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Cuatro años de Lava Jato

Cuatro años de Lava Jato

Sebastiao Mendonca Ferreira
Centro Wiñaq
Para Lampadia

El 17 de marzo Lava Jato cumplió cuatro años. En esos 1,460 días, Lava Jato ha puesto en marcha 49 operaciones de gran escala (una por mes), teniendo un impacto inmenso en la política y en la forma de hacer negocios en Brasil y varios otros países.

Investigando el uso de grifos para el movimiento ilegal de dinero (de ahí su nombre Lava Jato, lavado a chorros), la operación chocó con la participación de un ex-director de la Petrobras, Paulo Roberto Costa. Siguiendo ese hilo, la investigación descubrió el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, y unos de los más importantes a nivel global.

En sus investigaciones, Lava Jato ha involucrado al ex-presidente de Brasil, Lula da Silva (PT), a presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado Nacional (PMDB), a Gobernadores de Estado (PMDB), ex-ministros, y a empresarios de algunas de las principales empresas públicas y privadas de Brasil: Petrobras, Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, entre otros. Ni siquiera el famoso empresario Eike Batista se salvó de las investigaciones ni de la prisión.

Lava Jato se inicia el 2014 como una tercera fase de las operaciones de la Policía Federal contra la corrupción y lavado de activos, y se monta aprovechando de las lecciones de las operaciones anteriores. Todo comienza en el 2008 con una investigación sobre lavado de dinero en el escándalo de corrupción del Partido de los Trabajadores (PT) conocido como el Mensalão. Posteriormente, el 2013, con la Operación Miquéias, la Policía Federal descubre que el cambista Alberto Youssef, investigado en el Mensalão, estaba de nuevo en operaciones. Y para investigarlo, la Policía Federal creó la Operación Lava Jato. Es investigando el lavado de activos que los investigadores descubren una Land Rover “Evoque” regalada a Paulo Roberto Costa ex-director de Petrobras, y ese pequeño hallazgo abrió las puertas a un gigantesco esquema de corrupción montado por tres partidos aliados: PT, PMDB y PP.

Los números de la Operación Lava Jato son impresionantes para cualquier referencia, sea nacional, continental o global. Después de 49 operaciones consecutivas, Lava Jato ha demostrado un profesionalismo y una productividad extraordinarias:

Lava Jato cambió el Brasil
Lava Jato no acabó con la corrupción, pero visibilizó su existencia en forma clara y profesional y, por primera vez en la historia del país, una investigación criminal alcanzó a los “peces gordos” y no solo los cómplices menores. Finalmente, los comandantes de los esquemas de corrupción fueron alcanzados por las investigaciones y por la justicia.

Algunos de los empresarios y políticos más poderosos del país han sido investigados, condenados y puestos en prisión:

En esos 4 años se ha creado un “Modelo de Lava Jato” de investigación: (1) Los corruptos deben ser apresados, (2) el temor a la prisión estimula la colaboración eficaz, (3) los acuerdos de colaboración han permitido extender la red de investigaciones y recuperar parte de los recursos robados. Como lo explica Sergio Moro, la prisión preventiva ha sido fundamental para la expansión de la investigación.Los 1,753 años de prisión para los 183 condenados, representan casi 10 años de condena a cada uno, en promedio, y muestran que Lava Jato no ha temido develar la corrupción allí donde surge, y ha sabido aplicar la ley como debe ser. A pesar de las protestas del Partido de los Trabajadores (PT) y de Lula da Silva, Lava Jato no ha sido una herramienta de persecución política. Los investigados y acusados han sido de todos los partidos: PT, PMDB, PSDB, PP, DEM, PDT, etc. El problema es que el PT y sus aliados tenían el control de la corrupción en los últimos 13 años. Entonces, ellos aparecen más que los demás.

Lava Jato no ha acabado con la corrupción, ni siquiera ha logrado destapar la mayoría de los mecanismos de saqueo montado por los corruptos. El Estado Brasileño es inmenso y sus recursos son gigantescos (Los activos del BNDES en el 2017 eran de US$271 mil millones, más del doble de los activos del BID). Lava Jato tampoco ha logrado descubrir, ni condenar a la mayoría de los corruptos. La corrupción sigue en el congreso, en los bancos públicos (Banco do Brasil, BNDES, Caixa Económica, etc.), en las empresas públicas (Petrobras, Electrobras, Correios, etc.), en los gobiernos de los 26 Estados, en las 5,570 municipalidades, en muchos de los 16,280 jueces, y naturalmente, en la Policía Militar. Todo lo que Lava Jato ha logrado destapar es solo la “punta del iceberg”. Sin embargo, el Ministerio Público y la Policía Federal están investigando a los corruptos en todos los rincones en donde encuentran indicios de mal manejo.

A pesar de sus limitaciones, el cambio ha sido notable. Una nación que dedica horas por día para asistir telenovelas y futbol ha creado espacio mental para mirar otros temas, más políticos. Los noticieros han cambiado las noticias, los contenidos de las redes sociales han cambiado, y en pocos años la opinión pública se ha vuelto mejor informada sobre los niveles de corrupción de su país, sobre quienes son los corruptos, y sobre la cantidad de la riqueza pública que estaba siendo robada en forma sistemática.

La principal limitación para que el alcance de Lava Jato no sea más amplio ha sido el Foro Privilegiado que protege a más de 50 mil de los principales políticos (diputados, senadores, ministros, gobernadores), los jueces y las autoridades de Brasil. Aécio Neves, ex-candidato a presidente de Brasil y ex-presidente del PSDB ha sido investigado, pero tiene foro privilegiado. Todas las personas con Foro Privilegiado no pueden ser investigadas ni juzgadas en 1ª instancia, como Lava Jato y el juez Sergio Moro, y sus juicios tienen que ser procesados exclusivamente en el Supremo Tribunal Federal (STF).

Sucede que los jueces del STF son nombrados por los presidentes, y muchas veces pone lo jurídico en segundo plano por razones políticas. Además, el STF actúa con una lentitud e ineficiencia chocante. De los 500 congresistas que fueron acusados ante el STF, desde 1988, solo 16 fueron condenados, solo el 3.2%. Los juicios son tan lentos, que lo típico del STF es prescripción de los delitos.

Aún cuando, el STF tenga voto mayoritario para condenar un acusado, cualquiera de sus miembros puede pedir que se suspenda el juicio para que él pueda revisar el caso (Pedido de Vista). El tiempo del Pedido de Vista es ilimitado, y puede durar varios años, a veces, hasta que el delito prescriba. Cuando esto sucede, el juicio se cierra y todos los documentos son devueltos a los procuradores para su archivo. Si un político corrupto logra comprar uno de los 11 jueces del STF, su juicio jamás concluye, y su delito prescribe.

La investigación y castigo de los corruptos no es suficiente para acabar con la corrupción en un país. Se requieren reformas. La dificultad para hacer las reformas necesarias es la actual composición del Congreso Federal: Diputados Federales y Senadores. Los grupos a favor de mantener la corrupción son mayoritarios en ambas cámaras y bloquean cualquier intento legislativo que amenace sus actividades de parasitismo y de saqueo de los recursos públicos.

Un caso representativo ha sido la propuesta de las “10 medidas contra la corrupción”. Ellas fueron presentadas a la Cámara de Diputados con más de dos millones de firmas de respaldo, pero los señores diputados las desfiguraron y modificaron todas las medidas que ponían en riesgo sus prácticas actuales. Finalmente, lo que aprobaron no tenía nada que ver con la propuesta presentada por los procuradores de Lava jato y por la población que firmó.

Ahora, que Lava Jato está llegando a su fin, todos se preguntan: ¿qué viene después?

Lo que viene después no depende de Sergio Moro, ni del equipo de procuradores federales que lideraron Lava Jato. Lo que sigue depende de la política. Depende de quienes serán electos en las elecciones de este año. Los corruptos ya aprobaron los fondos de publicidad que, en su opinión, va permitir su continuidad. Ahora vamos ver en funcionamiento la teoría de Daron Acemoglu de que los cambios institucionales dependen de los desenlaces políticos. La política va definir el futuro de la lucha contra la corrupción en Brasil.

Brasil vive un momento de efervescencia política. Los partidos tradicionales, con excepción del PT, imaginan que van poder seguir en sus puestos, y los nuevos partidos (liberales y conservadores) están optimistas sobre la posibilidad de dar un salto cualitativo en su peso político. Como en toda campaña electoral, los resultados son altamente inciertos, pero podemos decir que una parte importante del impulso renovador que hoy se vive se debe a la labor de Lava Jato. Lampadia




Por fin se aplicarán los grilletes electrónicos en el Perú

Por fin se aplicarán los grilletes electrónicos en el Perú

Continuando con el desarrollo de nuestra biblioteca virtual: Estado del Siglo XXI, presentamos el siguiente artículo de Carlos Zoe Vasquez, sobre la noticia de que en los próximos meses (después de años de buenos deseos), se empezarían a aplicar los grilletes electrónicos en los distritos Judiciales de Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Ventanilla y Callao. Esto significará que alrededor de un 10% de la población penal de Lima y Callao saldrá de las cárceles con grilletes electrónicos. Un paso adelante en el descongestionamiento de los hacinados penales del país, donde la sobre población es del orden del 132%. Una medida que va en la dirección correcta, pero es insuficiente en términos del hacinamiento al que hemos llegado. 

LA APLICACIÓN DE LOS GRILLETES ELECTRONICOS EN EL PERÚ

Por Carlos Zoe Vásquez, Director General de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia

Para diciembre de 2015, la población nacional penitenciaria llegó a 77,414 internos (Fuente: INPE), para una capacidad de albergue de 33,292, lo que determinó una sobrepoblación de 44,122 internos y, con ello, una tasa de hacinamiento del 132%.

Frente a este panorama, se torna necesario implementar políticas públicas que permitan descongestionar progresivamente el sistema penitenciario, sin que ello signifique un sistema de impunidad o retroceso en la lucha frente a la criminalidad. Una de ellas es la implementación de los “grilletes electrónicos” que, luego del proceso de participación público-privada llevada a cabo por Proinversión durante el 2015, estará expedita en los próximos meses para su aplicación en los Distritos Judiciales de Lima, Lima Este, Lima Norte, Lima Sur, Ventanilla y Callao.

¿Quiénes pueden acceder a grilletes electrónicos?  

De conformidad con la Ley N° 29499, su modificatoria mediante Decreto legislativo N° 1229 y reglamentos, pueden acceder tanto procesados como condenados. En el primer supuesto, se exige que el delito que se le imputa no tenga una pena privativa de libertad mayor a ocho años; para el caso de los condenados, que la pena impuesta no sea mayor a ocho años.

Para ambos casos, además de los presupuestos antes mencionados, solo podrán acceder aquellos que tengan la calidad de “primarios”, es decir, que no sean “reincidentes o habituales”; y, en el caso de los condenados, no procederá si se trata de los siguientes delitos: lesiones graves cuando la víctima es un menor de edad o por violencia familiar; crimen organizado; o delitos de violación sexual.  La norma también establece que la prioridad la tendrán aquellas personas mayores de sesenta y cinco años, los que sufran de enfermedad grave, las mujeres gestantes, quienes adolezcan de una discapacidad física permanente o la madre o padre(en su caso) que sea cabeza de familia.

¿Cuál es el trámite a seguir para su imposición?

Paso uno: El procesado o condenado es quien solicita su aplicación, debiendo acompañar la documentación necesaria que acredite el domicilio o lugar señalado, que carece de antecedentes penales y, sobre todo, las condiciones de vida personal, laboral, familiar y social con un informe social y pericia psicológica.

Paso dos: El juez determina su procedencia o no. El magistrado verificará si la  información ofrecida por el solicitante permite colegir que cumplirá las reglas de conducta impuestas. De ser necesario, el Juez podrá requerir informes adicionales.

Paso tres: El Juez, luego de evaluar la solicitud determina su procedencia, emite resolución disponiendo que el INPE realice las verificaciones técnicas correspondientes para determinar si el solicitante cuenta o no con las condiciones técnicas favorables en el domicilio señalado.

Adicionalmente, vale precisar que la imposición de grilletes electrónicos solo es viable si existen condiciones técnicas favorables (señal satelital en la zona).   

Paso 4: Llegada la fecha programada, se lleva a cabo una audiencia a la que concurren el solicitante y su abogado defensor, el fiscal, un personal del INPE y otros que el Juez considere necesarios. En dicha audiencia el juez decidirá si impone o no el grillete, emitiendo la resolución correspondiente.

Si se determina la imposición del grillete, deberá establecer el lugar, tiempo y forma para aplicar el mismo. Un primer supuesto es que el Juez ordene que el procesado o condenado permanezca únicamente, sin desplazamiento, dentro de su domicilio o lugar señalado; otro supuesto es que, sobre el radio del domicilio, fije horarios y rutas de desplazamiento, exclusivamente para temas de salud, estudios, laborales u otros que el juez señale, siempre que dicho desplazamiento cumpla con la finalidad para la cual fue impuesta la vigilancia electrónica.

Paso 5: Se fija una fecha para una diligencia en la que se colocará el grillete al solicitante: en ella, el solicitante debe confirmar expresamente su voluntad de aceptar la colocación y firmar un acta con las reglas de conducta que se compromete a cumplir.

¿Qué sucede si se incumple las reglas de conducta impuestas por el Juez?

Las consecuencias dependerán del nivel de alerta que emita el sistema de seguimiento y monitoreo a cargo del Instituto Nacional Penitenciario. De conformidad con el reglamento de la ley, pueden presentarse tres niveles de alerta: el primero (incidencia leve), se produce por factores ajenos al beneficiario (ingreso a un ascensor, falta de energía, etc.). De corroborarse este supuesto, no hay mayor consecuencia para el beneficiario. El segundo nivel (infracción grave) se produce cuando el beneficiario ha iniciado acciones que atenten contra la continuidad del servicio (no cumple con los horarios, las rutas, manipula el grillete, etc.); y el tercer nivel (muy grave), cuando ya se reporta daños irreversibles al dispositivo o al servicio (ha salido del radio sin permiso, ha roto el brazalete, etc.). En estos dos últimos supuestos, el Juez revocará la medida y dispondrá el internamiento en el Establecimiento Penitenciario, previa audiencia.

Notas finales.

Dentro del perímetro de los Distritos Judiciales de Lima y Callao se ubican 10 establecimientos penitenciarios que albergan a una población total de 22121 internos, de los cuales el 60.8% son procesados (13456) y un 39.2% son condenados (8663).  De estos, alrededor de 2665 internos tienen la calidad de primarios y no están inmersas en alguna causal de improcedencia y, por ende, podrían acceder a la imposición de grilletes electrónicos.

La aplicación de los grilletes electrónicos permitirá, en los próximos años, descongestionar los establecimientos penitenciarios de Lima y Callao, permitiendo que procesados o condenados que tienen la calidad de primarios, que no son reincidentes o habituales, que no forman parte de organizaciones criminales, puedan cumplir su sanción o medida cautelar en un domicilio o lugar señalado, bajo el seguimiento y monitoreo de la autoridad competente. Lampadia