Jaime de Althaus
Para Lampadia

El 20% de incremento (no remunerativo) en la remuneración mínima vital establecido en el proyecto de ley de régimen laboral agrario aprobado en la Comisión de Economía, que hoy debe verse en el pleno, podría sacar del mercado a más de 2,000 pequeños agroexportadores y a muchos productores no exportadores. Los grandes, entonces, comprarán a los pequeños y la concentración de la tierra se agravará. Una parte significativa de los 500 mil trajadores formales con derechos perderá su empleo formal y las posibilidades de acceder a un trabajo formal en el campo se alejarán cada vez más.

En resumen, esta ley agravará el dualismo estructural y la desigualdad social. Pero el problema es más amplio. En realidad, este no es sino un caso más de muchos en los que se manifiesta una falla de nuestro sistema de representación: los partidos en el Congreso hacen clientelismo político acogiendo demandas de los sectores organizados o de políticos que representan a sectores laborales formales, con lo cual lo que se logra es incrementar el costo de la formalidad, agravando la exclusión de las mayorías. Es un círculo vicioso.

Y en la medida en que la informalidad es menos representable porque no está organizada, no tiene partidos que la representen. Con este congreso la falla se ha hecho más notoria: ante el calendario electoral, la competencia por bolsones electorales identificables se hizo notoria.

¿Tiene solución este problema de representación? El célebre libro de Daron Acemoglu y James Robinson, “¿Por qué fracasan los países?”, explica que fracasan justamente cuando carecen de instituciones políticas y económicas inclusivas. Una formalidad muy cara es una institución excluyente, “extractiva”, como la llaman los autores, porque extrae rentas del resto de la sociedad en favor de los protegidos, e impide su inclusión en los beneficios de la formalidad.

Pero el libro no nos ayuda a responder la pregunta. Su tesis es que hay un círculo virtuoso entre instituciones políticas inclusivas e instituciones económicas inclusivas. Las primeras favorecen el avance de las segundas y previenen desviaciones de estas. Pero en el Perú tenemos, en principio, aunque con fallas, instituciones políticas inclusivas: votación universal, división e independencia de poderes y pluralismo político. Quizá demasiado pluralismo: un exceso de partidos y bancadas en el congreso. 

El análisis de Acemoglu y Robinson no toma en cuenta las realidades del populismo y el clientelismo, que generan instituciones económicas y sociales extractivistas o rentistas, excluyentes, dando ventajas a determinados sectores organizados. Para conseguir votos se extiende beneficios eventualmente rentistas a sectores organizados que los demandan. Esto se agrava cuando en la sociedad hay un mercado dualismo formal-informal, porque los beneficios a sectores formales organizados ahondan la brecha con la informalidad y dificultan la formalización.   

Mejor equipado para entender esto está Mancur Olson (1982)[1], para quien la democracia tiende a facilitar la consolidación progresiva de las “coaliciones distributivas” o grupos de intereses estrechos que se organizan para capturar rentas de la sociedad, lo que lleva a una reducción del crecimiento y del bienestar social, a la “esclerosis” económica, si es que no hay un claro liderazgo político que contrapese ese proceso.[2]

El problema es que en el marco de un dualismo formal-informal muy marcado, las “coaliciones distributivas” no tienen contrapeso en la sociedad porque, como decíamos, los usuarios no están organizados. La democracia es un sistema de contrapesos entre poderes del Estado, pero no entre grupos de interés que, por lo tanto, tienden a ganar privilegios crecientes a costa del bienestar público. Sobre todo cuando hay políticos que tienen clientelas particulares de ese tipo. El único contrapeso posible es la opinión pública, que es más fuerte en una democracia que en un régimen autoritario, o partidos que asuman la representación de los mayoritarios sectores informales emergentes, o el liderazgo político presidencial, cuya tarea debería consistir en despertar la conciencia de los sectores desorganizados y perjudicados con los privilegios de las coaliciones distributivas, a fin de conseguir su respaldo.

Es posible, sin embargo, mejorar el sistema de representación para que los informales y las clases emergentes tengan voz. Nos referimos a circunscripciones electorales pequeñas, uninominales, de modo que los electores sepan quién es su representante y puedan tener comunicación directa con él, lo que aumentaría la probabilidad de que los intereses de ese sector se expresen y se defiendan de leyes excluyentes.

Además, considerando nuestra realidad, ayudaría mucho que sea obligatorio, en los proyectos de ley que se presentan, un acápite de análisis de impacto en la informalidad. Pero un análisis serio.

Asimismo, integrar representantes de la microempresa en proporción al 70% que representan en el Consejo Nacional de Trabajo. Para volverlo inclusivo.

Algo tenemos que hacer para el círculo vicioso generador de informalidad no se trague al país. Lampadia

La Comisión de Economía del Congreso acaba de aprobar la insistencia del absurdo proyecto para que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) puedan retirar el 95.5% de sus fondos privados a la edad de jubilación (65 años).

Lamentablemente, los políticos, encuestas y medios han caído en una trampa, se limitan a preguntar e imaginar cuál es el deseo de los afiliados sobre la posibilidad de retirar sus fondos a los 65 años. Como debiéramos saber, la propensión natural del hombre es preferir el corto plazo. Es pues fácil considerar que un adulto mayor prefiera tener la disponibilidad de sus fondos: ya sea para hacer un negocio, con sus naturales riesgos, o para irse de viaje o para complementar su gasto en el corto plazo.

Pero siendo las pensiones un asunto de largo plazo, debiéramos más bien preguntarle a los jóvenes si ellos consideran necesario que sus padres tengan una pensión. Seguramente los jóvenes, interpretando las necesidades de largo plazo de sus padres, contentarán que sí. ¡Qué ojalá sus padres puedan gozar de una buena pensión!

Esta respuesta no se basaría únicamente en la angustia de los jóvenes por tener que, eventualmente, apoyar a sus padres en su edad adulta, también estaría basada en su amor por ellos, puesto que todos los hijos desean el bienestar de sus padres.

Esta forma de preguntarnos sobre la prevalencia del Sistema Privado de Pensiones (SPP), aún sin hacer la pregunta, nos permite entender el tema en su debida perspectiva.

Es sin embargo evidente, que los congresistas que promueven la norma de marras no hacen más que responder a impulsos populistas que crearían una aceptación cortoplacista. Por otro lado, sus promotores mediáticos, algunos por ignorancia, otros jugar al rating y otros por exquisiteces de liberalismo, que creen que el Estado no debe obligar a los trabajadores a ahorrar para sus pensiones, sino que ese debe ser un espacio de decisión personal, está jugando con fuego. El Perú no puede quedarse sin un buen sistema de pensiones.

Sabemos por experiencia, que dada la norma, pronto se haría desaparecer el SPP, pues sin el origen previsional de su creación, no tendría sentido alguno que se mantenga el ahorro privado.

Ante ello, sabemos también que el Estado terminaría recreando un modelo público, Pensión 65 o cualquier otro que no podría ser diferente al de los sistemas de pensiones públicos quebrados que acechan la falencia social y/o la situación fiscal de los países que no han tenido el privilegio de contar con un sistema privado de ahorro pensionario.

Esto no quiere decir que el SPP es una maravilla y no hay que mejorarlo sustancialmente. Como hemos propuesto 20 veces en Lampadia, es indispensable incorporar a los trabajadores independientes al sistema, mientras no lo hagamos seremos presas de los cantos de sirenas del populismo, aventureros, así como de intelectuales radicales.

Nuestra propuesta, como la ha explicado Eduardo Ferreyros en un artículo reciente, permite que mediante el canje de parte de los pagos de IGV, se puedan hacer aportes individuales que además de incorporar a los independientes al sistema, podría reducir sustancialmente la informalidad laboral. Ver el artículo de Ferreyros:

Enfrentar la informalidad con beneficios

Por: Eduardo Ferreyros

Perú21, 15 de marzo de 2016

Las encuestas de opinión pública muestran como los principales problemas del país a la inseguridad ciudadana y la corrupción, ya no al desempleo, como décadas atrás. Pero hay un grave problema que casi no aparece en las encuestas y que los candidatos tratan de solucionar: la informalidad.

Normalmente los candidatos proponen enfrentar el problema reduciendo impuestos en distintos mecanismos. Regímenes especiales para pequeñas empresas, exoneraciones temporales y otros, que de alguna forma ya existen y no vienen dando los resultados esperados.

Pablo Bustamante, director de Lampadia, propone algo novedoso que todos deberíamos evaluar. La propuesta consiste en que parte del IGVque pagamos todos los peruanos en nuestras compras de productos o servicios sea reembolsado por la Sunat, para formar parte del fondo de pensiones individual de cada contribuyente.

Con esto, los peruanos tendríamos una razón fuerte para exigir comprobantes de pago al comprar, y todos así promoveríamos la formalidad, porque parte de ese pago luego nos sería devuelto como pensión. Habría menos evasión de impuestos y se promovería la afiliación universal al sistema pensionario. En pocos años, todos tendríamos un fondo de pensiones.

El porcentaje a reembolsar debe ser analizado técnicamente (se habla de un 5%) y la Sunat debería implementar un sistema de aplicación eficiente para facilidad del usuario. Los peruanos pagamos 18% de IGV al comprar, y no tenemos cómo recuperar nada de eso como crédito contra los impuestos que debamos pagar, a diferencia de las empresas.

Esta propuesta, que parecería generar menor recaudación por IGV, si es bien administrada, resultaría, más bien, en una mayor recaudación de impuestos al aumentar la emisión de comprobantes de pago, porque todos exigiríamos uno.

Propuesta interesante que podría matar varios pájaros de un tiro.

Esperamos pues, que el pleno del Congreso se avenga a iniciar el debate público que debió convocar antes de seguir adelante con una norma perniciosa para el conjunto de la sociedad. Lampadia

Última noticia: Curiosa y descriptiva sobre la naturaleza humana

(Publicado por el Financial Times, 27 de marzo, 2016, 9:24 am – GMT)

Varios japoneses mayores de edad, están optando por cometer delitos para ser encarcelados en las prisiones de Japón y poder así, tener sustento diario.

Pues resulta que ni los japoneses ahorran para su vejez y el sistema de pensiones nipón no les permite vivir dignamente, prefieren la cárcel.

En el Perú: ¿Necesitamos destruir lo que tenemos en vez de mejorarlo? Señores congresistas, se necesita más análisis.

Según publicación del diario Gestión del 4 de marzo pasado, Luis Iberico, Presidente del Congreso, ponderó el proyecto que  permitiría el retiro de los fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP), con las siguientes expresiones, que habría dado a Radio Exitosa:

“Lo cierto es que los aportantes estamos sintiendo mucho abuso por parte de este sistema (privado de pensiones) actual y deben cambiarse muchas cosas”.

Pero agregó: “No creo que el Congreso se allane a las observaciones del Ejecutivo en el tema de las AFP, pero pueden haber dos alternativas: o se insiste, con lo cual la ley va tal como se aprobó y se requiere de una votación altamente calificada, o se busca puntos intermedios”.

“La Comisión de Economía ha dado la exhortación a que se trabajen estas observaciones enviadas por el Ejecutivo, ante las cuales creo que la posibilidad del allanamiento es prácticamente inexistente”.

Como se puede apreciar, el tema es muy delicado políticamente, pues los proponentes de la aprobación de la ley consideran que su carrera política estaría detrás del proyecto.

Por lo demás, sería más sensato que este tema, dada su naturaleza vinculada a impactos de muy largo plazo, sea contemplado por el próximo gobierno, alejados ya, del escenario electoral.

En Lampadia hemos planteado la necesidad de ampliar el diálogo y el análisis sobre las consecuencias de ir adelante con el proyecto, como también, contemplar alternativas que se ajusten de mejor manera a los intereses sociales de largo plazo de los peruanos.

Ver en Lampadia: Futuro de los jubilados en la picota

Nos parece que las declaraciones del Presidente del Congreso, muestran, de alguna manera, la tremenda responsabilidad de los líderes del Parlamento ante las eventuales consecuencias de insistir en la ley. Es evidente, que cuando se hagan visibles los daños de una norma precipitada como esta, la sociedad terminaría asignando su costo político a la dirigencia parlamentaria. Algo que ojalá no veamos en la foja de servicios de Iberico y su junta directiva.

Nada importante nos apura para que, en la práctica, se elimine el SPP. Calma, ponderación y responsabilidad. Lampadia