarle la vuelta a la Constitución para adquirir poderes absolutos que no le corresponden, generándose la capacidad de emitir resoluciones vinculantes. Más detalle líneas abajo.

Hace pocos días, publicamos en Lampadia: Para un Estado efectivo y probo, requerimos otro Contralor. Nuestro análisis era muy crítico del enfoque de control con que nos amenazaba el nuevo Contralor y sugeríamos que el Congreso revoque su apurado nombramiento, o que el propio señor Alarcón renuncie en un acto de dignidad.

Pues bien, el Contralor ya armó un primer escándalo haciendo acusaciones injustas a 29 funcionarios de Pro-Inversión y aparentemente a algunos ministros, paralizando el proyecto de la Línea 2 del Metro y buena parte del sector público que de ahora en adelante estará sujeto a la ‘justicia’ del Contralor y, llevando al Primer Ministro a tener que declarar (con mucha razón): “veremos cómo hacer para que el proyecto siga adelante”.

Los peruanos tenemos suficiente evidencia para cuestionar la presencia del señor Alarcón en la Contraloría. Pero para abundar en más elementos de juicio, presentamos a continuación tres contenidos adicionales a nuestro análisis previo: la entrevista de Redes y Poder a Sergio Bravo; sumas y restas del proyecto y; el artículo sobre la Línea 2 de Flavio Ausejo.

Es lógico que un funcionario de la categoría de un Contralor de la República infunda temor y silencios, pero la situación de la República, con el inicio de un auspicioso nuevo gobierno que debe relanzar el movimiento de la economía nacional, merece el apoyo de la opinión pública para evitar trabas innecesarias que malogren su gestión. Esperamos pues, más consecuencia.

Veamos los importantes elementos que ponemos a disposición de nuestros lectores:    

I. Entrevista en Redes y Poder a Sergio Bravo, experto en gestión pública

El experto en gestión pública expresó una serie de inquietudes sobre la acusación de la Contraloría.

• Se ha dejado constar en los medios una acusación de corrupción sin que se haya formulado como tal, pues las observaciones son de orden administrativo.
• Critica que en la evaluación del proyecto no se haya usado el sistema de puntos por distintos factores de evaluación, versus un sistema de calificación técnica (pasa o no pasa) para que el concurso se centre en el aspecto económico, que es un proceso más transparente y evita la subjetividad.
• Observa el método constructivo con desconocimiento técnico.
• Cuestiona el monto de las sanciones a pesar de no estipular un acto de corrupción.
• Denuncia importantes pérdidas para después terminar diciendo que podrían haber mayores costos.

Bravo rescata además, la buena performance de los procesos de Pro-Inversión y sus antecesores, a diferencia de las obras públicas directas del Estado que sí adolecen de innumerables fallas y afirma que en la escandalosa acusación hay mucha imprecisión y poco sustento técnico. Veamos la entrevista:

II. Algunos datos relevantes para el análisis

• Hasta la fecha se han excavado 3.6 km de túnel. Faltan 30.9 km, incluido el ramal al aeropuerto (total 34.5 km).
• Las tuneladoras avanzan 12 metros por día, y habrá dos en operación simultánea en dos frentes. El avance potencial es de 24 metros por día (si no hay atrasos), si salen los permisos, las expropiaciones, y se aprueban los EDI de las estaciones (hasta hoy solo se ha aprobado una de 35).
• Si no falla nada, se necesitarían en teoría 1,288 días o sea 3 años y 7 meses.  Un enorme reto para el concesionario, dada la tramitología y la lentitud de los funcionarios públicos, sobre todo los de la MML.
• Pero el Contralor calcula 10 años sin ningún sustento.

Además:

• El contrato de la Línea 2 es a suma alzada, por 35 años.
• La inversion total es de US$ 5,346 millones (incluyendo el IGV).
• El aporte del Estado es de US$ 3,695 millones (el 70%).
• La inversión del concesionario es de US$ 1,651 millones (30%) para 34.5 km, que incluyen hasta 5.8 km que pueden excavarse con el método austriaco tradicional (según las bases del concurso).
• El costo de excavar con el método austriaco tradicional es de US$ 44,000 por metro lineal y con la tuneladora de US$ 17,000 por metro, un diferencial de US$ 27,000 por metro lineal.
• Costos: Los 5.8 km previstos en bases a US$ 27,000 por metro podrían tener un costo diferencial (por el método constructivo) de US$ 156.6 millones.
• ¿Qué denuncia el Contralor?

“Una pérdida de US$ 156 millones”, ¿en un contrato a suma alzada? – Una temeridad. Pero no solo eso, ante las incertidumbres del desarrollo del túnel en el terreno y los procesos de licencias, no se puede asumir el uso excluyente de la tuneladora, que en principio no debiera estar parada nunca, generando sí, sobre costos innecesarios.

III. La Línea 2: ¿Control de la gestión o de la decisión?

Publicado en: Pensando y repensando sobre el Estado y la Sociedad

Flavio Ausejo 

8 de agosto de 2016

Glosado por Lampadia

El Contralor informó hace unos días que la Contraloría General de la República (CGR) ha acusado a 23 servidores públicos de Proinversión ante el Poder Judicial por el proceso de concesión de la Línea 2 del Metro de Lima, por los siguientes puntos:

1. Solo verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados y no asignarles un valor que permita darles una puntuación a las propuestas técnicas para así elegir la propuesta ganadora.  En este proceso las empresas postoras –solas o en consorcio- deben cumplir con ciertos requisitos, que son evaluados por Proinversion, para lograr precalificar y estar aptos para presentar una oferta económica.  El concurso es bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), en donde el ganador es elegido a partir de la oferta económica que presenta.  La acusación es que en el análisis de las propuestas técnicas al momento de otorgar la buena pro solo fue verificado que cumplieran con los requisitos y no se les otorgo una valoración (puntaje) que permita ver cuál era la mejor.
2. Por el otorgamiento de la buena pro del proyecto al Consorcio Nuevo Metro de Lima pese a que no ofreció cumplir con los criterios exigidos por el Estado.  El proyecto requiere –de acuerdo a las bases- la construcción de un túnel de 26,9 km.  Para dicha construcción es necesario, señalan los requisitos del Estado, utilizar una tuneladora en 25,9 km. y 1 km. debe ser construido bajo el método tradicional (más costoso).  El consorcio ofreció fue utilizar la tuneladora para todo el trabajo, excediéndose de hecho en 3 km. generando, de acuerdo a la acusación, un “sobrecosto”.
3. Por darle prioridad -terminación anticipada- a la construcción de 5 estaciones para terminar un tramo del proyecto en junio del año 2016, pues la demanda proyectada indicaba que eran necesario ese adelanto, pero este argumento es considerado “inconsistente” y que también podría generar un “sobrecosto”.
4. Por el incumplimiento de la entrega de predios para ejecutar la etapa 1, pues es necesario el uso de terrenos que no son propiedad del Estado por lo que es necesario realizar expropiaciones, y
5. Por la inaplicación de una penalidad (por US$359,400) por la falta de registros de los especialistas del Consorcio en el colegio profesional respectivo.

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la CGR señala^[1] (parafraseando) que el control gubernamental consiste en supervisar, vigilar y verificar que los actos y resultados de la gestión pública fueron realizados considerando la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, y cumpliendo las normas legales y los lineamientos de las políticas y planes.  Para lograr lo anterior son evaluados los sistemas administrativos, de gerencia y control con el propósito de mejorarlos a partir de adoptar acciones preventivas y correctivas pertinentes.

La supervisión, vigilancia y verificación de los actos de la gestión pública representan unos de los desafíos más importantes en la acción del Estado, pues implica analizar las decisiones que toman los servidores públicos, y las decisiones son subjetivas.  Por lo tanto, el análisis de la subjetivad que aplica un servidor público para tomar una decisión puede convertirse en un espiral sin fin pues no hay elementos objetivos que puedan aplicarse de forma universal, dado que las decisiones^[2] están en función a los valores del tomador de decisión, de los objetivos del Estado y del contexto especifico, por mencionar algunos factores.

En el Estado los servidores públicos toman decisiones a partir del mandato legal, eso significa que, primero, la Ley debe darles la autoridad (función) para tomar una decisión en el tema en particular, y segundo, la decisión debe permitir lograr los objetivos del Estado, es decir, producir bienestar.

En el caso del Metro de Lima, el objetivo es aliviar los problemas de transporte de la ciudad en términos del tiempo dedicado a transportarse dentro de la ciudad y la seguridad de las personas, principalmente.  Según información del MTC, la demanda actual por la Línea 1 a superado largamente la demanda proyectada debido a que reduce los tiempos de traslados de forma drástica y la tasa de fallecidos en accidentes de tránsito por 100,000 habitantes aún es elevada (9.5) frente al estándar internacional (5.1 en Europa), siendo las principales causas de accidentes el exceso de velocidad y la imprudencia de los conductores.

Las acciones del Estado deben estar relacionadas con contar lo antes posible con los medios -la Línea 2 y demás- para lograr los objetivos de menor tiempo para traslados y menos fallecidos por accidente de tránsito, y las decisiones de los servidores públicos deben buscar que los procesos sean lo más acelerados posibles para lograr estos objetivos.

En este marco, ¿qué puede decirse con respecto a los cuestionamientos de la CGR?

1. En el proceso de adjudicación de una concesión, cuando los postores han pasado por una precalificación, todos los postores cumplen con los requisitos por lo que el elemento que permite señalar al ganador es la mejor oferta económica presentada. Este método es usado desde hace muchas décadas y fue aplicado por ejemplo en el proceso de concesión de las telecomunicaciones. En ese sentido, no tiene sentido una valoración de la propuesta, pues solo es necesario verificar que cumplan con las formalidades para estar aptos para la presentación de la propuesta económica. Más aún el marco legal no obliga a Proinversión a aplicar una metodología de evaluación en particular.
2. El Consorcio ofreció una tuneladora para todo el túnel, que va a costar más pero va a permitir terminar la obra más rápido y con una calidad apropiada, que es el propósito final.  En otras palabras, el Consorcio ofrece una posibilidad superior a la establecida por el Estado. No obstante, se sabe que hay zonas en donde por las características geológicas es mejor usar la excavación tradicional, pero en todo caso los costos son asumidos por el concesionario, como ocurre en cualquier concurso a suma alzada.
3. La evidencia demuestra que la demanda está por encima de lo esperado, en consecuencia adelantar la construcción de las estaciones va permitir que los trenes empiecen a operar y con ello aliviar el día a día de la población. El uso de la demanda proyecta es un método que es utilizado desde el primer metro, en la ciudad de Londres, en el año 1863. En todo caso es imposible comprobar de forma anticipada que no hay demanda suficiente, más aun analizando lo que ha pasado con El Metropolitano y la Línea 1 que han superado ampliamente las proyecciones establecidas.
4. La entrega de predios es uno de los aspectos críticos del proyecto, y ha sido un elemento que extiende los cronogramas en el caso de la construcción de carreteras. Pretender que este tema sea solucionado primero o al inicio es amarrar el inicio de todo el proyecto a un aspecto que debe ser solucionado durante su desarrollo. En todo caso, el tema escapa a las funciones de Proinversión.
5. La no inscripción de los especialistas del Consorcio en el colegio profesional respecto, ¿qué valor aporta al proyecto?

Más allá de los aspectos específicos de los temas cuestionados, lo que parece mostrar la acción de la CGR es que la prioridad es el cumplimiento estricto de las normas establecidas, no importa si estas normas no están concebidas de forma poco estructurada o son incoherentes; y el cuestionamiento a la decisión, sobre la base de argumentos elaborados por los propios servidores públicos de la CGR que no han sido difundidos o que parece no recogen las prácticas aplicadas en los sectores que son controlados –como los procesos de promoción de la inversión privada del Estado- y más bien parecen una mirada unidireccional –el proceso es analizado como obra pública y no como un proceso de promoción de una APP que sigue reglas diferentes.

Las consecuencias del anuncio de la CGR son severas para el proceso de toma de decisiones de los servidores públicos, en particular en un contexto de promoción de inversión privada en mega proyectos.

1. Temor a la toma de decisiones, pues dado que no están claros los criterios para evaluar una decisión, el servidor público va a tomarse su tiempo para decidir y va a hacer muchas consultas –legales- antes de tomar una decisión, si no quiere meses o años después terminar con una denuncia ante el Poder Judicial.
2. No decisión, pues es mejor que decidir –ejercer el criterio profesional bajo el marco legal vigente- y que luego la acción de control señale que no está de acuerdo con el criterio aplicado.  La acción de control posterior que no tiene hallazgos –no se decidió nada por lo que no hay que analizar- seria en consecuencia una “impecable gestión”.
3. “Tramitología”, pues a fin de orientar el criterio empiezan a aparecer más normas que regulan el comportamiento de los servidores públicos, y que en la práctica hacen aún más difícil tomar decisiones.
4. Orientación al proceso por parte de los servidores públicos, pues resulta más importante el proceso, no importa si mejora la calidad de vida de las personas.  Con el adicional que el servidor público está más dedicado a evidenciar que no cometió ninguna “falta” y menos a mejorar la calidad del servicio.
5. Desperdicio de recursos, pues el control implica destinar recursos económicos para financiar al personal, y más importante, tiempo, para hacer el control, para elaborar la evidencia que permita mostrar los criterios aplicados para tomar la decisión, y para sustentar ante los responsables del control las razones de la decisión.  Hay que considerar que el recurso más escaso del servidor público es el tiempo.

Las organizaciones de control más avanzadas están más orientadas al control del resultado e impactos de la acción del Estado en la población, y menos a vigilar cómo son tomadas las decisiones o si fueron aplicadas todas las normas establecidas. Lo importante es lograr que el dinero de los impuestos produzca bienestar en la sociedad, y eso es lo que debe ser materia de control. En ese sentido, los desafíos que enfrentamos para ir en esa dirección implican realizar cambios estructurales, como repensar las bases estructurales del control gubernamental, que implican cambios en la Ley; tener la capacidad para identificar los espacios para la corrupción, que implica realizar una análisis para identificar dichos espacio y aplicar planificación inteligente de las acciones de control; y lograr una sanción efectiva, que es una responsabilidad del Poder Judicial, para que no exista impunidad. Sería bueno empezar cuanto antes esta reforma (FAC).

Lampadia

[1] La cita textual está en el Artículo 6 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, de julio del 2002.

[2] No existe decisión “técnica”, lo que existe es una decisión, que pueden tener evidencia –referentes previos- o no. Y no significa que una sea una “buena” decisión y la otra una “mala decisión”, sino que es solo es una decisión. En el caso del Estado, sin embargo, lo mejor es tomar decisiones con evidencia pues una alta posibilidad de que lo propuesto funcione, y en ese sentido como son utilizados el dinero de los impuestos no está poniéndose en riesgo ese capital, a diferencia de una decisión evidencia donde al probabilidad de equivocarse es mayor.

Se suponía que los peruanos habíamos entendido que era indispensable terminar con la tramitología y que para eso se necesitaba iniciar un profundo proceso de desregulación que libere a los ciudadanos y empresas de la maraña legislativa que obstaculiza el desarrollo del país. Como hemos comentado antes (Ver en Lampadia: El Perú sucumbe a la ‘urdimbre regulatoria’), el Estado sufre de los mismos males, sin embargo, parece que el nuevo Contralor General de la República, Edgar Alarcón, considera necesario establecer más controles y procedimientos, que solo terminarían por paralizar la ya mediocre acción del Estado.

El 21 y 22 de julio pasado, Alarcón, en sendas entrevistas del diario Gestión, declaró que piensa implementar nuevos procesos de control previo para los megaproyectos, para los que instalará una OCI (Oficina de Control Institucional) en cada proyecto y; requerimientos de nuevas exigencias de información para la Contraloría, sobre los funcionarios públicos que ganen más de una UIT (600,000 trabajadores), pero “se podría extender a los trabajadores que ganen menos de una UIT”.

Publicaciones de las propuestas de Edgar Alarcón en Gestión

Ambas propuestas muestran un grado de desenfoque que solo puede ser calificado de patético, pues ante la proverbial incapacidad de la Contraloría para evitar la corrupción vinculada a los recursos del Estado, se pretende crear más controles, con los cuales, típicamente, se malogra el trabajo de los buenos funcionarios, que son la gran mayoría, sin que se eviten las fechorías de los corruptos. Es cierto que si paraliza la inversión pública, no podría haber corrupción, pero eso no es control, es pura y llanamente, un disfraz populista y efectista que hace más daño del que pretende evitar.

La primera propuesta es nefasta para el desarrollo de las infraestructuras. En palabras del mismo contralor, “Nosotros tenemos en la estructura de la Contraloría oficinas de control institucional (OCI) que a nivel nacional son 800. De estas 300 son pagadas por la Contraloría y 500 no las paga la Contraloría. Pero hablando de las 800, tenemos órganos desconcentrados de la Contraloría en municipios que mueven al año S/25 o S/20 millones, pero hemos decidido que vamos a colocar una OCI especializada en [cada uno de] los grandes proyectos.”

La segunda propuesta pretende que todos los funcionarios públicos que ganen más de S/. 3,950 (una UIT) estén obligados a presentar una declaración de ingresos y rentas ante la Contraloría. Para simplificar la información, de aprobase esta norma, a los actuales 35,000 trabajadores del Estado que declaran sus ingresos se tendrían que sumar al menos 600,000 funcionarios públicos adicionales.

En otras palabras, una comisión permanente de auditoría que va a llevar adelante todo el proceso de fiscalización de cada uno de los megaproyectos, comenzando con Línea 2 del Metro, gasoducto sur, Línea Amarilla, aeropuerto de Chinchero y la refinería de Talara.

Justamente el principal obstáculo  para el crecimiento de la economía es la desaceleración de la inversión privada causada por el deterioro de la confianza, las expectativas y el clima de inversión en el país. Para esto se debe facilitar el impulso de grandes proyectos, atrayendo a los inversionistas para desarrollar su potencial. A diferencia de lo propuesto por el contralor, se tienen que eliminar o acortar el número de normas y permisos que enfrentan los proyectos de infraestructuras, así como la actividad minera. Ver en Lampadia: Sobre cómo financiar e invertir US$ 80,000 millones y Destrabemos la construcción de nuestro futuro.

Además, estas medidas van completamente en contra de las metas propuestas por el anterior Contralor, el jefe de Alarcón, quién en febrero pasado anuncio su interés por simplificar la tramitología para impulsar las inversiones. Con este fin publicaron el informe, denominado “Mejora regulatoria y simplificación de procedimientos administrativos que afectan la inversión”, el cual detecta nueve trámites claves que deben ser simplificados: las certificaciones ambientales, la consulta previa, las autorizaciones y permisos de uso del recurso hídrico, las servidumbres, las licencias y permisos municipales, las autorizaciones para el uso de combustibles y explosivos, las expropiaciones, las interferencias y la instalación de antenas.

Parece que Alarcón está cometiendo el mismo error que los nuevos congresistas, quienes también se olvidaron del ánimo desregulatorio y ya comenzaron a plantear propuestas de nuevas leyes para los próximos cinco años. ¿Qué deberían estar haciendo estos congresistas? Aprovechar el nuevo mandato político para avanzar en las reformas y en la desregulación o superación de la tragedia de la tramitología. Ver en Lampadia: Desregulemos antes de pensar en nuevas leyes .

Dicho sea de paso, el nombramiento de Alarcón como Contralor se hizo de forma apurada en los últimos días de la legislatura de uno de los peores Congresos de nuestra historia. No solo eso, se nombró al segundo de la Contraloría (Alarcón) de un gobierno (saliente) acusado de eventos de corrupción mayores vinculados a las inversiones del Estado. Y por si eso fuera poco, Alarcón estaba cuestionado por una operación inmobiliaria que debía ser plenamente aclarada antes de ningún nombramiento. Pero el habilidoso Edgar Alarcón, se las ingenió para recibir la bendición de PPK, tras una corta visita a su domicilio.

Como dicen los proverbios, ‘no solo hay que ser, también hay que parecer’. Pero incluso más allá de pareceres, acá tenemos un caso claro de incapacidad para una función vital que debe ejercerse con las mejores técnicas de control, con criterios que van mucho más allá de la contabilidad tradicional.

¿Qué debemos hacer?

Entre otras cosas, un buen contralor debería preocuparse por que se establezcan procedimientos transparentes para las adquisiciones, contrataciones y asociaciones del Estado. Ese es el primer proceso de control previo que se necesita. 

Esta situación debe ser corregida a la brevedad posible. Para ello hay dos alternativas, que el Congreso revoque el nombramiento, o que el señor Alarcón renuncie en un acto de dignidad.

Lampadia