Veamos cómo se construye la base estratégica de la conflictividad anti-minera.

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Las organizaciones anti-mineras tienen entre sus líneas de acción la generación y publicación de contenidos. A través de sus publicaciones estas organizaciones buscan posicionarse, frente a la sociedad, como “voces autorizadas”, como expertos para opinar sobre conflictividad social. Los contenidos también sirven como fundamento discursivo para la narrativa anti-minera. La ONG anti-minera CooperAccion es prolífica en la generación de esta clase de materiales. Un ejemplo ilustrativo de ello es el libro “Conviviendo con la Minería en el Sur Andino”.

Introducción

El libro “Conviviendo con la Minería en el Sur Andino [1], de César Flores et al y publicado por CooperAccion y OXFAM, ilustra la perspectiva que esas dos organizaciones tienen de los conflictos y las negociaciones vinculadas a los proyectos mineros. El libro presenta una interpretación de tres casos de conflicto en el sur peruano: Espinar, Cotabambas y Chamaca, para luego hacer generalizaciones antojadizas. 

Como investigación, el libro es precario, describe una versión incompleta y parcializada de los hechos. Las únicas perspectivas que se observan en el libro son de las organizaciones y líderes ligados a la conflictividad. A lo largo del texto no se observa ningún esfuerzo de los autores por conocer y presentar, en forma medianamente imparcial, la perspectiva de los actores favorables a la minería o de las empresas mineras. Los principios de la objetividad, como conocer las perspectivas, intereses y versiones particulares de los diversos actores, están completamente ausentes en todo el libro.

No se observa en el libro ningún reconocimiento de los impactos positivos de la minería en el desarrollo de las economías locales, ello a pesar de la abundante evidencia sobre el tema[2], ni en la calidad de vida de las poblaciones, ni siquiera alguna acción intencional de las empresas mineras orientadas hacia objetivos sociales positivos. Si algún hecho no negativo es detectado, el mismo es presentado como una estrategia de manipulación o como el resultado de un conflicto, es decir, como resultado de una exitosa presión del movimiento social y en contra de la voluntad de la empresa.

Los autores dicen defender la convivencia pacífica con la minería, pero lo que presentan es una narrativa hostil a las empresas mineras, seleccionando la información y los testimonios en forma sesgada, de manera a atribuir las causas de todos los problemas y conflictos sociales al “modelo de desarrollo de libre mercado” (p. 10) y a la cultura de relaciones sociales de las empresas mineras.

Curiosamente, el 5 de febrero pasado, el autor del libro comentado, César Flores, escribió un artículo en cooperaccion.org.pe: ¿Con qué rigurosidad técnica se analiza la conflictividad social minera en el Perú?, en el que critica la publicación de Lampadia: “Cómo se organizan los conflictos mineros”, afirmando: “Al respecto, consideramos que el documento publicado por Lampadia trasgrede estándares mínimos de rigurosidad analítica en el campo de las ciencias sociales al no incluir evidencia directa que sustente sus numerosas hipótesis y aseveraciones”.

Seguramente Flores se refiere a que, a diferencia de su libro, Lampadia no presenta interpretaciones parcializadas de casos específicos de conflictos, y más bien contribuye al análisis de los conflictos con un aporte conceptual. En el artículo dijimos:

En este texto pretendemos describir una visión que sea capaz de recoger la complejidad inherente a los conflictos sociales, pueda describir de manera precisa el rol de los antimineros en los mismos, y al mismo tiempo recoja la importancia del sistema de creencias locales frente al sector extractivo. Para ello haremos uso del concepto de SPIN (Acrónimo en inglés para redes integradas, segmentadas y poli-céntricas) aplicado por L.P. Gerlach a movimientos sociales ambientalistas en EEUU. (The structure of social movements: Environmental activism and its opponents. Networks and netwars: The future of terror, crime, and militancy, 289-310 – 2001).

El concepto del SPIN ayuda a entender el desarrollo de los conflictos anti-mineros, que, al no presentar evidencias de comandos centrales, generan dudas sobre su origen, diseño y despliegue; diluyendo, para los medios y la opinión pública, la percepción de las relaciones causa-efecto de los mismos.

Así es pues como los anti-mineros, y especialmente los disfuerzos editorials de Cooperacción van dejando sus nada rigurosos comentarios. Veamos otro ejemplo: recordemos su programa de formación de líderes comunitarios:

http://www.lampadia.com/analisis/mineria/manual-de-formacion-de-lideres-anti-mineros/

Con Sebastiao Mendonca Ferreira y su equipo del Centro Wiñaq, en Lampadia hemos venido desarrollando un análisis sistemático sobre el aprovechamiento de nuestros recursos naturales, con especial énfasis en la conflictividad socio-política que ha venido frenando las inversiones mineras, con un impacto clarísimo en la desaceleración de la economía y una menor disminución de la pobreza. Ver nuestra biblioteca virtual: Recursos Naturales y Desarrollo.

En base a este trabajo, se publicó el libro: Para Reducir la Conflictividad Minera. En esta ocasión, queremos compartir con nuestros lectores, la presentación de Mendonca en Perumin33 la semana pasada.

Presentación realizada por Sebastiao Mendonca Ferreira en la  Convención Minera, Perumin 33, en Arequipa, 2017.

La conflictividad minera, hasta ahora, ha resistido los esfuerzos de las empresas mineras y de las instituciones publica que han buscado superarla o por lo menos reducirla de manera significativa.
En nuestra forma de pensar la razón principal de ese hecho es el entendimiento limitado que se tiene del fenómeno.

Esta presentación busca desarrollar elementos de un enfoque que podría generar estrategias más efectivas en ese campo.

Introducción

Antes de ingresar al tema central consideramos necesario explicitar una hipótesis conceptual.

La permanencia de cualquier empresa o institución en una sociedad depende de su legitimidad o, dicho de otro modo, es imposible lograr la sostenibilidad sin lograr la legitimidad social. La falta de legitimidad puede llevar a la abolición de actividades económicas. Por ejemplo: algunas provincias argentinas has prohibido la minería a tajo abierta, en Costa Rica y el Salvador prohibió la minería metálica.

Lo desafiante es que la legitimidad es una percepción la población local, esta percepción es construida sobre la base de las creencias, valores y expectativas de dicha población, dichos elementos pueden ser muy distintos de aquellos de la empresa minera que está buscando legitimarse.

Entre 2005 y 2015, la minería ha entregado a las regiones mineras una cantidad extraordinaria de recursos: 40 mil millones de soles.

Una cantidad de recursos que nunca antes había fluido hacia las regiones.

Lo esperable es que una transferencia a las regiones mineras de grandes cantidades recursos creados por la minería debería generar satisfacción en la población local y una defensa de la actividad minera por dicha población.

Es común el discurso de que la minería extrae los recursos locales y no contribuye al desarrollo. Sin embargo, un estudio del BID sobre el impacto de la minería en las zonas mineras del Perú ha evidenciado que la minería sí ha traído desarrollo económico y social. Múltiples estudios muestran que la minería trae desarrollo local.

Sin embargo, el desarrollo económico y la transferencia del canon y el desarrollo económico no han sido efectivos para reducir la conflictividad.

Ello significa que la falta de progreso económico y social, repetido en esos discursos, no es la explicación para la conflictividad minera.

Durante ese mismo período, las empresas mineras han firmado varios principios voluntarios con ICMM y varios otros estándares globales, y han realizado notables mejoras en sus prácticas ambientales y sociales.

Sin embargo, la conflictividad social es el principal factor de riesgo para el sector extractivo y puede producir pérdidas de miles de millones de dólares a las empresas, al Estado y a las poblaciones locales.

Ello cuestiona que las prácticas ambientales y los aportes sociales de las empresas mineras sean los factores centrales de la actual conflictividad social.Cuestionando así el discurso de los grupos hostiles a la minería y la interpretación predominante en las publicaciones sobre el tema. Que consideran que la conflictividad se genera por la disputa de los recursos naturales y falta de beneficios locales.

Si la evidencia empírica cuestiona las explicaciones que predominan en el país entonces, ¿cuáles podrían ser las causas de los conflictos mineros?

Ello nos obliga cuestionar la narrativa tradicional y abrir nuestras mentes para otro tipo de explicaciones para la conflictividad minera.

A través de nuestros estudios en el Centro Wiñaq hemos encontrado algunas de las causas de los conflictos mineros.

Aunque los conflictos son -casi siempre- presentados como si fueran ambientales, ello no refleja la realidad de sus causas.

Es común que los promotores de conflictos busquen alarmar a la población con la cuestión ambiental pues ello genera el clima social que genera movilizaciones. Esos grupos lo hacen exagerando los hechos o simplemente inventando rumores.

La narrativa ambiental de los conflictos ocurre porque es creíble. Es decir, si un grupo dice que está luchando porque una mina los está contaminando, el periodismo, los lideres de opinión y la población en general tiende a creer que es verdad.

Sin embargo, si se investigan los antecedentes de los conflictos y las plataformas de lucha y de negociación de la mayoría de los conflictos mineros, se encuentra que las cuestiones ambientales están ausentes o tienen un papel secundario.

Ello no quiere decir que no existan problemas ambientales en algunos conflictos, pero si quiere decir que, en la mayoría de los casos, las causas principales son otras.

Los conflictos mineros son fenómenos con muchos actores y múltiples dimensiones y sus procesos son non-lineales y con saltos cualitativos (Ver teoría de la complejidad).

Ello significa que no existen balas de plata, es decir, que no existen estrategias mágicas basadas en un solo factor.

Sin embargo, existen análisis que pueden servir como radiografías que ayudan a salir de las interpretaciones ideológicas y a entender mejor algunas de sus dimensiones.

Existen muchas expectativas de que los conflictos sociales puedan tener soluciones puramente económicas: distribución de canon, proyectos de desarrollo, adelanto social, etc.

Si revisamos las plataformas de lucha de los conflictos vamos encontrar que los beneficios económicos están presentes y reciben una prioridad muy superior a los temas ambientales.Sin embargo, las expectativas económicas de la población son casi infinitas. Es decir, la atención de una expectativa económica no significa que no se presentarán otras demandas.

Lo más importante, es imaginar los incentivos que la economía genera. Es decir, lo más importante no es lo que las personas ya recibieron como beneficio en el pasado sino sus expectativas sobre los beneficios adicionales posibles de obtenerse. En especial es importante conocer las consecuencias económicas personales de liderar conflictos antimineros. Es detrás de esas expectativas que se mueven los líderes de los conflictos mineros.

El tema de los incentivos es muy descuidado, pues predominan las interpretaciones basadas en las narrativas.

Los sistemas de incentivos son percepciones de la población sobre cual es la forma de obtener el máximo provecho de una situación, de la minería en este caso.

Esos sistemas de incentivos indican a la población cual es la mejor manera de relacionarse y sacar más provecho de la minería.

La minería se desarrolla, principalmente, en zonas rurales con economías tradicionales, principalmente agrícola y de con muy baja productividad. Según el INEI, la renta per-cápita anual en la sierra rural en el 2013, era de US$ 1,250, algo más de US$ 100 mensuales.

La llegada de una mina, con productividades decenas de veces superiores a la agricultura genera una zona de economía moderna, ligada a la minería.

El surgimiento de un sector moderno en medio de una economía tradicional desencadena un cambio en las estrategias de capitalización de las familias. En una situación así, las rutas de capitalización de las familias, y sus poderes relativos, dependen en forma crítica de su relación con ese sector moderno.

Con la llegada de la minería, la cuestión de cómo beneficiarse con la minería se vuelve la preocupación estratégica dominante de la población local.

William Easterly, analizando las economías de los países emergentes, hace hincapié de que los seres humanos reaccionamos a los incentivos. También en la conflictividad minera, las personas están reaccionando al sistema de incentivos.

La minería genera tanta riqueza que abre nuevas posibilidades de ascenso social en las regiones donde opera.

Para algunos grupos de la población, la conflictividad constituye en una de esas formas ascenso social.

La población puede beneficiarse de la minería de múltiples formas. La mayoría de esas formas son constructivas.

Sin embargo, también hay formas destructivas de sacar provecho de la minería. Esas formas destructivas solo benefician a una minoría, pero puede hacer que el conflicto se vuelva una actividad rentable. Algunas de estos beneficios provienen de la posibilidad de acceder a la riqueza minera, pero otras son por el acceso a fondos públicos o de la cooperación internacional. También están presentes los incentivos políticos, es decir, la posibilidad de acceder a la notoriedad política y a cargos de autoridad.En Perú, no son pocas las personas que han logrado puestos en municipalidades, regiones e incluso en el Congreso de la República promoviendo conflictos hacia la minería.

Para incidir sobre la conflictividad es necesario entender el sistema de incentivos que predomina en las zonas mineras. ¿Qué ha aprendido la población y líderes locales sobre la conveniencia o no de armar conflictos?

¿Qué incentivos existen para buscar una relación de cooperación con la actividad minera?

¿Para los campesinos, empresarios, instituciones, autoridades y universidades es más provechoso colaborar o conflictuar con las empresas mineras?¿A quiénes premia el Estado con sus decisiones e inacciones?

El sistema de incentivos es el verdadero paisaje o contexto económico de las zonas mineras. Sin conocer el sistema de incentivos es difícil tener éxito en la superación de los conflictos.

William Baumol, ha clasificado los tres tipos de emprendedorismo: productivo, improductivo y destructivo.

En el caso de la conflictividad minera son importantes los tipos uno y tres. ¿En que medida el sistema de incentivos predominante en las zonas mineras favorece al emprendedorismo destructivo, que aumenta sus rentas por medio de la conflictividad?

La acumulación de riqueza por medio de la violencia es muy antigua. Los Vikingos crearon una institucionalidad especializada en el saqueo. Las mafias peruanas, como en zonas del norte peruano, viven de la extorsión. ¿cuánto hay de este tipo de emprendedorismo en el entorno de las operaciones mineras? Una observación objetiva de muchos conflictos mineros puede sorprender a quienes están influenciados por las explicaciones ideológicas.

La cuestión institucional es fundamental. Según Daron Acemoglu, el éxito o fracaso de los países está ligado a la calidad de sus instituciones.

La conflictividad minera también está ligada a la calidad de las instituciones en el país, especialmente en las zonas mineras.

Cuando una mina se instala en una zona rural, las instituciones locales no están listas para recibir una actividad económica de tan grande escala, ni menos para procesar las nuevas expectativas y conflictos sociales que desencadena.Esta deficiencia institucional genera impunidad e inseguridad jurídica en dichas zonas.

En el Perú, hay tres niveles del Estado de derecho.

En los barrios de clase media y alta de Lima predomina un nivel básico del imperio de la ley. No ocurren saqueos de malls, ni invasiones de oficinas de bancos, ni bloqueos de avenidas. Los conflictos, cuando ocurren, se canalizan por la vía institucional.

En el VRAE (Valle del Río Apurímac y Ene), zona de narco tráfico y terrorismo, los ciudadanos y empresas no tienen ninguna seguridad, ni jurídica ni física.

En las zonas mineras existe una situación intermedia: la ley se cumple parcialmente y predomina la impunidad para las actividades violentas contrarias a la minería: bloqueo de carreteras, invasiones de propiedad, destrucción de maquinaria, etc.

Esa impunidad incentiva las acciones violentas y las amenazas a las empresas mineras, e incluso estimula que algunos grupos busquen extorsionar a las empresas mineras. En más de una región minera se han identificado comportamientos de extorción en grupos locales.

Hasta estos momentos, la mayoría de los intentos de reducir la conflictividad social han demostrado poca efectividad. No es que las acciones de relaciones comunitarias de las empresas sean completamente inefectivas, sino que son insuficientes para bajar la conflictividad social de los doscientos casos listados por la Defensoría.

Considerando los sistemas de incentivo y las condiciones institucionales es posible iniciar un camino de reducción de la conflictividad.

Antes de sugerir algunas ideas para la reducción de la conflictividad es conveniente clarificar que esa labor desborda las posibilidades de las empresas mineras. La solución a la conflictividad social no se reduce a mejorar la relación entre las empresas mineras y las comunidades del entorno. Hay varios otros actores cuya participación es indispensable.

La reducción de la conflictividad involucra al Estado Nacional, a las autoridades políticas regionales y locales, a las instituciones públicas que operan localmente, las universidades, las instituciones civiles locales e incluso a las empresas que se benefician de la actividad minera.

Sin el adecuado involucramiento de esa constelación de actores, los esfuerzos de las empresas mineras tendrán un éxito limitado.

Como explica Acemoglu y Robinson, las instituciones resisten a los cambios. Ver su esquema de cómo se reproducen las instituciones políticas y económicas y las condiciones para que ocurran los cambios institucionales. En su artículo, él explica que para que los cambios institucionales ocurran se requieren de modificaciones en el poder político formal y de-hecho.

En un corto y mediano plazos lo más viable es modificar la operatividad de las instituciones nacionales en los temas relativos a la minería y en el contexto de las regiones mineras. Esos cambios en la operatividad pueden lograrse si existe la voluntad política de apoyar el desarrollo minero del país.

Aunque algunos de los actores de la conflictividad minera son nacionales e incluso globales, los conflictos son fenómenos principalmente locales y su evolución depende en alto grado de la configuración de las instituciones locales.

La armonización o alineamiento de las instituciones en el contexto local puede crear condiciones favorables para reducir la conflictividad.

Ese cambio en el marco institucional local puede ocurrir sin cambios radicales en el marco institucional nacional, que serían de muy difícil obtención. Es posible así reducir la inseguridad jurídica de la minería sin tener que realizar modificaciones mayores en el marco legal e institucional. Se puede generar reformas institucionales focalizadas en las áreas problemáticas para el desarrollo de la minería en el país.

Ya hemos tratado el tema del sistema de incentivos, o de los intereses. Pero, para completar el enfoque de reducción de la conflictividad hay que considerar las ideas de las personas, su forma de pensar sobre la minería y como imaginan su futuro personal y colectivo.

La influencia en la forma de pensar de la población es una prioridad para los grupos hostiles a la minería. Ellos dedican años montando los mecanismos para influenciar a la población. Sinneutralizar su narrativa es poco probable que pueda crearse un clima social local y regional duradero.

En gran medida, lo que está ocurriendo es una batalla de ideas acerca de la minería y su papel para la realización de las expectativas de progreso de las personas.

Los grupos hostiles a la minería son muy claros en ese campo. Son más claros que las empresas mineras y sus instituciones.

La conflictividad social disminuirá cuando las personas crean que su progreso personal y familiar está ligado a la actividad minera, cuando sientan alegría por el aprovechamiento de la riqueza mineral del país.

En aquellas regiones y localidades en que el ambiente social sea de temor a la contaminación o de resentimiento hacia las empresas mineras los pronósticos son reservados. El problema es que esas regiones no son pocas y parecen estar expandiendo en el Perú.

Los grupos hostiles a la minería trabajan diariamente en la generación de temores, desconfianza y resentimientos en la población de las regiones mineras del país, y sobre esa base desarrollan una narrativa hostil a la minería.

Muchas empresas mineras creen que la actitud de la población local puede ser modificada con campañas transitorias de comunicación. Ello es una ilusión.Las percepciones dependen mucho más del flujo diario de mensajes en los medios que de breves campañasde comunicaciones.

Las percepciones de la población se moldean a lo largo de muchos años. Los rumores que generan temores hacia la minería, los discursos políticos que cultivan resentimientos, las opiniones de los periodistas sobre la minería y el desarrollo, y los gestos simbólicos de los líderes, a lo largo de varios años van moldeando las creencias y percepciones de la población. Los cambios en ese sistema de creencias y en las percepciones de la población requieren mucho más que estrategias comunicacionales. Una población que está bajo cerco cognitivo difícilmente cambiará sus percepciones a causa de campañas comunicacionales de las empresas mineras.

Quienes quieran reducir la conflictividad minera necesitan entender en profundidad a la población y sus temores y expectativas en relación a la actividad minera: afectación a la calidad y cantidad del agua, daño ambiental, cambios en las posiciones sociales, etc.

¿Como piensan sobre los manantiales, sobre el agua que consumen, sobre la minería, sobre las empresas mineras, etc.? ¿En qué aspectos confían y en qué otros aspectos desconfían de las instituciones públicas ligadas a la minería?¿MINEM, ANA y OEFA? ¿Por qué? ¿Qué significa la minería en su imagen de futuro? ¿Qué opinan sobre los conflictos? ¿Creen que los conflictos son positivos o negativos para sus expectativas personales? ¿Por qué? No hay que olvidar que la legitimidad de una actividad económica se define en base al sistema de creencias y valores de la población local.

Si alguien quiere llevar adelante un proyecto minero, expandir sus operaciones o trabajar en un clima social favorable necesita crear algunas condiciones.

La más importante de todas es que la población tenga una opinión favorable sobre el proyecto y sobre la actividad minera.

Para protegerse de los rumores y campañas de los grupos hostiles a la minería es indispensable tener voceros creíbles, dotados de una narrativa pro-desarrollo y con capacidad de rebatir las falacias anti-mineras.

Para que los micro-conflictos no escalen localmente o regionalmente, es necesario contar con el apoyo político y social de personas e instituciones creíbles para la población local.

Para que la violencia no sea una característica frecuente en los conflictos mineros, es necesario que dichos actos no queden impunes. Ello requiere el Estado tenga monopolio en al uso de la fuerza y que la ley impere.

Para los recursos de los gobiernos locales se apliquen en acciones de desarrollo y evitar la práctica de los grupos anti-mineros de financiar sus actividades con el presupuesto de autoridades afines a sus intereses, el uso de los recursos públicos debe ser cuidadosamente supervisado.

La primera responsabilidad del Estado es garantizar el monopolio del uso de la fuerza y el imperio de la ley en las zonas mineras.

Sin este monopolio los anti-mineros podrán amedrentar a sus opositores, amenazar la propiedad privada e impedir el accionar de las Empresas y el Estado.

Dada las deficiencias de la institucionalidad peruana, ya señaladas, su efectividad requiere que el Estado logre un alineamiento en los tres niveles (local, regional y nacional) de las instituciones y autoridades que pueden influir en al clima social relativo a la minería y en el manejo de los conflictos sociales.

Para tranquilizar a la población y evitar la propagación de rumores de contaminación, es importante que los procesos de aprobación y socialización de los EIA sirvan para ilustrar a la población sobre la minería y esclarecer sus preocupaciones. No es suficiente que se cumpla el proceso de manera formal, es necesario que la población entienda y confíe.

La población necesita de referencias institucionales para creer que las empresas mineras están actuando bien y que el Estado está garantizando sus derechos. Para ello el Estado debe dar mucha atención en fortalecer la credibilidad de las instituciones públicas por la población. Sin fedatarios institucionales, la población se queda vulnerable a los discursos demagógicos.

El Estado, en sus tres niveles (local, regional y nacional) tiene la responsabilidad de aplicar bien los recursos públicos, especialmente el canon minero, con el propósito de generar oportunidades para todos los sectores sociales y fortalecer los incentivos para el emprendedorismo constructivo.

Las empresas mineras tienen la obligación de cumplir con altos estándares ambientales y sociales.

Sin embargo, ello no es una garantía de que no tendrán conflictos. Además de atender esos estándares, las empresas necesitan conocer como piensa la población, cuáles son sus sentimientos hacia la minería y a las empresas mineras, las autoridades locales y las instituciones públicas que operan en la zona.

Debido al carácter formativo del flujo diario de mensajes sobre las percepciones de la población, las empresas mineras conocer y saber analizar dicho flujo, especialmente los mensajes y rumores que pueden afectar su legitimidad social. Este es un tema descuidado por muchas empresas mineras en el país.

Necesitan conocer también quienes son los promotores de la conflictividad, como operan y cuáles son las comunidades que están bajo su influencia. Ello es fundamental para que las empresas mineras puedan neutralizar sus actividades antes que ellas se transformen en conflictos.

Hoy, predominan los enfoques equivocados sobre la conflictividad social y como manejarla. Las empresas mineras necesitanque sus gerentes tengan un entendimiento claro en ese campo.

Necesitan tener la capacidad de analizar el flujo de mensajes que moldean las percepciones de la población y como ello afecta su legitimidad y las perspectivas de cooperación o conflicto en la zona.

¿Cuáles son los disparadores de conflictos entre la población local: expectativas exageradas, temores, resentimientos, etc.?

¿Existen en las zonas mineras voceros pro-desarrollo con credibilidad y con capacidad para rebatir los discursos anti-mineros? ¿Tienen esos voceros acceso a los medios locales, o están aislados?

¿Cuentas las empresas con personal capaz de tranquilizar a la población y de explicar los beneficios que la minería puede traer? ¿Su narrativa está o no está influenciada por la narrativa anti-minera?

Esta es una lista incompleta de las capacidades que una empresa minera necesita construir para poder incidir sobre las dinámicas de la conflictividad social en sus zonas.

Fuentes recomendadas 

Mendonca, S. (2017) Para reducir la conflictividad minera. Lima, Perú: Lampadia.(Accesible para download en https://www.facebook.com/centrowinaq/). Ferreira, C. & Olcese, F. (2017). Como se organizan los conflictos mineros: http://www.lampadia.com/analisis/mineria/spin-explica-la-convergencia-de-fuerzas-anti-mineria/ Ferreira, C., & Mendonca, S. (2017). Herramientas anti-minería y cerco cognitivo. Lima, Perú: Wiñaq. 70 artículos sobre conflictividad minera escritos por Sebastiao Mendonca Ferreira, Camilo Ferreira Legua y Franco Olcese en Lampadia: http://www.lampadia.com/

Sobre la productividad de la minería y la agricultura: 
Mendoza, W. & Collantes, E. (2017). La economía de PPK. Promesas y resultados: La distancia que los separa. (Documento de trabajo 440). Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú.

Sobre Teoría de Juegos: 
https://www.coursera.org/learn/game-theory-1

Sobre la organización de los conflictos mineros, SPIN:
Gerlach, L. (1999) The structure of social movements: Environmental activism and its opponents. In Jo Freeman &Victoria Johnson (editors), Waves of Protests: Social movements since the sixties, chapter 9. Uploaded from: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1382/MR1382.ch9.pdf

Sobre el uso de la prensa:
Barrell, H. (2014). Press your case to the media: Activism and the media. Sessions 1, 2, 3, & 4. Non-Violent Conflict: https://www.youtube.com/watch?v=wMek2e_tzzs

Sobre el emprendedorismo:
Baumol, W. (1990). Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. Journal of Political Economy, 98 (5), 893-921. Chicago: The University of Chicago Press. http://www.jstor.org/stable/2937617.

Sobre las instituciones y el desarrollo económico y social de los países:
Acemoglu, D., & Robinson, J. (2013). Why nations fail. Crown Business.
Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. (2005). Handbook of economic growth. P. Aghion and S. Durlauf (editors), volume 1, Amsterdam, The Nederland: Elsevier B.V.

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Sesión: Gestión de Industrias Extractivas con Transparencia
Presentación de: Russell King, Senior Vice President of International Relations and Federal Affairs, Freeport-Mc-MoRan Inc. (USA), Accionista de Cerro Verde

La presentación de Russell King sobre el desarrollo de Cerro Verde debe ser uno de los testimonios más claros en el mundo de los beneficios que genera una inversión minera formal y moderna.

Así como Cerro Verde, la gran minería peruana ha subido todos los peldaños de la continua mejora de los estándares operativos creados por el hombre moderno.

Pero, lamentablemente, la debilidad de nuestra clase política en especial y de nuestra clase dirigente en general,ha permitido que hayamos devaluado a la minería de cara a la opinión de los peruanos.

Esto ha sido obra de quienes encontraron un medio de vida enfrentando el desarrollo minero, y manipulando a los pueblos más necesitados hacia gestas contrarias a sus propios intereses.

Por ello, el Cobre, se vio precisado a escribir a los peruanos:

Ver : Carta del Cobre a los peruanos

Al Cobre le extrañaba haber perdido tantos seguidores en el Perú, mientras en otros países mineros seguía gozando del favor popular.

Este proceso llevó al colapso de la inversión minera. Y, con ello, a la parálisis de la inversión privada y la caída del ritmo de crecimiento en muchos sectores productivos y en la economía en general.

Esperemos que no tengamos que enterrar nuestros grandes proyectos mineros; hoy por los conflictos socio-políticos y quién sabe si mañana por la explotación de yacimientos submarinos o por sustitución de materiales.

La prédica de productos naturales no renovables es una disculpa para evitar su desarrollo. Lo no renovable bien puede ser la oportunidad de convertirlos en riqueza para todos los peruanos.

Una de las grandes falacias con la que se devalúa a la industria minera es la del valor agregado. Algo repetido peyorativamente por el vicerrector de la PUCP y varios de sus profesores de economía.

Sin embargo, un reciente estudio del IPE muestra, nuevamente, que el valor agregado de la minería es el doble de la industria peruana y llega al 69%.

Otro punto de vista muy ilustrativo sale de una entrevista que le hicieron a Andrés Oppenheimer en Buenos Aires. Resulta que compró un polo Ralph Lauren en Miami pagando US$ 85. Como el polo había sido fabricado en el Perú, llamó al productor, que le comentó, que de ese precio él se quedaba solo con US$ 8.5, el 10%.

Sin embargo, el exportador de concentrados de Cobre (cifras de 2012), se quedaba en el Perú con el 85% de la cadena de valor.

Hoy que todos se entusiasman con el aumento de las cotizaciones de los metales, podemos estar perdiendo la posibilidad de poner en valor nuestros yacimientos, pues la minería peruana está trabada por los conflictos socio-políticos y la incapacidad del gobierno para enfrentarlos.

Por ejemplo, la mejor idea para superar la conflictividad, ‘el adelanto social’ está siendo malograda por el gobierno. En vez de someter a los pueblos el desarrollo paralelo de lo productivo y lo social, la ministra del sector está feliz de haber conseguido 50 millones de soles para repartirlos, por aquí y por allá, sin vinculación al avance de la inversión minera. La nueva ministra no se atreve a apostar por el desarrollo del gran proyecto de Tía María.

En Arequipa, la gobernadora Yamila Osorio, “la Tía Yamila”, está peleada con ‘la Tía María’, dice que prefiere a ´sobrina Zafranal’, un proyecto de exploración, pero se queja de falta de recursos. Acosa a Cerro Verde. Cree que hay que sacar todo lo que se pueda de lo que ya tenemos, inhibiendo así la creación de mayor riqueza, en un ambiente pro inversión y crecimiento. Un gran desperdicio de liderazgo.

Tenemos que cambiar nuestra relación con la minería. Cómo dijo la Ministra Cayetana Aljovínen Perumin, si desarrollamos el potencial minero podremos disminuir la pobreza en otro 7%. Con todo lo necesario que es salir de pobres, ¡teniendo la capacidad de lograrlo, no hacerlo, es inmoral!

Ver en Lampadia: Para Reducir la Conflictividad Minera.

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Cada cierto tiempo, las organizaciones contrarias a la minería realizan publicaciones con títulos tales como “Mitos y Realidades de La Minería en el Perú”[1], “Policía Mercenaria al servicio de las Empresas Mineras”[2],“Poder Político y Gobierno Minero”[3], o “¿Pagaron los Justo? Política Fiscal en los Tiempos del Boom Minero”[4]. Estas publicaciones son realizadas por organizaciones y autores tales como Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Francisco Durand y Cooperacción.

Existe una prolífica producción intelectual por parte de individuos y organizaciones hostiles a la minería. Esto genera una pregunta respecto a si esta clase de publicaciones termina impactando de algún modo sobre la viabilidad, tanto del sector extractivo en general como de proyectos o en específicos. En este artículo describimos los canales de transmisión mediante los cuales estos estudios terminan impactando sobre la legitimidad del sector extractivo y la amplia superioridad desplegada por los pos-extractivistas en la generación de ideas y argumentos, así como en su comunicación.

La publicación de documentos, informes, manuales anti mineros y otros tipos de publicaciones, se repiten en todos los países donde los anti mineros encuentran financiamiento, que por lo general proviene de ONGs anti minería, así como de organismos de cooperación internacional, como hace la Unión Europea en el Perú.

Características y Uso

Una publicación que encuentre falencias o efectos negativos del sector extractivo, no necesariamente es una herramienta antiminera. Una publicación con un espíritu de crítica constructiva podría servir para ayudar al sector minero a superar sus deficiencias y avanzar en su desarrollo, pero ese no es el caso. Definimos como una publicación académica antiminera a aquellas que tienen entre sus mensajes principales, componentes centrales de la narrativa pos-extractivista. Esta narrativa está presente en la disputa por la legitimidad del sector extractivo tanto a nivel del sector en general como de empresas específicas.

La lucha por la legitimidad del sector extractivo se da en cuatro aspectos principales:

• Efectos sobre el desarrollo del sector
• Caracterización ética de las empresas
• Independencia y confiabilidad de las instituciones públicas dedicadas al sector
• Impactos medio ambientales

Como veremos cada uno de esos componentes ha sido atendido por el esfuerzo intelectual de los pos-extractivistas.

Por un lado, tenemos aquellas publicaciones que minimizan el impacto fiscal de la minería y afirman que el sector enfrenta un sistema de amplios incentivos tributarios. “Recaudación Fiscal y Beneficios Tributarios en el Sector Minero”[5] es un claro ejemplo que esta clase de publicaciones. Estas publicaciones sirven para reducir la percepción positiva sobre el desarrollo atribuido al sector minero.

Hay publicaciones que apuntan a acusar a las empresas mineras de ser responsables de la violencia ocurrida durante los conflictos sociales. “Policía Mercenaria al servicio de las Empresas Mineras” es un documento en el que se sostiene que la policía en la zona de influencia de las empresas mineras se encuentra sometida a estas empresas. Este sometimiento lleva, según el documento, a permanentes abusos por parte de la policía contra la población movilizada contra la minería. El nivel de estos abusos llega ala ocurrencia de fatalidades entre la población local. Acusar a las empresas mineras de ser responsables de golpizas y muertes socava su caracterización ética. Otro documento como “El Oro No Brilla para Todos”[6] apunta en un sentido semejante al sostener que la minería tiene un rol promotor de la violación de derechos humanos en Cajamarca.

Siguiendo con los componentes de la legitimidad hay publicaciones como “Poder Político y Gobierno Minero” en el que se afirma que las empresas extractivas tienen sofisticados mecanismos de cooptación de las instituciones públicas que deberían fiscalizarlas. Si se considera que las instituciones que deberían controlar la minería se hallan controladas por el sector entonces las declaraciones del Estado y sus funcionarios respecto a controles e impactos ambientales no serán creíbles, como tampoco lo serán respecto a aporte tributario del sector, o sobre denuncias de abusos por parte de las mineras. Así buscan crear la percepción de que las instituciones del Estado ya no representan o velan por la población.

El componente del impacto medio ambiental, tampoco ha sido dejado de lado por los pos-extractivistas. La publicación “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú”[7]señala que existe una gobernanza opaca de los recursos hídricos en las zonas mineras en favor de las grandes empresas extractivas. 

Los estudios mencionados son solo una ligera fracción de la producción intelectual por parte de instituciones hostiles a la minería. Esta producción es prolífica, y tanto medios de comunicación como varias instituciones públicas y privadas les dan una gran importancia a las publicaciones de las ONG’s antimineras. La siguiente tabla nos muestra el número de publicaciones disponible en las páginas web de diversas organizaciones antimineras peruanas.

Estas publicaciones pueden ser ensayos breves, documentos de trabajo o libros. En su gran mayoría ellas son de libre descarga para los interesados y se les aplica el marco de “Creative Commons” en vez de los registros clásicos de propiedad intelectual, para que sean de libre distribución, y aumente así su lectoría.

Una vez que se han realizado estas publicaciones las mismas pasan por un proceso de difusión.  El objetivo es que las conclusiones o los principales mensajes de sus publicaciones lleguen a la opinión pública a través de diferentes medios, entre los cuales se encuentran:

• Presentación de la publicación: esta puede darse en repetidas ocasiones y espacios geográficos. Es común la presentación dela publicación en Lima seguida de otras presentaciones en diversas ciudades del interior junto con un panel de intelectuales pos-extractivistas.
• Generación y divulgación de contenidos derivados a través de redes sociales, tales como videos cortos de la presentación de las publicaciones, infografías, memes, etc.
• Entrevistas en medios de comunicación locales y nacionales motivados por la publicación de documentos.
• Artículos en medios de comunicaciones físicos y digitales referidos a la publicación.
• Uso de las publicaciones como material de capacitación en la formación de nuevos activistas hostiles a la minería.

Implicancias Estratégicas

Es fácil considerar que estas publicaciones terminan siendo leídas y celebradas entre cerrados círculos de activistas pos-extractivistas y que sus efectos finales sobre los stake holders decisivos para la viabilidad de la minería sean limitados. Consideramos que, por el contrario, el sostenido esfuerzo intelectual de los pos-extractivistas termina siendo un factor crítico para deslegitimar al sector extractivo en el largo plazo y a proyectos específicos en el mediano. Entre los efectos de estas publicaciones se encuentran:

• Calificación de Voceros y de Instituciones: Estas publicaciones permiten presentar a organizaciones antimineras como expertas e investigadoras en los temas ambientales y sociales, y a legitimar los voceros de estas instituciones. Atienden las necesidades de quienes dirigen a los medios de comunicación de mostrar voces expertas para opinar respecto a la minería y a la conflictividad social ligada a ella. Las publicaciones posicionan a organizaciones antimineras y a sus voceros como referentes en estos temas. Por ejemplo, la presentación del documento “Gobernanza del agua en zonas mineras del Perú” logró a una entrevista de 14 minutos a Ana Leyva directora de Cooperaccion en Radio Exitosa y a una de 7 minutos en Radio San Borja. “Recaudación Fiscal y Beneficios Tributarios en el Sector Minero” llevó a un artículo en un diario de negocios como Gestión titulado “Expertos demandan revisar beneficios tributarios a mineras” los “expertos” citados son pos-extrativistas que han obtenido ese título y el espacio mediático para la difusión de sus ideas gracias al estudio referido.

• Generación de Discursos: En octubre del 2015 se dieron violentos enfrentamientos entre policías y comuneros en las inmediaciones del proyecto cuprífero “Las Bambas” en los cuales ocurrió el fallecimiento de un comunero. Estos sucesos pusieron los reflectores en la relación existente entre las empresas mineras y la policía. Algunos líderes de opinión y periodistas estuvieron expuestos a “Policía Mercenaria al servicio de las Empresas Mineras” como resultado de lo cual se difundió mensajes en el que se consideraba que la policía se hallaba sometida a algunas empresas mineras a partir de los Acuerdos de Cooperación firmados entre ambos.

La publicación de documentos brinda argumentos en el debate a nivel de líderes de opinión. Cuando existe algún evento, como lo puede ser un conflicto social, algunos líderes de opinión y periodistas sirven de repetidores ante el público en general de estos argumentos.

• Municionamiento. Un conflicto político se da en múltiples escenarios.  El debate público se da a nivel de medios de comunicación, foros y eventos, y en el boca a boca. La legitimidad del sector extractivo se juega en estos diversos escenarios de manera simultánea. El tener una narrativa más efectiva es una ventaja estratégica en un conflicto político. La eficacia depende de la diversidad de argumentos disponibles, su capacidad para apoyarse en las creencias preexistentes, y en su capacidad para movilizar emociones. Las publicaciones antimineras son determinantes en la formación de la -muy efectiva- narrativa antiminera. Conceptos críticos para la conflictividad social tales como “Cabecera de Cuenca”, “Entrega de territorios a las concesiones mineras”, “Criminalización de la Protesta Social” se han originado en publicaciones antimineras.  Ellos poseen una cantidad muy numerosa de producción académica comparada con la producción de las instituciones que no son hostiles, y aún más preocupante si consideramos la cobertura mediática de dichos productos.

La legitimidad del sector extractivo se juega a largo plazo, y la batalla de ideas es determinante en ese desenlace. La producción intelectual de los antimineros es un activo estratégico en estas disputas, y permiten ir acumulándololas bases para el momento de la conflictividad social. El sector favorable a las industrias extractivas está abandonando un campo crítico para su viabilidad de largo al no fomentar un esfuerzo intelectual comparable al de sus rivales.  Lampadia

Ver  además en Lampadia:

Camilo Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Es común escuchar a diversos voceros del pos-extractivismo afirmar que la caída en la inversión minera en Perú, se debe principalmente a causas externas en especial  la caída en los precios internacionales. Lampadia,  El Pos-extractivismo y sus narrativas (1 de 3). Estos argumentos son utilizados por disímiles actores hostiles a la minería, tales como Porfirio Medina, José de Echave y Marco Arana. Esta homogeneidad discursiva proviene de una necesidad política común, la de evitar ser increpados por los costos económicos y sociales causados por su oposición a los proyectos mineros frustrados, como Conga y Tía María. Llegan al punto de argüir que la idea de la conflictividad social como causal de la caída en la inversión minera es un “mito del extractivismo”.

Funte: planoinformativo.com

La menor reducción de la pobreza, la caída del canon yel mayor déficit fiscal, están entre las mayores consecuencias de la menor inversión minera. Quienes se oponen a la minería no desean que se les responsabilice por las consecuencias de su activismo. Esta es una posición intrínsecamente incoherente puesto que si los precios internacionales son el único factor determinante de la inversión minera entonces su lucha y activismo no ha sido relevante puesto que ningún proyecto habría sido detenido gracias a su accionar.

Otro de los supuestos “mitos del extractivismo” es el referente a la tramitología, en una reciente conferencia, José de Echave postuló que era un mito la idea de que los requisitos burocráticos como barreras a la inversión. Consideró que el discurso de la tramitología consistía en un recurso retorico de las empresas mineras para reducir sus responsabilidades sociales y ambientales. En una entrevista[i] De Echave afirmó:

“Se asume plenamente el discurso de la tramitología, están convencidos que en el Perú hay un exceso de trámites, un exceso de permisos, un exceso de burocracia que no digo que no exista, pero ellos señalan que es el factor fundamental por el cual en los últimos años la inversión en minería ha decrecido. Se olvidan aceptar que hay una tendencia global que muestra que se acabó el periodo de súperciclo de los precios. Lo que me preocupa es que ellos, a partir de esa identificación, pretendan insistir en debilitar la institucionalidad ambiental, las regulaciones ambientales, y como parte de esas regulaciones está el tema del agua”

Dentro de la lógica pos-extractivista,el activismo anti-minero pretende no tener responsabilidad sobre las consecuencias de la dinámica de inversión del sector minero, ni sobre la del país. Desde su óptica el negocio minero es tan rentable que los mayores costos y riesgos generados por la conflictividad y la regulación no retraen la inversión sino sirven para impulsar condiciones social y ambientalmente más justas para la actividad minera. Detrás de esta lógica esta la idea de que el sector minero tiene enormes ganancias por lo que reducir, aun severamente, la rentabilidad del sector, no lleva a una reducción de la inversión. En los últimos 14 años el margen neto promedio de las 40 mayores empresas globales del sector minero ha sido de 16.4%[ii], periodo que incluye una época de boom de precios.  Si se utiliza las cifras posteriores al fin del boom de precios, es decir desde el 2008, se observará que el margen neto promedio llego a 11.6% y en el caso específico del 2016 se llegó 4%. Estos márgenes son aún menores, al ajustarse por riesgo, si consideramos los altos niveles de incertidumbre que enfrenta el sector minero a causa de la variabilidad en el precio de las materias primas, las incertidumbres geológicas, políticas y por las incertidumbres creadas por los conflictos.Dados estos márgenes de ganancia el patrón de inversiones del sector minero es bastante sensible a las políticas públicas que pueden afectar la rentabilidad de un proyecto.

La conflictividad social

Para ver el impacto de la conflictividad social,es importante analizar las encuestas entre gerentes de empresas mineras peruanas realizada por el Banco Central de Reserva en los años 2015 y 2016. Esta encuesta encontró que los conflictos sociales son considerados por dichos gerentes como la principal causa de retraso en proyectos mineros. Los menores precios mostraron tener, según los encuestados, una menor influencia quela conflictividad.

En la misma encuesta se pregunta respecto a los cambios entre el 2015 y el 2016. El 66%, de los gerentes mineros, consideró que el riesgo de conflictos sociales se había incrementado respecto al año pasado. Es decir, los gerentes mineros consideran que la conflictividad social es una amenaza relevante y creciente a la viabilidad de los proyectos mineros. Estos conflictos fueron responsabilizados en un 81% de los casos por el accionar de los anti-mineros.

Más allá de las opiniones de estos gerentes, la magnitud de la conflictividad como barrera a la inversión minera puede percibirse al tomar en consideración aquellos proyectos que se encuentren amenazados en su viabilidad por la conflictividad social.

Una investigación presentada por McKinsey[iii] el 2013 es reveladora respecto a la magnitud de la conflictividad social ligada al sector minero. Este señala que un 42% de la cartera de inversiones mineras de aquel entonces (53,000 millones de dólares) se encontraba inmersa en conflictos sociales.Este nivel de conflictividad muestra divergencias respecto al estadio en el que se encuentra un proyecto. Se puede ver que cuando el proyecto minero se plantea en un área nueva de operaciones (Greenfield) el porcentaje de la cartera a ser involucrados en conflictos llego a un 31% en el caso de proyectos en exploración y a un 66% en caso de proyectos con el EIA aprobado. Esto nos muestra claramente que los EIA no tienen efectos de alivio de la propensión local a participar en oposición al proyecto.

En el caso de los proyectos en áreas con operaciones mineras ya establecidas (Brownfield) la conflictividad social es menor. Un 24% de la cartera de ampliaciones se encontraba afectada por conflictos sociales. Si la principal determinante de la conflictividad fuera la afectación ambiental, entonces los momentos de mayor escala de operaciones (Brownfield) tendrían una mayor conflictividad que aquellas con un menor nivel operativo (Greenfield).

La tramitología minera

La tramitología es también un supuesto mito del sector minero. Para los pos-extractivistas el sector minero estáaprovechando la desaceleración de la inversión minera para promover una agenda de desregulación. Desde la óptica de los pos-extractivistasen el Perú se da un “Gobierno Minero”[iv] en el que el poder económico de las empresas mineras se trasforma en una enorme influencia sobre el sector público. Esta influencia se manifestaría en condiciones extremadamente laxas para la actividad minera.

Sin embargo, la evidencia no se condice con la hipótesis del “Gobierno Minero” las supuestamente todopoderosas empresas mineras fueron incapaces de detener la proliferación de regulaciones mineras. El número de normas relativas al sector minero se multiplicó por once en el periodo entre el 2005 y el 2016.

Los procedimientos para poder obtener los permisos necesarios para operar un proyecto minero se encuentran muy alejados de los mejores estándares globales. Mientras que en Australiatoma entre 1 y 2 años obtener los permisos, en Perútoma de 4.5 a 6 años. Al contrario de la opinión de los pos-extractivistas, la regulación peruana se encuentra alejada de los mejores estándares globales, pero no por más laxa, sino por lo contrario, y con tendencia a la ser cada vez más compleja.

Conclusiones

Los pos-extractivistas quieren negar que sus campañas de generación de la conflictividad social y la mayor regulación del sector extractivo, han retraído la inversión minera. La evidencia contradice estas afirmaciones. Sus acciones han afectado de manera significativa la capacidad del Perú para mejorar las condiciones de vida de su población. Como afirmó el Director de Lampadia en un debate, “Pudiendo reducir la pobreza con la minería, no hacerlo, es inmoral”. Lampadia

[i] Entrevista disponible en: http://diariouno.pe/2016/11/21/el-peru-vive-una-crisis-ecologica/

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Es conocido que el principal motor del crecimiento en el largo plazo es el incremento en la productividad del trabajo. Es decir, el desarrollo de un país está directamente ligado al aumento de la productividad de sus trabajadores.[i]Lo difícil es encontrar, en cada contexto económico y social, cuáles son los factores y las condiciones que estimulan el incremento de esa productividad. McKinsey ha realizado un estudio detallado de los factores que inciden sobre la productividad de los países ricos, medios y pobres (EEUU, Corea, Brasil, Rusia, etc.) mostrando lo decisivo que es la productividad para la creación de riqueza y la calidad de vida de los países.[ii]

Fuente:  pinterest.com

En el caso de Perú, la minería moderna es uno de esos factores que pueden dinamizar la productividad de las economías regionales. En mi último libro (Mendonca Ferreira, 2017, Lampadia) he explicado brevemente qué pasacuando una mina se instala en una zona rural de economía tradicional, y como se generan dos tipos de economías con grandes diferencias de productividad:[iii]

1. Un cinturón de economía moderna ligada a la minería, con alta productividad.
2. Una economía tradicional, básicamente agrícola, de baja productividad.

En las zonas mineras, los destinos económicos de la gran mayoría de las familias dependen de su grado de articulación con ese segmento de economía moderna creada por la minería en su entorno. Estar ligado a la minería resulta siendo, en la mayoría de los casos, la mejor ruta de capitalización de los productores y empresarios en las economías regionales, y en muchos casos, resulta siendo la única ruta realista de capitalización.[v] Quienes no logran articularse con la minería, de alguna forma, se quedan en la economía tradicional. Pueden obtener pequeñas mejoras, pero se mantienen cercanos a la línea de pobreza. Sufren la frustración de seguir siendo pobres entre amigos, parientes y vecinos que ya tienen capacidad de acumulación por estar ligados a la minería. Entonces, todos quieren sacar provecho de la minería para capitalizar, sea produciendo, empleándose, o generando conflictos.

La población de las regiones mineras sabe muy bien de los beneficios de estar ligados a ese sector moderno. Por esto no es difícil convencer a las comunidades que están fuera de las Áreas de Impacto Directo (AID)de las empresas mineras a que participen en conflictos. Basta decirles que, si participan de los conflictos ellos van a ser incluidos en las AID. Los ejemplos en Perú de conflictos para ser incluidos en las AID se cuentan por decenas.

Si uno reconstruye los procesos de los conflictos mineros, conversando directamente con los actores involucrados, encuentra que, en la mayoría de los casos, una de las principales razones detrás de los conflictos es el deseo de ser parte de ese sector moderno, o de sacar provecho de la actividad minera de alguna manera. También hay conflictos mineros generados por razones ambientales, pero ellos son mucho menos frecuentes de lo que se cree.[vi] Lo típico de los conflictos mineros son las comunidades exigiendo empleo y contratos a las empresas mineras, exigiendo ser parte de las AID, exigiendo inversiones sociales, o exigiendo la donación de fondos para sus organizaciones. Es esa situación la que aprovechan los emprendedores destructivos y los grupos hostiles a la minería (anti-mineros) para promover la conflictividad. La narrativa va ser siempre ambientalista, pues es creíble, pero como explicamos en un artículo anterior las causas reales pueden ser muy distintas de las narrativas (http://www.lampadia.com/analisis/mineria/los-conflictos-y-sus-discursos/).[vii]

El caso de Las Bambas es ilustrativo de la conflictividad como forma de sacar provecho de la alta productividad minera: El conflicto de fines de 2015 está ligado a culminación de los contratos con cientos de empresas locales, afectando a más de 12 mil empleos. Al perder los beneficios obtenidos en la etapa de construcción, se generó un ambiente propicio para la conflictividad y obtener beneficios adicionales. En el conflicto reciente, el disparador fue el bloqueo de una carretera, liderado por un par de emprendedores destructivos, con la finalidad explícita de extraer rentas a la empresa cobrando un peaje multi millonario. Hechos como estos, aunque de menor escala, ocurren en el entorno de todas las empresas mineras modernas del país.[viii]

La conflictividad social, en la mayoría de los casos, es una forma destructiva y violenta de ingresar a los sectores modernos de la economía regional, creado por la actividad minera, o de sacar algún tipo de provecho de la alta productividad de la minería.

El Perú tiene en la minería un motor para dinamizar las economías regionales e incorporar millones de productores y sus familias a la modernidad. La geografía desafiante del Perú hace difícil crear condiciones de desarrollo para de las poblaciones rurales de las zonas andinas. La minería, al generar una economía moderna en su entorno contribuye de forma importante a vencer ese desafío. La minería genera, además, los recursos (canon) para financiar las obras que se requiere para viabilizar el acceso a los mercados y a los servicios. Desperdiciar ese potencial transformador es una expresión de desinterés por las poblaciones rurales y un acto de desinteligencia económica.

La minería lleva dinamismo económico, tecnologías y conocimientos gerenciales de nivel global a zonas tradicionalmente pobres y aisladas de la sierra. Además, paga miles de millones de dólares en impuestos y canon, para financiar obras críticas para el desarrollo. Las fuerzas políticas y empresariales y las autoridades nacionales y regionales tienen, con las nuevas generaciones, la responsabilidad de generar las condiciones paraun aprovechamiento constructivo de la alta productividad minera. En vez de celebrar las formas destructivas de extracción de rentas, los conflictos mineros, lo que se necesita es viabilizar las formas constructivas de sinergia entre el sector moderno, creado por la minería, y la economía tradicional de las regiones mineras. Lampadia

Sebastiao Mendonca 
Centro Wiñaq
Para Lampadia

En el Perú se ha desarrollado un relato que procura alimentar una corriente de pensamiento que plantea que los conflictos sociales, y los conflictos mineros en particular, son oportunidades para el país. En esta lógica, las poblaciones rurales son sectores sociales oprimidos, las empresas mineras son saqueadoras de las riquezas locales y abusivas con la población, y el Estado está dedicado a defender los intereses de las empresas mineras en desmedro de los derechos de la población local. Con esta interpretación social, filo-marxista, los conflictos mineros son vistos como oportunidades para cambiar una realidad injusta y cerrar asimetrías entre actores sociales. Además, los intelectuales y políticos que defienden esas interpretaciones se creen agentes justicieros a cargo de una noble causa.

 Fuente:  elmercantil.com.do

Sin embargo, la realidad social es bastante más compleja que esa concepción maniquea. Si vemos de cerca los conflictos sociales, y los analizamos desapasionadamente, apreciaremos  que en la gran mayoría de ellos hay un alto componente de extracción de rentas de la minería (emprendedorismo destructivo), combinado con la percepción de riesgo ambiental. Existen abundantes evidencias que demuestran que el uso de la violencia es un componente muy frecuente de esos conflictos, y que ese componente de violencia es muy funcional para forzar a las empresas a acceder a las exigencias de los grupos conflictivos. Es claro, además, que, con raras excepciones, los temas ambientales son temores exagerados y exacerbados por algunas ONG o simplemente son discursos justificadores de acciones violentas, como en los casos de Tía María y Las Bambas.

Según esas corrientes de pensamiento los conflictos son inevitables, por una idea artificial de conflictividad estructural. Basados en ese supuesto ideológico, opinan que hay que dejar que los conflictos ocurran y priorizar las intervenciones en los procesos de negociación que ocurren con posterioridad de los conflictos. Creen que estos procesos de negociación, marcados por un conflicto reciente, son una oportunidad para cerrar las brechas generadas por una institucionalidad funcional a la minería y disfuncional a la población. En las negociaciones ellos consideran que es imposible llegar a las soluciones ganar-ganar, y que los costos económicos y sociales de los conflictos no son importantes o son costos colaterales justificables.

Si queremos contribuir realmente a solucionar los conflictos sociales necesitamos aprender a diferenciar las narrativas conflictivas de los motivos reales de los conflictos, y para entender los motivos detrás de las narrativas debemos observar quienes se benefician con los conflictos, quienes adquieren relevancia política o mediática, y beneficios económicos promoviéndolos.

Elaborar teorías de conflicto sin considerar esos hechos de la realidad, sin analizar como los incentivos influencian la conducta de los diversos actores, puede satisfacer el ego de algunos intelectuales, pero su contribución real al desarrollo del país es, en el mejor de los casos, poco relevante,y en la mayoría de los casos resulta siendo una distracción de los temas que realmente contribuyen al progreso social, y en el peor caso, se reduce al desarrollo conceptual de una narrativa que busca a justificar un accionar conflictivo.

Los creyentes de las teorías pro-conflicto deberían responder algunas preguntas:

• ¿Es adecuado en una democracia estimular los conflictos y la violencia para extraer rentas de la minería?
• ¿Son los conflictos sociales una forma civilizada y productiva de redistribuirlos beneficios de la riqueza generada por la minería?
• ¿Por qué creen que la conflictividad es una buena opción para la población rural?
• ¿Por qué niegan a la población rural el derecho a progresar en forma pacífica?
• ¿Acaso no es una manipulación usarlos conflictos sociales para promover los intereses políticos y económicos de grupos, tal como ocurre hoy en las zonas mineras?

El Perú ya ha perdido bastante con los conflictos mineros. Es tiempo de abandonar las teorías pro-conflicto, dejar de usar los conflictos para obtener rentas personales o de grupo, y buscar soluciones sostenibles.

Existen marcos teóricos alternativos a las ideologías y paquetes de métodos rigurosos para realizar esos estudios. Sólo como ilustración: Está la economía, la teoría de juegos, las teorías políticas modernas, las ciencias cognitivas, las teorías institucionales, las teorías de los movimientos sociales, los estudios sobre los conflictos no-violentos, los métodos estadísticos, etc. Hay que poner a un lado las explicaciones influenciadas por ideologías y estudiar los conflictos con ánimo sincero de resolverlos y no de aprovecharse de ellos.

No tenemos la intención de convencer a quienes se benefician con los conflictos sociales, sino de dialogar con quienes apuestan por que la minería vuelva a ser un motor de desarrollo del país y buscan el desarrollo de un marco institucional que lo viabilice. Lampadia

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

Los antiguos egipcios utilizaban cobre para esterilizar heridas y agua potable. Miles de años más tarde, parece que algunos hospitales recogerán esta idea para aumentar su capacidad de erradicar bacterias y otros microbios, lo que puede ayudar a reducir las infecciones mortales en los centros de salud.

El año pasado, en el American Journal of Infection Control, se demostró que el cobre es un elemento antimicrobiano. En otras palabras, inactiva bacterias, hongos y virus. Está demostrado científicamente que bacterias de las más resistentes, no han sobrevivido a su contacto con el cobre. Esto ha presentado una oportunidad única para el súper elemento, el cual podría ser una gran alternativa para ser utilizada en los quirófanos y las habitaciones de los pacientes en hospitales y clínicas. 

El estudio, a través de la International Copper Association (ICA, por sus siglas en inglés) descubrió que el uso del cobre en superficies y objetos en salas de cuidados intensivos reduce la carga bacteriana en, aproximadamente, 83%. Posteriormente se demostró que “dicha reducción en la carga bacteriana permitía además una baja de, al menos, un 40% en las infecciones intrahospitalarias”.

Debido a sus propiedades únicas, el cobre no permite que ocurran mutaciones, evitando que el microbio desarrolle algún tipo de resistencia. La preocupación mundial sobre la resistencia antimicrobiana está creciendo, así como el riesgo de muerte que presentan algunas infecciones comunes, incluso en operaciones menores.  Por lo tanto, la importancia del uso de cobre en hospitales es aún mayor, especialmente en superficies en habitaciones y unidades de cuidados intensivos, incluyendo postes de cama, brazos de silla, botones de llamadas, mesas sobre la cama, grifería y manijas de las puertas.

Varios lugares ya están empezando a utilizar el cobre como medida sanitaria y de salud. El nuevo Instituto Francis Crick en Londres, un centro de investigación bioquímica líder en el mundo, está equipado de cobre. En EEUU, al menos 15 hospitales en todo el país han instalado componentes de cobre en superficies de “alto contacto” fácilmente contaminadas con microbios, como manijas de grifos en lavamanos, manijas de gabinetes, palancas de inodoro y botones de llamada. El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta instaló fuentes de agua potable con superficies de cobre antimicrobiano. En Colorado Springs, el centro de entrenamiento insignia del Comité Olímpico de EEUU, usa mancuernas personalizadas con asas de cobre antimicrobiano.

Sin ir muy lejos, nuestro país vecino, Chile, ya empezó a instalar cobre en sus centros de salud. El Hospital Clínico de la Universidad de Chile está implementando cobre en algunas superficies como dispensadores de jabones, los postes de suero y los carritos de transporte de alimentos.  Además, la Clínica Las Lilas fue el primer centro privado de salud en ‘cobrizar’ sus instalaciones, con una inversión de 2’643,704 millones de pesos (unos US$ 4,000 millones). Y su aeropuerto internacional, Santiago-Pudahuel, tiene 73 casetas del área de control migratorio cubiertas de cobre antibacterial, para evitar el contagio de bacterias y virus. 

Todas estas medidas en Chile son lideradas por la iniciativa “Cobre: Una puerta limpia para Chile” en conjunto con el Centro Chileno de Promoción del Cobre, “Procobre”.  Esto debería llamarnos a reflexión, pues nuestro vecino pocas veces pierde buenas oportunidades y toda la sociedad tiene muy claro la importancia del cobre. El gobierno lo promociona hasta en las garitas de migraciones e inclusive Salvador Allende lo tenía claro cuando afirmó: “El cobre es el sueldo de Chile”. El Perú debería seguir su ejemplo.

Según Cómex-Perú, en el período enero-noviembre del 2016 se extrajeron en el país 2.15 millones de toneladas métricas finas de cobre, lo que reflejó un crecimiento del 42% respecto al mismo período del año anterior. Este nivel de producción situó al Perú como el segundo productor mundial de cobre, por delante de China. Y es que el cobre peruano es uno de los más competitivos del mundo, como afirmó el Presidente PPK en el último CADE: “el cash-cost del cobre en el Perú es de US$ 1.25/lb”. 

Como se puede observar en el gráfico inferior, durante la última década, pocos países lograron mantener el crecimiento de la producción de cobre, y el Perú creció, en promedio, un magnífico 8.1% por año.

Pero lamentablemente, estamos haciendo todo lo necesario para perder el desarrollo futuro del cobre y de toda la minería. A estas alturas del gobierno, tenemos unas seis minas gravemente afectadas por los llamados conflictos sociales, que más bien son, en gran medida, conflictos políticos. 

Para lograr desarrollar una estrategia efectiva para enfrentar la conflictividad (político) social, debemos empezar por explicar a todos los ciudadanos la situación que nos afecta, nuestras potencialidades y capacidades para salir adelante con un crecimiento inclusivo que genere empleo de calidad y reduzca la pobreza y la desigualdad. Uno de los pasos para lograrlo debería ser la creación de un Instituto del Cobre en el Perú, que tenga el objetivo de promover el uso del cobre, impulsar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y comunicarle a la población sobre sus beneficios y el impacto positivo en lo social y económico.

Este es el momento de difundir la verdad sobre la minería y el cobre para luego destrabar los nuestros proyectos y brindar soporte en gestión social. Esto permitirá que los inversionistas se sientan atraídos para desarrollar nuestro potencial y eficiencia para producir este bello metal. Tenemos que facilitar la inversión y reactivar la minería, como un acto de consecuencia elemental con el frenazo de nuestra economía y la impostergable obligación moral de reducir la pobreza, teniendo como hacerlo.

En los últimos años hemos logrado incrementar nuestra producción de cobre de forma importante, pero nuestro potencial es aún mucho mayor. Como vemos en el siguiente gráfico, Chile aún duplica nuestra producción con más de cinco millones de toneladas anuales, meta a la que nosotros debemos apuntar.

El Perú debe aprovechar sus recursos naturales para apostar por el desarrollo de proyectos en exploración y avanzar en los proyectos paralizados, elevar su contribución al PBI, seguir ayudando al crecimiento de nuestro sector industrial y llevando recursos fiscales al Estado para afrontar nuestros déficits en educación, salud, infraestructuras y tecnología. Lampadia

Este 2017 comenzó con un anuncio del Banco Mundial que proyectaba un crecimiento del PBI del Perú de 4.2% para este año, con lo cual nuestro país se consagraría como la nación con la mayor expansión de la región, en un contexto de recuperación económica mundial y de la región latinoamericana. Sin embargo, esto ha venido de caída en las últimas semanas. Para febrero, seis entidades ya habrían reducido su previsión de crecimiento para el presente año, a cifras de aproximadamente 3.5%. Esto crea dudas de si siquiera llegaremos a un pobrísimo 3%. La situación es pues, verdaderamente grave, el Perú está saliendo consistentemente de su positivo ciclo de inversión y expansión. Ver los cuadros siguientes.

Como afirmó Gianfranco Castagnola en su columna La corrupción pasa la factura a la economía, “la divulgación a fines de diciembre de sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios peruanos abrió una caja negra de imprevisibles consecuencias políticas e institucionales, que pasará la factura a la actividad económica. En el último trimestre del 2016 el PBI no primario –que excluye a las actividades extractivas– creció en menos de 1%. En el primer semestre lo había hecho a más de 3% y en el tercer trimestre a 2%. La tendencia se había acentuado a fines de año, producto del ajuste fiscal –de oportunidad y magnitud discutibles– que aplicó el gobierno, que significó una retracción de la inversión pública en 24%.”

El quiebre del ciclo de inversión y crecimiento

Más allá de la declinante proyección del crecimiento para el 2017, lo que más importa y más destruye valor es la proyección de crecimiento al mediano y largo plazo. En este aspecto, después del gobierno anti inversión privada de Humala, el gobierno de PPK estaba llamado a cortar la inercia de empobrecimiento de la economía, pero decidieron no hacerlo, pues para ganar las elecciones vendieron su alma al demonio.

PPK y su equipo, no solo le abrieron todas las puertas a las izquierdas, los porta estandartes anti inversión privada (ver en Lampadia: El 67% de los peruanos votaron por construir sobre lo avanzado), también tiñeron el gobierno de continuidad, 50% del equipo de transferencia fueron funcionarios del gobierno de Humala y 39% de los vice ministros de PPK venían del gobierno anterior, pero lo peor de todo, es que no supieron explicarle al país porque se cortó el crecimiento y la inversión desde el 2011 y sus efectos en el deterioro de los indicadores económicos y sociales, además, por supuesto, de nuestras capacidades para recuperar el crecimiento. Ver en Lampadia: En el 2011 se dio el Punto de Inflexión de nuestro Desarrollo

Tampoco se explicó la importancia de la inversión minera, la más afectada por la ideología anti inversión de Humala. No se hizo un balance de beneficios a aprovechar y cuidados a tener. No se convocó al país a marcar distancia con las campañas anti minería de orientación política y a defender la inversión fijando parámetros ambientales y sociales cuidadosos que el gobierno se comprometía a imponer a cambio del apoyo a los proyectos.

Así, no solo continuó la conflictividad anti minera, se agravó, y se proyectó al sector turismo en el acceso a Macchupichu, el ‘pet project’ de los 7 millones de turistas de PPK.

Sin el control de la conflictividad anti minera, no habrá capacidad de generar el crecimiento necesario para tener los recursos suficientes para abordar la inmensa tarea de remontar las brechas económicas y sociales que aún nos lastran, ni la tranquilidad política para llevar a cabo las reformas institucionales programadas y reclamadas por la sociedad.  

El ajuste del año 2017

El crecimiento de corto plazo se ha visto afectado severamente por el error del MEF de interpretar equivocadamente el déficit fiscal (por efecto de la devolución de IGV a Las Bambas). El corte del gasto público para del 2016, no solo afecta el aporte del sector público, da una pésima señal de expectativas al sector privado, que se ajusta inmediatamente. Hoy ya tenemos titulares que anuncian el alargamiento de los plazos de pago a proveedores de hasta 120 días. Un primer síntoma del corte de la cadena de pagos, que debe ser combatido de urgencia.

Es el colmo que no hayamos aprendido nada de errores similares del 2008 y 1998. (Ver en Lampadia:¡Qué “calato”… ni que ocho cuartos!).

¿A qué otro factor se debe este ajuste a la baja? Principalmente a los problemas en la industria minera. En 2016, la minería aportó el 60% del crecimiento del PBI (casi 2% del 3.8% total de expansión del PBI). Este año, Credicorp afirma que sería de solo un 20%, o 0.7% del PBI. En general, la menor contribución se debe a que las grandes minas de cobre, como Las Bambas y la ampliación de Cerro Verde, ya alcanzaron sus niveles máximos de producción.

No es fácil ser un país desarrollado, no podemos perder más tiempo

El Perú necesita un mayor crecimiento para cerrar nuestras brechas. Hace poco, Liliana Rojas-Suárez, reputada economista peruana, publicó un análisis muy oportuno sobre el ritmo de crecimiento necesario para que el Perú pueda cerrar las brechas de ingresos con respecto a los países más avanzados (que compartimos líneas abajo). En un primer caso, con respecto al conjunto de los países más avanzados y en un segundo, con respecto a aquellos países que alcanzaron el status de avanzados recientemente. Como puede verse en el siguiente cuadro resumen de los escenarios analizados por Rojas-Suárez, al ritmo actual de crecimiento de la economía, de alrededor de 4% anual, necesitaríamos entre  78 y 25 años para nivelarnos con los más avanzados o con los que recién lo lograron,  respectivamente. Si crecemos a un 7% anual, necesitaríamos entre 28 y 13 años para nivelarnos.  Ver en Lampadia: La importancia y dificultades de crecer alto y sostenido.

Lo que no podemos hacer es seguir sin sentido de dirección y dejando todos los espacios vacíos para que sean llenados por los enemigos de la inversión privada y el crecimiento. Esperamos una reacción inteligente e inmediata del gobierno para retomar la senda de la prosperidad. Lampadia

Datos demasiado grandes para el formato del archivo

Cada día va quedando más claro que detrás de los conflictos, como quiera que se les llame, hay varias agendas y jugadores que están muy lejos de expresar protestas y propuestas de buena voluntad.

Los recientes eventos de Puente Piedra, no dejan dudas de la presencia de elementos anti sociales que deben responderse firme e ingeniosamente. El ejecutivo debe plantear un compromiso público anti impunidad por parte de la Fiscalía, el Poder Judicial, el Congreso y el propio Ejecutivo y crear los mecanismos que nos permitan superar situaciones como las de la primera marcha en Puente Piedra, donde, mientras el Ministro del Interior denunciaba la presencia de senderistas, el Sistema Judicial liberaba a todos los detenidos.

En la segunda marcha el Ejecutivo se puso las pilas, uso ‘drones’, aseguró elementos probatorios y tras la liberación de la mayoría de los intervenidos hasta ahora quedan algunos detenidos. Pero no sabemos por qué no se aplican los procesos de flagrancia. Esperemos que este esfuerzo del Mininter rindan frutos subiendo el costo del delito.

Estimados lectores, especialmente los que se sienten lejos del tema minero, lo de Puente Piedra permite entender algunos aspectos de todo tipo de conflictividad. Empecemos a seguir las noticias de la parálisis de la inversión minera, pues solo la opinión pública puede legitimar las necesarias y difíciles acciones que requiere tomar el Estado para superarla.

Gregorio Santos y la izquierda se suman a protesta por peaje. Fuente: Correo

Minería y Conflictividad Social 2017

Camilo Ferreira y Franco Olcese
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El primer semestre del gobierno de PPK nos ha permitido ver algunos elementos de la manera cómo el presente gobierno enfrenta y enfrentará la conflictividad social ligada a la gran minería. El Adelanto Social es el más visible de sus instrumentos. El Adelanto consiste en una intervención pro desarrollo realizada por Estado en el entorno de los proyectos mineros de manera previa a que entre en operación.

La premisa del gobierno es que ese Adelanto permitirá que el entorno social perciba los beneficios de tener un proyecto minero de manera previa al pago de Canon por parte de las empresas. Supuestamente, esto facilitaría un mayor grado de confianza de la población local en el gobierno nacional y permitiría articular intereses locales con el porvenir del proyecto en las fases iniciales del proyecto. El Adelanto social es útil, pero sólo impacta sobre las expectativas de los sectores moderados, y no reduce las dinámicas locales de extracción de rentas o réditos políticos, así como la propagación de la narrativa anti-minera entre la población. Por ello podemos esperar que el Adelanto sea, como máximo, una herramienta de efectividad parcial sobre la conflictividad. Sin los otros elementos, el Adelanto puede dar una idea de seguridad al gobierno, pero puede fracasar en prevenir los conflictos.

Los casos de Saramurillo, Las Bambas y Chumbivilcas han sido bastante informativos respecto a las políticas de facto de este gobierno frente a acciones de fuerza existente o potenciales. En todos estos casos la reacción del gobierno ha sido la instalación de una Mesa de Dialogo con participación ministerial, a veces con la participación de varios ministros. Estas mesas han sido efectivas en la desmovilización temporal de protestas y bloqueos, pero también han servido para legitimar y empoderar a los líderes de las posturas radicales.

En aquellos casos en los que las agendas de los movilizados y los objetivos del Estado no se encuentran muy distanciados, las mesas de diálogo pueden ser útiles para facilitar una convergencia entre las partes. Sin embargo, en aquellos casos en los cuales las agendas de los movilizados están sumamente enfrentada a los objetivos del Estado, difícilmente estas mesas llevaran a una mayor viabilidad de los grandes proyectos de inversión.

Por el contrario, la Mesa puede transformarse en un mecanismo mediante el cual se le da representatividad legítima a actores sociales y políticos claramente anti-mineros. Adicionalmente las Mesas facilitan asociar -frente a la opinión pública-  a los ministros a los resultados del dialogo. Lo que los hace políticamente responsables de lo que ocurra y ello genera vulnerabilidades al gobierno e incrementa la capacidad de los anti-mineros para infligir costos políticos a los miembros del gabinete. 

Estas Mesas, hasta ahora, se realizan mientras el Estado no realiza ningún esfuerzo efectivo por implementar el imperio de la ley en las zonas de conflictos o contrarrestar la influencia de la narrativa anti-minera. En los últimos meses se ha visto el archivamiento de las denuncias a todos los dirigentes de las violentas protestas en el caso Conga, la liberaciones sistemáticas tras los desmanes en Puente Piedra, la continuidad del bloqueo del acceso principal a “Las Bambas” sin ninguna respuesta del Estado, la falta de castigo a quienes bloquearon el Marañon en Saramurillo, etc. La impunidad frente a los actos de violencia en la protesta social es prácticamente total y no se percibe una estrategia efectiva para abordar este problema.

Lo que Podemos Esperar

En el caso de Las Bambas hay una clara brecha entre la propuesta del Gobierno y las demandadas de la Plataforma de Lucha firmada por múltiples autoridades, frentes de defensa y organizaciones sociales de las provincias de Grau y Cotabambas. En el caso del Gobierno, el mismo propone financiar un plan de desarrollo con un valor estimado de 2,000 millones de soles y el asfaltado de la ruta de los camiones que llevan el mineral de Las Bambas. En el caso de la Plataforma de Lucha se solicita una participación de 50% del valor de la producción de Las Bambas (un imposible económico), una repetición de los trámites ya aprobados y la renegociación de los acuerdos que la Empresa ha tenido con las comunidades en su entorno.

Lo que hace más complejo el caso, es que la participación en la producción de la empresa ha sido una parte integral discurso de los líderes del movimiento social en Cotabambas. Ahora, dicho liderazgo no puede renunciar fácilmente a semejante pedido sin socavar su propia imagen frente a sus bases. Por ello es esperable que en algún momento se reinicien las acciones de fuerza mientras se sostenga la amplitud de la brecha entre la propuesta gubernamental y las demandas de las organizaciones sociales, y el Estado deje la sensación de que el uso de la violencia no tiene costos para quienes la aplican.

En el caso de Tía María el Gobierno apuesta por la represa de Paltiture (que incrementaría el acceso de agua para la población del valle del Tambo) como eje de una solución al rechazo de la población hacia el proyecto Tía maría. El problema es que la presa por si sola no alteraría las actitudes de la población hacia el proyecto de Tía María, ni sus temores hacia el impacto ecológico del proyecto en el valle del Tambo. Si la preocupación por una potencial disputa por el agua entre la mina y los pobladores fuera la única causa del rechazo, el aviso que hizo la empresa de que utilizaría agua desalinizada hubiera tranquilizado a la población, sin embargo, esa tranquilidad no se dio.

A estas alturas, las condiciones sobre el terreno manifiestan una correlación social adversa hacia el proyecto y muestran la efectividad del trabajo de “agitación y propaganda” por parte los anti-mineros en Islay y en Cocachacra en particular.  Un estudio de la Asociación Civil Labor[1] muestra que un 72% de la población es partidaria de la suspensión del proyecto y un 87% desea la revisión de EIA del Proyecto por un tercero. En el distrito de Cocachacra, el epicentro del conflicto, la suma de los votos de Gregorio Santos y Verónica Mendoza llega a 59%, mientras que el resto de Arequipa llega al 29% esto nos señala que el conflicto por Tía María ha afectado claramente las dinámicas políticas en su entorno cercano. Esto es un poderoso indicador del grado en el que la narrativa anti-minera ha calado. En esta narrativa la actividad minera afectaría gravemente a la agricultura y la salud de la población, y acabaría o contaminaría las fuentes de agua, además de exponer al agro y la población a polvos tóxicos originados en el tajo minero. Por otro lado, dentro de esta narrativa, el Gobierno Central se haya supeditado a las Empresas Mineras por lo que su rol de fiscalización y control no es confiable.

Para quienes consideren que la minería les traerá semejantes afectaciones, la construcción de importantes obras de infraestructura es un factor desmovilizador poco efectivo frente a los temores a lo que se percibe como una amenaza devastadora a la agricultura y a la salud de las personas. Tampoco en las medidas del gobierno se ven acciones contra el aparato de represión a disidentes instaurado por los anti-mineros en la zona, ni tampoco a la instrumentalización de las instituciones locales (Ej. Junta de Regantes) como aparatos de movilización en acciones violentas.

Como los temores de la población están estructurados en un discurso multi dimensional, los cambios en su actitud serán lentos y tendrán que responder a las diversas dimensiones de la narrativa anti-minera. Por todo ello, es poco probable que la visita de PPK, sin la debida preparación, resulte efectiva para desactivar las resistencias al proyecto. Lo que puede pasar con su visita es que los grupos anti-mineros aprovechen la presencia del Presidente para generar un evento político negativo para el gobierno.

Conclusiones

La política de las Mesas de Dialogo conseguirá desmovilizar momentáneamente algunos conflictos. Sin embargo, es una estrategia desbordable por la magnitud de la conflictividad.  Existe un número limitado de ministros para participar en las Mesas, hay una importante brecha entre las demandas de los movilizados y las posibilidades de cumplimiento por parte del gobierno. La impunidad implica que “patear la mesa” con acciones violentas no implica ningún costo para los dirigentes. Ese desequilibrio se da en una situación en que al gobierno no se le ocurre ninguna iniciativa para modificar la correlación de fuerzas políticas en las áreas en conflicto.

Esto lleva a considerar que las medidas a ser aplicadas por el gobierno no podrán reducir de manera decisiva la conflictividad ni en los casos de Tía María ni en Las Bambas por lo que podríamos esperar que estos conflictos cumplan roles protagónicos a lo largo del 2017.

Podemos esperar entonces la dinámica en la que se da una acción de fuerza, se manifiesta la pérdida de autoridad del Estado, se plantea una Mesa de Dialogo, y tras un periodo se da el reinicio de las acciones de fuerza como mecanismo de negociación. Si el gobierno no modifica sus políticas de gestión de conflictos, es muy probable que el año 2017 sea aquel en el que se haga evidente las limitaciones de la actual doctrina estratégica para conflictos sociales seguida por el gobierno. Veamos si van a darse cuenta antes que sea demasiado tarde, o si vamos asistir de nuevo el desperdicio de una gran oportunidad para impulsar el desarrollo del Perú.

Se necesita que el gobierno tenga líneas de acción claras en la generación de bienestar local, retroceso de la narrativa antiminera, debilitamiento del aparato de movilización antiminero y establecimiento del monopolio de la fuerza a cargo del Estado.

En Superemos los conflictos políticos prolongados – Propuestas para reducir la conflictividad (6 de 6), aquí en Lampadia, se ha sugerido estrategias y acciones para construir las condiciones institucionales y políticas para la reducción de la conflictividad, y en El rol del Estado en la Reducción de la Conflictividad – Propuestas para reducir la conflictividad (5 de 6), se explicó el rol que el Estado debe cumplir para ser efectivo en el corto y en largo plazo. Nos hemos preocupado en indicar medidas viables en las situaciones actuales. Sabemos que las propuestas indicadas no son perfectas, pero pueden ser un buen punto de partida para cambiar las actuales tendencias al aumento de la conflictividad y retomar la ruta del desarrollo nacional.

En todo caso, se necesita que el gobierno tenga líneas de acción claras en la generación de bienestar local, retroceso de la narrativa antiminera, debilitamiento del aparato de movilización antiminero y establecimiento del monopolio de la fuerza a cargo del Estado. Lampadia