Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia

Siempre decimos que el Perú es un crisol de razas, que es el país de todas las sangres, pues “quien no tiene de Inga, tiene de mandinga” y, por supuesto, en este proceso de mestizaje todos hemos ido aportando cuotas étnicas, lingüísticas, culturales, de tradiciones y de valores. Esta rica combinación, ha sido un gran motivo de orgullo donde quiera que uno va.

Haber tenido la posibilidad de conocer, vivir y disfrutar en los distintos departamentos del Perú; la calidez de su gente, sus ciudades y paisajes, su sabrosa comida, música, bailes y costumbres, ha sido un privilegio que la vida no les brinda a muchos. Para mi, ha sido interesante la experiencia de llegar como escolar de primaria o secundaria a diferentes departamentos (en mi caso de costa, sierra y selva), a lo largo de la infancia y adolescencia, haberse sentido acogido en el salón de clase e integrarse fácilmente con los compañeros de colegio, para finalmente mimetizarse rápidamente, hasta en el hablar.

Quien es acogido en esas circunstancias, donde uno es minoría, difícilmente percibe anti valores, pues son pueblos cálidos, con costumbres y tradiciones muy positivas, que funcionan y que uno trata de adoptar. Los problemas aparecen con las corrientes migratorias.

Nuestro país, con cerca de 33 millones de habitantes, tiene concentrada en Lima una población cercana a los 10 millones, mayoritariamente migrantes de primera o segunda generación, quienes al llegar encontraron una ciudad hostil, que no los acogió amablemente, que los obligó instalarse con dificultad, buscar oportunidades de trabajo y cuidar de su familia en un ambiente de una alta inseguridad.

Quienes vinieron a Lima, lo hicieron buscando oportunidades de desarrollo personal y familiar, tratando de superarse económicamente y muchísimos con el objetivo de ser profesionales o lograr que sus hijos lo sean. Esta es, normalmente, una clara aspiración para ascender en la escala social. A ese respecto, escuchaba en una charla al profesor Jorge Yamamoto, que la aspiración educativa de este grupo inmigrante, en la mayoría de los casos no es por sed de conocimientos y mejor educación, sino para lograr un “cartón”. Eso explica varias cosas, que van desde la proliferación de universidades de ínfima calidad en el Perú, hasta la distribución de la demanda entre las distintas carreras universitarias.

Es claro que las profesiones menos demandadas en ese grupo de universidades en nuestro país, son las que requieren un alto nivel de exigencia matemática, de física, química y biología. En cambio, las carreras llamadas de “tiza y saliva”, están sobrepobladas. El nivel académico de exigencia deja mucho que desear y las “tesis” para graduarse, no serían aceptadas ni como trabajo de grupo a media carrera, en una universidad de calidad. Pero eso “no es problema”, lo que se busca es un cartón para trabajar. Sin embargo, la cosa no queda ahí, pues también han proliferado las “maestrías” y “doctorados” que, en su mayoría, no serían convalidadas a nivel mundial, no alcanzan un puesto en un ranking universal y por supuesto, que el grado se otorgó sin ningún trabajo serio de investigación, ni aporte al conocimiento.

Obviamente, para nuestra administración pública, eso último no interesa, lo importante es que ya tienen “título”, “maestría” y “doctorado”. En consecuencia, ya “cumplen todos los requisitos” para aspirar a ocupar una plaza en la administración pública; ministerio, gobierno regional, municipalidad, u organismo descentralizado o bien para ser jueces, fiscales, miembros de la Junta Nacional de Justicia o miembros del Tribunal Constitucional.

La administración pública tiene su propia dinámica, toman sus tiempos, nadie toma decisiones ni asume riesgos. El pensamiento es; “a mi no me pagan para obtener un buen resultado, a mi me pagan para que se siga el procedimiento”, en consecuencia, quien está ocupando una plaza sólo tiene que hacer tiempo para ascender o mantenerse en el puesto. Luego de algunos años, incluirá en su Hoja de Vida que tiene muchos “grados académicos” y varios años en ciertas dependencias del Estado, en las que, aún sin haber logrado ningún objetivo en favor del país, podrá demostrar que tiene una hoja de servicios limpia y que está apto para concursar en cualquier convocatoria pública, incluyendo la del Tribunal Constitucional.

Interesante la mención que hace el profesor Yamamoto respecto de las “argollas” que se crean en las ciudades, universidades o entidades de trabajo. Así se armaron las “argollas” de “Los cuellos blancos del Puerto” y otras, que sin haber sido bautizadas, son conocidas, tales como las de las distintas universidades, ministerios, la Fiscalía, el Poder Judicial, las ONGs y la Prensa, así como la de los Moqueguanos, entre otras.

Esa mediocridad y “chatura intelectual”, se ha ido enquistando también,  a lo largo de los años, en nuestros congresistas, quienes, con muy raras excepciones siguen el mismo patrón de conducta y esquema mental. Por eso, en cada proceso electoral, logramos devaluar más y más el nivel parlamentario. Gente sin valores, capaz de hacer por ejemplo, uso de su prerrogativa parlamentaria de hacer visitas de inspección a los penales (privilegio que les permite garantizar la integridad, salud y adecuadas condiciones de carcelería), para usarlo para fines personales, tales como coordinar y conducir campañas políticas, sometidos al liderazgo de algunos presidiarios.

La vergüenza de las coordinaciones entre “los hermanitos” del sistema judicial, se explica por sí sola, pero en el Poder Judicial y en la Fiscalía de la Nación, nadie se avergüenza. Nadie puede negar que el ex juez Hinostroza, hoy en proceso de extradición en España, era en su momento quien había destacado por sus conocimientos entre los miembros del Poder Judicial y se había convertido en un referente al que muchos recurrían.

Este es un caso clarísimo de cómo un individuo, por currículum y exámenes puede ocupar una posición muy importante en la judicatura, pero no debería ser bien calificado en una entrevista personal para ocupar tan alto cargo. Hago esta mención, porque estamos en pleno proceso de selección para nuevos miembros del TC, donde se calificará con 85% la evaluación curricular y con 15% la entrevista personal. Importante destacar que, de la evaluación curricular, 30 puntos corresponden a formación académica (cartones), 35 puntos a la experiencia profesional (muchos serán años en la administración pública) y 20 puntos a la labor de investigación en materia jurídica, debiendo lograr con esto un total mínimo de 60 puntos.

Por las circunstancias en que se encuentra el Sr. Hinostroza, no podrá participar, pero no dudo que de participar, hubiera vuelto a destacar entre sus pares y, aplicando los criterios que se han establecido, hubiera sido un candidato de fuerza para ser nuevo miembro del TC.

Los parámetros, valores y criterios de selección y valoración “meritocrática” deben ser reformulados en el Perú. Pero claro, es imposible pretender que, esos mismos grupos de ciudadanos, forjados en “argollas” y cargados de anti valores, puedan cambiar sus propios criterios. Ellos los han internalizado como “correctos” y no cambiarán.

Así pues, hemos defenestrado a la camarilla que estaba en el CNM, pero no hemos erradicado la mafia de jueces y fiscales distribuidos a nivel nacional. Hemos defenestrado a dos Fiscales Supremos, que se suponían intachables, pero hemos dejado otros que se someten al poder de un presidente investigado. Hemos disuelto un congreso por manejar un proceso de elección de miembros del TC, tal como les manda la Constitución y la ley, para ahora estar a trompicones, en un proceso “meritocratico” de nuevo cuño.

¡Sabe Dios qué saldrá de este sancochado! Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Tal como estaba previsto en el cronograma aprobado, la comisión de Constitución aprobó ayer el dictamen de la reforma constitucional del CNM, que debe aprobarse a su vez hoy en el pleno del Congreso. Como hemos explicado también ayer, el segundo borrador de ese texto estaba listo desde el viernes o sábado, mucho antes de que el Presidente Vizcarra anunciara la innecesaria cuestión de confianza. El primer borrador se había discutido el martes pasado.

Y acto seguido, la Comisión de Constitución adelantó para ayer por la tarde la discusión del predictamen sobre restablecimiento de la bicameralidad, que originalmente se iba a debatir hoy en la misma Comisión. Lo interesante es que quizá esa reforma se apruebe también en el pleno de hoy, con lo que la cuestión de confianza quedaría prácticamente fuera de juego.

Novedades

El dictamen sobre reforma del CNM tiene algunas novedades en relación al proyecto que remitió el Ejecutivo. Se establece, por ejemplo, que además de la ratificación de los jueces y fiscales cada 7 años, el CNM realiza, conjuntamente con la Academia de la Magistratura, una evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales cada tres años y medio. En realidad, la evaluación de desempeño de jueces y fiscales es algo que deberían hacer internamente tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público todos los años, permanentemente.  La mencionada evaluación parcial ejecutada por el CNM y la Academia de la Magistratura debería tener como insumo estas evaluaciones permanentes ejecutadas por las mismas instituciones. Esto es algo que debería establecerse en la ley de desarrollo constitucional que al efecto se dé.

Otra innovación consiste en la obligación del CNM de presentar un informe anual al Pleno del Congreso.      

El meollo de la reforma está, como es sabido, en que los miembros del CNM son elegidos por concurso público de méritos. El dictamen aprobado sube a de 5 a 7 el número de consejeros, lo que es apropiado por la carga de trabajo que tendrá el Consejo. Y en cuanto a quiénes integran la Comisión Especial encargada de realizar el concurso de méritos para escoger a los consejeros, el dictamen aprobado ha agregado dos más a los considerados en el proyecto del Ejecutivo: “un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad”, y un rector de las universidades privadas también de más de cincuenta años. La verdad, no se entiende bien por qué agregar a estos miembros. Tratándose de rectores y de las universidades públicas y privadas antiguas, esperemos no hagan daño.

Rectificaciones

En cuanto a la entidad encargada de dar el apoyo técnico a la Comisión Especial para llevar a cabo el concurso que elija a los consejeros, el dictamen ha corregido, felizmente, su versión inicial en el sentido de que se trataría de una secretaría ad hoc, siempre manipulable, pero no ha restablecido explícitamente la propuesta del Ejecutivo en el sentido de que ese soporte técnico esté dado por SERVIR sino –dice- por “una Secretaría Técnica Especializada”. SERVIR cabe dentro de ese concepto, de modo que sería recomendable que la ley de desarrollo constitucional que se dé así lo establezca. SERVIR es la entidad encargada precisamente de normar la implantación de la meritocracia en el Estrado peruano. No hay entidad más apropiada que esa.

En cuanto a los requisitos para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el dictamen felizmente ha restablecido casi todos los que fijó el proyecto del Ejecutivo y que habían sido eliminados en el predictamen. Incluso el de “tener reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral”. Pero se eliminó lo de “trayectoria democrática y respeto a los derechos humanos”, acaso para evitar que esa formulación pudiera ser usada arbitrariamente para marginar a algún postulante por razones políticas o ideológicas. Además, se incluyó también que la función de los consejeros “no debe incurrir en conflicto de intereses”, disposición que había sido retirada en el predictamen original.

Y, como hace días se difundió, también se restableció en el dictamen final la disposición complementaria transitoria que autoriza al CNM a revisar los nombramientos y ratificaciones efectuadas por los consejeros removidos, algo fundamental que tampoco había sido considerado en el predictamen inicial y que sí estaba en el proyecto del Ejecutivo.

En suma, el dictamen finalmente aprobado en la Comisión de Constitución ha sido el fruto de un productivo intercambio de opiniones y argumentos en el seno de la Comisión que ha permitido agregar nuevas disposiciones interesantes y al mismo tiempo recuperar los aportes positivos que venían del Ejecutivo y habían sido desechados en el predictamen original. El Congreso hizo, en este caso, su tarea dentro del plazo establecido. Si, además, se aprueba hoy en el pleno el dictamen que restablece la bicameralidad, el gobierno debería proceder a retirar anunciada la cuestión de confianza, por carecer de objeto. Lampadia

EDITORIAL DE LAMPADIA

Es muy preocupante que el presidente Vizcarra haya cedido al graznido de los halcones para lanzarse a la aventura peligrosa de la cuestión de confianza en torno al referéndum.

Máxime cuando, como veremos, algunos de los argumentos del Presidente no son ciertos y una eventual disolución del Congreso –si se negara la confianza- haría imposible la ejecución del referéndum antes de mediados del primer semestre de 2019, manteniendo el statu quo judicial.

Se dijo desde un comienzo que la cuestión de confianza se plantearía si el Congreso denegaba los proyectos de reforma o no los procesara. Pero ocurre que la Comisión de Constitución tuvo su predictamen sobre la reforma del CNM listo el martes pasado. No se pudo aprobar en la sesión del martes porque no hubo acuerdo. Sin embargo, sobre la base de esa discusión y de las críticas y aportes formulados, la Comisión elaboró una nueva propuesta (que adjuntamos), que debía ser discutida y aprobada hoy en la Comisión de Constitución, y el martes mismo se empezaría a discutir el proyecto de restablecimiento de la bicameralidad. ¿El Presidente desconocía esta información?

No solo eso. En su mensaje a la Nación, el presidente argumentó no solo que no se había avanzado –lo que no es cierto, como hemos dicho- sino que se había desnaturalizado la propuesta original. Dijo: “Los peruanos no podemos permitir que los titulares de la ONPE y el Reniec sean elegidos por el Congreso, porque sería dar lugar a que un partido político pueda controlar a quien debe fiscalizar las elecciones democráticas”. Efectivamente, el predictamen establecía eso, a propuesta del congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú según se ha informado. Grave error. Pero esa disposición fue criticada en el debate y hubo consenso en retirarla, y eso se anunció desde ese mismo día. Entonces el presidente Vizcarra sabía perfectamente, desde hace 5 días, que esa disposición ya no formaba parte del predictamen. El hecho de que la invoque como causal de la cuestión de confianza, revelaría que este recurso tiene en realidad una finalidad política más que realmente constructiva.

El Presidente se ha convertido en un aplicado populista. Agregó en su mensaje que “es inaceptable que se proponga impedir a los nuevos titulares del Consejo Nacional de la Magistratura investigar los actos de corrupción cometidos con anterioridad. Eso equivale a garantizar la impunidad, y constituye una burla a la voluntad ciudadana de transparencia y lucha contra la corrupción”. Y tiene razón. El predictamen había cometido el error de eliminar esa disposición transitoria, pero luego de la sesión de la Comisión la disposición transitoria fue repuesta.

De lo que se desprende que los argumentos dados por el Presidente serían pretextos. Pretextos para forzar la aprobación sin discusión de los proyectos enviados y conquistar por esa vía, acaso, mayor aprobación popular. Eso tampoco es muy democrático.

La Comisión de Constitución había aprobado un cronograma para lograr que las reformas pudieran aprobarse a tiempo a fin de que llegaran al referéndum de diciembre, pese a que voceros de la propia bancada de PPK, como Juan Sheput, habían declarado que hay temas que necesitan mucha más discusión y debate y que no podrían aprobarse tan rápidamente. Y eso es puro sentido común.

Y lo que probaría la naturaleza puramente política –en el peor sentido del término- del planteamiento de la cuestión de confianza, es que, si esta fuera viable y el Congreso no diera la confianza al gabinete, el Congreso tendría que ser disuelto y entonces no habría Congreso que apruebe los proyectos que, por lo tanto, no se podrían llevar a cabo el referéndum. Absurdo. Pasarían cuando menos cuatro meses más antes de que se realice la elección del nuevo Congreso y habría que esperar un tiempo más a terminar el conteo y se instale el nuevo Parlamento. O sea, no habría referéndum hasta mediados del 2019, algo muy conveniente para mantener el statu quo y parar las indispensables reformas, y quién sabe si también otros procesos anti-corrupción. Y lleva a sospecha que lo que se buscaría no es la aprobación urgente de las reformas sino disolver este congreso para buscar una nueva composición política en el que resultare elegido. 

Hay, por demás, un hecho también sospechoso que podría no ser casualidad. Y es que la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, le solicitó en varias ocasiones al congresista Alberto Oliva (de PPK), presidente de la Comisión de Justica, que ambas comisiones sesionaran juntas para tener un solo dictamen y no dos, sabiendo que la comisión preeminente en este caso es la de Constitución, porque se trata de una reforma constitucional. Pero el congresista Oliva nunca quiso. Entonces cuando el viernes convocó a sesión de la comisión de Justicia, sin advertir en la agenda que se trataría el dictamen que a último minuto esa comisión había elaborado, casi idéntico al proyecto enviado por el Ejecutivo y distinto obviamente al de Constitución, los miembros de la comisión pertenecientes a Fuerza Popular se abstuvieron porque estaban en desacuerdo y no habían sido citados para ese fin ni conocían el predictamen. Esa abstención fue presentada por parte importante de la prensa y la televisión como que Fuerza Popular se oponía y rechazaba la reforma del CNM, cuando en realidad el dictamen principal, que ya estaba reformulado y listo, era el de Constitución.

Quizá fue una celada en la que los congresistas de Fuerza Popular cayeron incautamente. El hecho es que sirvió para crear el ambiente mediático para plantear la cuestión de confianza.

Es lamentable que esto esté ocurriendo. En lugar de llamar a los líderes políticos para concertar los proyectos, el Presidente ha optado por la confrontación, lo contrario de su mandato constitucional. El Congreso, sin embargo, no debe pisar el palito y debe aprobar hoy –en la Comisión de Constitución- el dictamen relativo a la reforma del CNM. Y debe concertar con el Ejecutivo el cronograma mencionado asegurando que se aprobarán reformas que, sin duda, son muy importantes para el país.

La apurada, ‘desinformada’ e inconsecuente intervención del presidente Vizcarra puede terminar creando todo lo contrario de lo que dice buscar, paralizando la urgente e importante reforma judicial. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La aprobación del proyecto de reforma constitucional del Consejo Nacional de la magistratura (CNM) y de los proyectos de leyes orgánicas enviados por el Ejecutivo al Congreso, deberá llevar a un cambio fundamental en el sistema de justicia. Pero para asegurar que eso se traduzca realmente en una limpieza y modernización general de dicho sistema, sugerimos introducir algunas modificaciones en varios puntos. Veamos.

1. SOBRE LA COMISION ESPECIAL QUE REALIZA EL CONCURSO PÚBLICO PARA EL CNM

El aspecto central de la reforma del CNM es la manera de elegir a los consejeros. En ese sentido, es muy bueno el planteamiento de eliminar “el sistema de representación en la elección de los consejeros y reemplazándolo por un concurso público de méritos”. Es lo que nosotros veníamos proponiendo.

Artículo 155.- Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos por concurso público de méritos por una Comisión Especial conformada por el Presidente del Poder Judicial, quien la preside, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Contralor General de la República.

…

La elección de los consejeros es realizada a través de un procedimiento regulado legalmente, con el apoyo técnico del órgano rector para los recursos humanos del Estado a cargo del servicio civil y la carrera pública. El procedimiento de selección brinda garantías de máxima publicidad y transparencia y promueve la vigilancia ciudadana.

Sin embargo, pensamos que no sería conveniente que ni el Presidente del Poder Judicial ni el Fiscal de la Nación integren la Comisión Especial encargada de realizar el concurso público. Del mismo modo, tampoco es conveniente que ambas autoridades integren la comisión de selección del jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Esto en aplicación del principio general de que no se puede ser juez y parte.

2. NECESIDAD DE NOMBRAR A UNA NUEVA CORTE SUPREMA

El proyecto de reforma constitucional contiene la siguiente disposición complementaria:

Disposición Complementaria Transitoria

ÚNICA. – Revisión a cargo de la nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura

El Consejo Nacional de la Magistratura, elegido bajo la presente reforma constitucional, en un plazo no mayor a dieciocho (18) meses, se encuentra facultado para revisar los nombramientos, ratificaciones y evaluaciones en trámite efectuados por los consejeros removidos por el Congreso de la República conforme a la Resolución Legislativa Nº 016- 2017-2018-CR, en aquellos casos que existan indicios de graves irregularidades.

Esto nos parece muy bien. Pero hay que ir más allá. El nuevo CNM debería estar facultado para convocar, apenas se instale, a concurso público de méritos para seleccionar a toda la Corte Suprema. Algunos de los actuales Supremos podrían ser nombrados si es que alcanzan las calificaciones suficientes. Pero el espíritu debería ser el de buscar una nueva y renovada Corte Suprema de muy alto nivel.

3. REFORMA DE LA CORTE SUPREMA Y LIMPIEZA DE LAS CORTES SUPERIORES

Pero una medida como esa debe ir de la mano con la reforma estructural de la propia Corte Suprema -reforma cuya propuesta no ha sido hecha por el Ejecutivo-, apuntando a una Corte Suprema pequeña dedicada a sentar jurisprudencia y predictibilidad a fin de reducir espacio a sentencias compradas. Pero, como ha señalado Javier de Belaunde, esto no se puede hacer sin una reestructuración de las Cortes Superiores, para apartar de ellas a los jueces superiores corruptos y atraer, a su vez, a magistrados de buen nivel, que ofrezcan las garantías necesarias para que estas Cortes puedan constituirse en últimas instancias confiables.  

De esa manera, el encargo inicial y por única vez al nuevo CNM debería incluir no solo concursar una nueva Corte Suprema, sino también a los presidentes de las Cortes Superiores. Y ratificar a la brevedad posible a todos los jueces superiores de la República.

Paralelamente, la implementación de la propuesta Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en lugar de la OCMA y la Fiscalía de Control Interno, permitiría avanzar en la limpieza y renovación de las Cortes Superiores –muchas de ellas hoy imbricadas con el crimen organizado. Esta Autoridad, cuyos miembros serán elegidos también por concurso público, tendrá asignada una policía especializada precisamente para destapar redes de corrupción en los distritos judiciales más infectados y para detectar mafias de abogados que acuden a los estudios de abogados ofreciendo sacar sentencias favorables a cambio de pagos y sobornos. Y el nuevo CNM debe terminar la tarea, nombrando buenos jueces y fiscales superiores.

4. EMPODERAR A GERENCIA GENERAL PARA DESIGNAR JUECES SUPERNUMERARIOS Y MEJORAR GOBIERNO

Al mismo tiempo, debería revisarse la manera de designar a los jueces supernumerarios. Estos no deberían ser escogidos por los presidentes Cortes Superiores –para prevenir que se escoja a amigos funcionales a la venta de sentencias, como ocurrió en la Corte del Callao- sino por la gerencia general, debidamente reforzada y empoderada. Las plazas de supernumerarios deben ser fijadas por la gerencia de modo que se acceda a ellas por concurso público y no por medio de trueques con el Presidente de la Corte.

5. LA AUTORIDAD DE INTEGRIDAD Y CONTROL DEBE SER REALMENTE AUTONOMA

Aquí hay que llamar la atención sobre un hecho que hay que tener muy claro. Hoy la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) es la última rueda del coche en el Poder Judicial: tiene computadoras viejas, muchas inservibles, servidores paralizados, y carece de recursos. Y la razón es clara: al Poder Judicial no le interesa una OCMA fuerte precisamente porque no está organizado para servir a la ciudadanía sino para que sus funcionarios obtengan, en muchos casos, beneficios personales a través de la venta de sentencias o de velocidad en el trámite. Es una entidad patrimonialista basada en redes de reciprocidad de favores.

Entonces el corolario de esto debería ser que el control disciplinario y funcional de los jueces y fiscales no debería hacerlo una oficina interna, sino externa. Una suerte de superintendencia autónoma. La propuesta del Ejecutivo, enviada como proyecto de ley orgánica, encuentra una fórmula intermedia:

“Artículo 102°.- Función de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial

La Autoridad Nacional de Integridad y Control es el órgano del Poder Judicial, con autonomía administrativa, funcional y económica de conformidad con la ley, que tiene como funciones la prevención, supervisión, investigación, sanción y control de los aspectos disciplinarios y funcionales de Jueces de todos los niveles, funcionarios, servidores o empleados del Poder Judicial.

Es decir, es un órgano del Poder Judicial y del Ministerio Público, pero tiene autonomía administrativa, funcional y económica. Habría que ver, sin embargo, qué significa o en qué se concreta eso cuando de todos modos se encuentra dentro del pliego presupuestal de ambas instituciones del sistema de justicia.

No obstante, algo que sí puede garantizar una cierta autonomía es la manera en que se nombra al jefe de la Autoridad:

Artículo l 03°. – Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial

La persona que ejerza el cargo de Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial es designada mediante concurso público de méritos,’ por un plazo de siete (7) años.

….

La Comisión de Selección del Jefe de la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial está conformada por el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo. La participación en la Comisión de Selección es indelegable.

La Comisión de Selección cuenta con una Secretaría Técnica a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

En la medida en que el jefe de esta Autoridad no es designado por el Poder Judicial (o el Ministerio Público en su caso) sino por esta Comisión de Selección (de la que habría que retirar al presidente del Poder Judicial y al Fiscal de la nación, como hemos dicho), y que su cargo dura 7 años de modo que no es removible por el Poder Judicial sino que solo por el Congreso “por falta grave debidamente acreditada mediante acuerdo adoptado con el voto conforme de los dos tercios del número legal de miembros”, su autonomía y estabilidad quedan garantizadas.

Sólo quedaría por asegurarle los recursos. Una manera de hacerlo sería señalar en la ley un porcentaje determinado del presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público para esta Autoridad. De otra manera, corremos el riesgo que tenga autonomía, pero sin capacidades efectivas. Podría morir de inanición. 

6. ELIMINAR BLINDAJE A JUECES Y FISCALES Y PREVENIR REPOSICION DE POLICIAS

En el proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público hace falta incluir un artículo orientado a modificar el artículo 454 del Código Procesal penal que impide acusar directamente y detener, en los mega-operativos, a los fiscales y jueces vinculados a organizaciones criminales. Al mismo tiempo, debe aprobarse una ley que permita la separación de policías por falta de idoneidad sin necesidad de adjuntar pruebas plenas y que estas decisiones administrativas no puedan ser objeto de revisión o revocación por parte del Poder Judicial. Debe verse la manera, entonces, de autorizar un cierto grado de discrecionalidad en las decisiones de pase al retiro por parte de la institución policial.

7. ELIMINAR MONOPOLIO DE COLEGIOS DE ABOGADOS

Como parte de la reforma del Sistema Judicial, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para “incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía”. Contiene un conjunto de exhortaciones a los colegios de abogados a fin de que promuevan y aseguren el ejercicio ético y responsable de los abogados. Se establece la obligación, por parte de dichos Colegios, de evaluar de manera exhaustiva el conocimiento que tienen los profesionales que desean incorporarse al gremio sobre los valores, principios, normas y buenas prácticas del ejercicio responsable de la profesión del abogado, realizar campañas para promover la denuncia ciudadana de los actos que afecten dichos valores y buenas prácticas, promover la organización de mesas, talleres, seminarios u otras actividades y garantizar que las denuncias contra los abogados, tramitadas a solicitud de parte o de oficio, se resuelvan de manera expeditiva y especializada, para lo cual deben contar con el número necesario de comisiones, secretarías, tribunales u otros.

Pero esas disposiciones pueden quedar en letra muerta porque no hay sanción en caso no se cumplan. A nuestro juicio, la única manera de asegurar que los colegios de abogados cumplan su esencial misión de asegurar el comportamiento ético de los abogados, es, como propone Enrique Ghersi, eliminar el monopolio de los colegios de abogados existentes. Es decir, que puedan conformarse libremente asociaciones o colegios de abogados a los cuales los abogados puedan afiliarse. La colegiatura seguiría siendo obligatoria, pero no a un determinado colegio de abogados sino al que cada abogado escoja. Así, habrá algunos colegios más exigentes y prestigiosos que otros, que realmente ejercerán la función de control ético de la profesión. Habría que modificar, en ese sentido el Artículo 15 del proyecto de ley.

8. ORGANOS DE GOBIERNO Y GERENTES DE SERVIR

El sistema de gobierno en el Poder Judicial no es funcional, y favorece la corrupción. La Sala Plena de la Corte Suprema debería tener funciones solo jurisdiccionales, no administrativas. El presidente de la Corte Suprema –del Poder Judicial- sí debería tener una función vinculada a la reforma y desarrollo de la institución, al cumplimiento de los planes estratégicos. En ese sentido, su periodo debería durar 4 años en lugar de 2.

Al mismo tiempo, la gerencia general debería ser empoderada y desempeñada por un gerente público de SERVIR. Todos los gerentes deberían ser gerentes públicos de SERVIR, salvo que se consiga a administradores privados con muy altas calificaciones.

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, por su parte, no debería dedicarse a tomar decisiones administrativas menores que corresponden a la gerencia y tampoco debería seguir siendo la segunda instancia de la OCMA en los casos de los jueces y secretarios sancionados por ésta. Y debería aprovecharse para revisar su conformación, que no es funcional. Hoy está integrado por tercios –dos elegidos por los jueces de primera instancia, dos por los jueces superiores y dos supremos. Habría que preguntarse si no sería bueno que esté conformado por representantes designados por la Corte Suprema pero también por el Congreso y el Ejecutivo.   

9. MERITOCRACIA Y REINGENIERÍA

Para pasar de un sistema de redes de corrupción a uno meritocrático, resulta fundamental disponer la implantación de un sistema de evaluación de desempeño de jueces y fiscales que sirva tanto para el ascenso como para retirar de la función jurisdiccional al magistrado incompetente, y que sirva asimismo de base a las ratificaciones del CNM, cuya frecuencia quizá debería acortarse.

De otro lado, debería aprobarse una ley que modifique la ley de carrera del trabajador judicial en el sentido de que dicha carrera tenga un carácter meritocrático, disponiendo al mismo tiempo racionalizar el servicio administrativo del Poder Judicial, donde hay la excesiva cantidad de 8 administrativos por juez. El número de trabajadores jurisdiccionales y administrativos crece a razón de mil por año, una inflación insostenible que favorece la corrupción y el descontrol.

En ese sentido, debería autorizarse a la Sala Plena o el Consejo Ejecutivo a contratar y empoderar a una empresa de reingeniería de procesos o de inteligencia de negocios para llevar a cabo la reingeniería y modernización interna completas del Poder Judicial. Esto, junto con la digitalización de los expedientes judiciales, es fundamental para multiplicar la eficiencia y productividad de los jueces (y fiscales) y reducir al mismo tiempo el espacio para la corrupción 

10. OTRAS MEDIDAS

Hay un conjunto de otras medidas complementarias que ya no formarían parte del paquete legislativo actual pero que deberían ser implementadas por el sistema de justicia. Ellas son:

• Implantación de expediente digital, incluyendo en área penal
• ‘Oralización’ en todas las ramas judiciales
• Impulsar el arbitraje civil y penal
• Llevar a cabo talleres con jueces en todo el país para discutir una versión resumida del libro de Jaris Mujica “Micro-políticas de la corrupción. Redes de Poder y Corrupción en el Palacio de Justicia”, 2011. Lima, Asociación nacional de Rectores, y elaborar cursos de acción y cambio a partir de esa discusión.
• Exhortar a los estudios de abogados a firmar un código de buenas prácticas que contenga un pacto para no sobornar.
• Distritalizar (en Lima) la justicia penal, juntando en un solo local distrital a un juez, un fiscal y una carceleta para penas cortas a delincuentes menores, a fin de acabar con la impunidad y cortar de raíz el crimen que luego se vuelve organizado. 
• Reducir o eliminar dependencias y programas inútiles o contraproducentes en el conjunto del Estado y retirar del aparato público a todos aquellos que ingresaron con certificados de estudios y de trabajo falsos, así como a aquellos que resulten excedentarios luego de los procesos de simplificación administrativa, desregulación y reingeniería, a fin de reorientar esos recursos al fortalecimiento del sistema de justicia.

Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Ya hemos advertido, apenas el Presidente Vizcarra anunció el referéndum, que consultar la no reelección de los congresistas es una decisión populista irresponsable porque condenaría al país a no consolidar nunca una clase política profesional y a que ninguna persona de buena voluntad y vocación de servicio pueda optar por hacer carrera política, quedando el Congreso cada vez en manos de oportunistas e improvisados. Quizá se pensó que consultar esto junto con la bicameralidad, era una manera de lograr que se apruebe también esta última, que sería muy buena para el país, pero de nada nos serviría una bicameralidad –incluso bien diseñada- si los actores son personas no idóneas.

El problema es que nadie en el Congreso querrá asumir la causa responsable, pero impopular, de rechazar el proyecto de ley de no reelección de los congresistas. Menos aún Fuerza Popular, cuya popularidad –la de su lideresa- viene cayendo abismalmente. Es la trampa perfecta. Entonces solo caben dos posibles soluciones:

• Una es que el propio Ejecutivo retire la propuesta, algo improbable porque de todas maneras la presentó pese a las críticas formuladas y porque sin duda parte importante del incremento de la popularidad presidencial obedece a esta propuesta. El argumento de que no se puede sacrificar el futuro de la democracia en aras de un incremento efímero de la popularidad parece que no ha removido la conciencia presidencial.
• La segunda solución sería avanzar en octubre con el referéndum sobre la reforma del CNM y quizá sobre el financiamiento de los partidos, pero dejar los otros dos temas para diciembre o para más adelante, sobre todo porque el proyecto de ley para el establecimiento de la bicameralidad, siendo muy rico, requiere más análisis y debate en algunos de sus puntos, algo que no se podría hacer en tan corto tiempo.

Analicemos, en este artículo, dicho proyecto, a fin de identificar los puntos que requerirían más estudio y debate. Pues el proyecto contiene diseños interesantes junto con otros inconvenientes y algunas omisiones.

A nuestro juicio, es relativamente innovadora la división de funciones que se propone entre las cámaras de Diputados y Senadores. También es positivo –en principio- el sistema de distritos electorales que se propone para elegir ambas cámaras, y el hecho de que se elimine el voto preferencial para la elección de los senadores, aunque debería eliminarse también para la elección de los diputados. En cambio, no se aprovecha para cambiar la fecha de la elección del Congreso, como veremos.   

División de funciones interesante

De acuerdo al proyecto, la Cámara de Senadores tiene una función revisora de los proyectos aprobados en la Cámara de Diputados. Es decir, en ella no se presentan proyectos de ley. Sólo en Diputados. Así es como debe ser. Con una excepción inteligente: sólo en la cámara de Senadores se puede presentar proyectos relativos a reformas constitucionales y leyes orgánicas. Es decir, en los temas que requieren más reflexión, más importantes, la responsable de presentarlos es precisamente la llamada cámara reflexiva.

Otra decisión de diseño inteligente es la disposición de que sea la Cámara de Senadores la que apruebe el Presupuesto de la República. Esto podría estar vinculado a la propuesta de conformación de los distritos electorales. En efecto, se plantea que la Cámara de Diputados sea elegida en distritos electorales micro-regionales binominales (dos congresistas por distrito), y la Cámara de Senadores en distritos macro-regionales. Que esa esta Cámara la que apruebe el Presupuesto podría ayudar a controlar la atomización de la obra pública y el tráfico de proyectos relativamente pequeños impulsados por diputados vinculados a alcaldes o empresas constructoras locales. Ayudaría a mejorar la planificación de las infraestructuras.

¿Senado en distritos electorales macro-regionales o distrito nacional único?

La idea misma de elegir a los senadores en distritos macro-regionales y a los diputados en micro-regionales binominales, es positiva. Esta propuesta fue formulada originalmente por Carlos Meléndez, con la idea de asociar las representaciones a las macro y micro regiones económicas efectivamente existentes, lo que es una idea muy sugerente.

Una alternativa sería elegir al Senado en distrito único nacional, con la idea de rescatar para la política a una élite con visión nacional y de largo plazo. Pero, de un lado, esto es algo que, de todas maneras, aunque en menor medida, ocurriría si los distritos macro regionales son grandes (no más de 4 o 5) y si Lima tiene la participación que demográficamente le correspondería. O si, como veremos más adelante, parte de la cámara de diputados se eligiera en distrito único y el resto en distritos uninominales.

De otro lado, hay un problema de consistencia para la gobernabilidad. En efecto, si los diputados son elegidos en distritos binominales, habrá una tendencia a que la primera mayoría tenga más representantes que el porcentaje de votos que efectivamente obtenga, lo que favorecería la gobernabilidad si el presidente perteneciera al mismo partido. En cambio, si elegimos al Senado en distrito único, funcionaría el sistema proporcional puro, con lo que el presidente que fuere elegido no tendría mayoría salvo que su bancada senatorial hubiese obtenido más del 50% de los votos. Entonces el presidente tendría mayoría en Diputados, pero no en senadores. En la medida en que los distritos macro-regionales son elegidos aplicando también el principio proporcional, pero para elegir alrededor de 6 senadores por distrito, la votación no se concentra tanto como en los distritos micro-regionales pero tampoco se dispersa entre todos los partidos, de modo que hay más probabilidades de que el Presidente tenga mayoría también en el Senado.

Elección del congreso con la segunda vuelta

Claro, para tener más probabilidades que esto ocurra, debería aprovecharse para modificar la Constitución en lo relativo a la fecha de la elección del Congreso: ya no con la primera vuelta presidencial, sino con la segunda o después de ésta. Pero, lamentablemente, el proyecto del Ejecutivo no plantea este cambio. La comisión de Constitución debería introducirlo. La propia experiencia de Pedro Pablo Kuczynski debería llevarlos a proponer esta reforma.

Distritos pequeños y gobernabilidad

Aquí es bueno comentar un argumento que ha formulado Ignazio de Ferrari en El Comercio. Ha escrito: “La tentación del poder absoluto es tan grande que en el Perú no deberíamos desechar el sistema proporcional de elección del Congreso. Un sistema mayoritario de distritos uninominales –en el que en cada distrito se elige un solo representante–, como ha sido propuesto más de una vez, conduciría con mucha probabilidad a mayorías parlamentarias permanentes. El Perú no está hecho para que ningún partido tenga tanto poder”.

En realidad, la experiencia histórica del Perú muestra que cuando un presidente ha carecido de mayoría parlamentaria, el gobierno terminó interrumpido por alguna forma de golpe de Estado. Ocurrió con Bustamante, con Belaunde, con Fujimori y recientemente con Pedro Pablo Kuczynski que, si bien no por un golpe de Estado sino de manera constitucional, su gobierno no pudo terminar. Es obvio que tener mayoría parlamentaria facilita la gobernabilidad. Ese es el secreto de los sistemas parlamentarios, donde el Ejecutivo tiene mayoría congresal por definición porque nace de ella.  Deberíamos incluso avanzar a la regla de que el Presidente pueda disolver el Congreso sin expresión de causa y sin esperar dos censuras de gabinete, pero eso ameritaría una discusión mayor para la que no hay tiempo en esta circunstancia.

A propósito, el proyecto de ley de modificación constitucional no aprovecha para resolver un problema de la constitución actual, que establece en su artículo 108º que el Congreso puede insistir y promulgar las leyes observadas por el presidente de la República con el voto sólo de más de la mitad del número legal de los miembros del Congreso (de cada Cámara en el nuevo supuesto). En casi todos los países la insistencia en una ley observada requiere de los 2/3 del número legal de miembros del Congreso. Esto es lo que deberíamos tener para facilitar la gobernabilidad.

Micro-distritos binominales y número de diputados

Ahora bien, debemos suponer que el hecho de que el Ejecutivo haya propuesto distritos binominales en lugar de uninominales para elegir la Cámara de diputados, obedecería a la idea de morigerar el efecto del llamado voto mayoritario (distrito uninominal) que tiende a que el porcentaje de diputados del partido ganador sea mucho mayor que el porcentaje de votos obtenido por ese mismo partido. Pero, al haber limitado dicha Cámara a 100 diputados (para no incrementar el número total actual de congresistas y facilitar así la aprobación de la bicameralidad), tendríamos entonces 50 distritos binominales en cada uno de los cuales elegimos a dos representantes. Al respecto, Alfredo Torres formula las siguientes observaciones: “Algunos distritos de Lima como Ate o Comas podrían tener representantes directos, pero otros tendrían que integrarse para llegar a los 460 mil electores. Lo mismo ocurriría con muchas provincias. Unas pocas, como Huancayo, bordean esa cifra, pero la mayoría tendría que integrarse con otras para formar una microrregión. Incluso habría departamentos como Moquegua y Tacna que tendrían que juntarse para elegir a sus diputados; otros, como Madre de Dios, que tendrían que sumarse a parte del Cusco para alcanzar representación… Como es evidente, esta ingeniería electoral puede ser fuente de muchas tensiones, dado el arraigado sentimiento regionalista vinculado a la tradicional división departamental. Por eso, los sistemas uninominales o binominales suelen funcionar con un mayor número de distritos electorales. El Congreso podría revisar la propuesta del Ejecutivo en esa dirección”.

No veo mayor problema en agregar provincias, pues en la actualidad están todas agregadas a nivel departamental. Más bien estaríamos disgregándolas del departamento o región e integrándolas en unidades más pequeñas definidas por las relaciones económicas y sociales que tienen entre ellas, reconociendo así la realidad existente y dándoles más protagonismo. Esto supone un estudio geoeconómico para identificar las redes comerciales existentes en el territorio, que sirvan de base para la demarcación.

En cambio, sí podría haber un problema en agregar departamentos para formar un micro-distrito electoral. En la medida en que esto solo se presente en dos o tres casos, quizá no sea un obstáculo para la aprobación de la bicameralidad en el referéndum. Si lo fuere, quizá sería conveniente, entonces, una combinación de distritos ‘bi’ y ‘uni’ nominales, o incrementar en alguna medida el número de diputados a fin de tener más distritos binominales. Como fuere, es un asunto que debería ser más analizado. De allí la necesidad de más tiempo. 

La alternativa es la que ha señalado Fernando Tuesta: dejar la definición del número de diputados y senadores para la ley (orgánica). No es un tema constitucional.

Distritos uninominales y distrito único en diputados sin voto preferencial

Otra alternativa sería elegir, de los 100 diputados, a 70 –digamos- en distritos uninominales, y a 30 en distrito nacional único, para balancear los efectos mayoritario y proporcional, es decir, corregir, con la representación elegida de manera proporcional en distrito único, los efectos de sobre-participación del partido ganador en los distritos uninominales. Esto quizá sería lo mejor. En Alemania es así, en una proporción 50-50.

Debe decirse que otro elemento positivo de la propuesta es que elimina el voto preferencial para la elección de Senadores en macro-regiones, donde la elección será en lista cerrada y bloqueada. Nos evitamos así la guerra fratricida entre los candidatos de un mismo partido. Pero lo que no queda claro es por qué sí se mantiene el voto preferencial en los micro-distritos binominales para elegir diputados. Si se vota por una lista de dos y se ejerce voto preferencial por uno de los dos, lo único que logramos es reeditar la competencia entre los dos candidatos de una misma lista por obtener el voto ciudadano, en lugar de que la competencia se dé con los miembros de otras listas. Es decir, reeditaríamos en enfrentamiento intra partidario en lugar de inter partidario. Absurdo.

Nos evitamos estos problemas si vamos a un sistema de distritos uninominales –donde por definición el candidato de un partido compite con los candidatos de los demás paridos, y donde habría menos candidatos entre los cuales elegir, lo que mejora las posibilidades de elegir mejor- combinado con un distrito único –como sugeríamos- para elegir la Cámara de Diputados.

Ahora bien, lo que no tiene sentido es forzar la fórmula paritaria entre hombre y mujeres en las listas. Podríamos estar dejando de lado a dos personas de primer nivel de un sexo por imponer a una de otro sexo.

Conclusión

En resumen, lo que tenemos es una propuesta interesante y bien lograda de división de funciones entre las Cámaras de Senadores y Diputados, pero aún hace falta discutir un poco más los aspectos vinculados a los distritos electorales para elegir los diputados, eliminar el voto preferencial en la elección de diputados, proponer la elección del Congreso con la segunda vuelta presidencial o después de ella, e incrementar la proporción de votos necesaria para insistir en una ley observada por el Presidente. Esto para tener reglas de juego que ayuden a la gobernabilidad.

Por supuesto, la no reelección de congresistas tendría consecuencias muy negativas para la institucionalidad democrática. Debe ser desechada.

En consecuencia, lo recomendable sería no apurar el referéndum en los temas políticos, y consultar en octubre solo la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

Algunas de las propuestas del presidente Martín Vizcarra en su discurso de 28 de julio tienen el potencial de lograr un verdadero cambio de era en el Perú, de pasar a una sociedad gobernada por la ley. Nos referimos a la reforma constitucional orientada a elegir el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) por concurso público y aprobarla mediante referéndum, en la medida en que dicha reforma sea la punta de lanza de una serie de medidas que apunten a cambiar las características básicas -el neo patrimonialismo y el favoritismo- del Estado pre moderno que tenemos, por la meritocracia y la imparcialidad, elementos clave del Estado moderno. Significa pasar de organizaciones basadas en redes personales de intercambio de favores y, en ocasiones, de venta de decisiones, a organizaciones basadas en los méritos y en la evaluación de resultados. 

No toda estructura tradicional es mafiosa. Es normal y correcto que en una familia o en una comunidad campesina o en un grupo de amigos prevalezcan los lazos de lealtad y reciprocidad mutuas. El problema se presenta cuando trasladamos los valores familiares, comunales o amicales al manejo de la institucionalidad estatal. Esa es la realidad de muchas entidades públicas en el Perú, desde gobiernos locales y regionales hasta el Poder Judicial, pasando por algunos ministerios. Las “islas de modernidad”, que funcionan sobre la base del mérito, la evaluación del cumplimento de metas y la aplicación de la “razón técnica” a la solución de los problemas, son escasas.

No solo eso. En la medida en que, desde los 2000, lanzamos un proceso de descentralización sin amarrar bien los controles centrales y transferimos ingentes recursos a los gobiernos sub-nacionales, lo que ocurrió fue que mafias se organizaron para extorsionar las obras, proveer bienes y servicios y eventualmente tomar los propios gobiernos locales o regionales para apropiarse de recursos públicos. En ese momento las tradicionales redes familiares, amicales o de compadrazgo se transformaron en redes para el delito. Se intersectaron, por ejemplo, con organizaciones criminales dedicadas a la usurpación de terrenos, que cooptaron redes de policías, fiscales y jueces en varias Cortes Superiores del país.  

Este proceso se vio agravado por la fragmentación política derivada de la disgregación del sistema de partidos. En cada nueva elección una proporción cada vez menor de alcaldes pertenecía a partidos nacionales, de modo que ni siquiera dichos alcaldes estaban sujetos algún tipo de control derivado de la pertenencia a un grupo nacional. El país se feudalizó. Incluso a nivel del sistema de justicia, la influencia que entes tenían los partidos políticos en él pasó a ser ejercitada por organizaciones criminales.   

Por eso, la introducción del principio meritocrático en el sistema de justicia sería un avance gigantesco, un cambio fundamental. La elección del CNM por concurso público de méritos, en ese sentido, es clave. Pero tiene que estar bien hecha, para que logre atraer a los mejores. Un nuevo CNM que reclute jueces también de manera realmente meritocrática, rompería, a su vez, el sistema de selección de fiscales y jueces por redes amicales, familiares o políticas. Por supuesto, como hemos reclamado, esto tiene que venir acompañado de otros elementos:

• Un sistema serio de evaluación del desempeño de policías, fiscales y jueces, que no existe
• La digitalización y oralización de los procesos
• Una Corte Suprema pequeña dedicada a sentar jurisprudencia y predictibilidad –para reducir espacio a sentencias compradas
• Un proceso de depuración de la Policía Nacional, que requiere una ley que cuyo proyecto ser elaborado y presentado al Congreso
• También supone una reforma radical de las escuelas de la Policía, que no solo padecen una muy baja calidad académica, sino que son la puerta de entrada de delincuentes al cuerpo policial.

Liderazgo presidencial y del ministro de Justicia

El presidente Vizcarra no entró en estos temas, pero si anunció un proyecto de ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia presidido por él mismo e integrado por los presidentes del Congreso, Poder Judicial, Fiscal de la Nación, Tribunal Constitucional, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y el Defensor del Pueblo. Si el presidente mantiene el liderazgo en esta reforma integral –que incluye la de la Policía- podremos esperar resultados. Pero en la medida en que la secretaría técnica de ese Consejo estará en el ministerio de Justicia, se requiere que el ministro de esta cartera tenga el peso y la capacidad para liderar también la gran reforma. Esto es crucial y sin duda en este momento es una incógnita, por decir lo menos.

Limpiar las Cortes Superiores

Por supuesto, como bien ha señalado Javier de Belaunde, no se puede reformar la Corte Suprema como queremos si no se limpia las Cortes Superiores, pues, como decíamos, hay distritos judiciales tomados por la mafia. En ese tema podemos ser optimistas, porque el presidente anunció además un proyecto de ley que crea la Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en lugar de la OCMA y la Fiscalía de Control Interno. Sus miembros serán elegidos también por concurso público, y tendrá asignada una policía especializada precisamente para destapar redes de corrupción en los distritos judiciales más infectados. Esto es fundamental. Y el nuevo CNM debe terminar la tarea, nombrando buenos jueces y fiscales superiores.

Faltó, sin embargo, anunciar un proyecto de ley para modificar el artículo 454 del Código Procesal penal que impide acusar directamente y detener, en los mega-operativos, a los fiscales y jueces vinculados a organizaciones criminales.

Distritalizar la justicia penal

Y es claro también que aún no se coloca en la agenda gubernamental la necesidad de distritalizar la justicia penal, integrando en un solo local municipal o en la comisaría a un fiscal, un juez y una carceleta, a fin de acabar con la impunidad y reducir la altísima victimización por delincuencia común. Si esto va de la mano con Barrio Seguro y Vecindario Seguro, tendremos grandes avances en seguridad ciudadana. El presidente podría liderar una cruzada llamando a los alcaldes y comisarios a reunirse en los comités de seguridad ciudadana para elaborar y ejecutar estos planes. 

Reforma del servicio civil

Ahora bien, la modernización y la limpieza no son solo las del sistema de justicia. Es la del Estado en su conjunto. Para ello, un elemento central es la instauración del nuevo régimen de la ley de servicio civil en todas las entidades públicas. Es decir, la implantación, acá también, de la meritocracia. Este proceso clave perdió apoyo político durante la etapa del presidente Kuczynski, pero el Premier Villanueva, en su discurso al Congreso, le devolvió la prioridad perdida. El presidente, sin embargo, no lo mencionó en su discurso. Esperemos que esto no signifique que no lo considere fundamental, porque este es el típico cambio complejo y difícil de hacer que requiere de mucha tracción política. El presidente debe exigirlo a los ministros y a los gobernadores regionales.  

Reforma de la descentralización

Esto es particularmente importante para los gobiernos sub-nacionales pues, como decíamos, el proceso de descentralización que hemos tenido ha llevado a que el Estado central haya perdido autoridad y control sobre el territorio, que ha sido ganado en medidas diversas por mafias de distinto tipo. Entonces se requiere una reforma de la descentralización que reconstruya la autoridad central. 

Al respecto, el presidente anunció que el presupuesto total para los gobiernos regionales y locales pasará del 30% aproximadamente al 40% en el 2019 (lo que no se dice es que, en realidad, el presupuesto de inversiones es alrededor del 65% del total de la obra pública). Pero no precisó con qué medidas de control y monitoreo del gasto vendrá acompañada esta mayor transferencia, a fin de que no sirva solo para incrementar las arcas de la corrupción. Sí explicó que “nos proponemos delimitar con mayor claridad las competencias y las responsabilidades”. Esto es fundamental, sobre todo en la medida en que implique un fortalecimiento de la capacidad rectora y de control del gobierno central.

Pero habría que ir más allá, fortaleciendo la competencia del gobierno nacional en el manejo de recursos estratégicos tales como el desarrollo minero, forestal o la pesca. Y debería rescatarse y poner en práctica la reingeniería del Seguro Integral de Salud (SIS) que llevó a cabo el Dr. Moisés Rosas cuando estuvo a cargo de esa entidad.

No solo eso. Debe autorizarse al gobierno central a intervenir en la gestión de los gobiernos sub-nacionales en casos de extrema deficiencia o necesidad, y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades regionales y locales.

Un avance importante desde el punto de vista de la recuperación del control central, es que desde setiembre las Oficinas de Control Interno de los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales, pasarán a depender directamente de la Contraloría General de la República y ya no de sus dependencias originales. Esto será útil siempre y cuando la Contraloría vaya sustituyendo las auditorias de cumplimiento de normas, que solo sirven para inhibir a los honestos, por auditorías de gestión o de desempeño, de la mano con el avance de la reforma del servicio civil y de los presupuestos por resultados. 

Un elemento importante es tener un Plan Nacional de Infraestructura, para que los proyectos respondan a una priorización técnica y no política o una tan discrecional que favorezca la corrupción. Al respecto, el presidente anunció que se pondrá en marcha el Plan Integral Multianual de Infraestructura a nivel regional y Programas Integrales de Mantenimiento de Infraestructura a nivel provincial.

Por supuesto, la reforma política es clave para reconstruir la unidad del Estado nacional y mejorar las estructuras de gobernabilidad.

Informalidad

Reducir los espacios para la corrupción implica también simplificar los trámites para obtener cualquier licencia o autorización y reducir sustancialmente la carga regulatoria. El presidente no habló de esto, pero sabemos que en la PCM se está avanzando en estos campos.

Esto incluye también las cargas sobre la empresa y el trabajo, a fin de reducir la informalidad. Pues la frontera entre la informalidad y la ilegalidad es difusa. Si la mayor parte de los peruanos y de las empresas desarrollan sus actividades fuera de la ley, significa que no hay imperio de la ley. Esto se debe, en parte, a que la ley es muy onerosa, impone cargas insoportables, exige obligaciones incumplibles.  Necesitamos, entonces, una ley atractiva, inclusiva. Una reforma de la regulación. De eso habló muy poco el presidente. Dijo que se estaba trabajando en la “formalización de las empresas y nuestro mercado de trabajo”, pero no dijo cómo, salvo el anuncio de que “se masificará el uso de comprobantes de pago y libros electrónicos” y “se implementarán medidas que creen incentivos a las personas naturales para demandar comprobantes de modo que se conviertan en socios del Estado en el proceso de formalización de las actividades económicas”. La reforma laboral sigue siendo el gran tema pendiente.

En resumen, para dar el salto histórico a la implantación del imperio de la ley en todo el territorio y ahogar a la corrupción, es necesario atacar las redes ilícitas en todos sus frentes para no dejar resquicio a la reagrupación del mal, implantar la meritocracia en todo el Estado y reformar la descentralización, la política y la legalidad. Lampadia

El Perú es el país de las oportunidades perdidas. Esa es una de nuestras constantes históricas. Esperamos que en esta ocasión, no desperdiciemos la gran oportunidad que nos da la crisis de corrupción judicial.

No podemos hacer de esta crisis el instrumento de un operativo político, para cambiar la base de nuestra democracia y desarticular la economía en búsqueda del poder.

Lamentablemente, con los últimos acontecimientos, nos va quedando muy claro el afán golpista de varios personajes de la política nacional. Increíblemente, la cereza encima de la torta del intento de interrupción de la democracia, la puso el flamante ministro de Justicia, Vicente Zeballos. Según el diario Gestión (23 de julio, 2018, página 26): “En otro momento, Zeballos no descartó que se pudiera dar un adelanto de elecciones. ‘Si las circunstancias se dieran creo que sí apoyaría el adelanto’, expresó”.

Como hemos informado en Lampadia con anterioridad, el afán sedicioso se viene mostrando hace varios meses. Más allá de la coyuntura, la propuesta política de las izquierdas representadas en el Congreso, siempre insidió en plantear nuevas elecciones, constituyente y nueva constitución. Pero llama la atención, que alrededor de la posta presidencial de PPK a Vizcarra, buena parte del establishment político limeño, se haya sumado a semejante despropósito, con sofisticadas intervenciones que empezaron por cuestionar a Martín Vizcarra como conductor del Estado.

En este afán hemos presenciado distintas intervenciones de la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz y de sus correligionarios Sheput y Violeta, entre otros.

Del mismo modo, en distintas oportunidades, líderes de opinión como José Ugaz, Cecilia Valenzuela, Víctor Andrés García Belaunde, et al, para no singularizar solo a periodistas más partidistas como R. M. Palacios y Mavila Huertas, han planteado el cierre del Congreso y la interrupción de nuestra vida democrática, a pesar de los costos que se darían para el conjunto de la sociedad.

En este contexto también llama la atención, que un día después de que Verónika Mendoza vuelva a proponer el cierre del Congreso, Canal N le concediera una larga entrevista en el programa 2018. Lo mismo ayer, donde le permitieron a Julio Guzmán, que se despachara sembrando generalizaciones insidiosas para presentarse como un (falso) salvador.

No le falta algo de razón a Martín Santivañez, cuando denuncia un intento de golpe blando al mejor estilo del grito jacobino de ‘que se vayan todos’.

En esta convergencia de procesos desestabilizadores, el gran riesgo es que tome cuerpo el intento de cerrar el Congreso. Algo que, seguramente, nos llevaría a una constituyente, la agenda del extremismo más radical.

Mas bien, la entrevista a Ghersi nos ilustra sobre una serie de instituciones sobre las que debemos reflexionar, en relación a la “oportunidad como pocas” de hacer una profunda reforma del sistema judicial, como:

• Casación
• Escabinos
• Concursos públicos
• Evaluaciones objetivas
• Jurados
• Los colegios profesionales devenidos en monopolios tipo sindicatos
• La posibilidad de capacitar a estudiantes de derecho haciendo de árbitros en las comisarías

No dejemos que los aventureros nos lleven de las narices a una crisis generalizada que nos haría dar un costosísimo salto atrás.

Recomendamos leer la entrevista de Ghersi, publicada ayer en El Comercio:

“La llave de la reforma del sistema de justicia la tiene el fujimorismo”

Entrevista a Enrique Ghersi (Abogado)
Por Jaime de Althaus
El Comercio, 23 de julio de 2018
Glosado por Lampadia

El abogado cree que la crisis que atraviesa el sistema de justicia es una oportunidad para una verdadera reforma. Considera que el método de elección de los miembros del CNM no es el ideal.

El destacado abogado Enrique Ghersi analiza la crisis del sistema de justicia en el país, que ha desembocado en la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y plantea alternativas que han funcionado en otros países.

—¿Qué perspectiva le ves a esta oportunidad que se ha abierto para hacer una reforma profunda del sistema judicial? ¿Esto va a ocurrir?

Es una oportunidad como pocas, porque ha quedado en evidencia ante todo el mundo una realidad que suponíamos que ocurría, pero que nunca nos imaginábamos que tenía esa magnitud. El gran problema que veo es que la comisión que ha sido nombrada por el Gobierno tiene muy poco tiempo, se limitará a dar dos recomendaciones. Lo tomo más como un gesto político, porque las recomendaciones ya estaban dadas desde la Ceriajus [Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia]. La llave aquí la tiene el fujimorismo, porque esto si no es aprobado en el Congreso, no se va a poder llevar a cabo, y quedaría como una agenda pendiente sumamente dolorosa que le quita legitimidad al Estado Peruano.

—Evidentemente, el método actual de tipo corporativo para elegir a los miembros del CNM no garantiza representantes de buen nivel.

No, a mí no me gusta.

—¿No deberían ser seleccionados todos por concurso público?

Es el estilo español, que es por concurso público. Una alternativa es una fórmula mixta. La creación del Consejo de la Magistratura fue una reacción que se produce en el 93 frente a lo que se consideró una excesiva politización de la Constitución del 79, que eran las famosas ternas que proponía el Poder Ejecutivo y que confirmaba el Senado. Entonces se pasaron al otro extremo. Yo creo que una fórmula mixta con una representación de tipo político le da un nivel de legitimidad. O sea, un Consejo de la Magistratura que proponga ternas donde el presidente escoja uno y que ese sea sometido a una confirmación por parte del Congreso con un quórum muy alto no es descartable. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, es elegido íntegramente por el Congreso, es una elección política. Y en la práctica, la Corte Suprema del Perú no es la Corte Suprema, es el Tribunal Constitucional, porque prácticamente todo lo puedes llevar allí. El TC es elegido políticamente y no cabe duda de que los miembros del tribunal son gente de otro nivel en relación con los miembros de la Corte Suprema.

—Bueno, pero allí están estos cuatro famosos magistrados que cambiaron un voto, algo inconcebible…

Es verdad. Otra fórmula fue la del Jurado de Honor luego del autogolpe de Fujimori, compuesto por muchos de mis profesores en la Católica, gente eminente, respetable, que nombró una Corte Suprema bastante seria, eso funcionó. Pero si me preguntas mi opinión, yo soy un partidario de la elección popular de los jueces (aunque no para la Suprema). Eso implicaría un cambio de paradigma. Yo creo que cuanta más participación democrática haya en la selección de los jueces, va a ser siempre mejor.

—Hay un texto de Ronald Dworkin que dice que los jueces han sido creados para proteger minorías, pero la elección los predispone en favor del voto de mayorías. Su frase famosa era: “Una sociedad racista elegiría a jueces racistas”…

Que no es el caso. Por ejemplo, la sociedad más democrática de EE.UU. es California. California no es nada racista, es sumamente democrática. Ya en el Perú el 70% de los jueces son electos por voto popular: los jueces de paz no letrados. Ahí la justicia funciona razonablemente bien. El problema aparece en primera instancia. Yo no encuentro ninguna razón para que los jueces de primera instancia y los jueces superiores no sean elegidos por voto popular.

—¿Cómo vas a elegir jueces de primera instancia o superiores en zonas liberadas como Madre de Dios, el Vraem, partes de Puno, etc.?

Pero toma en cuenta que los distritos judiciales no coinciden necesariamente con los distritos geográficos. Madre de Dios es Puno y Madre de Dios, y Tacna y Moquegua son un distrito judicial.

—Pero el juez de primera instancia tendría que ser elegido en su área de competencia, que suele ser una provincia. Y una provincia puede ser una zona liberada…

¿Cuál?, ¿el Vraem? El Vraem estaría dentro de un distrito judicial amplio.

—Pero a los jueces de primera instancia los eliges ahí.

Pero depende de cómo diseñas los distritos judiciales. ¿Cuál sería el inconveniente? En Estados Unidos, todos los grandes políticos, desde Robert Kennedy hasta [Rudolph] Giuliani, que han querido iniciar una carrera política han sido fiscal de distrito. Acá podría ser igual.

—Pero si tienes que hacer campaña para ser elegido juez tienes que ofrecer cosas y entonces tus fallos van a estar teñidos por esos ofrecimientos que has hecho. Es la justicia que de alguna manera se vende también.

Bueno, pero la elección democrática no es una venta, es una persuasión. Mira a Texas. Texas tiene una especie de contrato de unión perpetua con EE.UU. Los jueces de Texas son muy independientes y son electos por voto popular. El nivel de criminalidad en Texas es bajísimo, pese a que allí todo el mundo está armado.

—Pero en Texas precisamente hay mucha crítica al modo de financiación de las campañas de estos jueces. Estudios de abogados financian candidatos y entonces tienen sus propios jueces. No hay independencia.

Pero es exactamente la discusión que existe con los financiamientos políticos en general. Si ese es el problema, en lugar de que todo esté financiado por los compadres, como estamos escuchando que ocurre entre los consejeros, por lo bajo, yo prefiero que el financiamiento sea conocido públicamente. De tal manera que si un juez recibe dinero de un abogado para sus campañas, lo vamos a saber todos y ese juez se tiene que inhibir en todos los casos de ese abogado. Yo no veo por qué no puede haber un financiamiento privado que sea absolutamente transparente.

—¿Cómo garantizas la idoneidad, la capacidad profesional y ética de ese juez que se presenta en una elección popular?

¿Pero no te parece mejor la elección popular a que le pregunten sobre el cebiche de pato?

—Pero se necesitaría un sistema de evaluación del desempeño de jueces y fiscales para retirar a los incompetentes…

Así es. Tú puedes establecer criterios de evaluación para los fiscales, basados en cuántas investigaciones acaban en denuncias y cuántas denuncias acaban en sentencias. Eso no existe hoy día. Los fiscales denuncian a todo el mundo y después, claro, ellos dicen que el juez los suelta, pero nadie les ha hecho una auditoría de gestión para ver si las investigaciones están bien hechas. Igual con los jueces, lo ideal sería que pudiéramos evaluar a los jueces sabiendo cuántos casos han resuelto, cuántas sentencias dictaron, cuántas les revocaron y cuántas quedaron firmes. Ese tipo de estadística muy sencilla no existe, porque no le interesa a nadie en el Poder Judicial que se conozca. Y establecer bonificaciones especiales de productividad a los jueces que obtengan la mayor cantidad de sentencias confirmadas.

—Tú has propuesto los jurados en los juicios penales.

Otra forma de participación popular son los jurados. Hay gente que dice no, que el jurado es de origen anglosajón. Pero España tiene jurados ya en el nuevo Código Penal. Francia siempre los tuvo hasta en materia civil. Pero ahí hay una fórmula intermedia: los tribunales mixtos, que en Alemania los llaman los escabinos. En esos tribunales penales preside, dirige e impone la condena un juez profesional, que tiene dos jueces ciudadanos, que se llaman escabinos, seleccionados por sorteo en un universo acotado de personas. Y para que haya una sentencia se requiere unanimidad del juez y los dos escabinos. En el Perú, el enorme flujo de juicios es de dos tipos: familia, donde yo no veo ningún inconveniente que haya un juez con un psicólogo y un asistente social. Y también en los casos de asalto, robo, hurto, raqueteo. ¿Por qué no empezamos con un plan piloto?

—¿No deberíamos, en una ciudad como Lima, distritalizar la justicia penal, donde haya, en un solo local, un fiscal, un juez y una pequeña carceleta? ¿Atención primaria de la justicia penal?

La idea era que las comisarías se convirtieran en una especie de centro comunal multiservicios. No solamente eso, tú puedes tener en la misma unidad de servicios múltiples una especie de arbitraje en el cual los estudiantes de Derecho, como parte de su graduación, en lugar de hacer una tesis o de dar un examen, puedan hacer un año de árbitros de conciencia para resolver problemas que no sean penales, en un arbitraje muy sencillo. Sería algo muy parecido a una especie de cooperación popular, pero no dirigida a la obra pública, sino dirigida a la justicia.

—Poner jueces ciudadanos o escabinos en los juicios penales supone consolidar la oralización del sistema, pasar íntegramente al nuevo Código Procesal Penal.

Ya está bastante consolidado

—En Lima no se aplica hasta ahora.

En parte sí se aplica, pero no me explico por qué 10 años o 15 años después de que ha salido el Código Procesal Penal no se termina de aplicar. En los juicios orales, la participación de los escabinos puede ser muy importante. Los juicios orales son tremendamente aleccionadores y productivos. Me encanta el control de acusación, que lleva a descartar acusaciones infundadas y te ahorra juicios enteros.

—La Ceriajus propuso pasar a una Corte Suprema pequeña dedicada solamente a sentar jurisprudencia, predictibilidad, ¿tú estás de acuerdo con eso?

Sí, sería muy importante. Lo que tenemos hoy día es una Corte Suprema infinita y caótica, donde hay 15 vocales que son titulares y como 50 en general que son provisionales. Ninguna predictibilidad. Es el esquema del TC: una sola sala, como la Corte Suprema americana o argentina, compuesta por juristas sumamente eminentes, que decide sobre su propia jurisdicción y toma decisiones importantes. Y la casación a mí me parece la experiencia más errónea del sistema jurídico peruano.

—¿Por qué?

La casación es de origen italiano, francés. En la casación, la Corte Suprema no resuelve, lo único que hace es revisar el expediente, que ya vino de la Corte Superior después de tres o cinco años de juicio. Es un recurso formal. La Suprema dice: “Acá hay un error, casa…”. Si es que casa, la Corte Suprema devuelve el expediente al juez o a la Corte Superior y le dice: “Usted se ha equivocado por esta razón”. ¿Qué puede ocurrir? Que después de cinco años más el expediente regrese a la Corte Suprema, porque el juez hizo lo que le dio la gana y la corte interpretó a su manera el mandato de la Suprema. Y así de nuevo. Entonces, los juicios en el Perú se han vuelto infinitos. No, que la Corte Suprema decida definitivamente.

—Pero que vea pocos casos…

Debería ser una corte pequeña, de nueve magistrados. Tú puedes apelar a la Corte Suprema y ella decide si ve o no tu caso, pero lo que decide es final. Fuera de eso, cuando uno es elegido supremo en EE.UU., eres vitalicio. Entonces, claro, muchos críticos dicen que es totalmente político, pero los jueces de la Corte Suprema americana son absolutamente imparciales e independientes. Tienen sus posiciones, pero la Corte Suprema americana no tiene estos escándalos, porque el carácter vitalicio los vuelve independientes, nadie los puede sacar, no tienen que responder ni al que los nombró ni al que los ratificó. Habría que meditarlo.

CRÍTICAS A LA ORGANIZACIÓN GREMIAL

“El Colegio de Abogados se ha convertido en un sindicato”

Hay quienes plantean que no debería haber Tribunal Constitucional.

Claro, yo he escuchado a Enrique Chirinos Soto muchas veces argumentar que el Tribunal Constitucional debería ser la sala plena de la Corte Suprema. No en todas partes hay Tribunal Constitucional.

El Colegio de Abogados tiene un código de ética o de buenas prácticas que no se aplica.

Mira, Inglaterra tiene probablemente uno de los mejores poderes judiciales en el mundo. El colegio de abogados no es uno solo. En Londres hay cuatro que compiten entre sí. Tienes el Lincoln’s Inn, el Gray’s Inn, el Middle Temple y el Inner Temple, que vienen de la Edad Media. Entonces tú para ser ‘barrister’, que son los abogados que ejercen en los tribunales, necesita una licencia renovable. Tienes que afiliarte a uno de esos colegios. Cada colegio tiene exigencias distintas, toma exámenes distintos. Si tú quieres ejercer en materia de familia, requieres una licencia especial, muy difícil de conseguir, que además te obliga a ti como abogado a tener estudios en psicología, en otras materias, y tienes que renovarla cada tres o cinco años. Si tú cometes la mínima falta o engañaste al juez, pierdes la licencia para siempre. No entiendo este nivel de constitucionalización que se les dio a los colegios profesionales en el Perú, que son organizaciones privadas, pero de derecho público. Eso impide que haya una competencia de colegios. Los colegios de abogados en Inglaterra tienen reglas sumamente duras.

¿Habría que eliminar el monopolio del Colegio de Abogados?

Yo creo que sí. Y que cada uno pueda formar su colegio de abogados. Habrá un grupo de abogados que formaremos un colegio sumamente exigente, donde además el colegio sea responsable por las cosas que hagan los miembros. Lamentablemente, el Colegio de Abogados se ha convertido más en un sindicato que en un colegio. 

Lampadia

Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia

Como bien dice hoy Mariela Balbi en su artículo en Perú21, ‘Solo cada cinco años’, que hemos destacado en Lampadia: “Hay un sector bullicioso de la opinión pública que quiere la disolución del Congreso y que vayamos a nuevas elecciones para sanear al país. Detrás de ello solo se observa oportunismo e interés propio. (…) No conviene atropellar a las instituciones …”.

Efectivamente, con ocasión de las denuncias de corrupción en el seno del CNM, ha arreciado la campaña de desestabilización de nuestra democracia, que, además, traería una cola de parálisis de la economía.

Este proceso, como lo hemos denunciado anteriormente, tiene varios meses.

• Se hizo evidente, con los aprietos legales de PPK, cuando el establishment político limeño, liderado por Mercedes Aráoz, pretendió sacar del camino institucional a Martín Vizcarra.
• Ha continuado durante el mandato de Vizcarra, con menor estridencia y distintas disculpas, que: “nos eligieron juntos”, “no se reúne con nosotros”, “su gabinete lo armó Keiko”, etc.

Pero ahora, con el nuevo estallido de evidencias de corrupción en el sistema judicial, muchos están haciéndole el juego a la agenda permanente de nuestras izquierdas, ‘nuevas elecciones, constituyente y nueva constitución’, como advierte Aldo Mariátegui:

Veamos los siguientes despachos:

Otros, propician una crisis política de mayores proporciones que solo favorecería la destructiva agenda izquierdista. Veamos un par de ejemplos:

En momentos de crisis hay que tener calma y no salir a pescar. No se puede jugar con los intereses de largo plazo de nuestro país: una democracia sólida y una economía en alto crecimiento.

Por supuesto que hay que ir con todo contra la corrupción. Pero por ejemplo, en este caso de los magistrados del CNM, si se apuran y festinan procesos, los tendríamos de regreso tarde o temprano.

Si se determina su destitución, tiene que hacerse respetando nuestras normas, para que no vuelvan más. Pero, además, no podemos perder de vista, que lo más importante es el inicio de una reforma integral del sistema de justicia, que debe darse con firmeza y sin pausa, y sin crear vacíos que permitan su reversión más adelante.

Hoy circulan muchas propuestas de reforma, entre ellas, las publicadas en Lampadia:

• Aportes a la reforma del sistema judicial
• Por un nuevo Sistema Judicial

Esta crisis política se da justo cuando nuestra economía empieza a mostrar todos los signos de recuperación. Ahora estamos nuevamente creciendo a un 4% anual de forma generalizada, como lo han explicado Julio Velarde y Gianfranco Castagnola. Lo único que limita un mayor crecimiento, indispensable para superar la pobreza, es nuestra crisis política.  Por lo tanto, los peruanos de a pie, tenemos que invocar a las autoridades a manejar las cosas con ponderación y seriedad. No dejemos de emitir nuestra opinión, porque lo que está en juego es el futuro de todos.

Afortunadamente, esta mañana, los consejeros que no renunciaron, han puesto sus cargos a disposición del Congreso, lo que facilitará un proceso más cuidadoso, pues el Congreso solo tendría que aceptar sus renuncias.  

Despacio, que estamos apurados. Ahora debemos ir al fondo, para hacer un cambio sustancial, no un cambio de cabezas ni una fiesta de cacería de brujas. Lampadia

Jaime de Althaus
Para Lampadia

El tráfico de influencias para nombramientos y decisiones judiciales revelado en los audios publicados por IDL Reporteros es grave no solo porque pone de manifiesto la falta total de idoneidad del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para designar o destituir magistrados, sino porque revela una cultura de decisiones judiciales basada en el intercambio de favores y eventualmente en pagos dinerarios o de otro tipo. Es decir, un funcionamiento esencialmente patrimonialista y eventualmente corrupto de las instituciones vinculadas a la administración de justicia.

Lo primero reclama, fuera de las investigaciones y las sanciones ejemplares que haya que aplicar, una reforma radical del CNM. Lo segundo va más allá y exige una reforma profunda del Poder Judicial y del sistema judicial en general.

Este es el momento para emprender esas iniciativas, y no puede ser desperdiciado. Pero no solo necesitamos voluntad política –que hasta ahora ha sido muy débil- sino ideas claras, que tampoco han existido, como veremos.

La reforma del CNM: concurso público

La necesidad de la reforma del CNM, sin embargo, sí fue planteada por varios partidos políticos en la campaña electoral, y también por el partido de gobierno, que plasmó su propuesta en un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establecía modificar el artículo 155 de la Constitución creando un CNM integrado por cinco miembros:

“Artículo 155.- Composición del Consejo Nacional de la   Magistratura
Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la materia:

1. Uno elegido por el Poder Ejecutivo, designado mediante Resolución Suprema con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
2. Uno elegido por el Poder Legislativo, con el voto de los dos tercios del número legal de congresistas.
3. Uno elegido por el Poder Judicial, entre los magistrados de la Corte Suprema jubilados y en actividad, conforme al procedimiento determinado en la Ley Orgánica del CNM.
4. Uno elegido por el Ministerio Público, entre la Junta de Fiscales Supremos jubilados y en actividad, conforme al procedimiento determinado en la Ley Orgánica del CNM.
5. Uno elegido por los miembros señalados precedentemente de acuerdo a lo que establezca la Ley Orgánica del CNM.

La virtud de este proyecto es que suprime la participación de los colegios de abogados y de profesionales en general, que no ha dado buenos resultados porque no ha servido para elegir consejeros de alto nivel ético y profesional, y establece una composición simple de cinco miembros designados por los poderes del Estado.

Tendría, sin embargo, dos puntos débiles. El primero es que contiene un cierto riesgo de politización de los nombramientos –en la medida en que los dos poderes políticos (Ejecutivo y Congreso) designan sendos consejeros-, que fue lo que se quiso evitar cuando la Constitución del 93 creó el CNM. Aquí hay, sin embargo, una discusión, porque, a la luz de lo visto, el remedio resultó igual o peor que la enfermedad, pues los consejeros designados por la “sociedad civil” y por las instituciones judiciales no tuvieron las cualidades profesionales y de integridad necesarias. Para algunos, entonces, permitir que los poderes políticos –Ejecutivo y Legislativo- designen miembros del CNM sería una forma de sincerar la responsabilidad de la clase política en la salud del sistema judicial, tal como ocurre en otros países como Estados Unidos, por ejemplo.

Por eso mismo, lo que sí sería de todos modos un punto débil de este proyecto, es que las dos instituciones cuestionadas –el Poder Judicial y Ministerio Público- designen también consejeros, lo que contiene el riesgo de mantener la cultura de intercambios patrimonialistas en las designaciones y destituciones de magistrados. Es decir, la perpetuación de lo que acabamos de ver en los audios.

La única manera de salvar los problemas observados en las designaciones efectuadas por estos tres tipos de instituciones, es que todos los consejeros sean seleccionados mediante un concurso público muy bien hecho y realizado por personas e instituciones muy serias.

La propuesta que más se acerca a esta idea es la de la Asociación Civil Transparencia, que es la siguiente:

“Se propone que el Consejo Nacional de la Magistratura se encuentre compuesto por siete (7) miembros que serían seleccionados de la siguiente manera: un miembro designado por el Tribunal Constitucional, un miembro designado por la Defensoría del Pueblo en acuerdo con la Fiscalía de la Nación, un miembro designado por el directorio del Banco Central de Reserva, un miembro designado por la Corte Suprema de la República, y tres miembros seleccionados por concurso público nacional organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el soporte operativo de SERVIR”.

Quizá lo único objetable en esta propuesta, siguiendo el razonamiento anterior, es que la Corte Suprema designe un miembro. A nuestro juicio, elegir por concurso público a todos los miembros del CNM seguiría siendo la mejor opción.

Ahora bien, la Comisión de Constitución del Congreso procesó este proyecto junto con el del Ejecutivo y otros presentados por las distintas bancadas, y produjo un pre-dictamen que termina proponiendo una composición de difícil elección y que, a nuestro juicio, no resuelve los problemas anotados.

“Artículo 155.- Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme a la ley de la materia:

1. Un juez superior o supremo elegido por todos los jueces titulares del país, en votación universal, secreta y libre.
2. Un fiscal superior o supremo elegido por todos los fiscales titulares del país, en votación universal, secreta y libre.
3. Un abogado elegido por los miembros del Colegio de Abogados de Lima, en votación universal, secreta y libre.
4. Un abogado elegido por los miembros de los demás colegios de abogados del país, en votación universal, secreta y libre.
5. Un abogado elegido por los miembros de los demás colegios profesionales del país, en votación universal, secreta y libre.
6. Un docente ordinario principal de la facultad de derecho de universidad pública, elegido por todos los docentes ordinarios de las universidades públicas del país en votación universal, secreta y libre.
7. Un docente ordinario principal de la facultad de derecho de universidad privada que cuente con una antigüedad no menor de treinta y cinco años de creación, elegido por todos los docentes ordinarios de las universidades privadas del país en votación universal, secreta y libre.

En buena cuenta, una composición similar a la actual, pero con una forma de elección distinta: votación universal, secreta y libre en todos los casos. Esta forma de elección sin duda es más democrática, pero no solo es más complicada de realizar, sino que contiene el riesgo inevitable de la politización de los procesos electorales. Los partidos tendrán candidatos, con lo que recaemos en lo que queríamos evitar. Por lo demás, para ganar se hará ofrecimientos, que después habrá que pagar con nombramientos o lo que fuere, con lo que agravamos la característica de las decisiones del CNM como el producto de un mercado de pagos y favores.

Redes de poder y corrupción en la administración de justicia

Lo mejor, entonces, repetimos, es la elección de los miembros del CNM mediante un concurso público muy bien hecho. Esto como punto de partida de la propia reforma judicial como tal, que la segunda gran tarea, cuyo objetivo debiera ser facilitar y acelerar el tránsito de un Poder Judicial y un Ministerio Público basados en relaciones personales de amistad, promoción, compadrazgo o parentesco, que pueden derivar en redes de corrupción interna, a organizaciones basadas en la meritocracia y el cumplimiento de metas. Es decir, de instituciones gobernadas por intereses propios a ser gobernadas por el interés de la sociedad. De organizaciones orientadas hacia adentro o unas orientadas hacia afuera.

El antropólogo Jaris Mujica, en “Micropolíticas de la Corrupción. Redes de Poder y Corrupción en el Palacio de Justicia”, describe detalladamente cómo funciona el sistema.[1] Él distingue tres esferas o ejes en torno a los cuales se organizan redes de poder y corrupción en el Poder Judicial.

La primera, en el nivel más bajo, es la que conecta el mundillo exterior conformado por tramitadores, falsificadores (Azángaro), asesores legales y abogados al paso, con secretarios de los juzgados encargados del archivo y tramitación de documentos, por medio de los encargados de la mesa de partes o de los vigilantes del Palacio de Justicia, con la finalidad desaparecer un expediente para demorar el proceso, o reemplazar un documento por otro falsificado o introducir uno falso.

La segunda esfera es la que se da al interior de los juzgados, donde las relatorías y las secretarías pueden conformar el punto final de la cadena en el tráfico de documentación arriba señalado, o un centro de contactos para influir en las decisiones del juez o para ofrecerle un soborno a fin de orientar una sentencia. Los estudios de abogados conocen a los relatores a los que pueden ‘incentivar’ para conseguir un resultado. Según Giovani Priori, todo estudio de abogados tiene sus “procuradores” que, por lo general, han estudiado Derecho, pero no son abogados, y sin embargo, poseen el activo invalorable de contar con una red de contactos en el Poder Judicial construida sobre la base de relaciones de compadrazgo y amistad con secretarias de la mesa de partes, relatores, secretarios o especialistas, con quienes se reúnen frecuentemente en parrilladas y polladas.

Mujica también observa que las redes que se activan para mover las cosas suelen conformarse sobre la base de relaciones familiares o amicales gestadas en la universidad. Los abogados que trabajan en las relatorías (encargadas de los aspectos jurisdiccionales de los casos) acceden a ellas “…a través de los concursos públicos, pero la mayoría manifiesta haber llegado gracias a una recomendación de un juez (amigo, familiar o profesor), a quien le deben solidaridad y reciprocidad”. “Todos tienen sus padrinos. Si no tienes padrino, no llegas al puesto”, explica un abogado de relatoría (p.117). Este “padrinazgo” implica, además, la filiación a una red y a ciertas relaciones de poder, y también actos de corrupción tales como convertirse en el medio para ofrecer un soborno a un juez o para influir en su decisión.

Mujica precisa, sin embargo, que estas prácticas corruptas no pueden ejecutarse todo el tiempo, ante cualquier oferta, porque pondrían en riesgo todo el sistema al hacer demasiado evidentes las relaciones informales o ilegales.

La tercera esfera reseñada por Jaris Mujica estaría dada por los jueces, particularmente los Superiores y Supremos. Explica que la cúpula del Poder Judicial está integrada por jueces Superiores o Supremos que han estudiado en universidades del Estado principalmente (San Marcos y Villareal, aunque también algunos en la San Martín de Porres, que es privada) y que en muchos casos han ingresado a la judicatura gracias a contactos gestados en la vida universitaria. Pero también gracias a conexiones familiares. Se dice en el Poder Judicial que hay cargos que son hereditarios. Muchos hijos, sobrinos u otros parientes de jueces de primera instancia o de jueces superiores o supremos entran a trabajar como auxiliares en virtud de un sistema de trueque: un juez contrata al familiar de otro juez, y este hace lo propio con el primero, a fin de eludir la norma del nepotismo. Según Priori, la manera de llegar a los jueces Superiores y Supremos es a través del esposo o esposa u otro familiar, que trabajan también en el Poder Judicial.

La reforma

Entonces, si queremos empezar a cambiar todo esto, que se manifestó claramente en los audios presentados, es necesario cambiar la manera de elegir a los miembros del CNM, y hacerlo por concurso público. Luego de ello, sería bueno adoptar otra recomendación de la Asociación Transparencia:

“Se propone la eliminación del proceso de ratificación de jueces cada siete (7) años por considerar que favorece círculos de corrupción y el sistema de evaluación no es adecuado. Sin embargo, se mantendría la posibilidad de sancionar o destituir a un juez ante la comisión de cualquier infracción legalmente prevista”.

Esto supone, sin embargo, sustituir la ratificación de los magistrados cada 7 años por un sistema de evaluación de desempeño de jueces y fiscales aplicado por las propias instituciones que sirva tanto para el ascenso como para retirar de la función jurisdiccional al magistrado que resulte desaprobado. Este sistema de evaluación de desempeño es algo que debe ser construido.

Luego resulta fundamental adoptar la recomendación que en su momento formuló la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS), de pasar a una Corte Suprema de muy alto nivel integrada por solo 11 miembros dedicada a establecer jurisprudencia a partir de casos emblemáticos. Esto es fundamental para establecer predictibilidad en las sentencias –y en esa medida reducir la corrupción- y para crear una cabeza de alto valor profesional y ético que sirva de ejemplo al conjunto del cuerpo judicial.

También debe acogerse la recomendación de alargar el periodo del presidente del Poder Judicial de dos a cuatro años, empoderándolo tanto a él como al gerente general.

Estas dos últimas medidas dependen de decisiones del Congreso. ¿Existirá la voluntad política para hacerlo?

Para cerrar el círculo, la firma por parte de los estudios de abogados de un código de buenas prácticas que contenga un pacto para no sobornar, sería fundamental. Si los Estudios toman la iniciativa de hacerlo, tendrán la autoridad moral para demandar la reforma del CNM y las vinculadas a la administración de justicia que estamos resumiendo.

Por supuesto, está el asunto del expediente judicial digital, que debe incorporar el ámbito penal.

Y distritalizar (en Lima) la justicia penal, juntando en un solo local distrital a un juez, un fiscal y una carceleta para penas cortas a delincuentes menores, a fin de acabar con la impunidad y cortar de raíz el crimen que luego se vuelve organizado. Las municipalidades son las principales interesadas y contribuyen donando el local. Es cuestión de concertar. Lampadia

Uno de los temas confrontados en el último debate entre PPK y Keiko Fujimori fue el de seguridad ciudadana. PPK plantea algo fundamental: depurar la Policía. Keiko Fujimori no lo hace -aunque en su plan de gobierno sí lo insinúa- quizá por razones electorales. Ella se ha dedicado a cultivar el voto de los policías. Por eso ha ofrecido restablecer temporalmente el 24 x 24, una anti promesa que esperemos no cumpla.

En realidad, depuración de la Policía y dedicación exclusiva son dos temas que están vinculados. La primera depuración es eliminar la doble dependencia, eliminar el trabajo para un tercero no policial que en ocasiones es una mafia. En Colombia la depuración de la Policía, que se realizó entre 1995 y 2000, alcanzó al 12% de los efectivos. El resultado fue que la aprobación ciudadana de la Policía pasó de un 21% al 72% en diez años. Pero para hacer posible el retiro de ese porcentaje de policías sin que necesariamente se tenga que probar los delitos o faltas que cometieron, porque muchas veces no es posible la probanza, se aprobó una ley que otorgaba discrecionalidad al ministro del Interior para efectuar la poda. En nuestro país se ha venido preparando un proyecto de ley en el ministerio del Interior en ese sentido, que permite separar al personal nocivo por la causal de ‘falta de idoneidad para la función policial’, aunque siempre con una fundamentación, es decir, con un menor grado de discrecionalidad que en la norma colombiana. Esa ley debería ser aprobada en el Congreso que viene y debe gozar de consenso, incluso con el Poder Judicial, para evitar que éste reponga al personal expelido.

Ahora bien, no se trata solo de limpiar la Policía de los malos elementos. Los que queden en ella deben elevar sustancialmente su nivel profesional, que en ocasiones es lamentable. Las 25 pésimas escuelas de policía deben ser fusionadas en no más de 7 (adecuándose a la estructura regional de la PNP), pero dotadas de buenos profesores e instalaciones, hoy deplorables. Esto es, por lo demás, lo que establece el decreto legislativo Nº 1151, ley del Régimen Educativo de la Policía Nacional del Perú, que no se ha cumplido hasta ahora por oposición de los gobiernos regionales.

Y el sistema de ascensos en la Policía debe ser meritocrático, y no sobre la base de relaciones personales y de compadrazgo como es ahora. Esto es lo que establece el Decreto Legislativo Nº 1149, Ley de la Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, pero no se cumple. El artículo 36° de la ley establece  la “evaluación de desempeño” con la finalidad de “aportar indicadores objetivos para los procesos de ascensos, asignación de cargo, otorgamiento de incentivos y evaluación para la permanencia en la institución; y garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas, mediante indicadores de desempeño”. Han pasado casi 4 años desde que se promulgó esa ley, y aun no se aprueba el reglamento de la “evaluación de desempeño”, de modo que ésta todavía no se aplica ni para los subalternos ni para los oficiales. Ascienden sobre la base de otras consideraciones, no meritocráticas.

Sin embargo, ninguno de los dos candidatos ni sus planes de gobierno hacen referencia a la necesidad de implantar la meritocracia en la Policía. Tampoco en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, donde los sistemas de medición de la productividad de fiscales y jueces son todavía muy rudimentarios y no sirven para montar un sistema de evaluación que influya en ascensos o en incentivos o bonos de cualquier tipo. Hay jueces penales que ni siquiera saben tipificar un delito.

En ese sentido, debería acogerse la propuesta de Transparencia según la cual no solo hay que modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura -reforma constitucional-, sino, además, retirarle la función de ratificar a los magistrados cada 7 años, legislando una carrera fiscal y judicial que rija los ascensos y también el retiro de los magistrados a partir de buenos sistemas de evaluación de desempeño propios. Y el mandato del presidente del Poder Judicial debe extenderse a 4 años para que pueda hacer las reformas. Nadie plantea esto.

Pero el problema no está solo en las calidades internas de cada institución, que requieren una reforma profunda, sino también en la articulación entre ellas, que es muy deficiente. Pues la lucha contra la delincuencia requiere de una coordinación muy afinada. Eso lo planteó Keiko Fujimori en el debate: articular el trabajo de la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE. No entró en el cómo. Pero parte del cómo está mencionado en ambos planes de gobierno: instaurar el ‘expediente digital’ único: un solo expediente, digital, para cada caso, a lo largo de todo el proceso desde que el delincuente es capturado en la Policía, hasta el INPE, pasando por la fiscalía y el Poder Judicial. Ese proyecto costaría alrededor de 300 millones de dólares y debería ser priorizado por el próximo gobierno. Junto con el expediente digital se requiere avanzar en la interoperabilidad de las bases de datos de todas las instituciones vinculadas a la seguridad y la justicia.

La otra parte del cómo es mencionada en el plan de Fuerza Popular: reformar el nuevo código procesal penal para darle algo más de autonomía a los policías a fin de que puedan hacer diligencias e interrogatorios sin tener necesariamente que pedir permiso al fiscal, pero dándole cuenta por supuesto.

Consolidar los juzgados de flagrancia, que han significado un avance revolucionario en la capacidad de hacer justicia y sentenciar en pocos días (y horas inclusive), a fin de disminuir drásticamente la impunidad que es la madre de los altísimos niveles de victimización por delincuencia, es otra tarea prioritaria. Y junto con ella avanzar en lo que hemos llamado la “atención primaria de la justicia penal”, es decir, en la descentralización a los distritos de Lima de jueces, fiscales y carceletas, a fin de aplicar justicia inmediata en la localidad haciendo que sea posible condenar a penas cortas de días, semanas o meses en lugar de liberar delincuentes porque su pena es inferior a los 4 años de cárcel.

Esto, por supuesto, sin dejar de reformar el sistema penitenciario en la línea planteada por ambos candidatos: cárceles factorías para recuperar a los delincuentes primarios e incluso esas cárceles a 4 mil metros para delincuentes peligrosos planteadas por Keiko Fujimori.  

Si todo lo anterior se complementa con una reorganización de la PNP a fin de, por un lado, establecer unidades de investigación las ciudades más afectadas por el crimen organizado y poner en operación el potente equipo de interceptación telefónica adquirido por la DINI,  y, de otro, poner más policías en las calles y desarrollar una policía comunitaria capaz de generar inteligencia comunitaria coordinando con las juntas vecinales, la municipalidad y el serenazgo, habremos completado el cerco institucional necesario para que los delincuentes no se puedan escapar e incluso para que ni siquiera puedan nacer.  

Lampadia

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