Fausto Salinas Lovón
Exclusivo para Lampadia

La semana anterior mostramos algunos ejemplos y casos de corrupción que se quedan escondidos cuando el ruido anti corrupción sólo nos permite ver en una dirección: el Congreso y la mayoría fujimorista.

Aquí otros datos para contribuir a tomar el problema en serio, en todas las direcciones y a todos los niveles:

• Según Nelson Shack, Contralor General de la República, la corrupción de acuerdo a los estimados de esa institución devora el 10% del presupuesto público. Esta es una cifra menor a la estimada por Alfonso Quiroz en la Historia de la Corrupción en el Perú y duplica la cifra estimada por ESAN, pero representa, según el propio funcionario, 17,000 millones de soles en el año 2019, considerando que el presupuesto de este año es de 180,879 millones de soles. Esta astronómica cifra se explica por costos inflados en la “contratación de servicios y proyectos públicos” de los cuales salen las coimas. Lo relevante de esta cifra es que tiene que ver con el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, mayoritariamente, todas las cuales son entidades a las cuales no se dirige precisamente el ruido anti corrupción.

• Sin embargo, la corrupción no se queda en la obra pública o la contratación de servicios. Está también a otros niveles. Llega a los jóvenes. 5 de ellos fueron hallados con auriculares para obtener las respuestas en el examen de ingreso a la Universidad de San Marcos y según las informaciones periodísticas recientes, habían pagado abultadas sumas de dinero para “garantizar” su ingreso universitario. Esto mismo se ha escuchado respecto de las escuelas de policía, en las cuales existirían pagos para “garantizar” (pagar) el acceso a los postulantes. ¿Qué clase de médicos, psicólogos o policías tendremos si los postulantes deben coimear para ingresar? ¿Cuándo, como y de que manera recuperarán esa inversión? ¿Como quedan los miles de jóvenes que postulan y acceden sin haber pagado? ¿O los que no acceden porque otros sin mérito lo hacen?  Como esto no es reciente, no debería extrañarnos que   muchos de los jóvenes indignados que marchan por las calles contra la corrupción sean también ingresantes de esta modalidad acelerada.

• Sobre la corrupción en la salud pública, Fernando Cilloniz aquí en Lampadia,  ha dado muy buena información de lo que sucede y lo que  se puede hacer corregir. En Salud y Corrupción, se muestran los casos de corrupción médica y la forma de controlarlos a partir de la experiencia gubernamental en ICA.. Si el médico de la salud pública le cobra al indigente para hacer lo que debe hacer y por lo cual le pagan, tendrá este médico autoridad para marchar contra la corrupción olvidando la viga que lleva en el ojo propio?

• Sobre la corrupción judicial y los sistemas administrativos, un aspecto que pasa inadvertido son los conflictos de intereses. Hay vínculos de sociedad, de parentesco, de afiliación política, de agremiación deportiva, de camaradería docente, de afinidad ideológica y de otro tipo entre jueces, relatores, secretarios  y funcionarios con abogados, estudios o tramitadores, que generan vías rápidas pero onerosas de solución de casos. Enfocar el problema en el CNM, la Fiscalia de la Nación y la Corte Suprema  lleva a pensar que el problema solo está allí y deja sin escrutar todo el sistema judicial, fiscal y administrativo, donde los ciudadanos enfrentan problemas día a día.

• Como si lo anterior no fuera suficiente, la coima, el sobre precio, el compadrazgo y la comisión también están presentes en algunas corporaciones y empresas privadas. Es ciertamente menor porque el dueño, el gerente, el directorio o quien los representa tiene en la reducción de costos y gastos el incentivo necesario para controlarlo; pero no es un problema ausente o ajeno, sino no habrían miles de denuncias por apropiación ilícita, estafa o similares.

Como dijimos en la primera entrega sobre este tema, podríamos seguir. Sin embargo, lo que queremos mostrar es nuevamente que el problema no debe quedarse en miradas superficiales, en ruido o en el uso político indebido. El tema debe ser abordado a fondo y a todo nivel si queremos resolverlo y no seguir dejando espacios de corrupción pública y privada sin escrutar. Lampadia

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 17 de agosto de 2018
Para Correo Ica y Lampadia

Aunque el Congresista Segura diga lo contrario, el brevete de su hija es falso. Tan falso como que la joven nunca dio ningún examen para obtener su licencia de conducir. Aunque… valgan verdades – en aquel entonces – la corrupción era el común denominador en el Gobierno Regional.

En ese sentido, Segura podría haber dicho… así era la nuez. Pero no… insiste en que el brevete es legal. Incluso, varias veces lo ha mostrado ante la prensa. Como si mostrándolo demostraría su legalidad. ¿Acaso la mafia – a la cual Segura recurrió – no vendía brevetes “con todas las de la ley… sin tener que dar exámenes de manejo”?

En fin… ahora quisiera referirme a la probidad de la Doctora Rossana Vera Pariona – nuestra Directora Regional de Transportes – y su liderazgo en la reforma de dicha importante dependencia regional.

La mafia de los brevetes se embolsicaba no menos de 100 mil soles diarios. Echemos pluma. Las coimas para las licencias A-I (Automóviles Particulares) variaban entre S/. 500 y S/. 700 cada una. Las más caras incluían el “delivery”. Las A-II (Vehículos para Transporte Público de Pasajeros) costaban entre S/. 700 y S/. 1,500. Y las A-III (Transporte de Carga Pesada) entre S/. 1,500 y S/. 3,000 cada una. 

100 brevetes truchos al día… multiplicados por una coima promedio de S/. 1,000 cada una. Ahí están los S/. 100 mil diarios. Además, se sabe que todas las tardes se reunían los mafiosos – en la oficina del director de turno – para la repartija correspondiente. La cual incluía a tramitadores, funcionarios y… “hasta el Número 1”. Obviamente… los ciudadanos honestos que postulaban a un brevete legal (de verdad) eran tratados con la punta del pie. Así era la nuez.

Bueno pues… en Ica se acabaron las coimas para obtener licencias de conducir. Los que pagan plata a algún tramitador… lo hacen de puro mongos. Nuestra Directora Regional de Transportes y su equipo, lograron lo que – para muchos – era “La Misión Imposible”.

Pero… la mafia no se ha quedado tranquila. El contraataque está reflejado en la andanada de denuncias calumniosas dirigidas contra la Doctora Vera y mi persona. Efectivamente, las denuncias de los Flores Camargo, los de la Fuente, los Gavilano, la prensa chantajista – incluso de Segura – son puras calumnias.

A ese respecto, ¡qué ridículos quedan esos mafiosos cuando fungen de moralistas! Ni sus Mamás les creen. Y eso va para todos aquellos que se regocijan cuando alguien de mi entorno es ampayado in fraganti. ¡Claro que hay corrupción en el Gobierno Regional! Mil veces lo he dicho y reconocido. Pero nadie puede negar que estamos luchando contra ella… a capa y espada.

Por ello va mi invocación a los fiscales de Ica, para que sepan distinguir la paja del trigo. ¿Cuándo una denuncia tiene fundamentos… y cuándo se trata de un ardid de la corrupción?

El hecho es que – en Ica – el que aprueba los exámenes de manejo, recibe su licencia de conducir… en el acto. ¡Sin coimas! Eso es probidad. Eso es eficiencia. Eso es bienestar para los iqueños. Eso es seguridad ciudadana. Eso es la nueva Dirección Regional de Transportes. ¡Un aplauso para ellos! Lampadia

El Gobernador de Ica, Fernando Cillóniz, denuncia dos aristas que inciden en la corrupción en la Región Ica. Por un lado múltiples formas de corrupción alojadas en todos los rincones, y por otro, la cobarde permisividad y convivencia con este flagelo. Cillóniz también destaca la presencia de funcionarios probos que el Estado debería saber alentar y proteger.

¿Cómo será en otras regiones, de las cuales solo hemos escuchado, como dice Cillóniz, las de muchos ceros a la derecha? Lo que ahora está sobre la mesa es, de alguna manera, el que los servicios públicos se den imbuidos de corrupción, permeada en las estructuras moleculares del quehacer público, casi invisiblemente, sin llamar la atención.

Lo que describe Fernando Cillóniz nos llama a reflexionar sobre la necesidad de gestar una campaña de limpieza profunda y sin cortapisas leguleyas en todas las regiones del país.

Las siguientes elecciones de gobernadores y alcaldes, están muy cerca, ¿no tendríamos que ir buscando candidatos del perfil de un Cillóniz para multiplicar estas levantadas de alfombras? ¿Otras ideas?

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 26 de mayo de 2017
Para Correo de Ica y Lampadia

La gestión pública viene resultando – para mí – una experiencia muy intensa y aleccionadora. Yo sabía que había mucha corrupción en el Estado, pero no conocía su modo de operación al detalle. Y no me refiero a las coimas de altísimo nivel – tipo Toledo, Humala, y los varios etcéteras que están apareciendo día tras día – que ya sabemos… se expresan en dólares, y tienen seis o siete ceros a la derecha. Me refiero más bien a la corrupción que me toca confrontar… a la del Gobierno Regional de Ica.

Vamos de frente al grano. Cuando asumimos el cargo en el 2015, todas – repito – todas las gerencias y direcciones regionales estaban dominadas por gente medrosa que coimeaba – sin escrúpulos – en favor de sus propios intereses. Sin embargo – curiosamente – en todas las mismas dependencias había – también – gente honesta y trabajadora. Como que el mal convivía con el bien. Y todo suave… la vida seguía su curso como si nada.

Pues bien; la actual administración NO está de acuerdo con esa forma de gobernar. Así como repudiamos la corrupción, repudiamos también la permisividad. La vida NO puede seguir su curso normal, si la corrupción sigue enquistada en el Gobierno Regional. Por eso estamos confrontados con las mafias de Salud y Transportes, entre otras. La corrupción – lo hemos dicho mil veces – es un cáncer que afecta principalmente a la ciudadanía. Por ello seguiremos extirpando el cáncer de la corrupción… ¡caiga quien caiga y le duela a quien le duela!

Ahora bien, el problema se agrava porque detrás de estas mafias hay una mucha complicidad periodística. Periodistas como Pillaca, Casavilca, Centeno, Falcón, y otros que todo lo falsean para que las mafias aparezcan como santurronas, y nosotros como abusivos. Dignos seguidores del proverbio… “el enemigo de mi enemigo, es mi amigo”. Por ello su amistad con las mafias. Publican panfletos anónimos, redactados por cobardes que no se atreven a dar la cara, con el único fin de embarrar las honras de nuestros gerentes y directores.

A todo ello se suma la politiquería de ciertos Congresistas – Elías, Segura y Oliva, por ejemplo – y Consejeros Regionales – Grados y Barco, para ser preciso – quienes también – proverbialmente – son amigos de nuestros enemigos. Constantemente arremeten contra quienes estamos poniendo orden en la institución. A ese respecto, nuestro proceder es muy simple y predecible… sancionar – de acuerdo a ley – a quienes cometan faltas graves… abandono injustificado del trabajo, falsificación de documentos, cobros indebidos o – en cristiano – coimas, agresión a compañeros de trabajo, robos de equipos, etc.

Pues bien, resulta que esas faltas graves – que vienen desde toda la vida – jamás fueron sancionadas por las gestiones anteriores. ¿Corrupción desde el “número uno”? Probablemente. ¿Permisividad? No sé, pero si así fuera… mal, muy mal. Porque tan grave como la corrupción, es no hacer nada para combatirla.

Pero como “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista” – ahora – el cáncer de la corrupción en el Gobierno Regional está menguando. Diversos procesos disciplinarios están en curso, todos en estricto cumplimiento de las normas laborales, las cuales – dicho sea de paso – son justas y respetuosas de los derechos de los trabajadores. En ese sentido, ya tenemos una treintena de malos funcionarios sancionados, 13 destituidos, y algunos – hasta – en la cárcel.

Por otro lado, a los permisivos les pido encarecidamente… váyanse a trabajar a otro sitio. El Gobierno Regional no es lugar para pusilánimes. Nuestra actitud frente a la corrupción es – y seguirá siendo – CONFRONTACIONAL. Así, con mayúsculas. Gobernar no es estar bien con Dios y con el diablo. Para nosotros, gobernar es accionar y sancionar cuando corresponda; y – por supuesto – reconocer y premiar a los buenos servidores públicos… que ciertamente los hay. Gracias a ellos – precisamente – estamos mejorando nuestros servicios a la ciudadanía. 

Pero que quede claro. Estamos preparados. Mientras haya corrupción… habrá confrontación. Lampadia 

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 14 de abril de 2017
Para Lampadia

Los Gobiernos Regionales y Locales están “podridos”. Así piensa la gente – sobre todo – después de los recientes destapes del Gobernador Regional del Callao y del Alcalde de Chilca. “La regionalización es un fracaso” se ha constituido en la frase más trillada del momento. Yo – siendo Gobernador Regional de Ica – me aúno al sentir de la mayoría.

Sin embargo, esta irrefutable sentencia contra la regionalización, me parece parcializada y centralista. En efecto, las bajezas morales de nuestras autoridades no están localizadas únicamente en los ámbitos regionales y locales. Si no, habría que preguntarse ¿qué diferencia a Alejandro Toledo de Félix Moreno? Igualmente ¿qué diferencia a este par de sátrapas, del empresario Marcelo Odebrecht? ¿Acaso las almas de este trío patético no están a la par? Y ¿qué me dicen de la congresista Aramayo – tan linda ella – y su periodismo extorsionador? ¿Cuántos sicarios periodísticos – como ella – andan sueltos por aquí y por allá? Seamos sinceros… la podredumbre también está en los ámbitos presidenciales, empresariales, periodísticos, y varios etcéteras más.

Por eso resulta tan gratificante que – en materia de moral – el Gobierno Regional de Ica pueda mostrar algunas excepciones a la regla. A ese respecto, la Dirección que más ha luchado – y conseguido logros tangibles – para contrarrestar la corrupción en Ica, es la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. Es verdad; aún estamos lejos de cantar victoria, pero ahí vamos avanzando… de golpe en golpe; con todas las de la ley. 

“Licencias de conducir en el día… sin coimas de por medio” parecía una misión imposible cuando asumimos funciones. Sin embargo, hoy por hoy, los usuarios de esta importante dependencia regional reconocen que la corrupción está herida de muerte, y que el servicio ha mejorado sustancialmente.

Lo de “licencias en el día” fue relativamente fácil de lograr. Un brevete – en buena cuenta – no es más que un papel impreso plastificado. Pero ¡ni por esas! El maltrato al ciudadano era el súmmum de la extorsión y la indolencia. En las gestiones anteriores las licencias demoraban una eternidad, y los ciudadanos eran vilmente chantajeados – con premeditación, alevosía y ventaja – para forzarlos a pagar las coimas.

Enlace del video: https://www.youtube.com/watch?v=kV13qdLhZWE

El tarifario de la corrupción era variable: S/. 300, S/. 600, S/. 2,000. Dependía de la categoría de la licencia de conducir. Eso sí; no había que dar ningún examen. La tarifa incluía los exámenes médicos, de conocimientos, y – obviamente – el de manejo. Usted pagaba y listo… el brevete era suyo. Calcule usted… 100 licencias por día. La mafia de Transportes se birlaba ¡S/. 30,000 diarios o más! Sin contar las estafas, que no eran poca cosa. Y como entre mafiosos existe también un código de conducta, esa millonada se repartía entre el tramitador coimero, los funcionarios firmantes, los que observaban y callaban… hasta el “Número Uno”.

Ahora bien, aunque la mafia en Transportes está agonizante, todavía le queda aliento para dar manotazos de ahogado. Habiendo perdido la teta que les daba de mamar a borbotones, funcionarios coimeros y sus compinches – políticos, periodistas, tinterillos, asesores; incluidos congresistas y consejeros… dizque “fiscalizadores” – con total desparpajo y maledicencia están “empapelando” a nuestra Directora Regional de Transportes – la Dra. Rossana Vera Pariona… y “a quienes resulten responsables” – para pretender intimidarlos con todo tipo de denuncias, entre las que destacan – irónicamente – las de “Abuso de Autoridad”. 

Es decir, el mundo al revés. ¿Abuso de Autoridad” – precisamente – quien controla y sanciona – de acuerdo a ley – a funcionarios corruptos? Eso sí que es hipocresía, traición, y falsedad. Así es – ni más ni menos – la mafia que nos ha tocado enfrentar… ¡cínica a más no poder!

Estas líneas son de gratitud sincera, admiración infinita, y respaldo total a nuestra Directora Regional de Transportes y Comunicaciones y a quienes están logrando – junto a ella – lo que en su momento parecía una misión imposible: “licencias de conducir en el día… sin coimas de por medio”. ¡Sigan así – por la línea recta – que Dios se los pagará con creces! Lampadia

Según declaración de Marcelo Odebrecht, su empresa montó un sistema para generar fondos negros en su proyecto del extranjero, para pagar las coimas en Brasil. (Ver líneas abajo, artículo de Fohla, traducido y glosado por Lampadia).

Generaron varios instrumentos para generar dinero que no se contabilizaba en Brasil y que luego se aplicaba a sus tropelías en o desde el mismo Brasil.

El 7 de febrero pasado publicamos en Lampadia, ‘El negociazo del Gasoducto del Sur’, artículo en el que explicamos cómo se había planeado generar un importante beneficio extraordinario para Odebrecht, escondido en el uso de una tasa de interés que era mucho mayor al costo de oportunidad del concesionario. En otras palabras, al usar la tasa de 12% anual para el cálculo de la remuneración al contratista, en vez de un 7.5%, se generaba, sin que se haga explícito, a favor de Odebrecht, un sobre-pago de US$ 298 millones por año, durante los 34 años de la concesión. Un escándalo increíble. Ver el siguiente cuadro:​

El artículo de Fohla habla de que los esquemas de generación de fondos negros, estaban compartamentalizados, de modo que una unidad de Odebrecht no supiera lo que hacían las otras. Muy lógico, pues el sistema celular, usado por los grupos terroristas, permitía una operación más difícil de delatar e investigar. De esto también se podría colegir que difícilmente Odebrecht podría haber compartido sus malabares y fechorías con sus socios locales en los distintos países donde montaron su red criminal.

En Brasil es cada día más claro que el andamiaje organizado por Lula y sus brazos seudo-empresariales era para crear un ‘imperio del mal’, que sería gobernado por el PT de Brasil y las izquierdas locales de los distintos países, a quienes se les ayudaba a tomar y/o conservar el poder mediante el uso de dinero mal habido. Lampadia

Odebrecht cometía fraude en el extranjero para pagar sobornos

Letícia Casado
Bela Megale
Camila Mattoso
Fohla de Sao Paulo
3 de marzo, 2017
Traducido y glosado por Lampadia

Los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht revelan que la empresa constructora   estableció un esquema de fraudes en los contratos del extranjero, llamado sector de “generación”, para abastecer un área de pagos ilícitos de las “operaciones  estructuradas” dentro y fuera de Brasil.

Según Folha, por personas cercanas a la investigación, más del 90% de los recursos asignados al departamento de sobornos, que movió US $ 3,390 millones entre 2006 y 2014, se generaron por medio de un modelo financiero vinculado a las obras ejecutadas en países extranjeros.

La estrategia se creó para evitar la operación y el seguimiento de los recursos desviados de los contratos firmados con los organismos gubernamentales en Brasil.

Tres ejecutivos de la compañía, entre ellos el heredero y ex presidente del grupo, Marcelo Odebrecht, dieron detalles de este esquema en un testimonio ante el ministro del Tribunal Superior de Justicia, Herman Benjamin, ponente del proceso de impugnación de Dilma-Temer en el TSE (Tribunal Supremo Electoral).

“Hemos creado un proceso en el cual la planificación fiscal -la mayor parte hecha fuera de Brasil, en países en los que se podía hacer este tipo de planificación, ya que no era un delito- era una fuente de generación de recursos”, dijo Marcelo Odebrecht.

“A continuación, estos fondos se colocaron en empresas de terceros. Y algunos ejecutivos de la organización podían utilizarlos para hacer pagos no contabilizados, incluyendo la caja 2, y todo. Y algunos de ellos lo usaron para hacer sobornos”, dijo.

Otro informante, Fernando Migliaccio, un ex funcionario del llamado Sector de Operaciones Estructuradas, dio detalles de la operación: “Esta área aprovechaba obras verdaderas de Odebrecht en todo el mundo, donde se generaban excedentes de operaciones oficiales”, dijo. “Estos excedentes se utilizaban para suministrar a nuestra área [de pago de sobornos]”.

Hilberto Mascarenhas, otro delator de Odebrecht, dio un ejemplo de cómo funcionaba este esquema con las obras del extranjero: “Cada vez que la empresa crecía, obtenía una obra;  en Angola, una hidroeléctrica allá tenía un bono.”

¿Qué era un bono? Mascarenhas explica: “Bono, no, tenía dos cajas allá.” Él dirigió el “Departamento de Sobornos” entre 2006 y 2015.

El responsable de este sector de “generación” era Marcos Grillo, uno de los 78 informantes del grupo de Bahía.

Según el esquema detallado por los fiscales, Odebrecht informó que este departamento llevaba a cabo la generación de contratos ficticios con proveedores de servicios externos que reducen el margen de beneficios y los impuestos a pagar. Por lo tanto, se creaban fondos excedentes que se suministraban al área de la corrupción en Brasil.

Mascarenhas, dijo que si bien este esquema era el principal, no era el único modus operandi.

“Yo sé que él [Marcos Grillo] tenía varias operaciones. Por ejemplo, las transacciones financieras para comprar un determinado papel, que se vendía a pérdida, no era real, dejaba algo de dinero fuera de la caja. Era otro flujo de la caja 2”, explicó.

El ex ejecutivo se refería a una transacción con derivados (instrumentos financieros derivados de otros valores).

En este caso, Odebrecht y otra empresa, en complicidad, simulaban una operación en la que el contratista perdía y el otro se beneficiaba.

El resultado se combinaba y parte de la ganancia suministraba al sector de generación.

Los expertos consultados por Folha dijeron que en algunos países las operaciones de control de los sistemas financieros son menos rígidas que en Brasil, lo que facilitaba este mecanismo.

De acuerdo con las pruebas presentadas, aparte de la caja 2, también se utilizaba  dinero para pagar servicios no declarados al fisco y reembolsos de empleados en el extranjero o bonificaciones de salarios altos.

A pesar de la conexión entre las dos áreas, estos sectores no trabajaban juntos.

“Todo esto fue construido de una manera en que había una ‘Muralla China’ enorme entre el área de generación y la nuestra”, dijo Migliaccio. Lampadia

Desde las tripas del ‘Ogro Filantrópico’, el Gobernador de la Región Ica, Fernando Cillóniz sigue desnudando al monstruo de la corrupción enquistado en el Estado. Cillóniz no solo está dedicado a conducir ejemplarmente los destinos de la región que está a su cargo, también está desarrollado un difícil acuerdo birregional con Huancavelica para aprovechar el potencial de desarrollo de ambas regiones y, mostrándonos a todos los peruanos como se han prostituido los espacios del Estado con ‘instituciones’ como el tarjetazo, el clientelismo y la impunidad.

Ver en Lampadia sus dos columnas anteriores:

• Mi confesión sincera
• Faltas graves

En esta ocasión, Cillóniz describe el desperdicio de los escasos recursos del Estado en obras innecesarias, faraónicas e inconclusas, que malogran la capacidad del Estado de ofrecer buenos servicios y de mantener la confianza de los ciudadanos.

Fernando Cillóniz B.
Gobernador Regional de Ica
Ica, 3 de marzo de 2017
Para Lampadia

El Producto Bruto Interno (PBI) de un país crece en la medida que aumenta la inversión en infraestructura. Eso lo sabe cualquiera. A más carreteras, más PBI. A más ferrovías, más PBI. A más irrigaciones y gasoductos… más PBI. 

Pero no todo PBI es bueno. Por ejemplo, las inversiones de la pandilla brasilera en proyectos como la Carretera Interoceánica, la Línea 2 del Metro, y el Gasoducto Sur Peruano – por solo mencionar unos cuantos – aumentaron el PBI de nuestro país. Y – aunque parezca mentira – las adendas que inflaron los costos de dichos proyectos también; ¡incluidas las coimas y sobornos!

Pues bien, en el ámbito iqueño, la situación es parecida. Las gestiones anteriores – tanto regionales como locales – aumentaron el PBI de Ica a través de inversiones sobrevaloradas, mal hechas, pésimamente priorizadas, y encima la gente se pregunta: ¿cuánta cutra habrá corrido por ahí? ¿Quién responde por los proyectos fallidos como el Mercado de Pueblo Nuevo en Chincha que está inoperativo, una Defensa Ribereña inexistente en Pisco, el enorme pedestal del Inca Pachacútec en el distrito del mismo nombre en Ica, los puentes inacabados de Palpa, la grotesca Plaza de Armas y Palacio Municipal de Marcona en Nasca, y varios esperpentos más?

Pero ahí no acaba la cosa. Cuando asumimos la gestión en el 2015, encontramos cerca de 40 obras inconclusas y abandonadas, entre las cuales había proyectos de agua y desagüe, puentes y caminos, centros de salud y escuelas, proyectos de seguridad ciudadana, entre otros. ¡Más de 200 millones de soles – que para Ica es un mundo de plata – que no sirven para nada! Repito; todos proyectos inconclusos, abandonados, y – lo que es peor – judicializados, dado que las obras estaban “garantizadas” por Cartas Fianzas… falsas. ¡Una estafa!

Seamos sinceros. El PBI de nuestro país – y en particular, de la Región Ica – está inflado (1) por sobrevaloración de los costos de algunos proyectos de infraestructura, (2) por el pago de coimas y sobornos, (3) por las inversiones en obras inútiles, y (4) por obras inconclusas y abandonadas. Insisto, no todo crecimiento del PBI es bueno. También puede haber PBI del malo, y ¡vaya que tenemos bastante PBI malo en nuestro país!

¿Qué hacer frente a tanta podredumbre? Pues corregir – de raíz – la causa de todo este desmadre, el cual ha sido generado por gente corrupta. ¡No al clientelismo político, porque ahí está la raíz de la corrupción en el país! ¡Sanción a los funcionarios y empresarios que hayan cometido actos de corrupción!

Mi diario vivir en el Gobierno Regional es muy aleccionador. Cuando detectamos un acto de corrupción – cosa que sucede con frecuencia – el mayor problema está en el mal entendido “espíritu de cuerpo” al interior de la institución. Resulta que para que haya sanción a algún funcionario corrupto, tienen que estar alineados (1) la Secretaría Técnica – que es órgano investigador y sancionador de los malos funcionarios – (2) la Jefatura de Recursos Humanos, y (3) la Jefatura inmediata superior del funcionario en cuestión. Si uno de los tres estamentos administrativos flaquea – cosa que también sucede con frecuencia – no hay sanción. Aunque eso de flaquear es un decir. Lo que hay es connivencia. O sea; corrupción a todo nivel.

No obstante, cuando la trilogía… Secretaría Técnica – Recursos Humanos – Jefatura Administrativa funciona como corresponde, la sanción se aplica de acuerdo a ley, la disciplina laboral se establece con normalidad, y – lo que es mejor – el servicio público mejora. Muchos iqueños pueden dar fe de ello.

Conclusión: Sólo con gente honesta saldremos de este desmadre moral. Gente competente, tenemos. Hasta los choros son competentes… el problema es que son choros. No hay que cambiar ninguna Constitución, ni ninguna ley o política pública. ¡Sigamos con las inversiones privadas en infraestructura! No creemos más instituciones anti corrupción. Lo único que hay que cambiar es la moral de nuestra gente. Lampadia

Como siempre han hecho las desamparadas (popularmente) izquierdas peruanas, sin argumentos sólidos ni propuestas serias, pretenden seguir fabricando ‘relatos’ (técnica cubana), esas ingeniosas formas de reescribir la historia para llevar agua a sus molinos, aprovechando la crisis política que se cierne tras los escándalos de corrupción originados por el ‘padrino’ del rojerío, Luiz Inácio Lula da Silva y su cohorte de ‘agentes político-empresariales’ con los que pretendió reinar en Latinoamérica.

Veamos algunos elemento de la campaña anti economía de mercado:

• Martín Tanaka, investigador principal del IEP, habla del “final del sueño tecnocrático”, desconociendo todo lo avanzado desde el desastre del Perú de 1990 (La República, 5/2/17).
• Pedro Francke, del ‘Frente Amplio’ que no es ni frente ni amplio, aprovecha para reclamar “cambios urgentes en el modelo económico”. Afirma que “la tremenda corrupción de los últimos 25 años está estrechamente vinculada al modelo económico” (Diario Uno, 7/2/17).
• Antonio Zapata dice “la posibilidad es que se hunda el régimen político inaugurado con la transición del año 2000 (…) [que] pretendió implantar la democracia con la misma constitución del autoritarismo” (La República, 8/2/17).
• Fernando Vivas se refiere a textos de Alberto Vergara y Daniel Encinas que afirman que Toledo y Humala aumentaron el porcentaje de ministros tecnócratas sobre los políticos. (El Comercio, 9/2/17).
• Javier Iguíñiz, del Acuerdo Nacional (La República 7/2/17), pide evitar que las grandes empresas financien partidos.
• Por último, con bombos y platillos, Verónika Mendoza, la ‘asistente de agenda’ de Nadine Heredia, organizadora del movimiento ‘Nuevo Perú’, se manda con todo a pretender crear un ambiente de zozobra: “Si tiene que caer el actual presidente, que así sea” (Exitosa, 9/2/17) y “los políticos corruptos responden a un sistema pro empresarial que promueve los negociazos y las coimas y que eso debe cambiarse con una nueva Constitución” (Diario Uno, 9/2/17).  

  La verdad, sin embargo, es muy distinta. Veamos como se gestó el huayco de corrupción que llegó desde Brasil.

• En Brasil siempre se apreciaron niveles de corrupción relativamente altos, tanto en el sector público como privado.
• En todas partes, incluido el Perú, más allá de esporádicas crisis, siempre hemos tenido un cierto nivel de corrupción, especialmente en los temas vinculados a las compras del Estado y las obras públicas
• Esa predominante capa de corrupción era tan conocida y generalizada, que hasta hace pocos años, varios países europeos   permitían que sus empresas descontaran como ‘gastos’ de sus liquidaciones tributarias, las coimas que pagaban en los países subdesarrollados como el Perú y Brasil.

En ese espacio, después de varios intentos, llega al poder Lula y el Partido de los Trabajadores (PT). Lula encuentra a una Cuba exánime, pero muy capaz políticamente, que empezaba a sobrevivir de la caridad del chavismo; los petrodólares venezolanos detrás de la construcción del ‘socialismo del siglo xxi’ y la naturaleza filo-corrupta de las empresas constructoras brasileñas, que ya tenían presencia en toda la región.

Sobre esa base, Lula arma el ‘Foro de Sao Paulo’ con Fidel Castro, Hugo Chávez y las FARC entre otros, para financiar y dar sentido de dirección ideológica a todas las izquierdas de la región. Además organiza la instrumentación de los ‘agentes político-empresariales’ (las ambiciosas y corruptas empresas constructoras brasileñas) para acrecentar su presencia en la región, generar ingresos indebidos, coimear y cooptar políticos, funcionarios y periodistas, con el fin último de establecer la dominación política de Brasil sobre el Perú y varios otros países.

No caigamos pues en el juego de nuestras frustradas izquierdas, las de las ‘ideas muertas’, que no pierden oportunidad para colar sus maquinaciones por cualquier rendija. Felizmente, ya les están saliendo al frente, como es el caso del Editorial de El Comercio y el artículo de Franco Giuffra, de ayer, el artículo de hoy de Jaime de Althaus. Hasta Mirko Lauer le llama la atención a Verónika Mendoza cuando escribe hoy: “ha captado las oportunidades del momento, pero no ha entendido la necesidad de estrategia (…) subirse al carro de los que juegan con su vacancia [PPK], es salirse de todo el encuadre de eficacia en la lucha contra la corrupción”.

No queremos más contrabando, ni la destrucción de nuestra insipiente economía de mercado que ha traído tantos beneficios, pero que aún tiene mucho que aportar para el bienestar de todos los peruanos. Lampadia  

Según el análisis de Jaime de Althaus, que presentamos líneas abajo, sobre los decretos legislativos dirigidos a facilitar la lucha contra la corrupción policial, se puede decir que el gobierno ‘ha puesto toda la carne en el asador’. Sin embargo, como sabemos en el Perú, del ‘dicho al hecho hay mucho trecho’.

Por lo tanto, toda la atención de la ciudadanía tiene que estar puesta en la implantación de las normas. Para que ellas sean efectivas, hay que insistir en las recomendaciones de Althaus:

• Una sólida campaña de comunicación para que el ciudadano esté claramente advertido sobre las penalidades
• Un acuerdo político con las fuerzas más importantes, para convertir estas normas en políticas de Estado 
• Compromiso público de la Fiscalía y el Poder Judicial con las nuevas normas, de modo que la opinión pública pueda vigilar su ejecución
• Simplificación de normas y procesos que propician la coima

Esperemos que el propulsor de estas normas, Carlos Basombrío, Ministro del Interior, no solo haya recogido las mejores prácticas de otros procesos anti corrupción policial, sino que haya preparado a las instituciones que dirige, el ministerio y la Policía Nacional, para empezar la ejecución de la mejor manera.

Nos preocupa, que en cuanto a la difusión de las normas, el ministro se haya limitado a declarar que el ciudadano está obligado a conocer las leyes. ¿Broma? O error que hace temer un enfoque teórico, poco realista, que generará mil complicaciones que pueden debilitar el resultado. Ojo, que la responsabilidad del ministro no termina con la dación de las normas. Lampadia

Fuente:  rpp.pe 

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El gobierno ha decidido apostar fuerte en la lucha contra la corrupción en la Policía. Los decretos legislativos aprobados dibujan un conjunto de medidas, algunas de ellas drásticas, que requerirán del apoyo político, judicial y ciudadano para consolidarse y producir el cambio rápido y profundo que buscan. Porque sin duda afectan de raíz el modus operandi mismo de muchos policías.

Comencemos por la medida que ha empezado a ser puesta en práctica estos días: pena privativa de la libertad de entre 6 y 10 años para el policía “que solicita, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o a consecuencia de haber faltado a ellas”; y de entre 5 y 10 años para el “que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para sí o para otro, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial…”. Además, “El miembro de la Policía Nacional que condiciona su conducta funcional a la entrega o promesa de donativo o cualquier otra ventaja o beneficio, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 8 artículo 36 del Código Penal” (Decreto Legislativo 1351).

No solo eso. El que ofrece o da la coima también será reprimido con pena privativa de la libertad de entre 4 y 8 años de cárcel. Para ello, se ha anunciado que los policías llevarán “camaritas” en sus uniformes, a fin de registrar los ofrecimientos de sobornos.

Son medidas sumamente drásticas que sin duda pueden llevar a minimizar la coima no solo en las infracciones de tránsito sino en otras actuaciones policiales. Pero deberían ser antecedidas de una campaña de medios que informe claramente acerca de las nuevas reglas de juego, pbustamante@lampadia.com para evitar que muchos terminen en la cárcel simplemente por desconocimiento de la nueva ley.

Y, además, deberían venir acompañadas de una reducción de las multas y sanciones asociadas a diversas infracciones, que son tan absurdamente altas para amplios sectores de un país como el nuestro, y que parecen diseñadas justamente para provocar la coima. Y eliminar ciertos trámites o requisitos. Así como ahora no es necesario revalidar cada dos años la licencia para lunas polarizadas y ésta es para el vehículo y no para el conductor, suprimiendo así un foco de corrupción, hace falta eliminar también las revalidaciones de brevetes, que es otro tinglado montado para imponer cobros y armar corruptelas.  Asimismo sería necesario suprimir el requisito de las revisiones técnicas, que son otro núcleo de corrupción incluso para pasarlas, y no previenen nada. Y sería necesario graduar las sanciones sobre consumo de alcohol, que son sumamente drásticas tanto para el que realmente conduce en estado de ebriedad como para el que apenas ha tomado dos o tres cervezas pequeñas.

De otro lado, se necesitaría desarrollar paralelamente una política efectiva de personal que brinde mejores servicios de salud, educación y vivienda a los agentes policiales, como una manera efectiva de complementar sus ingresos. De hecho, el ministro ha anunciado que estos días se inicia la construcción de un hospital de 300 millones de soles, muy moderno y con equipamiento. Habría que conocer si su administración se concesionará, para asegurar un buen servicio.

Quizá en parte para contribuir al equilibrio financiero de los policías, aunque sobre todo debido a demandas reales de seguridad, el gobierno ha dado el decreto legislativo 1267 que establece que “La Policía Nacional del Perú, a través del personal policial que se encuentre de vacaciones, permiso o franco y de manera voluntaria, podrá prestar servicios policiales extraordinarios en entidades del Sector Público y/o del Sector Privado, en situaciones que puedan comprometer y/o afectar el orden público y la seguridad ciudadana”. Esto siempre mediante convenio con la entidad solicitante, sea una municipalidad, la asociación de bancos, una empresa minera o un concierto, por ejemplo. Y como resultado de ese servicio extraordinario, el policía recibirá una remuneración adicional, pero pagada por la institución policial. De ninguna manera los policías podrán brindar servicios a particulares de manera individual, lo que también es una manera de prevenir que policías trabajen para mafias de distinto tipo.

Ahora bien, las medidas dadas para erradicar la corrupción de la Policía van más allá. El decreto legislativo 1291 establece una serie de instrumentos. Uno de ellos es la “prueba de integridad”: consiste “en plantear situaciones similares a las que un efectivo policial o servidor civil podrá enfrentar como parte de las actividades propias de su función”, para “determinar si el personal policial en actividad o servidor civil del Sector Interior tiene una conducta íntegra, proba, honrada, incorruptible e insobornable en sus acciones cotidianas, de manera libre y espontánea”. La prueba la realiza un “comisionado de integridad”, que es una suerte de agente encubierto. Así se podrá detectar si un policía acepta una coima que se le ofrece, por ejemplo, aunque en estos casos el comisionado tendrá que actuar junto con un fiscal según explica Leonardo Caparrós, asesor del gabinete ministerial. Lo normal será que se haga para evaluar la medida en que el policía atiende bien a un ciudadano que acude por alguna razón.

Pero eso no es todo. También se aplicará al personal la “prueba de control y confianza”, mediante la utilización del polígrafo u otros medios tecnológicos. Tiene por finalidad “evaluar el comportamiento laboral del personal del Sector Interior, el cual debe ser profesional, ético y moral…”. En este caso, sin embargo, “el sometimiento a la Prueba de Control y Confianza es voluntario y deberá contar con la autorización expresa del personal seleccionado para pasar la misma”. Según Caparrós, en el área de Inspectoría, por ejemplo, la aplicación del polígrafo es parte del procedimiento para postular, aunque no se puede obligar a nadie a pasar la prueba. Rehusarse a pasarla, sin embargo, sería visto como un indicativo no favorable. 

Otra medida preventiva establecida en el decreto legislativo 1291 es la obligación de todos, oficiales y suboficiales, de presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas, y se le encarga a la Oficina General de Integridad Institucional verificar la información contenida en dichas declaraciones.

Pero aún hay más: el decreto legislativo 1242 establece que “La Inspectoría General, la Dirección Ejecutiva de Personal y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú, coordinadamente revisan y evalúan en forma anual las referencias disciplinarias del personal, con el fin de determinar su idoneidad para desempeñarse en los diferentes cargos, informado de manera sustentada al alto mando sobre su resultado y efectuando propuestas que permitan una adecuada asignación del personal. Una copia de este informe deberá ser remitida a la Inspectoría General del Ministerio del Interior, que ahora es la Oficina General de Integridad Institucional.

Es probable que es ese informe, que de alguna manera condensa el resultado de la aplicación de todos los instrumentos anteriores, más el de las evaluaciones de desempeño –cuyo reglamento, sin embargo, no ha sido aprobado aún-, arroje regularmente un listado de personas no idóneas para desempeñar la función policial –sea por razones éticas o profesionales- que deberán ser retiradas de la Institución. Para ese fin el decreto legislativo 1242 regula la llamada “renovación de cuadros de manera excepcional”, que se podrá producir no solo cuando se designa a un nuevo Director General, sino en cualquier momento y una vez al año, precisándose que dicha renovación de cuadros no constituye sanción administrativa.

Esta última precisión es importante porque implica que las resoluciones de pase al retiro por tal renovación  excepcional de cuadros, no tienen que ser fundamentadas en el sentido de acopiar pruebas de la comisión de delitos o faltas. De hecho, el personal que pase al retiro por este expediente, lo hará percibiendo la pensión y otros beneficios.

Es importante que haya acuerdo político en torno a estas medidas y que ese acuerdo incluya una convicción al respecto de parte del Poder Judicial. El Ministro Basombrío ha hablado de este tema con el Presidente del Poder Judicial, pero la prueba de fuego la tendremos dentro de poco, si es que algunos de los 790 oficiales que fueron pasados al retiro en noviembre por razones de reestructuración de la pirámide policial, acuden al Poder Judicial para conseguir su reposición. Hasta el momento de escribir esta nota, el Ministerio sólo había recibido una notificación de un oficial que había demandado en Arequipa, pero habría grupos que se estarían organizando para esos efectos. Según el Ministerio, tal reclamo judicial carece de fundamento legal, de modo que no debe prosperar, aunque nunca se sabe con los jueces “creativos”. Ya se ha presentado una acusación constitucional contra el Ministro en el Congreso. Esto no va a ser fácil.

Ahora bien, todo este conjunto de instrumentos depende, para su ejercicio eficiente, de que haya una inspectoría policial y un sistema disciplinario íntegros y que cumplan bien su función. Para conseguir ese resultado, se ha añadido una especialidad a las ya señaladas en la Ley de la Policía Nacional (Orden y Seguridad, Investigación Criminal e Inteligencia): la “Especialidad de Control Administrativo Disciplinario”, dentro de la carrera policial. Se establece que el personal policial que accede a esta especialidad permanecerá en ésta hasta el término de su carrera, recibirá una bonificación especial, gozará de vacantes exclusivas en los procesos de ascenso, capacitación permanente en el país y en extranjero y no podrá pasar al retiro por causal de renovación de cuadros. Es este personal el que integra la Inspectoría General de la PNP. La idea es que pase por el polígrafo a la hora de postular, tal como se ha dicho.

A su vez, la Inspectoría General del Ministerio del Interior –no de la PNP- ha sido reemplazada, de una parte, por la Oficina General de Integridad Institucional, que descansa en la Oficina de Asuntos Internos para las investigaciones sobre las infracciones graves o muy graves cometidas por el personal policial, sobre todo por los oficiales generales. Y, de otra, por el Tribunal Policial, que depende directamente del Ministro. La idea es que quien hace las investigaciones no debe ser quien juzgue y sancione. Antes ambas funciones dependían de la Inspectoría General.

Por su parte, la Oficina General de Integridad Institucional tiene no solo la función de investigar hechos cometidos, sino de prevenir, manejando los instrumentos de control y confianza como los polígrafos y los otros instrumentos que hemos reseñado líneas arriba. Con lo que el círculo se cierra.

Hubo, por último, un intento de reforma adicional que debía redundar no sólo en menores opciones de corrupción para los policías sino en una mejor gestión institucional: la disposición según la cual la Secretaría Ejecutiva de la PNP, encargada de los temas administrativos, estará a cargo de un general o de un profesional civil altamente calificado. La redacción original de decreto legislativo 1267 agregaba a continuación: “Los órganos de la Secretaría Ejecutiva están a cargo de personal civil altamente calificado y/o especializado en los sistemas administrativos”. La reacción de generales en retiro fue tal que se tuvo que modificar ese párrafo de la siguiente manera: “Los órganos de la Secretaría Ejecutiva están a cargo de personal policial o civil altamente calificado y/o especializado en los sistemas administrativos”. Un retroceso que habla a las claras de la presión de los oficiales por manejar los recursos, una tarea extrínseca a la función policial que debería estar, efectivamente, en manos de civiles especializados. Lampadia