Durante los últimos meses hemos pasado de una grave sequía a fuertes lluvias y  huaicos que han afectado gravemente la vida de muchos peruanos y destruido importantes infraestructuras públicas. En el Perú no sabemos reservar agua para los períodos secos, ni protegernos de las avenidas descontroladas. Nuestro país es el octavo en disponibilidad de agua, pero vivimos como si tuviéramos un importante estrés hídrico. Lo que es más, como se ve en el mapa líneas abajo, se nos considera como vivimos y no como somos, un país con abundancia de agua.

El pasado 22 de marzo se celebró el Día Internacional del Agua en un mundo donde 1,800 millones de personas no tienen acceso al agua potable.

Según las Naciones Unidas, “Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es más necesaria que nunca. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente”.

La importancia del agua trae consigo una gran necesidad: gestionar bien el recurso. En el Perú, la cobertura y calidad del servicio de agua y saneamiento deja muchísimo que desear. El servicio de abastecimiento se mide por horas, cuando ya debería ser todo el día, y las pérdidas de agua (ya sean físicas o por facturación) son de aproximadamente 50%. Además, la mitad de las EPS en el Perú están en falencia financiera, por lo que no pueden brindar un servicio adecuado a la población, ni llegar a más peruanos que todavía carecen de agua y desagüe.

La causa de los problemas en agua y saneamiento no es la escasez del recurso: como ya hemos mencionado en Lampadia (Ver: Superemos los mitos sobre el agua), el Perú cuenta con vastos recursos hídricos, ya que somos el octavo país con más agua dulce del planeta. El problema está en haber politizado la gestión del agua, con el consiguiente mal manejo que desde hace varios años vienen llevando acabo las empresas prestadoras de servicios (EPS). Lamentablemente, no sabemos aprovechar el recurso, pues no cosechamos el agua, ya sea en grandes represas o reservorios menores y familiares.

The Economist también considera que la escasez del agua a nivel mundial no es un tema de falta del recurso (especialmente porque dos tercios del planeta están compuestos por agua), sino por un problema de mala administración. Y es que, como afirma la revista inglesa, “cuando algo es demasiado barato, la gente lo malgasta”.

Según The Economist, “La clave para gestionar mejor el agua es el precio adecuado, dando a los consumidores una razón para no desperdiciarlo y a los inversores un incentivo para construir la infraestructura para su suministro. Se necesitan grandes sumas: más de US$ 26 trillones entre 2010 y 2030, según una estimación. Sin embargo, antes de que el agua pueda tener un precio adecuado, debe quedar claro quién es el propietario (o, más exactamente, quién tiene derecho a extraerlo de los ríos, acuíferos, etc.)”.

La solución es clara. De la misma manera en que se reestructuraron los servicios públicos de electricidad y comunicaciones para lograr brindar una mejora sustancial de los servicios. Ahora debemos despolitizar el manejo de las empresas, profesionalizar su gestión e involucrar, mediante APPs u otros mecanismos,  al sector privado en la operación de los servicios de agua y saneamiento.

Hasta ahora, la politiquería anti sector privado no ha permitido que se entienda que la combinación ‘sector privado y supervisión pública’ es largamente superior a la gestión pública que nadie controla y que cada cierto tiempo recibe recursos del Estado, para volverlos a mal usar. Solo así se podrá lograr un manejo eficiente y financiar los 53 mil millones de soles que se requieren para cerrar la brecha de infraestructura de saneamiento existente (según Milton Von Hesse) y así llegar a la meta del Plan Nacional de Inversiones para el Bicentenario (2021). Ver en Lampadia: Cambiemos los paradigmas sobre el agua.

El servicio de agua y desagüe en el Perú es el tema social más importante y, lamentablemente, no se está solucionando como se debe. Es necesario cambiar de paradigmas para lograr una reforma que cause un impacto positivo en nuestros ciudadanos y nos brinden los servicios que los peruanos merecemos. Lampadia

Agua: la realidad en seco

The Economist
5 de noviembre de 2016
Traducido y glosado por Lampadia

“Miles han vivido sin amor; ni uno sin agua”, observó W.H. Auden. Omitió añadir que, al igual que con el amor, muchas personas tienen una fuerte aversión moral a pagar por el líquido que sustenta la vida. Algunos sienten que el agua es un derecho y, por lo tanto, debe ser libre. Otros presionan a los gobiernos para que subsidien su distribución a grupos favorecidos. Todo esto se traduce en grandes y evitables resultados.

El agua cubre dos tercios de la superficie de la Tierra. No se agota cuando se consume: simplemente sigue circulando. Entonces, ¿por qué los investigadores del MIT predicen que a mediados del siglo, más de la mitad de la humanidad vivirá en zonas de estrés hídrico, donde la gente está extrayendo cantidades insostenibles de las fuentes de agua dulce disponibles?

Una razón es que a medida que la población del mundo crece y se vuelve más rica, usa más agua. Otro es el cambio climático, que acelera los ciclos hidrológicos, haciendo que los lugares húmedos sean más húmedos aún y los lugares secos, más secos. El World Resources Institute, un grupo de expertos, clasificó a 167 países y encontró que 33 enfrentan un estrés hídrico extremadamente alto para 2040 (ver mapa). Pero gran parte del problema proviene de la pésima gestión del agua, y eso es algo que deberían reflexionar los funcionarios que se reúnen en la polvorienta Marrakech esta semana para la próxima ronda de conversaciones anuales sobre el clima de la ONU. Una parte crucial de la adaptación a un mundo más cálido es definir cómo asignar el agua de manera más eficiente.

Cada persona necesita beber sólo unos pocos litros al día, pero se necesitan cientos de litros para cultivar alimentos y miles para poner una porción de carne o cerdo en la mesa. La agricultura representa el 70% del consumo de agua y la industria representa la mayor parte del resto. Debido a que los agricultores y los jefes de las fábricas son políticamente poderosos, suelen pagar muy poco por su agua. Algunos pagan los costos operacionales de su suministro, pero no la infraestructura que le permitió salir del grifo. Muchos no pagan por utilizar los acuíferos subterráneos -la India bombea dos tercios de su agua de riego de esta manera. Cuando algo es demasiado barato, la gente lo malgasta. La industria china utiliza diez veces más agua por unidad de producción que la media de los países ricos, por ejemplo. Los agricultores en lugares resecos como California crecen con sed de cultivos comerciales como las paltas, que fácilmente podrían ser importados de algún lugar más húmedo.

La clave para gestionar mejor el agua es el precio adecuado, dando a los consumidores una razón para no desperdiciarlo y a los inversores un incentivo para construir la infraestructura para su suministro. Se necesitan grandes sumas: más de US$ 26 trillones entre 2010 y 2030, según una estimación. Sin embargo, antes de que el agua pueda tener un precio adecuado, debe quedar claro quién es el propietario (o, más exactamente, quién tiene derecho a extraerlo de los ríos, acuíferos, etc.). Australia ha liderado el camino en la creación de un sistema transable de derechos de agua.

Cuentas actuales

El objetivo es asegurarse de que el agua llegue a aquellos que pueden hacer el mejor uso de la misma. El cálculo de cuánto se está utilizando, y cuánto realmente debe ser utilizado, es esencial. En Australia los viejos derechos (típicamente pertenecientes a los terratenientes) fueron reemplazados con acciones que otorgan a los titulares una proporción de las asignaciones anuales. Esto significa que la única manera que una persona pueda tener más agua es si otra persona tiene menos. Dos mercados han surgido: uno en el cual las asignaciones estacionales de agua disponibles se pueden negociar, y otro en que las partes pueden compartir.

Para que el sistema funcione, se debe tener especial cuidado en asegurar que los derechos de agua comerciables se asignen de manera justa y abierta. La “cadena de bloques”, una tecnología criptográfica que permite a los extraños hacer registros a prueba de violaciones de quién posee qué, podría ayudar.

Conseguir que la política del agua sea correcta no sólo fomentará la conservación cotidiana; también estimulará el desarrollo de tecnologías como la carne artificial (que utiliza mucho menos agua que la real) y la desalación más barata. La alternativa es probar que Mark Twain estaba en lo correcto cuando dijo: “El whisky es para beber; el agua es para pelear”. Lampadia

Solo el 2.5% del agua del mundo es consumible. Esta se encuentra en ríos, lagunas, nevados, entre otros. A medida que crece la demanda de agua, las ciudades se ven obligadas a depender de fuentes que se encuentran más alejadas de las ciudades y que son más caras de aprovechar.

En este contexto, Latinoamérica tiene una gran ventaja, pues cuenta con la mayor cantidad de agua dulce en el mundo. Según el Global Water Partnership, casi un cuarto de los recursos hídricos renovables están en Sudamérica. En el listado de los países que cuentan con la mayor cantidad de agua, tres países latinoamericanos están entre los 10 primeros: Brasil (primero), Colombia (sexto) y Perú (octavo).

El Perú tiene la mayor disponibilidad per cápita de agua dulce renovable en América Latina. Cuenta con 159 cuencas hidrográficas, más de 3,000 glaciares, 12,200 lagunas en la sierra y más de 1,007 ríos. Tiene tres vertientes hidrográficas: la del Atlántico (genera 97.7% de los recursos hídricos), la vertiente del Pacífico (1.8% de los recursos hídricos) y la vertiente del Titicaca (el restante 0.5%).

Sin embargo, la utilización del agua es excesivamente ineficiente por Sedapal, la empresa estatal responsable de los servicios de agua potable y alcantarillado y las EPS. Las malas instalaciones y el malgasto que realizan de ella quienes tienen mayores ingresos, hacen que gran cantidad de habitantes sufran la escasez de este recurso. Existe una insuficiencia de cobertura y además la población peruana no tiene por qué ser víctima de insuficientes horas de servicios, baja presión de agua, agua no apta para el consumo humano, aniegos de aguas servidas y muchos otros factores que reflejan un mal servicio de saneamiento.

Las carencias varían dependiendo del sector. Por ejemplo, el sector agricultura, que es el que tiene una mayor demanda hídrica (88.7%), la eficiencia de uso es de tan solo 30% a 35% y existen 300,000 hectáreas de tierras con problemas de salinidad y drenaje. Además, las tarifas de agua no cubren los costos de operación y mantenimiento y existe una gran deficiencia de infraestructura hidráulica. Según la FAO, el Perú está entre los países de América Latina que más agua utiliza para agricultura y ganadería. Ver gráfico inferior:

Por otro lado, el uso doméstico abarca el 7% de la disponibilidad nacional, teniendo una eficiencia de uso de tan solo 45% – 50% (se estima que un tercio del agua se pierde en conducciones. El uso industrial llega al 6% y el minero no supera el 2%.

Además, actualmente los promedios regionales y nacionales ocultan grandes desigualdades. El 86.1% de habitantes a nivel nacional tienen servicio de agua potable. Sin embargo, la cobertura de agua potable urbana es del 93.4% y la cobertura rural solo alcanza el 63.2% (según la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos INEI). Esto significa que 9 de cada 10 peruanos acceden al servicio de agua potable en el ámbito urbano y 6 de cada 10 peruanos acceden a agua potable en el ámbito rural.

El gran problema es que el diagnóstico del sector es el mismo que hace 23 años, según el propio ministro. Queda claro, entonces, que fue un error mantener el servicio de agua potable y alcantarillado en manos del Estado. Lo principal es el servicio de calidad para todos los peruanos, sin importar quién lo otorgue. Lo que es más, si el servicio estuviera en manos privadas, la fiscalización del estado sería más exigente y se podría asegurar un avance sustancial en calidad y cobertura. Ver en Lampadia: Cambiemos los paradigmas sobre el agua.

Como afirmó Jaime de Althaus en un reciente artículo para Lampadia (Ver: Agua Potable: Un servicio público menoscabado por la política), “el problema central de las EPS es que no son capaces de mantener adecuadamente las redes que manejan y menos aún de ampliarlas, porque tienen tarifas bajas o gastos de personal excesivos o mucha corrupción, y carecen de capacidad profesional para formular proyectos. Según la Sunass, las EPS no tienen proyectos ni proyectistas. La propia Sedapal sólo puede ejecutar 400 millones al año de los 650 millones que tiene disponibles.”

Entonces, si no se quiere privatizar por razones ideológicas, por lo menos convirtamos a Sedapal y las EPSs en un holdings de administración de concesiones privadas, debidamente fiscalizadas por todas las instancias correspondientes. Eso solucionaría los problemas de cobertura, calidad y precio. No hacerlo es irresponsable, ineficiente y va en contra de los intereses de todos los peruanos. 

Lampadia

El servicio público más importante en cualquier país es el de agua y desagüe. En el Perú, la cobertura y calidad de este servicio deja muchísimo que desear. El servicio de abastecimiento se mide por horas, cuando ya debería ser todo el día, y las pérdidas de agua (ya sean físicas o por facturación) son de aproximadamente 50%. Además, la mitad de las EPS en el Perú están en falencia financiera, por lo que no pueden brindar un servicio adecuado a la población, ni llegar a más peruanos que todavía carecen de agua y desagüe.

La causa de los problemas en agua y saneamiento no es la escasez del recurso: como ya hemos mencionado en Lampadia (Ver: Superemos los mitos sobre el agua), el Perú cuenta con vastos recursos hídricos, ya que somos el octavo país con más agua dulce del planeta. El problema está en el mal manejo que desde hace varios años vienen llevando acabo las empresas prestadoras de servicios (EPS). Lamentablemente, en nuestro país no sabemos aprovechar el recurso, pues no cosechamos el agua, ya sea en grandes represas o reservorios menores y familiares. Tampoco trasvasamos el agua que perdemos hacia el Atlántico para su uso social y productivo en la costa árida del Perú. 

En el país los servicios de saneamiento siguen en manos del Estado, con resistencia a desarrollar APPs y su manejo sigue distorsionado por el enfoque político de sus gestores. Por ejemplo, el ex Ministro de Vivienda, Milton von Hesse, indicó que en Sedapal (la operadora del servicio en Lima), existían dos mil puestos que los ‘trabajadores’ podían heredar a sus familiares.

Evidentemente, hay un gran problema con las EPS (las empresas dirigidas por los municipios que prestan de servicios en las regiones). El mismo ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Edmer Trujillo, lo reconoció en una reciente entrevista en Gestión, admitiendo el mal estado en el que están las EPS en el país, y aseguró que este Gobierno trabajará en conjunto con ellas para poder reactivarlas. El plan del ministro es reflotar las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) que no estén funcionando bien en el abastecimiento de agua potable a la población en provincias. Esto es simplemente más de lo mismo. Como dijo Albert Einstein, “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

La solución es clara. De la misma manera que se reestructuró el manejo de los servicios públicos de electricidad y comunicaciones (mediante las privatizaciones de los años 90) para lograr brindar una mejora sustancial de los servicios, ahora debemos despolitizar el manejo de las empresas, profesionalizar su gestión e involucrar, mediante APPs u otros mecanismos,  al sector privado en la operación de los servicios de agua y saneamiento.

El diagnóstico del sector es el mismo que hace 23 años, según el propio ministro. Queda claro, entonces, que fue un error mantener el servicio de agua potable y alcantarillado en manos del Estado. Lo principal es el servicio de calidad para todos los peruanos, sin importar quién lo otorgue. Lo que es más, si el servicio estuviera en manos privadas, la fiscalización del estado sería más exigente y se podría asegurar un avance sustancial en calidad y cobertura.

Como afirmó Jaime de Althaus en un reciente artículo para Lampadia (Ver: Agua Potable: Un servicio público menoscabado por la política), “el problema central de las EPS es que no son capaces de mantener adecuadamente las redes que manejan y menos aún de ampliarlas, porque tienen tarifas bajas o gastos de personal excesivos o mucha corrupción, y carecen de capacidad profesional para formular proyectos. Según la Sunass, las EPS no tienen proyectos ni proyectistas. La propia Sedapal sólo puede ejecutar 400 millones al año de los 650 millones que tiene disponibles.”

Como resultado, las EPS han terminado en manos de grupos que no buscan el beneficio de los ciudadanos. Esto queda al descubierto en la cantidad de horas al día en las que hay agua potable en las viviendas atendidas por las EPS. Salvo Sedapal, donde el promedio de horas al día sería de 21.9, en las viviendas atendidas por las demás EPS tienen un promedio de horas de agua de alrededor de 16. Y, como podemos ver en el gráfico superior, hay 10 EPS en las que la cantidad de horas diarias está por debajo de 12.

No podemos dejar de notar que en el mejor caso, el de Sedapal, el promedio de horas de servicio esconde casos inaceptables de calidad del mismo. Esto, además de las zonas donde la población más pobre tiene que pagar por el agua en baldes 10 y 12 veces más que el costo del servicio residencial en las zonas de mayores ingresos.

Todos estos elementos deberían ser suficientes para que las autoridades puedan plantear a la población, cambios sustanciales en la estructura de gestión de las empresas, pero los mitos, los paradigmas anti empresa privada y una patética escala de valores, donde se privilegia la política antes que la oferta de un servicio social básico, lo siguen impidiendo.

Intentar reflotar las EPS con la inyección de recursos públicos no es más que un efímero esfuerzo, que terminará evaporándose sin que se logre ninguna mejora estructural. Lo que se debe hacer es emprender una profunda reforma que permita el ingreso de inversión privada a este sector, para que así se logre plantear una estrategia de inversiones y financiamiento eficientes, al igual que la adecuada supervisión de Estado.

Hasta ahora, la politiquería anti sector privado, no ha permitido que se entienda que la combinación ‘sector privado y supervisión pública’ es largamente superior a la gestión pública que nadie controla y que cada cierto tiempo recibe recursos del Estado, para volverlos a mal usar. 

Esta magnífica combinación es la única manera de financiar eficientemente, los 53 mil millones de soles que se requieren para cerrar la brecha de infraestructura de saneamiento que existe actualmente (según Milton Von Hesse) y así llegar a la meta del Plan Nacional de Inversiones para el Bicentenario (2021). 

Lamentablemente, en sus primeras declaraciones, el nuevo Ministro de Vivienda ha mantenido el perverso paradigma de ‘fortalecer y evaporar’ los recursos públicos en esquemas que no ofrecen soluciones sostenibles. Además, el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,  como candidato, firmó un acuerdo con el sindicato de Sedapal, por el que se comprometió a “no concesionar Sedapal ni las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS)”.

El servicio de agua y desagüe en el Perú es el tema social más importante y, lamentablemente, está siendo tratado como un tema político. Es necesario cambiar de paradigmas para lograr una reforma que cause un impacto positivo en nuestros ciudadanos y así no perdamos más lustros ni sigamos malogrando la salud de tantos peruanos ¡Nobleza Obliga Presidente! 

Lampadia

Para sorpresa de muchos analistas y en contra de la tendencia de algunos productores de commodities, la economía de Perú tuvo un crecimiento de 6.39 % en diciembre (la expansión mensual más grande en dos años), lo cual hizo que el crecimiento anual ascendiera a 3.26%. Un rebote pequeño pero significativo del pobre crecimiento de 2.39% en 2014. Esto a pesar de haberse trabado decenas de importantes proyectos de inversión productiva y de infraestructuras.

Así reportamos esta noticia hace pocos días. Ver en Lampadia: Minería impulsa la economía peruana. Esta nota mereció un sesudo comentario de Emilio Zúñiga Castillo, Presidente Adjunto de Latin Pacific Capital: “El crecimiento en una economía de mercado se debe a los sectores con ventajas comparativas y por lo tanto por aquellos sectores de alta productividad. Estos sectores demandan insumos de otros y por lo tanto jalan al resto y son claves en el crecimiento. Este tipo de crecimiento no es uniforme, sino desigual. En el Perú, crece la minería, los hidrocarburos (gas principalmente), la agroindustria y el turismo como sectores punta. Dentro de ellos, las inversiones mineras y petroleras son masivas con miles de millones y de ahí su gran impacto en el crecimiento. Desconocer lo anterior es ignorar la teoría elemental del desarrollo económico en una economía de mercado”.

El aumento fue impulsado por el sector de la minería e hidrocarburos, lo que representa algo menos del 12% del PBI peruano. El sector aumentó un 22.4 % en diciembre, la tasa de crecimiento más fuerte desde 2002. El alza es impulsada principalmente por un fuerte ascenso en la minería metálica, la cual tuvo una variación de 30.7% en el mismo periodo, con un peso en el PBI de solo 7.4% (como se puede observar en el gráfico inferior). Esto fue el resultado de una mayor producción de cobre, que subió un 68 % durante el mes en comparación con el mismo período del año pasado, gracias a nuevas producciones o ampliaciones, entre las que destaca el proyecto icónico de Las Bambas, propiedad de MMG de China.

Otros sector que registró un fuerte crecimiento es la pesca, que se expandió 82.5 % en diciembre, gracias a las 514,000 toneladas de anchoveta capturadas en diciembre. Esto impulsó la industria pesquera a 15.9% en 2015.

Por otro lado, el sector de telecomunicaciones creció un 11.3%, impulsado por una mayor demanda de servicios de internet, planes de datos móviles, la entrada de nuevos operadores, y una mayor cobertura de red. Además, el sector de manufactura subió 5% en diciembre, por el aumento de la producción de harina de pescado, aceite de pescado y productos de petróleo refinado.

Según el MEF, es probable que la economía se expanda un 4% en el primer trimestre de este año, lo cual es bastante bueno comparado con muchos países de América Latina que están luchando con los precios más bajos de las materias primas. Todo esto demuestra la solidez de los fundamentos macroeconómicos y productivos de nuestro país.

La economía de Perú continuará acelerándose en los siguientes meses mano a mano con la recuperación de las exportaciones. Según el BCRP, en diciembre del 2015, el Perú registró un superávit comercial de US$ 210 millones, con exportaciones de US$ 3,170 millones e importaciones de US$ 2,960 millones. Además, el INEI afirma que el volumen total de bienes exportados aumentó en 7.8% con respecto a diciembre del año pasado, como resultado de los mayores envíos de productos tradicionales (14.5%) y no tradicionales (1.4%).

La principal razón del alza de las exportaciones tradicionales fue la recuperación minera, la cual aumentó en 24.5%: cobre (49.6%), oro (1.6%), plomo (41.3%), estaño (28.9%) y hierro (21.4%). Según el INEI, los principales países de destino fueron China con una participación de 19.6% del total, Estados Unidos (19.2%), Suiza (5.6%) y Canadá (4.3%).

Para más detalles de las exportaciones, ver el siguiente video interactivo publicado por el INEI:

Los analistas de Focus Economics proyectan un incremento en las exportaciones nacionales de 2.7% en 2016 y además se espera que las ventas a los mercados extranjeros se expandan un 10.1% en 2017.

Todo este crecimiento es a pesar del aumento de la tasa de la FED y la consiguiente alza del dólar. Esto teóricamente afecta negativamente nuestro crecimiento, pues reduciría la inversión privada debido al mayor costo y disponibilidad de financiamiento, al igual que el consumo privado, debido al mayor costo de la deuda. Esto es lo que ha venido impulsando una mayor tasa de inflación, induciendo a nuestro Banco Central a subir sus tasas de referencia.

En enero, la tasa anual se ubicó en un 4.61%. De acuerdo a los estimados de este mes, la inflación anualizada llegaría a ubicarse entre un 4.30% y un 4.80%, por encima del rango meta de entre un 1% y un 3% del Banco Central. Es por esto que el BCRP ha incrementado por tercera vez consecutiva la tasa de referencia de la política monetaria, buscando contrarrestar el alza de la inflación. 

El Perú tiene reservas fiscales del orden de 15% del PBI para el financiamiento del país, y parte de ellas deberían utilizarse para incrementar la inversión pública, pues este tipo de obras contribuirán a la reactivación económica. Esa es la gran falla del Ministerio de Economía y Finanzas, ya que en su último reporte se afirmó que la ejecución de proyectos de inversión del gobierno cayó un 41% en enero. 

Para retomar la senda del crecimiento y el ciclo virtuoso del Perú, urge seguir promoviendo un alto nivel de inversión sobre el PBI. La inversión es la fuente principal de crecimiento de la economía y el empleo. Hoy estamos atrapados entre la tramitología y el caos político.

En Lampadia propusimos formar equipos de profesionales independientes que se encargaran de evaluar, monitorear y ver que los proyectos más importantes no se paralizaran, manteniendo informada a la población y planteando las necesarias acciones de gobierno para lograrlo. Ver en Lampadia: 7 equipos que aseguren el desarrollo de 7 proyectos.  El ejecutivo, con falta de sentido práctico y mucha soberbia decidió enfrentar la tarea con sus propios medios. Pues bien, no han logrado encaminar adecuadamente ni un solo proyecto. Solo veamos en que andan cinco de los proyectos que incluimos en la lista: Tía María, el Gasoducto Sur, el Lote 108, la Línea 2 del Metro y Majes Siguas II.

Ahora tenemos que reaccionar. Debemos liberar la economía de las trampas regulatorias y crecer a un mínimo de 5.5% por año. Nuestro potencial de crecimiento se encuentra intacto. No podemos perder cinco años más, tenemos una gran deuda con nuestros pobres y debemos aprovechar la ola de la cuarta revolución industrial. El momento de actuar es ahora y la decisión está en manos de todos los peruanos. Lampadia

Líneas abajo reproducimos la entrevista de la revista Caretas al presidente del gremio que agrupa a las AFP. Lo hacemos por tres razones:

• Es indispensable iniciar, cuanto antes, un debate serio sobre el discutido proyecto del Congreso que permitiría el retiro del 95.5% de los fondos previsionales a la edad de 65 años de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).
• La entrevista a Valdivieso suple de alguna manera la ausencia de información pública por parte de los administradores del SPP y de las empresas vinculadas a las pensiones, como las compañías de seguros, que iluminen el criterio de los ciudadanos.
• Esperamos fomentar la reacción de la clase dirigente del país, que, en un tema tan importante y de tantos eventuales impactos, hace mutis en el foro. Más allá de algunos académicos enemigos del SPP, que han hecho inconcebibles campañas mediáticas, como es el caso de Juan Mendoza,  director de la maestría en economía de la Universidad del Pacífico, hemos constatado un gran vacío de opinión, incluyendo la Confiep.

En Lampadia consideramos que esta norma es muy dañina en términos sociales, económicos e institucionales. Así lo hemos manifestado en nuestras publicaciones al respecto. Ver en Lampadia:

Un debate técnico sobre el futuro de las pensiones,

Futuro de los jubilados en la picota, 

Réquiem por las pensiones decentes y seguras

Además hemos propuesto una medida estructural que permitiría enfrentar la mayor deficiencia actual del SPP, su escasa cobertura, pues no se ha logrado incorporar a los trabajadores independientes. Ver: Propuestas para mejorar el sistema. 

Como un elemento de ilustración sobre los beneficios del sistema para los trabajadores más pobres, hemos solicitado a los administradores del mismo, las siguientes simulaciones del nivel posible de pensiones para alguien que solo tenga ingresos basados en el salario mínimo vital. Veamos:

Como se puede ver en el gráfico superior, un trabajador que reciba el salario mínimo vital de S/. 750 constantes y que aporta durante 40 años, podría recibir una pensión equivalente al doble de su salario de S/. 1,371 a valor constante.

Si se deja que se consolide el sistema y ampliamos su cobertura, podríamos ofrecer un gran beneficio a las familias peruanas. Solo un acto de máxima irresponsabilidad podría desaparecer el SPP sin una mejor alternativa.

Reiteramos nuestro pedido para que el Congreso de la República convoque un gran debate nacional, previos informes técnicos de los mejores especialistas que se puedan convocar.

Veamos las ideas de Valdivieso:

Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de AFPs habla sobre la polémica ley de libre disponibilidad de los fondos de pensiones.

Entrevista a Luis Valdivieso, presidente d la Asociación de AFPs
Caretas, 28 de enero 2016
Glosado por Lampadia

¿Cuáles son las principales implicancias de la nueva ley que plantea la liberación de fondos de las AFP para mayores de 65 años?

El proyecto del Congreso que ha sido observado. Tal cual fue elaborado, implicaría en la práctica la desaparición de las pensiones en el país. El fin previsional de los ahorros, que es una pensión, se desvirtuaría. Quienes impulsaron la aprobación de esta ley han adelantado que posteriormente se propondría la liberación de los fondos de la ONP. La pregunta es cuál es su verdadera motivación.

¿Qué consecuencias traería la aprobación de dicha ley para el fondo de pensiones?

La principal consecuencia es la desaparición de las pensiones como las conocemos. El liberar el 95.5% de los fondos de los afiliados al llegar a los 65 años haría que los mismos asuman cada uno el riesgo de longevidad, que se deriva de agotar sus propios recursos para financiar el retiro y quede sin pensión. Ello es muy peligroso y atenta contra el concepto de seguridad social consagrado en la Constitución y en Tratados Internacionales.

¿Por qué cree usted que la ley fue observada por el Ejecutivo?

La observación del Ejecutivo se centra en tres posibles conflictos con la Ley de Presupuesto, la Constitución y los Acuerdos y Buenas Prácticas Internacionales sobre Sistemas Previsionales, así como Tratados sobre Derechos Humanos. De cada tema emanan una serie de observaciones puntuales que deben ser evaluadas responsablemente por el Congreso. Desde nuestra perspectiva, la observación más importante y pertinente es la que señala la inconstitucionalidad de la propuesta del Congreso respecto al derecho a la seguridad social que tienen todas las personas.

¿Qué dice la Constitución al respecto?

La Constitución dice que el acceso a una pensión es la manifestación esencial y básica de la garantía constitucional de la seguridad social. De otro lado, la observación señala también el perjuicio que se causaría a los afiliados al trasladarles el riesgo de longevidad. Los sistemas de pensiones tienen como objetivo trasladar ese riesgo de los afiliados a los administradores de pensiones o compañías de seguros. Si se permitiera retirar el 95.5% del fondo a los 65 años, el afiliado asumiría ese riesgo de longevidad.

¿Qué pasa si al afiliado le va mal y se le agotan los fondos mucho antes de la esperanza de vida?

Habría que preguntarse quién va a mantener al afiliado. Tendría que ser su familia o el Estado, imponiéndoles más impuestos a los contribuyentes. Es importante la observación que se hace sobre la inconstitucionalidad de la disposición de los fondos como garantía hipotecaria. Esto tiene sentido ya que si se usan para garantizar créditos hipotecarios, estos corren el riesgo de perderse en caso el afiliado caiga en incumplimiento. ¿Se puede ejecutar una garantía con los fondos que de acuerdo a la Constitución son intangibles? La medida propuesta desnaturaliza la finalidad esencial de los fondos de pensiones que es otorgar una pensión.

¿Cuál cree usted que será la decisión del Congreso con respecto a esta ley una vez que discuta nuevamente en marzo?

Creo que debe abrirse una discusión mucho más profunda para ver cómo mejorar el Sistema de Pensiones Peruano y actuar con mucha responsabilidad. En la Asociación de AFP hemos identificado una serie de mejoras que se pueden introducir en el sistema previsional en beneficio de la población, incluyendo los afiliados al Sistema Previsional de Pensiones SPP). Entendemos que las propuestas no sólo deben venir de nosotros y hay que escuchar a todos los grupos involucrados, afiliados al SPP y la ONP, expertos y académicos, reguladores y representantes del Ejecutivo y Legislativo y de la sociedad civil. En tal sentido creemos importante que se forme una Comisión del más alto nivel de profesionalidad y ética que discuta sin apasionamiento cuáles son dichas mejoras que deben llevarse a cabo.

¿Cuáles son las ventajas de las AFP versus la ONP?

Las pensiones del Sistema Privado de Pensiones ya son 63% superiores a las del Estado y eso sin considerar que en el Estado hay mucha gente que se queda sin pensión. La pensión promedio del SPP es S/. 1,115 pero el 75% de los jubilados de las AFP tienen pensiones que exceden los S/. 1,400. Y eso que todavía no hay una generación que haya cotizado a las AFP durante toda una vida laboral de 45 años (el sistema solo tienen 22 años); cuando la haya, las pensiones serán mucho mayores que las de la ONP. Otra importante ventaja es que en las AFP todos obtienen una pensión, y si sus fondos no exceden los S/. 5,800 a la edad de jubilación (lo cual financiaría aproximadamente una pensión de S/. 35 mensuales) se lo pueden llevar. Si existen afiliados que se quedan a pesar de la opción de retiro, es que con solo 4% de esa pensión baja obtienen acceso a ESSALUD. En la ONP, en cambio, según el BID, dos de cada cuatro afiliados no van a recibir una pensión por no cumplir con los 20 años mínimos de aporte, con el agravante que para el 2050 esta institución estima que este número subiría a 3 de cada 4 afiliadas a la ONP. Lampadia

Como hemos informado anteriormente, el Congreso pretende insistir en un proyecto que implicaría en la práctica la desaparición de las pensiones en el país. Éste permitiría el retiro del 95.5% de los fondos de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) al cumplir los 65 años. Ver en Lampadia: Réquiem por las pensiones decentes y seguras, Futuro de los jubilados en la picota, .

Esta reforma en muy profunda y su planteamiento no ha contemplado las consecuencias del mismo, ni ha sido debatida con la población, más allá de generalidades de corte populista. No se le ha explicado al país los escenarios que podrían generarse en el futuro. No se han planteado sistemas alternativos de pensiones y, a ciegas, se pretende empujar a los ciudadanos a un peligrosísimo ‘VACÍO PREVISIONAL’. Ver en Lampadia: En el país de los mitos, los falsarios son reyes.

Las opiniones que recogen las empresas encuestadoras sobre el apoyo al proyecto son perversas, pues no plantean los posibles escenarios. Solo recogen un sentimiento vacío de contenido.

Así mismo, algunos jugadores del mercado de pensiones, como, sorprendentemente, el BCP, han hecho propuestas irresponsables que buscan su interés de parte yendo contra el bien común. No podemos juzgar de otra manera su propuesta de permitir que los bancos y cajas de ahorro manejen fondos previsionales. Los bancos pueden tener la capacidad técnica para hacerlo, pero evidentemente, no es el caso de las cajas.

Ante las eventuales consecuencias de este proyecto, se impone que antes de que el Congreso de la República vaya a insistir en su propuesta, convoque a un amplio debate nacional sobre las distintas aristas del tema. Ver nuestra sugerencia en el artículo citado líneas arriba. Además, no es lógico ni prudente que en medio del calor electoral se tome una medida de esta naturaleza. La reforma y diseño del sistema pensionario debieran ser abordados durante el próximo gobierno.

Por nuestro lado, insistimos en que se contemple nuestra propuesta de incorporar a los trabajadores independientes al SPP mediante el canje de parte de los pagos de IGV que hacen todos los ciudadanos. Ver en Lampadia: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo. Esta propuesta permitiría, además de incorporar a todos los trabajadores al SPP, formalizar el empleo, objetivo fundamental de nuestra vida institucional, social y económica.

Para facilitar un mejor entendimiento sobre este importante tema, presentamos a continuación una relación de los posibles impactos de la propuesta congresal e información sobre la naturaleza del sistema actual:  

Impactos de la propuesta congresal

1. Drástica disminución de fondos de inversión de largo plazo en la economía del país. Con un gran impacto en el financiamiento de proyectos de infraestructuras, esenciales para el bienestar de todos los ciudadanos.  
2. Alto riesgo de que los jubilados se queden sin pensión en su vejez, si al retirar sus fondos no cuidan reservas de las que puedan vivir, habida cuenta del típico comportamiento de los ciudadanos de preferir beneficios presentes versus futuros.
3. El Estado no tiene, ni tendrá la capacidad de sostener económicamente a los afiliados del SPP mayores de 65 años que en el tiempo no cuenten con recursos económicos suficientes.
4. Los ciudadanos podrían quedar desamparados si el gobierno no garantiza algún sistema adecuado de pensiones a la población en edad de jubilación.
5. Seguramente se terminaría ampliando el sistema de Pensión 65, largamente insuficiente y empobrecedor, que además tendría que ser asumido por los futuros contribuyentes mediante impuestos o programas solidarios obligatorios.
6. De aprobarse el proyecto, los aportes al SPP ya no tendrían razón de ser pues desaparecería su objetivo fundamental, la creación de un sistema de pensiones. Por lo tanto, es de esperar que en una siguiente medida de la misma naturaleza política que el proyecto de marras, se termine eliminando todo el sistema.
7. Ante esto, regresaríamos a la situación previa a la creación del SPP, en que la población estaba desamparada sin que el Estado tenga capacidad de generar un sistema mejor que el actual.

Información sobre el SPP

1. El SPP existe nació en 1992. Tiene más de 5 millones de afiliados, pero solo la mitad de aportan efectivamente, abonando mensualmente el 10% de sus remuneraciones en sus propias cuentas  individuales de capitalización.
2. Garantiza la oportunidad de que los ciudadanos accedan a una jubilación digna en la vejez.
3. Es un régimen de capitalización individual creado para construir fondos intangibles, a prueba de: Las prácticas estatales que consumían los fondos públicos de pensiones para fines no previsionales y, a prueba de la suerte de las empresas administradoras de los fondos, las AFP, puesto que cada Fondo Privado (FP) tiene una personería jurídica independiente, al punto de que si quiebra una AFP, el fondo pasaría íntegramente a manos de otra.
4. El SPP se basa en un proceso de acumulación individual durante la vida laboral del ciudadano que en la jubilación puede optar por un ‘Retiro Programado’ ofrecido por las AFP´s o una ‘Renta Vitalicia’, ofrecida por las compañías de seguros.
5. Los FP se invierten en diferentes instrumentos de inversión como depósitos, bonos, acciones, entre otros, minuciosamente regulados por la SBS.
6. Los rendimientos para los afiliados no están garantizados. Éstos son variables y dependen del tipo de fondo elegido por el afiliado, según el nivel de riesgo deseado, en alguno de los tres tipos de fondos (los llamados Fondos 1, 2 o 3).
7. La mayor deficiencia del sistema es su insuficiente cobertura, especialmente para los trabajadores independientes.
8. Tampoco se ha generado en la opinión púbica una percepción positiva del sistema ni soluciones a preocupaciones de los afiliados que les permitan, entre otras cosas, la devolución de los fondos en caso de enfermedades terminales.
9. Hay un gran desconocimiento de la aritmética de los FP, como su rentabilidad (dadas las fluctuaciones de la economía), los costos de las comisiones de los administradores, la rentabilidad de los mismos y el nivel de las pensiones. Así como los roles de las AFPs y de las compañías de seguros en el manejo de las pensiones.
10. La irresponsable presentación de las tablas de mortalidad por parte de la SBS, generó un descontento generalizado de la población y el aprovechamiento de los actores políticos, para que en plena campaña electoral, promuevan con fines de captación de votos, cambios más irresponsables al sistema.
11. En el SPP las pensiones dependen del nivel de aportes.
12. Las personas privilegian el consumo a corto plazo y no suelen ahorrar para su futuro porque no hay una cultura previsional de largo plazo, ni en el Perú, ni en ningún países.
13. Lamentablemente, durante la vida del SPP, la publicidad de las AFPs ha sido fundamentalmente sobre la fortaleza individual de cada administradora, en vez de haberse dirigido a difundira los beneficios sociales y económicos que el sistema ofrecía a los ciudadanos.

Lampadia 

Como informamos el 12 de noviembre pasado, ver en Lampadia: Réquiem por las pensiones decentes y seguras, el Congreso de la República votó ‘unánimemente’ por eliminar, en la práctica, el sistema privado de pensiones.

Como debiéramos recordar, antes de la creación del sistema privado, los peruanos no teníamos la opción de tener una pensión decente. El sistema estatal estaba quebrado, el dinero de los descuentos de los trabajadores se usaba en cualquier cosa y la cobertura era mínima.

Con el Sistema Privado de Pensiones (SPP), que se basa en un sistema de acumulación individual, se ha logrado que la gran mayoría de sus afiliados tenga mejores pensiones. A diferencia del sistema público de la ONP, en que el 30% de los afiliados no recibirá ni un Sol de pensión (por no aportar un mínimo de 20 años), el SPP, devuelve el íntegro de lo aportado al 100% de sus afiliados.

Más allá de varios temas menores que debieran evaluarse y mejorarse, el SPP tiene un gran problema estructural: la baja cobertura de la población trabajadora. Efectivamente, el mayoritario segmento de los trabajadores independientes, del llamado sector informal, no se afilian voluntariamente, como se estableció desde el primer día, pues sus evaluaciones individuales de ahorro actual (para pensión futura) versus gasto y o inversión corriente, los lleva a preferir lo último.

La eventual facultad de retirar el 95.5% de los fondos acumulados en el SPP al llegar a la edad de jubilación, hará que la gran mayoría de los afiliados opte por retirar sus fondos. Eso quitará todo sentido al ahorro forzoso para pensiones que ya no se darían como tales. Por lo tanto, muchos peruanos podríamos carecer de algún sistema pensionario, a no ser que sea algo como Pensión 65, que a todas luces sería largamente insatisfactorio.

Lo más increíble de la norma del Congreso es que no se ha pensado sobre las consecuencias futuras de esta medida, ni se han evaluado opciones de mejora, como, por ejemplo, la planteada por Lampadia, de usar parte de los pagos de IGV como aportes individuales al sistema de pensiones. Ver las distintas publicaciones que hemos hecho al respecto:

En el país de los mitos, los falsarios son reyes, 

Una pensión para todos, como se debe,

Propuestas para mejorar el sistema,

El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo.

Por otro lado hay que recordar que el origen de la falta de cobertura se da por la naturaleza del sistema laboral peruano que nos ha llevado a un altísimo nivel de informalidad, que es muy difícil de superar con medidas tradicionales y timoratas. Por ejemplo, ver las declaraciones de Pablo Secada, sobre la posibilidad de usar el IGV para formalizar el empleo.

Esperamos que el gobierno observe la ley por el bien de largo plazo de todos los peruanos. El camino sensato hacia delante, debe ser el que el Congreso de la República convoque a un gran debate nacional, en distintos estamentos de la sociedad y ojalá, luego, forme un grupo de expertos para que evalúen todas las opciones, le expliquen a los ciudadanos sus implicancias y asesoren al Estado en el diseño de una solución final.

Es sorprendente la irresponsabilidad con la que algunos analistas apoyan la ley del Congreso, como por ejemplo, Juan Mendoza de la Universidad del Pacífico, quien se multiplica en los medios con argumentos pobres. Por un lado dice que lo de antes era muy malo, pero como no le gusta el sistema, justifica su apoyo a la norma congresal diciendo que no cree que la gente retirará sus fondos. Peor aún, no plantea ninguna solución a la futura demanda de pensiones que tarde o temprano tendremos que enfrentar. Este tipo de opiniones y las de los puristas que no consideran que se debe establecer un sistema de ahorro forzoso, deberían contemplar la posibilidad de desarrollar un debate nacional, antes de aplaudir una decisión más política que técnica.

Para ilustrar a nuestros lectores de un diálogo alturado al respecto, presentamos líneas abajo la entrevista de Jaime de Althaus a David Tuesta, Jefe de la Unidad de Inclusión Financiera del BBVA Research.

Luchemos por nuestra ideas, pero sometámonos a un debate serio. Lampadia

En los fondos de pensiones hay mucho dinero y eso es siempre como miel para los políticos populistas que nunca desaparecerán y para los gobernantes rateros, como en Argentina, que sin más ni más se volaron los fondos de sus propios ciudadanos.

Los beneficios del sistema de aportes a cuentas privadas han probado largamente ser una de las reformas más importante de la seguridad social en el mundo. Si muchos países aún no entran, es porque no se animan a dejar el indebido usufructo de los fondos de reparto que los estados usan a su libre albedrío.

Los sistemas de acumulación privados generan una mejor esperanza de contar con una pensión razonable. Para empezar en el Perú, no exigen aportes de 20 años para efectivizarse como pensiones, retornan lo que se haya aportado con su respectivo interés. Además de la protección individual para alguien que entre al sistema de joven y no se salga, que es muy importante como retorno, están los beneficios más macro, como la formación de ahorro nacional, el desarrollo del mercado de capitales y la capacidad de movilizar inversiones locales de largo plazo, en consonancia con la naturaleza de las pensiones.

Pero el sistema en el Perú tiene un muy peligroso talón de Aquiles. Solo forman parte del sistema una proporción menor de la población económicamente activa, básicamente los que tienen trabajo formal y, además, una parte de los aportantes sigue en la ONP, un sistema quebrado que requiere el soporte público y donde, de no aportarsedurante 20 años, se puede perder el íntegro de los aportes y finalmente están sujetos a la pensión mínima, que nunca será suficiente para una jubilación decente. O sea, esta gente está jugando un partido perdedor.

El mayor problema para universalizar las afiliaciones es la composición laboral de los peruanos, donde prima la informalidad y el trabajo independiente. Está claramente probado que es sumamente difícil, si no imposible, incorporar a esta población al sistema tal como está establecido.

Por lo tanto, o nos resignamos a vivir rodeados de tiburones que acechan cada vez que tienen la oportunidad o, buscamos una solución ‘fuera del cuadrado’, una salida imaginativa que, además, puede generar otros beneficios.

Propuesta: Crear un sistema de aportes basado en el canje de una parte de los pagos que por IGV hacen todos los peruanos. Digamos, como ejemplo, que se pueda canjear el 5% de los pagos de IGV efectuados por las personas naturales y abonarlos a las cuentas individuales de cada trabajador en la AFP de su elección.

Análisis:

• Afiliación: Se universalizarían los aportes al sistema, pues sería muy extraño que un solo ciudadano no quiera efectivizar el canje del IGV por un aporte a una pensión que se recibiría (incrementada con intereses) de todas maneras, algún día.
• Costo fiscal: El Estado estaría cediendo una fracción importante del IGV nominal. Sin embargo, dado que la naturaleza del mercado laboral determina un alto nivel de pérdida de recaudación del IGV por evasión y una presiones políticas para mantener fuera del sistema una serie de elementos, como alimentos, que rompen la cadena de valor agregado, los canjes por aportes a los fondos de pensiones generarían un tremendo  incentivo de formalización y, seguramente, se recuperaría una parte importante del sacrificio de recaudación nominal,vía formalización.
• ONP: Se podría trasladar a los aportantes de la actual ONP a algún fondo privado y así mejorar la esperanza de pensiones de mucha gente y poner límite al déficit previsional creciente que afronta la República, compensando parte del sacrificio de la recaudación de IGV.
• Macro: Se potenciarían los impactos macro positivos del sistema.
• Formalización: Se iniciaría un camino sólido de formalización del trabajo en nuestra sociedad. 
• Protección política: Al masificarse la pertenencia al sistema, se alejaría a los tiburones de la política barata, que tendrían el escollo de la barrera infranqueable de todos los trabajadores peruanos, formales e informales.

Esta propuesta ya la hemos hecho antes en Lampadia, ver: El IGV como aporte al Fondo de Pensiones y formalización del empleo y Propuestas para mejorar el sistema. Pero la obsesión con la búsqueda de soluciones óptimas a impedido implantar una estrategia efectiva para el logro del objetivo central de un sistema de pensiones: Cobertura universal con una pensión razonable y protegida de los avatares políticos del país.

Esperamos que, ahora que los candidatos están empezando la última fase del juego de: “quien es más populista”, podamos hacer un esfuerzo de realismo y analizar y, debatir esta propuesta o soluciones de esta misma naturaleza. Lampadia

En la Reunión Anual del Banco Mundial y el gobierno peruano, se analizaron los desafíos que enfrentan el Perú y muchos países emergentes en la medida que buscan transformarse en economías de más alto ingreso. Se destaca que el Perú, una de las economías de más rápido crecimiento de América Latina, se ha beneficiado de sólidas políticas macroeconómicas (las bases para un crecimiento sostenido) pero todavía encara desafíos en ciertos sectores.

Se resaltó la experiencia de Perú, que podría resultar útil para muchos otros países de ingreso mediano que buscan impulsar el crecimiento y, simultáneamente, lograr avances en materia de inclusión social y prestación de servicios a los pobres. Para ello es fundamental acelerar el aumento de la productividad. En esta Reunión Anual se presentó el documento: ‘Perú, siguiendo la senda del éxito’, en el que se destaca la productividad para impulsar el crecimiento económico.

Perú ha emergido como una nueva estrella de crecimiento económico. Tan sólo en la última década, su economía creció en un promedio de 6.4% anual y duplicó su ingreso per cápita. Comparándolo con los estándares globales, su desempeño ha sido impresionante, como se puede observar en el gráfico inferior. Esto se debe principalmente a la adopción de medidas de estabilización macroeconómica (por medio de un régimen cambiario más flexible, disciplina fiscal y baja deuda pública), además de reformas estructurales como la liberalización financiera, del comercio y regulaciones del mercado.

Mejor aún, el crecimiento económico experimentado por el país fue compartido entre sus habitantes. Desde el año 2000, casi una cuarta parte de la población ha logrado salir de la pobreza. A lo largo del país, los hogares de menores ingresos se han beneficiado más del crecimiento que el promedio nacional. Asimismo, la desigualdad cayó significativamente en el mismo periodo, con uno de los ritmos más rápidos de la región: 12.6% frente a un promedio regional de 5.3%.

Es muy importante notar que según el Banco Mundial, “el crecimiento económico fue el principal impulsor de la reducción de la pobreza y la desigualdad a través de un mejorado ingreso laboral más que por medio de políticas de redistribución, que solo explican 15% de la reducción de la pobreza.“ Esto también se viene diciendo hace mucho en Lampadia: Al menos 80% de la reducción de la pobreza es por el crecimiento y Perú: Crecimiento disminuye la Desigualdad.

El crecimiento del Perú en la década del 2000, según el informe, se llevó a cabo principalmente por un aumento sostenido en la productividad total de los factores (PTF). Fueron justamente la estabilización macroeconómica y las reformas estructurales en las dos últimas décadas los motivos por los que mejoró la eficiencia en la asignación de recursos y ha dado lugar a un mayor crecimiento de la productividad, como se puede observar en el siguiente gráfico. En la década de 2000, la PTF contribuyó alrededor de un tercio de crecimiento. 

Sin embargo, es importante notar que en el análisis de productividad por regiones, la actividad económica se concentra en la zona costera, contribuyendo casi el 80 % de la producción nacional. Además, las regiones de Lima y Callao representan el 34 % de la población del país y el 48 % de la producción nacional.

En general ha habido una cierta convergencia gradual de la producción entre las regiones, pero todavía se tiene que reducir la brecha. Un proceso de la productividad sostenida podría ayudar a las regiones rezagadas a ‘ponerse al día’ y elevar la productividad agregada y los ingresos, así como reducir aún más las desigualdades regionales.

El documento acota que los éxitos económicos de Perú fueron respaldados por condiciones externas favorables en la última década y que también se ha acelerado su convergencia económica a niveles de ingreso más altos. Sin embargo, enfatizó que Perú, al igual que otros países de ingresos medios, “ahora tiene que afrontar el reto más difícil: llegar a ser un país de ingreso alto.”

Indicó, en ese sentido, que a pesar de las mejoras significativas en el Perú sigue habiendo brechas en infraestructura en diferentes sectores, así como problemas burocráticos.

En el caso de infraestructuras, a pesar de mejoras significativas, las brechas de infraestructura en todos los sectores siguen siendo grandes. El gasto de capital público se ha incrementado en los últimos años, pasando de 3.8 % del PBI en 2000 a 6.1 % del PBI en 2013, un desarrollo muy positivo. Pero las brechas de infraestructura en todos los sectores son todavía grandes. Por ejemplo, la infraestructura de transporte y logística, que es la columna vertebral del comercio interior y el comercio internacional, está menos desarrollada en comparación con algunos países competidores relevantes, como se puede observar en el gráfico inferior. La cobertura de las carreteras y el porcentaje de carreteras pavimentadas es relativamente baja y con conectividad limitada entre las zonas más importantes de agricultura, consumo y las zonas de exportación. Además, existe una limitada capacidad para vincular la producción a los puertos y aeropuertos para la exportación. (Lampadia: Estrategia para el financiamiento de las Infraestructuras)

Otro factor muy importante son las barreras que el mismo gobierno le impone a las empresas, reduciendo su productividad y yendo en contra del crecimiento. Las barreras de entrada y los altos costos de operación y expansión reducen el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Según el informe, “una gran cantidad de empresas informaron que el exceso de  licencias y permisos eran una importante limitación a la complejidad general de los procedimientos reglamentarios, llegando a un puntaje de 20.4 % en el Perú, comparado al promedio de la OCDE de 5 %. Esto les reduce a las empresas su capacidad para crecer, ampliar e innovar. Casi el 30 % de estas empresas identificó licencias comerciales y permisos como una limitación importante.” Esto se puede observar en el cuadro más abajo.

Es indispensable destrabar la inversión y recuperar el crecimiento del país para mejorar el desempeño de Perú en temas estructurales, sofisticación empresarial e innovación. Por otra parte, una burocracia gubernamental ineficiente y la corrupción han sido constantemente clasificadas como restricciones principales para las empresas.  (Ver en Lampadia: Destrabemos la construcción de nuestro futuro)

El mundo no tiene ninguna razón para exagerar los avances del Perú. Por lo tanto, debemos tomar sus desinteresados consejos y apreciaciones con seriedad. Lamentablemente, en el país se niegan nuestros avances para construir plataformas políticas, algo que combatiremos todos los días en este portal. Lampadia

La 32 Convención Minera dejó en claro que el sector es fundamental para la salud económica del país y para su crecimiento y desarrollo integral. A pesar de ello, muy lamentablemente, se pudo constatar que todavía subsiste la creencia de que el Perú puede prescindir de la minería para alcanzar el progreso. De una u otra manera, la poca atención que recibió este importante evento de las autoridades gubernamentales es una muestra de cómo esta errada concepción viene ganando adeptos. Es como si quisiera negarse todos los logros que se han obtenido en los últimos años, o como si se quisiera desconocer que el crecimiento económico es el que ha reducido la pobreza en el país.

No se entiende como los embajadores de casi todos nuestros socios comerciales asistieron al evento, que incluso la propia ministra de minas de Chile, Aurora Williams, haya estado presente, mientras que los ministros del gobierno de Ollanta Humala hayan brillando por su ausencia. Las severas críticas por la inasistencia de la ministra de energía y minas, Rosa María Ortiz, la obligó a tomar un avión a Arequipa para participar del evento casi a último minuto. Un desatino.

Semejante desinterés también fue compartido por la prensa nacional que le dio un despliegue muy pobre a una Convención que se producía en un momento en que la economía nacional se ha ralentizado. ¿No era el momento, justamente, de enfocar todos los reflectores en escuchar a un sector que ha contribuido al crecimiento del país? Realmente, llamativa la escasa cobertura de los llamados medios serios.

Lamentable, pero cierto. Como demostró durante su exposición el director de Lampadia, Pablo Bustamante, se viene desatando una campaña en contra de las actividades económicas del país. El Post extractivismo difundido por la izquierda peruana, quiere impedir que el Perú crezca, desea sumirlo en la pobreza impidiendo que se desarrollen sectores como la minería, la agroexportación y otros que son los que han generado el bienestar del que goza la gran mayoría de peruanos. Tal y como señaló en su ponencia estas ideas deben ser enfrentadas.

Importantes expositores como el ex ministro de Economía, Luis Carranza y el actual presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde coincidieron en destacar la importancia de la minería en el crecimiento del Perú. Sin la minería no se explica el llamado milagro peruano. Y, aunque en Lampadia se ha señalado reiteradamente, no solo debe a los precios internacionales. Sino a que se hicieron las cosas bien. Como indicó Velarde, el Perú no es el país que más se benefició con el ciclo de los súper precios, sin embargo es el que más creció y uno de los pocos que obtuvo superávits fiscales. Es decir, hizo ahorros. Por otra parte, en esta coyuntura se efectuaron una serie de encadenamientos productivos que nos han permitido diversificar nuestra cartera exportadora y por ejemplo desarrollar un importante sector metalmecánico.

Basta decir que en los últimos 10 años, el PBI minero ha contribuido en promedio 13.5%  al PBI nacional y las exportaciones mineras representaron el 58´5% del total. Es además el principal contribuyente en Impuesto a la Rente (IR) y uno de los principales en recaudación fiscal.

Por cada dólar invertido en capital inicial, se puede esperar 4 dólares adicionales invertidos durante toda la vida de la mina. Lo que demuestra que el factor multiplicar es de 4 a 1.

Ha quedado en evidencia, una vez más, que son las regiones en las que existe mayor actividad minera la que más desarrollo social e integral se ha producido. Las regiones del sur: Arequipa, Moquegua y Tacna, lideran los índices de desarrollo humano y los que mejor calidad educativa muestran, con lo que empiezan a diferenciarse del resto del país y ha crear una reserva productiva de primer nivel.

Además, los importes por canon han contribuido a cerrar una serie de brechas, en especial las de infraestructura. En los últimos diez años se transfirieron 34,828 millones de nuevos soles en concepto de canon minero.

Mención especial merece los efectos positivos que ha tenido en Apurímac el desarrollo de las Bambas. Si en el 2010 la pobreza extrema ascendía a 24%, el 2014, cayó a 9%. Una disminución del 61%. Algo similar ha ocurrido con la desnutrición que el 2010 rondaba el 39%, en cuatro años bajó a 29%, menos 25%. Los índices de habilidad lectora y en matemática, también se han incrementado.

Otra conclusión importante ha sido la demostración que el Perú sigue siendo sumamente atractivo par la actividad minera. La actividad minera sigue siendo vital. Primero por la inmensa capacidad productiva del país. Actualmente existe una cartera de 60 mil millones de dólares. Por si fuera poco, nuestros costos están muy por debajo de países competidores. El Perú está en condiciones de duplicar su producción y con eso compensaría la caída de los precios, que dicho sea de paso, no es que el superciclo de la minería haya terminado como se demostró.

Lo cierto es que si el Perú desarrolla todos los proyectos mineros, sigue explorando y potenciando su capacidad en este sector, pronto podríamos llegar al desarrollo. Como señaló Luis Carranza, si el Perú consigue establecer un cluster minero en el Sur (teniendo como eje a Arequipa) y otro en el Norte, nuestro potencial económico se incrementaría enormemente. Tenemos todas las capacidades para hacerlo. Energía, capacidad y sobre todo una demanda de servicios mineros, debido a que geográficamente existen muchos proyectos mineros en las cercanías de Arequipa.

No se resaltó tampoco que la convención se efectuó en una universidad pública: La Universidad Nacional de San Agustín. Una demostración que las entidades públicas y privadas pueden trabajar por objetivos comunes. Se tuvo que superar muchos obstáculos para que la UNAS se convirtiera en la casa de Perumin 32. Desde la desconfianza hasta los retos tecnológicos. Todos se superaron y la Convención se desarrolló en un ambiente adecuado. Una lección, sin duda.

Finalmente, habría que decir que los argumentos de los antimineros fueron puestos al descubierto. No existe una alternativa realista para que el Perú crezca. Solo demagogia y una oposición absurda repleta de prejuicios ideológicos. Es pues el momento de darle a la minería la oportunidad de llevarnos al desarrollo. Tenemos todo para hacerlo. No desperdiciemos la oportunidad. Lampadia